Capítulo V. El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales

Páginas219-286
AutorHermógenes Acosta de los Santos
CAPÍTULO V
EL RECURSO DE REVISIÓN
CONSTITUCIONAL DE DECISIONES
JURISDICCIONALES
5. El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.
5.1. Las causales del recurso de revisión constitucional de decisiones
jurisdiccionales. 5.1.1. Recurso fundamentado en que se inaplicó una
norma. 5.1.2. Recurso fundamentado en la violación a un precedente
del Tribunal Constitucional. 5.1.3. Recurso fundamentado en la
violación a un derecho fundamental. 5.2. Naturaleza subsidiaria
del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.
5.3. Requisitos del recurso de revisión constitucional de decisiones
jurisdiccionales. 5.3.1. Ámbito de aplicación de los requisitos
de admisibilidad. 5.3.2. Análisis de cada uno de los requisitos de
admisibilidad. 5.3.2.1. El plazo para recurrir. 5.3.2.2. Sentencias
susceptibles del recurso de revisión constitucional. 5.3.2.3.
Invocación del derecho violado. 5.3.2.4. Agotamiento de los recursos
previstos en el derecho común. 5.3.2.5. Imputabilidad de la violación
al órgano judicial. 5.3.2.6. La especial trascendencia o relevancia
constitucional. 5.4. El procedimiento en materia de revisión
constitucional de decisiones jurisdiccionales. 5.4.1. Necesidad
de motivar el recurso. 5.4.2. Carácter contradictorio del proceso.
5.5. Competencia del Tribunal Constitucional para suspender la
ejecución de la sentencia recurrida. 5.6. La sentencia que decide
el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.
5.6.1. Contenido de la sentencia. 5.6.2. Efectos de la sentencia
respecto del órgano que dictó la sentencia recurrida.
5. El recurso de revisión constitucional de decisiones
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jurisdiccionales
El recurso de revisión constitucional de decisiones
jurisdiccionales está previsto en el artículo 53 de la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos
Constitucionales, de 13 de junio, y su base constitucional es
el artículo 277 de la Constitución. Se trata de un mecanismo
que permite al Tribunal Constitucional controlar las decisiones
judiciales y, en particular, revisar las decisiones dictadas por la
Suprema Corte de Justicia que hayan adquirido la autoridad de
la cosa irrevocablemente juzgada, después del 26 de enero de
2010. Este control procede en los casos que taxativamente se
explicarán en los párrafos que siguen.
5.1. Las causales del recurso de revisión constitucional de
decisiones jurisdiccionales
Este recurso procede en los siguientes casos: a. cuando en
el ámbito del Poder Judicial se inaplica una norma considerada
inconstitucional; b. cuando se viola un precedente del Tribunal
Constitucional y c. cuando se viole un derecho fundamental. A
continuación, analizaremos cada una de estas causales.
5.1.1. Recurso fundamentado en la inaplicación de una
norma
El sistema de justicia constitucional dominicano es mixto,
porque coexisten los dos modelos de control de constituciona-
lidad: el concentrado y el difuso.297 El control concentrado es
competencia del Tribunal Constitucional y el control difuso de
297 Artículos 185 y 188 de la Constitución.
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todos los tribunales del sistema judicial. Pero las sentencias que
dictan los tribunales, en única o última instancia, en materia de
control difuso pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitu-
cional por la vía del recurso de revisión constitucional de deci-
siones jurisdiccionales, cuando mediante la misma se inaplique
una norma considerada inconstitucional.
Las decisiones dictadas en materia de control difuso se
limitan a inaplicar la norma cuestionada, cuando esta no es
compatible con la Constitución. El juez no tiene competencia
para declarar la inconstitucionalidad de la norma, pues esta es
una facultad que el constituyente atribuyó, de manera exclusiva,
al Tribunal Constitucional, razón por la cual la norma inaplicada
se mantiene en el ordenamiento. Por otra parte, la sentencia
tiene efectos relativos, puesto que solo vincula a las partes y tiene
consecuencia para el caso de que se trate.
Como la norma permanece en el ordenamiento, existe la
posibilidad de que jueces distintos al que la inaplicó, la puedan
seguir aplicando, lo cual no es compatible con el principio de
seguridad jurídica298. Esta es, precisamente, la problemática
que el legislador dominicano ha querido resolver al establecer
que las sentencias que inaplican una norma por ser contraria
a la Constitución son susceptibles del recurso de revisión
constitucional de decisiones jurisdiccionales. En este sentido,
la decisión que dicte el Tribunal Constitucional tendría
efectos erga omnes y, en caso de que conf‌irme la sentencia
objeto del recurso, declararía inconstitucional la norma y la
expulsaría del ordenamiento. De manera que, implementando
este recurso se logra vincular los dos sistemas de control de
298 Véase Acosta de los Santos, Hermógenes, ob. cit., pp.208-209.
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constitucionalidad, garantizar una interpretación armónica
y, en consecuencia, el principio de seguridad jurídica y el
principio de igualdad.299
Sin embargo, entendemos que es necesario que se respete
el debido proceso para que el tribunal pueda declarar inconsti-
tucional la norma. Esto implicaría agotar los trámites procesa-
les propios del control concentrado de constitucionalidad, por
lo que, en particular, debería, cuando se presente la ocasión,
f‌ijarse audiencia y poner en condiciones de participar en esta
audiencia a quienes fueron parte ante las jurisdicciones ordina-
rias, a los órganos que dictaron la norma y al Procurador Ge-
neral de la República. El problema que se nos plantea es que
ni el constituyente ni el legislador previeron el procedimiento a
seguir en la materia, situación que en el futuro debe resolverse
con una reforma legislativa. Sin embargo, cuando se presente
la situación y, en la eventualidad de que no se haya produci-
do dicha reforma, el Tribunal Constitucional debería valorar
la posibilidad de establecer un procedimiento a tales f‌ines, en
virtud del principio de autonomía procesal, tal y como lo ha
hecho en otras ocasiones.
5.1.2. Recurso fundamentado en la violación a un
precedente del Tribunal Constitucional
Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional
constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes pú-
blicos, según se consagra en la misma Constitución.300 De ma-
nera que los jueces del Poder Judicial tienen la obligación de
299 Véase Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., pp. 542-543.
300 Artículo 184, de la Constitución.
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tomar en cuenta los precedentes f‌ijados por el Tribunal Cons-
titucional en las distintas materias, de no ocurrir así, sus sen-
tencias pueden ser anuladas vía del recurso de revisión consti-
tucional. De manera que la revisión se constituye, cuando tiene
este fundamento, en un mecanismo de garantía del respeto del
precedente establecido por el Tribunal Constitucional.301 Si este
mecanismo no existiera, el carácter vinculante de las sentencias
constitucionales no tendría ninguna importancia en la práctica,
en la medida que su cumplimiento depende de la buena volun-
tad de sus destinatarios.
Un ejemplo de violación a un precedente del Tribunal
Constitucional lo constituye la sentencia No. 06, dictada por el
pleno de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 1 de febrero de
2017, la cual fue anulada por el Tribunal Constitucional, en el
entendido de que el indicado tribunal eludió
(…) el alcance de la Sentencia TC/0375/16, pues la anula-
ción de la decisión recurrida en esta materia no presupone
una nueva valoración del caso concreto, sino que la misma
constituye la solución a la violación del derecho fundamen-
tal en relación con el caso objeto de la controversia, debien-
do adoptar el tribunal de envío las medidas procesalmente
adecuadas para que el proceso fuese conocido también ante
los órganos inferiores con estricto apego a los razonamientos
expuestos en la sentencia del Tribunal Constitucional, que
en la especie determinó la violación de la seguridad social
y la correcta interpretación de los derechos fundamentales.
Si bien es cierto que los tribunales que integran el Poder
Judicial tienen dentro de sus funciones la protección de los
derechos fundamentales, la última interpretación de estos
es una atribución exclusiva del Tribunal Constitucional. Por
301 Véase Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., pp. 543-544.
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demás, debemos indicar que dentro de las funciones de los
tribunales constitucionales está garantizar los derechos fun-
damentales en el ejercicio de las funciones que realizan los
tribunales jurisdiccionales, como ha ocurrido en el caso de
marras; por ello el cumplimiento de un mandato dispuesto
en un precedente del Tribunal Constitucional no está sujeto
a interpretación como erróneamente han juzgado las Salas
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.” 302
En esta sentencia, el Tribunal Constitucional plantea que
cuando anula una sentencia, porque se ha violado un derecho
fundamental, el tribunal de envío carece de facultad para valorar
de nuevo los hechos concretos, debiendo limitarse a adoptar las
medidas procesales adecuadas para que los órganos inferiores
conozcan los hechos de nuevo con estricto apego a lo establecido
en su sentencia. En aras de facilitar la comprensión del alcance
de este precedente, explicaremos brevemente el caso concreto.
De lo que se trata es de que las Salas Reunidas de la Suprema
Corte de Justicia conf‌irmaron una sentencia en la que se validó un
acuerdo, en el cual una parte permutó su derecho a una pensión
por una suma de dinero; sin embargo, el Tribunal Constitucional
considera que el referido acuerdo viola el derecho a la seguridad
social, por lo cual, anuló la sentencia recurrida. En un supuesto
como este las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia de-
bieron conocer de nuevo el caso, casar la sentencia recurrida, es
decir, darle ganancia de causa a la parte que acudió al Tribunal
Constitucional. Sin embargo, nos parece oportuno aclarar que no
todas las sentencias que acogen un recurso de revisión constitu-
cional tienen esta misma consecuencia, pues cuando el vicio de
302 Sentencia TC/0271/18, de 23 de agosto, párrafos 10.w y 10.v, p. 29.
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que adolece la sentencia es, por ejemplo, la falta de motivación, la
Suprema Co rte de Justic ia conoce de nuevo el recurso y no nece-
sariamente tiene que variar lo decidido anteriormente; lo mismo
puede ocurrir cuando el vicio concierne a la falta de estatuir.
En otro orden, conviene destacar que, aunque en la Cons-
titución solo se reconoce el carácter vinculante de las sentencias
del Tribunal Constitucional, este ha sido extendido, de manera
pretoriana, al ámbito de los precedentes f‌ijados por los tribuna-
les del Poder Judicial, al menos en lo que concierne al auto pre-
cedente. Ciertamente, el Tribunal Constitucional estableció que:
“El valor de la continuidad del criterio jurisprudencial radica
en que la variación del mismo, sin una debida justif‌icación,
constituye una violación a los principios de igualdad y de
seguridad jurídica. La violación al principio de igualdad con-
sistió en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
declaró admisibles los recursos de casación interpuestos por
los señores Juan Esteban Olivero Rodríguez y Bolan Sosa,
así como el interpuesto por Tomás Marcos Guzmán Var-
gas; mientras que declaró inadmisible el que interpusieron
los ahora recurrentes en revisión constitucional, los señores
Rafael Cruz Medina y Ricardo Díaz Polanco, a pesar de que
dichos abogados recurrieron contra una sentencia en la cual
se habían resuelto cuestiones similares a la que se contraen
las impugnadas por los anteriores recurrentes. El desconoci-
miento al principio de seguridad jurídica radica en que los re-
currentes obtuvieron un resultado distinto al razonablemente
previsible, en el sentido de que siendo su caso igual a aquellos
en que, de manera reiterada, se había declarado admisible el
recurso de casación, lo normal era que esperaran que corriera
la misma suerte, es decir, que lo declararan admisible.303
303 El Tribunal Constitucional reconoció el carácter vinculante del autoprecedente en la
sentencia TC/0094/13, de 4 de junio, sentencia que es analizada en el Hermógenes
Acosta de los Santos, El Valor del Precedente Constitucional. En Wilson Gómez
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En este precedente, el Tribunal advierte de manera pre-
cisa que el cambio de precedente constituye una violación de
los principios de igualdad y seguridad jurídica. Violación que
se produce, respecto del primer principio, cuando el tribunal
soluciona de manera distinta casos que coinciden en los aspec-
tos fácticos relevantes; mientras que el segundo de los principios
se viola o desconoce, cuando las partes en el proceso obtienen
resultados distintos a los razonablemente previsibles. De esta
manera, el Tribunal Constitucional sigue la línea doctrinal pre-
dominante en la materia, la cual sustenta el carácter obligatorio
o vinculante de los precedentes en los principios de igualdad y
de seguridad jurídica.
5.1.3. Recurso fundamentado en la violación a un derecho
fundamental
La tercera y última causal tiene como f‌inalidad proteger los de-
rechos fundamentales de las partes en un proceso, cuando las garan-
tías previstas en el ámbito del Poder Judicial no hayan funcionado.
De manera que lo que se pretende con este recurso es sancionar las
vías de hecho y las arbitrariedades cometidas por un órgano judicial.
En este sentido, se considera, tesis que compartimos, que el recurso
de revisión que nos ocupa se constituye, cuando tiene la f‌inalidad
indicada, en un verdadero amparo contra sentencia.304
La complejidad del recurso de revisión constitucional de
decisiones jurisdiccionales es mayor cuando se fundamenta en
Ramirez (coordinador) XXII Jornadas de Derecho Constitucional, celebrada en
la República Dominicana, Tribunal Constitucional de la República Dominicana,
2016, pp. 55-57.
304 Véase Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., pp. 542-543.
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la violación de un derecho fundamental, porque resulta casi im-
posible que pueda establecerse dicha violación sin que el Tribu-
nal Constitucional incursione en espacios que constitucional y
legalmente están reservados para los jueces del Poder Judicial.
Pienso, particularmente, en la valoración de los hechos y en la
interpretación del derecho común.305 Generalmente, no ha sido
tarea fácil lograr la delimitación de competencia entre los tribu-
nales del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Así, por
ejemplo, son conocidos los problemas que se han suscitados en
el sistema español, a los cuales me referiré más adelante. Pero
también existe el paradigma alemán, en el cual el Tribunal Cons-
titucional Federal ha trazado una línea jurisprudencial orienta-
da a lograr dicha delimitación. En este sentido, este tribunal ha
sostenido que “La conformación del proceso, la determinación
y valoración de los hechos, la interpretación del Derecho or-
dinario y su aplicación al caso particular son solo competencia
de los tribunales generalmente competentes para ello, y están
sustraídos de la revisión por el Tribunal Constitucional”.306 Esta
jurisprudencia es atemperada, solo en caso de que la interpreta-
ción hecha por la jurisdicción ordinaria se base en consideracio-
305 El Tribunal Constitucio nal Federal alemán, interesado en delimitar su competencia de
la competencia de la jurisdicción ordinaria, ha establecido que: “La conformación del
proceso, la determinación y valoración de los hechos, la interpretación del Derecho
ordinario y su aplicación al caso particular son solo competencia de los tribunales
generalmente competentes para ello, y están sustraídos de la revisión por el Tribunal
Constitucional”. Esta jurisprudencia es atemperada, solo en caso de que la interpre-
tación hecha por la jurisdicción ordinaria se base en consideraciones objetivas ajenas
a la Ley Fundamental, caso en los cuales revisa la interpretación hechas por estos
tribunales ordinarios, basado en la teoría de la interpretación arbitraria. Häberle,
Peter, ob. cit., p. 131 y 136.
306 Häberle, Peter, ob. cit., p. 131.
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nes objetivas ajenas a la Ley Fundamental, caso en los cuales el
Tribunal Constitucional Federal revisa la interpretación hechas
por estos tribunales, basándose en la teoría de la interpretación
arbitraria.307
5.2. Naturaleza subsidiaria del recurso de revisión
constitucional de decisiones jurisdiccionales
El Estado de Derecho Constitucional no tolera que en
aras de controlar las decisiones jurisdiccionales se invadan las
competencias del Poder Judicial y, menos aún, que se impida
su funcionamiento. Es por esta razón que el constituyente
y el legislador exigen que la sentencia objeto del recurso de
revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales haya
adquirido la autoridad irrevocable de la cosa juzgada con
posterioridad al 26 de enero de 2010, fecha de la proclamación
de la Constitución vigente.308
El interés del constituyente al establecer los requisitos indi-
cados es muy evidente, por una parte, impedir que el Tribunal
Constitucional revise procesos que no hayan terminado en el
ámbito del Poder Judicial y, por otra parte, impedir la revisión
307 Häberle, Peter, ob. cit., p. 136.
308 En torno al requisito relativo a que la sentencia tiene que ser dictada por la Suprema
Corte de Justicia debemos destacar que la práctica del Tribunal Constitucional ha
revelado que hay sentencias dictadas por Cortes de Apelación e inclusive por Tribu-
nales de Primera Instancia que son susceptible de este recurso, en razón de que no
son susceptible del recurso de casación o del recurso de apelación. Igualmente, hay
sentencia que tienen el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada que no pueden
ser revisadas por el Tribunal Constitucional, porque no se agotaron los recursos y en
aplicación de lo que establece el artículo 53.3.b, de la Ley núm. 137-11, Orgánica
del Tribunal Constitucional y sobre los Procedimientos Constitucionales, que com-
plementa el referido artículo 277 de la Constitución y que establece la obligación
de agotar los recursos que procedan en el ámbito del Poder Judicial.
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de los casos que adquirieron autoridad irrevocable de la cosa juz-
gada ante la creación del recurso que nos ocupa.
Ambas f‌inalidades tienen una enorme relevancia, pues per-
mitir que el Tribunal Constitucional se inmiscuya en conf‌lictos
que no han f‌inalizado en el Poder Judicial violaría un principio
esencial del sistema como lo es la separación de poderes, previs-
to en el artículo 4 de la Constitución, pero, además, generaría
una anarquía en el sistema de administración de justicia, de di-
mensiones tales que impedirían el funcionamiento de este. No
menos trascendencia tiene prohibir la revisión de sentencias que
adquirieron la autoridad irrevocable de la cosa juzgada con an-
terioridad a la instauración del recurso que nos ocupa, pues con
esta prohibición se preservan los derechos adquiridos por los be-
nef‌iciarios de dicha sentencia y, en sentido general, el principio
de la irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica previstos en
el artículo 110 de la Constitución.309
Dado el hecho de que el carácter irrevocable de la sentencia
recurrida es uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de
revisión, se ha considerado que uno de los elementos que def‌i-
nen su naturaleza es la subsidiaridad. En este orden, se entiende
que el recurso es extraordinario, excepcional y subsidiario, crite-
rio que compartimos310.
Efectivamente, se trata de un recurso subsidiario, pues solo
procede cuando sobre el caso no queda nada que resolver en el
309 Según el artículo 110 de la Constitución “La ley solo dispone y se aplica para el
porvenir. No tiene efecto retroactivo, sino cuando sea favorable al que esté subyúdice
o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán alterar
la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación
anterior.”
310 Véase a Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., pp.544-545.
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ámbito del Poder Judicial. Esta característica es esencial, ya que
la f‌inalidad de este recurso es proteger los derechos fundamen-
tales cuando las garantías previstas en el Poder Judicial han sido
implementadas de manera def‌iciente, lo que solo puede deter-
minarse dejando actuar a este Poder que es el protector genuino
de estos derechos.311
Por otra parte, una sentencia irrevocable se presume regu-
lar respecto del procedimiento agotado y respecto de lo deci-
dido, cuestiones estas que no admiten pruebas en contrario.312
De esto resulta que con la implementación de este recurso se
revisan aspectos que la ley prohíbe cuestionar. Igualmente, de la
sentencia que tiene la característica indicada deriva un derecho
en benef‌icio de quien obtuvo ganancia de causa, que es el dere-
cho a la ejecución de lo decidido, derecho que forma parte de
la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 69 de la Cons-
titución. De manera que la revisión constitucional de sentencia
entra en conf‌licto con las presunciones legales derivadas de la
cosa juzgada y con el derecho a la ejecución de lo decidido.
Partiendo de lo anterior, en principio, debería estar proscrita la
revisión de una sentencia que tenga las características indicadas
311 El recurso de revisión constitucional previsto en nuestro sistema es muy próximo
al amparo constitucional que existe en el sistema español, porque también procede
contra sentencia def‌initivas e irrevocables. Para la doctrina española el recurso de
amparo “(…) no es instrumento para la protección de los derechos, sino un instru-
mento para cuando falla la garantía de protección de los derechos, para corregir los
errores que se puedan cometer en el interior del sistema de protección de los derechos
diseñados por el constituyente.” Pérez Royo, Javier, Curso de Derecho Constitucional,
Duodécima edición, revisada y puesta al día por Carrasco Durán, Manuel, Marcial
Pons, Madrid, 2010, p. 475.
312 En el artículo 1350 del Código Civil la autoridad que la ley atribuye a la cosa juzgada
es una presunción legal. Mientras el artículo 1352 del mismo código establece que
no se admite prueba contra dicha presunción.
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y de permitirse la revisión, esta debería circunscribirse a casos
excepcionales y condicionar la admisibilidad del mismo a ri-
gurosos requisitos procesales. Esto es precisamente lo que hizo
el constituyente y el legislador dominicano. Por estas razones,
consideramos que el recurso de revisión constitucional es excep-
cional, además de subsidiario.
Es importante destacar que el propio Tribunal Constitu-
cional ha reconocido que el recurso de revisión de decisiones
jurisdiccionales es extraordinario y subsidiario, pues ha soste-
nido que:
“Conviene retener, en todo caso, que el referido recurso
de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales es,
además de excepcional, subsidiario. Prueba de esto son los
estrictos requisitos requeridos por el referido artículo 53. El
legislador ha abierto la posibilidad de este recurso, pero lo
ha hecho de forma tal que ha dejado clara y taxativamente
establecido su propósito de evitar que el mismo se convierta
en un recurso más y que, con ello, este órgano constitucional
se convierta en una especie de cuarta instancia. En este
sentido, basta recordar los múltiples y estrictos requisitos
establecidos por el referido artículo 53 para la admisión
de dicho recurso en esta sede constitucional. En efecto, el
legislador ha querido limitar, en la medida de lo posible,
la interposición del recurso de revisión de decisión
jurisdiccional a los f‌ines de salvaguardar los principios de
seguridad jurídica y de independencia del Poder Judicial.
Se ha dejado claro que los tribunales ordinarios deben
tener la posibilidad de poder remediar cualquier situación
o violación de derechos que pudiese acaecer en un proceso
particular.”313
313 Sentencia TC/0130/13, de 2 de agosto, párrafos 9.1.d, 9.1.e, 9.1.f y 9.1.g, pp. 8-9
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Sin embargo, estamos en presencia de un recurso que tiene
mucha utilidad, pues como ya hemos indicado, tiene una tri-
ple f‌inalidad: proteger los derechos fundamentales, garantizar el
respeto de los precedentes constitucionales y la coordinación de
los modelos de control de constitucionalidad vigentes en nues-
tro país. Pero, como bien lo advierte el Tribunal Constitucional
en la sentencia de referencia, si se pierde de vista su naturaleza
extraordinaria y subsidiaria y se asume como un recurso más,
puede afectarse la seguridad jurídica y la independencia judicial
5.3. Requisitos del recurso de revisión constitucional de
decisiones jurisdiccionales
Respecto de los requisitos de admisibilidad abordaremos su
alcance y, además, analizaremos cada uno de ellos, apoyándonos,
esencialmente, en los precedentes que el Tribunal Constitucional
ha establecido en la materia.
5.3.1. Ámbito de aplicación de los requisitos de
admisibilidad
La admisibilidad del recurso está condicionado a que se cum-
pla con los requisitos que se indican a continuación: a) que se haya
interpuesto dentro de los 30 días de la fecha de notif‌icación de la
sentencia;314 b) que la sentencia haya adquirido la autoridad de la
cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero
de 2010, fecha de la proclamación de la Constitución vigente.315
314 Artículo 54.1 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre
los Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
315 Artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal
Constitucional y sobre los Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
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Sin embargo, cuando el recurso se fundamenta en la violación a
un derecho fundamental el legislador especif‌ica que deben cum-
plirse, además, los requisitos siguientes: a) invocación formal del
derecho violado desde que se haya tenido conocimiento del mis-
mo;316 b) agotamiento de todos los recursos disponibles dentro de
la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya
sido subsanada;317 c) que la violación del derecho fundamental sea
imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión
del órgano jurisdiccional; 318 y d) que el recurso tenga especial
trascendencia o relevancia constitucional.319
Según la normativa indicada, los requisitos que tienen al-
cance general, aplicables independientemente de la causal del
recurso, son los siguientes: que la sentencia haya adquirido la
autoridad irrevocable de la cosa juzgada con anterioridad al 26
de enero de 2010, fecha de proclamación de la Constitución
vigente; así como el plazo para recurrir. Mientras que los de-
más requisitos solo aplican cuando el recurso se fundamente en
la violación de un derecho fundamental. Tal interpretación es
coherente con la literalidad de los referidos textos, sin embar-
go, si aplicamos el método sistemático obtendríamos resultados
distintos. En particular, habría que considerar entre los requi-
sitos de admisibilidad con alcance general, el agotamiento de
los recursos. Efectivamente, el carácter subsidiario del recurso
316 Artículo 53.3.a de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
317 Artículo 53.3.b de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de
los Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
318 Artículo 53.3.c de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
319 Artículo 53, párrafo único, de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitu-
cional y de los Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
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impide recurrir ante el Tribunal Constitucional una sentencia
respecto de la cual no se han agotado los recursos previstos en la
materia, independientemente de la causa en que se fundamente
la revisión constitucional. Por otra parte, cuando el fundamento
del recurso es la violación a un precedente es necesario que dicha
violación sea invocada.
En este sentido, consideramos que la clasif‌icación que se
corresponde con una interpretación sistemática es la que in-
dicamos a continuación. Los requisitos de admisibilidad que
tienen alcance general, es decir, exigibles en los tres supuestos
en que procede el recurso de revisión constitucional, son el
plazo para recurrir, que es de 30 días, que la sentencia haya
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y el
agotamiento de los recursos previstos en el derecho común.320
Mientras que los demás requisitos tienen un alcance particular.
De manera que la especial trascendencia o relevancia consti-
tucional solo se aplica cuando el recurso se fundamente en la
violación a un derecho fundamental. En cambio, la invocación
oportuna de la violación y la imputabilidad de la misma al ór-
gano que dictó la sentencia recurrida aplica para el recurso que
se fundamenta en la violación de un precedente del Tribunal
Constitucional; así como para el recurso que se fundamenta en
la violación a un derecho fundamental.321
La tesis doctrinal anteriormente indicada fue asumida por
320 Véase al respecto Acosta de los Santos, Hermógenes “El amparo contra sentencia:
el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales”. Ordoñez Solís,
David, Et, al. El Amparo judicial de los derechos fundamentales en una sociedad
democrática”, Escuela Nacional de la Judicatura, Santo Domingo, República Do-
minicana, 2018, pp. 631-633.
321 Véase al respecto Acosta de los Santos, Hermógenes, ob. cit. pp. 633-635.
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el Tribunal Constitucional, ya que sobre la cuestión estableció lo
siguiente:
“El presente caso es oportuno para que este tribunal revise
el ámbito de aplicación del texto transcrito anteriormente,
dado el hecho de que, como indicamos anteriormente, el
recurso que nos ocupa no sólo se fundamenta en el artículo
53.3, sino también en el 53.1, de la Ley núm. 137-11. En
este orden, el tribunal considera que una interpretación
literal conduciría a la conclusión de que los referidos
requisitos adicionales solo aplican cuando se invoque la
causal prevista en el artículo 53.3: alegada violación de un
derecho fundamental. Sin embargo, una exégesis racional y
lógica del texto en cuestión nos conduce a una conclusión
distinta. En efecto, el requisito previsto en la letra b) del
artículo 53.3 (agotamiento de los recursos previstos en el
derecho común) se aplica también cuando la causa invocada
sea la prevista en el artículo 53.1, porque el Tribunal
Constitucional no puede revisar cuestiones que no han sido
conocidas y decididas por todas las instancias del Poder
Judicial. Por otra parte, cuando el recurso se fundamente
en la causal prevista en el artículo 53.2 (violación a
precedente del Tribunal Constitucional), se aplican los tres
requisitos de referencia, es decir, que la violación debe ser
invocada ante el órgano al cual se le imputa la violación
del precedente e, igualmente, deben agotarse los recursos
previstos en el derecho común; así como que la violación
debe imputarse al órgano judicial. Las razones que justif‌ican
lo anterior son las mismas que justif‌ican la aplicación de los
requisitos de referencia cuando el recurso se sustenta en la
causal 53.3 (alegada violación de un derecho fundamental).
Ciertamente, cuando se alega la violación de un precedente,
lo mismo que cuando se alega la violación de un derecho
fundamental, es de rigor que al órgano judicial de que se
trate se ponga en condiciones de examinar la irregularidad
invocada para que este pueda subsanarla si procediera.
Resulta que lo anterior solo puede ser posible si se invoca
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
236
la violación oportunamente y si se agotan los recursos
previstos. Obviamente, todo lo anterior tiene razón de ser
si las violaciones son imputables al órgano. Distinta es la
situación en lo que concierne al requisito previsto en el
párrafo del mencionado artículo 53.3, que establece: La
revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo
solo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando
este considere que, en razón de su especial trascendencia o
relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión
justif‌ique un examen y una decisión sobre el asunto planteado.
El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones. La
previsión anterior no aplica cuando el recurso de revisión
se fundamenta en las causales consagradas en los artículos
53.1 y 53.2, en la medida que la especial trascendencia o
relevancia constitucional se presume en todos los casos en
que se haya inaplicado por inconstitucional una norma
o cuando se alegue la violación a un precedente; en este
sentido, el Tribunal Constitucional queda liberado de
justif‌icar el requisito de referencia.”322
Dicho precedente, como puede apreciarse, se distancia
de la literalidad del texto, pero se ajusta a la naturaleza
del recurso, toda vez, que en ningún caso debe admitirse
un recurso sino se han agotado los recursos previstos en la
materia de que se trate.
5.3.2. Análisis de cada uno de los requisitos de admisibilidad
A continuación, analizamos cada uno de los requisitos de
admisibilidad del recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales
previstos por el constituyente y el legislador.
322 Sentencia TC/0293/19, de 8 de agosto, párrafos 9.g, 9.h, 9.i, 9.j, 9.k y 9.l, pp. 21-23.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
237
5.3.2.1. El plazo para recurrir
El plazo para recurrir es de 30 contados a partir de la fecha
en que se notif‌ica la sentencia objeto del recurso.323 La f‌inalidad
del punto de partida de la notif‌icación; así como la necesidad
de esta esté acompañada de una copia integra de la sentencia
son cuestiones que abordamos cuando estudiamos el recurso de
revisión constitucional de sentencia de amparo, estudio al cual
nos remitimos.324
En torno a la naturaleza del plazo, la ley no indica si el mis-
mo es franco, como tampoco indica si se cuenta todos los días
o solo los días hábiles, especif‌icaciones que casi nunca la hace el
legislador. En torno al primer aspecto, hay que destacar que en
el derecho común existen los denominados plazos francos, a los
cuales están sometidas aquellas notif‌icaciones, emplazamientos,
citaciones, intimaciones u otros actos cuyo computo inician con
una notif‌icación a persona o domicilio, los cuales tienen la parti-
cularidad de que no se cuentan ni el día inicio del plazo ni el día
del vencimiento.”325 Esta previsión del derecho común aplica en
los procesos constitucionales, de manera supletoria, en virtud del
principio rector previsto en el artículo 7.12, de la Ley No. 137-
11, según el cual: “Para la solución de toda imprevisión, oscuridad
insuf‌iciencia o ambigüedad de esta ley, aplicarán supletoriamen-
te los principios generales del Derecho Procesal Constitucional y
solo subsidiariamente las normas procesales af‌ines de los procesos
y procedimientos a f‌ines a la materia discutida, siempre y cuando
323 Artículo 54.1, de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre
los Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
324 Véase el No. 4.1.2, pp.
325 Artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
238
no contradigan los f‌ines de los procesos y procedimientos consti-
tucionales y los ayuden a su mejor desarrollo”.
El plazo de treinta días previsto para recurrir inicia, como
ya hemos indicado, el día de la notif‌icación de la sentencia,
notif‌icación que, aunque no lo indica el texto, es válido cuando
se hace al domicilio como cuando se hace a persona. En este
sentido, no cabe dudas que el plazo objeto de análisis es franco.
Sin embargo, queda por def‌inir si al calcular dicho plazo se toman
en cuenta todos los días o solo los días hábiles. Esta imprevisión,
que suele ser común, fue resuelta por el Tribunal Constitucional,
en el sentido siguiente: “Como consecuencia de lo antes indicado
se deduce que, como requisito previo para la declaratoria de la
admisibilidad de un recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional, primero se debe conocer si la interposición de
dicho recurso contra la sentencia dictada por la interposición del
recurso de casación fue realizada dentro del plazo que dispone la
norma procesal, es decir dentro de los treinta (30) días hábiles
y francos que siguen a la notif‌icación, conforme a la ley y al
precedente f‌ijado en la Sentencia TC/0080/12 del quince (15)
de diciembre de dos mil doce (2012).” 326
Este precedente se sustenta en otro precedente establecido
en materia de revisión de sentencia de amparo, materia en la cual
el plazo es franco y para calcularlo solo se toman en cuenta los días
hábiles. De esta manera, la parte interesada en recurrir dispone
de un número mayor de días para ejercer este derecho, en la
medida que no se incluirían en cálculo los días no laborables ni
los festivos. Sin embargo, posteriormente el tribunal abandonó
parcialmente el referido precedente, al establecer que:
326 Sentencia TC/0335/14, de 22 de diciembre, párrafo A.2, p. 15.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
239
“El plazo previsto en el artículo 54.1 de la Ley núm.
137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los
Procedimientos Constitucionales, para el recurso de
revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, no
debe de ser interpretado como franco y hábil, al igual que el
plazo previsto en la ley para la revisión de amparo, en razón
de que se trata de un plazo de treinta (30) días, suf‌iciente,
amplio y garantista, para la interposición del recurso de
revisión jurisdiccional. Este plazo del referido artículo
debe ser computado de conformidad con lo establecido
en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil,
lo cual aplica en este caso, en virtud del principio de
supletoriedad. En efecto, el indicado artículo establece: “El
día de la notif‌icación y el del vencimiento no se contarán
en el término general f‌ijado por los emplazamientos, las
citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o
domicilio”, de lo que se inf‌iere que el plazo debe considerarse
como franco y calendario, por lo que este tribunal procede
a variar el criterio establecido en la Sentencia TC/0335/14.
En consecuencia, a partir de esta decisión el Tribunal
establece que el criterio f‌ijado en la Sentencia TC/0080/12,
sobre el cómputo de los plazos francos y hábiles solo aplica
en los casos de revisión constitucional en materia de amparo
y que el criterio sobre el plazo para la revisión constitucional
de decisión jurisdiccional será franco y calendario.”327
La variación del precedente consistió en considerar que en el
cálculo del plazo se tomarían en cuenta todos los días transcurridos
entre la fecha de la notif‌icación y la fecha de la interposición
del recurso y no solo los días hábiles, en el entendido de que
un plazo de treinta días calendarios es suf‌icientemente amplio
y permite que la parte interesada en recurrir pueda estudiar con
327 Sentencia TC/0143/15, de 1 de julio, párrafos 9.h, 9.i y 9.j, p. 18.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
240
detenimiento la sentencia objeto del recurso. Al producirse la
referida variación del precedente, el tribunal debía establecer con
precisión y claridad el momento en que tendría efectividad el
nuevo precedente, en aras de preservar los derechos adquiridos
y la seguridad jurídica. En respuesta a esta problemática, el
tribunal estableció que:
“Este nuevo criterio establecido en esta decisión -por
excepción- no aplicará para los casos de revisión constitucional
de decisiones jurisdiccionales incoados ante este tribunal en
el tiempo comprendido entre la publicación de la Sentencia
TC/033 5/14 y la publica ción de esta sentencia, para preser var
los derechos de los justiciables que le otorgó la Sentencia
TC/0335/14, en virtud del principio de la seguridad jurídica;
es decir, el criterio f‌ijado en la TC/0335/14, relativo al plazo
de la revisión jurisdiccional, solo será aplicado a los recursos
incoados después de su publicación y hasta la entrada en
vigencia del nuevo criterio f‌ijado en esta decisión.”328
Según el párrafo transcrito, la variación del precedente no
aplica para los recursos interpuestos después de 22 de diciembre
de 2014, fecha de la sentencia TC/0335/14, en la cual se
estableció el precedente objeto de variación ni antes del 15 del
de julio de 2015, fecha de la sentencia TC/0143/15, mediante
la cual se varió dicho precedente. Al modularse el cambio de
precedente el Tribunal Constitucional ha respetado los derechos
adquiridos y la seguridad jurídica, toda vez que para los recursos
incoados durante la vigencia del precedente original no se
tomaran en cuenta los días de f‌iesta ni los días no laborables. Se
trata de un criterio que es razonable, porque dichos recurrentes
no podían tomar en cuenta un precedente que no existía al
328 Sentencia TC/0135/15, de 1 de julio, párrafo 9.k, p. 19.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
241
momento en que interpusieron su recurso, de la misma manera
que no se puede tomar en cuenta una ley procesal inexistente en
dicha fecha. Se trata, en def‌initiva, de la aplicación del principio
de aplicación inmediata de la ley procesal, según el cual, las
actuaciones procesales se valoran tomando en cuenta el derecho
vigente en la fecha de su interposición y no el derecho vigente en
la fecha que el tribunal decide.
5.3.2.2. Sentencias susceptibles del recurso de revisión
constitucional
El artículo 277 de la Constitución establece que:
“Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la au-
toridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente
las dictadas en ejercicio del control directo de constitucio-
nalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento
de la proclamación de la presente Constitución. No podrán
ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las poste-
riores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley
que rige la materia.”
De la hermenéutica de este texto se desprenden, principal-
mente, dos cuestiones: a) que las sentencias que hayan adquirido
la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con anteriori-
dad a la proclamación de la Constitución, es decir, antes de 26
de enero de 2010 no son recurribles y b) que el Tribunal Consti-
tucional podría revisar, conforme regulación legal, las decisiones
que adquirieran las características indicadas con posterioridad a
la referida fecha.
Es importante destacar que una sentencia adquiere la auto-
ridad irrevocablemente de la cosa juzgada cuando no es suscep-
tible de recursos, sea porque estos se hayan agotado o sea porque
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
242
no se interpusieron dentro de los plazos previstos en la ley. Sin
embargo, en este último caso la sentencia no es susceptible del
recurso, a pesar de que cumple con el requisito de la irrevocabi-
lidad, pues como veremos más adelante entre los requisitos con-
sagrados por la ley se encuentra el relativo al agotamiento de los
recursos. Por otra parte, en adición al requisito de la autoridad
irrevocable de la cosa juzgada y el agotamiento de los recursos,
pretorianamente se agregó lo relativo al desapoderamiento del
Poder Judicial.
La variedad de los requisitos anteriores es lo que explica que
no todas las sentencias de la Suprema Cortes de Justicia sean
susceptibles de revisión y que algunas sentencias de la Corte
de Apelación y de Tribunales de Primera Instancia puedan ser
revisadas por el Tribunal constitucional. Lo anterior queda
ref‌lejado en los ejemplos que indicamos a continuación.
a. Sentencias de la Suprema Corte de Justicia que no
son susceptibles del recurso de revisión
La mayoría de las sentencias dictadas por la Suprema Corte
de Justicia cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos
por el constituyente y el legislador, por esta razón nos parece
pertinente referirnos a las sentencias de este alto tribunal que,
por excepción, no son susceptibles de revisión. En este sentido,
el Tribunal Constitucional considera inadmisible el recurso de
revisión interpuesto contra una sentencia dictada por la Supre-
ma Corte de Justicia, por razones diversas, como, por ejemplo,
cuando el Poder Judicial se mantiene apoderado del caso, lo cual
puede ocurrir cuando se trata de una sentencia que casa con en-
vío o cuando la sentencia se limita a resolver un incidente. Igual-
mente, un recurso de revisión es inadmisible cuando la sentencia
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
243
dictada por la Suprema Corte de Justicia es provisional, como
ocurre en materia de medidas de coerción o de referimientos.
En efecto, cuando la Suprema Corte de Justicia casa con
envío el Tribunal Constitucional ha establecido que el recurso
de revisión es inadmisible, por las razones que se indican a con-
tinuación:
“En el presente caso, la Sentencia núm. 103 casó con
envío la sentencia recurrida en casación y, en consecuencia,
remitió para el conocimiento el proceso ante el Juzgado
de Paz Ordinario del municipio Santo Domingo Oeste,
Departamento Judicial de Santo Domingo. En ese sentido,
el tribunal de envío deberá resolver la cuestión y, por tanto,
el Poder Judicial no se ha desapoderado def‌initivamente de
la cuestión, situación en la cual este tribunal constitucional
ha sostenido que el recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional es inadmisible. Al respecto, es
necesario establecer que el recurso de revisión constitucional
de las decisiones jurisdiccionales fue diseñado para garantizar
la supremacía de la Constitución en el marco de una
decisión def‌initiva y no susceptible de ningún otro recurso,
razón esta, que impide extender la revisión a decisiones que
no ponen f‌in al proceso de manera def‌initiva.” 329
La razón por la cual el Tribunal Constitucional declara in-
admisible el recurso de revisión que se interpone contra una
sentencia que casa con envío es porque el Poder Judicial no se
ha desapoderado del litigio, aunque dicha sentencia tiene el ca-
rácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Ciertamente, en este
supuesto, el Poder Judicial no se ha desapoderado, pues el tribu-
nal de envío debe conocer de nuevo el recurso de apelación. Nos
329 Sentencia TC/0143/17, de 3 de abril, párrafos 10.b y 10.c, p. 10.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
244
parece importante destacar que ni el constituyente ni el legisla-
dor previó esta situación, de manera que se trata de un requisito
de origen pretoriano deducido de la naturaleza extraordinaria y
subsidiaria del recurso de revisión.
Por una razón similar a la anterior, el Tribunal Constitucional
declara inadmisible el recurso que se interpone contra una
sentencia de la Suprema Corte de Justicia que resuelve un
incidente. En efecto, sobre esta cuestión el Tribunal estableció
que:
“Dichos textos no hacen distinción alguna respecto del tipo
de sentencias, por lo que, en principio, sus disposiciones
incluirían lo mismo a las sentencias que deciden el fondo de
un asunto que aquellas que deciden incidentes presentados
en el marco de dicho proceso. Sin embargo, y tal como se
motivará más adelante, es el parecer de este tribunal que las
sentencias incidentales que rechacen un incidente presenta-
do en el marco de un proceso no caerían bajo al ámbito de
aplicación de los supra indicados artículos, no siendo posi-
ble recurrir estas mediante el recurso de revisión de decisión
jurisdiccional. En efecto, tomando en consideración la na-
turaleza de la f‌igura del recurso de revisión de decisión ju-
risdiccional, este solo procede en contra de sentencias – con
autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada – que pongan
a f‌in a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo obje-
to y con las mismas partes (sentencia TC/0053/13), situación
que solo se puede evidenciar en dos casos particulares: ( i )
sentencias que resuelven el fondo del asunto presentado por
ante la jurisdicción correspondiente; y ( ii ) sentencias inci-
dentales que, en vista de la decisión tomada, ponen f‌in de-
f‌initivo al procedimiento o establecen que otra jurisdicción
es competente para conocer el caso (por ejemplo, cuando se
acoge un medio de inadmisión, excepción de incompeten-
cia o excepción de nulidad). La presentación ante el tribu-
nal constitucional de recursos que tienen por objeto asuntos
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
245
incidentales que no ponen f‌in al procedimiento y que, por
ende, ordenan la continuación del juicio, en la medida en
que no resuelven el fondo del asunto, son ajenos al propó-
sito fundamental del recurso de revisión constitucional de
decisiones jurisdiccionales y tienden a constituirse en obstá-
culos al desarrollo normal y razonable del caso en cuestión
ante el juez de fondo. Así pues, este tribunal, tomando en
consideración la naturaleza del recurso, así como su propia
visión consagrada en la referida sentencia, entiende que las
sentencias que deciden asuntos incidentales como los se-
ñalados en el párrafo anterior, no deben ser objeto del re-
curso de revisión de decisiones jurisdiccionales, ya que no
pueden ser consideradas dentro del ámbito de aplicación
ni del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, ni del artículo
277 de la Constitución dominicana, aun teniendo la auto-
ridad de la cosa irrevocablemente juzgada, encontrándose la
justif‌icación de esto en que este tribunal tiene, también, la
responsabilidad de velar por el desarrollo razonable de los
procedimientos constitucionales.”330
Como se aprecia este precedente responde a la misma lógica
del precedente anterior, en la medida que al igual que como ocu-
rre con la sentencia que casa con envío, las sentencias incidenta-
les, generalmente, no desapoderan al Poder Judicial. Claro está,
que cuando se trata de sentencias incidentales que ponen f‌in al
conf‌licto, como ocurre con las que anulan o declaran inadmisi-
ble una demanda o un recurso, o las que declaran competente a
un tribunal extranjero, el Poder Judicial queda desapoderado y
el recurso de revisión es admisible.
El recurso también es inadmisible cuando la sentencia objeto
del mismo es provisional, como ocurre en materia de medidas
330 Sentencia TC/0130/13, de dos de agosto, párrafos 9.1.b, 9.1.k, 9.1.l y 9.1.m, p. 8
y p.10.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
246
de coerción o de referimientos. Así, en la primera de las materias
indicadas, el Tribunal Constitucional ha establecido que :
“De lo citado precedentemente, se puede colegir que el re-
curso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional
se interpone contra sentencias f‌irmes, o sea que hayan ad-
quirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada,
lo cual no existe en la especie, al tratarse de una decisión
dictada en materia penal sobre una medida de coerción, la
cual no adquiere la autoridad de la cosa juzgada, en razón
de que en virtud de lo que dispone el artículo 238 del
Código Procesal Penal, (…) el juez en todo estado del pro-
cedimiento, a solicitud de parte, o de of‌icio en benef‌icio del
imputado, revisa, sustituye, modif‌ica o hace cesar las medidas
de coerción por resolución motivada”. Asimismo, la Reso-
lución de la Suprema Corte de Justicia núm. 1731-2005,
en su artículo 15 plantea que todas las medidas de coerción
pueden ser revisada a solicitud de parte, o de of‌icio en bene-
f‌icio del imputado (…). De esto se inf‌iere que la imputada
podrá solicitar la revisión o el cese de la medida de coer-
ción en cualquiera de las instancias donde se encuentre
el proceso; por consiguiente, el presente recurso deviene
inadmisible.”331
En igual sentido se ha pronunciado el tribunal en materia
de referimiento, al considerar que:
“En el presente caso, se trata de un recurso de revisión ju-
risdiccional incoado contra una sentencia dictada en referi-
miento, materia en la cual las decisiones que se toman son
provisionales y, en consecuencia, no adquieren la autoridad
de la cosa irrevocablemente juzgada, en aplicación de lo pre-
visto en el artículo 101 de la Ley núm. 834, del quince (15)
de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), texto se-
331 Sentencia TC/0107/14, de 10 de junio, párrafo 9.d, p. 9.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
247
gún el cual: “La ordenanza de referimiento es una decisión
provisional332 rendida a solicitud de una parte, la otra pre-
sente o citada, en los casos en que la ley conf‌iere a un juez
que no está apoderado de lo principal el poder de ordenar
inmediatamente las medidas necesarias”. Dado el hecho de
que las sentencias dictadas en materia de referimiento no
adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzga-
da, las mismas no son susceptibles del recurso de revisión
constitucional de decisiones jurisdiccionales, ya que, los
artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-
11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Proce-
dimientos Constitucionales, son textos que condicionan la
admisibilidad de dicho recurso a que la decisión objeto del
mismo tenga la característica señalada.” 333
En los dos casos a que se ref‌ieren los indicados precedentes,
se trata de materias en las cuales las decisiones son provisionales y
no adquieren la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, aunque
se trata de sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia,
de manera que le falta uno de los requisitos de admisibilidad.
Efectivamente, las decisiones relativas a medidas de coerción
pueden ser modif‌icadas en cualquier momento, lo mismo ocurre
en materia de referimiento.
b. Sentencia de la Corte de Apelación Civil revisable
por el Tribunal Constitucional
Las sentencias de la Corte de Apelación Civil son susceptibles
del recurso de revisión constitucional, cuando está cerrada la
casación. Efectivamente, según el Tribunal Constitucional:
332 Negritas nuestras.
333 Sentencia TC/0344/16, de 28 de julio, párrafos 9.d, 9.f, pp. 11-12.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
248
“El recurso de revisión constitucional procede, según lo
establecen el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la
referida ley núm. 137-11, contra las sentencias que hayan
adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada
después de la proclamación de la Constitución del 26 de enero
de 2010. En el presente caso se cumple el indicado requisito,
en razón de que la sentencia recurrida fue dictada el treinta
y uno (31) de octubre de dos mil doce (2012) y, además,
porque aunque la decisión recurrida fue dictada por una corte
de apelación, esta no es recurrible en casación, en virtud de lo
que establece la letra c) del párrafo II del artículo 5 de la Ley
núm. 3723, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de
diciembre de 1953, modif‌icada por la Ley No. 491-08, texto
según el cual las sentencias que contengan condenaciones que
no excedan la cuantía de doscientos (200) salarios mínimos del
más alto establecido para el sector privado, vigente al momento
en que se interponga el recurso. Si no se ha f‌ijado en la demanda
el monto de la misma, pero existen elementos suf‌icientes para
determinarlo, se admitirá el recurso si excediese el monto antes
señalado .El referido texto es aplicable en la especie, ya que la
condena establecida en la sentencia recurrida es por la suma
de: a) cien mil pesos dominicanos con 00/100, ($100,000.00)
y mil doscientos sesenta y un euros con 24/100 (1,261.24)
o su equivalente en pesos dominicanos, es decir, que no llega
al monto exigido por el indicado artículo 5 de la ley sobre
recurso de casación. De manera que no es susceptible del
recurso de casación, razón por la cual cumple con los artículos
277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11.”334
Este precedente tiene la importancia de que tiene un
amplio alcance, ya que puede aplicarse en todos los casos en que
el recurso de casación esté cerrado por mandato expreso de la
ley, como ocurre en la especie. Esto así, porque carece de sentido
334 Sentencia TC/0273/14, de 20 de noviembre, párrafos 9.b, 9.c y 9.d, p. 15.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
249
exigir el agotamiento del recurso de casación en las materias que
el legislador lo ha excluido.
c. Sentencia de primera instancia susceptible del
recurso de revisión constitucional
Excepcionalmente, hay sentencias del Tribunal de Primera
Instancia en materia penal que son susceptibles de revisión cons-
titucional. Así, en un caso en que se recurrió una sentencia dicta-
da por un tribunal de esta jerarquía, el Tribunal Constitucional
estableció lo siguiente:
“En el presente caso, la sentencia recurrida fue dictada por
el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juz-
gado de Primera Instancia del Distrito Nacional el tres (3)
de marzo de dos mil catorce (2014), decisión mediante la
cual se absolvió al señor Pietro Caporicci de los cargos de
violación del artículo 309, numerales 1, 2 y 3 del Códi-
go Penal dominicano modif‌icado por la Ley núm. 24 -97,
sobre Violencia de Género e Intrafamiliar. e) La particu-
laridad que reviste el caso que nos ocupa surge del hecho
de que esta decisión absolvió por segunda vez al indicado
señor Caporicci, luego de haber sido ordenado un nuevo
juicio por la Suprema Corte de Justicia y, según el prin-
cipio de doble exposición consagrado en el artículo 423
del indicado código penal, esta sentencia no es susceptible
de ningún recurso. En efecto, el referido artículo 423 es-
tablece: “Doble exposición. Si se ordena la celebración de
un nuevo juicio en contra de un imputado que haya sido
absuelto por la sentencia recurrida, y como consecuencia
de este nuevo juicio resulta absuelta, dicha sentencia no es
susceptible de recurso alguno”. f) En este sentido, el hecho
de que estemos frente al supuesto anterior es lo que justif‌ica
la admisibilidad del presente recurso de revisión, en razón
de que la sentencia recurrida ha adquirido la autoridad de la
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
250
cosa irrevocablemente juzgada y, además, el Poder Judicial
quedó desapoderado; de manera que el requisito previsto en
los artículos 277 de la Constitución y 53 de la referida ley
núm. 137 – 11 ha quedado satisfecho República”335
Del análisis del precedente indicado, se puede apreciar que,
aunque la sentencia recurrida fue dictada por un Tribunal de
Primera Instancia, la misma cumple con los requisitos de admi-
sibilidad previstos por el constituyente y el legislador, ya que por
mandado expreso del artículo 423 del Código Procesal Penal las
sentencias que absuelven en un segundo juicio, no son suscepti-
bles de recursos, de manera que la sentencia tiene el carácter de
la cosa irrevocablemente juzgada y, además, es def‌initiva, por lo
cual, el Poder Judicial queda desapoderado.
5.3.2.3. Invocación del derecho violado
La invocación del derecho alegadamente violado debe
hacerse de manera formal y en el preciso momento en que se
tiene conocimiento de la misma.336 Resulta muy evidente que
la f‌inalidad de este requisito es que el órgano judicial al cual se
le imputa la violación tenga la posibilidad de subsanarlo, pues,
como ya se ha indicado, estamos en presencia de un recurso
subsidiario, cuya razón de ser no es otra que activar una garantía
cuando las previstas a lo interno del Poder Judicial no han dado
los resultados previstos por el constituyente o el legislador.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional español ha esta-
blecido en materia de recurso de amparo constitucional, proceso
335 Sentencia TC/0053/16, de 4 de mayo, párrafos 9.d, 9.e y 9.f, p. 16.
336 Artículo 53.3.a, de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre
los Procesos Constitucionales.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
251
constitucional que es similar al recurso de revisión, que el requi-
sito objeto de análisis no es exigible cuando su cumplimiento
no sea posible.337 Este precedente ha sido seguido por nuestro
tribunal, pues al respecto estableció que:
“Al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, se
comprueba que el reclamo fundamental que hace la re-
currente no ha sido “invocado formalmente en el proce-
so”; y no pudo serlo, porque la lesión cuya reparación se
reclama la ha producido una decisión judicial que, como
la que es objeto del presente recurso, pone f‌in al proceso,
por lo que la recurrente no ha tenido, en términos pro-
cesales, oportunidad para presentar el referido reclamo,
situación ante la cual dicho requisito deviene en inexigi-
ble. c) Lo mismo ocurre con el requisito del literal b) del
artículo 53.3, pues si se acepta que su invocación ha sido
imposible, a fortiori ha de aceptarse que no ha habido
recursos previos que agotar para subsanar una violación
que ni siquiera ha sido invocada previamente, situación
en la que también aplica la inexigibilidad referida en el
párrafo anterior.”338
Según el precedente indicado no puede exigirse al recu-
rrente que invoque la violación que le imputa al órgano judicial
que dictó la sentencia recurrida cuando materialmente no sea
posible, criterio que es razonable, pues nadie está obligado a
lo imposible. En este sentido, dicho requisito no es exigible en
caso de que, por ejemplo, la violación se le impute a la Suprema
Corte de Justicia, situación que es la que se presenta en la mayo-
ría de los casos, dado el hecho de que la sentencia que se recurre
es dictada, en principio, por este alto tribunal.
337 STC 50/1982, citada por Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p. 546.
338 Sentencia TC/0057/12, de fecha, 2 de noviembre.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
252
La realidad anterior ha revelado que en la práctica el re-
quisito objeto de análisis es exigido en muy pocos casos,lo cual
es comprensible, pues dada las características de la organización
judicial los hechos de la causa, por lo general, se instruyen y de-
ciden en primera y segunda instancia, reservándose las Salas y el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia para controlar la interpre-
tación del derecho realizada por los tribunales que conocieron el
fondo. De manera que casi siempre los conf‌lictos terminen ante
la Suprema Corte de Justicia y, de no terminar ante este alto tri-
bunal, no existe posibilidad, como regla general, de que proceda
el recurso de revisión que nos ocupa.
5.3.2.4. Agotamiento de los recursos previstos en el derecho
común
Este requisito tiene la misma f‌inalidad que el anterior y
responde a la naturaleza subsidiaria del recurso, toda vez que
recurrir una sentencia que adolece de vicios da la oportunidad al
tribunal que conoce del recurso de subsanar dichos vicios. Sin
embargo, según el Tribunal Constitucional español no es obliga-
torio agotar los recursos que no sean adecuados.339
Esta línea jurisprudencial también ha sido seguida por el
Tribunal Constitucional dominicano, pues ha sostenido que:
“Sin embargo, un análisis que vaya más allá de la interpre-
tación literal del referido artículo 53.3.b y atienda a la f‌ina-
lidad perseguida con el texto objeto de exégesis, conduce al
Tribunal a formularse la cuestión siguiente: ¿El recurrente en
revisión constitucional está obligado a agotar todos los recur-
sos o solo debe agotar el recurso de apelación, la oposición y
339 Véase sentencia STC 242/1991 del Tribunal Constitucional, dictada por el Tribunal
Constitucional español y citada por Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p.546.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
253
la casación? Respecto de esta cuestión, el Tribunal considera
que para que el recurso de revisión constitucional que nos
ocupa sea admisible no es necesario que se agoten los recursos
de revisión que se contemplan en el derecho común y en le-
yes especiales, dado que tales recursos poseen una naturaleza
extraordinaria. En este sentido, exigir el agotamiento del re-
curso de revisión civil tendría como consecuencia la interpo-
sición de revisiones en casos en los cuales no se verif‌ican nin-
guna de las causales excepcionales de admisibilidad previstas
por el legislador. En otras palabras, de lo que se trata es de
que el Tribunal Constitucional estaría promoviendo la inter-
posición de recursos evidentemente inadmisibles, lo cual solo
serviría para retrasar la administración de justicia, así como
para invertir tiempo y dinero de manera inútil.”340
Esta línea jurisprudencial es totalmente correcta, toda vez
que carece de sentido y utilidad que se agoten los recursos ex-
traordinarios, pues estos solo proceden en los casos excepcionales
previstos por el legislador. En efecto, el recurso de tercería solo
puede incoarlo una parte que no ha sido citada y, sin embargo,
la sentencia que resuelve el conf‌licto le perjudica.341. La revisión
civil solo procede cuando está presente una de las diez causales
que taxativamente se consagran en el artículo 480 del mismo
código.342 Mientras que el recurso de revisión penal procede en
340 Sentencia TC/0604/15, de 17 de diciembre, párrafos 9.p, 9.q y 9.u, pp. 23-25.
341 Artículo 473 del Código de Procedimiento Civil.
342 Según el artículo 480 del Código de Procedimiento Civil la revisión civil contra
“las sentencias contradictorias pronunciadas en último recurso por los tribunales o
juzgados de primera instancia y apelación, así como las sentencias dadas también en
última, y que no estén sujetas a la oposición, podrán retractarse a solicitud de aquellos
que no hayan sido partes en dichas sentencias, o que hubieren sido legalmente cita-
dos en los casos siguientes: 1ro. Si ha habido dolo personal; 2do. Si las formalidades
prescritas a pena de nulidad se han violado antes o al darse la sentencia siempre que
las nulidades no se hayan cubiertos por las partes; 3ro. Si se ha pronunciado sobre
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
254
los siete casos previstos en el artículo 428 del Código Procesal
Penal.343
Debemos destacar, por otra parte, que la revisión civil
puede incoarse, en algunos casos, aún después que el Tribunal
Constitucional ha decidido el recurso de revisión constitucional.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando la revisión se fundamente en
el dolo, la falsedad o la recuperación de un documento decisivo,
ya que el término de dos meses previsto para interponer este
recurso344 comienza a contarse a partir de la fecha en que se ha
cosas no pedidas; 4to. Si se ha otorgado más de lo que se hubiere pedido; 5to. Si se
ha omitido decidir sobre uno de los puntos principales de la demanda; 6to. Si hay
contradicción de fallos en última instancia en los mismos tribunales y juzgados, entre
los mismos litigantes y sobre los mismos medios; 7mo. Si en una misma instancia hay
disposiciones contrarias; 8vo. Si no se ha oído al f‌iscal al f‌iscal; 9no. Si se ha juzgado
en virtud de documentos que se hayan reconocidos o se hayan declarados falsos des-
pués de pronunciada la sentencia; 10mo. Si después de la sentencia se ha recuperado
documentos decisivos que se hallaban retenidos por causa de la parte contraria”.
343 Según el artículo 428 del Código Procesal Penal “Puede pedirse la revisión contra
la sentencia def‌initivas f‌irmes de cualquier jurisdicción, siempre que favorezca al
condenado, en los casos siguientes:1) Cuando después de una sentencia condenatoria
por el homicidio de una persona, su existencia posterior a la época de su presunta
muerte resulta demostrada por datos que constituyan indicios suf‌icientes; 2) Cuando
en virtud de sentencias contradictorias estén sufriendo condena dos o más personas
por un mismo delito, que no pudo ser cometido más que por una sola;3) Cuando
la prueba documental o testimonial en que se basó la sentencia es declarada falsa en
fallo posterior f‌irme; 4) Cuando después de una condenación sobreviene o se revela
algún hecho, o se presenta algún documento del cual no se conoció en los debates,
siempre que por su naturaleza demuestren la inexistencia del hecho; 5) Cuando la
sentencia condenatoria fue pronunciada a consecuencia de prevaricación o corrupción
de uno o más jueces, cuya existencia sea declarada por sentencia f‌irme; 6) Cuando
se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o corresponda
aplicar una ley penal más favorable. 7) Cuando se produzca un cambio jurisprudencial
en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia que favorezca al condenado.”
344 Según el artículo 483 del Código de Procedimiento Civil el plazo para interponer el
recurso de revisión civil es de dos meses, contados a partir de la fecha de la notif‌icación
de la sentencia objeto del mismo.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
255
establecido el dolo, la falsedad o se ha recuperado el documento
decisivo.345
El análisis anterior es válido, igualmente, para el recurso
de revisión penal, pues este no está sujeto a plazo y se puede
interponer a partir del día que ocurra uno de los acontecimientos
previstos por el legislador, acontecimientos que al ser eventuales
no existe posibilidad de determinar la fecha en que los mismos
ocurrirán. Piénsese,, por ejemplo, en la revisión penal que se
sustenta en una ley, dictada después de decidido def‌initivamente
un proceso, que establece una pena inferior a la que se aplicó
al acusado o cuando la revisión se sustenta en un cambio de
precedente que favorece a quien está cumpliendo condena. En
estos casos, la revisión penal es viable, aunque el propio Tribunal
Constitucional haya dictada sentencia.
Las razones anteriores evidencian claramente que, por
una parte, carece de interés incoar un recurso extraordinario
cuando no existe ninguna de las causales que de manera
taxativa consagra la ley y, por otra parte, que la persona
perjudicada no tiene necesidad de incoar dichos recursos con
anterioridad al recurso de revisión constitucional, ya que la
interposición de este ni la decisión que sobre el mismo se dicte
cierra la posibilidad de que la revisión civil o la revisión penal
se interponga.
5.3.2.5. Imputabilidad de la violación al órgano judicial
La violación invocada por el recurrente debe ser imputable
de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano
345 Véase artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
256
judicial.346 Este requisito debe entenderse en el sentido de que
la violación invocada debe ser imputable al órgano judicial,
independientemente de que dicha violación se haya producido,
pues esto último no concierne a la admisibilidad, sino al fondo
del recurso.
Respecto de la interpretación de este requisito, el Tribunal
Constitucional ha establecido que:
“Asimismo, el requisito consignado en el literal c) del
referido artículo, no se cumple en la especie, pues el daño
reclamado no puede ser “imputable de modo inmediato
y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional”
-es decir, a la sentencia recurrida-, “con independencia de
los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación
se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá
revisar”. En efecto, en la especie, la perención del recurso de
casación declarada por la decisión atacada se fundamenta en
lo dispuesto de manera expresa en el artículo 10, párrafo II,
de la Ley número 3726, de Procedimiento de Casación, que
regula el proceso a seguir para la interposición y posterior
procedencia del recurso extraordinario de casación, por
ante la Suprema Corte de Justicia, y el cual prescribe lo
siguiente: “El recurso de casación perimirá de pleno derecho
si transcurrieren tres años contados desde la fecha del auto
que autorizó el emplazamiento, sin que el recurrente haya
depositado en la Secretaría el original del emplazamiento, o
si transcurriere igual plazo, contando desde la expiración del
término de quince días señalado en el artículo 8, sin que el
recurrente pida el defecto o la exclusión contra el recurrido, que
diere lugar a ello, a menos que, en caso de haber varias partes
recurrentes o recurridas, una de dichas partes haya pedido el
defecto o la exclusión contra las partes en falta”. La aplicación,
346 Artículo 53.3.c de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre
los Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
257
en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido
apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia,
no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión
de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido
la violación de un derecho fundamental; por lo que, al
no concurrir ninguno de los tres requisitos previstos en el
artículo 53.3 de la Ley número 137-11, el presente recurso
es inadmisible.”347
De los párrafos transcritos se advierte que para el Tribunal
Constitucional la violación que deriva de la aplicación de la ley
no es imputable al órgano judicial. De manera que como en la
especie en que tiene lugar este precedente la Suprema Corte de
Justicia declara la perención de un recurso de casación en virtud
de la ley que rige la materia, no hay lugar a imputarle la violación
invocada por el recurrente. En coherencia con dicho precedente,
el tribunal también declara inadmisible por la misma causa el re-
curso de revisión que se interpone contra una sentencia que de-
clara inadmisible un recurso de casación interpuesto contra una
sentencia cuya condenación es inferior a los doscientos salarios
mínimos más alto del sector privado; señalando al respecto que:
“En cuanto a este tercer requisito, respecto de la violación
del derecho fundamental imputable al órgano jurisdiccional
que emitió el fallo impugnado, se advierte que la referida
sentencia núm. 1004, dictada por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de octubre
de dos mil doce (2012), al declarar inadmisible el recurso
de casación del señor Samir Attia, se fundamentó en las
disposiciones del literal C, párrafo II, del artículo 5 de
la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación de
mil novecientos cincuenta y tres (1953), norma jurídica
347 Sentencia TC/0057/12, de 2 de noviembre, párrafos 8.d, 8.e y 8.f, pp. 7-8.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
258
dimanada del Congreso Nacional. En ese sentido, el
Tribunal ha f‌ijado su criterio en la Sentencia TC/0057/12,
al señalar que la aplicación, por parte de los tribunales,
judiciales de normas legales no puede asumirse como una
acción violatoria de algún derecho fundamental (…)”348
La línea jurisprudencial anterior aplica, también, cuando la
sentencia objeto de revisión ha declarado caduco el recurso de
casación, materia en la cual el tribunal estableció que:
“En cuanto a este tercer requisito, respecto de la violación
del derecho fundamental imputable al órgano jurisdiccional
que emitió el fallo impugnado, se advierte que la referida
sentencia núm. 808, al declarar la caducidad del recurrente
en perjuicio del señor Costa Frías, se fundamentó en las
disposiciones de los artículos 643 del Código de Trabajo y
artículo 7 de la Ley núm. 3726, de 1953, sobre Procedimiento
de Casación, normas jurídicas que provienen del Congreso
Nacional. En ese sentido, el Tribunal ha f‌ijado el criterio
en el precedente establecido en la pre aludida sentencia
TC/0057/12 (…)”349
De los casos señalados, entendemos que la inadmisión del
recurso de revisión solo debe fundamentarse en el artículo 53.3.c,
de la Ley No. 137-11, cuando la sentencia objeto del recurso ha
declarado inadmisible el recurso de casación, porque la sentencia
recurrida en casación condena a una suma inferior a los doscientos
348 TC/0039/15, de 9 de marzo, p. 9.4, p. 9. Es oportuno indicar que artículo 5, párrafo
II, acápite c, de la Ley No. 491-08 que modif‌icó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley
No. 3726, de 1953, sobre procedimiento de casación fue declarado inconstitucional
mediante la sentencia TC/0489/15, de 6 de noviembre. Por otra parte, los efectos
de dicha inconstitucionalidad fueron diferido por un año, plazo que venció el 20 de
abril de 1917, por lo cual el referido texto ya no existe en el ordenamiento.
349 TC/0514/15, de 10 de noviembre, párrafo. 9.4, p. 9.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
259
salarios mínimos del más alto del sector privado, siempre y cuando
el recurrente en revisión cuestione el requisito de inadmisibilidad,
pues en este supuesto el vicio alegado es imputable al legislador.
En los demás casos, el fundamento debe ser la carencia de especial
trascendencia o relevancia constitucional, porque en tales especies
lo que hace el órgano judicial es verif‌icar si se observaron los plazos
procesales, es decir, realizar un simple cálculo matemático, que en
modo alguno puede implicar violación a derechos fundamentales,
salvo el caso de que el órgano haya interpretado arbitrariamente la
normativa que consagra la perención o la caducidad, establecien-
do como punto de partida, por ejemplo, una notif‌icación irregur-
lar para calcular el plazo de perención o de caducidad.350
5.3.2.6. La especial trascendencia o relevancia
constitucional
Este requisito ya fue analizado en el capítulo anterior, análisis
al cual me remito, por lo cual, aquí me circunscribo a ampliar
la idea relativa a que el requisito de la especial trascendencia
o relevancia constitucional es compatible con la naturaleza de
este recurso, no así con la naturaleza del recurso de revisión
constitucional de sentencia de amparo.
Este recurso es subsidiario, como ya hemos indicado, de
manera que cuando el caso llega al Tribunal Constitucional los
hechos han sido revisados por dos instancias. Lo anterior justif‌ica
que el Tribunal Constitucional solo se ocupe de aquellos casos
que, por ejemplo, tienen importancia para la interpretación de
350 Véase Häberle, Peter, ob. cit., p. 136, autor que desarrolla la teoría de la interpretación
arbitraria, la cual def‌ine como aquella que se basa en consideraciones objetivas ajenas
a la Ley Fundamental.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
260
los derechos fundamentales o para la teoría constitucional. En
def‌initiva, la naturaleza de este recurso justif‌ica que sea abordado
desde una dimensión objetiva y no subjetiva.
El Tribunal Constitucional ha interpretado el requisito
de la especial trascendencia o relevancia constitucional con
mucha f‌lexibilidad, por lo que, en muy pocos casos ha declarado
inadmisible el recurso fundamentado en este requisito. A dichos
casos me ref‌iero a continuación.
a. Ausencia de especial trascendencia o relevancia cons-
titucional cuando la sentencia recurrida se limita a de-
clarar la perención del recurso de casación
Para el Tribunal Constitucional carece de especial trascen-
dencia o relevancia constitucional un recurso de revisión inter-
puesto contra una sentencia que se limita a declarar perimido un
recurso de casación, para justif‌icar dicha tesis el tribunal desarro-
lla los argumentos siguientes:
“De acuerdo al artículo 100 de la referida Ley 137-11, que
el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia,
la especial trascendencia o relevancia constitucional “(...) se
apreciará tendiendo a su importancia para la interpretación,
aplicación y general ef‌icacia de la Constitución, o para la
determinación del contenido, alcance y concreta protección
de los derechos fundamentales”. La referida noción, de
naturaleza abierta e indeterminada, fue def‌inida por este
Tribunal en la Sentencia TC/0007/12, de fecha veintidós
(22) de marzo de dos mil doce (2012). 10.g. El Tribunal
Constitucional considera que el presente caso no tiene
especial trascendencia o relevancia constitucional, en
razón de que el tribunal que dictó la sentencia recurrida
se limitó a declarar la perención de un recurso de casación.
Ciertamente, en la referida sentencia se indica lo siguiente:
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
261
“Visto el artículo 10 párrafo II, de la Ley sobre Procedimiento
de Casación, según el cual el recurso de casación perimida de
pleno derecho si transcurrieren tres años contados desde la fecha
del auto que autorizo el emplazamiento, sin que el recurrente
haya depositado en la secretaria el original del emplazamiento,
o si transcurriere igual plazo, contado desde la expiración del
término de 15 quince días señalado en el artículo 8, sin que el
recurrente pida el defecto o la exclusión contra el recurrido que
diere lugar a ello, a menos que, en caso de haber varias partes
recurrentes o recurridas, una de dichas partes haya pedido el
defecto o la exclusión contra las partes en falta”.10.h. En la
especie, en consecuencia, no se suscitó ninguna discusión
relacionada a la protección de los derechos fundamentales
ni a la interpretación de la Constitución, cuestiones estas a
las cuales está referida la noción de especial trascendencia o
relevancia constitucional; ya que para declarar la perención
de un recurso de casación por la causa indicada solo es
necesario que el tribunal apoderado del mismo determine si
ha observado el plazo de tres (3) años previsto en el artículo
10, párrafo II de la Ley sobre Procedimiento de Casación.”351
Como se aprecia, para el Tribunal Constitucional un recurso
de revisión constitucional que se incoa contra una sentencia de
la Suprema Corte de Justicia que declara inadmisible un recurso
de casación por haber perimido carece de especial trascendencia
o relevancia constitucional, en razón de que para constatar la
perención no hay que entrar en consideraciones vinculadas a la
protección de derechos fundamentales, sino que el tribunal se
limita a determinar si se observó el plazo de perención que es
de tres años. El fundamento de este precedente fue modif‌icado,
351 Sentencia TC/0001/13, 10 de enero, párrafos 10.f, 10.h y 10.g, pp.8-9. Este
precedente se reitera en la Sentencia TC/0025/17, de 31 de enero, párrafos 9.j
y 9.k, pp. 12-13.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
262
pues si bien el Tribunal Constitucional declara inadmisible los
referidos recursos, fundamenta la misma en el artículo 53.3.c,
de la Ley No. 137-11, texto que condiciona la admisibilidad del
recurso a que la violación sea imputable al órgano judicial.352
b. Ausencia de especial trascendencia o relevancia cons-
titucional cuando la sentencia recurrida se limita a de-
clarar la caducidad del recurso de casación
Siguiendo la lógica anterior, en Tribunal Constitucional es-
tableció en materia de caducidad, lo siguiente:
“En este sentido, este tribunal constitucional considera que
como la Suprema Corte de Justicia se limitó a declarar caduco
el recurso de casación, eventualidad en la cual la referida
alta corte se limitó a realizar un simple cálculo matemático
y en la que no existe posibilidad de violar derechos
fundamentales está en presencia de un recurso carente de
especial trascendencia o relevancia constitucional.”353
De esta manera el Tribunal Constitucional reiteró el prece-
dente desarrollado en la sentencia TC/0001/ 13, 10 de enero,
aunque no se trataba de materia de perención, sino de caduci-
dad, lo cual fue justif‌icado de la manera siguiente: “El referido
precedente es aplicable en la especie. Aunque el caso resuelto se
refería a una perención y el que nos ocupa versa sobre una cadu-
cidad, en ambas materias el análisis realizado por el tribunal se
reduce a un simple cálculo matemático.” No cabe dudas de que,
tanto en materia de perención como de caducidad, el análisis
352 Nos remitimos al apartado 5.3.2.5.
353 Sentencia TC/0225/15, de 19 de agosto, párrafo 9.15, p. 14. Este precedente fue
reiterado en las Sentencias TC/0514, de 10 de noviembre, párrafo 9.16, p. 10 y
TC/0208/16, párrafos 9.f, 9.g y 9.h; pp. 17-19.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
263
que hace la Suprema Corte de Justicia para determinar la admi-
sibilidad del recurso de casación concierne a la verif‌icación de la
observación de un plazo procesal, de manera que, si en una ma-
teria se tipif‌ica la carencia de especial trascendencia o relevancia
constitucional, lo coherente es que también en la otra materia se
cumpla el referido requisito.
Sin embargo, posteriormente, el Tribunal Constitucional
retomó la línea jurisprudencial anterior, en la medida que la
inadmisibilidad de un recurso de revisión incoado contra una
sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró caduco un
recurso de casación se fundamentó en que la violación invocada
no era imputable al órgano judicial y en la carencia de especial
trascendencia o relevancia constitucional. Efectivamente, el tri-
bunal retomó la anterior línea jurisprudencial, al establecer que:
“El referido precedente es aplicable en la especie, ya que, al
igual que el que nos ocupa, versa sobre una caducidad, en
la medida que el análisis realizado por el Tribunal se redu-
ce a la aplicación de una norma legal. Debemos destacar,
sin embargo, que este tribunal, en especies similares a la
que nos ocupa, ha fundamentado la inadmisibilidad del re-
curso de revisión constitucional en la carencia de especial
trascendencia o relevancia constitucional, requisito que está
previsto en el párrafo del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-
11, en el entendido de que no existe posibilidad de violar
derechos fundamentales, en una hipótesis en que el tribu-
nal se limita a calcular un plazo de perención o de caduci-
dad. [Véase en este sentido: sentencias TC/0001/13, del
diez (10) de enero de dos mil trece (2013); TC/0400/14,
del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014);
TC/0225/15, del diecinueve (19) de agosto de dos mil
quince (2015); TC/0525/15, del doce (12) de noviembre
de dos mil quince (2015), y TC/0021/16, del veintiocho
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
264
(28) de enero de dos mil dieciséis (2016). Esta última lí-
nea jurisprudencial será abandonada a partir de la fecha de
la notif‌icación de esta sentencia y, en este sentido, los re-
cursos de revisión constitucional que se interpongan contra
sentencias que se limiten a declarar la comprobada peren-
ción o caducidad de un recurso de casación serán declarados
inadmisibles, bajo el fundamento de que las violaciones que
se invocaren no pueden ser imputables al órgano judicial
que dictó la sentencia, en la medida que dicho órgano se
limita a aplicar una norma jurídica; salvo que el recurso
de revisión se fundamente en la ausencia de los elementos
constitutivos de la perención o la caducidad, eventualidad
en la cual el Tribunal Constitucional procederá a conocer
del fondo del recurso de revisión constitucional. En virtud
de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible
el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccio-
nal que nos ocupa, en aplicación de las previsiones de la le-
tra c), numeral 3, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.”354
En mi opinión, el Tribunal Constitucional debió mantener el
precedente anterior, porque cuando los tribunales del Poder Judicial
interpretan y aplican una norma pueden violar derechos fundamen-
tales, violaciones que, obviamente, son imputables al órgano judi-
cial. En cambio, la determinación de la conf‌iguración de la peren-
ción o la caducidad de un recurso, no es una cuestión en la que se
plantea una discusión respecto de los derechos fundamentales. De
manera que un recurso de revisión que se incoa contra una senten-
cia en la que el tribunal se limita al ejercicio argumentativo anterior,
no puede tener especial trascendencia o relevancia constitucional,
salvo, como ya lo indicamos, que se advierta una interpretación ar-
bitraria de los textos que regulan la perención o la caducidad.355
354 Sentencia TC/0663/17, de 7 de noviembre, párrafos 9.m, 9.n, 9.o y 9.p, pp. 12-13.
355 Voto salvado que consta en la Sentencia TC/0663/17, de 7 de noviembre.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
265
5.4. El procedimiento en materia de revisión
constitucional de decisiones jurisdiccionales
En este apartado abordaremos dos cuestiones: a. la motiva-
ción del recurso y b. el carácter contradictorio del proceso.
5.4.1. La motivación del recurso
El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdic-
cionales se incoa “(…) mediante escrito motivado (…)”.356 De
esta manera lacónica el legislador indica el contenido de la ins-
tancia mediante la cual se recurre. No obstante, lo lacónico del
texto queda claramente establecido que la instancia debe estar
motivada, motivación que según las reglas generales del proceso
debe concernir tanto a los hechos como al derecho. Es decir, que
el recurrente debe hacer una exposición en su instancia en la
que se evidencia cuál o cuáles derechos han sido violados en su
perjuicio durante el proceso y explicar las circunstancias en las
cuales se produjeron tales violaciones.
Sin embargo, no se previó una sanción procesal para las instan-
cias que carecen de motivación, lo cual, como ya indicamos cuan-
do estudiamos los procesos anteriores, no ha sido óbice para que
el tribunal declare inadmisible el recurso por falta de motivación.
Efectivamente, en varias ocasiones el tribunal ha declarado inadmi-
sible el recurso porque la instancia no está motivada o porque está
def‌icientemente motivada. Así, el Tribunal Constitucional al anali-
zar la instancia contentiva de un recurso de revisión estableció que:
“Por consiguiente, al estar desprovisto el presente recurso de
revisión de decisión jurisdiccional de argumentos que den
356 Véase artículo 54.1 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
sobre los Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
266
visos de la supuesta vulneración a la Constitución en que
incurrió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia al
dictar la Sentencia núm. 276, del veintidós (22) de abril de
dos mil quince (2015), resulta evidente que el escrito intro-
ductorio del mismo no cumple con un mínimo de motiva-
ción en cuanto al señalamiento de los argumentos que lo
justif‌ican, conforme lo prevé el artículo 54.1 de la Ley núm.
137-11, al exigir que el recurso sea interpuesto por medio
de un escrito motivado. En tal sentido, ha lugar a declarar
inadmisible el presente recurso.”357
Este precedente se corresponde con la naturaleza extraordi-
naria y subsidiaria del recurso, pues al analizar la admisibilidad
de un recurso que tiene las características indicadas, el tribunal
debe ser muy riguroso. Además, cuando el recurrente no explica
en que consistió la violación que le imputa al órgano judicial,
no pone al Tribunal Constitucional en condiciones de valorar el
recurso, situación que justif‌ica la inadmisión del mismo, aunque
el legislador no haya previsto sanción al respecto.
5.4.2. Carácter contradictorio del proceso
En este proceso constitucional no se celebra audiencia, es
decir, que el Tribunal Constitucional decide el recurso en Cáma-
ra de Consejo.358 Decisión atinada del legislador, dada la natura-
leza subsidiaria y extraordinaria del recurso, en el cual el Tribu-
nal Constitucional no conoce los hechos, razón por la cual no
tiene necesidad de ordenar medidas de instrucción, que es lo que
generalmente justif‌ica la celebración de audiencia. Sin embargo,
357 Sentencia TC/0605/17, de fecha 2 de noviembre, párrafo 9.j, p. 13.
358 Artículo 54.6, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los
Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
267
se trata de un proceso contradictorio. En este sentido, la instan-
cia contentiva del recurso se deposita en la secretaría del tribunal
que dictó la sentencia recurrida359, escrito que debe notif‌icarse a
las personas que participaron en el proceso, en un plazo de cinco
días, contado a partir del depósito de la instancia360. La ley no
indica a cargo de quién está dicha notif‌icación, ante tal impre-
visión, entendemos que esta diligencia procesal debe cumplirla
el secretario del tribunal de donde se depositó el mismo, tal y
como ocurre en la práctica.
Con la realización de la referida notif‌icación se cumple con
el principio de bilateralidad o contradicción, ya que se pone a
los recurridos en condiciones de ejercer el derecho de defensa.
Efectivamente, los recurridos disponen de un plazo de treinta
días para depositar su escrito de defensa, plazo que, obviamente,
comienza a correr a partir del momento que la secretaría del
tribunal les notif‌ica el escrito contentivo del recurso de revisión.361
Este escrito de defensa se debe notif‌icar al recurrente en un plazo
de cinco días, a partir de la fecha del depósito del mismo.362
Esta última notif‌icación carece de interés, porque los debates se
consideran cerrados desde la fecha de vencimiento del plazo previsto
para el depósito del escrito de defensa, fecha a partir de la cual la
secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida dispone de
359 Artículo 54.1, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los
Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
360 Artículo 54.2, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los
Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
361 Artículo 54.1, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los
Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
362 Artículo 54.3, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los
Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
268
un plazo de diez días para tramitar el expediente a la secretaría del
Tr i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l . 363 De manera que no se previó un plazo
para que el recurrente contestara el escrito de defensa.
5.5. Competencia del Tribunal Constitucional para
suspender la ejecución de la sentencia recurrida
Este recurso no tiene efectos suspensivos, lo cual se corres-
ponde con su naturaleza extraordinaria; sin embargo, el Tribu-
nal Constitucional puede ordenar la suspensión de la sentencia
recurrida a pedimento de parte.364 La ausencia de efecto sus-
pensivo también se corresponde con el carácter irrevocable de
la sentencia recurrida, lo cual habilita al benef‌iciario de la mis-
ma a ejecutarla, pues no puede perderse de vista que el derecho
a la ejecución es una de las dimensiones de la tutela judicial
efectiva. Ciertamente, no sería razonable que después que un
caso ha sido conocido por dos instancias y la Suprema Corte de
Justicia haya verif‌icado la interpretación del derecho hecha por
las instancias de fondo, como ocurre en la mayoría de los casos,
el benef‌iciario de la sentencia no pueda ejecutarla, por el hecho
de que se haya incoado un recurso subsidiario y extraordinario
como el que nos ocupa.
En otro orden, la solicitud de suspensión es una verdadera
demanda, en la cual debe tener participación el benef‌iciario de
363 Según el artículo 54.4, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y
sobre los Procedimientos Constitucionales, de 13 de junio, “El Tribunal que dictó la
sentencia recurrida remitirá a la secretaría del Tribunal Constitucional copia certif‌icada
de esta, así como de los escritos correspondientes en un plazo no mayor de diez días
contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para el depósito del escrito de
defensa (…).”
364 Artículo 54 de la Ley 137-11.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
269
la sentencia, a quien no conviene que se acoja. Sin embargo, el
legislador no reguló la misma, pues se limitó a indicar que el tri-
bunal podía ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia
recurrida, a pedimento de parte debidamente motivada.
A esta evidente imprevisión dio respuesta el Tribunal
Constitucional, mediante la sentencia TC/0039/12, de 13
septiembre, en la que se establece el procedimiento a seguir
en la materia. Para justif‌icar para el establecimiento de dicho
procedimiento, el tribunal se fundamentó en el principio de
autonomía procesal, principio que permite a los Tribunales
Constitucionales llenar las lagunas e imprevisiones que acusa
la ley procesal. Esta facultad la han ejercido otros tribunales de
la región, como el peruano, que ha sostenido que en virtud del
principio de autonomía procesal puede establecer normas que
regulen el proceso constitucional
“… en aquellos aspectos donde la regulación procesal
constitucional presenta vacíos normativos o donde ella
debe ser perfeccionada o adecuada a los f‌ines del proceso
constitucional. La norma así establecida está orientada a
resolver el concreto problema - vacío o imperfección de
la norma - que el caso ha planteado y, sin embargo, lo
transcenderá y será susceptible de aplicación ulterior de-
bido a que se incorpora, desde entonces en la regulación
procesal vigente”.365
Según se indica en la sentencia TC/0039/12, el proce-
dimiento que debe seguirse en la materia es el siguiente: a. el
escrito relativo a la demanda en suspensión se deposita en la
365 Véase sentencia RTC0025-2005PI, Fj 19 y 20, citada por Gerardo Eto Cruz, El
Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a par tir de la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional peruano, Editorial Adrus. S.R.L., Lima Perú, octubre de
2011, pp. 166-167.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
270
secretaría del Tribunal Constitucional; b. El secretario del Tribu-
nal Constitucional notif‌icará la demanda al demandando en un
plazo de tres días contados a partir de la fecha del depósito; c.
El demandado tiene un plazo de 5 días para depositar el escrito
de defensa. Este procedimiento, como se puede apreciar, salva-
guarda el debido proceso y, en particular, una de sus garantías,
como lo es el derecho de defensa, ya que el demandando tiene la
oportunidad de contestar la demanda en suspensión.
Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha sido muy
cauteloso al momento de decidir las demandas en suspensión,
ya que rechaza la mayoría de ellas. Lo anterior es lo que explica
la línea jurisprudencial relativa a que la demanda en suspensión
debe rechazarse cuando la sentencia objeto de la misma se limita a
establecer una condena pecuniaria366. Para justif‌icar la referida línea
jurisprudencial el tribunal sostiene que: “La presente demanda en
suspensión se rechaza, toda vez que la ejecución de esta sentencia
se ref‌iere a una condena de carácter puramente económico, que
solo genera en el demandante la obligación de pagar una suma de
dinero, y en el caso de que la sentencia sea revocada la cantidad
económica y sus intereses podrán ser subsanados;(…)”367
En otro orden, el presupuesto procesal de la demanda es la
existencia del recurso de revisión constitucional, en la medida
que esta demanda carece de sentido en ausencia de recurso,
pues no se puede perder de vista que la justif‌icación de las
pretensiones del demandante es precisamente que se eviten los
366 Esta línea jurisprudencia está inspirada en sentencias dictadas por el Tribunal Cons-
titucional Español en materia de amparo constitucional, proceso constitucional en
el cual se inspiró el legislador dominicano para establecer el recurso de revisión de
decisiones jurisdiccionales. Véase Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p. 551.
367 Sentencia TC/0040/12, de 2 de mayo, párrafo 7.c, p. 5.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
271
daños que puede ocasionar una sentencia que eventualmente
puede ser anulada por el Tribunal Constitucional, expectativa
de anulación que solo puede existir si la sentencia objeto de la
demanda no ha sido recurrida.
5.6. La sentencia que decide el recurso de revisión
constitucional de decisiones jurisdiccionales
En este apartado abordaremos las cuestiones siguientes: a.
contenido de la sentencia y b. efectos de la sentencia respecto del
órgano judicial que dictó la sentencia recurrida.
5.6.1. Contenido de la sentencia
En este proceso, según los artículos 54.5 y 54.7, de la Ley
No. 137-11, se deben dictar dos sentencias una sobre la inadmi-
sión y otra sobre el fondo, claro, en el supuesto que el recurso sea
admisible, porque cuando no lo sea se limitará a declararlo inad-
misible. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no interpretó
literalmente los referidos textos, sino en el sentido siguiente:
“La Interpretación de los numerales 5 y 7 del artículo 54 de
la ley 137-11. Según estos textos en cada caso debe dictarse
una sentencia de admisibilidad y una de fondo. Por economía
procesal el tribunal decidió resolver la admisibilidad y el
fondo en una sola sentencia. a).Previo a referirnos a la
admisibilidad del presente recurso conviene indicar que
de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la
referida Ley 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir
dos decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad o
no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible,
para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de
la sentencia; sin embargo, por las razones que se indican a
continuación ambos aspectos serán decididos mediante esta
sentencia. La exigencia de la primera de las sentencias es
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
272
de carácter interno al tribunal, es decir, que con la misma
ni se benef‌icia ni se perjudica a las partes y lo esencial es
que se deje constancia motivada de la admisibilidad del
recurso, de manera que es factible que dicha motivación
se haga en la misma sentencia que decide el fondo. El
principio de celeridad y economía procesal supone que en
la administración de justicia deben aplicarse las soluciones
procesales que sean menos onerosas en lo que concierne a la
utilización de tiempo y de recursos; de manera que, si en la
especie puede solucionarse la admisibilidad y el fondo del
recurso mediante una sola decisión, sin lesionar los intereses
de las partes, el Tribunal no debe dictar dos sentencias. El
Tribunal Constitucional tiene la facultad, en este caso y
en cualquier otro caso, de interpretar y aplicar las normas
procesales en la forma más útil para la efectividad de la
justica constitucional. El principio de celeridad y economía
procesal es coherente con el de efectividad previsto en el
artículo 7.4 de la referida Ley 137-11, texto que establece lo
siguiente: “Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar
la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los
derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores
de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido
proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y
adecuados a 1as necesidades concretas de protección frente
a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela
judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus
peculiaridades”.368
Como se puede apreciar, en la sentencia de referencia se
establece que el Tribunal Constitucional solo dictará una sola
sentencia para resolver la admisión y el fondo del recurso, en
el entendido de que el esquema previsto por legislador no es
coherente con el principio de celeridad, ni con el principio de
economía procesal. Con este precedente, el Tribunal Constitu-
368 Sentencia TC/0038/12, de 13 de septiembre, párrafos 9.a, 9.b, 9.c y 9.d, p. 6.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
273
cional hace un aporte importante a la administración de la jus-
ticia constitucional.
En otro orden, el legislador establece de manera expresa
que cuando el tribunal considera admisible el recurso tiene la
obligación de justif‌icar la decisión;369 esto, por argumento a
contrario, implica que cuando lo declara inadmisible no tiene la
obligación de motivar, sino indicar simplemente que el mismo
no cumple con los requisitos de admisibilidad previstos. Sin
embargo, entendemos que una sentencia que declara inadmisible
un recurso y no explica las razones por las cuales fundamenta
dicha inadmisibilidad viola el debido proceso y la tutela judicial
efectiva previsto en el artículo 69 de la Constitución. Así lo ha
entendido hasta la fecha el Tribunal Constitucional, pues no
solo motiva las sentencias que declaran admisible el recurso, sino
también las que lo declaran inadmisible.370
Otra cosa muy distinta es que la motivación de una sentencia
que declara inadmisible un recurso no tenga el mismo rigor que
la que decide el fondo, pues en el primer caso el análisis es simple,
en la medida que se limita a determinar el cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad . La decisión sobre el fondo supone
un análisis más complejo, en particular, cuando el tribunal
decide anular la sentencia.
En torno al contenido de la sentencia, hay que destacar
que el mismo es diverso, pues depende, por una parte, de si se
declara o no admisible el recurso e, igualmente, de si se acoge o
rechaza. Por otra parte, dicho contenido dependerá de la causal
369 Artículo 54.5, de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Proce-
dimientos Constitucionales, de 13 de junio.
370 Véase a Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p. 555.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
274
del recurso. Cuando el recurso es inadmisible, el dispositivo de
la sentencia se limita a hacer constar dicha inadmisibilidad, pero
cuando el tribunal declara la admisibilidad del recurso debe
abordar el fondo, acogiendo o rechazando el recurso.
El rechazo del recurso tiene como consecuencia la conf‌ir-
mación de la sentencia recurrida y cuando es acogido, la conse-
cuencia es la nulidad de la sentencia y el retorno del expediente
por ante el tribunal que dictó la sentencia anulada, con la f‌ina-
lidad de que el caso vuelva a conocerse siguiendo las directrices
trazadas por el Tribunal Constitucional.
Hasta la fecha el Tribunal Constitucional ha anulado sen-
tencias por razones diversas, como queda evidenciado en los pá-
rrafos que siguen:
a. Protección del principio de igualdad y el principio de
seguridad jurídica. Estos principios se violan si un tribunal
del orden judicial cambia su precedente sin dar una motiva-
ción reforzada. Esto supone que el auto precedente vincula,
cuestión que tiene una gran importancia en cualquier siste-
ma y, particularmente, en aquellos que siguen la tradición
de la familia jurídica romano-germánica, pues en esta fa-
milia jurídica la ley ocupa un lugar más preponderante que
la jurisprudencia. Y, además, el principio de independencia
judicial o funcional tienen mayor preponderancia.371
371 Este criterio fue establecido en la sentencia TC/0094/13, de fecha 4 de julio, cuyos
fundamentos jurídicos esenciales copiamos a continuación: “n. La violación al prin-
cipio de igualdad consistió en que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
declaró admisibles los recursos de casación interpuestos por los señores Juan Esteban
Olivero Rodríguez y Bolan Sosa, así como el interpuesto por Tomás Marcos Guzmán
Vargas; mientras que declaró inadmisible el que interpusieron los ahora recurrentes
en revisión constitucional, los señores Rafael Cruz Medina y Ricardo Díaz Polanco,
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
275
b. Anulación de sentencia por carecer de la debida moti-
vación. El Tribunal Constitucional ha sido reiterativo res-
pecto de la obligación que tienen los tribunales de motivar
adecuadamente sus decisiones. En este sentido, desarrolló lo
que denomina el “test de la motivación”, en el cual esta-
blece los requisitos que debe reunir una sentencia bien mo-
tivada.372 Cabe destacar que el Tribunal aplica los requisitos
a pesar de que dichos abogados recurrieron contra una sentencia en la cual se habían
resuelto cuestiones similares a la que se contraen las impugnadas por los anteriores
recurrentes. p. El desconocimiento al principio de seguridad jurídica radica en que
los recurrentes obtuvieron un resultado distinto al razonablemente previsible, en el
sentido de que siendo su caso igual a aquellos en que, de manera reiterada, se había
declarado admisible el recurso de casación, lo normal era que esperaran que corriera
la misma suerte, es decir, que lo declararan admisible. q. Sin embargo, lo anterior
no implica que el criterio jurisprudencial no pueda ser variado, sino que cuando se
produzca dicho cambio el mismo debe ser motivado de manera adecuada, lo cual
implica exponer las razones que justif‌ican el nuevo criterio”. (Véase fundamentos
jurídicos 9.n, p, q, pp. 13-14). Cabe destacar que el criterio anterior fue ratif‌icado
en la sentencia TC/0400/18, de fecha 6 noviembre.
372 Este criterio fue establecido en la sentencia TC/0009/13, de fecha 16 de enero,
cuyos fundamentos jurídicos esenciales copiamos a continuación: “F. En el mismo
tenor, el trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), la honorable Suprema
Corte de Justicia dictó la Resolución 1920/2003, previo a la entrada en vigencia del
Código Procesal Penal en septiembre de dos mil cuatro (2004), en la que se def‌inió
el alcance de los principios básicos que integran el debido proceso contenidos en el
bloque de constitucionalidad, entre los que se encuentra la motivación de decisiones,
estableciendo lo siguiente: “La obligación de motivar las decisiones está contenida, en
la normativa supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos (…). La motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y
de su decisión. Permite que la decisión pueda ser objetivamente valorada y criticada,
garantiza contra el prejuicio y la arbitrariedad, muestra los fundamentos de la decisión
judicial, facilita el control jurisdiccional en ocasión de los recursos; en vista de que la
conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual
se impone a cada juez, incluso con opinión disidente, la obligación de justif‌icar los medios
de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido proceso
(…)”. G. En consideración de la exposición precedente, el cabal cumplimiento del
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
276
que conforman el test de la motivación sin distinguir los
tipos de sentencias, lo cual me parece que no es correcto,
tal y como lo hemos sostenido en varios votos disidentes.373
deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden judicial
requiere: a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus
decisiones; b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración
de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. Manifestar las
consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se
fundamenta la decisión adoptada; c. Evitar la mera enunciación genérica de principios
o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan
alguna limitante en el ejercicio de una acción; y d. Asegurar, f‌inalmente, que la
fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los
tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional”. (Véase
Fundamentos Jurídicos 9.F y G, pp. 12-13).
373 En el voto disidente hecho en conjunto con los magistrados Wilson Gómez Ramírez
e Ildefonso Reyes, sostuvimos lo siguiente: “3. Para los magistrados que f‌irmamos este
voto disidente no es discutible la obligación de motivar la sentencia y el derecho que
tienen las partes de que se les explique los motivos por los cuales se acoge o rechace
una demanda o un recurso. Tampoco está en discusión para nosotros, que no basta
la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de
cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho a aplicar. Sin
embargo, a diferencia de lo que piensa la mayoría, consideramos que en el presente
caso la sentencia recurrida está debidamente motivada. 4. Para determinar cuándo
una sentencia está debidamente motivada hay que tener en cuenta que los niveles
de motivación varían dependiendo de la complejidad del caso del que se trate, de
los aspectos que se resuelvan, es decir, si se conoce o no el fondo; así como de la
naturaleza del recurso que se conozca. En este sentido, el juez que resuelve el fondo
de un asunto tiene la obligación de motivar más ampliamente que aquel se limita a
declarar inadmisible una demanda o un recurso, como ocurre en la especie; en esta
eventualidad es suf‌iciente con explicar la existencia de la causal de inadmisibilidad.
En este mismo orden, cuando se trate del recurso de casación, como ocurre en el
presente caso, el análisis que hace el juez es de estricto derecho y, en tal sentido, la
motivación dif‌iere sustancialmente de aquella requerida para resolver cuestiones de
hecho y de derecho al mismo tiempo. 5. En def‌initiva, lo que queremos resaltar es
que la motivación de la sentencia objeto del recurso que nos ocupa hay que valorarla
tomando en cuenta que el tribunal se limitó a declarar inadmisible un recurso de
casación; de manera que la exigencia de la motivación no puede exigirse el mismo
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
277
Entendemos que no debe exigirse el mismo rigor en la mo-
tivación cuando se conoce el fondo de una demanda o de
un recurso, que cuando se declaran inadmisible. En esta úl-
tima hipótesis, el nivel de la motivación puede ser inferior.
Esta distinción debe hacerse, además, entre las sentencias
que solo analizan el derecho y aquellas que también analizan
los hechos.
c. Anulación de la sentencia por falta de estatuir. El Tribu-
nal Constitucional anula la sentencia cuando el tribunal que
la dictó no contesta los pedimentos hechos por una de las
partes. Incluso, ha habido casos en los cuales el tribunal que
dictó la sentencia recurrida hace constar el pedimento y, sin
embargo, no lo contesta. No contestar un pedimento he-
cho por una de las partes constituye una violación al debido
proceso, en particular, se desconoce la garantía de la debida
motivación374.
rigor de motivación con el rigor aplicable a la sentencia que resuelve el fondo de la
cuestión”. (Este voto disidente consta en la sentencia TC/0009/13, de fecha 16 de
enero, pp. 15-16).
374 Este criterio fue establecido en la sentencia TC/0090/14, de fecha 26 de mayo, cuyos
fundamentos jurídicos esenciales copiamos a continuación: “g. De lo anterior resulta
que la sentencia recurrida adolece de vicios sustanciales, en primer lugar, porque en
ella se hacen af‌irmaciones que no se corresponden con el contenido de las conclu-
siones presentadas por escrito por la recurrente; en segundo lugar, porque dichas
conclusiones no fueron contestadas. En efecto, en el memorial de casación consta
que la recurrente cuestionó la sentencia objeto del mismo tanto en el aspecto penal
como en el civil, mientras que en la sentencia que ahora nos ocupa se af‌irma que la
cuestión penal no fue impugnada. Esta inobservancia tuvo como consecuencia una
segunda inobservancia consistente en que las conclusiones del memorial no fueron
contestadas íntegramente La sentencia que no contesta las conclusiones presentadas
por las partes en el proceso adolece de motivación suf‌iciente y, en consecuencia, no
cumple con los parámetros del debido proceso. Motivar una sentencia supone, entre
otros elementos, darle respuestas fundamentadas en derecho a los pedimentos presen-
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
278
d. Anulación de sentencia por violación al principio de le-
galidad y de seguridad jurídica. El principio de legalidad y
de seguridad jurídica se viola cuando se aplica una ley distin-
ta a la que estaba vigente en el momento en que se consolidó
el derecho reclamado.375
tados por las partes. En el presente caso ha quedado fehacientemente establecido que el
tribunal que dictó la sentencia recurrida no cumplió con la obligación de contestar las
conclusiones de las partes. Como consecuencia de ello la indicada sentencia carece de
una motivación suf‌iciente y no se cumplió con una de las garantías del debido proceso,
como lo es la obligación de motivación. Ante tan evidente violación procede que la
sentencia recurrida sea anulada”. (Véase Fundamentos jurídicos 10.g, h, i, pp. 21-22).
375 Este criterio fue establecido en la sentencia TC/0358/18, de fecha 10 de octubre, cuyos
fundamentos jurídicos esenciales copiamos a continuación: “o. En ese orden, el Tribunal
Constitucional f‌ijó en su Sentencia TC/00013/12,15 el precedente que sigue: 6.4. Para
determinar cuál legislación aplicar, será necesario también que este tribunal establezca si
los accionantes tenían un derecho adquirido, tema que ha sido ampliamente debatido por
innumerables tratadistas y que está íntimamente relacionado con la aplicación de la ley
en el tiempo, pues una ley posterior no puede desconocer las situaciones jurídicas creadas y
consolidadas bajo la ley anterior. 6.5…. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán
afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una
legislación anterior” … 6.6. Conviene precisar el concepto de derechos adquiridos, para lo
cual debe considerarse que toda disposición normativa está constituida por dos elementos:
uno material y otro formal. El primero se ref‌iere al supuesto o hipótesis de hecho, previsto en
la disposición de que se trate; el segundo, a la conclusión jurídica surgida como consecuencia
directa de la ocurrencia de aquellos supuestos e hipótesis fáctica. Comprobado el hecho, nacen
los efectos jurídicos que la ley le asigna, y que son, precisamente, los derechos adquiridos.
Así, estos derechos deben ser entendidos como las consecuencias jurídicas nacidas en virtud
de una ley vigente al cumplimiento del hecho previsto en la misma ley. 6.8…. Por tan to,
de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya
se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por la nueva norma-
tividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las situaciones jurídicas que tengan lugar
a partir de su vigencia. p. En tal sentido, como la pérdida de los inmuebles objeto de
la presente litis se consolidó mediante la sentencia dictada por la Suprema Corte con
carácter irrevocable y def‌initivo, el dieciocho (18) de julio de dos mil siete (2007), por
lo que la demanda que se derivó como consecuencia de la referida pérdida, se debió
conocer bajo el mandato de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, del veintitrés
(23) de marzo de dos mil cinco (2005), ley que entró en vigencia a partir de abril de
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
279
e. Anulación de una sentencia por haberse calculado erró-
neamente el plazo de extinción del proceso penal. En una
especie un tribunal penal declaró extinguido de of‌icio el
proceso penal, en razón de que se consideró agotado el pla-
zo de tres años previsto por la ley. Sin embargo, no se tomó
en cuenta que el imputado estaba en rebeldía, circunstancia
que interrumpe el referido plazo.376
dos mil siete (2007), ya que se encontraba derogada la Ley núm. 1542, de Registro
de Tierras, del once (11) de octubre de mil novecientos cuarenta y siete (1947), por
lo que claramente se violentaron los derechos del principio de legalidad y seguridad
jurídica de la hoy recurrente, Tesorería Nacional de la República Dominicana. q. En
consecuencia, bajo el sustento de todo lo antes señalado, procede acoger el presente
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, anular la sentencia objeto
del mismo y remitir el expediente ante la Suprema Corte de Justicia, a f‌in de que se
cumpla con lo presupuesto en el numeral 10) del artículo 54 de la Ley núm. 137-11:
“10) El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio
establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado
o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía
difusa”. (Véase fundamentos jurídicos 10, o, p, q, pp. 45-46).
376 Este criterio fue establecido en la TC/0523/18, de fecha 5 de diciembre, cu yos
fundamentos jurídicos esenciales copiamos a continuación: “e. En consecuencia, el
Tribunal Constitucional estima que la violación planteada ha quedado conf‌igurada
en la especie por la razón de que, tal como señala la parte recurrente, el imputado
había sido declarado en rebeldía, y ante tal circunstancia, los plazos se encontraban
interrumpidos. f. Sin embargo, pudimos apreciar que, pese a que los jueces de la
Segunda Sala de la referida alta corte hicieron el examen del antes referido artículo 148
del Código Procesal Penal, con sus singulares connotaciones; en ningún momento,
se ref‌irieron a la declaratoria de rebeldía que pesaba en contra del imputado, lo que
nos lleva a concluir que no ha habido una correcta aplicación del contenido de dicho
artículo, toda vez que no se consideró la particular condición de dicho imputado. g.
Si bien es cierto que con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, mediante
la Ley núm. 278-04, se estableció en el artículo 148 de este que la duración máxima
de los procesos penales es de tres (3) años, plazo que debe computarse tomando como
punto de partida el inicio de la investigación, y que además, el mismo solo se puede
extender por un máximo de seis (6) meses, en los casos de sentencia condenatoria, para
viabilizar la tramitación de los recursos, no menos cierto es que también el referido
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
280
f. Anulación de la sentencia por violar el derecho a recu-
rrir. En la especie, fue declarado inadmisible un recurso de
casación, en el entendido de que fue interpuesto fuera del
plazo previsto por la ley. El Tribunal Constitucional anuló
la sentencia porque consideró que la recurrente depositó su
recurso dentro del plazo previsto en la secretaría de la Of‌ici-
na Judicial de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal.
Este depósito surte los mismos efectos que el que se hace en
la secretaría del tribunal competente para conocer el recurso,
cuando el mismo se hace el último día hábil para recurrir y
fuera del horario regular de trabajo de los tribunales.377
precepto precisa que este plazo es interrumpido por la fuga o rebeldía del imputado,
y el mismo solo se reinicia cuando el imputado comparezca o sea arrestado.” (Véase
fundamentos jurídicos 10. e, f, g, p. 17).
377 Este criterio fue establecido en la sentencia TC/392/18, de fecha 11 de octubre, cuyos
fundamentos jurídicos esenciales copiamos a continuación: “e. El artículo 14 de la
Resolución núm. 1733-2005, que establece el reglamento para el funcionamiento
de la Of‌icina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción penal,
dispone lo siguiente: Recepción de documentos judiciales. La Of‌icina Judicial de Servicios
de Atención Permanente recibirá exclusivamente aquellos documentos judiciales sujetos a
plazos perentorios de conformidad con las disposiciones del artículo 143 del Código Procesal
Penal. A esos f‌ines se facilitará el servicio de recepción mediante buzón con sello electrónico
para registrar la fecha de presentación del documento judicial. La reglamentación para
la utilización del servicio de buzón quedará a cargo de la Suprema Corte de Justicia.
Hasta tanto se habilite el buzón, como medida de economía procesal, será obligación del
secretario de turno entre las 3:30 P. M. y 11:30 P. M. recibir y tramitar solo los siguientes
documentos (…) Recursos de oposición fuera de audiencia, apelación o de casación (…)
Será obligación del secretario realizar todas las diligencias necesarias para que, a primera
hora del día siguiente de haber recibido los documentos, estos sean tramitados a los juzgados
correspondientes. f. De la normativa previamente expuesta, se inf‌iere que la Suprema
Corte de Justicia, al no considerar válido el depósito del recurso de casación ante la
Of‌icina Judicial de Servicios de Atención Permanente, afectó el derecho a recurrir del
menor de edad JJC, en vista de que declaró la inadmisibilidad del indicado recurso
basándose en que el cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015) no constituía el
último día disponible para el recurrente poder interponer su recurso de casación. En
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
281
g. Anulación de la sentencia por violación de un preceden-
te del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional
anuló la sentencia No.06, dictada por el pleno de la Suprema
Corte de Justicia, en fecha 1 de febrero de 2017, mediante
la sentencia TC/0271/18, de 23 de agosto, en el entendido
de que la alta Corte desconoció el precedente establecido
en la sentencia TC/0375/16, de fecha 11 de agosto. En esta
última sentencia el tribunal estableció que no era viable la
renuncia a una pensión, aunque la fuente de la misma fuere
un contrato privado.
consecuencia, a juicio de esta sede constitucional, este error no le es imputable a la
parte recurrente, sino a la Suprema Corte de Justicia que procedió a aplicar la Ley
núm.10-15, en lugar de la ley que se encontraba vigente, al momento del depósito
del recurso de casación. Además, tampoco consideró el carácter de urgencia o el plazo
perentorio para el depósito del indicado recurso, a los f‌ines de validar su depósito
ante la Of‌icina de Ser vicios Judiciales de Atención Permanente. Por tanto, dada la
aplicabilidad del principio pro actione o favor actionis el cual impide interpretaciones
desfavorables en perjuicio del recurrente ante una omisión o falta que no le es atribui-
ble3, el Tribunal Constitucional considera válido el depósito del indicado recurso de
casación ante la Of‌icina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Este criterio
se sustenta en las disposiciones del reglamento previamente citado, las cuales indican
que dicho recurso debió de ser recibido por la Secretaría General de la Suprema Corte
de Justicia al día siguiente y dentro del plazo previsto por la ley. En consecuencia,
este colegiado no verif‌ica el incumplimiento por parte del recurrente a las disposi-
ciones previstas en el artículo 418 del Código Procesal Penal. g. En relación con la
validez de los recursos depositados ante la Of‌icina Judicial de Servicios de Atención
Permanente, conviene señalar el criterio esgrimido por el Tribunal Constitucional
mediante la Sentencia TC/0063/14, en la cual dictaminó lo siguiente: El Tribunal
Constitucional considera que el recurso de apelación que nos ocupa fue interpuesto dentro
del plazo previsto en la ley y que el recurrente no tenía la posibilidad de depositarlo ante
la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en razón de que se encontraba
cerrada por haber concluido las labores del día. Ante tal circunstancia, el recurrente no
tenía otra alternativa que depositarlo en la Of‌icina de Atención Permanente, órgano que
funciona las 24 horas del día, precisamente para atender los casos de urgencia como el
que nos ocupa”. (Véase fundamentos jurídicos 10.e, f, g, pp.14-16).
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
282
5.6.2. Efectos de la sentencia respecto del órgano que dictó
la sentencia recurrida
Cuando el recurso se declara inadmisible o se rechaza, los
efectos son muy obvios y no generan dif‌icultades, porque senci-
llamente la sentencia del Tribunal Constitucional le pone f‌in al
litigio. La situación es distinta si la sentencia recurrida es anu-
lada, caso en el cual el expediente se devuelve a la secretaría del
tribunal que dictó la misma. Evidencia de la complejidad a la
que nos referimos lo constituye el hecho de que en principio
pudiera pensarse que el tribunal que dictó la sentencia anulada
tiene la obligación de decidir el litigio de manera diferente, pero
no siempre ocurre esto.
Piénsese, por ejemplo, que cuando se anula una sentencia
por carencia de motivación, el tribunal que dictó la sentencia
anulada puede reforzar la motivación y mantener el dispositivo de
la sentencia. La situación es distinta cuando se inaplica una norma
considerada inconstitucional y el Tribunal Constitucional anula
dicha sentencia, pues en una especie como esta resulta inevitable
la modif‌icación del dispositivo de la sentencia anulada, ya que
en la nueva sentencia que se dicte hay que rechazar la excepción
de inconstitucionalidad, siguiendo el criterio establecido por el
Tribunal Constitucional y conocer del fondo del litigio. Algo
similar ocurriría si la anulación de la sentencia se fundamenta
en la violación de un precedente del Tribunal Constitucional,
pues en este caso lo decidido sobre el litigio tendría que ser
reformulado para que sea coherente con el precedente violado.
En otro orden, lo decidido por el Tribunal Constitucional
vincula al Poder Judicial y, en particular, al órgano que dictó
la sentencia anulada. Lo anterior supone que el órgano judicial
debe tomar en cuenta el precedente constitucional al momento
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
283
de decidir nuevamente el caso, que es lo que generalmente ocu-
rre, constituyendo la excepción aquellos casos en que se presen-
tan divergencias entre las dos altas Cortes, divergencias que han
generado conf‌lictos, a algunos de los cuales me ref‌iero a conti-
nuación, para lo cual tomaré de ejemplo la experiencia española,
en razón de que en este sistema se han presentado conf‌lictos muy
notorios entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo
español (en lo adelante TSE) existen divergencias respecto de la
presunción de inocencia; el derecho a la intimidad y el derecho
a la imagen.
En torno a la presunción de inocencia, el conf‌licto concier-
ne a que el TSE considera que la valoración de la prueba es una
materia de su exclusiva competencia, doctrina que el TCE no
comparte.378 Respecto del tema del derecho a la intimidad y a
la imagen, la diferencia radica en que mientras el TSE privilegia
la protección del derecho a la información, el TCE privilegia la
protección al derecho a la intimidad y a la imagen.379
Entre el Tribunal Constitucional dominicano y la Suprema
Corte de Justicia también existe divergencia respecto de temas
como la motivación de la sentencia y la viabilidad de la renuncia
a una pensión que tiene su fuente en un contrato privado. En
lo que concierne a la motivación de la sentencia la diferencia
378 Véase sentencia TSC 31-1981, 28 de julio, citada por José Luis González Monte, ob.
cit., p. 4151. En esta sentencia el TCE anula una sentencia del Tribunal Supremo,
en la cual se había validado una condenada que se sustentaba únicamente en las
declaraciones hechas por el imputado ante la policía y que no fue ratif‌icado en el
ámbito jurisdiccional. Para el TCE esta única prueba no es suf‌iciente para superar el
principio de presunción de inocencia.
379 La discrepancia respecto del derecho a la intimidad y la imagen se suscitó en el co-
nocido caso Presler, resuelto def‌initivamente mediante la STC 186-2001, de 17 de
diciembre.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
284
radica en que el Tribunal Constitucional considera que todas
las sentencias deben estar rigurosamente motivadas y, en ese
sentido, exige que cumplan con los requisitos siguientes:
“a. Desarrollar de manera sistemática los medios en que
fundamentan sus decisiones; b. Exponer de forma concreta
y precisa cómo se produce la valoración de los hechos, las
pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. Manifestar
las consideraciones pertinentes que permitan determinar los
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;
d. Evitar la mera enunciación de principio o la indicación
de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que
establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción y
e. Asegurar, f‌inalmente, que la fundamentación de los fallos
cumpla la función de legitimar de los tribunales frente a la
sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.”380
En cambio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia con-
sidera que el rigor motivacional anterior no debe aplicar para
todos los casos y que, de manera específ‌ica, cuando se trata de
una inadmisibilidad la motivación puede ser menos rigurosa.381
Como se advierte, la diferencia de criterio entre las altas
Cortes es evidente, pues mientras el Tribunal Constitucional se-
ñala los requisitos que deben cumplir todas las sentencias para
que estén bien motivadas, el Pleno de la Suprema Corte de Jus-
ticia considera que cuando el tribunal se limita a declarar in-
admisible el recurso, la motivación no tiene que cumplir con
el rigor motivacional señalado por el Tribunal Constitucional.
La posición asumida por la Suprema Corte de Justicia es ca-
380 Sentencia TC/0009/13, de fecha 11 de febrero, párrafo 9.G, pp.12-13.
381 Resolución 14 de marzo de 2013, Exp. No. 2011-4904, Rte. Constructora Malespín,
S.A. y Marcos E. Malespín).
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES
285
lif‌icada como “(…) una f‌lagrante violación al artículo 54.10,
LOTCPC.”382 Sin embargo, nos parece que el pleno de la Su-
prema Corte de Justicia también considera que los jueces deben
motivar sus sentencias, distanciándose solo en lo que concierne
a que todas las sentencias requieren el mismo nivel de motiva-
ción. En cierta medida, a lo que se ha acudido es a la técnica del
distinguishing, la cual consiste, como sabemos, en reconocer el
precedente y abstenerse de aplicarlo en un determinado caso,
dada la particularidad de dicho caso.
En torno a la divergencia relativa a la viabilidad de la renun-
cia de una pensión que tiene su fuente en un contrato privado,
resulta que mientras el Tribunal Constitucional entiende que di-
cha renuncia no es viable, la Suprema Corte de Justicia la admi-
te. Para que se comprenda mejor el diferendo, explicaremos los
aspectos fácticos esenciales del caso concreto. En este sentido, el
conf‌licto surge con motivo de un contrato de asesoría, en el cual
una empresa asume la obligación, entre otras, de mantener una
pensión en benef‌icio del asesor. Dicho contrato fue rescindido
antes de la llegada del término, lo cual dio origen a una demanda
laboral, que culminó con un acuerdo, en el cual el asesor recibi-
ría la suma de cuatrocientos veinte y cinco mil dólares america-
nos (US$ 425,000.00), a título de compensación; mientras que
la empresa quedaba liberada de las obligaciones contractuales, en
particular, de la referida pensión.
Sin embargo, el asesor demandó a la empresa nuevamente
y le reclamó el pago de la pensión, en el entendido de que se
trataba de un derecho irrenunciable. Este nuevo litigio terminó
en el Poder Judicial con la sentencia No. 68, dictada por las Salas
382 Jorge Prats, Eduardo, ob. cit., p.556.
HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS
286
Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de noviembre de
2012, mediante la cual se validó el referido acuerdo, sentencia
que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las
Salas Reunidas volvieron a ratif‌icar su criterio, según sentencia
No. 6, de 1 de febrero de 2017. Contra esta sentencia se incoó
un nuevo recurso de revisión, el cual fue acogido, en el entendi-
do de que se violó un precedente del Tribunal Constitucional.
Como se aprecia, existe una evidente diferencia de orden
jurídico entre estas dos altas Cortes, la cual debe resolverse, in-
dependientemente de cuál de ellas tenga la razón jurídica, apli-
cando el artículo 184 de la Constitución que establece que las
decisiones del Tribunal Constitucional son def‌initivas, irrevoca-
bles y constituyen precedentes para todos los poderes públicos.

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