Capítulo VII. Derechos y garantías constitucionales en el proceso laboral

• Páginas: 553-591
• Autor: Oscar Hernández Álvarez

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CAPÍTULO VII

DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

EN EL PROCESO LABORAL

SUMARIO: I. El proceso laboral en América Latina: viejas

realidades y nuevas tendencias II. El proceso laboral en las

constituciones latinoamericanas. III. Unidad del Derecho Procesal

y la autonomía del procedimiento laboral. IV. Garantías procesales

constitucionales: IV.1. El acceso a la justicia y la tutela judicial

efectiva. IV.2 El derecho a la defensa IV.3 El debido proceso IV.4. El

amparo o tutela de los derechos constitucionales. V. Conclusiones

I. El proceso laboral en América Latina: viejas realida-

des y nuevas tendencias.

169. Aún no totalmente consolidado el proceso histórico de

formación del Derecho del Trabajo como disciplina autónoma

tutelar de los trabajadores, se advirtió que las normas sustantivas

que la integran carecerían de la eficacia requerida para cumplir

con la función social que les anima, sino se creaban organis-

mos administrativos de inspección, así como también órganos

jurisdiccionales y procedimientos adecuados que facilitaren su

cumplimiento. Fue así que en las primeras décadas del siglo

XX, los países que desde años atrás habían venido adoptando

normas sustantivas laborales dentro de esa nueva concepción,

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

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promulgaron igualmente leyes adjetivas que facilitaran la acción

de los interesados en darle cumplimiento a aquellas.

Tal como se refirió, en el en el capítulo V, punto VI.1 de

esta obra, en América Latina La Ley del Trabajo mexicana y el

Código del Trabajo chileno, ambas de 1931, que inspiraron el

proceso de codificación del Derecho del Trabajo en la región,

incorporaron en su texto, al lado de las normas sustantivas,

aquellas relacionadas con la organización de la jurisdicción

laboral y los procedimientos que en la misma deberían seguir-

se. Esta iniciativa fue seguida por muchas de las posteriores

codificaciones laborales latinoamericanas, que incluían en un

solo texto las normas sustantivas y adjetivas del trabajo. Otros

países, prefirieron adoptar legislaciones procesales del trabajo

independientes. Como anteriormente se señaló, en ambos casos

el proceso laboral se orientaba a simplificar los procedimientos

del proceso civil, que siguió siendo fuente inspiradora y, casi

siempre, norma supletoria del nuevo proceso.

Los resultados de esta “primera generación” de reformas pro-

cesales del trabajo no fueron en general satisfactorios. En general

el peso de la tradición del proceso escrito fue más fuerte que la

intención de acelerar los juicios. El proceso laboral tradicional

siguió siendo un sistema ineficiente de administración de justicia.

Al exagerado formalismo y a la no infrecuente falta de idoneidad

de los jueces y del personal auxiliar, se une la desesperante tardan-

za en dictar decisiones La abreviación de los términos procesales,

obligatoria para las partes, pero en la práctica, opcional para el

Juez, produjo un proceso laboral concebido para que el abogado

corra y el juez descanse; para que el trabajador sufra de la angustia

de la inefable demora judicial y el empleador, cuando pierde,

asuma los excesivos costos de la justicia retardada.

El proceso siguió siendo escrito o falsamente oral. En ese

esquema, en el cual no hay ninguna inmediación, el juez es, un

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

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espectador lejano, encerrado en el mundo artificioso del expe-

diente. En la mayoría de los casos el juez sólo viene a involucrarse

efectivamente en el juicio cuando le toca el turno de la decisión.

Se trata de una especie de ruleta rusa, en cuya resolución final la

justicia no suele ser el factor preponderante.

La reacción frente a esta situación, impulsada tanto desde el

foro y la academia como desde el mundo sindical y empresarial,

determinó una corriente de reformas procesales laborales que se

han producido en varios países latinoamericanos desde inicios

del siglo XXI. Así, se produjeron reforma procesales laborales en

Venezuela, 2002, Ecuador, 2003, Chile 2005, Colombia 2007,

Uruguay 2009, Perú, 2010 y Costa Rica Y Nicaragua en 2012.

El Salvador, Honduras y Guatemala están tramitando proyectos

de reforma.

Como bien señala Adolfo Ciudad Reynaud:

“no se trata de fenómenos aislados sino de una tendencia generali-

zada a nivel regional hacia un nuevo sistema procesal del trabajo

que aspira a la celeridad de los procesos a través de los principios

de oralidad, concentración, inmediación y economía procesal, entre

otros. No se trata sólo de un cambio normativo sino del cambio de

un sistema de juicio escrito, desconcentrado y carente de principios

formativos concordantes con el derecho” 269

Haciendo un resumen muy esquemático de las caracte-

rísticas del nuevo proceso laboral latinoamericano que viene

emergiendo durante el presente siglo, puede decirse que el mis-

mo es efectivamente oral, aun cuando no descarta que algunos

269 Adolfo CIUDAD REYNAUD, Nuevos sistemas procesales del trabajo en Améri-

ca Latina, Relatoría principal presentada en el “Taller sobre Derecho Procesal del

Trabajo”, en el marco del XX Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en Santiago de Chile, del

25 al 28 de setiembre de 2012.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

556

actos esenciales como demanda, contestación y sentencia, sean

asentados por escrito; es concentrado y por audiencias, por

cuanto trata de que las distintas fases del proceso se produzcan

en el menor número de actos procesales únicos, generalmente

audiencias que se realizan con la participación de las partes y

del Juez; se realiza con la presencia inmediata y protagónica del

juez, quien corrige por sí mismo los defectos de forma de la

demanda a través del despacho saneador, debe estar personal-

mente en las audiencias y dirigirlas y debe dictar su decisión al

final de la audiencia que ha presenciado y dirigido. Las nuevas

tendencias atribuyen al juez laboral poderes más amplios que

aquellos característicos del juez tradicional, de quien se decía,

con expresión poco feliz, pero que no distaba de ser real, que

era un juez “mercenario”, porque solo actuaba a instancia de

parte. Domingo Gil describe esos nuevos y los clasifica en tres

grandes áreas: a) Poder para dictar medidas de oficio b) Poder

para suplir de oficio los medios de derecho y c) Poder para

fallar ultra petita y extra petita270

Este proceso, así concebido, promueve una justicia laboral

especialmente pronta, que evita el retardo procesal que favorece el

abandono de sus derechos por parte del trabajador. La economía

procesal rige el desarrollo de este nuevo proceso y es requisito

necesario para obtener la celeridad, supone el cumplimiento de

los lapsos, la prohibición de reposiciones inútiles y nulidades por

defectos de forma y, fundamentalmente, una sentencia dictada y

ejecutada oportunamente

En general el balance de las reformas puede considerase

positivo, sino totalmente satisfactorio, pues no siempre las

270 Una descripción detallada de los amplios poderes del juez laboral, referida a Repú-

blica Dominicana, pero que en general responde a las nuevas tendencias procesales

laborales de América Latina, puede verse en el artículo de Domingo Gil, citado en

la nota 1

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

557

condiciones para su implantación son las más adecuadas, pre-

sentándose problemas de dotación presupuestaria, formación

técnica, estabilidad e independencia de los jueces, difícil acceso

a recursos tecnológicos, etc. Por otra parte, siguen pesando sobre

los jueces y las partes las reminiscencias del viejo proceso escrito,

que muchas veces obstaculizan los objetivos que se pretenden

con el nuevo proceso oral.

II. El proceso laboral en las constituciones latinoameri-

canas.

170. El proceso laboral no ha sido ajeno al constitucio-

nalismo latinoamericano. En el tratamiento constitucional

del tema podemos observar tres tendencias. Algunas cons-

tituciones no hacen mención específica del proceso laboral

(Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, México, Perú,

República Dominicana y Uruguay). Otras se limitan a es-

tablecer que las controversias o conflictos jurídicos derivados

de las relaciones de trabajo serán tramitadas y decididas por

una jurisdicción laboral especializada. (Bolivia, 2009, Art.

50; Costa Rica, 1949 con última reforma de 2003, Art.

70; Guatemala 1993, Art. 103; Honduras, 1983, Art. 134;

Panamá, 1972, artículo 77)271. En fin, un tercer grupo de

textos constitucionales enuncian una o varias de las caracte-

rísticas que debe tener el proceso laboral. Esta orientación la

encontramos en las constituciones de Colombia, 1991, con

reforma de 2005, cuyo artículo 48 dice: “La ley establecerá un

procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas

con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos

271 En el apéndice del presente capítulo se copian los textos de artículos constituciones

latinoamericanos que tienen que ver con el tema en examen.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

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establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales

válidamente celebrados”, la de El Salvador (1996) cuyo artí-

culo 49 establece que “Los procedimientos en materia laboral

serán regulados de tal forma que permitan la rápida solución de

los conflictos”, agregando que “El Estado tiene la obligación de

promover la conciliación y el arbitraje, de manera que constitu-

yan medios efectivos para la solución pacífica de los conflictos de

trabajo económicos o de intereses” y en la de Paraguay, 1992,

cuyo artículo 256 establece que “El proceso laboral será total

y estará basado en los principios de inmediatez, economía y

concentración.” Mención especial merece la Constitución ve-

nezolana de 1999, Disposición Transitoria Cuarta, que dice:

“Dentro del primer año, contado a partir de su instalación, la

Asamblea Nacional aprobará:

1. Una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcio-

namiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y

la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos

en esta Constitución y en las leyes. La Ley Orgánica Procesal del

Trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad,

oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la

equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso.”

Con algún retardo, este mandato fue cumplido por la Asam-

blea Nacional que en 2004 aprobó una Ley Orgánica Procesal

del Trabajo, sobre la base de un proyecto preparado por la Sala

de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Sobre la

base de esta Ley, que fue la que inauguró la reciente tendencia a

las reformas procesales del trabajo en América Latina, y con un

fuerte apoyo de dicha Sala, se desarrolló en Venezuela, al menos

durante los primeros años de su vigencia, un proceso laboral que

superó de manera muy relevante muchas de las fallas del viejo

proceso.

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

559

III. Unidad del Derecho Procesal y la autonomía del

procedimiento laboral.

171. Un tema que ha sido recientemente objeto de un

vivo debate en el mundo académico laboral es el relativo a la

unidad del Derecho Procesal y la autonomía del procedimiento

laboral, al cual se hizo referencia en el Capítulo V, punto VI.1

de esta obra. Una exposición de las posiciones contradictorias

sobre el tema puede apreciarse en la mesa redonda sobre el

derecho laboral procesal en Iberoamérica, realizada en el marco

del Seminario El Derecho Laboral en Iberoamérica, llevado a

cabo en Montevideo en diciembre de 2010 y cuyos resúmenes

se encuentran publicados en el Anuario 2012 de La Academia

Iberoamericana de Derecho del Trabajo.272 En esa reunión Oscar

Ermida Uriarte sostuvo:

“La particular autonomía que caracteriza al Derecho sustantivo

al que sirve, es lo que determina la necesariamente fuerte auto-

nomía del proceso laboral respecto del proceso civil. Esta no puede

ser inferior al grado de independencia que el Derecho del trabajo

ha alcanzado respecto del Derecho civil.” Para agregar: “A partir

de estos presupuestos - la instrumentalidad o adjetividad del

proceso, que determina su pertenencia al Derecho laboral y su

necesaria autonomía respecto del procesal-, pueden construirse

los principios básicos de ese instrumento que es el proceso del

trabajo”.

En función de esta óptica Ermida Uriarte propone que la

disciplina que regula el proceso laboral, constituya un capítulo

propio del Derecho del Trabajo y se denomine Derecho del Trabajo

Procesal y no, como suele hacerse, Derecho Procesal del Trabajo.

272 Mesa Redonda sobre El Derecho Laboral Procesal en Iberoamérica en Anuario

2012, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,

Barquisimeto, Febrero 2013, pp.103-173.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

560

Por mi parte sostuve:

“El Derecho es un sistema de normas integrado y no es un sistema

compuesto por compartimientos estancos. Con base en lo anterior,

es posible afirmar que existe un solo derecho procesal destinado a

garantizar la vigencia efectiva del sistema jurídico sustantivo y que

regula una de las funciones fundamentales del Estado: la jurisdiccio-

nal. Esta afirmación no va en desmedro de que el Derecho Procesal

contemple normas especializadas para la actuación de las diversas

ramas del derecho material.”

Cité la opinión del procesalista colombiano Devis Echandía

quien afirma:

“El derecho procesal es uno solo, puesto que regula en general la

función jurisdiccional del Estado y sus principios fundamentales son

comunes a todas sus ramas. Sin embargo, de acuerdo con la natura-

leza de las normas en conflicto o cuya aplicación se solicita, puede di-

vidirse en derecho procesal civil, penal, contencioso-administrativo,

del trabajo, coactivo o fiscal (...) La evolución del derecho en general

conduce lógicamente hacia su especialización y diversificación a

medida que se complican y se transforman los fenómenos sociales,

de todo orden que debe regular. Esto opera con mayor razón en el

derecho procesal. Pero su unidad exige que se estudien en conjunto y

con un criterio común sus principios generales, y esta es la razón del

curso de la teoría general del proceso”273.

Concibiendo así la unidad del proceso, la misma no cons-

tituye una merma a la especificidad del Derecho del Trabajo (o

a su autonomía) ni a la del proceso laboral; tampoco un intento

de mantenerlo encadenado al derecho común, sino que se funda

en la necesidad de darle un mayor rigor científico e integridad,

de tal manera que, atendiendo a sus particulares necesidades,

273 Hernando DEVIS ECHANDÍA. “Compendio de Derecho Procesal Civil. ABC

Bogotá 1.985. T.I, p.7.

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

561

pueda nutrirse de los aportes de la Teoría General del Proceso, lo

que le permitirá emplear –con las modalidades que surgen de la

aplicación de los postulados propios del Derecho del Trabajo- la

normativa general elaborada con base en la misma, así como la

jurisprudencia construida a partir de sus principios.

En este orden de ideas se puede señalar que las garantías

procesales establecidas por los textos constitucionales, son total-

mente aplicables al proceso laboral, de manera que, así como en

el orden sustantivo se habla de derechos laborales inespecíficos

para referirse a derechos que le corresponden al trabajador como

ciudadano y que no se derivan específicamente de su relación

de trabajo sino de una consagración general en la constitución

o en la ley, de igual manera existen garantías procesales que no

son específicas del proceso laboral, pero que se aplican al mismo

por ser propias de todo proceso en un Estado de Derecho. Del

examen de tales garantías en las constituciones de la región,

puede concluirse que las principales son las siguientes:

IV. Garantías procesales constitucionales.

IV.1. El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

172. El derecho de acceder a la justicia y de que ésta preste

al justiciable una tutela efectiva de sus derechos está consagrado

por las constituciones de muchos países. En América Latina

podemos citar los textos constitucionales de Bolivia (Art. 115

I ), Colombia (Art.. 87), Cuba (Art. 92); Ecuador (Arts. 75 y

86),Guatemala (Art. 29), Honduras, (Art. 82), México (Art.

17), Panamá (Art. 217), Perú (Art. 139 Núm. 16), República

Dominicana (Art. 69) y Venezuela (Art. 26).

El artículo 26 de la constitución venezolana define muy

claramente ambas garantías:

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

562

“Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de

administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses,

incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a

obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,

idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,

equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o

reposiciones inútiles”.

La aplicación de estas garantías tiene gran importancia en

el ámbito laboral, dado que, en la generalidad de los casos, el

trabajador se encuentra en desventaja frente al empleador en

cuanto a sus posibilidades de costear un juicio y de asumir sus

riesgos. Por ello en esta materia estas garantías suelen comportar

no solo el carácter gratuito de la administración de justicia, sino

también la existencia de abogados públicos gratuitos para asistir

a los trabajadores. El carácter efectivo de la tutela jurisdiccional

laboral debe expresarse mediante un proceso simplificado y

breve, que permita una sentencia oportuna. En ese sentido se

han venido orientando las recientes reformas procesales laborales

en la región.

IV.2. El derecho a la defensa.

173. El derecho a la defensa es piedra angular de todo

proceso justo. El fin último de la justicia y la seguridad jurídica

no se logra si las partes en el proceso, tanto empleador como el

trabajador cuando nos referimos al ámbito laboral, no tienen

la oportunidad de ejercer plenamente su defensa. Por ello esta

garantía suele tener consagración en los textos constituciona-

les, siendo de advertir que algunas constituciones parecerían

dirigirse únicamente al ámbito penal, no obstante lo cual han

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

563

sido aplicados más allá del mismo. En América Latina podemos

citar las constituciones de Argentina (Art. 18); Brasil (Art. 5

XXXVIII A) y Art. 115 I); Bolivia (Art. 115 II); Chile (Art.

19); Ecuador (Arts. 75 y 86); Guatemala (Art. 12); Haití (Art.

24.3); Honduras, (Art. 82); Nicaragua (Art. 34.4); Panamá (Art.

22); Paraguay (Art. 17.5); Perú (Arts. 2 y 131.14); República

Dominicana (Art. 69) y Venezuela (Art. 49).

De los anteriormente referidos textos constitucionales el

que hace un más amplio desarrollo del contenido y alcances

del derecho a la defensa es el artículo 75 de la Constitución del

Ecuador que dice:

“Art. 75: (…)

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes

garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna

etapa o grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la prepa-

ración de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de

condiciones.

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actua-

ciones del procedimiento.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación,

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o

por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o in-

térprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia

el procedimiento.

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

564

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su

defensora o defensor.

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes;

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser

considerados para este efecto.

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a compa-

recer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio

respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por

comisiones especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos,

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados

se consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán

sancionados.

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los

que se decida sobre sus derechos.”

IV.3. El debido proceso.

174. Una de las principales protecciones que el Estado de

Derecho otorga al ciudadano contra las posibles arbitrariedades

del poder público es el debido proceso. Arturo Hoyos lo define

como:

“una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a

las partes en todo proceso- legalmente establecido y que se desarrolle

sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

565

un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente

e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y de las

manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas

relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas

por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consa-

grados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes

a derecho, de manera que las partes puedan defender efectivamente

sus derechos.”274

En relación con el debido proceso Domingo Gil afirma:

“El debido proceso es, pues, el reconocimiento de un derecho fun-

damental a la acción procesal y a un proceso de garantías. Por eso

ha de concluirse, en este sentido, que este proceso tiene un doble

componente: en un primer momento, el derecho al proceso, es

decir, el derecho de acceso a un proceso, a ser oído para reclamar o

defender un derecho o situación jurídica o la determinación de una

obligación , y, en un segundo momento, ya en ocasión del proceso,

el derecho al respeto de una serie de derechos esenciales que tienen

por propósito fundamental la preservación del derecho de igualdad

procesal de las partes y del derecho de defensa, así como la efectividad

del proceso mismo con relación a lo que constituye su razón de ser,

un instrumento para el reconocimiento de los derechos sustantivos,

para hacerlos efectivos cuando su ejercicio presente dificultades. Estos

últimos podrían ser llamados los derechos en el proceso.”275

Las constituciones de Colombia (artículo 29) y República

Dominicana (Art. 69) sintetizan el contenido del debido pro-

ceso en términos casi idénticos: nadie podrá ser juzgado sino

conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante

juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de

las formas propias de cada juicio. Este principio fundamental

274 Arturo HOYOS, El debido proceso: una introducción doctrinal, jurisprudencial y

de derecho comparado, Cultural Portobelo, Panamá, 2009.

275 Domingo GIL, ob. cit, en la nota 40, p. 17.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

566

del proceso en un Estado democrático está consagrado por las

constituciones de Bolivia (Art.115 IV); Brasil (Art. 5 LIV.); Co-

lombia (Art.29); Cuba (Art. 92); Ecuador (Art. 76); Guatemala

(Art. 12); Haití (Art. 24.1); Panamá (Art. 32); Perú (Art. 139.3);

República Dominicana (Art. 69) y Venezuela (Art. 49).

Las consecuencias del debido proceso son explicitadas por

las constituciones de Cuba y Venezuela:

El artículo 94 de la constitución cubana dice:

“Artículo 94: Toda persona, como garantía a su seguridad jurí-

dica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial

como en el administrativo y, en consecuencia, goza de los derechos

siguientes:

a) disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos en

que interviene como parte;

b) recibir asistencia jurídica para ejercer sus derechos en todos los

procesos en que interviene;

c) aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de

aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido;

d) acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, en

los casos que corresponda;

e) no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de

autoridad competente o sentencia firme de tribunal;

f) interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las

resoluciones judiciales o administrativas que correspondan;

g) tener un proceso sin dilaciones indebidas; y

h) Obtener reparación por los daños materiales y morales e indem-

nización por los perjuicios que reciba.”

El artículo 49 de la constitución venezolana dice:

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones

judiciales y administrativas; en consecuencia:

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

567

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo

estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene

derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga,

de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios

adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas

mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada

culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones esta-

blecidas en esta Constitución y la ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo

contrario.

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,

con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado

legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial

establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda

comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales

en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías esta-

blecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá

ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga,

ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones

creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o decla-

rar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de

ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones

que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes

preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos

hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o

reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial,

retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

568

la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o

de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de

actuar contra éstos o éstas.”

IV.4. El amparo o tutela de los derechos constitucionales.

175. Hemos señalado que una de las consecuencias impor-

tantes de la constitucionalización del Derecho del Trabajo es

que, en aquellos países en los cuales funciona un especial sistema

de protección de los derechos constitucionales, integrado tanto

por la jurisdicción constitucional propiamente dicha como por

tribunales de variada competencia por la materia que en deter-

minadas circunstancias actúan como jueces constitucionales,

los derechos laborales consagrados constitucionalmente pasan a

estar protegidos por ese especial sistema.

Dentro del sistema especializado de protección de las garantías

constitucionales la acción de amparo tiene especial importancia.

En América Latina varias constituciones consagran la acción

de amparo, la cual en Colombia se denomina tutela, en Chile y

en Ecuador protección y en Brasil mandado de segurança. En el

Capítulo III de esta obra se hace referencia específica a este tema.

V. Conclusiones

Primera: El desarrollo del Derecho del Trabajo en muchos

países determinó la incorporación de sus principios fundamen-

tales a las constituciones de los Estados, lo cual les da valor de ga-

rantías fundamentales que éstos establecen para sus ciudadanos.

Esta situación es especialmente relevante en América Latina.

Segunda: En América Latina el tema procesal laboral ha to-

mado especial importancia como consecuencia de la reacción frente

un proceso laboral lleno de vicios y deficiencias. Así, una nueva una

corriente de reformas procesales laborales que se han producido en

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

569

varios países latinoamericanos desde inicios del siglo XXI ha venido

impulsando el cambio de un sistema de juicio escrito, desconcentra-

do y carente de principios formativos concordantes con el Derecho

del Trabajo, por un nuevo proceso laboral predominantemente oral,

concentrado y por audiencias, con la presencia inmediata y prota-

gónica del juez, quien debe estar personalmente en las audiencias y

dirigirlas, pudiendo actuar de oficio sin necesidad de requerimiento

de las partes y que debe dictar su decisión al final de la audiencia que

ha presenciado y dirigido.

Tercera: La unidad del proceso, no descarta la existencia

de procesos especiales y por tanto no constituye una merma a

la especificidad del Derecho del Trabajo (o a su autonomía) ni

a la del proceso laboral, sino que se funda en la necesidad de

darle un mayor rigor científico e integridad, de tal manera que,

atendiendo a sus particulares necesidades, pueda nutrirse de los

aportes de la Teoría General del Proceso. Ello favorece que las

garantías procesales establecidas por los textos constitucionales

sean totalmente aplicables al proceso laboral. Así como en el

orden sustantivo se habla de derechos laborales inespecíficos

para referirse a derechos que le corresponden al trabajador como

ciudadano y que no se derivan específicamente de su relación de

trabajo sino de una consagración general en la constitución o en

la ley, de igual manera existen garantías procesales que no son

específicas del proceso laboral, pero que se aplican al mismo por

ser propias de todo proceso en un Estado de Derecho.

Cuarta: Del examen de las constituciones de la región,

puede concluirse que las principales garantías que contribuyen

al logro de los objetivos de la justicia laboral son las siguientes:

a) El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

b) El derecho a la defensa.

c) El debido proceso.

d) El amparo o tutela de los derechos constitucionales.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

570

APÉNDICE DEL CAPÍTULO VII

TEXTOS CONSTITUCIONALES

I

NORMAS CONSTITUCIONALES

SOBRE PROCESO LABORAL

BOLIVIA

“Artículo 50.- El Estado, mediante tribunales y organismos admi-

nistrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de

las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos

los de la seguridad industrial y los de la seguridad social.”

COLOMBIA

“Artículo 48.-La ley establecerá un procedimiento breve para la

revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las conven-

ciones y laudos arbitrales válidamente celebrados. (Texto vigente a

consecuencia del artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2005)”

COSTA RICA

“Artículo 70.- Se establecerá una jurisdicción de trabajo, depen-

diente del Poder Judicial.”

EL SALVADOR

“Artículo 49. Se establece la jurisdicción especial de trabajo. Los

procedimientos en materia laboral serán regulados de tal forma

que permitan la rápida solución de los conflictos. El Estado tiene la

obligación de promover la conciliación y el arbitraje, de manera que

constituyan medios efectivos para la solución pacífica de los conflictos

de trabajo. Podrán establecerse juntas administrativas especiales de

conciliación y arbitraje, para la solución de conflictos colectivos de

carácter económico o de intereses.”

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

571

GUATEMALA

“Artículo 103.- Todos los conflictos relativos al trabajo están

sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas co-

rrespondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas

en práctica.”

HONDURAS

“Artículo 134.- Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo,

todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones

entre patronos y trabajadores. La ley establecerá las normas corres-

pondientes a dicha jurisdicción y a los organismos, que hayan de

ponerlas en práctica.”

PANAMÁ

“Artículo 77.- Todas las controversias que originen las relaciones

entre el capital y el trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del

trabajo, que se ejercerá de conformidad con lo dispuesto por la Ley.”

PARAGUAY

“Artículo 256 - DE LA FORMA DE LOS JUICIOS

Los juicios podrán ser orales y públicos, en la forma y en la medida

que la ley determine.

Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en

la ley. La crítica a los fallos es libre.

El proceso laboral será total y estará basado en los principios de

inmediatez, economía y concentración.”

VENEZUELA

“Disposición Transitoria Cuarta: “Dentro del primer año,

contado a partir de su instalación, la Asamblea Nacional aprobará:

2. Una ley orgánica procesal del trabajo que garantice el funcio-

namiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y

la protección del trabajador o trabajadora en los términos previstos

en esta Constitución y en las leyes. La Ley Orgánica Procesal del

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

572

Trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad,

oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la

equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso.”

II

GARANTÍAS PROCESALES

a) El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

BOLIVIA

“Artículo 115°. I. Toda persona será protegida oportuna y efecti-

vamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e

intereses legítimos.”

COLOMBIA

“Artículo 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial

para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto adminis-

trativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la

autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.”

CUBA

“Artículo 92. El Estado garantiza, de conformidad con la ley, que

las personas puedan acceder a los órganos judiciales a fin de obtener

una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Las decisio-

nes judiciales son de obligatorio cumplimiento y su irrespeto deriva

responsabilidad para quien las incumpla.”

ECUADOR

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia

y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses,

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones

judiciales será sancionado por la ley.

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

573

Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por

las siguientes disposiciones:

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o na-

cionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución.”

GUATEMALA

“Artículo 29.- Libre acceso a tribunales y dependencias del

Estado. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependen-

cias y oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus

derechos de conformidad con la ley.

Los extranjeros únicamente podrán acudir a la vía diplomática en

caso de denegación de justicia.

No se califica como tal, el solo hecho de que el fallo sea contrario a

sus intereses y en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales

que establecen las leyes guatemaltecas.”

HONDURAS

“Artículo 82.- Los habitantes de la República tienen libre acceso a los

tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”

MÉXICO

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma,

ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando,

en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

PANAMÁ

“Artículo 217.- La Ley arbitrará los medios para prestar asesora-

miento y defensa jurídica a quienes por su situación económica no

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

574

puedan procurárselos por si mismos, tanto a través de los organismos

oficiales, creados al efecto, como por intermedio de las asociaciones

profesionales de abogados reconocidas por el Estado.”

PERÚ

“Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de

la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos,

en los casos que la ley señala.”

REPÚBLICA DOMINICANA

“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda perso-

na, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho

a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso

que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen

a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con

anterioridad por la ley;

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como

tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia

irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena

igualdad y con respeto al derecho de defensa;

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma

causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexis-

tentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con

observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

575

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El

tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo

la persona condenada recurra la sentencia;

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas.”

VENEZUELA

“Artículo 26.- Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de

administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses,

incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a

obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial,

idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,

equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o

reposiciones inútiles.”

b) El derecho a la defensa

ARGENTINA

“Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado

sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni

juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados

por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado

a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden

escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio

de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como

también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y

una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá

procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para

siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tor-

mento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,

para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y

toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

576

más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la

autorice.”

BRASIL

“Artículo 5 XXXVIII A) y 115, 1):

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização

que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa; LV - aos litigantes, em processo judicial ou

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditó-

rio e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inherentes”

BOLÍVIA

“Artículo 115

I. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones.”

CHILE

“Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:

1º.- Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que

la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, res-

tringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido

requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de

Orden y seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente

a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus

respectivos estatutos.

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa

jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley

señalará los casos y establecerá la forma en que las personas natu-

rales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica

gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta

Constitución y las leyes.

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

577

Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser

asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no

nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.”

ECUADOR

“Art. 75.7.-

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna

etapa o grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la prepa-

ración de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de

condiciones.

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actua-

ciones del procedimiento.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación,

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o

por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o in-

térprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia

el procedimiento.

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su

defensora o defensor.

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes;

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser

considerados para este efecto.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

578

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a compa-

recer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio

respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por

comisiones especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No ha-

brá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos

que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las

servidoras o servidores responsables serán sancionados.

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los

que se decida sobre sus derechos.”

GUATEMALA

“Artículo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus

derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de

sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal

ante juez o tribunal competente y preestablecido.

Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secre-

tos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.”

HAITÍ

“Artículo 24. Para que el mandato de arresto o detención sea

ejecutado es necesario:

3. Que se notifique al detenido de su derecho de ser asistido por un

abogado en todas las fases de la instrucción de caso hasta la decisión

definitiva.”

HONDURAS

“Artículo 82.- El derecho de defensa es inviolable.

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

579

I. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones.”

NICARAGUA

“Artículo 34.- Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condi-

ciones, a las siguientes garantías mínimas:

1. A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabi-

lidad conforme a la ley.

2. A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido

por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de su

juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción.

3. A ser sometido al juicio por jurados en los casos determinados por

la ley. Se establece el recurso de revisión.

4. A que se garantice su intervención y defensa desde el inicio del

proceso y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa.

5. A que se le nombre defensor de oficio cuando en la primera

intervención no hubiera designado defensor o cuando no fuere

habido, previo llamamiento por edicto. El procesado tiene derecho a

comunicarse libre y privadamente con su defensor.

6. A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o

no habla el idioma empleado por el tribunal.

7. A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra su cónyuge

o compañero en unión de hecho estable, o sus parientes dentro del

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni a confe-

sarse culpable.

8. A que se le dicte sentencia dentro de los términos legales en cada

una de las instancias del proceso. A recurrir ante un tribunal supe-

rior a fin de que su caso sea revisado cuando hubiese sido condenado

por cualquier delito.

9. A no ser procesado nuevamente por el delito por el cual fue conde-

nado o absuelto mediante sentencia firme.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

580

10. A no ser procesado ni condenado por acto u omisión que, al

tiempo de cometerse, no esté previamente calificado en la ley de

manera expresa e inequívoca como punible, ni sancionado con pena

no prevista en la ley. Se prohíbe dictar leyes proscriptivas o aplicar al

reo penas o tratos infamantes.

El proceso penal deberá ser público. El acceso de la prensa y el público

en general podrá ser limitado por consideraciones de moral y orden

público.

El ofendido será tenido como parte en los juicios, desde el inicio de

los mismos y en todas las instancias.

*Artículo reformado por Ley Nº 192 de 1995.”

PANAMÁ

“Artículo 22. Toda persona detenida debe ser informada inmedia-

tamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su

detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.

Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a

que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad

en juicio público que le haya asegurado todas las garantías estable-

cidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese

momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales

y judiciales.

La Ley reglamentará esta materia.”

PARAGUAY

“Artículo 17 - De Los Derechos Procesales

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse

pena o sanción, toda persona tiene derecho a:

5. que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su

elección;

6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no

disponer de medios económicos para solventarlo;”

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

581

PERÚ

“Artículo 2

Toda persona tiene derecho:

A la legítima defensa.

Artículo 131. -Principios

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y

por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho

a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a

ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier

autoridad.

Artículo 139º Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de

la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos,

en los casos que la ley señala.”

REPÚBLICA DOMINICANA

“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda perso-

na, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho

a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso

que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen

a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con

anterioridad por la ley;

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como

tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia

irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena

igualdad y con respeto al derecho de defensa;

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

582

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma

causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexis-

tentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y

con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada

juicio;

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El

tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo

la persona condenada recurra la sentencia;

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas.”

VENEZUELA

“Artículo 49.- El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones

judiciales y administrativas; en consecuencia:

La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo

estado y grado de la investigación y del proceso.

1. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los

cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiem-

po y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las

pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.

2. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo,

con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.

3. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo

contrario.

4. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,

con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado

legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial

establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda

comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.”

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

583

c) El debido proceso

BOLIVIA

“Artículo 115

I. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”

BRASIL

“Artículo 5.-

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o

devido processo legal”

COLOMBIA

“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuacio-

nes judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto

que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia

de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la de-

fensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, du-

rante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público

sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las

que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,

y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del

debido proceso.”

CUBA

“ARTÍCULO 94. Toda persona, como garantía a su seguridad

jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

584

como en el administrativo y, en consecuencia, goza de los derechos

siguientes:

a) disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos en

que interviene como parte;

b) recibir asistencia jurídica para ejercer sus derechos en todos los

procesos en que interviene;

c) aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión

de aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido;

d) acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial,

en los casos que corresponda;

e) no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de

autoridad competente o sentencia firme de tribunal;

f) interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las

resoluciones judiciales o administrativas que correspondan;

g) tener un proceso sin dilaciones indebidas; y

h) obtener reparación por los daños materiales y morales e in-

demnización por los perjuicios que reciba.”

ECUADOR

“Artículo 76.- En todo proceso en el que se determinen dere-

chos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho

al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garanti-

zar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución

firme o sentencia ejecutoriada.

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como in-

fracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará

una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá

juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con

observancia del trámite propio de cada procedimiento.

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

585

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Consti-

tución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia

probatoria.

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará

la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a

la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona

infractora.

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infrac-

ciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes

garantías:

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna

etapa o grado del procedimiento.

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la

preparación de su defensa.

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de

condiciones.

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previs-

tas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y

actuaciones del procedimiento.

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación,

por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o

por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un

defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o in-

térprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia

el procedimiento.

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su

defensora o defensor.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

586

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes;

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser

considerados para este efecto.

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a compa-

recer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio

respectivo.

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por

comisiones especiales creadas para el efecto.

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No ha-

brá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos

que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las

servidoras o servidores responsables serán sancionados.

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los

que se decida sobre sus derechos.”

GUATEMALA

“ARTICULO 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y

sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado

de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal

ante juez o tribunal competente y preestablecido.

Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secre-

tos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.”

HAITÍ

“Artículo24: 1. nadie puede ser perseguido, arrestado detenido sino

en los casos determinados por la Ley y según las formas que ella

prescribe”.

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

587

PANAMÁ

“Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente

y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma

causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.”

PERÚ

“Artículo 139 Principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe

ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excep-

ción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión

o delegación.

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Nin-

guna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano

jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco

puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad

de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar

sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan

el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso,

cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento

jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Nin-

guna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada

por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente

establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción

ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su

denominación.

4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley.

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos,

y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren

a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son

siempre públicos.

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa

de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

588

6. La pluralidad de la instancia.

7. La indemnización, en la forma que determine la ley, por los erro-

res judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias,

sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o defi-

ciencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales

del derecho y el derecho consuetudinario.

9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de

las normas que restrinjan derechos.

10. El principio de no ser penado sin proceso judicial.

11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de

duda o de conflicto entre leyes penales.

12. El principio de no ser condenado en ausencia.

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución

ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y

la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.

14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún

estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y

por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a

comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser ase-

sorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad.

15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmedia-

tamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de

la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos,

en los casos que la ley señala.

17. La participación popular en el nombramiento y en la revocación

de magistrados, conforme a ley.

18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que

en los procesos le sea requerida.

19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no ha sido

nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

589

órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo, bajo

responsabilidad.

20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y

críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones

de ley.

21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimien-

tos adecuados.

22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto

la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la

sociedad.”

REPÚBLICA DOMINICANA

“Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda perso-

na, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho

a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso

que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen

a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una

jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con

anterioridad por la ley;

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como

tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia

irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena

igualdad y con respeto al derecho de defensa;

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma

causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexis-

tentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con

observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;

DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO Una visión iberoamericana

590

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El

tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo

la persona condenada recurra la sentencia;

10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de

actuaciones judiciales y administrativas.”

VENEZUELA

“Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones

judiciales y administrativas; en consecuencia:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo

estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene

derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga,

de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios

adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas

mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada

culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones esta-

blecidas en esta Constitución y la ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo

contrario.

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso,

con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado

legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial

establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda

comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales

en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías esta-

blecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá

ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga,

ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones

creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o decla-

rar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente

OSCAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

591

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de

ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones

que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes

preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos

hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o

reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial,

retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de

la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o

de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de

actuar contra éstos o éstas.”