Capítulo VII. El poder judicial

• Páginas: 299-316
• Autor: Julio Brea Franco

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CAPÍTULO VII

EL PODER JUDICIAL

Entre las tres funciones del Estado encontramos la jurisdic-

cional, o sea, la función de juzgar, que consiste en el poder de

conservar y actuar el ordenamiento jurídico que lo conforma.

Esta conservación y actuación se lleva a cabo eliminando la

incertidumbre en relación a una determinada controversia (ju-

risdicción civil y administrativa) o reintegrando el orden jurídico

violado (jurisdicción penal).

En la actualidad, más que de función judicial se habla de

función jurisdiccional –término puesto en boga por el eminente

constitucionalista León Duguit– que es mucho más adecuado, en

cuanto es más genérico y puede abarcar tanto la actividad que

despliegan los tribunales de orden judicial u ordinario como los de

orden administrativo. Se denominan Tribunales de orden judicial

aquellos que conocen las causas civiles, penales y comerciales; de

orden administrativo los que conocen las controversias derivadas

de la actividad de servicio que despliega la Administración Pública.

Como ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasio-

nes, el Estado Moderno se caracteriza por la diferenciación y

especialización que presentan sus estructuras principales. Una

manifestación de este fenómeno es la clásica tridivisión de los

poderes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Cada uno de estos son

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independientes entre sí, pero debemos estar muy atentos a no

entender el término independencia en sentido absoluto. En

efecto, el Estado es un ente único que despliega una actividad

destinada a alcanzar sus fines esenciales y accidentales. Cada Po-

der es una parte del Estado, entonces, una parte no puede estar

desligada rigurosamente del todo. Por tanto, cuando los consti-

tucionalistas se refieren a la “independencia de los poderes”, esta

expresión debe entenderse en sentido relativo. Es más bien una

interdependencia: sus funciones deben estar coordinadas, pero

sin la intromisión de ninguno en los otros.

Desde el nacimiento del Estado Dominicano se consagró

constitucionalmente la existencia del Poder Judicial y su inde-

pendencia del Legislativo y del Ejecutivo.

En el presente capítulo vamos a dedicar nuestra atención a

estudiar la configuración del Poder Judicial en nuestro sistema

constitucional. Para ello, dado que nuestra Constitución no es

tan explícita como en el caso del Poder Legislativo, hay que tener

en cuenta la Ley de Organización Judicial, ya que son numerosos

los reenvíos a la ley ordinaria que realiza el texto. Sin pretender

llevar a cabo un análisis mínimamente detallado desde el pun-

to de vista orgánico, trataremos tan sólo de delinear, a grandes

trazos, las principales normas y disposiciones que lo conforman.

La Constitución dedica al Poder Judicial todo el Título VI

compuesto por seis Secciones. Estos son:

Sección I – Del Poder Judicial

Sección II – De la Suprema Corte de Justicia

Sección III – De las Cortes de Apelación

Sección IV – Del Tribunal de Tierras

Sección V – De los Juzgados de Primera Instancia

Sección VI – De los Juzgados de Paz

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De estos institulados podemos captar fácilmente cuales

son los órganos principales que componen la Judicatura. Todos

estos tribunales son independientes entre sí, así como también,

con respecto a cualquiera otra autoridad, en cuanto al ejerci-

cio de sus funciones judiciales. Ahora bien, en lo relativo a su

funcionamiento interior y a la conducta que deben observar sus

miembros, están sometidos al poder disciplinario de su máximo

organismo tal y como lo establece la ley.

1. Disposiciones generales sobre el Poder Judicial:

Arts. 107, 108, 109.

Por ser disposiciones de carácter general debemos referir-

nos ante todo a los Arts. 107, 108 y 109. En el primer de estos

Artículos -que estudiaremos con mayor detalle en el apartado

relativo al derecho electoral dominicano- se establece que el pe-

ríodo constitucional tiene una duración de cuatro años a partir

del 16 de Agosto. Como los jueces son designados (Art. 23) por

el Senado, se entiende también que son elegidos por el período

constitucional. Ahora bien, para dar continuidad a la adminis-

tración de la Justicia, se establece que una vez vencido el período

para el cual fueron designados los Jueces, estos permanecerán

en sus cargos hasta que el Senado haga las nuevas designaciones

para el período que se inicia. Cuando un juez cesa en el ejercicio

de su cargo por muerte, renuncia, destitución, inhabilitación u

otra causa, el Juez que lo sustituye permanecerá en el ejercicio

de sus funciones hasta completar el período constitucional es

colectivo para todos los funcionarios electivos.

Los Jueces son elegidos por el Senado y este modo de

designación asume la naturaleza de una elección de segundo

grado. Esta interpretación se puede deducir de algunos artícu-

los de nuestro texto constitucional. En efecto, el inciso 5 del

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Art. 23, que se refiere al Juicio Político, se expresa, en relación

a los jueces, del siguiente modo: “Las disposiciones contenidas

en este artículo no excluyen la autoridad de la Suprema Corte

de Justicia para suspender o destituir los miembros del Poder

Judicial’’. Esto significa que también los jueces son considerados

funcionarios electivos y, por tanto, sujetos a la institución del

Juicio Político.

Lo mismo ocurre si analizamos el Art. 52 que se refiere a la

sustitución temporal o definitiva del Presidente de la República

cuando éste y el Vicepresidente falten antes o después de haber

tomado posesión de sus cargos. El funcionario sustituto, el Pre-

sidente de la Suprema Corte de Justicia, debe ser “la persona

que elija el Senado para ejercer” estas funciones, en su primera

sesión, que deberá efectuarse el 16 de Agosto. La palabra “ele-

gir” utilizada en este Artículo, como también en el Artículo 23,

permite reforzar la afirmación de que los jueces son funcionarios

elegidos mediante un mecanismo indirecto. De más estaría seña-

lar que los senadores que eligen a los Jueces, son los electos, no

los senadores salientes.

El Artículo 108 declara que ninguna función o cargo públi-

co contemplado en la Constitución y las Leyes es incompatible

con cargos honoríficos y docentes. Entonces podemos decir

que el cargo de juez tampoco lo es, pero sí con cualquiera otra

función en la Administración Pública. Por último, el Art. 109

consigna que la Justicia se administrará gratuitamente en todo el

territorio de la República.

2. La Suprema Corte de Justicia.

La Suprema Corte de Justicia es el órgano superior del

Poder Judicial. Está compuesta por nueve jueces que son elegi-

dos por el Senado, quien en el momento de la elección señala

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también cuál de los jueces desempeñará el cargo de Presidente

de la Corte, al igual que el primer y segundo sustituto, que son

los que reemplazan al Presidente en cas de falta o impedimiento

temporal.

Como la Suprema Corte es un órgano colegiado, para reu-

nirse, deliberar y fallar válidamente se requiere como quórum las

dos terceras partes (2/3) de los miembros, esto es, el voto de seis

jueces. Debe reunirse en sesión un mínimo de tres veces por se-

mana pero podrá hacerlo adicionalmente cuantas veces lo exijan

los asuntos pendientes. En el caso de que no pueda sesionar o

constituirse por falta de quórum, éste podrá completarse con los

Presidentes o Jueces de las Cortes de Apelación que reúnan los

requisitos constitucionales exigidos para ser Juez de la Suprema

Corte.

Según el Art. 65, para ser juez de la Suprema Corte de Jus-

ticia, se requiere:

a) Ser dominicano de nacimiento u origen. No pueden por

tanto, ser jueces de este tribunal los dominicanos por

naturalización;

b) Tener como edad mínima 35 años;

c) Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políti-

cos;

d) Ser licenciado o doctor en Derecho;

e) Haber ejercido la profesión de abogado por lo menos

durante 12 años, o haber desempeñado, por igual tiem-

po, las funciones de Juez de una Corte de Apelación,

de un Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de

Tierras. También puede serlo quien haya desempeñado

las funciones de representante del Ministerio Público

ante esos mismos tribunales por igual período. Estos

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períodos son acumulables, es decir, si un abogado ha

ejercido la profesión, por ejemplo, durante 5 años y pos-

teriormente se desempeña por 7 años como juez de uno

de los tribunales a que hemos aludido, estará calificado

constitucionalmente para juez del más alto Tribunal.

Como ya dijimos en general, también es el cargo de Juez de

la Suprema Corte de Justicia es incompatible con cualquiera otra

función o empleo público, asalariado o no, con excepción del

profesorado y de los cargos que dimanen de la Ley Electoral. El

funcionario judicial que acepta otro cargo público renuncia ipso

facto del cargo judicial que desempeña. Nótese que el Juez de la

Suprema Corte no puede ni siquiera aceptar un cargo honorífi-

co. Esta es una ulterior especificación a lo establecido para todos

los funcionarios públicos elegidos.

La Suprema Corte de Justicia tiene un secretario y dos al-

guaciles que son nombrados por el Poder Ejecutivo y pueden

ser destituidos por causa justificada. Tiene también todos los

empleados que determine la Ley de gastos públicos, los cuales

son también nombrados por el Ejecutivo.

Tanto la Constitución de la República como la Ley de

Organización Judicial, los Códigos de Procedimientos Civil y

Criminal y la Ley de Casación confieren a la Suprema Corte

Justicia una serie de atribuciones muy importantes. Las atribu-

ciones de carácter constitucional, a las que nos limitaremos son

las siguientes:

a) Conocer en única instancia las causas penales seguidas a

los siguientes funcionarios:

– Presidente y Vicepresidente de la República;

– Senadores y Diputados;

– Secretarios y Subsecretarios de Estado;

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– Jueces de la Suprema Corte de Justicia,

– Procurador General de la República;

– Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de

Apelación;

– Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de

Tierras;

– Los miembros del Cuerpo Diplomático nacional;

– Los miembros de la Junta Central Electoral y de la

Cámara de Cuentas.

Este privilegio de jurisdicción que se le confiere a estos

funcionarios se refiere únicamente, repetimos, a las causas pe-

nales, y sólo puede llevarse a cabo durante el período en que

están en funciones. Este privilegio de jurisdicción no debe ser

confundido con el Juicio Político. Este último se aplica a todos

los funcionarios públicos electivos cuando hayan cometido faltas

graves en el ejercicio de sus funciones o por mala conducta. Este

proceso, que ya expusimos, se puede concluir únicamente con

la destitución o no del cargo del funcionario; pero posterior-

mente el ex – funcionario puede ser sometido a los tribunales

ordinarios. En cambio, el conocimiento en única instancia de

las causas penales de los funcionarios especificados más arriba,

se refiere a cualquiera de las infracciones que éstos cometan

en el período en que ejercen sus funciones. Tal fue el caso, por

ejemplo, del Vicepresidente González Tamayo, elegido para el

período presidencial 1963-67, cundo lesionó involuntariamente

con su vehículo a una persona. La Suprema Corte de Justicia fue

apoderada del conocimiento de la causa.

b) Conocer de los recursos de casación de conformidad con

la ley. El recurso de casación tiene por finalidad controlar

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la legalidad de las decisiones de los demás tribunales y

cortes. Esto significa que la Suprema Corte de Justicia no

es un tercer grado de jurisdicción. Sólo se limita a deter-

minar si las formalidades prescritas han sido observadas,

y si la Ley en que se fundamenta la sentencia sobre la que

se hace el recurso, ha sido aplicada correctamente. Por

esto se dice que ella juzga en derecho y no en hecho. Este

recurso de casación fue introducido en nuestra Consti-

tución en la reforma de 1908.

c) Conocer en último recurso de las causas cuyo conoci-

miento en primera instancia competa a las Cortes de

Apelación.

d) Ejercer la más amplia autoridad disciplinaria sobre todos

los miembros del Poder Judicial pudiendo imponer la

suspensión o destitución en la forma que determine la ley.

e) Trasladar provisional o definitivamente de una juris-

dicción a otra, cuando así lo repute conveniente, a los

jueces de las Cortes de Apelación, de los Tribunales de

Primera Instancia, a los de Jurisdicción Original del

Tribunal de Tierras, a los de Instrucción, a los de Paz

y a todos los demás jueces de los tribunales que sean

creados por la ley.

De la Ley No. 821 de 1927, Ley de Organización Judicial,

Art. 29, se desprenden otras importantes atribuciones de la Su-

prema Corte de Justicia que no examinaremos en estas notas

introductorias a la Constitución Dominicana.

3. Procurador General de la República.

En su Art. 66 la Constitución prevé la existencia ante la

Suprema Corte de Justicia de un magistrado administrativo con

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el nombre de Procurador General de la República, que tiene la

misma categoría que el Presidente de la Suprema Corte de Jus-

ticia. En lo relativo a las atribuciones, deberes y prerrogativas, se

reenvía a la ley ordinaria para su determinación.

Entre las atribuciones del Procurador General de la Repú-

blica podemos señalar la persecución de las infracciones cuyo

castigo corresponde a los tribunales judiciales y la protección

de los derechos de los incapaces y de los ausentes. Su esfera de

acción está circunscrita a la competencia y jurisdicción de la Su-

prema Corte de Justicia, ante la cual ejerce sus funciones.

Para ser designado Procurador General de la República se

requieren las mismas condiciones para ser Juez de la Suprema

Corte. La ley establece la creación de funcionarios que actúen

como sustitutos del Procurador General ante la Suprema Corte

de Justicia. Tanto el Procurador como sus sustitutos son nom-

brados por el Presidente de la República, pero como la Constitu-

ción guarda silencio, se puede colegir que la ley puede disponer

otro modo de designación.

4. Las Cortes de Apelación.

Las Cortes de Apelación y el Tribunal Superior de Tierras

ocupan la segunda categoría en el cuadro de los órganos que

constituyen el Poder Judicial en nuestro ordenamiento jurídico.

El Art. 68 de la Constitución establece que deben existir por

lo menos cinco Cortes de Apelación para toda la República. Para

la determinación de los Distritos Judiciales a que corresponde

cada Corte se reenvía a la ley ordinaria. En la actualidad existen

nueve Cortes de Apelación con asiento en:

– Santo Domingo;

– San Francisco de Macorís;

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– Santiago de los Caballeros;

– San Pedro de Macorís;

– San Juan de la Maguana;

– San Cristóbal;

– Barahona;

– La Vega; y

– Montecristi.

Cada una de estas Cortes está compuesta por cinco Jueces.

Todos estos Jueces son elegidos por el Senado, quien dispone

también cuál de ellos, en cada Corte, deberá ocupar la Presi-

dencia y quienes serán el Primer y el Segundo sustituto para

reemplazar al Presidente en caso de falta o impedimento. En el

caso de cesación de un Juez investido con una de estas calidades,

el Senado elegirá un nuevo Juez con la misma calidad o atribuirá

ésta a otro de los Jueces.

Para ser Juez de una de las Cortes de Apelación, la Consti-

tución, en su Art. 69, define los requisitos de elegibilidad. Estos

son:

a) Ser dominicano. Como no se especifica, como en el caso

de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia que deben

ser dominicanos de nacimiento u origen, se entiende que

también los dominicanos por naturalización pueden ser

Jueces de estos tribunales;

b) hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y polí-

ticos;

c) ser Licenciado o Doctor en Derecho;

d) haber ejercido la profesión de abogado durante cua-

tro años, o haber desempeñado, por igual tiempo, las

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funciones de Juez de un Tribunal de Primera Instancia,

representante del Ministerio Público ante los Tribunales

o Juez de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras.

También en este caso, los períodos en que se hubiesen

ejercido la abogacía y las funciones judiciales, podrán

acumularse.

El Ministerio Público está representado en cada Corte de

Apelación por un Procurador General o por los sustitutos que

la ley pueda crearle, todos los cuales deberán reunir las mismas

condiciones y llenar los mismos requisitos de los Jueces de estas

Cortes.

En cuanto a las atribuciones de las Cortes de Apelación, la

Constitución, en su Art. 71, se refiere a las principales:

a) Conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por

los Juzgados de Primera Instancia;

b) Conocer en primera instancia de las causas penales se-

guidas a los siguientes funcionarios:

– Jueces de Primera Instancia.

– Jueces de Jurisdicción Original del Tribunal de Tie-

rras;

– Jueces de Instrucción;

– Procuradores Fiscales;

– Gobernadores Provinciales.

c) Conocer de los demás asuntos que determinen las Leyes

y el Art. 33 de la Ley de Organización Judicial.

Las Cortes de Apelación se reúnen todos los días labora-

bles a partir de las nueve de la mañana. Tienen la obligación

de celebrar por lo menos tres audiencias públicas por semana y

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pueden reunirse, deliberar y fallar válidamente con un quórum

de tres Jueces. En las audiencias es indispensable la presencia

del Procurador General de la Corte (o uno de sus sustitutos)

quien actúa como representante del Ministerio Público, así

como también se requiere la presencia del Secretario y del Al-

guacil de Estrados.

5. Tribunal Superior de Tierras y Tribunales de

Jurisdicción Original.

Desde la reforma constitucional de 1924, los Tribunales

de Tierra figuran en nuestra Carta Fundamental, pero para la

determinación de sus atribuciones, ésta reenvía a la ley ordinaria.

Sus funciones principales son las siguientes:

a) Conocer de los procedimientos relativos al sanea-

miento y registro de todos los terrenos, construccio-

nes y mejoras permanentes o de cualquier interés en

los mismos;

b) conocer de los procedimientos para la mensura, deslinde

y partición de los terrenos comuneros;

c) conocer de la depuración de los pesos o títulos de accio-

nes que se refieran a terrenos comuneros;

d) conocer de las lítis sobre derechos registrados.

El Tribunal de Tierras está formado por un Tribunal Supe-

rior de Tierras y por Tribunales de Jurisdicción Original. Entre

las atribuciones más importantes del Tribunal Superior de Tie-

rras, encontramos las siguientes:

a) Revisar de oficio todas las órdenes, decisiones o fallos

dictados por los Jueces de Jurisdicción Original, salvo las

excepciones previstas en la ley de Registro de Tierras;

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b) conocer en audiencia pública de las apelaciones que se

interpongan contra dichas órdenes, decisiones o fallos.

El Tribunal Superior de Tierras, que tiene su asiento en la

Capital de la República, está compuesto por un Presidente y

cinco Jueces elegidos por el Senado. Para ser Presidente o Juez de

este Tribunal se requieren las mismas condiciones que para ser

Juez de una Corte de Apelación.

Para el conocimiento y fallo de los asuntos, el Presidente del

Tribunal asigna, para cada caso, tres Jueces entre quienes puede

incluirse. Todos los asuntos son resueltos por mayoría de votos.

Si falta accidentalmente uno o más Jueces del Tribunal Supe-

rior, para poder constituirse se suple con Jueces de Jurisdicción

Original designados por el Presidente del Tribunal Superior. En

todas las audiencias que celebra el Tribunal es indispensable la

asistencia del Secretario o de su representante, y del Abogado del

Estado en las causas penales.

Las funciones principales de los Tribunales de Jurisdicción

Original consisten en conocer, en primer grado, de todos los

asuntos que competen al Tribunal de Tierras, con excepción de

los que específicamente están asignados al Tribunal Superior de

Tierras.

Los Tribunales de Jurisdicción Original están integrados

por un solo Juez que es elegido por el Senado. Estos Tribunales

tienen su asiento en:

– Santo Domingo;

– Santiago;

– La Vega;

– San Cristóbal;

– Azua;

– San Juan de la Maguana;

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– San Pedro de Macorís;

– Barahona;

– Moca;

– Montecristi;

– El Seybo;

– Puerto Plata; e

– Higüey.

En algunas de estas localidades existe más de un Juez de

Jurisdicción Original. Pero hay que especificar que podrá haber

tantos Jueces como fueren necesarios y lo permita la Ley de Gas-

tos Públicos.

Para ser Juez de Jurisdicción Original es necesario reunir las

siguientes condiciones:

a) Ser dominicano;

b) estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

c) ser Licenciado o Doctor en Derecho;

d) haber ejercido la profesión de abogado durante dos años,

o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de

Juez de Paz o Fiscalizador.

Las audiencias de estos tribunales son presididas por el Juez

de Jurisdicción Original, asistido por el Secretario o un represen-

tante. En todas las causas penales que conozcan estos tribunales

es indispensable la asistencia del Abogado del Estado o de uno

de sus ayudantes.

6. Juzgados de Primera Instancia.

En el Art. 73, nuestra Constitución establece que en cada

Distrito Judicial habrá un Juzgado de Primera Instancia con

El Sistema Constitucional Dominicano

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las atribuciones que le confiere la ley. Los Juzgados de Primera

Instancia están compuestos por un Juez elegido por el Sena-

do y las ausencias accidentales son suplidas por los Jueces de

Paz de su jurisdicción, designados por la Corte de Apelación

correspondiente. Se reenvía a la ley ordinaria para la determi-

nación del número de Distritos Judiciales, así como también

para determinar el número de Cámaras en que pueden divi-

dirse los Juzgados de Primera Instancia. Cada Distrito Judicial

corresponde a una Provincia y en todas existe un Juzgado de

Primera Instancia con plenitud de jurisdicción, con excepción

de Santo Domingo, Duarte, Santiago y La Vega que están

divididos en varias Cámaras Civiles y Comerciales, de Trabajo

y Penales.

Para ser Juez de Primera Instancia se requiere:

a) Ser dominicano;

b) estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

c) ser Licenciado o Doctor en Derecho; y

d) haber ejercido la profesión de Abogado durante dos años

o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de

Juez de Paz o de Fiscalizador.

Entre las funciones principales de los Juzgados de Primera

Instancia, podemos mencionar:

a) Conocer, como Tribunal de primer grado, de todos los

asuntos de carácter criminal y de aquellos delitos cuya

competencia no le haya sido atribuida a los Juzgados de

Paz;

b) conocer de las apelaciones de las sentencias de los

Juzgados de Paz, cuando estuvieren sujetas a ese re-

curso;

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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c) fijar fianzas a los inculpados que se ven privados de su

libertad por la comisión de delitos de carácter correccio-

nal;

d) conocer de los demás asuntos que le están atribuidos por

las leyes especiales.

Los Juzgados de Primera Instancia tienen audiencia todos

los días hábiles a partir de las nueve de la mañana. Estas son

presididas por el Juez y, en ellas, es necesaria la presencia del Pro-

curador Fiscal, o de uno de sus ayudantes, excepto para algunos

casos, quien es ante dichos Juzgados el representante del Minis-

terio Público. Igualmente deben estar presentes el Secretario y

Alguacil de Estrados.

7. Juzgados de Instrucción.

La Constitución no se refiere sino de pasada a los Juzgados

de Instrucción. Estos juzgados tienen facultad para instruir y

calificar los procesos de los que son apoderados por el Ministe-

rio Público, cuando el hecho tiene las características de crimen,

como primera fase del expediente en materia criminal. Cuando,

por el contrario, no existen cargos suficientes de culpabilidad,

el Juez de Instrucción dicta un auto de “no ha lugar”, y dis-

pone que el procesado sea puesto en libertad inmediatamente.

Cuando instruyen la sumaria correspondiente y estima que en el

caso hay cargos suficientes de culpabilidad contra el procesado,

dictan una “Providencia calificativa” y los envía ante el Tribunal

Criminal para que sea juzgado conforme a las leyes.

En cada Distrito Judicial hay por lo menos un Juzgado de

Instrucción, compuesto por un Juez. Estos juzgados están, en

cuanto a las funciones de Policía Judicial, bajo la supervigilancia

del Procurador General de la Corte de Apelación de su Jurisdic-

ción. Los Jueces de Instrucción son elegidos por el Senado de la

El Sistema Constitucional Dominicano

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República y las ausencias accidentales son suplidas por los Jueces

de Paz de su Jurisdicción, previa designación por auto emanado

del Juez de Primera Instancia.

Para ser Juez de Instrucción se requieren las mismas condi-

ciones que para ser Juez de Primera Instancia.

8. Juzgados de Paz.

Hasta la reforma constitucional de 1947, los Juzgados de

Paz se denominaban Alcaldías y sus titulares eran nombrados

por el Presidente de la República; pero a partir de ese año se

estableció que debían ser elegidos por el Senado.

Los Juzgados de Paz están compuestos por un Juez y dos

Suplentes. En el Distrito Nacional y en cada Municipio habrá

los Juzgados de Paz que fueren necesarios, de acuerdo con la

ley.

Para ser Juez de Paz o Suplente se requiere:

a) Ser dominicano;

b) estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y polí-

ticos;

c) ser abogado. En los Municipios donde no sea posible ele-

gir o designar abogados para desempeñar las funciones

Juez de Paz no es necesaria ésta condición. Excepto en el

Distrito Nacional y en los municipios cabeceras de Pro-

vincia, donde estas funciones deben ser necesariamente

desempeñadas por abogados.

Sus atribuciones principales son, entre otras:

a) Conocer de todos los asuntos de simple policía y algunas

infracciones de carácter correccional en que la ley le atri-

buye competencia;

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b) conocer, como Juzgado de Trabajo y Tribunal de Primer

Grado, de las demandas o lítis laborales surgidas entre

los trabajadores y los patronos;

c) conocer de los demás asuntos que le están atribuidos por

leyes especiales.1

1 Para consulta del apéndice al capítulo VII, refiérase a la 2da. edición de CENAPEC,

1986, Santo Domingo República Dominicana.