Capítulo XII. La reforma constitucional

• Páginas: 387-414
• Autor: Julio Brea Franco

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CAPITULO XII

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Hemos dicho que la Constitución Dominicana cae dentro

de la categoría de las constituciones rígidas, es decir, aquellas

constituciones que solo pueden ser reformadas por un procedi-

miento que ellas mismas establecen, que se diferencia del que se

sigue para formación de las leyes ordinarias.

Reforma Constitucional es la actividad normativa desplega-

da para modificar total o parcialmente una constitución rígida,

valiéndose del procedimiento que ella misma establece. Esta

actividad puede ser realizada:

a) por un órgano especial de reforma constitucional como

sería una Asamblea Revisora, una Asamblea Constitu-

yente, etc.;

b) por un órgano constitucional ordinario, pero utilizando

procedimiento más complejos y dificultados.

Se ha denominado constitución rígida, en el sentido estrecho,

aquella que es solo reformable por un órgano especial, como, por

ejemplo, el texto constitucional de 1947 que previa una Asamblea

Revisora compuesta por representantes elegidos especialmente para

ese fin. Las constituciones modificables por un órgano ordinario,

pero con procedimiento más complejos, se denominan semi-rígidas.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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1.- La Constitución Dominicana: semi-rígida.

La Constitución vigente consagra en el Titulo XIII, Art. 116

al 120 el procedimiento de reforma constitucional, la rigidez de

nuestra Constitución se halla enunciada en el Art. 120 que reza:

“La reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma

que indica ella misma, y no podrá jamás ser suspendida ni anula-

da por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones

populares”.

Pero considerada rigurosamente, la nuestra es una Cons-

titución semi-rígida. En efecto, el órgano autorizado y compe-

tente para la reforma constitucional es la Asamblea Nacional,

formada, como sabemos, por los diputados y los senadores. Este

es un órgano constitucional ordinario en cuanto se le confieren

otras atribuciones constitucionales. Es decir, no tiene como atri-

bución única y especial la de reformar la Constitución.

Esta tesis podría ser criticada, ya que en nuestro texto cons-

titucional vigente se puede advertir una cierta ambigüedad en

lo relativo a la Asamblea Nacional. En efecto, en los Artículos

29 y 35, párrafo I Y II, nuestra Constitución habla de Asamblea

Nacional o Reunión Conjunta de las Cámaras. En base a esto, se

podría alegar que Asamblea Nacional y Reunión Conjunta son

dos cosas diferentes, esto es, dos órganos constitucionales con

atribuciones distintas. Entonces, según este razonamiento, la de

reforma constitucional y la Reunión Conjunta de las Cámaras

tendría las demás atribuciones que establece la Constitución.

En otras palabras, la Asamblea Nacional y la Reunión Conjunta

de las Cámaras no tendría las mismas funciones, existiendo una

diferencia en el grado de las mismas.

Esta tesis está edificada en un terreno muy arcilloso, pues,

aunque el texto constitucional es ambiguo, se puede interpretar

sin dudas que no existe una dualidad de órganos, sino que, por

El Sistema Constitucional Dominicano

389

el contrario, la expresión Reunión Conjunta es sinónimo de

Asamblea Nacional. Además, la costumbre constitucional segui-

da en nuestro país fortalece esta consideración. Por consiguiente,

Asamblea Nacional y Reunión Conjunta es el mismo órgano y

no existen diferencias en sus atribuciones. Entonces podremos

llegar a la conclusión de que la Asamblea Nacional no es un

órgano especial de reforma constitucional, a diferencia de lo

establecido por otros textos que si establecían órganos especiales

de reforma.

En hecho de que, en el transcurso de nuestra evolución

constitucional, la Carta Fundamental haya sido reformada en

numerosas ocasiones, no debe inducirnos a cometer el error de

afirmar que la nuestra es una constitución flexible. En efecto,

complejidad del procedimiento de modificación. Es decir, es

una categoría jurídica que no puede ser utilizada con criterios

políticos, o sea, extra-jurídicos.

2.- El procedimiento de reforma constitucional en la

República Dominicana.

El procedimiento de reforma constitucional consagrado

en nuestra Carta Fundamental está articulado en una serie de

etapas y fases. Veamos:

I- Procedimiento de formación de la Ley de Revisión Consti-

tucional:

a) Iniciativa;

b) Aprobación en la Cámara de Origen;

c) Aprobación en la Cámara Revisora;

d) Promulgación;

e) Publicación.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

390

II- Deliberación y aprobación por la Asamblea Nacional:

a) Estudio de las reformas propuestas por una Comisión

Ad-hoc;

b) Deliberación por el plenario;

c) Proclamación de la reforma;

d) Publicación.

3.- EL proceso de formación de la Ley de Revisión

Constitucional.

La Constitución se puede ser reformada si no es con el

acuerdo de una y otra cámara. Este acuerdo se expresa por medio

de una Ley de Revisión Constitucional que declara la necesidad

de modificarla, determinando los artículos objeto de las refor-

mas y los motivos que la justifican. Esta motivación debe abarcar

artículo por artículo.

La iniciativa para proponer una Ley de revisión constitucio-

nal esta restringida, a diferencia del derecho de iniciativa para las

leyes ordinarias. En efecto, solo la tienen:

- El Poder Ejecutivo; (Ver apéndice XII-1).

- La tercera parte de los miembros de la Cámara de Dipu-

tados (40) o del Senado (9); (Ver apéndice XII-2).

En cuanto a la aprobación por parte de la Cámara de Ori-

gen y la Cámara Revisora, se sigue el mismo procedimiento que

el utilizado por las leyes ordinarias, no requiriéndose, por tanto,

ningún tipo de mayoría calificada.

También la promulgación la realiza el Presidente de la

República, quien, a diferencia del procedimiento ordinario,

no puede objetar la ley de revisión. Una vez promulgada, la

ley es publicada en los plazos establecidos por la Constitución.

El Sistema Constitucional Dominicano

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Así culmina el proceso o iter legislativo de la ley que propone

una reforma constitucional y entonces se pasa a la Asamblea

Nacional.

4.- Carácter jurídico de la Ley de Revisión Constitucional.

La Ley de Revisión Constitucional tiene un carácter jurídi-

co sui generis. En efecto:

- No constituye una decisión definitiva sobre la reforma,

sino más bien una propuesta de reforma;

- No puede ser objetada por el Poder Ejecutivo, lo que

constituye la única excepción a esta facultad que se con-

fiere al Presidente de la República. Esta prohibición le

transmite a la ley un atributo excepcional y se explica en

cuanto que la reforma constitucional es una acción del

Congreso Nacional;

- Una vez aprobada la ley para la deliberación de las refor-

mas propuestas, la Asamblea Nacional se deberá reunir

dentro de los 15 días a contar de la fecha de la publica-

ción de la Ley (Art. 117).

5.- Deliberación y aprobación de la Asamblea Nacional.

En relación al procedimiento y a las fases de la deliberación

sobre las modificaciones propuestas por la Asamblea Nacional,

la Constitución no establece ni describe el procedimiento que

debe seguirse. Por esta razón, la Asamblea Nacional se rige por

normas de tipo consuetudinario aceptadas como imperativas en

nuestro Derecho Constitucional. En base a estos precedentes,

podemos describir, aunque sea sucintamente, las fases del proce-

so de deliberación en las reformas propuestas.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

392

En primer lugar, la Asamblea Nacional precede a designar

una Comisión ad-hoc compuesta por miembros notoriamente

letrados y con formación jurídica para estudiar preliminarmente

las reformas propuestas y producir un informe que es dirigido a

la plenaria.

Una vez hecho esto, la Asamblea Nacional se aboca a la

deliberación de las reformas, adaptando, para sus trabajos, el

Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, por ser esta la

Cámara legislativa más numerosa, por lo cual las normas de or-

den parlamentario que contempla son más adecuadas. Para que

pueda sesionar válidamente se requiere un quorum de la mitad

más uno de los miembros de cada Cámara. Para poder deliberar

se exige una mayoría calificada de las dos terceras partes (2/3) de

los presentes, es decir, un mínimo de cuarenta y nueve (49) votos

favorables. Las reformas son sometidas a una doble discusión,

artículo por artículo, y hasta donde sea posible, frase por frase.

Una vez concluidas las discusiones y aprobadas o rechazadas

las reformas propuestas, la Asamblea Nacional, en función de

Asamblea Revisora, procede ella misma a proclamar la reforma y

a publicar el texto íntegro de la Constitución con las modifica-

ciones incluidas. Como puede notarse, en nuestros países se ha

seguido un sistema diferente al utilizado en los Estados Unidos,

donde las reformas se agregan al texto original en forma de en-

mienda. Esta es una de las causas de la Común confusión que se

desprende de la afirmación de que en la República Dominicana

hemos registrado 35 constituciones. En verdad, hemos tenido

una sola Constitución que ha sido modificada numerosas veces,

aun si esta es una hipótesis que amerita ser analizada con detalle

y profundidad en cuanto embiste el problema de la continuidad

constitucional dominicana.

Proclamado y publicado el nuevo Texto Constitucional, la

Asamblea Nacional remite todos los documentos y actas, rela-

El Sistema Constitucional Dominicano

393

tivos a la reforma, al Archivo General de la Nación, para que

sea conservados y estén a disposición del público que los desee

examinar.

Una cuestión que ha generado opiniones diferentes es si la

Asamblea Revisora puede proceder a reformar otros artículos que

no hayan sido incluidos en la Ley de Revisión Constitucional.

Pensamos que el órgano revisor no puede modificar ningún artí-

culo que no sea incluido en la ley-propuesta, pero a pesar de que

resulta difícil pensar en su existencia, si creemos que la Asamblea

puede proceder eliminar las contradicciones no previstas que

podrían dimanar de los artículos reformados.

6.- Límite explícito para la reforma constitucional: la

Forma de Gobierno.

Antes de finalizar este breve análisis acerca del procedi-

miento de reforma constitucional consagrado en nuestra Carta

Sustantiva, debemos referirnos al Art. 119 que establece que:

“Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno que

deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representa-

tivo”.

Como puede apreciarse estés es un límite explícito de

reforma constitucional. Ahora bien, ¿Qué valor jurídico tiene

esta prohibición de reforma? A decir verdad, la cuestión ha sido

muy debatida. Algunos tratadistas de Derechos Constitucional

afirman que tiene un valor absoluto, es decir, la Constitución

no puede ser reformada en esta parte especifica. Otros, con una

argumentación más sólida, le conceden solo un valor relativo.

Los que se suman a la primera orientación arguyen que un

órgano dotado de poder normativo (es decir, de crear normas y

leyes), puede emanar determinadas disposiciones que impidan

jurídicamente que un órgano sucesor (dotado, por ende, del

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

394

mismo poder) pueda modificarlas o abrogarlas. Esta es la tesis.

Pero resulta muy endeble. Y esto por tres rezones fundamentales.

En primer lugar, por lógica jurídica, una norma constitu-

cional posterior puede abrogar una norma anterior de la misma

calidad. Esto es en base al principio de la no contradicción. Pero

hay más: por necesidad práctica, los ordenamientos constitucio-

nales están sujetos a evolución, en cuanto pretender regular una

sociedad que se encuentra en un continuo cambio. Si una Cons-

titución no es más que una superestructura de un conglomerado

social, cambiara en la medida que este cambie. Entonces, es

insostenible que una constitución no pueda ser reformada –aun

cuando ella lo prohíba– cuando, por ejemplo, la mayoría del

pueblo manifieste este deseo y esa voluntad. Por otra parte, la

experiencia vivida por los principales sistemas constitucionales,

como nos enseña el Derecho Constitucional Comparado, re-

fuerza adicionalmente esta interpretación.

Por consiguiente, los limites explícitos de reforma constitu-

cional, como el que consideramos, no tienen un valor jurídico

absoluto. Es que no pueden tenerlo. Si algún valor se le quisiera

reconocer, este será relativo y más de naturaleza política que ju-

rídica. Esta es nuestra opinión y conclusión en lo que respecta

al Art. 119.

395

APENDICE AL CAPITULO XII

1- Proyecto de Ley de Revisión Constitucional sometido por el

Presidente Joaquín Balaguer al Congreso Nacional el 15 de

agosto de 1974 por intermedio del Senado de la República.

El presente proyecto de ley fue tomado en consideración

por una comisión especial presidida por el Dr. Ángel

Salvador Méndez Feliz, Senador por la Provincia Inde-

pendencia y compuesta además por los Senadores: César

Brache Viñas, de La Vega; Dr. Marino Ariza Hernán-

dez, del Distrito Nacional; Dr. Antonio José Lalane, de

Samaná y Dr. Miguel Ángel Acta Fadul por San Pedro

de Macorís. La comisión celebro vistas públicas pero el

proyecto cayo al no ser discutido ni votado dentro de los

plazos constitucionales.

JOAQUIN BALAGUER

Núm. 22833 Santo Domingo de Guzmán, D.N.

15 de agosto de 1974

Al Presidente

Del Senado,

Ciudad.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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Señor Presidente:

En virtud de las disposiciones de los artículos 116, 117 y

118 de la Constitución de la República, me permito someter a la

consideración del Congreso Nacional, por órgano de esa alta Cá-

mara de su digna presidencia, el anexo proyecto de ley mediante

el cual se declara la necesidad de reformar la Constitución de la

República en sus artículos 8, 49, 51, 55, incisos 7, 8, 11; 63 y

107, la supresión de los artículos 121 al 124.

Las reformas propuestas a los referidos artículos tienen por

objeto lo siguiente:

Con la modificación al artículo 8 se persigue elevar a

principios constitucionales las disposiciones que aseguren que

las parcelas asignadas dentro de los proyectos de la Reforma

Agraria, permanezcan en manos de los agricultores a los cua-

les ha sido entregadas por el Instituto Agrario Dominicano y,

además, asegurar la salvaguardia, con carácter de permanencia,

de la riqueza forestal de la República Dominicana. Sobre esos

principios deberá acomodarse posteriormente la legislación que

se dicte, en interés no solamente de la economía forestal, sino de

la economía nacional en su conjunto.

La reforma propuesta del artículo 24, tiene por objeto au-

mentar el número de habitantes que da lugar a la elección de un

Diputado en cada Provincia, de cincuenta mil o fracción de más

de veinticinco mil, que es la fórmula que rige actualmente, por

la de cien mil o fracción de cincuenta mil, para evitar el aumento

excesivo que se viene produciendo en el número de miembros

de la Cámara de Diputados, como consecuencia de la explosión

demográfica que sufre el país.

Con la reforma propuesta el artículo 49, se satisfacen recla-

mos de un aparte de la opinión pública, que considera excesivo

el ejercicio reiterado del Poder Público por una misma persona.

El Sistema Constitucional Dominicano

397

Iguales consideraciones se tomaron en cuenta al proponer la

modificación del artículo 51 de la Constitución.

La razón de la modificación del inciso 7 del artículo 55, está en

conceder al Poder Ejecutivo las mismas atribuciones basándose en

el principio de que el Ejecutivo es un Poder de Estado al igual que el

Legislativo, por lo que debe tener las mismas atribuciones que este

último en los momentos de peligro de alteración de la paz pública.

En el caso de reforma del inciso 8 del artículo 55, se trata

solamente de corregir un error de orden material

La modificación al inciso 11 del artículo 55, tiende a esta-

blecer que cada Regidor de un Ayuntamiento tenga su Sustituto,

y que cuando ocurran vacantes de Regidor y Suplentes conco-

mitantemente, el Poder Ejecutivo pueda escoger el Sustituto co-

rrespondiente, de la terna que postuló al Regidor sin necesidad

de esperar, como actualmente, a que haya agotado el número de

Suplente elegidos.

La adición de los dos Párrafos al artículo 63 y la modi-

ficación del artículo 107, se justifican para dar el carácter de

inamovilidad a los Jueces, conquista acariciada por los hombres

de leyes de la República.

Finalmente, se propone la supresión de los artículos 121

al 124, por tratarse de Disposiciones Transitorias que ya han

surtido sus efectos.

Espero, pues, que los señores legisladores, en atención a la

transcendencia de las modificaciones propuestas, acogerán el

proyecto de ley anexo, que declara la necesidad de reformar la

Constitución de la República en los textos ya indicados y que, en

consecuencia, convoquen a la Asamblea Nacional, para conocer

de las mismas.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD,

Joaquín Balaguer

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

VISTOS los artículos 116, 117 y 118 de la Constitución de

la República,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO:

ART. 1.- Se declara la necesidad de reformar la Constitu-

ción de la República, en sus artículos 8, 24, 49, 51, 55, incisos

7, 8 y 11; 63 y 107, y la supresión de los Artículos 121 al 124.

ART. 2.- El objeto de la reforma al Art. 8 es para sustituir el

actual literal b) del inciso 13 por este texto:

“b) Las tierras adquiridas por el Estado para destinarlas a

la Reforma Agraria, solo se entregarán a agricultores de escasos

recursos. La transferencia de estas tierras no podrá realizarse, ni

aun por sucesión, a menos que se trate de agricultores de escasos

recursos que califiquen a juicio del Instituto Agrario Dominica-

no, para los fines de la Reforma Agraria. Toda transferencia reali-

zada en contravención de estas disposiciones, será nula, de pleno

derecho, y la propiedad de la parcela reentrará al patrimonio del

Instituto Agrario Dominicano para una posterior asignación, sin

compensación alguna ni al cedente ni al cesionario”.

Asimismo, se agregará a dicho artículo, un literal c), con el

siguiente texto:

“c) La Naturaleza ha de ser conservada y protegida. Los re-

cursos naturales como aguas, suelos, flora y fauna, forman parte

del patrimonio nacional, por lo que su conservación, protección

y racional aprovechamiento, se declara de preeminente interés

público y social”.

El Sistema Constitucional Dominicano

399

Igualmente, se añadirá un literal d) que exprese lo siguiente:

“d) La propiedad forestal y los derechos sobre las tierras

forestales públicas o privadas, estarán sujetos a las restricciones

y limitaciones en interés público que por ley se establezcan. El

corte la exploración y el aserrío de la madera, constituyen un

monopolio del Estado”.

Finalmente, el actual literal b), que tiene el siguiente texto:

“b) El Estado podrá convertir sus empresas en propiedades de

cooperación o economía cooperativista.”, pasará a ser literal e).

Con la modificación propuesta al artículo 8 en la forma

indicada, se persigue elevar a principios constitucionales las

disposiciones que aseguren que las parcelas asignadas dentro

de los proyectos de la Reforma Agraria, permanezcan en manos

de los agricultores a los cuales les han sido entregadas por el

Instituto Agrario Dominicano y, además, asegurar la salvaguar-

dia, con carácter de permanencia, de la riqueza forestal de la

República Dominicana. Sobre esos principios deberá acomo-

darse posteriormente la legislación que se dicte, en interés no

solamente de la economía forestal, sino de la economía nacio-

nal en su conjunto.

ART. 3.- Se propone sustituir el actual artículo 24, con el

siguiente texto:

“Art. 24.- La Cámara de Diputados se compondrá de miem-

bros elegidos cada cuatro años por el pueblo de las provincias y

del Distrito Nacional, a razón de uno por cada cien mil habitan-

tes o fracción de más de cincuenta mil, sin que en ningún caso

sean menos de dos”.

La reforma propuesta tiene por objeto aumentar el número

de habitantes que dan lugar a la elección de un Diputado en

cada Provincia, de cincuenta mil o fracción de más de veinticin-

co mil, que es la fórmula que rige actualmente, pro la de cien

mil o fracción de más de cincuenta mil, para evitar el aumento

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

400

excesivo que se viene produciendo en el número de miembros

de la Cámara de Diputados, como consecuencia de la explosión

demográfica que sufre el país.

Siendo nuestro sistema legislativo bicameral, con un Sena-

do y una Cámara de Diputados, de los cuales el primer Cuerpo

se compone de un miembro elegido por cada Provincia y por el

Distrito Nacional, no se justifica que el número de Diputados

crezca desproporcionadamente, sobre todo si se tienen en cuenta

razones de orden económico.

ART. 4.- Se propone, además la reforma el artículo 49 de

la Constitución, para agregar el texto vigente la frase siguiente:

“La persona elegida para Presidente de la República, no po-

drá ser reelecta para ese cargo, ni electa para la Vicepresidencia,

en el período constitucional siguiente”.

Con esta reforma, se satisfacen reclamos de una parte de la

opinión pública que considera excesivo el ejercicio reiterado del

Poder Público por una misma persona.

ART. 5.- Se propone la modificación del artículo 51, para

que rija con el siguiente texto:

“Art. 51.- Habrá un Vicepresidente de la República, que será

elegido en la misma forma y por igual período que el Presidente

y juntamente con este. Para ser Vicepresidente de la República

se requieren las mismas condiciones que para ser Presidente. La

persona elegida para Vicepresidente de la República, no podrá

ser relecta para ese cargo, en el período constitucional siguiente”.

Esta modificación se basa en las mismas consideraciones

que motivan la modificación propuesta del artículo 49.

ART. 6.- Se propone la reforma del inciso 7 del artículo 55,

a fin de que rija con el siguiente texto:

“7.- En caso de alteración de la paz pública, decretar, donde

aquella exista, el estado de sitio y suspender el ejercicio de los

derechos que según el artículo 37, inciso 7 de esta Constitución,

El Sistema Constitucional Dominicano

401

se permite al Congreso suspender; podrá también, en caso de

que la soberanía nacional se encuentre el peligro grave e inmi-

nente, declarar el estado de emergencia nacional, con los efectos

y requisitos indicados en el inciso 8 del mismo artículo. En caso

de calamidad pública podrá, además, decretar zonas de desastres

aquellas en que se hubieren producido daños, ya sea a causa de

meteoros, sismos, inundaciones o cualquier otro fenómeno de la

naturaleza, así como consecuencia de epidemias”.

La razón de esta modificación está en conceder el Poder

Ejecutivo las mismas atribuciones que tiene el Congreso Nacio-

nal, aunque este se encuentre reunido. Siendo el Ejecutivo un

Poder de Estado al igual que el legislativo, debe tener las mismas

atribuciones que este último en los señalados casos, sobre todo si

se tiene en cuenta la urgencia necesaria en tomar esas medidas en

los momentos de peligro de alteración de la paz pública.

ART. 7.- Se propone la modificación del inciso 8 del artícu-

lo 55, para que rija con el siguiente texto:

“8.- En caso de violación de las disposiciones cometidas en

los apartados a) y d) del inciso 11 del artículo 8 de esta constitu-

ción que perturben o perturbar el orden público o la seguridad

del Estado o el funcionamiento regular de los servicios públi-

cos o de utilidad pública o impidan el desenvolvimiento de las

actividades económicas, el Presidente de la República adoptará

las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias para

conjurar la emergencia, debiendo informar al Congreso de esa

emergencia y de las medidas adoptadas”.

Se trata solamente de aprovechar la reforma constitucional

propuesta, para corregir un error de orden material. Como se

advierte, la intención fue referirse al inciso 11 del artículo 8,

y no al 10, expresa al texto constitucional vigente, lo cual se

comprueba con la simple lectura del inciso 10 del artículo 8, el

cual no tiene ningún literal.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

402

ART. 8.- La reforma al inciso 11 del artículo 55, consiste en

sustituir al texto vigente por este otro:

“11.- Cuando ocurran vacantes en los cargos de regidores o

Síndicos Municipales o del Distrito Nacional, y estén vacantes

también los cargos de los suplentes de los Síndicos Municipales

o del Distrito Nacional, o los de los Suplentes correspondientes a

cada uno de los Regidores, el Poder Ejecutivo escogerá el sustitu-

to, de la terna que le someterá el Partido que postuló el Regidor

o Sindico que originó la vacante. La terna deberá ser sometida

al Poder Ejecutivo, dentro de los 15 días siguientes al de la ocu-

rrencia de la vacante; de no ser sometida dicha terna el indicado

plazo el Poder Ejecutivo hará la designación correspondiente”.

Con esta nueva fórmula propuesta, se trata de evitar que el

Poder Ejecutivo solo pueda escoger el sustituto de un Regidor

cuando “se hayan agotado el número de Suplentes elegidos”,

esto es, de todos los Suplentes, no importa cuál Partido los haya

postulado, como ocurre actualmente, sino que esto se produzca

cuando ocurran vacantes simultáneas o concomitantes de cada

regidor y su suplente respetivo.

ART. 9.- Se agregan dos Párrafos al artículo 63, con el si-

guiente texto:

“Párrafo II.- Los Jueces de los Tribunales del Orden Judicial

Creados por esta Constitución y las leyes, serán inamovibles en

sus cargos.

“Párrafo III.- (Transitorio). - La disposición anterior regirá

a partir del 1ro. de enero de 1976, una vez que hayan sido depu-

rados por la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo, los

Jueces designados por el Senado de la República el 16 de agosto

del año 1974.”

Con la reforma propuesta por la cual se da el carácter de

inamovilidad a los Jueces, se logra una conquista deseada desde

hace algún tiempo por algunos sectores que propongan por el

El Sistema Constitucional Dominicano

403

establecimiento de la carrera judicial, a fin de que al frente de los

Tribunales de la Justicia, estén Magistrado probos, capacitados

y honestos.

ART. 10.- Se modifica el artículo 107, para que rija con el

siguiente texto:

ART. 107.- El Ejercicio de todos los funcionarios electivos,

sea cual fuere la fecha de su elección, terminará uniformemente

el 16 de agosto, de cada cuatro años, fecha en que se inicia el

período constitucional”.

El objeto de la reforma es suprimir del texto vigente la fra-

se “incluyendo los jueces” en razón de la inamovilidad de los

mismos, proclamada en el párrafo II que se propone agregar al

artículo 63.

ART. 11.- Finalmente, se propone la supresión de los artí-

culos 121 al 124, por tratarse de Disposiciones Transitorias que

ya han surtido sus efectos.

ART. 12.- En consecuencia, para resolver acerca de las re-

formas propuestas, la Asamblea Nacional deberá reunirse dentro

de los quince días siguientes a la publicación de la presente ley.

Dada etc………

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

404

2.- Proyecto de Ley de Revisión Constitucional sometido a la Cá-

mara de Diputados por cincuenta y uno de sus miembros y

aprobado con modificaciones el 21 de mayo de 1980.

El presente proyecto de ley fue tomado en consideración

por la Cámara celebrándose vistas públicas con la par-

ticipación de representativos de varios sectores sociales.

El texto que se ofrece a continuación fue aprobado por

el pleno y enviado al Senado donde prescribió el plazo

constitucional para su discusión.

No. 00347 Santo Domingo de Guzmán, D.N.

21 de mayo de 1980.

Señor

Juan Rafael Peralta Pérez,

Presidente del senado,

Su Despacho.

Señor Presidente:

Aprobado por la Cámara de Diputados en sesión de esta

misma fecha, tengo a bien remitir a usted para los fines cons-

titucionales, el Proyecto de Ley mediante el cual se declara la

necesidad de reforma la Constitución de la República en sus

Artículos 8, incisos 13 y 15 agradándole a el Inciso 18, Art.

21, Art. 23, Inciso 5, Art. 37 agradándole Inciso 24, Art. 49,

Art. 51, Art. 55, Inciso 11, Art. 63, Art. 78 y 107, y la Su-

presión de los Artículos 121 al 124, así como que se incluya

el artículo que crea el Tribunal de Garantías Constitucional y

la designación con su atribuciones de la Contraloría General

El Sistema Constitucional Dominicano

405

de la República, y la forma de elección de los Miembros de

Cámara de Cuentas.

Este Proyecto de reforma fue presentado por los Diputa-

dos: Fulgencio Espinal Tejada, Rafael Valera Benítez, Caonabo

Javier Castillo, Washington A. De Peña, Arturo Puig Messon,

Luis Henry Molina, Orlando Estrella Martínez, Raúl García

Bidó, Alberto Cruz Eduardo, David Olivero Segura, Carlos Pé-

rez Ricart, Guido D’Alessandro, Jacinto de los Santos, Agustín

Aquino Torres, Rafael Herminio Pichardo de León, Juan Va-

lerio Sánchez, Getulio S. Liranzo, Hipólito Fernando Tejada

Acosta, Antonio García, Dimas Felipe D´ Meza Chávez, Luis

Alfonso Rodríguez Gervasio, Juan Antonio Medina Vásquez,

Donato Fernández, Abigail Antonio de León Acevedo, Juan

Pablo Duarte, Juan de la Cruz Álvarez, José Alt. Ledesma Gue-

rrero, Juan Aquino Martínez, Félix Nicolás Sánchez Ciprián,

José Eduardo Reyes Lugo, Pedro Nitil Terrero Montes de Oca,

Andrés Rodríguez Martínez, Aquiles Hidalgo Muñoz, Pedro

Ogando, Patricio Espino Hernández, Francisco Ozorio Cas-

tillo, Jaime Reinoso Navarro, Benito Hernández Naut, Juan

Bautista Terrero Ávila, Ramón Antonio Casado Diaz, Oné-

simo Acosta Matos, Cruz Manuel Asencio Calcagño, Mirian

Méndez de Piñeyro, Terencio Cepeda, Fausto Marte Montes

de Oca, Teódulo D’Oleo Montero, Mirian de la Rosa de Ruíz,

María Antonieta Bello de Guerrero, Emilio Arté Canalda, Al-

berto Peña Vargas y el suscrito.

Atentamente,

Hatuey de Camps

Presidente de la Cámara de Diputados.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

406

CONSIDERANDO: que los comicios electorales que

culminaron con las elecciones del 16 de mayo de 1978, fueron

precedidos de promesas tendientes a la modificación de la Cons-

titución de la República;

CONSIDERANDO: que el artículo 116 de la Constitu-

ción establece que esta solamente podrá ser reformada si la pro-

posición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el

apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara

Legislativa o si es sometida por el Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO: que el artículo 117 de la Constitución

dispone que la necesidad de la reforma constitucional se declara-

ra por una ley y que esta ley, que no podrá ser observada por el

Poder Ejecutivo, ordenara la reunión de la Asamblea Nacional,

determinara el objeto de la reforma e indicara los artículos de la

Constitución sobre los cuales versara:

VISTOS los Artículos 116, 117 y 118 de la Constitución

de la República;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ART. 1.- Se declara la necesidad de reformar la Constitución

de la República, en sus artículos 8, incisos 13 y 5 agregándole el

inciso 18, Art. 21, Art. 23, inciso 5, Art. 37 agregando el inciso

24, Art. 49, Art. 51, Art. 55, inciso 11, Art. 63, Art. 78 y Art.

107 y la supresión de los artículos 121 al 124, así como que se

incluya el artículo que crea el Tribunal de Garantías Constitu-

cional y la designación con sus atribuciones de la Contraloría

General de la República, y la forma de elección de los miembros

de la Cámara de Cuentas.

ART. 2.- El objeto de la reforma al Art- 8, es para intro-

ducir nuevos literales al inciso 13 del artículo 8, después del

literal a) y que el actual literal b), pase al final como literal f),

El Sistema Constitucional Dominicano

407

además modificar el inciso 15 y agregarle a dicho artículo, el

inciso 18.

“b) Las tierras adquiridas por el Estado para destinarlas a

la Reforma Agraria, solo se entregarán a agricultores de escasos

recursos. La transferencia de estas tierras no podrá realizarse, ni

aun por sucesión, a menos que se trate de agricultores de escasos

recursos que califiquen, a juicio del Instituto Agrario Dominica-

no, para los fines de la Reforma Agraria. Toda transferencia reali-

zada en contravención de estas disposiciones, será nula, de pleno

derecho, y la propiedad de la parcela reentrará al patrimonio del

Instituto Agrario Dominicano para una posterior asignación, sin

compensación alguna ni al cedente ni al cesionario”.

“c) La naturaleza ha de ser conservada y protegida. Los re-

cursos naturales como aguas, suelos, flora y fauna, forman parte

del patrimonio nacional, por lo que su conversación, protección

y racional aprovechamiento, se declaran de preeminente interés

público y social”.

“d) La propiedad forestal y los derechos de las tierras fo-

restales públicas o privadas, estarán sujetos a las restricciones y

limitaciones en interés públicos que por ley se establezcan. El

corte, la exploración y el aserrío de la madera, constituyen un

monopolio del Estado”.

“e) Se declara que solamente las personas físicas domini-

canas tienen derecho a adquirir la propiedad de la tierra. Sin

embargo, el Congreso podrá autorizar mediante ley, cuando así

convenga al interés nacional, la adquisición de terrenos en las

zonas urbanas por personas extranjeras.

La ley podrá reglamentar el arrendamiento de terrenos a

personas físicas o morales no dominicanas, por sus propietarios

dominicanos.

La riqueza del subsuelo y de la plataforma submarina per-

tenece al Estado, quien podrá hacer concesiones para su explo-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

408

tación a nacionales o extranjeros. La propiedad del Estado sobre

los yacimientos mineros es inalienable e imprescriptible”.

“f) El Estado podrá convertir sus empresas en propiedades

de cooperación o economía cooperativista”.

PARRAFO: Se agregará el inciso 18 al artículo 8, con el

siguiente texto: “La igualdad del hombre y la mujer”.

Con la modificación propuesta al artículo 8 en la forma

indicada, se persigue elevar a principios constitucionales las dis-

posiciones que aseguren que las parcelas asignadas dentro de los

proyectos de la Reforma Agraria, permanezcan en manos de los

agricultores a los cuales les han sido entregadas por el Instituto

Agrario Dominicano y, además, asegurar la salvaguardia, con

carácter de permanencia, de la riqueza forestal de la República

Dominicana. Sobre esos principios deberá acomodarse posterior-

mente la legislación que se dicte, en interés no solamente de la

economía forestal, sino de la economía nacional en su conjunto.

ART. 3.- Se modifica el Artículo 21 de la Constitución, para

que rija con el siguiente texto:

“Art. 21.- El Senado se compondrá de miembros elegidos a

razón de uno por cada Provincia y uno por el Distrito Nacional

y su ejercicio durará un período de cuatro años.

Los Presidentes Constitucionales de la República que haya

cesado en el ejercicio de sus funciones integrarán el Senado en

condición de Senadores Vitalicios de la República”.

ART. 4.- Se modifica el artículo 23, inciso 5, de la Consti-

tución, para que rija con el siguiente texto:

“ART. 23. – Son atribuciones exclusivas del Senado de la

República:

5.- Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara

de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un

período determinado, por mala conducta o faltas graves en el

ejercicio de sus funciones. El Senado, en materia de acusación,

El Sistema Constitucional Dominicano

409

no podrá imponer otras penas que la destitución del cargo. La

persona destituida quedará sin embargo sujeta, si hubiere lugar,

a ser acusada y juzgada de acuerdo a la ley.

“El Senado no podrá destituir a un funcionario sino tras

haberle citado debidamente y se le ofrezca la libertad de asumir

su defensa en el juicio de acusación. La destitución se acordará

únicamente si lo decide por lo menos el voto de las tres cuartas

partes de sus miembros.”

Las disposiciones contenidas en este artículo no excluyen

la autoridad de la Suprema Corte de Justicia para suspender o

destituir los miembros del Poder Judicial.

ART. 5.- Se propone, además, la reforma al artículo 49 de

la Constitución, para agregar al texto vigente la frase siguiente:

“La persona elegida para Presidente de la República, no po-

drá ser reelecta para ese cargo, ni electa para la Vicepresidencia,

en el período constitucional siguiente”.

Con esta reforma, se satisfacen reclamos de una parte de la

opinión pública que considera excesivo el ejercicio reiterado del

Poder Público por una misma persona.

ART. 6.- Se propone la modificación del artículo 51, para

que rija con el siguiente texto:

“ART. 51.- Habrá un Vicepresidente de la República,

que será elegido en la misma forma y por igual período que el

Presidente y juntamente con este. Para ser Vicepresidente de la

República se requieren las mismas condiciones que para ser Pre-

sidente. La persona elegida para Vicepresidente de la República,

no podrá ser reelecta para ese cargo, en el período constitucional

siguiente”.

Esta modificación se basa en las mismas consideraciones

que motivan la modificación propuesta del artículo 49.

ART. 7.- La reforma al inciso 11 del artículo 55, consiste en

sustituir el texto vigente por este otro:

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

410

11.- Cuando ocurran vacantes en los cargos de Regidores o

Síndicos Municipales o del Distrito Nacional, y estén vacantes

también los cargos de los suplentes de los Síndicos Municipales

o del Distrito Nacional, o los de los Suplentes correspondien-

tes a cada uno de los Regidores, el Poder Ejecutivo escogerá el

sustituto, de la terna que le someterá el Partido que postuló el

Regidor o Sindico que originó la vacante. La terna deberá ser

sometida al Poder Ejecutivo, dentro de los 15 días siguientes al

de la ocurrencia de la vacante; de no ser sometida dicha terna en

el indicado plazo el Poder Ejecutivo hará la designación corres-

pondiente”.

Con esta nueva fórmula propuesta, se trata de evitar que

el Poder Ejecutivo solo pueda escoger el sustituto de un Re-

gidor cuando “se hayan agotado el número de Suplentes, no

importa cuál Partido los haya postulado, como ocurre actual-

mente, sino que esto se produzca cuando ocurran vacantes

simultaneas o concomitantes de cada regidor y su suplente

respectivo.

ART. 8.- Se modifica el artículo 63 para agregar tres nuevos

párrafos al único existente actualmente, el cual figurará en el

nuevo texto como párrafo III.-

“Párrafo I.- Por ley se establecerá la carrera judicial para

los Jueces de los Tribunales del Orden Judicial creados por esta

Constitución y las leyes, los cuales serán inamovibles en sus

cargos.”

“Párrafo II.- El Poder Judicial tendrá su propio presupuesto

anual establecido por el Poder Ejecutivo en la Ley de Gastos

Públicos. Las partidas de ese Presupuesto no podrán ser alteradas

sin el consentimiento del Presidente de la Suprema Corte de

Justicia. Tampoco se podrá, sin ese consentimiento, establecer

un presupuesto anual para el Poder Judicial que sea inferior al

del año anterior.”

El Sistema Constitucional Dominicano

411

“Párrafo III.- Los funcionarios judiciales no podrán ejercer

otro cargo o empleo público, salvo lo que se dispone en el artí-

culo 108.”

“Párrafo IV.- (Transitorio). - La disposición anterior regi-

rá a partir del 1ro. de enero de 1983, una vez que hayan sido

depurados por los Organismos que creen las leyes adjetivas, los

jueces designados por el Senado de la República el 16 de agosto

del año 1982.”

Con la reforma propuesta por la cual se da el carácter de

inamovilidad a los Jueces, se logra una conquista deseada desde

hace algún tiempo por algunos sectores que propugnan por el

establecimiento de la carrera judicial, a fin de que al frente de los

Tribunales de la Justicia, estén Magistrados probos, capacitados

y honestos.

El objeto de la reforma es suprimir el texto vigente la fra-

se “incluyendo los jueces”, en razón de la inamovilidad de los

mismos, proclamada en el párrafo I que se propone agregar al

articulo 63.

ART. 9.- Se modifica la Constitución para incluir el Articu-

lo que crea EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITU-

CIONALES.

ART. 10.- Se modifica el Artículo 78 de la Constitución

para que rija del siguiente modo:

“Art. 78.- Habrá una Cámara de Cuentas permanente

compuesta de cinco (5) miembros por lo menos, elegidos por las

Cámaras en sesión conjunta dentro de los primeros treinta días

de cada período Constitucional.

“Párrafo. - La Cámara de Cuentas tendrá carácter princi-

palmente técnico”.

ART. 11.- Se modifica la Constitución, dándole al Congre-

so la facultad para designar al Contralor General de la República

y otorgarle sus atribuciones.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

412

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.- Corresponde a la Contraloría General de la República el

control, vigencia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes

nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos.

La ley determinará la organización y funcionamiento de la

Contraloría General de la República, y la oportunidad, índole y

alcance de su intervención.

2.- Las funciones de la Contraloría General de la República

podrán extenderse por la ley a los institutos Autónomos, así como

también a las Administración Estatales o Municipales, sin menosca-

bo de la Autonomía que a estas garantiza la presente Constitución.

3.- La Contraloría General de la República es órgano au-

xiliar del Congreso en su función de control, sobre la Hacienda

Pública, y gozará de autonomía funcional en el ejercicio de sus

atribuciones.

4.-La Contraloría General de la República actuará bajo la

dirección y responsabilidad del Contralor General de la Repú-

blica. Para ser Contralor General de la República se requiere ser

dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políti-

cos, haber cumplido la edad de veinticinco años y ser Doctor o

Licenciado en Derecho, Licenciado en Economía, Licenciado en

Finanzas o Contador Público Autorizado.

5.-Las Cámaras en sesión conjunta elegirán al Contralor

General de la República dentro de los primeros treinta días de

cada período constitucional.

En caso de falta absoluta del Contralor General de la Re-

pública, las Cámaras en sesión conjunta procederán a nueva

elección para el resto del período constitucional.

La faltas temporales y accidentales del Contralor General de

la República y la interinaria, en caso de falta absoluta mientras se

provea la vacante, serán llenadas en la forma que determine la ley.

El Sistema Constitucional Dominicano

413

6.-El Contralor General de la República presentará anual-

mente al Congreso un informe sobre la actuación de la Con-

traloría o sobre la Cuenta que hayan presentado al Congreso

los organismos y funcionarios que en cualquier momento le

soliciten el Congreso o el Ejecutivo Nacional”.

ART.12.-Se agrega el inciso 24 al artículo 37 de la Consti-

tución con el siguiente texto:

24.- Nombrar, en sesión conjunta, al Contralor General de

la República y a los miembros de la Cámara de Cuentas dentro

de los primeros treinta días de cada período constitucional.

ART. 13.- Se modifica el Artículo 107, para que rija con el

siguiente texto:

“ART. 107.- El ejercicio de todos los funcionarios electivos,

sea cual fuere la fecha de su elección, determinará uniformemen-

te el 16 de agosto, de cada cuatro años, fecha en que se inicia el

período constitucional”.

ART. 14.- Finalmente, se propone la supresión de los artí-

culos 121 al 124, por tratarse de disposiciones transitorias que ya

han surtidos sus efectos.

ART. 15.- En consecuencia, para resolver acerca de las re-

formas propuestas, la Asamblea Nacional deberá reunirse dentro

de los quince días siguientes a la publicación de la presente ley.

DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados,

Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán,

Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los

veintiún días del mes de mayo del año mil novecientos ochenta;

año 137 de la Independencia y 117 de la Restauración.

Hatuey De Camps

Presidente

Emilio Arté Canalda Alberto Peña Vargas

Secretario Secretario

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

414

3.- Proyecto de Ley de Revisión Constitucional sometido a la

Cámara de Diputados por cincuenta y uno de sus miembros y

aprobado con modificaciones el 22 de diciembre de 1981.

Habiendo perimido en el Senado el anterior proyecto de

ley de reforma de la Constitución presentado el 21 de

mayo de 1980 por un grupo de diputados, la Cámara de

Diputados lo reintrodujo nuevamente el 22 de diciem-

bre de 1981. El proyecto sufrió ligeras modificaciones

que se recogen a continuación:

Acápite “e” del Art. 8 de la Constitución:

“e) La riqueza del subsuelo y de la plataforma submarina

pertenece al Estado, quien podrá hacer concesiones para su ex-

plotación a nacionales o extranjeros. La propiedad del Estado

sobre los yacimientos mineros es inalienable e imprescriptible”.

Art. 24 (modificación introducida a sugerencia del Ing.

Caonabo Javier Castillo):

“Art. 24 – La Cámara de Diputados se compondrá de

miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de las provin-

cias y del Distrito Nacional, a razón de uno por cada cincuenta

mil habitantes o fracción de más de veinticinco mil, sin que en

ningún caso sean menos de dos, y se establezca el legislador por

cociente o acumulación”.

Art. 61 y 82 (modificaciones introducías a sugerencia del

Lic. Fulgencio Espinal):

Se sustituye la denominación de Secretario de Estado por la

de Ministro.

Se sustituye la denominación de Sindico por Alcalde.