Capítulo XIII. El control de la constitucionalidad de las leyes

• Páginas: 415-436
• Autor: Julio Brea Franco

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CAPÍTULO XIII

EL CONTROL DE LA

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

Una Constitución, aparte de ser la ley de mayor jerarquía

en el ordenamiento jurídico del Estado, es sobre todo un docu-

mento político que transpira una determinada ideología y cuya

finalidad consiste en organizar el proceso político. En ella, de

acuerdo a la tradición del constitucionalismo, se establece un

orden garantizándose la libertad de acción y la independencia

de los Poderes del Estado definiéndose los límites de su ejercicio

frente a los ciudadanos para así defender la libertad y seguridad

jurídica de estos.

Las constituciones –ya lo hemos dicho- son el resultado de

un proceso de lucha por la conquista de la libertad del Estado,

en el Estado y mediante el Estado, o sea, la lucha por los dere-

chos civiles, políticos y sociales. Y si las constituciones modernas

consagran estos derecho y libertades públicas, en mayor o menor

medida dependiendo de la concepción política a la que respon-

den, resulta evidente entonces que el orden político y jurídico

que instituyen debe ser mantenido y garantizado ante eventuales

violaciones.

Es precisamente para conceder mayor perdurabilidad a

sus disposiciones, en la medida en que ello sea posible, que los

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textos constitucionales modernos son clasificables dentro de la

categoría de constituciones rígidas. Estableciendo un procedi-

miento para modificación más complejo que el utilizado para

la formación de las leyes ordinarias, se trata de asegurar que su

texto no sea reformado antojadizamente por mayorías políticas

circunstanciales.

Ahora bien, debe señalarse que complicar el mecanismo

de modificación de una constitución no es una panacea. Debe

tenerse presente lo que eminentes juristas alemanes denominan

“elasticidad o mutación Constitucional”. Esto es, los cambios

que registra una constitución sin que varié su letra. En efecto, las

leyes ordinarias, la costumbre y la misma jurisprudencia pueden

transformar sensiblemente el orden constitucional con interpre-

taciones alejadas del “espíritu” de la Carta Constitucional.

Pero aun con la conciencia de que toda constitución tiene un

cierto grado de elasticidad, por lo general todas consagran sistemas

de garantías para que sus prescripciones no sean violadas por los

detentadores de los Poderes Públicos. A estos sistemas de garantías

se le pueden denominar control de la constitucionalidad.

Para comprender la razón de ser de este control es necesario

referimos al principio de la supremacía jurídica de la Constitu-

ción. Será solo después de ello, y de pasar revista a los diferentes

sistemas por medio de los cuales se hace efectivo este control,

que estaremos en condiciones de estudiar el sistema contempla-

do en la Constitución Dominicana, tanto en el pasado como en

la actualidad. Será este, entonces, nuestro objetivo de estudio en

el presente capitulo, el conclusivo de nuestro análisis.

1- El principio de la supremacía constitucional.

Siendo la Constitución la que instituye el orden político

y jurídico de un Estado, las normas contenidas en ella tienen

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una categoría jerárquica mayor que las demás normas jurídicas.

Esto así ya que como Ley Suprema del Estado es la fuente del

poder, de las facultades y atribuciones, de los organismos del

Estado establecidos por ella. Y el ser fuente, la Constitución tie-

ne supremacía sobre las leyes adjetivas, esto es, sobre cualquier

disposición de carácter obligatorio dictada por uno cualquiera

de los Poderes del Estado.

En el ordenamiento jurídico del Estado Dominicano tie-

ne plena vigencia el principio de la supremacía constitucio-

nal. En efecto, en nuestro actual texto se encuentra consagra-

do en el Art. 46 que reza: “son nulos de pleno derecho toda

ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta

Constitución”. Como puede apreciarse esta es una nulidad

de pleno derecho que –como veremos– para que sea efectiva

requiere que sea pronunciada.

En consecuencia, en la legislación dominicana podemos ais-

lar dos categorías de normas jurídicas: las constitucionales y las

de derecho adjetivo. Las primeras, que se refieren a la organiza-

ción y estructura del Estado, se encuentran en su mayor parte en

la Constitución formal documental, pero no únicamente en ella.

En efecto, existen normas de naturaleza constitucional, material-

mente constitucionales (es decir, por su contenido no ya por su

forma) que no se encuentran codificadas en el documento. Estas

son, principalmente, las normas de formación consuetudinaria.

Las normas constitucionales se diferencian de las de derecho

adjetivo. Bajo esta denominación se incluyen las leyes dictadas

por el Congreso Nacional, las Ordenanzas, los Reglamentos y

Decretos del Poder Ejecutivo, así como las decisiones obligato-

rias de cualquier tribunal de justicia o autoridad administrativa

investida del poder de dictarlas por las Constitución y las Leyes.

La supremacía de las normas constitucionales sobre las de

derecho adjetivo puede ser: material o formal. Material, en vir-

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tud de su contenido; formal, por haber sido dictadas en la forma

prevista por la Constitución para la ley constitucional (tal como

está establecido en el Título XIII del texto vigente).

Como dijéramos en el segundo capítulo, la Constitución

Dominicana, contiene prescripciones de diferentes tipos:

obligatorias, organizativas y programáticas. Entonces, la apli-

cación del principio de la supremacía constitucional se refiere

a las prescripciones obligatorias y organizativas (que también

lo son) y no a las de índole programáticas. En efecto, para que

ello sea posible es necesario que el legislador ordinario esta-

blezca una serie de leyes adjetivas que creen las condiciones

para alcanzar los fines fijados por el Constituyente en estas

normas.

Dada esta supremacía de la Constitución, es posible que el

Poder Legislativo o el Ejecutivo dicten normas o realicen actos

que sean contrarios a las normas constitucionales obligatorias; o

que también los Tribunales o funcionarios de la Administración

Pública dicten reglas que excedan las atribuciones que ellas les

fijan. En estos casos, y para preservar el orden constitucional, es

necesario instituir un mecanismo que anule los actos viciados

por ser contrarios a la Constitución.

2.- Los órganos de control de la constitucionalidad.

Para asegurar la vigencia concreta del principio de la supre-

macía constitucional las constituciones modernas han adoptado

diversos sistemas:

a) Control ejercido por un Organo Judicial o Jurisdiccional:

1- Por vía de excepción;

2- Por vía de acción directa.

b) Control ejercido por un Organo Político (o Político-Judicial).

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1- Órgano legislativo ordinario;

2- Órgano especial.

El control de la constitucionalidad de las leyes ejercido

por un órgano judicial o jurisdiccional se le denomina también

sistema judicial. Según este, la autoridad competente para im-

pedir la aplicación de los actos contrarios a la Constitución, son

los órganos del Poder Judicial. El origen de este sistema puede

encontrarse en los Estados Unidos aun si no está formulado de

manera explícita en su Constitución.

En efecto, durante los primeros años de la República nortea-

mericana muchos autores sostuvieron que cada rama o Poder del

Estado debería ser el intérprete autorizado de todas aquellas dispo-

siciones constitucionales relativas a sus propios estatutos y poderes.

Sin embargo, el Juez Marshall, Presidente de la Suprema Corte de

Justicia Federal, se opuso firmemente a esta teoría tripartita de la

interpretación constitucional en el caso Marbury Vs. Madison de

1803. Se proclamaba así la primacía de interpretación judicial de la

Constitución. En el caso Marbury la Suprema Corte rehusó aplicar

una ley debidamente sancionada por el Congreso porque, tal como

Marshall la interpretaba, ello sería contrario a la Constitución.

El sistema de control judicial de la constitucionalidad se

puede llevar a cabo en variadas modalidades. En primer lugar,

por vía de excepción o incidental. Esto es, solo se puede alegar

la inconstitucionalidad de una ley o de un acto si este causa un

perjuicio o porque se tome una acción inconstitucional contra

los bienes o la persona de alguien. En otras palabras, la incons-

titucionalidad puede ser invocada ante los tribunales como un

medio de defensa ordinario en una controversia judicial entre

partes civiles o entre una parte civil y el Estado.

Un ejemplo puede facilitar la compresión. Si una ley dispu-

siera que una persona puede ser juzgada por un hecho cometido

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antes de su publicación estaría violando el principio de la irre-

troactividad de las leyes consagrado en el Art. 47 de la Cons-

titución. Esta ley seria claramente inconstitucional. En efecto,

este artículo establece que la ley solo dispone para el porvenir

no teniendo efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que

este bajo juicio o cumpliendo una condena. En tal caso la ley

seria claramente inconstitucional, pero para hacerla valer habría

que esperar que el sometimiento de la persona fuere conocido

por el juez competente. Sería entonces cuando la parte lesionada

podría invocarla, y el juez, acogiendo este medio de defensa,

debería declarar dicha inconstitucionalidad y proceder a anular

pura y simplemente el sometimiento. Esta anulación tiene un

efecto puramente relativo; se limita a las partes en causa.

Otra modalidad del sistema de control de la constitucionali-

dad judicial es el denominado por acción o vía directa. La acción

de inconstitucionalidad es intentada por ante los tribunales de

derecho común por los particulares o por la autoridad pública.

Si como resultado de esta acción el juez llamado a pronunciarse

reconoce que la ley no se ajusta o está reñida con la Constitu-

ción dicha ley se desploma y deja de tener validez como regla

normativa. Como puede apreciarse las consecuencias son más

amplias que en la modalidad anterior; la ley cae frente a todos y

no solamente al interesado.

Por otra parte, el mecanismo de control de la constitucio-

nalidad atribuido a un órgano político puede asumir, como ya

mencionamos, dos modalidades distintas. En una primera el

control es ejercido por el órgano legislativo ordinario (Parla-

mento o Congreso); en la segunda por un órgano especial de

naturaleza político – judicial.

La utilización del órgano legislativo ordinario (por ello se

denomina sistema congresional) se ha implantado en la mayoría

de los casos, por la convicción de que resulta adecuado atribuir

El Sistema Constitucional Dominicano

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a esta función de control a los órganos más representativos de la

voluntad popular. Ahora bien, este sistema tiene un grave incon-

veniente de que puede crear un peligroso antagonismo entre los

Poderes del Estado a detrimento de la armonía que debe primar

en el desenvolvimiento de sus funciones.

El sistema congresional es típico de países con constitu-

ción consuetudinaria, como en el caso típico de Gran Bretaña

donde la ley constitucional se diferencia de la ordinaria por el

contenido y no por la forma. Este sistema es muy poco utili-

zado en el mundo contemporáneo, y ello por la consideración

de que control de la constitucionalidad debe llevarse a cabo

mediante decisiones que, en la medida de lo posible deben ser

imparciales y objetivas completamente divorciadas de intereses

políticos particulares. El sistema congresional ha sido utilizado

también en varias Constituciones rígidas europeas como la de

Suiza de 1848 (enmendada en 1874); en la de Francia de 1875

(constitución pluridocumental) y en la Constitución Alemana

de Weimar de 1919.

Por el contrario, el establecimiento de órgano especiales de

naturaleza político-judicial para ejercer el control de la constitu-

cionalidad ha encontrado numerosas aplicaciones después de la

Primera Guerra Mundial. En efecto, varias Constituciones han

instituido órganos colegiados compuestos por miembros técni-

cos (magistrados o profesores universitarios seleccionados por su

preparación y capacidad jurídica por el Jefe del Estado o por

órgano judicial de mayor jerarquía) y miembros designados por

las Cámaras Legislativas.

Estos órganos ad-hoc de control están separados tanto del

Poder Judicial (aun si en el ejercicio de sus atribuciones utilizan

procedimientos judiciales ordinarios) como del Poder Ejecutivo

y Legislativo. Ejemplos de aplicación de este sistema podemos

encontrarlos en las Constituciones de Austria de 1919, en la

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Española de 1931, en la Alemana de 1949, en la Turca de 1924,

en la Checoslovaca de 1920 y la Italiana de 1947. En América

Latina, en la Constitución Cubana de 1940.

3- El control de la constitucionalidad en la República

Dominicana.

En la evolución constitucional dominicana aun si los cons-

tituyentes de 1844 adoptaron el sistema judicial que conviene

considerar antes de concluir con el análisis del mecanismo esta-

blecido en el actual texto constitucional.

Adoptando la acertada clasificación del jurista dominicano

Wellington Ramos Messina, estas diferentes modalidades pue-

den agruparse de la siguiente manera:

a) La primera modalidad del sistema fue la adoptada por

la Constitución de San Cristóbal que, en su Art. 125,

prohibía formalmente a los tribunales aplicar leyes in-

constitucionales.

b) La segunda consistió en establecer la prohibición, al le-

gislador ordinario, de elaborar leyes que fueran contrarias

a la letra y el espíritu de la Constitución. Esta modalidad

la encontramos establecida en los textos constitucionales

desde el de diciembre de 1854 hasta el de 1907.

c) La tercera variante del sistema consiste en la declaración

de nulidad de pleno derecho de toda ley, decreto o acto

contrario a la Constitución y fue introducido, aun si

con la redacción diferente, en la reforma de 1874. En

las revisiones de 1877, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 y

1907 desaparece la preocupación del constituyente por

el control constitucional de la ley. En 1908 reaparece el

principio que consagra que la Suprema Corte de Justicia

El Sistema Constitucional Dominicano

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tiene la atribución de decidir el último recurso sobre la

constitucionalidad. En esta reforma se plasma el pensa-

miento del maestro Eugenio María de Hostos que tanto

influyó en lo que puede denominarse el “pensamiento

constitucional dominicano”.

d) La cuarta modalidad del sistema consiste en atribuir

competencia especial a la Suprema Corte de Justicia

para declarar nulas las leyes inconstitucionales, la cual

conoce en primera y última instancia, sea a requeri-

miento de una de las partes, en una controversia ju-

dicial, sea por propia iniciativa, en defensa del interés

general. Esta variante fue establecida en la reforma

constitucional de 1924 en su Art. 61, inciso 5to. La

inconstitucionalidad podía ser perseguida por parti-

culares en caso de litigio o por propia iniciativa ante la

Suprema Corte en determinados casos. En estos el tri-

bunal apoderado de lo que se denomina excepción de

inconstitucionalidad debía sobreseer, esto es, suspen-

der el proceso temporalmente, hasta que la Suprema

Corte de Justicia decidiera en única instancia sobre el

asunto. Lamentablemente esta modalidad del sistema

degeneró ya que se utilizó esta excepción como un

medio dilatorio en las controversias produciendo una

enorme cantidad de recursos que provocaron el en-

casquillamiento de nuestro Tribunal Supremo por el

enorme trabajo que ello acarreaba. Estas razones y la

declaratoria de inconstitucionalidad de la ley sobre la

jornada laboral en el comercio en el 1926, que no lo

era, como tuvimos ocasión de ver en el cuarto capítu-

lo de este trabajo, indujo a que en la reforma de 1927

se retornara a la variante anterior.

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4.- El sistema actual.

Como ya hemos manifestado el sistema de control adop-

tado por nuestro ordenamiento jurídico solo permite que la

nulidad de un acto cualquiera sea invocada por vía de excepción

en el caso de que en un proceso o lítis judicial se invoque la

inconstitucionalidad como medio de defensa.

En efecto, cuando ante un tribunal se presenta un alegato

de inconstitucionalidad, los jueces apoderados están obliga-

dos a resolverlo y fallarlo. En el caso de que se acoja dicha

inconstitucionalidad, se descarta pura y simplemente la norma

impugnada aplicándose por tanto la disposición constitucional

en toda su magnitud. Como puede apreciarse la anulación no

tiene vigencia “erga omnes”, para todos los casos, sino que su

acción está limitada únicamente el proceso o lítis resuelta por

el juez.

La facultad de conocer de la inconstitucionalidad no es mi-

sión de un solo órgano judicial especial sino de todos los jueces

quienes están facultados para ello. Ahora bien, como se trata de

un medio de defensa, y como en toda materia corresponde a la

Suprema Corte de Justicia decidir cómo Corte de Casación, es

a ella a quien comete determinar si procede o no el medio de

inconstitucionalidad propuesto. Con ellos queremos dejar sen-

tado que en nuestro país no existe lo que se denomina recurso de

inconstitucionalidad directo.

El sistema de control de la constitucionalidad por vía de

excepción vigente en la actualidad ha demostrado ser bueno,

pero extraordinariamente lento y hasta inoperante. Su lentitud

prácticamente del interés que la determinó.

El Sistema Constitucional Dominicano

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5- En torno a la creación de un Tribunal de Garantías

Constitucionales.

Luego de la experiencia del fallo de la Junta Central

Electoral del 7 de julio de 1978, dictado a conclusión de un

accidentado período de impugnaciones que siguieron a la ce-

lebración de las elecciones del 16 de mayo de 1978 y, que de

una manera arbitraria y antijurídica, despojó al partido ven-

cedor del torneo de cuatro Senadurías y de una Diputación

para adjudicarlas al partido perdedor, se ha estado sugiriendo

insistentemente sobre la necesidad de crear un Tribunal o

Corte de Garantías Constitucionales. El proyecto, elaborado

por el eminente jurista Dr. Salvador Jorge Blanco, Senador por

el Distrito Nacional (1978-82) fue sometido al Senado de la

República el 29 de agosto de 1978 y remitido a la Comisión de

Justicia. Por no habérsele dado curso el proyecto murió. (Ver

apéndice XIII – 1).

Un amplio debate público ha despertado la idea de la crea-

ción de un órgano especial de control de la constitucionalidad

de las leyes. En él han estado participando eminentes juristas

dominicanos. Sin entrar en el detalle de las diversas opiniones

esgrimidas suscribimos el análisis y las sugerencias expuestas por

el Dr. Jottin Cury por considerar su posición como la más sensa-

ta y lúcida. Sistemáticamente pretendemos recogerla:

a) La creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales

debe ser obra del constituyente en cuanto es quien tiene

la capacidad para crear tribunales especiales llamados a

controlar la validez de las leyes. Como la Constitución

contiene los principios y normas fundamentales que

uniforman el ordenamiento jurídico, esta debe reenviar

a la ley ordinaria la reglamentación detallada del órgano,

pero no su establecimiento.

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b) Un Tribunal de Garantías Constitucionales es ajeno

a nuestra tradición constitucional y política y su ins-

tauración, como parte central del sistema de control,

tropezaría con múltiples problemas erigiéndose en una

especie de superestructura de los Poderes del Estado,

en especial del Poder Legislativo ya que actuaría como

interprete exclusivo de la voluntad del legislador cons-

tituyente.

c) Sería conveniente ampliar, mejorar y acomodar nuestro

sistema actual a las necesidades contingentes de los nue-

vos tiempos.

d) El sistema establecido en la reforma de 1924 es el más

avanzado que hemos tenido pero la experiencia arrojó

que favorecía “las chicanas de tipo judicial y daba pie

a otros excesos que terminaron por desacreditarlo”.

Además, como ya consignáramos, provoco el abuso

de recursos directos de inconstitucionalidad que pro-

vocó el encasquillamiento de la Suprema Corte de

Justicia.

e) Sería, en consecuencia, más adecuada la aplicación

de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia

a fin de que conozca de cuantos problemas puedan

suscitarse con ocasión de la aplicación de las leyes,

decretos y reglamentos y resoluciones tanto por vía

directa como por vía de excepción y por un “mecanis-

mo bien regulado dar efectos relativos a las decisiones

de la Suprema Corte de Justicia en esta materia, no

importando que el apoderamiento haya sido por vía

de excepción o por vía de acción”. (Jottin Cury–Listín

Diario, 12 de diciembre de 1978 y 25–29 de octubre

de 1979).

El Sistema Constitucional Dominicano

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Estas ideas pensamos deben ser cuidadosamente estudiadas

porque proceder de manera festinada a la reforma constitucional

en este aspecto puede conducirnos a la adopción de remedios

que terminen siendo peores que el mal.

APENDICE AL CAPITULO XIII

1- Proyecto de ley que crea la Corte de Garantías

Constitucionales.

POR CUANTO: La eficaz y pronta protección de los de-

rechos de los dominicanos, consagrados en la Constitución y en

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es una de

las funciones básicas del Estado:

POR CUANTO: El país carece de órganos y mecanismos

adecuados para dar efectivo remedio a las violaciones de los dere-

chos de los dominicanos cometidas por particulares o por actos

de arbitrariedad de las autoridades:

POR CUANTO: El recurso de inconstitucionalidad, es

solo posible, bajo la actual legislación, cuando surge en el cur-

so de un litigio entre particulares o frente al Estado y no es

factible como acción directa ante un tribunal por acción de

un ciudadano que considere que sus derechos constitucionales

han sido violados:

POR CUANTO: Urge crear un órgano judicial con la

función exclusiva de conocer de las violaciones de los derechos

ciudadanos, previsto de los mecanismos necesarios para permitir

a los ciudadanos señalar y hacer sancionar violaciones a las ga-

rantías de la Constitución establecidos en provecho de todos los

habitantes del país:

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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VISTOS: Los artículos 8, 37 y 63 de la Constitución:

HA DADO LA SIGUIENTE LEY.

Art. 1.- Se crea LA CORTE DE GARANTIAS CONSTI-

TUCIONALES, con jurisdicción en toda la República y sede en

Santo Domingo. En lo que sigue de esta Ley, ese organismo se

denominará simplemente LA CORTE.

Art. 2.- LA CORTE estará compuesta por un Juez Presi-

dente y tres Jueces titulares. Asimismo, serán designados tres

Jueces Suplentes para el caso de falta temporal o definitiva de un

Juez Titular, pero el Juez Presidente solo podrá ser sustituído por

un Juez Titular.

Art. 3.- Los Jueces de la CORTE serán designados por el

Senado dentro del mes del inicio de todo período constitucional y

durarán cuatro años en sus funciones. Esos jueces son inamovibles

hasta que termine el período para el cual fueron elegidos, salvo

renuncia, muerte o destitución en la forma señalada más abajo.

Art. 4.- La representación popular y el ministerio público

ante la CORTE será ejercida por el Procurador General, todos

designados por el Poder Ejecutivo, quienes durarán cuatro años

en sus funciones, al igual que los Jueces de LA CORTE y serán

sustituidos en la misma forma que ellos.

Párrafo: LA CORTE tendrá un Secretario, así como los

Alguaciles y demás empleados necesarios para su buen funciona-

miento, designados por el Poder Ejecutivo.

Art. 5.- Son funciones privativas de LA CORTE:

a) Conocer de las instancias o querellas sometidas pro per-

sonas o entidades privadas, que consideren que una Ley,

Decreto, Reglamento, Ordenanza o Disposición emana-

da de un órgano o funcionario gubernamental, civil o

militar, ha sido dado en violación a la Constitución de la

República;

El Sistema Constitucional Dominicano

429

b) Conocer de las querellas presentadas por personas que

consideren que en su contra se han violado, o se están

violando los derechos consagrados por el Articulo 8 de la

Constitución, o que en un juicio a que estén sometidas

no se cumplen los debidos procesos que la Constitución

y las leyes establecen para la protección de los derechos

ciudadanos. En estos últimos casos los juicios serán

sobreseídos hasta el fallo de LA CORTE y el sobresei-

miento se hará de oficio tan pronto el Juzgado o Corte

apoderado sea notificado de la copia de la instancia so-

metida a LA CORTE, con prueba de haber sido recibida

por el Secretario;

c) Conocer de querellas presentadas por dominicanos que

aleguen están impedidos ilegalmente de entrar o salir del

país:

d) Conocer de los recursos de apelación contra sentencias

de todo tribunal dictada en materia de habeas corpus.

Art. 6.- Las instancias o querellas se someterán por escrito

a LA CORTE, acompañadas por los documentos que puedan

respaldarla. Todo tipo de documento sirve como prueba o prin-

cipio de prueba. La documentación podrá consistir en originales

o copias de documentos emanados de autoridades públicas, así

como publicaciones oficiales o privadas y noticias de prensa. Si

la querella es solo avalada por el rumor público o por noticia de

prensa, la instancia deberá ser acompañada por una declaración

jurada de por lo menos cinco personas que declaran tener cono-

cimiento del hecho y estar dispuestas a declarar. Si la querella es

pidiendo la libertad de algún encargado, debe estar firmada por

tres personas, a lo menos, familiares o conocidos del detenido.

Art. 7.- No es necesario el ministerio de abogado ante LA

CORTE, pero si es utilizado, sus honorarios no podrán ser su-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

430

periores a la mitad de lo que deben cobrar ante una Corte de

Apelación.

Art. 8.- Los escritos introductivos de instancias o querellas

llevarán un sello de Rentas Internas de RD$ 5.00 Los demás

documentos, instancias y pruebas se depositarán sin impuesto o

registro alguno. Las sentencias serán registradas como las de los

demás tribunales, pero libres de impuestos y honorarios.

Art. 9. – Toda querella o instancia debe contener una acusa-

ción formal contra un individuo, sea identificado por su nombre

o por el cargo que ocupa y ese individuo será considerado el

acusado a los fines de esta Ley.

Art. 10.– Presentada una instancia o querella ante LA COR-

TE, vía su Secretario, al que la presente se le entregará una copia

con constancia de fecha y hora de recibo. Dentro de las 24 horas de

recibida, el Presidente de LA CORTE fijará fecha para la primera

audiencia de la causa, mediante telegrama dirigido al querellante

o íntimamente. Entre la fecha de la presentación de la instancia o

querella y la de la celebración de la primera vista, no podrán pasar,

bajo ningún concepto, más de 52 horas, salvo días feriados.

Art. 11.– La primera vista se hará en sesión pública, con la

presencia de la parte intimante o querellante y de su abogado si

lo tuviere. En esa vista los Jueces y el Fiscal harán las preguntas

necesarias y se tomarán nota de los documentos aportados. Al

intimante o querellante se le preguntará si desea oír personas

como testigos. Si se trata de una querella por encierro ilegal,

prisión arbitraria o en exceso de lo que una sentencia penal hu-

biere ordenado, LA CORTE ordenará que para la segunda vista

sea citado el Alcaide o encargado de la prisión, destacamento o

lugar donde se presume esté detenida la persona cuya libertad

se solicita. Al término de la primera vista el Juez ordenará la

celebración de una segunda vista para una fecha no mayor de 72

horas de la primera, la cual valdrá como citación para las partes

El Sistema Constitucional Dominicano

431

presentes. El mismo día de la primera vista y el término de esta

se notificará por telegrama de citación a las personas llamadas

a comparecer figuran empleados del Estado, o miembros de las

Fuerzas Armadas o de la Policía, la citación se hará dirigida al

domicilio o el lugar donde se encuentre destacada esa persona,

con copia al jefe de la institución a que pertenece.

Art. 12.– La segunda vista se celebrará en la fecha y horas

indicadas, con la presencia de las personas citadas. Si el acusado

o los acusados no comparecieren, el Presidente de LA CORTE

dictará una orden de conducencia que se hará llegar en seguida

al lugar de residencia del acusado o donde tuviere su lugar de

trabajo. Si dicho lugar se encuentra en el Distrito Nacional, la

audiencia se suspenderá tres horas hasta que llegue el acusado.

Si se encuentra fuera del Distrito Nacional, se suspenderá la

audiencia 24 horas.

Si en la continuación de la segunda vista el acusado no com-

pareciere, no obstante haber sido citado, se ordenará por Auto

al Fiscal Constitucional para que se dirija inmediatamente ante

el superior jerárquico del acusado y le conmine a presentar al

acusado a la tercera vista.

Art. 13.– En la segunda vista, si comparece el acusado, o

en la tercera, de lo contrario, LA CORTE conocerá del caso y

oídos el querellante y los testigos, el acusado será requerido a de-

clarar, pudiendo los abogados y las partes debatir los puntos de

acusación y defensa. LA CORTE entonces se retirará a deliberar

en privado por un término no mayor de una hora, luego de lo

cual dictará su sentencia en sesión pública, de la cual se redactará

original y las copias necesarias, entregándose copia de estas a

las partes (querellantes o acusado) el mismo día de la sentencia.

En esta vista LA CORTE no podrá realizar otra suspensión ni

sobreseimiento que los señalados en esta ley ni podrá conocer de

otro asunto hasta dictar sentencia.

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Art. 14.– Si una sentencia de LA CORTE ordena la libertad

o la presentación de una persona detenida, deberá ser notificada

al Alcaide de la prisión o al encargado del lugar de detención

del prisionero con orden de entrega inmediata o de libertad del

detenido.

Art. 15.– Para la eficaz ejecución de sus citaciones. Autos

y Sentencias, tanto los Jueces como el Procurador General de

LA CORTE serán provistos de sendos carnets firmados conjun-

tamente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y el

Jefe de la Policía Nacional y en los cuales se ordenará a toda

autoridad civil o militar el cumplimiento de los requerimientos,

ordenes, citaciones o sentencias de LA CORTE.

Art. 16.– Si una autoridad, a persona cualquiera a quien

se le exigiere obedecer una orden, citación o sentencia, de LA

CORTE se negará a ello, el Presidente de LA CORTE irá

personalmente a conminar su obediencia y a tales fines tiene

el derecho de visitar y recorrer todos los recintos carcelarios,

fortalezas puestos y demás dependencias militares o policiales

del país, toda oficina pública, toda área reservada por Ley o por

autoridad, todo recinto o lugar particular. Las órdenes del Pre-

sidente serán cumplidas rigurosamente y le será entregada toda

persona que él reclame. Si el Presidente está impedido de hacer

esa diligencia, pro causa de fuerza mayor, podrá delegar en uno

de los Jueces titulares.

Párrafo: No se podrá poner como excusa para la falta

de entrega de un detenido, el alegato de que fue sacado del

recinto donde estuvo originalmente, por orden superior

no firmada; y el Presidente de LA CORTE tendrá derecho

a presentarse ante el superior jerárquico del Alcaide o jefe

de destacamento, para investigar el paradero del prisionero

desaparecido. Si de todas las investigaciones resulta no apa-

recer el prisionero, LA CORTE, en pleno, tras oír el informe

El Sistema Constitucional Dominicano

433

del Presidente, podrá emitir una declaración de sospecha de

muerte en prisión, lo que implicará el sometimiento de los

sospechosos a la vía penal ordinaria por homicidio voluntario

o el delito que corresponda, y en esos casos el Procurador

General Constitucional actuará como ministerio publico ad-

hoc en esos juicios.

Art. 17.– Las sentencias de LA CORTE dicte sobre el fondo

de un proceso a su cargo, podrán ser de:

a) Ordenando o no la libertad inmediata de toda persona

detenida, en cuyo apresamiento o detención se omitie-

ron algunos de los requisitos o garantías consagrados por

la Constitución o las leyes.

b) La autorización o no para poder ingresar o salir del país

de toda persona impedida a ello por alguna autoridad,

sin que dicha persona pueda ser aprehendida a su regreso

al país luego de la sentencia de LA CORTE. Si alguna

autoridad tuviere orden de prisión contra el que regrese,

ella solo podrá ser cumplida mediante orden del Presi-

dente de LA CORTE.

c) Declarando o no inconstitucional la totalidad o parte de

una Ley, Decreto, Reglamento, Ordenanza o Disposi-

ción emanada de un órgano o funcionario del Estado, y

pronunciado su nulidad e inaplicabilidad.

d) El sometimiento o no a la justicia ordinaria de toda

persona que LA CORTE haya encontrado culpable de

violar los derechos individuales de un ciudadano.

e) El requerimiento o no de que todo funcionario conde-

nado por LA CORTE sea destituido, o suspendido de

su puesto o trasladado a otra posición. Esta sentencia

deberá ser cumplida por el Poder Ejecutivo o por el orga-

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

434

nismo o funcionarios a cuyo cargo este el nombramiento

y el derecho de destitución.

Art. 18.– Los procesos ante LA CORTE se harán con ce-

leridad y con un mínimo de dilatorias. No se hará suspensión

de audiencia ni se otorgarán plazos salvo que el querellante o

intimarte lo pida o apruebe.

Art. 19.– El Fiscal Constitucional representa a la

sociedad en los juicios ante LA CORTE, teniendo como

misión defender a la persona cuyos derechos constituciona-

les son, o aparecen ser, violados, y a tal efecto está facultado

para realizar las investigaciones, interrogatorios, visitas y

demás actuaciones necesarias para esclarecer las pruebas,

debiendo estar siempre presente (o a través de un ayudante

suyo) en la celebración de los juicios, cuyo término dará un

dictámen.

Art. 20.– Las sentencias dictadas por LA CORTE no

tendrán otro recurso que el de casación ante la Suprema Corte

de Justicia. El cual podrá ser elevado por: a) el querellante o

intimante; b) El condenado o su superior jerárquico; c) el Fiscal

Constitucional; d) El Presidente de la República.

Art. 21.– El Recurso de Casación se hará por la vía y en los

plazos establecidos por la Ley de Casación. Sin embargo, mien-

tras ese recurso es conocido, ninguna de las partes envueltas en el

litigio podrá ser mantenida en prisión ni detenida, ni impedida

de entrar al país.

Art. 22.– Los Jueces y el Procurador General Constitucional

solo podrán ser destituidos en la misma forma y bajo el mismo

mecanismo que los artículos 23 y 26 de la Constitución estable-

cen para la destitución de funcionarios electos.

Art. 23.– El presupuesto para los sueldos y gastos de LA

CORTE será fijado por el Congreso Nacional, para su primer

El Sistema Constitucional Dominicano

435

año y por recomendación de la Suprema Corte de Justicia. Para

los años sub-siguientes, la propia CORTE someterá su presu-

puesto y en caso de ser superior al del año anterior, no podrá ser

modificado o rechazado sino por el voto de tres cuartas partes de

los miembros de ambas cámaras.

Art. 24.– Un Juez o Procurador General de LA CORTE no

podrá ejercer cargo público o de una entidad estatal o semi-es-

tatal, sino dos años por lo menos después de haber cesado en su

cargo de LA CORTE.

Art. 25.– LA CORTE podrá disponer trasladarse a cual-

quier lugar del país para celebrar audiencias, realizar pesquisas,

oir testigos y practicar toda otra actuación conducente a esclare-

cer un caso del que esté apoderada.

Art. 26.– Las expresiones vertidas ante LA CORTE, sea

de viva voz, por escritos y documentos, no constituyen difa-

mación ni injuria bajo la ley de Difusión del Pensamiento, y

aunque la persona acusada no resulte condenada, no podrá

someter la querellante bajo aquella ley ni por querella teme-

raria.

Art. 27.– LA CORTE celebrará audiencias con la presencia

de tres de sus Jueces por lo menos y las sentencias se dictarán con

el voto favorable de mayoría simple de los presentes.

Art. 28.– Se denominará querella a los fines de esta ley todo

sometimiento que contenga una acusación de índole penal.

Instancia es todo sometimiento que implique una violación a

principios, reglas o leyes de índole civil.

Art. 29.– Toda persona citada a declarar ante LA CORTE

deberá hacerlo personalmente y en la sala de audiencias de este.

Por excepción si resulta necesario interrogar al Presidente de la

República, el interrogatorio se hará donde este señale, con asis-

tencia personal del Presidente de la Corte.

Colección Clásicos de Derecho Constitucional

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Art. 30.– Los Jueces y el Procurador General de LA COR-

TE tendrán la misma categoría, rango e inmunidades que los

jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 31.– Queda derogado el Art. 25 de la Ley de Habeas

Corpus No. 5353, así como cualquier otra disposición contraria

a la presente ley.

Dado en Santo Domingo …1

1 Para consulta de los apéndices XIV y XV, refiérase a la 2da. edición de CENAPEC,

1986, Santo Domingo República Dominicana.