Carta abierta al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Pelegrín Castillo, El Nuevo Diario

• Páginas: 448-453

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LA SENTENCIA 168-13. ANTOLOGÍA DE UNA DEFENSA ESENCIAL

CARTA ABIERTA AL CONGRESO DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA*

Soy un legislador de la República Dominicana que por cerca

de dos décadas ha prestado atención prioritaria a la dramática

situación que afecta a Haití y su proyección hacia toda la región

del Caribe. Por eso me dirijo a ustedes para expresarles algunas

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distinguidos Representantes al Congreso de los Estados Unidos,

enviara al Presidente Danilo Medina, el pasado 29 de octubre.

En esa misiva, los legisladores estadounidenses que

representan distritos con votantes de ascendencia caribeña,

formularon críticas duras, injustas e infundadas contra la

sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la Republica

Dominicana, que ordena la ejecución del plan de regularización

de extranjeros dispuesto por la Ley de Migración desde el año

2004. Advirtieron que la misma “podría resultar en una crisis

humanitaria sin precedentes, amenazando la estabilidad de la

región”, y se atrevieron a solicitar al Ejecutivo dominicano que

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norteamericanos reclamaron hasta sanciones económicas para

revertir esa decisión

Debo confesar que comparto las preocupaciones de esos

legisladores sobre el posible surgimiento de situaciones muy

peligrosas, de repercusiones imprevisibles, pero no precisamente

por la ejecución de esa sentencia del Tribunal Constitucional.

Existen otros factores que podrían detonar una crisis de

envergadura, que desafortunadamente fueron omitidos en esa

comunicación, quizás por desconocimiento, y que no obstante,

* Castillo, Pelegrín. El Nuevo Diario, 28 de noviembre de 2013.

Pelegrín Castillo Semán: Abogado, académico y político. Ha sido diputado y,

en la actualidad, es ministro de Energía y Minas de la República Dominicana y

primer vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista (FNP). Autor de

varias obras, entre las cuales destaca La cuestión haitiana; es articulista de varios

periódicos.

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resultan imprescindibles considerarlos para una apreciación cabal

de lo que acontece entre las dos naciones que coexisten en la isla

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de 230 habitantes por kilómetros cuadrados.

Es importante recordar que hace más de veinte años Haití

se encuentra en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones

Unidas, y ha experimentado tres intervenciones internacionales

fundadas en “motivos humanitarios” o en “defensa de la

democracia y los derechos humanos”.

Una gran mayoría de dominicanos -y creo expresar esa

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de esa acción internacional que acusa un balance desesperanzador.

Legítimamente nos preguntamos: ¿ha mejorado Haití? ¿Se ha

intentado seriamente la reconstrucción de sus bases nacionales,

que estaban destruidas incluso mucho antes del terremoto del

2010? ¿Existen razones serias para pensar que tendrá un futuro

diferente de lo que ha sido su historia marcada por la inestabilidad

y la violencia destructiva?

Créanme cuando les digo que ningún pueblo del mundo

tiene más interés que el pueblo dominicano de que Haití sea

estable, seguro y eventualmente prosper los dominicanos somos

los que más ganaríamos si nos acercáramos a esa gran meta

Lamentablemente, existen sobradas evidencias de que la

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los Estados Unidos, ha tenido otras prioridades. A saber: a) Se ha

concentrado en sostener un orden publico mínimo, que apuntala

precariamente autoridades con visos de legitimidad democrática,

y con poca o ninguna capacidad efectiva de transformar las

realidades extremas de Haití, b) Procura evitar a toda costa que

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1991 y 1993- hacia los Estados Unidos de América, los territorios

de ultramar del Reino Unido y Francia, y los demás Estados

insulares del Caribe-,y c) Condicionar en forma progresiva a

Republica Dominicana a asumir el rol del Estado pivote, para

que en los hechos sea zona de amortiguamiento hacia las que se

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a conformar asentamientos humanos estables.

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Es cierto -no lo podemos negar- la debilidad y las prácticas

corruptas en nuestras instituciones, el atraso de áreas de nuestra

economía, y sobre todo la dependencia en las relaciones con

el exterior, han facilitado la implantación de ese pernicioso

esquema de relación, y que por tanto, desde grandes centros de

poder mundial, llegue a apreciarse erróneamente que existe “una

solución dominicana a los problemas de Haití”.

También, es verdad que existe una facción complaciente y

lábil –y Estados Unidos la conoce perfectamente– que siempre

estará, en función de sus propios objetivos y no los de la Republica

Dominicana, dispuesta a sintonizar con los intereses de los

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ese absurdo esquema de relación.

Pero también es verdad que los efectos adversos de esos

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muchas maneras, afectando el funcionamiento de sus políticas e

instituciones. El Banco Mundial hace más de una década advirtió:

“La migración descontrolada impide que los dominicanos pobres

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sus puestos de trabajo y sus salarios están bajo la presión de los

inmigrantes pobres”, a la vez que señalaba “la reducción de los

incentivos a modernizarse e invertir en tecnología”, creada por

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Bastaría releer el informe del 2005 de la Foundation for

Environmental Security and Sustainability (FESS), que aborda

el impacto de la aguda degradación de los recursos de Haití y la

expulsión de su población hacia la parte oriental de la isla y sus

frágiles ecosistemas, para tener idea aproximada del potencial

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toda la región.

En ese contexto de crisis, deseo advertirles a ustedes, como

representante de una nación amiga y aliada, que constituiría una

gravísima equivocación de los Estados Unidos, sí a partir de una

campaña aviesa de desinformación y burdas mentiras, se sumase

a los febriles esfuerzos realizados por algunos sectores de Haití

y su diáspora, en estrechas alianzas con grupos de presión y

legisladores norteamericanos, para desconocer o mediatizar la

decisión legitima del Tribunal Constitucional dominicano.

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Los que hemos dado seguimiento a esta controversia que

dura más de veinte años, tenemos muy claro algunas cosas:

deliberadamente se quiere confundir apatridia con casos de

indocumentación o documentación irregular. También, que es

incierto que la Constitución del 2010 haya establecido normas o

criterios distintos a los vigentes desde 1929, sobre las formas de

obtención de la nacionalidad por jus soli.

Lo que se quiere ocultar es que los gobernantes de Haití

no quieren o no pueden cumplir con su obligación esencial de

documentar a sus nacionales, y sobre todo, respetar el Acuerdo

de Washington de 1938 y su Modus Operandi, que es el único

instrumento internacional vigente entre ambos estados en

relación a la materia tratada, asumiendo la postura irresponsable

de quien cree que todo se le debe y que no tiene nada que perder.

Lo que se quiere silenciar es que el Congreso de la República

Dominicana ordenó desde el año 2004 el plan de regularización

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que hoy se encuentran en situación de ilegalidad en el territorio

nacional, pero que no ha podido ejecutarse, en gran modo, por

las resistencias que oponen ciertos actores internos y externos,

apoyados muy especialmente desde los Estados Unidos y la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado Dominicano y sus instituciones están conscientes

de su responsabilidades. Hay un grupo de personas, hijos de

extranjeros en tránsito o en situación de ilegalidad, educados y

formados en el país y sin vínculos mayores con el país de sus

padres, que por fallas en el sistema de registro civil y sin falta

de su parte, han sido documentados en forma indebida como

dominicanos. Existe amplio acuerdo de que los mismos, dentro

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ley de naturalización especial que establezca procedimientos

expeditos y de bajo costo. ¿Por qué se quiere bloquear esta opción

de políticas públicas?¿Por qué seguir entorpeciendo un plan

regularización migratoria, que además ayudaría a mejorar la

seguridad nacional e internacional?

Señores legisladores, ¿es justo y moral defender el derecho

de las personas desconociendo o aplastando el derecho de

las naciones, en especial, cuando estas son vulnerables y

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dependientes? ¿De qué valen los acuerdos internacionales que

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del dominio reservado de los Estados?

¿Es prudente, o siquiera racional, pretender resolver la

crisis del estado fallido planteada por Haití a la comunidad

internacional a expensas de su vecino insular? ¿No es una gran

iniquidad, tratar de facilitar de este modo que las naciones que

más pueden y deben auxiliar a un Haití digno de mejor destino,

minimicen o evadan sus responsabilidades? ¿Acaso el fracaso en

Haití es tan grande, que consideran que no hay nada que hacer?

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droga, poniendo en jaque la seguridad insular y regional, a pesar

de la presencia de fuerzas internacionales?

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más ha cooperado con la comunidad internacional en el manejo

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atribuyéndole todo tipo de violaciones de lesa humanidad?

Si en los Estados Unidos y en otras naciones del mundo,

algunos poderosos sienten que tienen una deuda histórica con

Haití, opinión con la que muchos dominicanos estamos de acuerdo,

es bueno que la salden de otra manera. Nunca a expensas de una

nación abierta y acogedora, que ha sabido crecer integrando y

amalgamando todas las migraciones, desde la migración judía

cuando el mundo le cerraba la puertas hasta la haitiana, desde

la originada en las islas del Caribe que nos circundan hasta las

salidas del Lejano y Medio Oriente, desde las europeas en tiempos

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Los que promueven esa acciones contra Republica

Dominicana, insensatas y contraproducentes, contrarias a la

historia y desconocedoras de las identidades culturales, no han

reparado que de esa manera solo van a provocar situaciones

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que ya está muy convulsionada, grávida de contradicciones, en

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incidencia, con efectos disolventes.

Al concluir esta carta, quisiera evocar un luminoso episodio

de la historia de nuestras dos naciones, que siempre ha marcado un

contraste con las dolorosas intervenciones que hemos padecido,

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y que en gran medida fue el que me motivo a escribirles, con la

esperanza de que frente al despropósito descomunal que quiere

perpetrarse con la nación dominicana, surjan en su defensa, en

el Congreso de los Estados Unidos, voces de justicia, razón y

prudencia.

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Senador Charles Summer, para frustrar en 1871 el artero proyecto

de anexión del Presidente dominicano Buenaventura Báez y

sus acólitos, qué contaba con el apoyo entusiasta del Presidente

Ulises Grant. Aunque existen notables diferencias entre esa

situación histórica del pasado y la antes descrita, la mayoría

de los dominicanos amantes de la paz aspiramos a que, como

sucedió en el pasado, puedan prevenirse en el presente y en el

futuro situaciones de discordias que dañen la valiosa y amplia

comunidad de intereses que hemos ido forjado a lo largo de la

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amistad de nuestros pueblos.

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