Conferencia: Un lustro de jurisprudencia relevante del TC dominicano

• Páginas: 629-653
• Autor: Milton Ray Guevara

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CONFERENCIA: UN LUSTRO DE

JURISPRUDENCIA RELEVANTE

DEL TC DOMINICANO

Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid

Valladolid, España

14 de marzo de 2018

I. Jurisprudencia constitucional y precedentes

vinculantes

El año pasado tuve el privilegio de conversar en esta alta casa de estudios

sobre: La Jurisdicción Constitucional de la República Dominicana. Sostuve

entonces que: A partir de la reforma constitucional proclamada el 26 de

enero de 2010, la República Dominicana ingresa al concierto de las naciones

civilizadas que han optado por la instauración de un Tribunal Constitucional

para la defensa de la supremacía de la Constitución y del sistema de derechos y

libertades en ella reconocidos. La idea no era nueva en el país, pero se necesitó

de un poderoso impulso social y el consenso político de respaldo para

crear una jurisdicción constitucional para “garantizar la supremacía de la

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos

fundamentales.

Una de las características esenciales que definen la naturaleza del Tribunal

Constitucional dominicano, y le diferencian de las otras autoridades

jurisdiccionales supremas del país, es el efecto vinculante de sus decisiones.

Así, pues, la particularidad de la jurisdicción constitucional no está solo en

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las disposiciones que debe aplicar, es decir, la Ley Fundamental del Estado,

sino también en el efecto que adquieren sus decisiones en el ordenamiento

jurídico al constituir precedentes vinculantes, por lo “que las decisiones de

este Tribunal se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del

derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho

con carácter vinculante para todos los poderes públicos” (Sentencias TC/84/13

y TC/319/15).

Antes de establecerse el Tribunal Constitucional, el derecho común de

la República Dominicana, al amparo del artículo 5 del Código Civil –que

prohíbe a los jueces fallar por vía de disposición general y reglamentaria, las

causas sujetas a su decisión– rechazaba la posibilidad de reconocer fuerza

vinculatoria erga omnes a la jurisprudencia. Las decisiones de casación solo

tenían una fuerza jurídica persuasiva. Los jueces, por tanto, podían apartarse

con más o menos libertad de los criterios asentados por la Corte Suprema

de Justicia como Tribunal de Casación, sin que ello supusiera cuestionar la

integridad del ordenamiento jurídico, según la concepción tradicional de la

familia jurídica romano-germánica.

En la actualidad, según precisa el propio Tribunal Constitucional, “el

precedente se constituye en obligatorio por la fuerza vinculante que supone su

doctrina, tanto en forma horizontal como vertical, caracterizándose así la esencia

de esta institución. La doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional se

produce a tenor de su labor resolutiva […] ejerciendo el poder normativo que

materializa con la extracción de una norma a partir de un caso concreto”. “El

precedente vinculante lo constituye el aspecto de la sentencia donde se concretiza

el alcance de una disposición constitucional, es decir, donde se explica qué es

aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo

concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales

cláusulas. Es precisamente en este aspecto de la sentencia donde se produce la

actividad creadora en relación con el contenido de los principios y valores que en

cada etapa de la evolución del derecho corresponde al juez descubrir y plasmar

en su decisión” (Sentencia 150/17).

Se puede afirmar, por lo tanto, que la jurisprudencia del Tribunal

Constitucional genera gran certeza, ya que –contrario a la casación– no

se limita a la unificación de criterios jurídicos para persuadir a los jueces y

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el resto de los actores que intervienen en los negocios jurídicos, sino que

goza de fuerza imperativa como norma jurídica, y a partir de ella se articula

un sistema de precedentes vinculantes con eficacia horizontal y vertical,

en tanto que obliga al Tribunal Constitucional, así como al resto de los

tribunales y autoridades del Estado. Ello significa que cuando el Tribunal

Constitucional establece un principio de derecho como aplicable a una

situación de hecho, se mantendrá en esa posición y la extenderá a todos

los casos futuros, cuando los hechos sean sustancialmente los mismos. Y la

consecuencia del precedente se expande al resto de los tribunales y órganos

del Estado que han de aplicarlo como regla de derecho positivo.

La fuerza expansiva de los precedentes no solo garantiza la seguridad

jurídica y promueve una mayor certeza en el ordenamiento jurídico, al

reforzar la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales que tutelan

derechos fundamentales, sino que, además, los poderes normativos de los

órganos del Estado quedan limitados por la prohibición de repetición de las

normas anuladas. Sin embargo, la certeza y predictibilidad que producen los

precedentes vinculantes no impide el perfeccionamiento y la evolución de la

jurisprudencia constitucional. Los precedentes no imponen la petrificación

del ordenamiento jurídico, y, por lo tanto, pueden ser derogados,

modificados o excepcionados cuando existan razones preponderantes que

así lo aconsejen. Ahora bien, “cuando el Tribunal Constitucional resuelva

apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de

derecho de la decisión, las razones por los cuales ha variado su criterio” (Artículo

31, párrafo I, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

Durante su primer lustro, el Tribunal Constitucional de la República

Dominicana emitió 2,151 decisiones; hoy en día, con seis años, traspasamos

el umbral de las 3,020, con un incremento progresivo en la productividad

año tras año. Así, en 2012 se emitieron 104 sentencias; en 2013, 290; en

2014, 407; en 2015, 626; en 2016, 724; y en 2017, 835. Preciso es destacar

que en 2017 el Coeficiente de Atención de Casos (CAC) se ubicó con

127.28 %, pues ingresaron 656 asuntos y el tribunal expidió 835 sentencias.

En ese mismo orden, el Coeficiente de Cumplimiento de Metas (CCM) fue

de 104.37 %, superando la meta del pasado año con un incremento de un

0.95 %.

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La labor jurisprudencial del Tribunal Constitucional durante el primer

lustro de su puesta en funcionamiento ha sido intensa, con importantes

contribuciones para impulsar el Estado Social y Democrático de Derecho

que prefigura la Constitución dominicana. En efecto, ha sido promotor

de la igualdad y la dignidad humana, de la cláusula del Estado Social y

Democrático de Derecho, de la protección del medio ambiente, los recursos

naturales y el patrimonio público; ha desarrollado, además, la tutela judicial

efectiva y el debido proceso, y de igual modo, ha tocado las fibras más

sensibles de los aspectos constitucionales que giran en torno a la soberanía, la

nacionalidad, nuestra identidad nacional, defensa del patrimonio ecológico

nacional y de los bienes del dominio público, la igualdad de género y

protección de la mujer, y también ha trazado las pautas para proteger la

autonomía de los órganos constitucionales y el respeto de los procedimientos

constitucionales, entre otros.

II. Primer lustro de jurisprudencia relevante

del Tribunal Constitucional

En lo que sigue, quiero compartir con ustedes algunas líneas

jurisprudenciales que consideramos de especial impacto social e institucional

para la República Dominicana, e incluso, me atrevo a señalar que algunas

tienen potencialidades para ser tomadas como referencia en el ámbito

constitucional comparado, en ese necesario diálogo jurisprudencial que

comúnmente realizan los tribunales constitucionales a partir del derecho

constitucional común que se ha ido articulando en ambos lados del Atlántico.

a. La cláusula del Estado social

En el primer constitucionalismo, la idea de libertad dominó la

concepción y construcción normativa de los derechos fundamentales, pero

en el constitucionalismo social la libertad se conjuga con las exigencias

de igualdad y dignidad, que se sitúan como presupuestos fundamentales

del Estado Social y Democrático de Derecho. Este constituye un salto

Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, Volumen 2

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cualitativo, que impone mayores exigencias materiales de protección que

justifican supuestos de tutela jurisdiccional diferenciada. La Constitución

impone a los poderes públicos la responsabilidad de velar por el respeto y

protección de la igualdad y la dignidad, y con ellas, una amplia gama de

derechos sociales.

El Tribunal, acorde a la misión que le asigna la Constitución, y en el

marco irrestricto de sus competencias jurisdiccionales, se ha convertido en

un catalizador de importantes cambios en beneficio de todas las personas.

Así, en la Sentencia TC/0058/13, el Tribunal rechazó una acción directa

en inconstitucionalidad contra las disposiciones normativas que prohíben

expulsar, en el transcurso del año escolar, a los niños, niñas y adolescentes

de los centros educativos privados por falta de pago de los padres, la

cual no está impuesta a los profesores, sino a los centros de enseñanza,

protegiéndose con ello el derecho a la educación y el derecho al interés

superior del niño, al tiempo que se evita que los niños y niñas sean usados

como medio para constreñir a los padres o tutores a cumplir con su

obligación de pago.

También en el ámbito educativo, pero esta vez en protección de

los maestros del sector público, el Tribunal pronunció la Sentencia

TC/00217/13, a propósito de la degradación laboral, consistente en colocar

en una posición inferior a una persona que ostenta un grado superior en una

institución o empresa en la que se desempeña como empleado. El Tribunal

precisó que esto atenta contra el respeto a la dignidad humana e implica,

a su vez, una afrenta al principio de no discriminación laboral y a otros

principios y derechos fundamentales.

La protección del derecho a la pensión de sobrevivencia es un tema que

el Tribunal ha abordado desde sus primeras sentencias. Cómo no recordar el

caso de Lauriana del Villar (TC/0012/12), a quien le negaron el derecho a

la pensión por supervivencia de su fallecida pareja, al tratarse de una unión

de hecho y no de un matrimonio. El TC, sobre la base del artículo 55.5 de

la Constitución, reconoció el derecho a la pensión de la señora del Villar

y ordenó que el artículo 252 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas,

que establece lo relativo a la pensión por supervivencia, se interpretara, en

lo adelante, extensivo a las relaciones de hecho y, además, que de dicha

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pensión pudieran beneficiarse tanto el viudo como la viuda y no solo esta

última, como originalmente estaba plasmado.

Más adelante, el Tribunal Constitucional ha tenido que aplicar criterios

de tutela diferenciada para la protección de la pensión de sobrevivencia.

Así, en la Sentencia TC/0027/16, al conocer de la pretensión planteada

por la viuda de un militar, se consideró un derecho consolidado que perdura

en el tiempo y, por tanto, no le resulta aplicable el plazo de 60 días que la

ley prevé para presentar una acción de amparo para conocer de su alegada

vulneración. Este criterio es confirmado en la Sentencia TC/0007/17, al

tutelar en amparo la pensión de la viuda de un militar que accionó 14 años

después de que le fuera arbitrariamente suspendida la pensión de cónyuge

sobreviviente.

Otro derecho social al cual el Tribunal le ha brindado particular atención es

a la seguridad social, y la protección reforzada que en este contexto es menester

garantizar a las personas de edad avanzada, y más aun, cuando están sometidas

a una discapacidad, respecto a lo cual el Tribunal comenzó a perfilar su línea

jurisprudencial de manera contundente, a partir de la Sentencia TC/0203/13,

al considerar que el juez de amparo, antes de emitir la decisión, no procedió a

verificar las causas reales de imposibilidad para el trabajo, el derecho a pensión

y que incumplió el principio de celeridad y razonabilidad que prima en un

caso como el que le ocupaba. Además, indicó que la parte recurrente no debe

cargar con la inobservancia de los principios que rigen a la Administración

Pública. Por ello, el Tribunal ordenó la revocación de la sentencia de amparo

y dispuso a los órganos competentes la compensación y pago correspondiente

a la pensión por discapacidad en favor del impetrante.

Más adelante, en la Sentencia TC/0335/16, consideramos que la

vulneración al derecho a la seguridad social y la pensión por discapacidad

constituye una afectación de naturaleza continua, por lo que el plazo para

interponer la acción de amparo se renueva de manera permanente, mientras

el accionante no sea satisfecho en su pretensión. Se insiste en la necesidad

de aplicar una protección reforzada cuando se trate de personas de edad

avanzada y, además, sometidas a una discapacidad.

De otro lado, en la Sentencia TC/036/12 cuestionamos el despojo irregular

de terrenos asignados en el marco de la reforma agraria, advirtiendo que la

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labor del Instituto Agrario Dominicano debe estar guiada por el principio

de acceso de los parceleros a la propiedad inmobiliaria, especialmente la

titulada. Debemos agregar que, en diversas decisiones, como por ejemplo,

la sentencia TC/0205/13, el Tribunal ha protegido el derecho de propiedad,

condenando severamente las expropiaciones realizadas al margen de la

Constitución y la ley.

Otra decisión que merece destacarse por su importante efecto social es

la Sentencia TC/821/17, en la cual se declaró inadmisible el recurso de

revisión contra la sentencia del juez de amparo que ordenó la suspensión

de entrega de viviendas del proyecto habitacional Los Toros 1 y 2 de Azua,

a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), hasta

tanto se produzca la clasificación definitiva de los reales afectados, para

evitar que pudieran resultar beneficiadas personas que no fueron afectadas

por el paso de las tormentas Isaac y Sandy en Azua.

Los bienes que pertenecen al dominio público del Estado han sido

protegidos, tal como aconteció con la Sentencia TC/0194/13, donde el

Tribunal se pronunció respecto a Cayo Levantado, un islote ubicado en la

bahía de Samaná, perteneciente a todos los dominicanos, en su condición

de bien de dominio público y, por tanto, no susceptible de propiedad

particular.

No puedo dejar de mencionar la Sentencia TC/0221/16, en la que

exhortamos tanto al ministerio de Educación como a la oficina nacional de

Estadística, a realizar los estudios pertinentes para determinar la cantidad de

aulas requeridas en cada distrito escolar. Ello facilitaría las condiciones de

acceso a la educación y protegería el interés superior del menor.

Igualmente, relevante, resulta la importancia del acceso al agua que

empezamos a perfilar en la Sentencia TC/0049/12, reforzado en las

Sentencias TC/0289/16 y TC/0482/16, al reconocerlo como un derecho

fundamental.

En cuanto a la igualdad, la Sentencia TC/0033/12 declaró

inconstitucional la disposición que preveía el cobro, por concepto de

impuestos, de un 50 % adicional a los residentes en el exterior, sobre el

porcentaje que debían pagar los beneficiarios de sucesiones residentes en el

país. El TC aplicó el denominado “premio del recurrente” para retrotraer los

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efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad en beneficio exclusivo de

los accionantes. Otro ejemplo donde el Tribunal se ha erigido en garante del

derecho a la igualdad fue en ocasión de la TC/0190/13, en la que el Tribunal

declaró inconstitucional una disposición normativa que instituía la creación

de un fondo de pensiones en un sector económico solo en beneficio de los

trabajadores sindicalizados y no así respecto de todos los trabajadores que

contribuían a este fondo.

b. Promoción de la dignidad e igualdad de la mujer

El campo de acción de la protección de la dignidad y la igualdad es

extraordinario. Sin embargo, desde el inició el Tribunal ha tenido una

especial sensibilidad en la protección de los derechos de las mujeres frente

a distintas situaciones de discriminación y violencia que tradicionalmente

han menoscabado el disfrute de sus derechos fundamentales con dignidad y

en condiciones de plena igualdad.

El TC ha analizado esta realidad en diversos ámbitos. Así, frente a

situaciones de violencia intrafamiliar, ha admitido limitaciones importantes

al derecho de propiedad sobre las armas de fuego. Es el caso de la TC/0010/12,

en la cual, el Tribunal, reconociendo los índices de violencia intrafamiliar

y de uxoricidios (muerte causada a la mujer por su marido) que padece la

sociedad dominicana, y ante la posibilidad de que la esposa denunciante

o querellante pierda la vida, justificó que ante una denuncia o querella, el

ministerio de Interior y Policía o el ministerio Público incaute cualquier

arma de fuego que posea un imputado, hasta que sea dictada una sentencia

con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada o acontezca otro mecanismo

legítimo de culminación del proceso penal (TC/0109/13).

Esta protección de los derechos fundamentales de la mujer también se ha

extendido a situaciones propias de la vida matrimonial. En la TC/022/13,

el Tribunal rechazó una acción directa en inconstitucionalidad en contra

de una disposición de la ley de divorcio que exige al esposo demandante el

cumplimiento de una serie de reglas procesales que no son exigidas para la

mujer cuando ella es quien demanda en divorcio (notificación en la propia

persona y publicaciones previas).

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Contrario a lo planteado por el accionante, el Tribunal estableció que

cuando la ley exige que a la mujer se le notifique en su propia persona, no se

genera un privilegio en su favor; se trata de un principio de discriminación

procesal positiva, que busca superar en los hechos, en la realidad social, el

desequilibrio prevaleciente entre el hombre y la mujer. Hasta una reforma

legal en 2001, el marido era el administrador de los bienes de la comunidad.

Aun hoy, la igualdad se desdibuja cuando se presentan situaciones propias

del divorcio y uno de los cónyuges, usualmente el marido, distrae los bienes

de la comunidad.

En la Sentencia TC/0278/15, el Tribunal confirmó la decisión

del juez de amparo, que reconoció el derecho de la esposa que se

encontraba en proceso de divorcio a obtener información sobre los

bienes que componen la comunidad. Para el TC, la ausencia de esta

información es un atentado al derecho a la igualdad, que coloca a la

mujer en una situación de indefensión, poniendo en riesgo sus derechos

patrimoniales, impidiéndole utilizar las medidas conservatorias que

contempla el artículo 124 de la Ley 1306-Bis de 1937, sobre el divorcio

en la República Dominicana.

La dignidad humana ha servido expresamente de parámetro interpretativo

en el ámbito de la protección de los derechos de la mujer en la Sentencia

TC/0070/15, al declararse inconstitucional el artículo 35 de la Ley 1306-bis

sobre Divorcio, que exigía a la mujer divorciada esperar que transcurrieran

diez meses después del divorcio para casarse de nuevo, cuando se tratare de

una persona distinta de su ex esposo. Decisiones de esta naturaleza ponen de

manifiesto la particular sensibilidad que el Tribunal ha mostrado respecto de

la protección de los derechos de la mujer.

En otro orden, para garantizar la igualdad real y efectiva entre el hombre

y la mujer que prescribe el artículo 39.5 de la Constitución, en la Sentencia

TC/0159/13, el TC rechazó la acción directa en inconstitucionalidad,

contra la Ley núm. 12-00, la cual, en lo relativo a la nominación de

candidatos, preserva una proporción mínima de un treinta y tres por

ciento de mujeres en la participación política. Considero que este debe

ser el primer paso hacia el cumplimiento del mandato del artículo 39.5

constitucional, que hace responsable al Estado de promover y garantizar

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la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a

los cargos de elección popular, para las instancias de dirección y decisión

en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos

de control del Estado.

c. Protección del medio ambiente

La preservación del medio ambiente constituye una exigencia

constitucional de alcance supranacional que propugna por el bienestar

de todos los seres humanos. En la Sentencia TC/167/13, relativa a Loma

Miranda, un patrimonio natural del pueblo dominicano, el Tribunal

Constitucional consideró que la exploración y explotación de yacimientos

mineros, que son recursos naturales no renovables, deben ajustarse a

criterios medioambientales sostenibles, por lo que la libertad de empresa

y el derecho al trabajo deben ceder cuando quede evidenciado que una

actuación particular tenga o pueda tener efecto adverso irreversible en el

mantenimiento del equilibrio ecológico, máxime cuando la actuación a

largo plazo de los particulares pudiere arriesgar la seguridad y la subsistencia

de los seres humanos.

En la Sentencia TC/0021/17 volvimos a proteger el medio ambiente

y la conservación del equilibrio ecológico, al decidir sobre la revisión de

un amparo preventivo en contra del ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales. La acción de amparo procuraba que se prohibiera la

instalación de un aserradero en el Parque Nacional Juan Bautista Rancier,

de Valle Nuevo, a través del cual se pretendía extraer y procesar la madera

de los troncos dejados por un incendio en esta área protegida. La acción

de amparo fue rechazada, ante lo cual los accionantes interpusieron un

recurso de revisión de amparo ante el TC. Al conocer el fondo de la

acción de amparo y luego de que una comisión de magistrados realizara

un descenso al parque, el Tribunal, para acoger el amparo, determinó que

permitir la tala de los pinos y otras especies vegetales afectaría gravemente

la hidrografía de la isla, ya que en este valle nace el ochenta por ciento

(80 %) de los ríos del país y, por tanto, el ecosistema podría resultar

irremisiblemente deteriorado.

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d. Soberanía y nacionalidad

La defensa de la soberanía nacional y de la nacionalidad dominicana

constituyen dos ejes primordiales de la labor del Tribunal Constitucional. Si

bien no han sido tratados extensivamente en múltiples sentencias, sí lo han

sido intensivamente, esto es, con el mayor rigor y cuidado posibles, por las

implicaciones que tienen para “la indisoluble unidad de la Nación, patria

común de todos los dominicanos y dominicanas”. Soberanía y nacionalidad

se encuentran tan profundamente entrelazadas que su análisis separado

resulta imposible. La soberanía nacional reside en el pueblo dominicano y

el pueblo es la reunión de todas y cada una de las personas que ostentamos

la nacionalidad dominicana.

El Tribunal Constitucional se pronunció, por vez primera, sobre la

soberanía nacional, a propósito de un convenio internacional con la hermana

República de Colombia. Al realizar el control preventivo correspondiente,

en la Sentencia TC/0037/12, advertimos la obligación de “actuar con

suficiente mesura frente a un acuerdo internacional de carácter bilateral que

entraña aspectos sensibles de la soberanía y el territorio de la República

Dominicana”. Después de un análisis rigoroso concluimos que “la inclusión

en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de

Colombia y el Gobierno de la República Dominicana de un concepto restringido

de territorio y que no abarca el reconocimiento de que el Estado tiene “soberanía”

plena en el espacio aéreo situado sobre su territorio, limita el ejercicio pleno de

soberanía consagrado en la Constitución Dominicana y por tanto lo contradice”.

Este acuerdo fue posteriormente declarado conforme a la Constitución en

fecha 10 de noviembre de 2015, mediante Sentencia TC/0511/15, luego de

haber sido incorporadas las observaciones del TC.

El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dictó la

Sentencia TC/0168/13, con motivo de un recurso de revisión de sentencia

de amparo. Esta sentencia reafirmó la validez de la disposición establecida

en la Constitución dominicana del 20 de junio de 1929, que excluye de la

nacionalidad dominicana por ius soli a los hijos e hijas nacidos en el país de

padres extranjeros en tránsito. Esta disposición figura ininterrumpidamente,

con su naturaleza de excepción a la regla genérica de aplicación del ius soli,

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en todas las Constituciones dominicanas posteriores a la del 20 de junio

de 1929 hasta la actualidad; o sea, desde hace casi un siglo, a saber: en las

de 1934, 1942, 1947, 1955, 1959, 1960 (junio y diciembre), 1961, l962,

1963, 1966, 1994, 2002 y, finalmente, en el artículo 18.3 de la Constitución

actual. La Sentencia 0168/13 ratificó esencialmente, en consonancia con

el artículo 277 de la actual Constitución, el criterio sobre extranjeros en

tránsito contenido en la sentencia del 14 de diciembre de 2005, de la

honorable Suprema Corte de Justicia.

Como resalta Sixto Sánchez, catedrático de Derecho Internacional

Privado de la Universidad de Granada, esta sentencia “tuvo el efecto de establecer

la interpretación del art. 11 de aquellas constituciones [previas a la de 2010],

entendiéndolo referido a los nacidos de progenitores en situación migratoria

‘legal’. En términos jurídicos, esta interpretación no constituye una sanción o

medida de privación de libertad. [L]as cédulas o documentos de identidad, al

igual que las certificaciones registrales, son pruebas de la nacionalidad juris

tantum, que pueden ser legítimamente contradichas mediante un procedimiento

judicial, máxime cuando dicha contradicción resulta de la interpretación de la

norma constitucional por el propio Tribunal Constitucional”.

Cabe agregar, con José María Espinar Vicente, catedrático de Derecho

Internacional Privado y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad

de Alcalá de Henares, que “los argumentos que se vierten en la citada decisión se

inspiran más directamente en la actual concepción de la nacionalidad, tal como

ha sido acuñada con base en los cambios que se han podido ir detectando en el

último medio siglo. En [su] opinión, el derecho humano a una nacionalidad

no puede traducirse en el derecho a obtener una ciudadanía determinada. La

mera vinculación efectiva de una persona con la sociedad de un determinado

Estado no establece un derecho a ostentar esa nacionalidad, por muy fuerte

que pudiera ser. Para que ese ligamen generase tal derecho sería preciso que el

vínculo considerado estuviese recogido en la legislación estatal como índice de

atribución, consolidación o adquisición”.

La Sentencia TC/0168/13 se erigió en el leading case de un conjunto

ulterior de decisiones que han tenido como epicentro la determinación de

la nacionalidad dominicana. Su importancia en el ordenamiento jurídico

es innegable, pues a partir de ella, los poderes legislativo y ejecutivo

Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, Volumen 2

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emprendieron una serie de reformas legales y administrativas importantes

para ordenar la migración al país y preservar las condiciones estrictas de

adquisición de la nacionalidad que dispone la Constitución.

La custodia de la soberanía nacional sería reafirmada en la Sentencia

TC/0315/15, dictada a consecuencia del control preventivo del “Acuerdo

sobre Estatus del Personal de los EEUU en la República Dominicana”, el

cual fue declarado no conforme con la Constitución.

e. Identidad nacional y patrimonio cultural

La Sentencia TC/0713/16, del 23 de diciembre, aunque declaró

inadmisible la acción de inconstitucionalidad, determinó que la disposición

constitucional que establece que el Himno Nacional es único e invariable

es una especie de cláusula inmutable o pétrea que impide cualquier

modificación a su letra y melodía. Se precisó que aun cuando la diferencia

se refiera solo a una parte de su letra o de su melodía, por ser invariable, la

modificación a su letra y su melodía le está vedada a los poderes y órganos

constituidos del Estado dominicano, incluido el Tribunal Constitucional.

Indicando así, que el himno es una de las “fuentes de consenso emotivas de

una comunidad política”, a las que se refiere Peter Haberle, en su obra “El

Estado Constitucional”.

Dicha acción fue incoada contra la mención del gentilicio “quisqueyanos”

y la palabra “Quisqueya” en distintas partes del texto del Himno Nacional,

composición poética escrita en 1883 por el poeta Emilio Prud’ Homme,

con música del maestro José Reyes, declarada himno oficial de la República

mediante la Ley núm. 700, del treinta 30 de mayo de 1934. La misma

fue adoptada durante varios años de manera espontánea por el pueblo

dominicano, como expresión de sus sentimientos patrióticos y evocación

de sus luchas gloriosas por la libertad. Justamente el pasado año 2016 se

cumplió el 50 aniversario de la constitucionalización de nuestro himno, en

la Constitución de 28 de noviembre de 1966.

En la Sentencia TC/0758/17 conocimos una demanda en suspensión

contra una sentencia de amparo que estableció importantes limitaciones a

la organización y desenvolvimiento del carnaval de la ciudad de La Vega.

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Al evaluar el asunto, el Tribunal Constitucional estimó que concurrían

las condiciones de excepcionalidad que justificaban la suspensión de la

ejecución de la sentencia, no solo considerando el tiempo requerido para

el montaje y organización de la actividad de manera eficaz, sino porque el

carnaval vegano es un patrimonio cultural de la Nación dominicana y, por

lo tanto, es obligación del Estado conservar el desarrollo y montaje de este

evento de alcance nacional e internacional, al tiempo que las limitaciones

impuestas al mismo afectan los derechos colectivos de las personas que se

dan cita en la actividad.

f. Debido proceso y tutela judicial efectiva

El Tribunal Constitucional ha desarrollado, en su jurisprudencia de

este primer lustro, la tutela judicial efectiva y e l debido proceso. La primera

se refiere al acceso a los jueces y tribunales para obtener una respuesta

jurídica, respetuosa de las garantías procesales establecidas en el artículo 69

constitucional. La segunda aglutina precisamente esas garantías procesales

para asegurar que los ciudadanos se encuentren en condiciones de

defender, de manera adecuada, sus derechos fundamentales ante cualquier

tipo de actuación del Estado que pueda afectarlos. En consecuencia, las

autoridades estatales no podrán actuar en forma arbitraria, sino dentro del

marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias

de cada juicio.

La primera preocupación que el TC abordó en materia de debido

proceso es el deber de motivación razonable de las decisiones que afecten

derechos o intereses legítimos de las personas. Ello se esbozó en la Sentencia

TC/0010/12, a propósito de una revisión de amparo en la que se cuestionaba

un acto administrativo del ministerio de Interior y Policía que revocó una

licencia para el porte y tenencia de armas. Más adelante, en la Sentencia

TC/0009/2013, sobre la revisión constitucional de una sentencia emitida

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, establecimos con mayor

rigor una serie de pautas o criterios que deben ser seguidos minuciosamente

por los tribunales del orden judicial, para asegurar el cabal cumplimiento

del deber de motivación como parte de las garantías del debido proceso.

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!GENERACIÓN CONSTITUCIONAL!

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Criterios que fueron reiterados y reforzados en sentencias ulteriores, como

la TC/0077/14, la TC/0351/15, la TC/0381/15 y TC/0493/15.

El abordaje integral del debido proceso lo emprendimos a partir de la

Sentencia TC/0048/12, a propósito de una revisión de amparo en la que se

abordó la desvinculación de un miembro de la Policía Nacional. Se precisó

que el debido proceso se aplica a todas aquellas actuaciones realizadas por los

órganos que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales en cuanto a

la determinación de los derechos y obligaciones de cualquier persona; y aun

en las instituciones militares y de policía, regidas por una estricta disciplina,

debe también prevalecer el derecho de defensa como parte del debido

proceso, cuando se impute la comisión de hechos ilegales. Este criterio se ha

seguido en otros supuestos disciplinarios en la policía y las Fuerzas Armadas,

e, incluso, en la Sentencia TC/0011/2014, lo aplicamos para evaluar el

procedimiento disciplinario de los defensores públicos, concluyendo que

no puede realizarse menoscabando el debido proceso, pues este mantiene

pleno vigor en los procesos administrativos y los fortalece.

El cumplimiento del debido proceso es exigible en cualquier supuesto en

que las autoridades públicas deban actuar y aplicar sanciones, a tenor de la

Sentencia TC/0049/12, relativa a una revisión de amparo en la cual se alegaba

la vulneración de la libertad de empresa por una resolución administrativa. En

coherencia con ello, se decidió, en Sentencia TC/0201/13, que “las garantías

mínimas que, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución dominicana,

conforman el debido proceso, sirven para definir el tipo de proceso respecto del

cual debe exigirse su aplicación. Su análisis permite la conclusión […] de que

en sede administrativa su aplicación deberá ser exigida en los procedimientos

administrativos sancionatorios y en aquellos que puedan tener como resultado la

pérdida de derechos de las personas”. Por ello, en las sentencias TC/0276/15 y

TC/0292/15 insistimos –a propósito de actuaciones en el ámbito aduanal–

en la necesidad de respetar el debido proceso.

La protección del debido proceso ha sido reiterada frente a las actuaciones

de órganos de diversa naturaleza. Así, en la Sentencia TC/0068/13, a

propósito de un recurso de revisión de amparo electoral, estimamos que los

partidos políticos están obligados a respetar el debido proceso, al imponer

sanciones disciplinarias a los miembros a los que se impute la comisión de un

DR. MILTON RAY GUEVARA

644

hecho contrario a sus estatutos; en la Sentencia TC/0274/14 determinamos

que la expulsión de un miembro de un sindicato y de cualquier organización,

sin darle la oportunidad de que pueda defenderse, constituye una violación

al artículo 69 de la Constitución; en la Sentencia TC/0002/15 señalamos

que “la garantía al respeto de los derechos fundamentales constituye un asunto

de orden público que vincula a todas las personas sin distinción de su naturaleza

física o moral, privada o pública” y en la Sentencia TC/0192/16 insistimos

en que el derecho fundamental al debido proceso ha permeado todas las

actuaciones de la administración, sean públicas o privadas, lo que trae como

consecuencia que también las asociaciones y personas jurídicas de derecho

privado se encuentran obligadas a cumplir el orden constitucional y al

respeto de los principios y garantías fundamentales.

En lo relativo a la tutela judicial efectiva, explicamos en la Sentencia

TC/0489/15 que “es el derecho de toda persona a acceder al sistema judicial y

a obtener de los tribunales una decisión motivada, no consintiéndose el que por

parte de éstas se pueda sufrir indefensión al no permitírseles ejercer las facultades

que legalmente tienen reconocidas, como son todos y cada uno de los derechos

consignados en el artículo 69 de la Constitución”. Aspectos puntuales de la

tutela judicial efectiva –además de la motivación– se han ido abordando

separadamente en múltiples decisiones. La Sentencia TC/0010/12 consideró

la presunción de inocencia como parte esencial del debido proceso; en la

Sentencia TC/0050/13 abordamos el principio de imparcialidad judicial,

desarrollado ulteriormente en las sentencias TC/0531/15 y TC/0093/16;

las referencias al derecho a ser oído y al derecho de defensa aparecen ya

desde la propia Sentencia TC/0048/12 y es reiterado en la Sentencia

TC/0217/13; y, finalmente, la igualdad en el proceso la tratamos en la

Sentencia TC/0071/15.

g. Derechos fundamentales de las personas privadas de libertad

En atención a la protección de los derechos fundamentales de las personas

privadas de libertad, este Tribunal tuvo a bien conocer de un recurso de

revisión de decisión de amparo donde un grupo de defensores públicos

alegaban la violación al derecho a la defensa de sus representados, ya que las

Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, Volumen 2

!GENERACIÓN CONSTITUCIONAL!

645

formalidades establecidas para el acceso de estos representantes legales a los

recintos de detención preventiva conculcaban las normas constitucionales.

El Tribunal estableció, en su sentencia TC/0018/12, que dichas

formalidades claramente infringían las normas constitucionales, por ende,

todo recinto de detención debe poseer un protocolo que regule las entradas

y salidas de los defensores públicos y los abogados particulares. Así que

recomendó lo siguiente:

a) Que la normativa de dicho protocolo satisfaga el principio constitucio-

nal de la razonabilidad y garantice la integridad y seguridad física de los

detenidos;

b) Que ese objetivo sea logrado sin desmedro del derecho que asiste a sus

defensores públicos y abogados de comunicarse oportunamente con

ellos para defenderlos apropiadamente en los tribunales;

c) Que mientras se elabore y ponga en vigencia el indicado protocolo,

el Procurador Fiscal del Distrito Judicial Duarte (así como cualquier

miembro del ministerio Público que tenga bajo su dependencia un re-

cinto de detención preventivo), permitan el ingreso de los defensores

públicos y abogados para que realicen su trabajo, sujeto a la simple acre-

ditación de sus calidades y al registro de sus entradas y salidas, y cual-

quier otra medida de seguridad que se estime pertinente, sin necesidad

de autorización escrita de la Procuraduría Fiscal; y

e) Que la aplicación de dichas medidas sea extensiva a todos los recintos de

detención del territorio nacional carentes de las mismas.

En la Sentencia TC/233/13 se conoció la pretensión de una persona

privada de libertad, que alegaba la violación de sus derechos por haber sido

trasladada de un centro penitenciario sin orden de autoridad competente. El

Tribunal Constitucional, al conocer de la revisión de amparo, consideró que

“al trasladar al interno de un establecimiento carcelario a otro, sin autorización

de una autoridad competente, se transgredió el derecho a la seguridad personal,

no así el derecho a la libertad, pues en este caso se trata de un ciudadano que está

sometido al control y la protección del Estado (Dirección General de Prisiones) por

haber sido dispuesto su encarcelamiento por tribunales competentes, quedando

así privado de libertad”.

DR. MILTON RAY GUEVARA

646

En la Sentencia TC/0236/17 abordamos la pretensión de un interno

condenado, a quien el equipo multidisciplinario del centro penitenciario

donde se encontraba recluido, le impuso como sanción la suspensión de

la visita conyugal por un año, en razón de que luego de una visita, las

autoridades encontraron en su poder una bolsa con un vegetal verde,

presumiblemente marihuana. El juez de amparo consideró que la

visita conyugal no constituye un derecho fundamental. Sin embargo,

para el Tribunal Constitucional, la visita conyugal durante la reclusión

carcelaria constituye un derecho fundamental, por su estrecho vínculo

con los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, el libre

desarrollo de la personalidad y a los derechos sexuales y reproductivos,

lo que contribuye grandemente con el proceso de resocialización,

aunque su ejercicio puede ser objeto de regulación, a fin de preservar

la seguridad, salubridad, disciplina en el recinto, pero jamás puede ser

suspendido y, por lo tanto, puede ser tutelado por el juez de amparo

cuando la suspensión se produzca de forma arbitraria por parte de las

autoridades competentes.

h. Estatus de los órganos constitucionales autónomos o extrapoderes

A finales de 2014 y principios de 2015, el Tribunal Constitucional emitió

dos sentencias fundamentales para la comprensión de la nueva ingeniería

institucional del poder que contiene la Constitución dominicana a partir

de la reforma de 2010. Me refiero al estatus de los órganos constitucionales

autónomos o extrapoderes. Son estas las sentencias TC/0305/14 y

TC/0001/2015.

La primera fue dictada a propósito de un conflicto de competencia

entre la Junta Central Electoral y el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección

General de Contrataciones Públicas (DGCP), dependencia del ministerio

de Hacienda. Esta contiene un precedente vinculante en relación a los

presupuestos procesales del conflicto de competencia, que complementa

y enriquece los criterios tradicionales sobre la materia. Así, reconoce que

los órganos jerárquicamente subordinados tienen legitimación pasiva, pero

explica que es necesario poner en causa al órgano superior, para que fije su

Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, Volumen 2

!GENERACIÓN CONSTITUCIONAL!

647

posición en torno al objeto del proceso, pudiendo este último condicionar

las pretensiones del subordinado por razones de oportunidad, conveniencia

o mérito.

Para el Tribunal, las atribuciones constitucionales a tutelar en el proceso

competencial, no pueden interpretarse en sentido restrictivo, sino que han

de abarcar tanto las competencias fundamentales expresamente señaladas

en la Constitución, como las competencias accesorias e instrumentales

que implícitamente se deriven de aquellas, en caso de una actuación que

voluntariamente o en cumplimiento de una norma jurídica, produzca una

lesión a la jerarquía, la territorialidad o las funciones de los poderes y órganos

legitimados para accionar.

Esta sentencia ha delineado el estatuto de los órganos constitucionales

autónomos o extrapoder, creados directamente por la Constitución para

actualizar y perfeccionar el principio de la separación de los poderes, ante

la necesidad de separar determinadas funciones públicas de los procesos

normales de gobierno. En ese sentido, para el Tribunal: “a) Constituyen

órganos fundamentales del Estado, pues están situados en el vértice de

la organización política, en posición de relativa paridad e independencia

respecto de los poderes públicos tradicionales; b) Escapan a toda línea

jerárquica y a los controles de vigilancia y tutela jurídica de la autoridad

rectora de la Administración Pública; c) Reciben directamente de la

Constitución el estatus y competencias esenciales que definen su posición

institucional en la estructura del Estado; y d) Concretan externamente las

formas de gobierno, y el Estado manifiesta a través de ellos su voluntad con

la máxima eficacia formal”.

Ahora bien, conviene precisar que “ello no significa, en modo alguno, que

sus actuaciones se encuentren exentas de control, pues la propia Carta Magna

traza los lineamientos para que sus actividades administrativas […] estén

sometidas a supervisión y control: primero, a través de la Cámara de Cuentas

de la República, en su rol de órgano de control fiscal externo; segundo, por la

vía jurisdiccional que ejercen el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema

Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en el marco de sus respectivas

competencias; y, tercero, del Congreso Nacional a través de los mecanismos de

control político, legislativo y presupuestario”.

DR. MILTON RAY GUEVARA

648

La segunda sentencia se adoptó a consecuencia de una acción directa

de inconstitucionalidad presentada por el Banco Central de la República

Dominicana contra la Ley de la Cámara de Cuentas. El Tribunal decidió,

retomando los lineamientos de la sentencia anterior, “que la violación de la

autonomía de un órgano constitucional implica necesariamente la violación del

principio de separación de poderes establecido en el artículo 4 de la Constitución.

La afectación de cualquiera de las manifestaciones de la autonomía, […],

no es una cuestión que pueda abordarse con un parámetro bivalente gracias

al cual pueda decirse simplemente que la vulneración se acreditó o no, pues

constituye una cuestión gradual que, en consecuencia, admite diversos niveles de

completitud y, por ende, de afectación”.

Al analizar en concreto el planteamiento del accionante, se concluyó

que “resulta contrario al principio de separación de poderes exigir a los

poderes públicos y órganos constitucionales que obtengan una autorización

de la Cámara de Cuentas para poder contratar firmas privadas que auditen

su gestión”. Estas “auditorías” realizadas por firmas privadas carecen del

imperio legal para derivar autónomamente responsabilidades de ningún

tipo, sino que apenas podrían servir de insumo para que el órgano público

que las requirió adopte internamente las medidas de lugar que le permita el

régimen normativo propio. Estas auditorías son insumos importantísimos

para que el órgano evalúe el desempeño institucional y los resultados

alcanzados en su gestión, pero las “opiniones, observaciones, conclusiones

y recomendaciones” que se hagan constar en las mismas no pueden por sí

mismas dar origen al establecimiento de responsabilidades como las que

corresponde declarar a la Cámara de Cuentas.

i. Instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de

la Corte Interamericana

Quiero referirme, finalmente, y de manera particular a la Sentencia

TC/0256/14, del 4 de noviembre de 2014, que aborda la acción directa en

inconstitucionalidad contra el Instrumento de Aceptación de la Competencia

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Haré varias

puntualizaciones para comprender la naturaleza de la sentencia:

Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, Volumen 2

!GENERACIÓN CONSTITUCIONAL!

649

- Primero: El Tribunal Constitucional se pronuncia mediante sen-

tencias, decidiendo sobre los asuntos apoderados en el marco de sus

respectivas competencias constitucionales y legales, y no al margen

de estas. Los jueces del TC no pueden fallar al margen de los asun-

tos concretos de que son apoderados, en estricto apego al Estado de

derecho y el respeto al principio de separación de poderes.

- Segundo: Dicha acción directa –TC-01-2005-0013– constituyó un

proceso constitucional pendiente de fallo ante la Suprema Corte de

Justicia durante siete años.

- Tercero: Conviene aclarar que en el caso de nuestra sentencia

TC/0136/13, el instrumento de aceptación fue citado en un contex-

to donde la constitucionalidad de dicho documento de aceptación

no fue cuestionada. En consecuencia, tratándose del control pre-

ventivo de un acuerdo internacional distinto, no podíamos emitir

pronunciamiento alguno sobre la aceptación, sin incurrir en juzga-

miento por disposición general.

- Cuarto: Las citas por nuestro Tribunal de la jurisprudencia de la

Corte Interamericana son simples citas de desarrollo doctrinal de

dicha Corte, en temas o cuestiones analizadas por esta. El Tribunal

Constitucional dominicano, desde el inicio de sus labores, en una

práctica habitual, ha citado decisiones del Tribunal Constitucional

de España, Tribunal Constitucional de Perú, de la Corte Consti-

tucional de Colombia, de la Corte Constitucional de Ecuador, y

del Tribunal Plurinacional de Bolivia, entre otros. Este Tribunal es

signatario del Convenio Interinstitucional de Intercambio Jurispru-

dencial entre Cortes, Tribunales y Salas Constitucionales de Lati-

noamérica, “Pacto Ibagué”, del 18 de septiembre de 2014.

- Quinto: La referencia sobre el carácter vinculante de las decisiones

de la Corte Interamericana, a que se hace alusión en la Sentencia

TC/0084/13, debe ser precisada:

DR. MILTON RAY GUEVARA

650

a) En dicha sentencia no se examina la compatibilidad con la

Constitución del instrumento de aceptación de la competencia

de dicha Corte, tampoco si el Estado dominicano estaba sujeto

a la jurisdicción de la misma;

b) Tampoco se plantea, en la referida decisión, el alcance del vín-

culo de las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas

con relación al Estado dominicano, cuestión ligada a la válida

aceptación de la referida Corte, que sí fue valorada en la senten-

cia TC/0256/14;

c) La sentencia TC/0084/13 fue el producto de una interpretación

realizada a la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

convención que forma parte del bloque de constitucionalidad

(TC/0050/12), y que la Ley Orgánica del Tribunal indica que

debe ser tomada en consideración;

d) El acuerdo firmado por nuestro Tribunal con la Corte Interam-

ericana, corresponde al espíritu de cordialidad, diálogo, respeto

y cooperación que hemos promovido con otras instituciones

extranjeras de la misma categoría. Ello es absolutamente ajeno

a las labores jurisdiccionales de cada órgano, en el marco de sus

respectivas y soberanas competencias y/o atribuciones jurídi-

cas.

La decisión adoptada no cuestiona el derecho de los poderes públicos

dominicanos competentes para adherirse a la Corte Interamericana. El

meollo de la decisión referida fue señalar que no se agotó el procedimiento

constitucional requerido, exigencia que el Tribunal había convertido ya en

precedente –caso de Ley número 91, de fecha tres de febrero de 1983, que

creó el Colegio de Abogados.

III. Conclusiones

Es fácil apreciar que resulta un esfuerzo más que imposible presentar

una conferencia que aborde todas las líneas jurisprudenciales creadas a

Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, Volumen 2

!GENERACIÓN CONSTITUCIONAL!

651

partir de tres mil veinte sentencias. Estamos conscientes que la selección y

síntesis realizadas es imperfecta, pero se trató de reflejar un sustrato de lo que

consideramos son los aportes jurisprudenciales más importantes del primer

lustro de gestión del Tribunal Constitucional que me honro en presidir.

La labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional puede ser considerada

como estupenda. A pesar de que no puede dividirse en salas, porque todas sus

decisiones jurisdiccionales deben adoptarse con un mínimo de nueve votos

conformes y de las limitaciones físicas con las que hemos operado, lo cierto

es que gracias al trabajo arduo y comprometido de las y los integrantes del

Pleno, así como la asistencia tesonera de nuestros servidores constitucionales,

las metas propuestas se han ido logrando, con un aumento significativo

de decisiones que han impactado favorablemente en el fortalecimiento del

Estado Social y Democrático de Derecho.

La riqueza del contenido de la Constitución se acrecienta con los

aportes de los precedentes del Tribunal Constitucional, en tanto fuentes

de derecho, que concretizan las disposiciones abiertas e indeterminadas de

la Constitución y colman las lagunas y vacíos que afectan el ordenamiento

constitucional. Los precedentes constitucionales impactan a los otros

órganos jurisdiccionales, pues las interpretaciones que realiza el Tribunal

Constitucional direccionan la aplicación de la Constitución y enriquecen el

acervo jurisprudencial para la protección de derechos fundamentales.

Y es que la relevancia del Tribunal Constitucional desborda los

límites de sus atribuciones como órgano jurisdiccional supremo en

materia de interpretación constitucional. El establecimiento de un

sistema de precedentes con base en sus decisiones, las cuales tienen

carácter vinculante para todos los poderes públicos, plantea un cambio

en nuestro sistema tradicional de fuentes del derecho y la estructura

jerárquica del orden normativo nacional. Así, pues, los precedentes

vienen a constituir lo que el profesor francés Dominique Rousseau ha

denominado una “carta jurisprudencial de derechos y libertades”, en

razón de que “la lista de [ellos] no se cierra cuando los constituyentes

han terminado de redactar la Constitución, ella puede ser enriquecida,

completada o modificada en la medida de la evolución de las decisiones”

de la jurisdicción constitucional.

DR. MILTON RAY GUEVARA

652

Creo firmemente que, con la labor desarrollada durante su primer

lustro de funcionamiento, el Tribunal Constitucional ha estado edificando

los cimientos de un proceso irreversible de fortalecimiento del respeto a la

Constitución, los derechos ciudadanos y la instauración de una democracia

política y social. El juez constitucional, se ha dicho, no es solo intérprete

y juez sino también creador de normas jurídicas. Nuestra tarea ha sido

realizada con plena conciencia de nuestras responsabilidades, en absoluta

libertad y transparencia, con total independencia de criterio, y apegados a

los cánones válidos de interpretación constitucional.

Estamos conscientes de que en un Estado Social y Democrático de

Derecho existe una pluralidad de intereses en tensión que necesariamente ha

de encontrar eco en las decisiones jurisdiccionales. Por ello, es imposible que

las sentencias del Tribunal satisfagan plenamente a todos los contendientes y

a la sociedad en general. Ello explica por qué desde sus primeras decisiones, el

Tribunal Constitucional se ha revelado como organización ideológicamente

plural, en la que las opiniones jurídicas divergentes encuentran espacios

institucionales para expresarse legítimamente. Los votos disidentes y

salvados que acompañan a importantes decisiones son una muestra del fiel

compromiso que el Tribunal Constitucional asume en la búsqueda de ser

un espacio ciudadano, que refleje la diversidad de valores y principios que

convergen en una sociedad abierta. Eso se ha logrado con gran armonía

interna. Pasados los debates, a veces muy fuertes, tras la votación todo vuelve

a la normalidad, en fraternal convivencia, sin ningún tipo de malquerencias

personales.

Desde siempre he sido partidario de la crítica respetuosa y responsable

de las decisiones jurisdiccionales, como un mecanismo legítimo de control

ciudadano que coadyuva al fortalecimiento del poder Jurisdiccional, pues

en una sociedad democrática todos los poderes públicos, y el Tribunal

Constitucional no es la excepción, están expuestos al escrutinio público.

Como bien expresó el notable magistrado y expresidente del Tribunal

Constitucional español, asesinado por la intolerancia del terrorismo, don

Francisco Tomás y Valiente: «El Tribunal no debe obsesionarse nunca por el eco

de sus resoluciones. Ni ha de buscar el aplauso ni ha de huir de la censura, porque

en una sociedad democrática dotada de las libertades que el propio Tribunal

Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, Volumen 2

!GENERACIÓN CONSTITUCIONAL!

653

ampara, siempre habrá, en cada caso, ante cada sentencia no rutinaria, aplausos

y censuras, sea cual sea la intensidad relativa de unos y otros, y sean quienes sean

en cada ocasión los conformes y los disconformes».

Agrego: las decisiones no son tomadas para que participen en un

concurso de popularidad, ni tampoco con la intención de perjudicar,

molestar o mortificar a personas o grupos. Son el resultado del ejercicio de

nuestra obligación de juzgar. Nada más, pero tampoco nada menos.

¡Muchas gracias!