Constitución Política de la República Dominicana, 6 de noviembre de 1844
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
6 DE NOVIEMBRE DE 1844
TÍTULO I
DE LA NACIÓN
Artículo 1°. Los dominicanos se constituyen en nación libre,
independiente y soberana, bajo un gobierno esencialmente
civil, republicano, popular, representativo, electivo y
responsable.
TÍTULO II
DEL TERRITORIO
Artículo 2°. La parte Española de la Isla de Santo Domingo
y sus Islas adyacentes, forman el territorio de la República
Dominicana.
Artículo 3°. Los límites de la República Dominicana, son los
mismos que en 1793 la dividían por el lado del Occidente
de la parte francesa, y estos límites quedan denitivamente
jados.
Artículo 4°. El territorio de la República se divide en cinco
provincias que son: Compostela de Azua, Santo Domingo,
Santa Cruz de El Seibo, la Concepción de La Vega y Santiago de
los Caballeros.
Artículo 5°. Estas provincias se subdividen en comunes, cuyo
número y distribución serán arreglados por la ley.
Artículo 6°. La Ciudad de Santo Domingo es Capital de la
República y asiento del Gobierno.
Constitución Política
de la República Dominicana
6 de noviembre de 1844
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TÍTULO III
DE LOS DOMINICANOS Y DE SUS DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LOS DOMINICANOS
Artículo 7°. Son dominicanos:
Primero: Todos los individuos que al momento de la publicación
de la presente Constitución, gocen de esta cualidad.
Segundo: Todos los que nacidos en el territorio de la República
Dominicana de padres dominicanos, y habiendo emigrado
vuelvan a jar su residencia en ella.
Tercero: Todos los españoles dominicanos y sus descendientes
que habiendo emigrado en 1844, no han tomado las armas
contra la República Dominicana, ni la han hostilizado en modo
alguno, y que vuelvan a jar su residencia en ella.
Cuarto: Todos los descendientes de oriundos de la parte
Española nacidos en países extranjeros que vengan a jar su
residencia en la República.
Artículo 8°. Son hábiles a ser dominicanos:
Primero: Todos los extranjeros que adquieran en la República
bienes raíces cuyo valor ascienda a seis mil pesos.
Segundo: Todos los que trabajando personalmente, formen
en la República un establecimiento de agricultura a título de
propietarios.
Artículo 9°. Los extranjeros comprendidos en el artículo
precedente no gozarán de los derechos políticos, sino después
de una residencia de seis años en el territorio.
Este período se reduce a tres años en favor de los extranjeros:
Primero: Que contraigan en el país matrimonio con dominicana.
Segundo: Que formen en la República un establecimiento
concluido de agricultura, cuyo capital sea de doce mil pesos por
lo menos.
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Artículo 10. El extranjero que se encuentre en una de estas
categorías, acudirá al poder Ejecutivo, que está facultado a
expedirlas cartas de naturalización, previas las formalidades
que la ley prescribe, bien entendido, que no gozarán de esta
gracia los extranjeros que pertenezcan a una nación enemiga.
Artículo 11. Todo extranjero naturalizado, debe conservar
durante quince años a lo menos, la cualidad en cuya virtud
adquirió la naturalización. En caso de cambiar voluntariamente
de categoría, pierde los derechos que había adquirido, vuelve
a ser considerado como extranjero y está sujeto a las mismas
formalidades para conseguir de nuevo su naturalización.
Artículo 12. Los extranjeros naturalizados haitianos que
residían en el territorio de la República Dominicana el 27 de
Febrero de 1844, y que para no seguir la causa dominicana
invocaron su cualidad de extranjeros, serán considerados como
tales y sujetos a un tercio más de los períodos estipulados en
el artículo 9, sin perjuicio de las demás formalidades a que se
reeren los artículos 8, 10 y 11.
Artículo 13. Todos los extranjeros no pertenecientes a una
nación enemiga, serán admitidos en el territorio de la República,
si profesan algún arte, ciencia o industria útil, al goce de los
derechos civiles; desde que pisan el territorio dominicano
están bajo la salvaguardia del honor nacional, y disfrutan de la
protección concedida a las personas y bienes conformándose a
las leyes.
CAPÍTULO II
DERECHO PÚBLICO DE LOS DOMINICANOS.
Artículo 14. Los dominicanos nacen y permanecen libres
e iguales en derecho, y todos son admisibles a los empleos
públicos, estando para siempre abolida la esclavitud.
Artículo 15. La ley arregla el goce, la pérdida y suspensión
de los derechos políticos, como así mismo el ejercicio de los
derechos civiles.
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Artículo 16. La libertad individual queda asegurada. Nadie
puede ser perseguido sino en los casos previstos por la ley, y en
la forma que ella prescribe.
Artículo 17. Fuera del caso de infraganti delito, ninguno puede
ser encarcelado sino en virtud de una orden motivada del juez,
que debe noticarse en el momento del arresto, o a lo mas tarde
dentro del término de veinte y cuatro horas.
Artículo 18. Los sorprendidos infraganti serán llevados ante el
juez competente, y si fuere en la noche, se llenará esta formalidad
a las seis de la mañana del siguiente día, sin que puedan ser
presentados ante ninguna otra autoridad.
Artículo 19. Nadie puede ser preso ni sentenciado, sino por
el juez o tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al
delito y en la forma que ellas prescriban.
Artículo 20. No se impondrá jamás las penas de conscación
de bienes.
Artículo 21. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por
causa justicada de utilidad pública, previa la correspondiente
indemnización a juicio de peritos.
Artículo 22. El domicilio de todo individuo es un asilo sagrado
e inviolable. Ninguna visita domiciliaria puede vericarse, sino
en los casos previstos por la ley, y con las formalidades que ella
prescriba.
Artículo 23. Todos los dominicanos pueden imprimir y publicar
libremente sus ideas, sin previa censura, con sujeción a las
leyes. La calicación de los delitos de imprenta, corresponde
exclusivamente a los jurados. ·
Artículo 24. Unas mismas leyes regirán en toda la República,
y en ellas no se establecerá mas que un solo fuero para todos
los dominicanos en los juicios comunes, civiles y criminales.
Artículo 25. Ningún poder, corporación, ni autoridad podrá
jamás conceder indulto general; pero el poder legislativo puede
en casos particulares de conmoción u otros, conceder amnistías
o indultos particulares, con las excepciones que el interés de la
Sociedad y privado exijan según los crímenes o delitos.
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Artículo 26. Todos los ciudadanos están obligados a defender
la patria con las armas, cuando sean llamados por la ley, y a
contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del
Estado.
Artículo 27. A nadie se le puede obligar a que haga lo que la ley
no manda, ni impedir que haga lo que la ley no priva.
Artículo 28. El secreto de las cartas es inviolable. La ley
determinará quienes son los agentes responsables, y los casos
de responsabilidad en este ramo.
Artículo 29. Será creada la instrucción pública, común a todos los
ciudadanos, gratuita en todos los ramos de enseñanza primaria,
cuyos establecimientos serán distribuidos gradualmente en
proporción combinada con la división del territorio; la ley
arreglará los pormenores, tanto de estos ramos como de la
enseñanza de artes y ciencias.
Artículo 30. Los dominicanos tienen el derecho de asociarse;
este derecho no puede sujetarse a ninguna medida preventiva.
Artículo 31. Los dominicanos tienen el derecho de reunirse
pacícamente y sin armas en casas particulares, conformándose
a las leyes que puedan arreglar ese derecho; pero sin estar
sujetos a previa autorización alguna.
Artículo 32. Las sociedades patrióticas que se establezcan para
promover y auxiliar todos los ramos de utilidad pública, darán
parte al poder Ejecutivo de su establecimiento y nombre.
Artículo 33. Para denunciar a los funcionarios públicos por
hechos de su administración, no se necesita ninguna previa
autorización.
Artículo 34. Ninguna ley puede tener efecto retroactivo.
Artículo 35. No podrá hacerse ninguna ley contraria ni a la letra
ni al espíritu de la Constitución: en caso de duda, el texto de la
Constitución debe siempre prevalecer.
Artículo 36. Todos los dominicanos tienen el derecho de
petición, pero este no Se puede ejercer Sino por uno o muchos
individuos, y nunca en nombre de un cuerpo colectivo.
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Artículo 37. Las peticiones se pueden dirigir, sea al presidente
de la República, sea a uno de los cuerpos colegisladores, sea al
Congreso.
Artículo 38. La religión Católica, Apostólica, Romana, es la
religión del Estado; sus ministros, en cuanto al ejercicio del
ministerio Eclesiástico, dependen solamente de los prelados
canónicamente instituidos.
TÍTULO IV
DE LA SOBERANÍA Y DEL EJERCICIO DE
LOS PODERES QUE DE ELLA EMANAN
CAPÍTULO I
DE LA SOBERANÍA
Artículo 39. La soberanía reside en la universalidad de los
ciudadanos, y se ejerce por tres poderes delegados, según las
reglas establecidas en la Constitución.
Artículo 40. Los poderes son, el legislativo, el ejecutivo, y el
judicial.
Artículo 41. Estos poderes se ejercen separadamente, son
esencialmente independientes, responsables y temporales, y
sus encargados no pueden delegarlos, ni salir de los límites que
les ja la Constitución.
Artículo 42. El poder Legislativo, se ejerce por un Tribunado y un
Consejo Conservador.
Artículo 43. Estos dos cuerpos reunidos, forman el Congreso
Nacional en los casos previstos por la Constitución.
Artículo 44. El poder Ejecutivo, se delega a un ciudadano que
toma el título de Presidente de la República Dominicana; y no
puede tener ningún otro tratamiento.
Artículo 45. El poder judicial se delega a jueces árbitros, alcaldes
de comunes, justicias mayores de provincias, tribunales de
consulado y de apelación, consejos de guerra y a una sola
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Suprema Corte de Justicia residente en la capital, para toda la
República.
CAPÍTULO II
DEL PODER LEGISLATIVO
I.—DEL TRIBUNADO Y DEL EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES
Artículo 46. El Tribunado se compone de quince Diputados,
nombrados por elección indirecta en razón de tres por cada
provincia, y según las reglas que mas adelante se establecen.
Artículo 47. Seguidamente de los Tribunos se nombrarán
por cada Colegio Electoral de provincia, tres Suplentes para
reemplazar a aquellos en caso de muerte, dimisión o destitución.
Artículo 48. Para poder ser electo Tribuno se necesita:
Primero: Estar en el goce de los derechos civiles y políticos.
Segundo: Tener por lo menos 25 años cumplidos.
Tercero: Ser propietario de bienes raíces.
Cuarto: Tener su actual residencia en el territorio dominicano.
Los extranjeros naturalizados, no podrán ser electos Tribunos
sino diez años después de su naturalización.
Artículo 49. Los Tribunos se elijen por seis años.
Artículo 50. La renovación del Tribunado se efectúa cada dos
años por terceras partes. En consecuencia, se dividen por sorteo
en tres series compuesta cada una de cinco Tribunos, en que
encontrara uno de cada provincia.
Artículo 51. Por la primera vez, los de la primera serie acabarán
sus funciones a los dos años; los de la segunda, a los cuatro; y
los de la tercera, al cabo de los seis.
Artículo 52. Los Tribunos pueden ser indenidamente reelectos.
Artículo 53. Cada Tribuno goza de una indemnización de
doscientos pesos mensuales durante la sesión legislativa.
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Artículo 54. El Tribunado se reúne de pleno derecho el primero
de Febrero de cada año.
Artículo 55. La sesión del Tribunado es de tres meses, en caso de
necesidad puede prolongarse un mes mas, sea por disposición
del Congreso, sea petición del poder Ejecutivo.
Artículo 56. El Tribunado tiene, como el poder Ejecutivo
y el Consejo Conservador, la iniciativa de todas las leyes y
exclusivamente la de las relativas:
Primero: A los impuestos en general.
Segundo: Al contingente anual y organización del ejército de
tierra y mar, en tiempo de paz.
Tercero: A la guardia cívica.
Cuarto: A elecciones.
Quinto: A la responsabilidad de los secretarios de Estado y
demás agentes del poder Ejecutivo.
Toda ley sobre estas materias será acordada desde luego por el
Tribunado.
Artículo 57. El Tribunado tiene la facultad exclusiva de poner a
sus miembros en estado de acusación.
Artículo 58. Además de las funciones legislativas, son
atribuciones peculiares del Tribunado:
Primera: Presentar al Consejo Conservador los candidatos
para jueces tanto de la Suprema Corte de Justicia, como de los
tribunales inferiores, escogidos en las listas formadas por los
Colegios Electorales de las provincias.
Segunda: Denunciar ante el Consejo Conservador al presidente
de la República y a los secretarios de Estado, por toda infracción
a la Constitución o a las leyes de malversación o traición, sea
de ocio o como órgano de las denuncias de los Ciudadanos
legalmente apoyados.
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II.—DEL CONSEJO CONSERVADOR
Y DE SUS ATRIBUCIONES
Artículo 59. Los miembros del Consejo Conservador se eligen
por los mismos Colegios Electorales, que los miembros del
Tribunado.
Artículo 60. El Consejo Conservador se compone de cinco
miembros, en razón de uno por cada provincia.
Artículo 61. Los miembros del Consejo Conservador se eligen
por seis años, y se renuevan integralmente.
Artículo 62. Para ser miembro del Consejo Conservador se
necesita:
Primero: Estar en el goce de los derechos civiles y políticos.
Segundo: Tener por lo menos treinta años cumplidos.
Tercero: Ser propietario de bienes raíces.
Cuarto: Tener su domicilio en la provincia que le elije.
Los extranjeros naturalizados no podrán ser miembros de este
Cuerpo, sino quince años después de su naturalización.
Artículo 63. En caso de muerte, dimisión o destitución de un
miembro del Consejo Conservador, el Tribunado procede a su
reemplazo eligiendo un individuo que reúna todas las cualidades
exigidas en el artículo precedente, pero el nuevamente electo
solo ejercerá ese cargo por el tiempo que faltaba para cumplir
su período al miembro a quien reemplace.
Artículo 64. El Consejo Conservador abre y cierra sus sesiones
legislativas quince días a más tardar después que el Tribunado.
Artículo 65. Toda reunión legislativa del Consejo Conservador
fuera del tiempo prescrito en el artículo antecedente, es nula de
derecho.
Artículo 66. Los miembros del Consejo Conservador reciben
una indemnización mensual de trescientos pesos, durante cada
sesión, así legislativa como judicial.
Artículo 67. Las atribuciones del Consejo Conservador, son:
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Primera: Sancionar todas las leyes en general con la siguiente
fórmula: En nombre de la República Dominicana ejecutase la Ley N...
Segunda: Suspender la sanción de las leyes acordadas por el
Tribunado, y hacer las observaciones que juzgue oportunas en
los términos que mas adelante se establece.
Tercera: Proponer al Tribunado proyectos de leyes sobre aquellas
materias en que este no tiene la iniciativa exclusivamente.
Cuarto: Poner en estado de acusación a sus miembros.
Quinto: Decretar de acusación al presidente de la República y
a los secretarios de Estado, en virtud de la denuncia hecha por
el Tribunado en caso que la encuentre fundada. Este decreto
produce la suspensión del acusado del ejercicio de sus funciones.
Sexto: Juzgar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia,
en los casos previstos por la Constitución.
Séptimo: Elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia y
demás tribunales inferiores, entre los candidatos propuestos
por el Tribunado.
Octavo: Decidir las cuestiones que puedan suscitarse entre las
comunes y poderes del Estado.
III.—DISPOSICIONES COMUNES A LOS
DOS CUERPOS COLEGISLADORES
Artículo 68. Los miembros de los dos Cuerpos Colegisladores
representan la Nación, y no únicamente la provincia que los ha
elegido.
Artículo 69. La Capital es el asiento de los Cuerpos Colegis-
ladores; sin embargo, el Congreso podrá en circunstancias ex-
traordinarias designar otro lugar para las sesiones legislativas.
Artículo 70. Excepto cuando se reúnen en Congreso, cada
Cuerpo tiene su local particular; verica los poderes de sus
miembros, y decide las dicultades a que pueden dar lugar.
Artículo 71. Ninguno puede ser a la vez miembro de los dos
Cuerpos Colegisladores.
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Artículo 72. Cada Cuerpo nombra los empleados de su
respectiva mesa, en la forma y por el tiempo estipulado en su
reglamento interior.
Artículo 73. Las sesiones son públicas; sin embargo, a petición
de tres miembros en el Tribunado, y de uno en el Consejo
Conservador, cada Cuerpo puede deliberar secretamente; pero
en seguida la mayoría decide si la sesión sobre la misma materia
se debe reiterar en público.
Artículo 74. Los dos tercios de los miembros presentes de cada
Cuerpo Colegislador, forman la mayoría para todo acuerdo
concerniente a las leyes, sin perjuicio de lo que ambos Cuerpos
determinen en su reglamento interior acerca de las elecciones y
demás atribuciones.
En caso de empate, se rechaza la proposición en cuestión.
Artículo 75. Los Cuerpos Colegisladores no pueden tomar
resolución alguna sin que se encuentre presente la mayoría
absoluta de sus miembros.
Artículo 76. Ningún proyecto de ley puede ser adoptado por
los Cuerpos Colegisladores, sino después de tres lecturas
con intervalo de dos días francos de una a otra, y de haberse
acordado cada uno de sus artículos en particular.
Artículo 77. Todo proyecto de ley adoptado por uno de los
Cuerpos Colegisladores, expresará el haberse cumplido con los
requisitos a que se reere el artículo precedente para que pueda
ser admitido a discusión por el otro Cuerpo.
Artículo 78. En caso de que el proyecto sea declarado urgente
por la mayoría del Tribunado, podrá este dispensarse de
cumplir con las formalidades requeridas por el artículo 76;
pero el Consejo Conservador puede desaprobar la urgencia, y
devolvérsele para que le discuta en forma ordinaria.
Artículo 79. Los Cuerpos Colegisladores tienen el derecho de
adicionar y dividir los artículos propuestos.
Artículo 80. Todo proyecto de ley debe sufrir su primera
discusión en el cuerpo colegislador de su origen.
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Artículo 81. Todo proyecto de ley acordado por el Tribuna-
do será enviado al Consejo Conservador para su sanción. Si
este no le adopta, le devuelve al Tribunado con sus objeciones
o modicaciones, en vista de las cuales este lo discutirá de
nuevo, y si desecha las observaciones devuelve el proyecto al
Consejo Conservador; y si este persiste en las objeciones des-
echadas, se somete la discusión al Congreso, que el presidente
del Consejo Conservador convocará al efecto dentro veinte y
cuatro horas. En caso de empate, la decisión será Conforme a
lo dispuesto por el artículo 74.
Las mismas formalidades se deben observar respecto a los
proyectos de ley que emanen del Consejo Conservador.
Artículo 82. El Consejo Conservador ejerce el derecho de
objeción dentro de dos días para los proyectos de ley acordados
por urgencia en el Tribunado, y dentro de diez días, incluso
los domingos, para las demás leyes; sin embargo, si la sesión
legislativa se cierra antes de la expiración de este último
término, la ley se reputa en receso.
Artículo 83. Toda ley sancionada por el Consejo Conservador,
será enviada al poder Ejecutivo con una carta ocial para su
promulgación dentro de cuarenta y ocho horas.
Artículo 84. Cuando el presidente del Consejo Conservador
reciba de nuevo la ley con las simples observaciones que el poder
Ejecutivo está facultado a hacer, convocará dentro de veinte y
cuatro horas el Congreso, y este decidirá denitivamente sobre
dichas observaciones.
Artículo 85. Los proyectos de ley rechazados por los Cuerpos
Colegisladores, o por el Congreso, no podrán ser reproducidos
en la misma sesión, pero alguno o algunos de sus artículos
pueden hacer parte de otro proyecto, que se someta en la misma
sesión.
Artículo 86. Las peticiones dirigidas a los Cuerpos Colegisladores
deberán ser depositadas en sus respectivos bufetes.
Artículo 87. Cada Cuerpo Colegislador tiene el derecho de
pasar a los secretarios de Estado las peticiones que se le dirijan,
y de pedirles informes o aclaraciones sobre su contenido.
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Artículo 88. Los miembros de los Cuerpos Colegisladores son
inviolables por sus opiniones y votos emitidos en el ejercicio de
su encargo.
Artículo 89. Los miembros de los Cuerpos Colegisladores no
pueden ser arrestados ni procesados durante las sesiones, sin
permiso de su respectivo Cuerpo, a no ser hallados infraganti;
pero en este caso, y en el de ser procesados o arrestados cuando
estuvieren cerradas las sesiones legislativas, se deberá dar
cuenta lo mas pronto posible al respectivo Cuerpo para su
conocimiento y resolución.
Artículo 90. Cada Cuerpo determinará por su reglamento
particular el modo de ejercer su disciplina interior.
IV.—DEL CONGRESO NACIONAL
Artículo 91. El Congreso Nacional se reúne cada vez que así lo
exija la naturaleza de sus atribuciones.
Artículo 92. El presidente del Consejo Conservador es presidente
del Congreso; el presidente del Tribunado, vicepresidente; y los
secretarios de ambos Cuerpos, lo son del Congreso.
Artículo 93. Al presidente del Consejo Conservador toca la
convocación del Congreso; en consecuencia a el deben dirigirse
el poder Ejecutivo o el Tribunado, para que lo convoque,
señalando el local, día, hora y motivo de la reunión.
En ningún caso podrá negar la convocación.
Artículo 94. Las atribuciones del Congreso:
Primero: Proclamar al presidente de la República, ya en
consecuencia del escrutinio electoral, ya en virtud del Congreso
en los casos en que se le atribuye esta facultad por la Constitución,
y recibirle juramento antes de entrar en ejercicio.
Segundo: Juzgar al presidente de la República en Virtud del
decreto de acusación dado por el Consejo Conservador.
Tercero: Fijar cada año los gastos públicos de los diversos
ramos, en vista de los presupuestos que le presenta el poder
Ejecutivo.
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Cuarto: Decretar lo conveniente para la administración,
fructicación, conservación y enajenación de los bienes
nacionales.
Quinto: Contraer deudas sobre el crédito nacional.
Sexto: Decretar el establecimiento de un banco nacional.
Séptimo: Determinar y uniformar el valor, peso, tipo y nombre
de la moneda, sin que esta pueda llevar el busto de persona
alguna.
Octavo: Fijar y uniformar los pesos y medidas.
Noveno: Decretar la creación y supresión de los empleados
públicos no jados por la Constitución; y señalar los sueldos,
disminuirlos y aumentarlos.
Décimo: Interpretar las leyes en caso de duda u obscuridad.
Undécimo: Decretar la guerra ofensiva en vista de los motivos
que le presente el poder Ejecutivo, y requerirlo para que negocie
la paz cuando fuere necesario.
Duodécimo: Prestar o negar su consentimiento a los tratados
de paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio
y cualesquiera otros que celebre el poder Ejecutivo. Ningún
tratado tendrá efecto sino en virtud de la aprobación del
Congreso.
Decimotercio: Crear y promover la educación pública, el
progreso de las ciencias, artes y establecimientos de utilidad
común.
Decimocuarto: En favor de la humanidad y cuando lo exija un
grave motivo, conmutar la pena capital en virtud de apelación
a su gracia, la cual produce suspensión de la ejecución.
Decimoquinto: Conceder al poder Ejecutivo, en tiempo
de guerra, cuantas facultades extraordinarias juzgue
indispensables para la seguridad pública, detallándolas en
cuanto sea posible, y circunscribiendo el tiempo en que debe
usar de ellas.
Decimosexto: Dirimir la discordia de las opiniones particulares
de los Cuerpos Colegisladores acerca de las leyes.
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Decimoséptimo: Decidir denitivamente las diferencias
entre las diversas Diputaciones provinciales, entre estas y los
Ayuntamientos, y entre las Diputaciones o Ayuntamientos y el
Gobierno.
Decimoctavo: Decretar la extinción de censos perpetuos,
mayorazgos, vinculaciones y capellanías, a n de que para
siempre desaparezca todo feudo.
Decimonoveno: Revisar la Constitución del Estado, siempre
que el Tribunado declare la necesidad de hacerlo, en la forma
que en su lugar se dirá.
CAPÍTULO II BIS
DEL PODER EJECUTIVO
I.— DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Artículo 95. El presidente de la República es electo por cuatro
años, y entra en ejercicio en las elecciones ordinarias el quince de
febrero; y en las extraordinarias, treinta días, a lo mas, después
de su nombramiento. Si llega la expiración de estos términos
sin que el presidente electo se presente a prestar juramento ni
propusiere escusa legítima admitida por el Congreso diferirlo,
su silencio será considerado como renuncia, y cederá a nueva
elección.
El presidente nombrado extraordinariamente, dura en sus
funciones hasta el quince de Febrero anterior a la expiración
cuarto año de su período Constitucional.
Artículo 96. El presidente de la República se elige en la forma
Siguiente: cada elector vota por dos individuos, de los cuales
uno debe estar domiciliado en la provincia, y el otro en toda
la extensión de la República. Los procesos verbales de elección
se remiten cerrados y sellados al presidente del Congreso.
Cuando el presidente reúne los pliegos de todos los Colegios
Electorales, los abre en sesión pública y verica los votos.
Si alguno de los candidatos reúne la mayoría absoluta de
sufragios, es proclamado presidente de la República. Siempre
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que falte la mayoría indicada, el Congreso separa los tres que
reúnan más sufragios, y procede a elegir uno entre ellos. Si en
este primer escrutinio ninguno obtiene la mayoría absoluta, se
procede a nueva votación, entre los dos candidatos que más
sufragios obtuvieron en el primero, y en caso de igualdad, la
elección se decide por la suerte.
Todas estas operaciones deberán efectuarse en una sola sesión
permanente, a pena de nulidad.
Artículo 97. Para ser presidente de la República, es necesario:
Primero: Ser dominicano de origen.
Segundo: Tener treinta y cinco años cumplidos por lo menos.
Tercero: Reunir todas las demás cualidades requeridas por el
artículo 62, Para ser miembro del Consejo Conservador.
Artículo 98. Ninguno pude ser reelecto presidente de la
República, sino después de un intervalo de cuatro años.
Artículo 99. En caso de muerte, dimisión, destitución o
impedimento temporal del presidente de la República, el
Consejo de los secretarios de Estado ejerce provisionalmente el
poder Ejecutivo; y en los tres primeros casos, expedirá dentro de
cuarenta y ocho horas el decreto de convocatoria del Congreso
y de los Colegios Electorales, para que proceda a la elección del
nuevo presidente, conforme a la Constitución.
Artículo 100. Tanto el Congreso como los Colegios Electorales
deberán reunirse, a lo mas tarde, dentro de los treinta días de la
fecha del decreto a que se reere el artículo precedente.
Artículo 101. Antes de entrar en funciones el presidente de la
República, presta ante el Congreso el siguiente juramento:
Juro por Dios y los Santos Evangelios, guardar y hacer guardar
la Constitución y las leyes del pueblo dominicano, respetar
los derechos y mantener la independencia Nacional.
Artículo 102. Las atribuciones del presidente de la República
son:
Primero: Sellar las leyes y los actos, y decretos del Congreso
Nacional, y dentro del término de cuarenta y ocho horas,
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siempre que no tenga observaciones que hacer acerca de ellos,
promulgar unas y otros con la siguiente fórmula:
Cúmplase, comuníquese y circule en todo el territorio de la
República Dominicana; pudiendo hacer todos los reglamentos
y decretos necesarios para su cumplimiento.
Segundo: Hacer las observaciones que juzgue oportunas
acerca de las leyes sancionadas por el Consejo Conservador, a
cuyo Presidente las remitirá con devolución de la ley, dentro
del término de cuarenta y ocho horas en las leyes acordadas
por urgencia, y de cinco días en todas las demás, para que el
Congreso delibere según lo prescrito en el artículo 84; y si sus
observaciones son desechadas por el Congreso, debe proceder a
la promulgación sin poder suspender la ejecución. Esta facultad
no se extiende a las leyes cuya iniciativa toca exclusivamente al
Tribunado.
Tercero: Ejercer como el Tribunado y el Consejo Conservador
la iniciativa de las leyes, excepto aquellas en que la tiene
exclusivamente el Tribunado.
Cuarto: Nombrar y revocar los secretarios de Estado.
Quinto: Nombrar los empleados de administración general y
de relaciones exteriores, con las condiciones prescritas por la
ley.
Sexto: Nombrar a todos los empleados públicos, cuya
nominación no se determina de otro modo por la Constitución
o la ley.
Séptimo: Conferir los grados del ejército de tierra y mar, y
encomendar sus mandos.
Octavo: Suspender de sus destinos a los empleados cuyo
nombramiento le corresponde, y que delincan en razón de su
ocio; pero avisará dentro de cuarenta y ocho horas al Tribunal
competente, acompañándole el expediente y documentos que
motivaron su procedimiento, para que siga el juicio con arreglo
a las leyes.
Noveno: Convocar extraordinariamente el Cuerpo Legislativo,
por motivos graves que expresará en el decreto de convocatoria.
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Décimo: A la apertura de cada sesión legislativa, dar cuenta
por escrito a los Cuerpos Colegisladores de su administración
durante el año expirado, y presentar la situación interior y
exterior de la República en los diversos ramos.
Undécimo: Someter a la consideración de los Cuerpos
Colegisladores, cuanto juzgue conducente al bien público.
Duodécimo: Hacer los tratados de paz, de alianza, de amistad,
de neutralidad, y de Comercio, a reserva de la sanción del
Congreso.
Decimotercio: En los casos de conmoción interior a mano
armada, que amenace la seguridad de la República, y en los
de una invasión exterior y repentina, usar de las facultades
que le haya conferido el Congreso Nacional en conformidad
de lo previsto por el 15 miembro del artículo 94-, y si el caso se
presentare en el intervalo que medie entre la promulgación
de la presente Constitución y la primera reunión del
Congreso, o cuando este no esté reunido o que no haya
previsto las circunstancias, tomar todas aquellas medidas,
no contrarias a la Constitución, que exija la conservación de
la cosa pública, de que dará detallada cuenta al Congreso
tan luego como se reúna.
Decimocuarto: Denunciar a los Tribunos y a los miembros del
Consejo Conservador ante los cuerpos que corresponda, por
infracción a la Constitución o a las leyes, y por traición a la
Patria.
Artículo 103. Todas las medidas que toma el presidente de
la República, se deben antes deliberar en el Consejo de los
secretarios de Estado.
Artículo 104. Ningún acto del presidente de la República es
ejecutorio, si no está refrendado por uno de los secretarios de
Estado, que por este solo hecho es responsable de él.
Artículo 105. El presidente de la República es el celador de todos
los abusos de autoridad y excesos de poder que se cometan
bajo su administración, y responsable de ellos, si a sabiendas
no persigue, o hace perseguir a sus autores, conforme a la
Constitución, o a las leyes.
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6 de noviembre de 1844
Artículo 106. El presidente de la República, como jefe de la
administración general, manda las fuerzas de tierra y mar; pero
no puede ponerse a su Cabeza, sin la expresa autorización del
Congreso.
Artículo 107. El presidente de la República no tiene mas
facultades que las que expresamente le coneren la Constitución
y las leyes particulares, en conformidad con ésta.
Artículo 108. El presidente de la República percibe del Tesoro
público, por duodécimas partes, un sueldo anual de doce mil pesos.
II.—DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO
Artículo 109. Habrá cuatro ministros secretarios de Estado y
del Despacho que son:
Primero: El de la Justicia e Instrucción pública.
Segundo: El de Interior y Policía.
Tercero: El de Hacienda y Comercio.
Cuarto: El de la Guerra y Marina.
En cuanto a las relaciones exteriores, el presidente de la
República las encargará, por ahora, a uno de los cuatro, según
lo juzgue conveniente.
Artículo 110. Para ser secretario de Estado es preciso tener
treinta años cumplidos por lo menos.
Artículo 111. No puede ser secretario de Estado ningún pariente
ni allegado del presidente de la República, hasta el grado de
primo hermano inclusive.
Artículo 112. Los secretarios de Estado se constituyen en
Consejo bajo la presidencia del presidente de la República.
Artículo 113. Los secretarios de Estado corresponden
directamente con las autoridades que les están subordinadas.
Artículo 114. Los secretarios de Estado tienen entrada en los
Cuerpos Colegisladores y en el Congreso, en donde deben ser
oídos cuando lo exijan.
44 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)
Artículo 115. Los secretarios de Estado deben presentarse ante
los Cuerpos Colegisladores, cada vez que estos les llamen a su
seno, y responder a las interpelaciones que se les hagan sobre
todos los actos de su administración.
Artículo 116. Los secretarios de Estado son responsables, tanto
de los actos del presidente de la República que refrendan, como
de los de sus respectivos despachos, y de la inejecución de las
leyes.
Artículo 117. En ningún caso la orden verbal o escrita del
presidente de la República, puede sustraer de la responsabilidad
a las Secretarías de Estado.
Artículo 118. La forma de denuncia, acusación y enjuiciamiento
de los secretarios de Estado, es la misma que establecen los
artículos 58, 2°. miembro, y 67, 5°. miembro, relativos al
presidente de la República; con la diferencia que son juzgados
por la Suprema Corte de Justicia, conforme lo prescribe el
artículo 134 en su 5°. miembro.
Artículo 119. Cada secretario de Estado goza de un sueldo
anual de tres mil seiscientos pesos, que percibe por duodécimas
partes.
CAPÍTULO III
DEL PODER JUDICIAL
I.— DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Artículo 120. La potestad de aplicar las leyes en las causas
civiles y criminales, pertenece exclusivamente a los tribunales ,
salvo lo que la ley pueda establecer respecto a algunos derechos
políticos.
Artículo 121. Ningún dominicano podrá ser juzgado en causas
civiles ni criminales, por comisión alguna, sino por el Tribunal
competente determinado con anterioridad por la ley, sin que
en caso alguno puedan abreviarse ni alterarse las formas de los
juicios.
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6 de noviembre de 1844
Artículo 122. Los tribunales y juzgados no pueden ejercer otras
funciones, que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.
Artículo 123. Las sesiones de los tribunales son públicas, a
menos que la publicidad sea perjudicial al orden público o a la
moral, en cuyo caso, el Tribunal por una sentencia ordena los
estrados a puerta cerrada.
Esta medida no puede en caso alguno aplicarse a los delitos
políticos ni de la prensa, cuyos juicios han de ser siempre
públicos.
Artículo 124. Todos los tribunales y juzgados están obligados
a hacer mención en sus sentencias de la ley aplicada, y de los
motivos en que las fundan.
Artículo 125. Ningún Tribunal podrá aplicar una ley
inconstitucional, ni los decretos y reglamentos de administración
general, sino en tanto que sean conformes a las leyes.
Artículo 126. Las deliberaciones de los tribunales se toman a
puerta cerrada; los jueces votantes deben estar absolutamente
solos e incomunicados durante la deliberación.
Artículo 127. Toda sentencia debe darse y ejecutarse, En nombre
de la República Dominicana, y terminarse por el mandato de
ejecución, a pena de nulidad.
La misma fórmula es de rigor en los actos ejecutorios de los
Escribanos públicos.
Artículo 128. Los jueces no podrán ser suspensos de sus
funciones, sino por acusación legalmente intentada y admitida,
ni depuestos de sus destinos, sino en virtud de sentencia dada
conforme a las leyes y pasada en autoridad de cosa juzgada: sus
funciones durarán cinco años. La ley determinará también la
forma de los juicios que se intenten contra los jueces por delitos
que cometan fuera del ejercicio de sus funciones.
Artículo 129. En ningún juicio podrá haber más de tres
instancias.
Artículo 130. La ley determina la organización judicial,
dotación y policía de los diversos Tribunales y juzgados
inferiores.
46 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)
II.—DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Artículo 131. La primera magistratura judicial del Estado
reside en la Suprema Corte de Justicia, que se compondrá de un
Presidente, tres vocales elegidos por el Consejo Conservador,
entre los candidatos presentados por el Tribunado, en
número triple al de los magistrados que deban nombrarse o
reemplazarse; y de un agente del Ministerio público nombrado
por el poder Ejecutivo.
Artículo 132. Para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia
es necesario reunir las mismas cualidades que Para serlo del
Consejo Conservador.
Artículo 133. Los magistrados de la Suprema Corte de
Justicia duran en sus funciones cinco años; pero pueden ser
indenidamente reelectos.
Artículo 134. Las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia
son:
Primero: Conocer de los recursos de nulidad contra las
sentencias denitivas dadas en última instancia por los
tribunales de apelación.
Segundo: Dirimir el conicto de competencia entre los
tribunales de apelación, y entre estos y los demás juzgados.
Tercero: Oír las dudas de los demás Tribunales sobre la
inteligencia de las leyes, y si las considerare fundadas, consultar
sobre ellas al Congreso para la conveniente declaratoria, al cual
informará también de todo lo conveniente para la mejora de
la administración de Justicia, cuyas comunicaciones hará por
conducto del secretario del Despacho de Justicia.
Cuarto: Con el solo interés de uniformar la jurisprudencia, y sin
que su decisión aproveche ni perjudique a las partes litigantes,
reformar las sentencias dadas por todos los tribunales y
juzgados, pasadas ya en autoridad de cosa juzgada, que
contengan algún principio falso o errado, o adolezcan de
algún vicio esencial.
Quinto: Conocer y juzgar las causas que se formen:
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1°. Contra los secretarios de Estado.
2°. Contra los miembros del Consejo Conservador.
3°. Contra los Tribunos, previo el Decreto de acusación del
Consejo Conservador en los dos primeros casos, y del Tribunado
en el último.
Sexto: Conocer de las causas contenciosas de los Plenipotencia-
rios o Ministros extranjeros, acreditados cerca del Gobierno de
la República, en los casos permitidos por el derecho de gentes,
y conforme a los tratados que se hayan celebrado con las Nacio-
nes a que pertenezcan.
Séptimo: Conocer de las causas de responsabilidad que se
formen contra los agentes diplomáticos de la República, por
mal desempeño de sus funciones.
Octavo: Conocer de las controversias que resultaren de los
contratos y negociaciones que celebre el poder Ejecutivo por sí,
o por medio de agentes.
Noveno: Conocer de los recursos de queja que se interpongan
contra los tribunales de apelación, por abuso de autoridad,
exceso de poder, omisión, denegación o retardo culpable de
la administración de justicia; como así mismo de las causas
de responsabilidad que se susciten contra los magistrados de
los mismos Tribunales; y ejercer las demás atribuciones que le
asigne la Ley.
Artículo 135. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia son
responsables y sujetos a juicio ante el Consejo Conservador:
Primero: Por delito de traición contra la Patria.
Segundo: Por cohecho.
Tercero: Por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
III.— DE LOS TRIBUNALES DE APELACIÓN
Y DEMÁS JUZGADOS
Artículo 136. Para facilitar la pronta administración de la
justicia,se dividirá el territorio en Distritos Judiciales, y
48 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)
habrá en cada uno de ellos un Tribunal de apelación, cuya
distribución, asiento, atribuciones y emolumentos serán
designados por la ley.
Artículo 137. Los jueces de los tribunales de apelación serán
elegidos por el Consejo Conservador en la misma forma
establecida en el artículo 131 para los de la Suprema Corte de
Justicia.
Artículo 138. Para ser juez de un Tribunal de apelación, Se
necesitan los mismos requisitos que Para ser Tribuno.
Artículo 139. La ley organizará los tribunales de Consulado,
Consejos de guerra y demás juzgados inferiores; y designará
sus atribuciones, y modo de desempeñarlas.
TÍTULO V
DEL GOBIERNO POLÍTICO DE LAS PROVINCIAS
I.— DEL JEFE SUPERIOR POLÍTICO
Artículo 140. El Gobierno interior de las provincias reside en un
Jefe Superior Político, nombrado por el poder Ejecutivo.
Artículo 141. Para ser Jefe Superior Político, es necesario reunir
las mismas cualidades que Para ser Tribuno.
Artículo 142. En todo lo que pertenece al orden y seguridad
de la provincia, y a su gobierno político y económico, están
subordinados al Jefe Superior Político los funcionarios públicos
de cualquiera clase, que residan dentro de la misma provincia.
Artículo 143. Los Jefes Superiores Políticos duran en funciones
cuatro años, pero pueden ser reelectos.
Artículo 144. Los militares llamados al cargo de Jefe Superior
Político, pueden mientras dure la guerra actual, ejercer a la vez
las funciones civiles y militares, que les sean conferidas por el
poder Ejecutivo.
Artículo 145. A los Jefes Superiores Políticos toca presidir
las respectivas Diputaciones provinciales, y convocarlas
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6 de noviembre de 1844
extraordinariamente cuando sea necesario, conforme a la
Constitución o a la ley, que arreglará sus demás atribuciones y
todo lo relativo a su ejercicio.
Artículo 146. Los Jefes Superiores Políticos recibirán del
tesoro público un sueldo anual de mil ochocientos pesos, que
percibirán por duodécimas partes.
II.— DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
Artículo 147. En cada cabeza de provincia habrá una Diputación
provincial para promover su prosperidad, compuesta de cuatro
Diputados, presidida por el Jefe Superior Político, y en su
ausencia por el vocal primer nombrado.
Artículo 148. La Diputación provincial se renueva cada dos
años integralmente, pero sus miembros pueden ser reelectos.
Artículo 149. La elección de estos individuos se hará por los
Colegios Electorales, al otro día de concluidas las elecciones de
los miembros del Cuerpo Legislativo, por el mismo orden con
que estos se nombran.
Artículo 150. Para ser Diputado de provincia se requiere:
Primero: Estar en el goce de los derechos civiles y políticos.
Segundo: Tener veinte y cinco años cumplidos, por lo menos.
Tercero: Ser propietario de bienes raíces en la provincia que lo
elige, o jefe de un establecimiento de ciencias, artes o industria.
Cuarto: Tener su domicilio en la provincia que lo elige, con
residencia de tres años a lo menos.
Artículo 151. El cargo de Diputado de provincia es compatible
con todos los cargos públicos civiles o administrativos.
Artículo 152. Cada Diputación provincial nombra un secretario
dotado de los fondos públicos de la provincia.
Artículo 153. Las Diputaciones provinciales celebrarán una
sesión cada seis meses, cuya duración será de quince días por
lo menos.
50 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)
Artículo 154. Son atribuciones de las Diputaciones provinciales:
Primero: Poner en conocimiento del poder Ejecutivo o del
Tribunado, con los datos necesarios, los abusos y mala
conducta del Jefe Superior Político y demás empleados de la
provincia, y velar la recaudación, manejo e inversión de los
fondos públicos; señalando los abusos y malversación, a quien
sea de derecho:
Segundo: Presentar al Tribunado anualmente una lista general
de los individuos aptos en sus respectivas provincias, para los
cargos de judicatura.
Tercero: Pedir al poder Ejecutivo la remoción de los Jefes
Superiores Políticos, cuando estos falten a sus deberes y su
continuación sea perjudicial al bien de la provincia.
Cuarto: Pedir al Prelado Eclesiástico la remoción de los Párrocos,
que observen una conducta reprensible y perjudicial al bien de
sus feligreses.
Quinto: Recibir de las Corporaciones y Ciudadanos las
Peticiones, representaciones e informes que se les dirijan, para
hacer uso de ellas, si son de su competencia, o darles el curso
conveniente.
Sexto: Hacer por sí y por medio de los Ayuntamientos, el
repartimiento de las contribuciones decretadas por el Tribunado.
Séptimo: Formar los reglamentos que sean necesarios para el
arreglo y mejora de la policía urbana y rural; y velar sobre su,
ejecución, conformándose a la ley.
Octavo: Promover y decretar la apertura y limpieza de caminos.
Noveno: Promover por cuantos medios estén a su alcance, el
fomento de la agricultura y de la instrucción pública.
Décimo: Formar por sí, y por medio de los Ayuntamientos, el
censo de la población y estadística de la provincia.
Undécimo: Pedir al Congreso o al poder Ejecutivo, según la
naturaleza de las materias, cuanto juzguen conveniente para
la mejora de la provincia, y no esté en las atribuciones de las
Diputaciones, y ejercer todas las demás que les asigne la ley.
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Artículo 155. Las ordenanzas o resoluciones de las Diputaciones
provinciales se pasarán para su ejecución al Jefe Superior Político,
que tendrá el derecho de objetarlas, dentro del término de cinco
días. Las objeciones serán consideradas por la Diputación, y si
esta insistiere en su acuerdo, se llevará este a cumplido efecto.
Artículo 156. Concluidas las sesiones, pasarán las Diputaciones
provinciales copia de sus resoluciones al Tribunado, que
desaprobará aquellas que Sean contrarias a la Constitución o a
las leyes.
Artículo 157. Las Diputaciones provinciales nunca podrán
apropiarse la voz del pueblo para ejercer otras atribuciones
que las jadas por la Constitución a la ley. Todo procedimiento
contrario, es atentatorio al orden y Seguridad pública.
Artículo 158. El empleo de Diputado de provincia es una carga
concejil y honoríca, de que ningún ciudadano podrá excusarse.
Los Diputados son responsables de los excesos que cometan en
el uso de sus atribuciones.
III.—DE LOS AYUNTAMIENTOS
Artículo 159. Habrá un Ayuntamiento en cada común en que
lo había en el año de 1821, y la ley podrá establecerlos en las
demás comunes que convenga: sus vocales serán electos por las
respectivas Asambleas primarias, y serán presididos por el Al-
calde o Alcaldes que ellos mismos elijan de entre sus miembros.
Sus atribuciones y organización serán jadas por la ley.
TÍTULO VI
DE LAS ASAMBLEAS PRIMARIAS Y
COLEGIOS ELECTORALES
I.— DE LAS ASAMBLEAS PRIMARIAS
Artículo 160. Para ser sufragante en las Asambleas primarias,
es necesario:
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Primero: Ser ciudadano en el pleno goce de los derechos civiles
y políticos:
Segundo: Ser propietario de bienes raíces, o empleado público,
u ocial de ejército de tierra o mar, o patentado por el ejercicio
de alguna industria o profesión, o profesor de alguna ciencia
o arte liberal, o arrendatario por seis años, a lo menos, de un
establecimiento rural en actividad de cultivo.
Artículo 161. Las Asambleas primarias se reúnen de pleno
derecho en cada común, el primer lunes de noviembre de cada
año en que deban ejercer las atribuciones que la Constitución o
la Ley les designen, y en la forma que ellas establezcan.
Artículo 162. El Alcalde, en las comunes cuyo ayuntamiento
tenga solo uno, o el primero de ellos en las que haya dos o
mas, publicará el primero de octubre de cada año en que
deban reunirse las Asambleas primarias, un aviso preventivo
recordando a los sufragantes el período de su reunión, y
ese mismo funcionario, o quien le reemplace, presidirá la
Asamblea hasta la elección del Ciudadano que deba presidirla
denitivamente.
Artículo 163. Las atribuciones de las Asambleas primarias son:
Primera: Elegir el número de electores que cada común deba
enviar al Colegio Electoral de la provincia.
Segunda: Elegir los Regidores que deben formar los respectivos
Ayuntamientos.
II.—DE LOS COLEGIOS ELECTORALES
Artículo 164. Los Colegios Electorales se componen de los
Electores nombrados por las Asambleas primarias de las
Comunes.
Artículo 165. Mientras la ley arregle de otro modo la
Composición de los Colegios Electorales, se formarán estos
conforme al siguiente cuadro:
Azua de Compostela, nombra 8 electores,
cada una de sus comunes ......................................... 4
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6 de noviembre de 1844
Santo Domingo, 10 electores , , , sus comunes ....... 2
Seibo, , , , , 8 ídem , , , , , ídem ................................... 4
La Vega, , , , 8 ídem , , , , , ídem .................................4
Santiago, , , 8 Puerto Plata ........................................ 6
Cada una de sus comunes ............... 2
Artículo 166. Los Colegios Electorales, de pleno derecho se
reúnen en la cabeza de provincia el primer lunes de diciembre
de los años en que deban ejercer sus atribuciones ordinarias;
y a más tardar, un mes después de la fecha del Decreto de
convocatoria, en las reuniones extraordinarias autorizadas por
la Constitución o la Ley.
Artículo 167. Las atribuciones de los Colegios Electorales son:
Primero: Elegir los miembros del Tribunado y sus suplentes.
Segundo: Elegir los miembros del Consejo Conservador.
Tercero: Elegir al presidente de la República según las reglas
establecidas en el artículo 96.
Cuarto: Elegir los miembros de las respectivas Diputaciones
provinciales.
Quinto: Reemplazar a todos los funcionarios cuya nominación
les pertenece, en los casos y según las reglas establecidas por la
Constitución o la Ley.
Sexto: Formar separadamente las listas de los individuos que en
sus respectivas provincias reúnan las cualidades exigidas tanto
Para ser Magistrado de la Suprema Corte de Justicia, como juez
de los tribunales inferiores.
Artículo 168. Los Colegios Electorales no pueden corresponder
unos con otros, ni ejercer atribución alguna, sin que se encuentre
presente la mayoría absoluta de los Electores.
III.— DISPOSICIONES COMUNES A LAS
ASAMBLEAS PRIMARIAS Y COLEGIOS ELECTORALES
Artículo 169. Todas las elecciones se hacen por la mayoría
absoluta de votos, y por escrutinio secreto.
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Artículo 170. Fuera de los casos extraordinarios en que deba
reemplazarse alguno o algunos de los funcionarios cuya
elección toca, ya a las Asambleas, ya a los Colegios Electorales,
sus reuniones ordinarias deberán efectuarse en el año anterior al
en que espiran los períodos Constitucionales de los respectivos
cargos.
Artículo 171. Ni las Asambleas primarias, ni los Colegios
Electorales, pueden ocuparse en otro objeto que el de ejercer
las atribuciones que les están asignadas por la Constitución o
la ley. Deben disolverse tan pronto como hayan terminado sus
operaciones, cuya duración jará la ley.
TÍTULO VII
DE LA HACIENDA PÚBLICA
Artículo 172. Ningún impuesto se puede establecer bajo
pretexto alguno, Sino por una ley.
Artículo 173. Ninguna contribución provincial o comunal
se puede imponer sino con el expreso consentimiento de las
respectivas Diputaciones provinciales, o Ayuntamientos.
Artículo 174. Las contribuciones a favor del erario público, se
establecen anualmente. Las leyes que las imponen no tienen
fuerza sino por un año, a me nos que se renueven o prorroguen.
Artículo 175. No puede establecerse privilegio alguno en
materia de impuestos.
Artículo 176. Las excepciones o disminución de impuestos han
de ser hechas por la ley.
Artículo 177. Solo la ley puede conceder pensiones o
graticaciones del erario público.
Artículo 178. El presupuesto de cada secretario de Estado debe
dividirse en capítulos, y no pueden hacerse empréstitos de un
capítulo a otro, ni distraer los fondos de su objeto especial, sino
en virtud de una ley.
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6 de noviembre de 1844
Artículo 179. Todos los años el Congreso Nacional, verica
las Cuentas generales del año o de los años anteriores, cada
Despacho Ministerial por separado, y decreta el presupuesto
general del Estado, con indicación de las entradas. y la
adjudicación cada Secretaria de Estado, de los fondos asignados
para los gastos del año entrante.
Artículo 180. Fuera de los fondos decretados para el presupuesto,
no puede extraerse suma alguna del erario público, sin el
previo consentimiento del Congreso, excepto en los casos
extraordinarios previstos por el 15° miembro del Art. 94.
Artículo 181. Todos los años en el mes de Enero, se deben
imprimir y publicar las cuentas generales del año anterior, bajo
la responsabilidad del secretario del Despacho de Hacienda.
Artículo 182. La ley organizará un Consejo Administrativo,
compuesto de funcionarios públicos, para vericar anualmente
las cuentas generales, y hacer un informe de ellas al Congreso,
con las observaciones que juzgue oportunas; cuyo encargo Será
puramente gratuito.
TÍTULO VIII
DE LA FUERZA ARMADA
Artículo 183. La fuerza armada es la defensora del Estado, tanto
contra las agresiones externas, como contra las conmociones
internas, y la Custodia de las libertades públicas.
Artículo 184. La fuerza armada es esencialmente obediente y
pasiva; ningún cuerpo de ella puede deliberar.
Artículo 185. La fuerza armada se divide en Ejército de tierra,
Armada Nacional, y Guardia Cívica.
Artículo 186. La ley ja el modo de alistamiento, las reglas sobre
el ascenso, y los derechos y obligaciones de la fuerza armada.
Artículo 187. El poder Ejecutivo nombrará Comandantes de
armas en aquellos puntos en que lo juzgue conveniente.
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Artículo 188. La creación de los Grandes Inspectores de
Agricultura y Policía, y la de los Cuerpos de Policía Urbana y
Rural, serán el objeto especial de una ley, que detallará todos
sus deberes.
Artículo 189. No pueden crearse cuerpos privilegiados.
Artículo 190. La guardia cívica de cada provincia está bajo
las órdenes inmediatas del Jefe Superior Político, cuyas veces
harán los Alcaldes en las Comunes en que aquel no resida. La
Ley arreglará su organización.
Artículo 191. La guardia cívica no se puede movilizar, sino en
los casos previstos por la ley.
Artículo 192. En la guardia cívica, todos los grados son electivos
y temporales.
Artículo 193. Los militares serán juzgados por Consejos de
guerra, por los delitos que cometan en los casos previstos por el
Código penal militar, y según las reglas que en él se establezcan.
En todos los demás Casos, o cuando tengan por Coacusado a
uno o muchos individuos de la clase civil, serán juzgados por
los tribunales ordinarios.
TÍTULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 194. El pabellón mercante Nacional se compone de
los a colores azul y rosado, colocados en cuarteles esquinados;
y divididos en el Centro por una Cruz blanca de la mitad del
ancho de uno de los otros colores, que toque en los cuatro
extremos.
El pabellón de guerra llevará además las armas de la República
en el centro.
Artículo 195. Las armas de la República Dominicana son: una
Cruz, a cuyo pié está abierto el libro de los Evangelios, y a ambos
sobresalen de entre un trofeo de armas, en que se ve el emblema
de la libertad, enlazado con una cinta en que va la siguiente
divisa: Dios, Patria y Libertad. República Dominicana.
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6 de noviembre de 1844
Artículo 196. Se celebrarán anualmente, con la mayor pompa
en todo el territorio de la República, cuatro estas nacionales,
que son:
Primera: La de la Separación, el último Domingo de Febrero.
Segunda: La victoria de Azua, el 19 de Marzo.
Tercera: La victoria de Santiago, el último Domingo de Marzo.
Cuarta: El aniversario de la publicación de la presente
Constitución.
En caso de que alguna de estas estas caiga en día en que Según
el Rito Romano, esté prohibido el celebrar otra esta que la
religiosa, se trasladará la Nacional al primer Domingo hábil
inmediato.
Artículo 197. Todo juramento debe ser exigido en virtud de la
Constitución o la ley, en los casos y forma que ellas determinen;
y todo empleado debe prestarle antes de entrar en funciones.
Artículo 198. Los ocios públicos no pueden jamas ser propiedad
de los que les ejerzan, ni patrimonio de familia alguna.
Artículo 199. Ninguna Ley, Decreto, ni Reglamento de
Administración o Policía, serán obligatorios sino después de
publicados en la forma que la ley establece.
Artículo 200. Ninguna plaza ni parte del territorio pueden ser
declarados en estado de Sitio, sino en caso: primero, de invasión
extranjera efectuada o inminente; y segundo, de conmoción
interior. En el primer caso, la declaración toca al presidente de
la República; y en el segundo, al Congreso; pero si este no está
reunido, el presidente de la República hace la declaratoria, y
convoca inmediatamente el Congreso para que pronuncie sobre
ella.
La Capital nunca puede ser declarada en estado de sitio, sino
por una ley.
Artículo 201. En ningún caso puede suspenderse la ejecución,
ni de una parte ni del todo de la Constitución.
Su ejecución queda conada al celo de los Poderes que ella
establece, y al valor y patriotismo de los dominicanos.
58 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)
TÍTULO X
DE LA REVISIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 202. El Congreso puede, en virtud de la proposición
hecha por el Tribunado, y admitida por los dos tercios de
aquel, decretar la revisión de la Constitución, designando y
publicando los artículos y disposiciones que deban revisarse.
Artículo 203. En la sesión ordinaria o extraordinaria subsecuente
a la en que se haya dado el decreto de revisión, procede el
Congreso a ella, debiendo estar presentes los dos tercios de sus
miembros por lo menos.
Artículo 204. El Congreso en el decreto de revisión designará el
lugar y la época que juzgue conveniente para su reunión.
TÍTULO XI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 205. El presidente de la República será electo por el
Soberano Congreso Constituyente, que le recibirá juramento y
quedará instalado en su cargo.
Artículo 206. El Ciudadano en quien recaiga la elección del
Soberano Congreso Constituyente para la Presidencia de
la República Dominicana, conservará su cargo durante dos
períodos Constitucionales consecutivos; en consecuencia
terminará su ejercicio el quince de Febrero de 1852, conforme a
lo previsto por el último miembro del Art. 95.
Artículo 207. El Cuerpo Legislativo será electo, y se reunirá
dentro del mas breve término posible; en consecuencia, las
Asambleas primarias y Colegios Electorales Serán convocados
inmediatamente para la elección de los miembros de los dos
Cuerpos Colegisladores y demás funcionarios que deban
nombrar según la Constitución; a este efecto el presidente
de la República expedirá un decreto para su convocación,
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6 de noviembre de 1844
jando el mas corto plazo posible para la reunión del Cuerpo
Legislativo. Los Colegios Electorales reunidos en virtud de este
decreto, solo ejercerán sus atribuciones, mientras la ley sobre
elecciones je la organización que se juzgue mas conveniente.
Artículo 208. El presidente de la República está autorizado para
de acuerdo con el Diocesano, impetrar de la Santa Sede a favor
de la República Dominicana, la gracia de presentación para
todas las mitras y prebendas eclesiásticas en la extensión de su
territorio; y además para entablar negociaciones con la misma
Santa Sede, a n de efectuar un Concordato. Hasta entonces los
asuntos puramente eclesiásticos serán decididos conforme a los
sagrados Cánones.
Artículo 209. Todas las leyes actuales, no contrarias a la
presente Constitución, continuaran en vigor hasta que sean
abrogadas por otras nuevas. Así mismo los jueces, tribunales,
Ocios públicos y demás Ocinas continuarán interinamente
hasta la nueva organización, Observando siempre la división
de poderes.
Artículo 210. Durante la guerra actual y mientras no esté
rmada la paz, el presidente de la República puede libremente
organizar el ejército y armada, movilizar las guardias nacionales,
y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa
y Seguridad de la Nación; pudiendo en consecuencia. dar todas
las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar
sujeto a responsabilidad alguna.
TÍTULO ADICIONAL
Artículo 211. Los Cuerpos Colegisladores deberán acordar en
su primera sesión legislativa las siguientes leyes:
Primera: Sobre elecciones.
Segunda: Sobre la Hacienda Pública.
Tercera: Sobre la responsabilidad de los Ministros, y demás
agentes del poder Ejecutivo.
Cuarta: Sobre la Organización judicial.
60 | LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA Y SUS REFORMAS (1844-2015)
Quinta: Sobre la administración Municipal de provincias y
comunes.
Sexta: Sobre la libertad de imprenta.
Séptima: Sobre la instrucción pública.
Octava: Sobre el Código Penal Militar.
Nona: Sobre la organización de la Guardia Cívica.
Décima: Sobre la total extinción de tributos, capellanías,
vinculaciones y demás censos perpetuos, bajo cualquiera
denominación que se hallen instituidos.
San Cristóbal 6 de noviembre de 1844, año 1° de la Patria.—
El presidente, M. M. Valencia, diputado por Santo Domingo.- El
vicepresidente, Antonio Gutiérrez, diputado por Samaná.- A. Ruiz,
diputado por Hato—Mayor.—Andrés Rozón, diputado por Baní.—
Antonio Jiménez, diputado por Bánica.—Bernardo Aybar, diputado
por Neyba.— Buenaventura Báez, diputado por Azua.— Casimiro
Cordero, diputado por La Vega.—Domingo Antonio Solano, diputado
por Santiago.—Domingo de la Rocha, diputado por Santo Domingo.—
Facundo Santana, diputado por los Llanos.—Fernando Salcedo,
diputado por Moca.—José Tejera, diputado por Puerto Plata.—
José Mateo Perdomo, diputado por Hincha.—José María Medrano,
diputado por Macorís.— José Valverde, diputado por Cotuí.—Juan
P. Andújar, diputado por Cahobas.—Juan Reynoso, diputado por La
Vega.—Juan de Acosta, diputado por El Seibo.—Juan Rijo, diputado
por Higiiey.—Juan López, diputado por San José de las Matas.—Jesús
Ayala, diputado por San Cristóbal.—Juan A. de los Santos, diputado
por San Juan.—J . N; Tejera, diputado por San Rafael.—Julián de
Aponte, diputado por el Seibo.—Manuel González Bernal, diputado
por Monte Plata y Boyá.—Manuel Abreu, diputado por Monte
Cristi.—Manuel Díaz, diputado por Dajabón.—M. R. Castellano,
diputado por Santiago.—Santiago Suero, diputado por las Matas.—
Vicente Mancebo, diputado por Azua.—Dr. Caminero, diputado
por Santo Domingo, secretario.—Juan Luis F. Bidó, diputado por
Santiago, secretario.
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