La constitucionalización del ordenamiento jurídico dominicano: el acceso a la justicia, derecho a recurrir y principio de favorabilidad del recurso

 
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La constitucionalización del ordenamiento jurídico dominicano: el acceso a la justicia, derecho a recurrir y principio de favorabilidad del recurso

Rey A. Fernández Liranzo

Abogado, maestría en Legislación de Tierras (UAPA) y Especialidad en Cumplimiento Normativo en materia Penal (Universidad Castilla La Mancha).

licfernandezliranzo@gmail.com

Resumen:

En virtud de la constitucionalización del derecho, nuestro ordenamiento jurídico ha ido evolucionando a paso constante con el fin último de la materialización de la tutela judicial efectiva; esto ha hecho que, al momento de administrar justicia, nuestros tribunales dejen atrás las meras formalidades procesales que puedan entorpecer la efectividad de los procesos.

Palabras claves:

Derecho a recurrir, debido proceso, tutela judicial efectiva, principio de favorabilidad del recurso, justicia constitucional, recurso de apelación, recurso de casación, libre acceso a la justicia, principios y valores constitucionales, inadmisibilidad, jurisprudencia, Poder Judicial, derecho constitucional, República Dominicana.

Propio de acoger y reproducir una cultura jurídica afrancesada, nuestro derecho se encontraba limitado a lo que —en muchos casos— establecía la norma en su interpretación gramatical, sin dar lugar a una interpretación extensa de las normas de procedimiento que pudiesen favorecer los derechos y principios que proveía la Constitución. Sin embargo, actualmente nos encontramos en una revolución llena de constantes excepciones a las reglas impuestas por el legislador, como bien señala nuestra Suprema Corte de Justicia: “en la actualidad nuestro derecho y nuestra administración de justicia han evolucionado, destacándose la transformación del antiguo Estado Legal de Derecho en el vigente Estado Constitucional de Derecho; que, producto de esta transformación el ordenamiento jurídico dominicano se sustenta actualmente en la defensa de ciertos principios y valores que transcienden al del imperio de la ley” .

Todos los jueces del Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones y apreciación soberana tanto de los hechos como del derecho, son jueces constitucionales, por ende cada proceso es en esencia un proceso de justicia constitucional. Esta postura se fundamenta en que la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos constitucionales define la justicia constitucional en su artículo 5 como “la potestad del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial de pronunciarse en materia constitucional en los asuntos de su competencia”, lo que hace efectivo el mandato al Poder Judicial sobre la administración de justicia plasmado en el artículo 149 de la Constitución de la República . Por ende, los principios de justicia constitucional plasmados y reconocidos tanto en las normas nacionales como internacionales tienen aplicación en la resolución de todos los conflictos jurisdiccionales y administrativos sometidos a análisis, no exclusivamente cuando el tribunal se encuentre ostentando las atribuciones de juez de amparo, habeas data o habeas corpus.

En la aplicación de los principios y valores constitucionales por lo general se crea lo que se denomina “excepción a la regla” que da lugar a que una acción o recurso que por mandato expreso del legislador ha de ser declarado inadmisible en condiciones normales, bajo esta situación extraordinaria, el tribunal pueda proceder a conocer de la denuncia de conculcación de derecho fundamental y decidir sobre el fondo sin que esto represente una violación al debido proceso o a la seguridad jurídica.

Uno de los casos más reconocidos es la admisibilidad y procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución contentiva de auto de apertura a juicio, pues como bien es sabido, al tenor del artículo 303 del Código Procesal Penal existe una causal expresa de inadmisibilidad cuando el legislador dispone que “esta resolución no es susceptible de ningún recurso”, y es criterio de la jurisprudencia constitucional comparada que “[…] es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio…” .

Fue labor de las cortes de apelación, así como de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, crear los precedentes de admisibilidad tanto del recurso de apelación como de casación, demostrando nueva vez la supremacía de la Constitución sobre las leyes de procedimiento, pese a que la ley es la que regula el ejercicio del recurso.

Una de las sentencias en las que entendemos nuestra Suprema Corte de Justicia motiva mejor la razón y requisitos de la admisibilidad y procedencia de los recursos contra el auto de apertura a juicio es la siguiente:

Considerando, que ha sido criterio constante de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de que, si bien es cierto que el artículo 303 del Código Procesal Penal prevé que los autos de apertura a juicio no son susceptibles de ningún recurso, no es menos cierto que los jueces están supeditados a garantizar los derechos fundamentales de los recurrentes y en consecuencia, se debe verificar si hubo o no violaciones de índole constitucional...

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