El demonio de la corrupción quién podrá conjurarlo

 
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El demonio de la corrupción quién podrá conjurarlo

Jose Luis Taveras

La reciente encuesta Gallup Hoy, al medir la valoración de los dominicanos sobre la corrupción pública, arrojó un

dato pasmoso. De cada 100 dominicanos 98 entienden que existe corrupción en la administración pública. Lo grave

es que habiendo una percepción tan alta, las reacciones públicas han sido prácticamente omisas. Este hecho

revela que, si alarmante es el estado de corrupción, mucho más es la impotencia o indiferencia social para subvertirlo.

Una percepción social de esta magnitud nos coloca en el umbral de una verdadera cleptocracia.

En griego kleptes se traduce como “ladrón” y cratos significa “poder”. Referirnos a cleptocracia es hablar de un estatus sistémico de corrupción estatal; en otros términos, de un Estado delincuente.

Stanislav Andreski, al definir la cleptocracia, alude a la explotación sistemática de las oportunidades de nriquecimiento

personal que ofrece el gobierno, moderada por el amiguismo y exacerbada por el gangsterismo.

La cultura política dominicana postrujillista fue configurando un Estado moralmente vulnerable e institucionalmente

débil. La corrupción pública ha socavado deliberadamente los episódicos procesos de institucionalización porque su incidencia tiene menos espacio en un Estado fuerte, por eso no ha sido fortuito que las políticas públicas de la mayoría de los gobiernos de todos los membretes partidarios hayan privilegiado otras agendas, especialmente de contenido material y asistencialismo populista, que crear las bases de una moral pública consistente que se exprese en una modernización real del Estado y en la transparencia de la gestión pública.

Reglas claras, controles eficaces y rendición de cuentas, son las premisas de un buen gobierno corporativo y ningún

gobierno dominicano ha estructurado una gestión sobre estas bases.

Y no es que la corrupción sea un padecimiento endémico sólo de las naciones subdesarrolladas; países del primer mundo han sido sacudidos por actos de corrupción. Un corto muestrario de hechos bastaría: desde el caso

Watergate en el que un presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, es obligado a dimitir; pasando por el caso Profumo, en la Gran Bretaña de 1963, en el que un ministro de Defensa mantenía una relación con una mujer que

se entendía también con el agregado naval soviético; los escándalos de Betino Craxi, ex secretario General del Partido

Socialista italiano; el caso Clinton Lewinsky que trajo consigo acusaciones de perjurio y obstrucción de justicia;

el cuestionado proceso electoral norteamericano en el que Bush obtuvo una “victoria” todavía discutida al candidato

demócrata Al Gore; más recientemente, el caso Marbella en España y el del exgobernador del Estado de Nueva York,

Eliot Spitzer, antaño adalid de la lucha contra la prostitución, forzado a renunciar por sus relaciones carnales con la

joven prostituta Ashley Youman.

La diferencia fundamental entre las naciones desarrolladas y las no, desde la perspectiva ética institucional, es que

en las primeras se dan actos de corrupción, mientras que las segundas padecen de un estado de corrupción, donde

se da por sentada la impunidad. De manera que la corrupción se plantea como una variable directamente proporcional

a las brechas de impunidad o niveles de permisividad que tengan el sistema público de justicia, las leyes y la

propia cultura ética de la población.

En la República Dominicana no existen leyes severas para el castigo de la corrupción pública, no contamos con

un Poder Judicial con fuertes compromisos y vocaciones institucionales y predomina una cultura política construida

por concepciones clientelistas y primarias de poder. Pero lo más deplorable es la ausencia de una voluntad de Estado

para combatirla desde sus bases. De manera que la corrupción seguirá siendo nuestro gran desafío de futuro.

Se sabe de los catastróficos efectos económicos de la corrupción pública, pero la falta de transparencia y de control

tanto interno como externo condiciones intrínsecas en un sistema de corrupción hace difícilmente mesurables o cuantificables sus consecuencias de acuerdo a parámetros objetivos. No conocemos con precisión cuántos miles

de millones de pesos le ha sustraído la corrupción de los últimos cincuenta años a la sociedad dominicana, pero si

sabemos que este flagelo constituye la primera causa de obstrucción al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad.

Para el profesor Robert Kliergaard, doctor en Economía de la Universidad de Harvard, la corrupción supone una

ecuación sencilla: corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia (C=M+DT). Cuanto más monopolio o poder concentre el Estado y más discrecionalidad en su accionar tengan sus funcionarios y menos

transparencia tengan sus actividades, mayores posibilidades habrá de actos de corrupción. Esa fórmula ha dominado

el ejercicio del poder en la República Dominicana aún en los tiempos “de democracia” y las tímidas intenciones

para revertirla han encontrado la resistencia explícita o fáctica de los principales beneficiarios de la misma: los partidos políticos...

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