Decreto Nº 231-02. Decreto que Autoriza a la Secretaria de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones a Actualizar la Tarifa Vigente para el Pago de los Derechos de Peaje

 
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ARTICULO 3.- El Seiior Juan Jose Portorreal Brandao, queda designado
Ministro Consejero Adscrito a la Secretaria de Estado de Relaciones Exteriores,
Honorifico.
DADO en la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Capital de la Republica Dominicana, a 10s tres (3) dias del mes de abril del aiio dos mil dos
(2002);
aiios
159 de la Independencia y 139 de la Restauracihn.
HIPOLITO MEJIA
Dec. No.231-02 que autoriza a la Secretaria de Estado de Obras Publicas
y
Comunicaciones a actualizar la tarifa vigente para el pago de 10s derechos de peaje.
HIPOLITO MEJIA
Presidente de la Republica Dominicana
NUMERO: 231-02
CONSIDERANDO: Que la Ley No. 278, del
7
de marzo de 1972, autoriza
a1 Poder Ejecutivo a establecer y fijar mediante decreto un derecho de peaje a cargo de 10s
que transitan a traves de autopistas y carreteras de primer orden y de 10s que cruzan 10s
grandes puentes que se construyen en el pais, para el mantenimiento, reparacihn y
construccihn de dicha infraestructura vial;
CONSIDERANDO: Que el mantenimiento, reparacihn y construccihn de
autopistas, carreteras y puentes, facilita la comunicacihn vial en el territorio nacional,
ahorrando tiempo a quienes transitan por ellas y recursos a 10s usuarios y a1 pais con el
consiguiente ahorro en neumaticos, repuestos y combustibles;
CONSIDERANDO: Que 10s mas de cinco mil kilhmetros de autopistas y
carreteras existentes en el territorio nacional, con un valor presente superior a 10s
RD$75,000 millones, requieren anualmente de una inversion de RD$1,500 millones para
fines de mantenimiento y reparacihn;
CONSIDERANDO: Que la tarifa establecida para el pago de peajes,
vigente en la Republica Dominicana, es incompatible con la necesidad de proveer a1 Estado
Dominican0 de recursos suficientes para garantizar el mantenimiento y la reparacihn de la
infraestructura vial del pais, pues apenas reporta el 18% de lo que deberia recibir el
Gobierno para destinarlo a tales fines;

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