Delimitación de la noción de competencia judicial internacional en la República Dom.

 
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"Delimitación de la noción de competencia judicial internacional en la República Dominicana y algunas consecuencias prácticas"

José Carlos Fernández Rozas

Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid. Asociado del Institut de Droit Interational.

RESUMEN:

La entrada en vigor de la Ley 544-14 de derecho internacional privado, que incluye una regulación completa en su título II de la extensión y límites de la jurisdicción dominicana en materia civil y comercial, obliga a una nueva manera de contemplar los distintos sectores que conforman el derecho internacional privado. La determinación de la competencia judicial internacional de los tribunales dominicanos debe realizarse de manera autónoma, sin recurrir a conceptos propios de la competencia judicial interna y sin recurrir a planteamientos inherentes a la determinación del derecho aplicable, que en la Ley 544-14 cuenta con una reglamentación específica y diversa.

Aunque exista una nueva ordenación de la materia que nos ocupa, siguen existiendo resquicios de la situación anterior, regulada de una manera incompleta e inadaptada a la realidad actual por los derogados artículos 14 y 15 del Código Civil, que inevitablemente pueden inducir a confusiones que tratarán de despejarse en este estudio.

PALABRAS CLAVES:

Derecho internacional privado, competencia judicial internacional, competencia judicial interna, relaciones entre jurisdicción competente y ley aplicable, República Dominicana.

  1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:

    La función jurisdiccional es una potestad que emana de la soberanía del Estado. Como afirma el artículo 149 de la Constitución: "La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial". Tal función, de acuerdo con el párrafo I de dicho precepto, "consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley".

    Ahora bien, debe distinguirse entre la noción de jurisdicción "como función del Estado" y jurisdicción "como presupuesto del proceso", entendiendo que esta última designa todos aquellos criterios que, combinados, permiten al demandante averiguar el concreto juez o tribunal ante quien debe presentar su demanda. Ello nos conduce a la noción de competencia, que es la exacta medida en que se atribuye jurisdicción a un determinado órgano (a los jueces dominicanos o a los extranjeros; a los civiles o a los penales; a los juzgados de paz o a los juzgados de primera instancia…). Estos criterios tienen como finalidad la distribución de los ámbitos de actuación jurisdiccional de la República Dominicana, determinando si un litigio concreto puede insertarse en el ámbito de actuación de sus propios tribunales, por ello poseen una función de carácter "atributivo" al derivar del propio legislador dominicano en el ámbito de su propia soberanía.

    Si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. O, dicho de otro modo, los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia.

  2. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y COMPETENCIA JUDICIAL INTERNA

    1. Elementos delimitadores

      La referida distribución jurisdiccional ofrece dos dimensiones sustancialmente diversas: la competencia judicial internacional y la competencia judicial interna.

      La competencia judicial internacional es aquella que poseen los tribunales dominicanos para resolver los litigios surgidos de las situaciones privadas internacionales y está en relación directa con la noción de "jurisdicción" como función de Estado, tal y como se concibe en el artículo 149 de la Constitución. Esta jurisdicción posee un alcance general y, como dispone el artículo 8 de la Ley 544-14: "Los tribunales dominicanos conocerán de los juicios que se susciten en territorio dominicano entre dominicanos, entre extranjeros y entre dominicanos y extranjeros".

      Pese a un alcance competencial tan amplio, la propia ley, siguiendo la pauta trazada por los modernos sistemas de derecho internacional privado, configura una serie de limitaciones plenamente justificadas en la hora presente. Si los tribunales dominicanos conociesen de determinados litigios que no presentan una vinculación suficiente con nuestro territorio o con nuestro ordenamiento, la decisión que al efecto dictasen podría encontrar serias dificultades prácticas para su ejecución. Es posible que esta última deba efectuarse en un ámbito jurisdiccional distinto y que las normas que regulan este último dificulten tal ejecución. También es muy probable que la vocación de la organización jurisdiccional de un determinado Estado para el conocimiento de "todos" los litigios sea un elemento perjudicial para las relaciones comerciales internacionales, al constituir la imposición de un riesgo o coste capaz de disuadir al operador extranjero de contratar con un empresario dominicano. Asimismo, la distancia del supuesto litigioso respecto del sistema dominicano es susceptible de generar cargas procesales poco razonables para las partes, provocando indefensión, y de dificultar la consecución de una adecuada tutela judicial efectiva. En consecuencia, razones prácticas y de efectividad, así como el respeto a principios esenciales del ordenamiento jurídico, aconsejan que los sistemas estatales limiten el volumen de supuestos internacionales en que va a ejercerse la potestad jurisdiccional, o bien los Estados se inclinen por la celebración de tratados internacionales que establezcan reglas comunes de competencia judicial internacional (lo que por el momento no acontece en la República Dominicana).

      El conjunto normativo resultante de esta dialéctica entre la salvaguardia de la competencia de los tribunales para los litigios transnacionales y la necesidad de imponerle algunos límites conforma el régimen jurídico de la "competencia judicial internacional", que puede definirse como la "facultad de los órganos jurisdiccionales del Estado dominicano para conocer y ejercer sus funciones jurisdiccionales sobre situaciones privadas internacionales y, por extensión, la facultad de cualquier autoridad de un Estado para ejercer sus funciones sobre situaciones privadas internacionales". El elemento caracterizador de la noción no se puede desligar, sin embargo, de la vocación que pueden tener otros Estados por ejercer la función jurisdiccional en los mismos supuestos litigiosos. Introducida por la Ley 544-14 una nueva ordenación de la materia que nos ocupa siguen existiendo resquicios de la situación anterior, regulada de una manera incompleta e inadaptada a la realidad actual por los derogados artículos 14 y 15 del Código Civil, que inevitablemente pueden inducir a confusiones que tratarán de despejarse en las páginas siguientes.

      La competencia judicial interna es consecuencia del principio de pluralidad de tribunales que conforman la organización judicial dominicana y de las distintas atribuciones que estos tribunales disponen. Como en cada sistema estatal, en la República Dominicana existe una pluralidad de órganos investidos de jurisdicción que se reparte el conocimiento de los diversos supuestos litigiosos merced a unos criterios que se encuadran en la noción de "competencia". La verificación del juez ordinario predeterminado por la ley obliga a poner en marcha dichos criterios dando lugar a la clásica distinción entre "competencia objetiva" (en relación a la materia y a la cuantía), "competencia funcional" (en atención a la función y a la jerarquía de los órganos) y "competencia territorial" (basada en la demarcación territorial asignada a cada órgano) . Así pues, en tanto que las normas de competencia judicial internacional, delimitadoras del ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado, se dirigen a "todos" los juzgados y tribunales de la República Dominicana, las normas de competencia judicial interna involucran tan solo a "determinados" órganos judiciales en función de los apuntados criterios objetivo, territorial o funcional.

      A diferencia de las reglas de competencia judicial internacional, que se limitan a determinar si en un supuesto del tráfico externo puede ser resuelto por los tribunales dominicanos o no, el objetivo de las reglas de competencia judicial interna es la determinación, dentro de la organización judicial dominicana, de cuál va a ser el tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional.

      En rigor, la competencia judicial internacional se sitúa en un plano lógico anterior a la competencia judicial interna, pues los conflictos de competencia interna solo tienen sentido cuando los órganos jurisdiccionales dominicanos son competentes internacionalmente . Por otra parte, los conflictos relativos a la competencia judicial interna y a la competencia judicial internacional presentan una naturaleza muy dispar: en el plano interno, la solución de dichos conflictos no se encuentra mediatizada de forma relevante por los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a no quedar en indefensión, al menos en igual medida que los conflictos relativos a la competencia judicial internacional. En estos últimos, con carácter general, la falta de competencia de los tribunales dominicanos no garantiza el conocimiento por los órganos jurisdiccionales de otros Estados, por lo que la tutela judicial efectiva se erige en un valor fundamental de la reglamentación.

      El "modelo" de sistema de competencia judicial internacional diseñado por el legislador dominicano en 2014 se caracteriza por contener una regulación separada e independiente de la competencia judicial interna. Esta circunstancia impide en la actualidad cualquier confusión de planos. Dicho en otros términos, la determinación de la competencia judicial...

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