Que es un Estado de Derecho

 
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"¿Qué es un Estado de Derecho?"

Juan Ml. Pellerano

Uno de los diarios de la mañana trae, tomada de la prensa internacional, la noticia siguiente:

"En Serbia nadie sabe qué es un Estado de Derecho". Las razones que justifican esa ignorancia tienen causas históricas que escapan al interés de este artículo. Lo que sí importa es encontrar la contestación adecuada a la interrogante siguiente: ¿Quién sabe qué es un Estado de Derecho, en República Dominicana?

De acuerdo con mi leal saber y entender, la respuesta es la siguiente: lo saben algunos directores de la prensa diaria, algunos comunicadores sociales, algunos intelectuales, profesionales y aficionados al derecho o a la política, algunos maestros, unos pocos políticos y un número indeterminable de dominicanos. En resumen: una minoría de los siete millones de habitantes.

Sin embargo, desde la organización de la nación en Estado por la Constitución proclamada el 6 de noviembre de 1844, la semántica de ese instrumento contiene las normas mínimas que pautan la existencia del Estado de Derecho.

¿Por cuáles razones es aún hoy día una noción minoritaria del conocimiento de la nación? Sus múltiples causas nacen de la dicotomía entre autoritarismo o ideología conservadora y democracia o ideología liberal que ha dominado en toda la historia de la vida republicana de los dominicanos.

¿Qué es el Estado de Derecho?

Es la expresión que frecuentemente se emplea para tipificar una sociedad políticamente organizada, que es regida por el Derecho y a la vez es respetuosa de éste.

Esto es, el Estado que se somete al "imperio del derecho", lo que vale decir que en la administración de la cosa pública y en sus relaciones con los gobernadores, el Estado es respetuoso de aquello que la ley manda y a la vez reconoce que no puede exigir más allá de lo que ella ordena.

La existencia del Estado de Derecho es un medio para limitar el ejercicio del poder político.

Así, los fines del estado están trazados por las normas, por los límites que pauta el derecho, el cual reconoce y garantiza la libertad, cuyos límites los determina el propio estado por medio de leyes que crea como norma social obligatoria, por lo que se hace necesario mantener claramente diferenciadas la función de confeccionar las leyes de la función de gobernar, y establecer los medios que sirvan de control a los actos de quienes tienen las funciones ejecutivas, todo con el fin de evitar que se violen las normas de aplicación general que pautan las leyes.

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