Derecho a la cultura. Artículo 64

• Páginas: 651-656
• Autor: Geovanny Nina Cruz

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DERECHO A LA CULTURA.

ARTÍCULO 64

Artículo .- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar

y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno

acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y

de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y

materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia:

) Establecerá políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales

e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas,

artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivará y apoyará

los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o

financien planes y actividades culturales;

) Garantizará la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso

a la cultura en igualdad de oportunidades y promoverá la diversidad cultural,

la cooperación y el intercambio entre naciones;

) Reconocerá el valor de la identidad cultural, individual y colectiva, su

importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico,

la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la

investigación científica y la producción cultural. Protegerá la dignidad e

integridad de los trabajadores de la cultura;

) El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la

salvaguarda del Estado que garantizará su protección, enriquecimiento,

conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio

cultural de la Nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por

el Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad, imprescriptible.

Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio

cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y

el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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Palabras claves:

1. Protección del Carnaval Vegano: manifestación cultural de los dominicanos

2. Protección del patrimonio cultural: paralización válida de remodelación de

inmueble

1. PROTECCIÓN DEL CARNAVAL VEGANO: MANIFESTACIÓN

CULTURAL DE LOS DOMINICANOS

CRITERIO:

El Carnaval Vegano constituye una manifestación cultural

que debe ser protegida por su trascendencia; su limitación irracional

afecta los derechos colectivos de los dominicanos. No procede la

modificación del perímetro donde se celebra ni tampoco la prohibición

de las cuevas que se utilizan para organizar las comparsas y darle

esplendor y magia al evento.

SENTENCIA TC/0289/18

CRITERIO 2:

Ante la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales,

procede armonizar el derecho a la cultura, por una parte, y los

derechos a la intimidad, al honor personal, a la libertad de tránsito, a la

propiedad, a la salud y al medioambiente sano, por otra parte. Procede

ordenar medidas para que las autoridades competentes garanticen el

desenvolvimiento del evento y el respeto a los derechos fundamentales

de los residentes de la ciudad de La Vega.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que varias perso-

nas acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

solicitando que el Ayuntamiento del municipio de La Vega modifique

el perímetro donde se celebra cada año el Carnaval Vegano, así como

también que se prohíba la instalación de las estructuras conocidas

como “cuevas”, en las cuales las distintas comparsas que participan

se organizan y ponen sus disfraces. Los accionantes sostienen, para

justificar sus pretensiones, que durante la celebración del referido

carnaval se les han vulnerado sus derechos fundamentales, en parti-

cular, el derecho a la intimidad, al honor personal, a la libertad de

tránsito, el derecho de propiedad, el derecho a la salud, el derecho a

un medioambiente sano y el derecho a la paz.

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Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

i. En este mismo sentido, en la Sentencia

TC/0758/17, del siete (7) de diciembre

de dos mil diecisiete (2017), este tribunal

estableció que es una obligación del Estado

conservar el desarrollo y montaje del carna-

val vegano, ya que este evento cultural tiene

un alcance no sólo nacional, sino también

internacional, y su limitación afecta los

derechos colectivos de todos los dominicanos,

así como de todos los extranjeros que se dan

cita en dicha actividad.

j. De la lectura de las motivaciones de la

sentencia y de los alegatos del recurrente y

de los recurridos, se advierte que estamos

en presencia de un conflicto de derechos: el

derecho a la cultura, por una parte, y los

derechos a la intimidad, al honor personal,

libertad de tránsito, a la propiedad, a la

salud y al medio ambiente sano, por otra

parte. Ciertamente, la celebración del

Carnaval Vegano, así como la de cualquier

otro carnaval, genera un espacio propio

para las manifestaciones culturales de

distintas expresiones. Tratándose de fiestas

populares, se produce una significativa

concentración de personas, las cuales, en

medio de la celebración, pueden incurrir

en excesos y extralimitaciones que pueden

tener como consecuencia vulneración a

derechos fundamentales que les asisten a

las personas que residen en el lugar de la

concentración.

k. Así, ocurre con frecuencia que los par-

ticipantes colocan música a un volumen

muy alto, demanda de servicios sanitarios,

en cantidades que no pueden satisfacerse

con los sistemas sanitarios tradicionales, lo

cual obliga a la instalación de sanitarios no

convencionales, que no siempre se colocan

en el lugar más adecuado ni se le da el uso

apropiado, situaciones que repercuten en

perjuicio de los residentes de la zona.

l. No menos relevante es la cuestión de

las implicaciones que supone la logística

propia de un evento carnavalesco, como

por ejemplo, el cierre de algunas calles, la

instalación de tarimas, publicidad y estruc-

turas para que las comparsas participantes

puedan organizarse y colocarse sus distintos

disfraces o vestuarios. Dichas estructuras

se conocen con el nombre de “cuevas” y su

instalación es seriamente cuestionada por

los recurridos.

m. Como se observa, son reales las posibi-

lidades de violar derechos fundamentales y

libertades públicas en perjuicio de los resi-

dentes en la ciudad de La Vega, con ocasión

de la celebración de las fiestas carnavalescas.

Tal situación hace necesaria la aplicación

de la técnica de la armonización de los

derechos en conflicto, en virtud de lo que

establece el artículo 74.4. de la Consti-

tución, texto según el cual: “los poderes

públicos interpretan y aplican las normas

relativas a los derechos fundamentales y

sus garantías, en el sentido más favorable a

la persona titular de los mismos y, en caso

de conflicto entre derechos fundamentales,

procurarán armonizar los bienes e intereses

protegidos por esta Constitución”.

o. La reducción del perímetro de celebra-

ción del carnaval disminuye el impacto y

su trascendencia, toda vez que la población

y los asiduos visitantes al evento asocian el

carnaval con los lugares por donde tradi-

cionalmente ha pasado el mismo.

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p. Por su parte, la eliminación de las cue-

vas va en contra de la magia y el esplendor

del evento. La utilización de las cuevas,

como se ha dicho, permite a las comparsas

organizarse y presentarse al público de una

manera sorpresiva e impactante.

q. El juez de amparo lo que debió hacer

fue conminar a las autoridades correspon-

dientes a que tomen las medidas que ra-

zonablemente fueren de lugar para que los

residentes en la ciudad de La Vega solo se

vean afectados en sus derechos y libertades

fundamentales en los límites estrictamente

necesarios para que las actividades carna-

valescas puedan desarrollarse adecuada-

mente y sin perder su esencia.

ww. En cuanto al fondo de la acción, la

misma se acogerá parcialmente y, en ese

sentido, se mantendrá inalterable el pe-

rímetro de celebración de las actividades

correspondientes, a condición de que las

autoridades correspondientes garanticen el

desenvolvimiento de la misma con estricto

apego a los cánones constitucionales al

respeto de los derechos de los residentes de

la ciudad de La Vega.

xx. En particular, deben tomarse las me-

didas necesarias para que los moradores de

las zonas en donde se celebra el carnaval

vegano puedan circular de la forma más

razonable posible. Entre las medidas que

este tribunal considera necesarias para que

los derechos y libertades fundamentales en

conflicto puedan ejercerse armónicamente

destacan las siguientes: 1. Exigir que la

construcción e instalación de las deno-

minadas “cuevas” se haga a una altura

que permita el libre tránsito de vehículos

y personas. 2. Garantizar que los baños

portátiles o no convencionales no se insta-

len frente de las casas de las personas que

habitan en la ciudad de La Vega y que el

número de los mismos sea proporcional al

número de personas que asistirá a las fies-

tas carnavalescas para que estas puedan

hacer sus necesidades naturales de manera

ordenada y en condiciones aceptables de

higiene. 3. Organizar el tránsito de ma-

nera tal que los habitantes en la ciudad de

La Vega puedan entrar y salir, caminando

o en vehículo de motor, a sus viviendas

y para que, igualmente, puedan hacerlo

las personas y los vehículos que se dirigen

a los hospitales y clínicas privadas y 4.

Exigir que en la colocación de músicas y

la realización de cualquier otra actividad

que produzca sonido se observen las reglas

que rigen la materia.

2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: PARALIZACIÓN

VÁLIDA DE REMODELACIÓN DE INMUEBLE

CRITERIO:

Se justifica la paralización por parte de la Dirección

Nacional de Patrimonio Monumental de los trabajos de remodelación

de inmueble que realiza su propietario cuando el inmueble se encuentra

dentro de un área declarada patrimonio cultural de la nación (centro

histórico de Santiago) y no tenga la autorización requerida. Función

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social del derecho de propiedad.

SENTENCIA TC/0208/14

—Ver en este

sentido el criterio relativo al derecho de propiedad (art. 51 CRD). Precedente

reiterado en las sentencias TC/0037/16 y TC/0125/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Dirección

Nacional de Patrimonio Monumental ordenó mediante oficio la

paralización de los trabajos de restauración que hacia un propietario

dentro de su inmueble. La razón de esta suspensión es que no se había

depositado el proyecto definitivo de la restauración del inmueble,

requisito necesario puesto que dicho inmueble se encuentra ubicado

dentro del centro histórico de Santiago.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

a. El presente caso surge de una acción de

amparo interpuesta por el señor Varido

Sebastián Salcedo Inoa, con la finalidad

de que sea declarado inconstitucional el

Oficio o comunicación núm. DNPM/

RSGO-075/12, emitido por la Dirección

Nacional de Patrimonio Monumental el

trece (13) de septiembre de dos mil doce

(2012), que paralizó la realización de los

trabajos de reconstrucción del inmueble de

su propiedad, ubicado dentro del Centro

Histórico de Santiago.

c. En ese tenor, en el presente expediente,

el Tribunal ha constatado que la Dirección

Nacional de Patrimonio Monumental

emitió el Oficio núm. DNPM/RSGO-

075/12, relativo a la paralización de los

trabajos de remodelación, en virtud de que

el recurrente no cumplió con los requisitos

establecidos en la Ley núm. 318, sobre

el Patrimonio Cultural de la Nación de

mil novecientos sesenta y ocho (1968),

modificada por la Ley núm. 41-00 del seis

(6) de junio del año dos mil (2000), por

realizar otras restauraciones del inmueble

no contempladas en el mismo, requisito

esencial para su ejecución por encontrarse

el inmueble ubicado dentro de los límites

del Centro Histórico de Santiago.

d. En lo concerniente al derecho de propie-

dad consagrado en el artículo núm. 51 de

la Constitución, si bien este derecho tiene

un carácter erga omnes, cuando se trata

de bienes inmuebles que se encuentran

situados dentro de los límites designados

como patrimonio cultural de la nación, el

derecho de propiedad es limitado, ya que

la propia carta sustantiva en el artículo

núm. 64, numeral 4, expresa que: “El

patrimonio cultural de la Nación, mate-

rial e inmaterial, está bajo la salvaguarda

del Estado que garantizará su protección,

enriquecimiento, conservación, restaura-

ción y puesta en valor”. En ese sentido, el

inmueble, objeto de la restauración o re-

modelación, entra dentro de esta categoría.

e. Sobre el patrimonio cultural, la Confe-

rencia General de la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (Unesco) adoptó el die-

ciséis (16) de noviembre de mil novecientos

setenta y dos (1972) la Convención sobre la

Protección del Patrimonio Mundial Cultu-

ral y Natural, con el objetivo de promover

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

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la identificación, protección y preservación

del patrimonio cultural y natural en todo

el mundo.

f. En ese mismo orden, la Ley núm. 318,

sobre Patrimonio Cultural de la Nación,

establece en su artículo 2 que: Forman

parte del patrimonio monumental los

monumentos, ruinas y enterratorios de

la arqueología precolombina; edificios

coloniales, conjuntos urbanos y otras cons-

trucciones de señalado interés histórico o

artístico, así como las estatuas, columnas,

pirámides, fuertes, coronas y tarjas desti-

nadas a permanecer en un sitio público

con carácter conmemorativo. g. De la

misma forma, el artículo 11 de dicha

ley dispone: “En ningún caso los bienes

del patrimonio cultural de la Nación,

sometidos al régimen establecido por la

presente ley, podrán sufrir destrucción,

daño o alteración inconsulta por parte

de sus propietarios o poseedores”. h. Se

desprende de los artículos anteriores que,

tanto el propietario del inmueble objeto

de remodelación, como las autoridades

encargadas de otorgar los permisos corres-

pondientes para las reparaciones, tienen la

obligación y la responsabilidad de mante-

ner el control y la vigilancia permanente

del cumplimiento de las disposiciones

nacionales e internacionales, cuando se

trata de inmuebles que pertenecen, como

en la especie, al Patrimonio Cultural de

la Nación.

i. Asimismo, el Decreto núm. 172-91

del veintinueve (29) de abril de mil no-

vecientos noventa y uno (1991) delimita

el Centro Histórico de Santiago y, en su

artículo 2, establece que: Todo proyecto de

construcción, remodelación o demolición

dentro del área del Centro Histórico de

la ciudad de Santiago de Los Caballeros,

deberá ser aprobado por la Oficina de

Patrimonio Cultural a través del Consejo

Técnico de Patrimonio Cultural para la

Región del Cibao y la Zona Norte del país,

antes de su sometimiento al Ayuntamiento

de dicha ciudad y la Secretaria de Estado

de Obras Publicas y Comunicaciones.