Derecho a la igualdad. Artículo 39

• Páginas: 21-60
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

21

DERECHO A LA IGUALDAD.

ARTÍCULO 39

Artículo .- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales

ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades

y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades,

sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad,

nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica,

condición social o personal. En consecuencia:

) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar

la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben

existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;

) Ninguna entidad de la República puede conceder títulos de nobleza ni

distinciones hereditarias;

) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que

la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la

discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión;

) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que

tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales

de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar

la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género;

) El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres

y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las

instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración

de justicia y en los organismos de control del Estado.

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ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Igualdad entre los iguales y trato diferente entre desiguales

B. Principio de igualdad en las personas morales

A. Aspecto general: Igualdad entre los

iguales y trato diferente entre des-

iguales. Sentencia TC/0094/12

10.1.6. Además, carece de sustento invocar

la violación del principio de la igualdad,

pues éste se predica entre la identidad de

iguales y de la diferencia entre los desiguales,

por tanto no se permite regulación diferen-

te entre supuestos iguales o análogos, pero sí

prescribe diferente normación a supuestos

distintos.

B. Aspecto general: Principio de igual-

dad en las personas morales. Senten-

cia TC/0094/12

10.1.1. El principio de igualdad, consagra-

do en el artículo 39 de la Constitución de

la República, obliga a las instituciones del

Estado a fomentar y ofrecer un trato iguali-

tario en términos jurídicos o normativos, a

todas las personas físicas y aún a las morales,

las cuales pueden ser titulares del derecho

fundamental a la igualdad, siempre y

cuando dicho derecho sea tenido en cuenta

respecto de otras personas morales (Sent.

T-362/05 del 8 de abril del 2005; Corte

Constitucional de Colombia), tal y como

acontece en el caso ocurrente, en donde las

accionantes plantean un quebrantamiento

en su perjuicio del principio de igualdad

ante la ley, frente a otra persona moral…

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Palabras claves:

1. Ausencia de desigualdad entre cónyuges en el proceso del divorcio

2. Ausencia de desigualdad entre usuarios regulados y no regulados del sector

eléctrico

3. Ausencia de desigualdad: protección legal válida para servidores públicos

especializados

4. Ausencia de discriminación: trato desigual entre desiguales (fumadores de

hookah y fumadores de cigarrillos)

5. Ausencia de discriminación: trato desigual entre desiguales (escala salarial

en órganos constitucionales según sus atribuciones)

6. Desigualdad en el pago del impuesto de sucesión entre dominicanos que

residen en el territorio nacional y dominicanos que residen en el extranjero

7. Desigualdad entre hombre (viudo) y mujer (viuda) para acceder a la

pensión de sobrevivencia

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8. Discriminación de personas en razón de su nacimiento o procedencia, para

acceder a una entidad con funciones públicas

9. Discriminación en la Administración pública: trato desigual entre hombre

y mujer

10. Discriminación en la Administración pública: trato desigual entre personas

iguales

11. Discriminación en la Administración pública: trato desigual entre policías

retirados con distintos montos de pensión

12. Discriminación en la contratación pública: trato desigual entre personas

participantes en una licitación pública

13. Discriminación en la Administración pública: trato desigual entre

servidores públicos y estudiantes, en procesos administrativos de la

universidad

14. Discriminación en la función pública entre funcionarios de iguales

características para acceder a un beneficio.

15. Discriminación en la función pública: trato desigual entre funcionarios

electivos y funcionarios judiciales

16. Discriminación en la participación política para acceder a un puesto

electivo superior

17. Discriminación entre trabajadores sindicalizados y trabajadores no

sindicalizados, para acceder a los beneficios de un fondo de pensiones común.

18. Discriminación por edad, nacionalidad o procedencia: trato desigual para

acceder al divorcio por mutuo consentimiento

19. Discriminación positiva con relación a la cuota mínima de participación

política en favor de la mujer

20. Discriminación positiva en favor de la mujer que está en proceso de

divorcio

21. Trato desigual entre desiguales

1. AUSENCIA DE DESIGUALDAD ENTRE CÓNYUGES EN EL PROCESO

DEL DIVORCIO

CRITERIO:

No vulnera el derecho a la igualdad la previsión legal de

que el cónyuge que haya obtenido la decisión judicial que establezca el

divorcio sea quien tenga un plazo para acudir a la Oficialía Civil —previa

citación del otro cónyuge— a pronunciar y registrar dicho divorcio. La ley no

prohíbe ni restringe que cualquiera de los esposos realice dicho trámite. Se

presume que está permitido lo que no está prohibido.

SENTENCIA TC/0785/17

Resumen del caso: Un ciudadano presentó una acción directa

de inconstitucionalidad en contra del artículo  de la Ley núm.

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-bis, sobre Divorcio. Esta disposición pone a cargo del cónyuge

que haya obtenido la sentencia, la realización de un trámite ante

la Oficialía Civil correspondiente para pronunciar y registrar dicho

divorcio. La parte accionante entiende que se da un tratamiento

desigual entre los esposos para dicho trámite.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1.5. En la especie, si bien es cierto que

la ley únicamente le impone a la parte ac-

cionante –hombre o mujer- la obligación

de diligenciar ante la Oficialía del Estado

Civil la transcripción de la sentencia

librada por el tribunal y la consiguiente

publicación de la misma, no menos cierto

es que ni en el artículo en cuestión ni en

ninguna otra parte del articulado de la re-

ferida disposición legal se restringe o limita

la facultad del otro cónyuge de tomar la

iniciativa en tal sentido, de manera que

bien puede éste perfeccionar el divorcio ju-

dicialmente admitido, dentro del indicado

plazo de dos (2) meses; por tanto, dicha

transcripción o publicación puede hacerse

con la más amplia libertad, en aras de

alcanzar tal propósito.

10.1.6. En la especie, alcanza la más

plena aplicación la máxima jurídica

latina permittiur quod non prohibetur

(se presume que está permitido lo que no

está prohibido), al esposo demandado ni

a la esposa demandada en divorcio se le

prohíbe que pueda asumir un rol activo

para ejercer su derecho y llevar a efecto el

proceso tras ser emitida la sentencia que

admite la disolución del matrimonio, vía

el divorcio.

10.1.7. En vista de los argumentos ante-

riormente planteados, este Tribunal con-

sidera que al Artículo 17 de la Ley núm.

1306-bis, sobre el Divorcio, no colide con

el derecho de igualdad consagrado en el

artículo 39 de la Constitución de la Re-

pública, como erróneamente alega la parte

accionante.

10.1.8. Conforme a lo expuesto, en el caso

resulta pertinente precisar, además, que el

legislador, al establecer este plazo para que

el cónyuge que haya tomado la decisión

de incoar una acción de divorcio culmine

con la misma o renuncie a su beneficio,

persigue que no haya brumas alrededor

de una relación que tanto gravita a favor

de la armonía familiar, la cual entraña

implicaciones jurídicas que siempre han

precisado de un status definido y transpa-

rente, sin que en la especie se pueda excluir

el rol protector de Estado en procura de

mantener esa básica relación que beneficia

la unidad familiar; y, en ese orden de ideas,

encuentra justificación el propósito del

legislador de limitar la obligatoriedad de

formular la transcripción de la sentencia

de divorcio ante el Oficial del Estado Civil

a quien haya tomado la iniciativa –hom-

bre o mujer– en tal sentido; no así a la otra

parte, cuyo papel es pasivo, pues sería arbi-

trario y contrario al interés de velar por el

mantenimiento de la referida unidad.

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2. AUSENCIA DE DESIGUALDAD ENTRE USUARIOS REGULADOS Y

NO REGULADOS DEL SECTOR ELÉCTRICO

CRITERIO:

No vulnera el derecho a la igualdad la diferencia establecida

mediante ley entre los usuarios regulados y no regulados del sector

eléctrico en cuanto al precio que deben pagar por recibir la energía

eléctrica.

SENTENCIA TC/0172/13

Resumen del caso: La acción directa de inconstitucionalidad fue

presentada por una empresa en contra del artículo  de la Ley núm.

- General de Electricidad. Este artículo establece en esencia una

diferencia en cuanto al precio de la energía eléctrica que deben pagar

según sea un usuario regulado o no regulado. El accionante plantea

que dicho artículo concede un privilegio o ventajas a los usuarios no

regulados, que los coloca en una posición dominante en el aspecto

económico y permite una competencia desleal en perjuicio de los

usuarios regulados.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

8.3. Lo primero que podemos deducir del

análisis de la desigualdad que supuestamen-

te genera el artículo 108 de la Ley General

de Electricidad núm. 125-01, del veinti-

séis (26) de julio de dos mil uno (2001),

modificado por el artículo 5 de la Ley núm.

186-07, del seis (6) de agosto de dos mil

siete (2007), es que las diferencias de tra-

tamiento entre los usuarios no regulados y

los regulados, como por ejemplo, la mejoría

de precios del servicio de energía eléctrica

de que puedan disfrutar los primeros por el

hecho de que los mismos son fijados libre-

mente, no son instauradas arbitrariamente

por la ley. Por el contrario, esas diferencias

que la norma impugnada instituye tienen

correlación con diferencias económicas que

existen entre los que pueden optar por ser

usuarios no regulados. Dichas diferencias

económicas son el fruto de un mayor o

menor éxito en la vida productiva, genera-

do, entre otros factores, por las capacidades

o talentos que puedan ser desplegados por

cada uno en sus actividades. 8.4. Pero esas

diferencias de tratamiento entre usuarios

no regulados y usuarios regulados que la

disposición impugnada prevé, no violentan

el principio de igualdad que el artículo 39

de la Constitución consagra, puesto que en

modo alguno la disposición impugnada

impide que la accionante, o cualquier otro

usuario regulado, como consecuencia de un

crecimiento de su empresa que le demande

un mayor consumo de electricidad, pueda

convertirse en usuario no regulado. 8.5. En

definitiva, de lo expresado precedentemen-

te debe descartarse que estemos en presencia,

frente a la diferencia de trato que crea la

norma entre los usuarios no regulados y

los usuarios regulados, de una violación

al artículo 39 de la Constitución, puesto

que disfrutar de una condición u otra, solo

dependerá de la capacidad de consumo

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que tenga el usuario. Esa capacidad de

consumo se encuentra determinada por

la mayor o menor superación que se haya

alcanzado en la vida productiva, ya sea

por sus talentos u otros factores sociales y

económicos, y la disposición constitucional

que consagra el principio de la igualdad

considera que no se violenta la misma

cuando las diferencias resultan de los

talentos y de las virtudes.

3. AUSENCIA DE DESIGUALDAD: PROTECCIÓN LEGAL VÁLIDA

PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

CRITERIO:

No vulnera el derecho a la igualdad la exclusividad de

actuación, establecida por ley, de los alguaciles que pertenecen a

una jurisdicción inmobiliaria para realizar notificaciones en dicha

jurisdicción. El legislador, al conocer sobre una materia especializada

y los valores económicos involucrados, trató de proteger y garantizar

dichas actuaciones.

SENTENCIA TC/0134/20

Resumen del caso: Un señor se presentó ante el Tribunal Consti-

tucional para interponer una acción directa de inconstitucionalidad

en contra del párrafo IV del artículo  de la Ley núm. -, de

Registro Inmobiliario. Esta norma establece en esencia la exclusivi-

dad de los alguaciles de la jurisdicción inmobiliaria para realizar las

notificaciones relativas a actuaciones. El accionante plantea que esa

exclusividad viola el derecho a la igualdad ante otros alguaciles.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g. La antes referida ley (Ley núm. 821,

sobre la Organización Judicial y sus mo-

dificaciones), en su artículo 81, establece:

“Sólo los Alguaciles tienen calidad para

hacer notificaciones de actos judiciales o ex-

trajudiciales, con excepción de aquellas que

por disposición expresa de la ley pueden y

deben ser hechas por otros funcionarios.

h. Además, consideramos oportuno, en el

caso que nos ocupa, señalar lo que establece

el párrafo del artículo 82 de la Ley núm.

821, sobre la Organización Judicial y

sus modificaciones: “En los Juzgados de

Primera Instancia divididos en Cámaras,

con idénticas o con distintas atribuciones

o competencias, los Alguaciles que actúen

en ellas, ejercerán sus funciones en toda

la demarcación territorial que constituya

el distrito judicial a que estos Tribunales

pertenezcan”

i. Asimismo, la Resolución núm. 622-

2007, de la Suprema Corte de Justicia,

que aprueba formatos de certificados de

títulos, cartas constancias y otras disposicio-

nes, dispone en su artículo 3 lo siguiente:

Se autoriza de manera provisional a los

alguaciles de los Tribunales de la Repúbli-

ca territorialmente competentes, para que

actúen como alguaciles de la Jurisdicción

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 27

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Inmobiliaria a los fines de que realicen las

notificaciones y citaciones establecidas en la

Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario,

hasta la implementación del Centro de

Citaciones de la Jurisdicción Inmobiliaria.

m. Este tribunal ha podido evidenciar que

estamos ante una acción directa de incons-

titucionalidad que pretende la declaratoria

de la inconstitucionalidad de una norma

que solamente se encuentra delimitada a

la organización judicial de la jurisdicción

inmobiliaria, ya que el párrafo IV del

artículo 5 dispone que las actuaciones de la

jurisdicción inmobiliaria sean notificadas

por ministeriales de dicha jurisdicción, y

que la Ley núm. 108-05 instituye la crea-

ción de su reglamento para su aplicación.

p. En el caso de la especie, los sujetos

envueltos en la litis –alguaciles de la

jurisdicción inmobiliarias y los alguaciles

de otras jurisdicciones- son sujetos bajo

una situación similar, ya que son agentes

auxiliares de la justicia, oficiales públicos

autorizados por la ley, cuya misión consiste

en notificar los actos de procedimiento y

ejecutar las decisiones de la justicia y los

actos auténticos provistos de fuerza ejecu-

tiva, dentro del límite de su competencia,

o sea del tribunal en que fue designado.

Tienen fe pública en sus actuaciones, hasta

inscripción en falsedad.

q. En ese sentido, existen alguaciles de

estrados y alguaciles ordinarios, los prime-

ros asisten a las audiencias, teniendo a su

cargo imponer el orden dentro del tribunal.

Están sujetos al horario y a las mismas obli-

gaciones del resto del personal del tribunal

al cual pertenecen y tengan un salario

fijo. Adicionalmente, realizan las mismas

funciones que los alguaciles ordinarios y

los segundos ejecutan todas las funciones

propias de su ministerio y sólo cobran los

emolumentos de los actos judiciales o extra-

judiciales que realizan. No reciben salario

ni están sujetos a la supervisión directa del

tribunal al que pertenecen.

r. En consecuencia, al evidenciar que los

sujetos envueltos en el presente conflicto -los

alguaciles- son sujetos similares, por lo que

pasa el primer punto del test de igualdad,

sobre “la existencia de casos o supuestos fácti-

cos semejantes”, procede continuar desarro-

llando el segundo requisito del referido test

de igualdad, “que tal diferenciación resulte

objetiva, proporcional y razonablemente

justificada”, en cuanto a la razonabilidad,

proporcionalidad razonable, en tanto que

los alguaciles de la República, se puedan

ver limitados en el desenvolvimiento de su

ejercicio en cuestión.

t. La proporcionalidad y razonabilidad

de la referida norma atacada en la acción

directa de inconstitucionalidad que ahora

nos ocupa, desde una perspectiva fáctica no

es tal, ya que únicamente se limita a orga-

nizar el procedimiento a seguir en la ju-

risdicción inmobiliaria, potestad que tiene

como fin regular el funcionamiento de los

tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria

y todas las actuaciones de su competencia,

ya que la propia norma es que determina

a cuál jurisdicción es que se encuentra

habilitado el ministerial para actuar.

u. En consecuencia, no existen criterios

objetivos que permitan afirmar la des-

proporcionalidad e irracionabilidad de la

norma en cuestión, en cuanto a que, al

momento en aprobar lo preceptuado en

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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dicha disposición, el legislador dentro de su

libertad de configuración normativa que

le asiste, conteste con los valores, principio,

bienes y derechos fundamentales que con-

tiene la Constitución de la República, no

se evidencia tales vulneraciones.

v. En cuanto al tercer presupuesto de que

la norma atacada en inconstituciona-

lidad, “que no implique consecuencias

desproporcionadas en cuanto a la finalidad

perseguida” en torno a que el hecho de que

solo los ministeriales adscritos a la jurisdic-

ción inmobiliaria puedan realizar actuacio-

nes pertinentes a dicha materia, no implica

de modo alguno la desproporcionalidad del

fin de dicha norma, ya que el legislador al

conocer sobre una materia especializada y

los valores económicos envueltos, trató de

proteger y garantizar dichas actuaciones.

4. AUSENCIA DE DISCRIMINACIÓN: TRATO DESIGUAL ENTRE

DESIGUALES FUMADORES DE HOOKAH Y FUMADORES DE

CIGARRILLOS

CRITERIO:

No se vulnera el derecho a la igualdad al establecer legalmente

la prohibición del uso de la hookah para fumar tabaco en lugares

públicos y privados bajo techo. El uso de la pipa de agua o hookah

para fumar tabaco no es equiparable al uso de cigarros o cigarrillos

—el primero afecta más a la salud del que lo consume y de su entorno que el

segundo—, por tanto, amerita regulaciones distintas.

SENTENCIA TC/0278/21

—

Ver en este sentido los criterios relativos a los derechos al libre desarrollo de la

personalidad (art. 43 CRD) y a la libertad de empresa (art. 50 CRD)—.

Resumen del caso: Varias personas se presentaron ante el Tribunal

Constitucional para interponer una acción directa de inconstitucio-

nalidad en contra de los artículos  y  de la Ley núm. -, que

prohíben el uso de la hookah en lugares públicos y privados. Esta

norma establece en esencia la prohibición del dispositivo hookah

para fumar tabaco en sitios públicos y privados. Los accionantes

argumentan que esa prohibición legal vulnera varios derechos funda-

mentales, por lo que debe ser declarada inconstitucional.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.2.4 El problema jurídico que se nos

presenta en la especie implica que este

Tribunal Constitucional verifique si las

regulaciones aplicables a los comerciantes

y consumidores de tabaco por vía del

cigarro o cigarrillo deben ser igualmente

empleadas con relación a los oferentes y

consumidores del tabaco a través de la pipa

de agua o hookah; pues a partir de ahí se

podrá verificar si con las disposiciones de la

Ley núm. 16-19 se vulnera el principio de

igualdad y se incurre en el trato discrimi-

natorio denunciado.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 29

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10.2.7. En la especie, a los fines de aplicar

el citado test de la igualdad, se precisa de-

terminar si la situación de los sujetos bajo

revisión es similar; es decir, como avanzá-

bamos párrafos atrás, debemos despejar si

los comerciantes y consumidores de tabaco

por vía de la hookah o pipa de agua son

comparables a los oferentes y consumidores

de tabaco por vía del cigarro o cigarrillo.

Esto con la intención de poder verificar si

las denuncias de los accionantes en cuanto

a la violación del principio de igualdad

tienen méritos constitucionales y, por tanto,

rebasan este primer aspecto del menciona-

do test.

10.2.8. En ese sentido, a fin de confrontar

los dispositivos para consumir tabaco antes

indicados, conviene recuperar algunos de

los considerandos de la Ley núm. 48-00,

que prohíbe fumar —dentro de un marco

general—en lugares cerrados bajo techo.

Estos establecen: CONSIDERANDO:

Que está científicamente comprobado que

el tabaco, en cualquiera de sus derivados o

modalidades, es altamente nocivo a la salud

del ser humano y es una de las causas pro-

bables de la terrible enfermedad de cáncer,

enfisemas pulmonares y otras enfermedades

cardiovasculares, respiratorias, oculares

y bucales; CONSIDERANDO: Que el

consumo de tabaco y sus derivados debe ser

regulado adecuadamente en el país, a fin

de que la población esté advertida de las

consecuencias del mismo sobre la salud, con

el interés de crear conciencia en la sociedad

sobre la prevención del hábito de fumar

entre la población menor de edad; CON-

SIDERANDO: Que el humo del tabaco

que inhalan millones de fumadores, no es

dañino solamente a la salud de las personas

fumadoras, sino también a quienes están

a su alrededor, los llamados fumadores

pasivos, y además, es un elemento que con-

tribuye a la degradación y contaminación

del medio ambiente; CONSIDERANDO:

Que las enfermedades producidas directa o

indirectamente por la inhalación del humo

del tabaco y sus derivados han causado la

muerte a millones de personas, fumadores

activos y pasivos; CONSIDERANDO:

Que desde el punto de vista de las más

elementales reglas de urbanidad, es una

imprudencia fumar bajo techo, en el

interior de los vehículos o en cualquier

espacio donde el humo cause molestia a las

personas;

10.2.9. Por otro lado, en cuanto a la

hookah, la Ley núm. 16-19 —objeto de

este control de constitucionalidad— en sus

considerandos tercero, cuarto, quinto, sexto

y séptimo establece: Considerando tercero:

Que el usuario de la hookah, al compartir

la boquilla, está expuesto a la transmisión

de enfermedades como la tuberculosis, el

herpes labial, cáncer de pulmón y la des-

trucción de los dientes por causa del sarro.

Considerando cuarto: Que si bien es cierto

que el uso de la hookah es un acto social

propio de los países orientales, los cuales la

utilizan para fumar un tabaco especial de

distintos sabores, que puede ser compartida

por varias personas, no es menos cierto que

en la República Dominicana se le está

dando un uso inadecuado. Considerando

quinto: Que el incremento de su uso como

moda en jóvenes y adolescentes ha generado

un importante aumento en el uso de la

hookah, el cual constituye un peligro para

la salud física y mental de esta franja

vulnerable de la sociedad dominicana.

Considerando sexto: Que la inhalación de

la hookah incrementa la exposición tóxica

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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de sustancias como el monóxido de carbono,

el sarro y el tabaco, ya que su usuario pasa

más tiempo fumando por episodio que los

proyectos de ley que prohíben el uso de la

hookah en lugares públicos y privados, los

fumadores de cigarros y cigarrillos. Consi-

derando séptimo: Que el uso de la hookah

se ha convertido en un atractivo para los

jóvenes, adolescentes y estudiantes, ya

que, en la cual, no solo recurren al tabaco

sino que están empleando otras sustancias

ilícitas, provocando un consumo mayor de

drogas.

10.2.10. Todos estos señalamientos eviden-

cian que en el consumo y comercialización

del tabaco por vía de la hookah y en el

relativo al cigarro o cigarrillo se presentan

escenarios disímiles respecto de la mani-

pulación, graduación y uso del tabaco, así

como la discordancia respecto de los efectos

nocivos a la salud derivables de su consumo,

tal y como, por ejemplo, se comprueba de

los datos científicos recabados —y que cons-

tan en parte anterior de este fallo— por el

Centro para el Control y la Prevención de

Enfermedades (CDC) de los Estados Uni-

dos de Norteamérica; desemejanzas que,

en consecuencia, ameritan de regulaciones

que se ajusten a la naturaleza de cada dis-

positivo mediante el cual las personas con

la suficiencia requerida en la ley decidan

ingerir el tabaco.

10.2.11. En efecto, conforme a los señala-

mientos previos vertidos en la hoja infor-

mativa de la Organización Mundial de

la Salud (OMS), los informes del Centro

para el Control y la Prevención de Enfer-

medades (CDC) de los Estados Unidos

de Norteamérica, las disposiciones legales

citadas y la resolución del Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social (MIS-

PAS), este Tribunal Constitucional estima

que el hecho de que la Ley núm. 48-00,

que prohíbe fumar cigarros y derivados

del tabaco en lugares cerrados bajo techo,

permita —en el párrafo II de su artículo

112— que los comercios puedan habilitar

un espacio para fumadores y la Ley núm.

16-19, objeto de esta acción directa de

inconstitucionalidad, no contemple una

cláusula de tales dimensiones respecto de

la pipa de agua o hookah, no puede ser

visto como una violación al principio de

igualdad y no discriminación contenido

en el artículo 39 constitucional.

10.2.12. Y es que, si se auscultan bien los

datos obtenidos a partir de los informes le-

vantados por las autoridades científicas en

la materia consultadas por este Tribunal

Constitucional, no es posible equiparar el

consumo de tabaco mediante la pipa de

agua o hookah al ingerido mediante el ci-

garro o cigarrillo; pues, tal y como indica

el Centro para el Control y la Prevención

de Enfermedades (CDC) de los Estados

Unidos de Norteamérica: “la cantidad de

humo que se inhala durante una sesión

típica de hookah es de aproximadamente

90.000 mililitros (ml), en comparación

con los 500-600 mililitros (ml) que se

inhalan al fumar cigarrillos” 13; lo cual

deja constancia de una ostensible dispa-

ridad que impide la implementación ra-

cional de las mismas medidas regulatorias

para la ingesta del tabaco a través de los

recitados dispositivos de consumo, ya que

no solo se trata de medidas tendentes al

resguardo de la salud de aquellas personas

que decidan utilizar la pipa de agua, sino

también de todo tercero pasible de ingerir

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 31

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el humo expelido durante una o varias

sesiones tras el uso de esta herramienta.

10.2.13. Lo anterior porque los sujetos

ofertados para la comparación exigida en

la primera condición del test de la igual-

dad —a saber: la pipa de agua o hookah y

los cigarros o cigarrillos—, no son similares

aun cuando ambos comportan canales para

el consumo de tabaco; pues dicha prácti-

ca —fumar— en uno y otro supuesto se

agota a través de dispositivos para aspirar y

expeler humo que obedecen a una natura-

leza y efectos con un impacto diferente en

la salud, tanto de consumidores como de

terceras personas; lo cual implica que, por

consiguiente, las autoridades con facultad

normativa produzcan regulaciones distin-

tas dentro de cada rubro.

10.2.15. Por tanto, al quedar evidenciado

que las regulaciones proferidas sobre el

uso del tabaco mediante el cigarro o ciga-

rrillo necesariamente no tienen que —ni

pueden— ser extensibles a las vertidas en

cuanto al consumo de tabaco mediante

la hookah, pues obedecen a situaciones

particulares con sujetos —o dispositivos

de consumo— que no son similares y, en

consecuencia, no generan una desigualdad

entre los consumidores de un instrumento

para consumir tabaco —cigarro o ciga-

rrillo— frente al otro —hookah—; en-

tendemos que procede desestimar el medio

de inconstitucionalidad propuesto por los

accionantes en cuanto a la supuesta viola-

ción del principio de igualdad previsto en

el artículo 39 de nuestra Carta Política; ya

que no se cumplió con el primer requisito

del citado test de la igualdad.

5. AUSENCIA DE DISCRIMINACIÓN: TRATO DESIGUAL

ENTRE DESIGUALES ESCALA SALARIAL EN ÓRGANOS

CONSTITUCIONALES SEGÚN SUS ATRIBUCIONES

CRITERIO:

No se vulnera el derecho a la igualdad al establecer

legalmente distintas escalas salariales en órganos constitucionales que

tienen atribuciones diferentes.

SENTENCIA TC/0380/21

CRITERIO 2:

El juicio de igualdad debe partir del supuesto de una

misma situación, lo que en el caso de la especie no se configura por la

desemejanza de las condiciones específicas de cada titular de los órganos

extrapoder, condiciones atinentes al grado de responsabilidad laboral,

aptitudes profesionales y responsabilidades administrativas, entre otras.

Resumen del caso: El Defensor del Pueblo presentó ante el Tribunal

Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra el

numeral  del artículo  de la Ley núm. -, sobre Regulación

Salarial del Estado Dominicano. Esta norma establece en esencia

la escala salarial y el tope máximo de salario que puede devengar

el titular del Defensor del Pueblo. La parte accionante argumenta

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

32 | Art. 39

ÍNDICE

que este límite no se corresponde con el principio de igualdad

debido a la diferencia con los salarios permitidos en otros órganos

constitucionales.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

12.3. Para mejor comprensión de este ar-

gumento, conviene precisar que el referido

artículo 12 de la Ley núm. 105-13 sobre

Regulación Salarial del Estado Domini-

cano, establece la escala de remuneración

de salario bruto máximo para los titulares

de los poderes y entes constitucionales con

régimen propio del sector público. En este

orden de ideas, como se ha visto, los nume-

rales que complementan el aludido artículo

establecen los distintos salarios desde el pre-

sidente de la República hasta el Defensor

del Pueblo, resultando este último el menos

beneficiado en el pago de los emolumentos

con el monto de doscientos cincuenta mil

pesos dominicanos (RD$250,000.00).

[…] hemos podido comprobar que, cierta-

mente, el accionante, tomando en cuenta

su condición de órgano constitucional,

realiza un análisis comparativo respecto

a los demás órganos constitucionales, tales

como el Tribunal Constitucional, Tri-

bunal Superior Electoral, Junta Central

Electoral y la Cámara de Cuenta. Al hilo

de lo anterior, esta sede constitucional

mediante Sentencia TC/0001/15 amplió

los conceptos atinentes a la naturaleza

de los órganos constitucionales u órganos

extrapoder. Asimismo, realizó distinciones

correspondientes a sus prerrogativas…

12.6. Desde esta perspectiva, este tribunal

considera que los entes sujetos al examen

de igualdad, a pesar de ostentar la condi-

ción de órganos constitucionales, resultan

notoriamente disimiles debido a las atri-

buciones que el ordenamiento jurídico les

impone. El juicio de igualdad debe partir

del supuesto de una misma situación, lo

que en el caso de la especie no se configu-

ra por la desemejanza de las condiciones

específicas de cada titular de los órganos

extrapoder, dichas condiciones atinentes al

grado de responsabilidad laboral, aptitudes

profesionales, responsabilidades adminis-

trativas, entre otras.

12.7. En un caso similar al de la especie,

la Corte Constitucional de Colombia por

medio de su Sentencia C-402-13 reiteró

que en el sector público existen: [d]istintos

estatutos especiales que establecen diversos

regímenes salariales y prestacionales, que

presentan en cada caso características

peculiares y un sistema de auxilios y

reconocimientos particulares». Asimismo,

mediante la aludida decisión precisó que:

«[l]a comparación entre diferentes regíme-

nes respecto de prestaciones concretas, con

el fin de establecer violaciones al principio

de igualdad, no resulta conducente por

partirse de supuestos de hecho que no son

idénticos.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 33

ÍNDICE

6. DESIGUALDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO DE SUCESIÓN ENTRE

DOMINICANOS QUE RESIDEN EN EL TERRITORIO NACIONAL Y

DOMINICANOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO.

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución que mediante ley

se aplique un cobro adicional del impuesto de sucesión cuando los

beneficiarios sean extranjeros o residan fuera del país. Vulneración al

principio de igualdad previsto en el artículo 39.1 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0033/12

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el artículo 72 de la Ley No. 2569 de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones,

del 4 de diciembre de 1950, y, por conexidad, también declara inconstitucional

los artículos 15, 16, párrafo IV y 20 de la referida ley.

Resumen del caso: Un grupo de personas afectadas por el cobro

—previsto en la Ley núm. — del % adicional al impuesto de

sucesiones que deben pagar por ser residentes en el exterior, inter-

puso una acción directa de inconstitucionalidad por entender que

dicho artículo vulnera el principio de igualdad.

2 Art. 7.- (Modicado por la Ley No. 5655, del 28-10-61, G. O. No. 8617). Cuando los beneciarios de

transmisiones sucesorales estén domiciliados en el extranjero, o cuando residan fuera de la República

pagarán un cincuenta por ciento (50%) más de los impuestos establecidos en la tarifa que gura en

el artículo anterior. Párrafo I.- Se reputará que una persona reside fuera de la República, cuando se

encuentre en el extranjero desde un año antes, por lo menos, del fallecimiento de la persona de cuya

sucesión se trate. Párrafo II.- No se reputarán en el extranjero, para los nes de esta Ley, las personas

que lo estén en el ejercicio de funciones diplomáticas o consulares, o en misión o por disposición del

Gobierno Dominicano, o se hallen en el extranjero sin ánimo de residencia o detenidas por causa de

fuerza mayor debidamente justicada; quedando Sujetas estas circunstancias a la apreciación del

Secretario de Estado de Finanzas, como Jefe jerárquico superior en materia de liquidación de impuestos.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.2.1. Los accionantes alegan que el hecho

de cobrárseles, por concepto de impuestos

sucesorales, un 50% adicional al porcen-

taje que deben pagar los beneficiarios de

sucesiones residentes en el país, sólo por la

condición de ser residentes en el exterior,

tal y como dispone el artículo 7 de la Ley

No. 2569, del 4 de diciembre del 1950, y

sus modificaciones, constituye una viola-

ción al principio de igualdad reconocido

en el artículo 39.1 de la Constitución de

la República, así como al artículo 24 de

la Convención Interamericana sobre Dere-

chos Humanos.

9.2.4. En el caso ocurrente, se trata de suje-

tos bajo una situación similar, es decir tan-

to el dominicano residente en el país, como

el dominicano residente en el extranjero,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

34 | Art. 39

ÍNDICE

tendrían la condición de herederos para

tributar el referido impuesto sucesoral. En

cuanto a la adecuación e idoneidad del

trato diferenciado, no parece existir razón

jurídica, proporcional y razonable alguna

que justifique convincentemente el hecho

de que un sucesor o causahabiente domini-

cano que resida en el extranjero deba pagar

un 50% más del valor del impuesto suce-

soral que paga un dominicano residente en

el país.

9.2.5. La disposición del artículo 7 de la

Ley No. 2569 de 1950, y sus modifica-

ciones, sobre Impuesto a las Sucesiones y

Donaciones, que establece un pago para

los sucesores residentes en el exterior de un

3 Esta ley fue derogada por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, No. 139-

13 del 13 de septiembre de 2013. G. O. No. 10728 del 19 de septiembre de 2013.

50% superior al porcentaje que paga un

dominicano residente en el país, no resulta

conforme al principio de igualdad institui-

do en el artículo 39.1 de la Constitución

de la República ni al artículo 24 de la

Convención Interamericana sobre Dere-

chos Humanos, al consignar una situación

tributaria que establece una diferenciación

en el pago, penalizando económicamente

al sucesor que reside en el exterior, quien

tiene que pagar más que el residente en el

país, lo cual constituye una discriminación

en función al lugar de residencia, violando

igualmente el artículo 243 de la Consti-

tución de la República, que consagra los

principios constitucionales de igualdad y

equidad tributaria.

7. DESIGUALDAD ENTRE HOMBRE VIUDO Y MUJER VIUDA

PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA

CRITERIO:

Se vulnera el derecho a la igualdad cuando se excluye

mediante una legislación al hombre cuya esposa o pareja de hecho

fallece y este no puede acceder a una pensión de sobrevivencia.

Vulneración al principio de igualdad previsto en el artículo 39.4 de la

Constitución.

SENTENCIA TC/0012/12

Resumen del caso: El pronunciamiento de este criterio por parte del

Tribunal Constitucional tuvo lugar en el marco del análisis del artículo

 de la Ley No. , Orgánica de las Fuerzas Armadas , en el que

se establecía que solo la viuda tenía derecho a recibir una pensión de

sobrevivencia. Aunque este aspecto del artículo no fue lo que motivó el

conflicto llevado ante la jurisdicción constitucional (quien apoderó al

TC fue una mujer a la que le negaban la pensión por no haber estado

casada con el militar fallecido), el Tribunal Constitucional determinó

que el referido artículo solo sería constitucional si se incluía al viudo

para respetar el principio de igualdad entre hombre y mujer.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 35

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

r) Por otra parte, según el indicado artí-

culo 252, sólo la viuda tendría derecho a

la pensión de superviviente, mas no así

el viudo, lo cual vulnera el principio de

igualdad entre el hombre y la mujer previsto

en el artículo 39.4 de la Constitución, que

expresa: “La mujer y el hombre son iguales

ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que

tenga como objetivo o resultado menoscabar

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio

en condiciones de igualdad de los derechos

fundamentales de mujeres y hombres. Se

promoverán las medidas necesarias para ga-

rantizar la erradicación de las desigualdades

y la discriminación de género”.

s) En este mismo sentido, el Pacto Interna-

cional de Derechos Civiles y Políticos, en su

artículo 26, indica: “[…] la ley prohibirá

toda discriminación y garantizará a todas

las personas protección igual y efectiva contra

cualquier discriminación por motivos de

nacimiento o cualquier otra condición social”.

t) En consecuencia, resulta evidente que

el texto objeto de análisis transgrede la

Constitución, particularmente los princi-

pios relativos a la igualdad, la dignidad

humana y la familia. No obstante, dicho

texto sería conforme con la Constitución,

a condición de que se interprete en la

forma que más adelante indicará este

Tribunal Constitucional, ejerciendo así

la facultad de garantizar la permanencia

de una determinada norma en nuestro

ordenamiento jurídico.

v) De acuerdo con los principios expuestos,

para el Tribunal Constitucional, la inter-

pretación conforme a la Constitución del

artículo 252 de la Ley No. 873, Orgánica

de las Fuerzas Armadas Dominicanas,

debe ser la siguiente: “Tendrá derecho a

pensión el o la sobreviviente de un matri-

monio o de una unión marital de hecho

con por lo menos un año de duración,

salvo el caso de que hayan engendrado

hijos o que el fallecimiento hubiere sido

causado por un accidente o por las causa-

les del artículo 247”.

8. DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS EN RAZÓN DE SU NACIMIENTO

O PROCEDENCIA PARA ACCEDER A UNA ENTIDAD CON

FUNCIONES PÚBLICAS.

CRITERIO:

Constituyen una vulneración al derecho a la igualdad la

discriminación establecida estatutariamente para miembros de una

entidad privada con funciones públicas (en este caso, la Cámara de

Comercio y Producción de la Provincia La Altagracia), determinada

por su lugar de nacimiento o procedencia.

SENTENCIA TC/0002/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor que

había sido expulsado de la Cámara de Comercio y Producción de la

Provincia La Altagracia acudió a esa entidad a solicitar la constancia

de la asamblea en la que se tomó dicha decisión. Ante la negativa de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

36 | Art. 39

ÍNDICE

la referida entidad, el señor acudió ante la jurisdicción constitucional

en materia de amparo en donde planteó además la modificación de

los estatutos por resultar violatorios al derecho a la igualdad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. Para el tribunal a-quo resultan discrimina-

torios los literales a) y e), Párrafo 1, artículo 4

de los estatutos de la CCPALT, adoptados por

la Junta Directiva de dicha institución en

asamblea celebrada el veintiséis (26) de octu-

bre de dos mil doce (2012) y ratificados en la

asamblea extraordinaria celebrada por dicha

entidad el dieciocho (18) de enero de dos

mil trece (2013), que rezan de la siguiente

manera: Literal a): Los empresarios altagra-

cianos; o sus representantes, siempre que estén

apoderados con poderes especiales por escrito

o empresas extranjeras con Registro Mercantil

radicadas en la provincia con más de cinco

años y de igual forma si van a ser representa-

das deben poseer poderes especiales por escrito

de sus dueños o Consejos Directivos. Literal

e): Los profesionales liberales altagracianos o

aquellos que demuestren tener más de cinco

años ininterrumpidos haciendo comercio o

actividades vinculadas al sector comercial,

tales como: Contadores, administradores de

empresas, abogados, ingenieros civiles, arqui-

tectos y afines (subrayados nuestros).

• En cuanto al literal a), porque dispone un

privilegio en favor de los “empresarios altagra-

cianos; o sus representantes” para su admisión

como miembros de la CCPALT, estableciendo

una discriminación en perjuicio de otros

empresarios, salvo los incluidos en la referida

disposición que no sean los “agricultores y

ganaderos” (literal b), los del “sector de zona

franca y turismo” (literal c), y las “instituciones

bancarias o financieras” (literal d). • Respecto

al literal b), porque también privilegia, en

términos análogos al caso anterior, a los “pro-

fesionales liberales altagracianos”, en perjuicio

de otros profesionales. d. Este colegiado estima

ambas limitaciones como contrarias al dere-

cho de igualdad consagrado en el párrafo ca-

pital del artículo 39 de nuestra Carta Magna,

que constituye uno de los principios básicos de

nuestro ordenamiento jurídico…

Con relación a la discriminación, la Corte

Constitucional de Colombia la ha definido

de la siguiente manera: […] un acto arbi-

trario dirigido a perjudicar a una persona o

grupo de personas con base principalmente en

estereotipos o perjuicios sociales, por lo general

ajenos a la voluntad del individuo, como son

el sexo, la raza, el origen nacional o fami-

liar, o por razones irrelevantes para hacerse

acreedor de un perjuicio o beneficio como

la lengua, la religión o la opinión política o

filosófica […]. El acto discriminatorio es la

conducta, actitud o trato que pretende - cons-

ciente o inconscientemente - anular, dominar

o ignorar a una persona o grupo de personas,

con frecuencia apelando a preconcepciones

o prejuicios sociales o personales, y que trae

como resultado la violación de sus derechos

fundamentales […] (Sentencia T-098 de

1994). f. En estricto respeto al derecho fun-

damental de igualdad constitucional y de

rechazo a la discriminación, en cuanto a la

condición relativa al nacimiento o el origen

de las personas, el artículo 2 de la referida ley

núm. 50-87, sobre Cámaras de Comercio y

Producción, expresa de manera general que:

[…] serán miembros de pleno de las Cámaras

Oficiales de Comercio y Producción siempre

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 37

ÍNDICE

que contribuya a su sostenimiento con las cuo-

tas que ellas establezcan […]:1.- Los comer-

ciantes y proveedores de servicios dominicanos

debidamente apatentados y los representantes

de las compañías comerciales. 2.- Los comer-

ciantes extranjeros apatentados que tengan

cinco años por lo menos de residencia en el

país. 3. Los industriales apatentados y los

representantes de las compañías industriales.

4.- Los agricultores. 5. Los ganaderos. g. Re-

forzando el carácter imperativo de su norma-

tiva, el artículo 2, Párrafo III, de la indicada

ley núm. 50-87 dispone que “las Cámaras

de comercio que actualmente funcionan en

el país deberán modificar sus estatutos en

cuanto sea necesario, a los fines de adaptarlos

a los requisitos previstos en la presente ley”.

j. En consecuencia, el Tribunal Constitucio-

nal estima que toda sociedad democrática

requiere la previsión de medidas que pro-

muevan la igualdad efectiva de las empresas

privadas, especialmente en casos como el de

la especie donde condicionantes como las

impugnadas en la acción de amparo objeto

del presente recurso introducen trabas al

libre y fluido funcionamiento y desarrollo

del comercio y de las relaciones comerciales;

inconveniente que no solo produce efectos

discriminatorios en detrimento del derecho

fundamental a la igualdad, sino que asi-

mismo restringe y coarta el libre ejercicio del

derecho fundamental a la libre empresa.

9. DISCRIMINACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: TRATO

DESIGUAL ENTRE HOMBRE Y MUJER

CRITERIO:

Se vulnera el derecho a la igualdad respecto a la obligación

de las instituciones del Estado (en este caso, la Dirección General

de Contrataciones Públicas, DGCP) de promover y hacer cumplir

normativas que promuevan la igualdad entre el hombre y la mujer

(art. 39.5 CRD). Procede el cumplimiento de actualizar los datos

del registro de proveedor del Estado respecto a una empresa mipyme

liderada por mujeres.

SENTENCIA TC/0672/18

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a la negativa de

la actualización del registro, por parte de la Dirección General de

Contrataciones Públicas (DGCP), en perjuicio de una empresa que

buscaba ser recalificada como una mipyme liderada por mujeres.

Ante la negativa de la institución, la empresa afectada acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] La actualización de los datos del

Registro de Proveedor del Estado, fue

solicitada en virtud de que el párrafo IV del

artículo 3 del Decreto núm. 164/13, del

diez (10) de junio de dos mil trece (2013),

sobre el Fortalecimiento Competitivo de las

MIPYMES, establece que: La Dirección

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

38 | Art. 39

ÍNDICE

General de Contrataciones Públicas deberá

concluir en un período no mayor de tres

(3) meses, el proceso de auditoría, mejora

y actualización del Registro de Proveedores

del Estado; de manera tal, que el mismo

incluya información actualizada sobre

los (as) proveedores (as), las MIPYMES y

en especial las MIPYMES de producción

nacional y las lideradas por mujeres o en

las que las mujeres tengan un porcentaje de

participación accionaria superior al 50%.

y. El referido decreto núm. 164-13, del

once (11) de junio de dos mil trece (2013),

exige a la Dirección General de Contrata-

ciones Públicas que actualice el Registro

de Proveedores del Estado, con los datos

de las MIPYMES lideradas por mujeres

o las que tengan un número de acciones

mayoritario cuya titularidad corresponde

a mujeres, en un plazo de tres (3) meses

contados a partir de su emisión. Al ve-

rificar la Constancia núm. RPE 33551,

correspondiente al Registro de Provee-

dor del Estado de la razón social ESC

GROUP, S.R.L, se observa que la fecha

de actualización de datos más reciente fue

realizada el veintitrés (23) de noviembre

de dos mil dieciséis (2016); y que, dentro

de dicha ficha de registro, hasta la fecha

del veintinueve (29) de agosto de dos

mil diecisiete (2017), según la consulta

SIGEF – 29/08/2017 realizada en el

sistema, no existe ninguna descripción

que identifique a la parte recurrente, ESC

GROUP, S.R.L, como una MIPYME de

mujeres. No obstante, se advierte de los

documentos aportados al expediente, muy

específicamente la Comunicación núm.

DGCP44-2017-000831, del nueve (9)

de marzo de dos mil diecisiete (2017),

suscrita por la Directora General de la

Dirección General de Contrataciones

Públicas (DGCP), que efectivamente

la sociedad accionante, ESC GROUP,

S.R.L, es una MIPYME liderada por

mujeres con una nómina femenina

accionaria superior al 50%, hecho que

además no rebate la propia institución

pública demandada. El incumplimiento

de tal disposición, transgrede los derechos

fundamentales de la accionante, en el

entendido que desconoce el incentivo y la

protección al desarrollo de la micro, pe-

queña y mediana empresa, contemplado

en el artículo 222 de la Constitución.

z. Además, esta política pública destinada

a reconocer el emprendurismo femenino

en el sector económico, se corresponde con

la obligación del Estado señalada en el

numeral 5 del artículo 39 de la Constitu-

ción, que le obliga a promover las medidas

necesarias para erradicar la desigualdad de

género que pudiere existir en este sector de

la economía nacional.

aa. La igualdad de género es una alta prio-

ridad del Estado dominicano, el cual está

obligado a erradicar la discriminación de

la mujer, conforme a las disposiciones de la

Constitución de la República y los compro-

misos internacionales derivados de la Con-

vención sobre la Eliminación de Todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer

(CEDAW) de 1979, y de la Declaración

y Plataforma de Acción de Beijing de la

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu-

jer de 1995. Este Tribunal Constitucional

en su Sentencia TC/0028/12, del tres (3)

de agosto de dos mil doce (2012), reconoce

la obligación de todas las instituciones del

Estado dominicano de garantizar a la mu-

jer la plena igualdad de género…

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 39

ÍNDICE

Por lo tanto, en el dispositivo de la pre-

sente sentencia se procederá a ordenar a

la Dirección General de Contrataciones

Públicas (DGCP) que realice el proceso

de actualización del registro de proveedor

nacional del Estado, correspondiente a la

sociedad ESC GROUP, S.R.L, con la des-

cripción de MIPYME liderada por mujeres.

10. DISCRIMINACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: TRATO

DESIGUAL ENTRE PERSONAS IGUALES

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho a la igualdad

el trato discriminatorio dado por una institución pública (en este

caso, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología) en

perjuicio de una señora que solicitó un trámite que a otra persona le

fue concedido y a ella le fue negado, estando ambas en condiciones

similares.

SENTENCIA TC/0081/16

—Ver en este sentido el criterio relativo al

derecho a la educación (art. 63 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una señora le

solicitó al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

que tramitara su traslado a otro centro de estudios para culminar su

carrera con el acto de graduación y la entrega del título correspon-

diente. La referida solicitud se hizo en vista de que la universidad

donde estudiaba la señora fue cerrada mediante decreto emitido

por el Poder Ejecutivo, y ella se quedó sin poder concluir los pasos

correspondientes para obtener el título de doctora en Medicina. Ante

la negativa de dicho ministerio en tramitar la solicitud, la señora

acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho a la igualdad y educación.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

o. La Ley núm. 139-01, de Educación

Superior, Ciencia y Tecnología, del trece

(13) de agosto de dos mil uno (2001),

establece en su artículo 53 lo siguiente:

Artículo 53.- La SEESCYT1 en el caso de

intervención o clausura de una institución

de educación superior, y con la finalidad

de defender los intereses de la comuni-

dad académica, queda facultada para

tomar, entre otras, las siguientes medidas

académico-administrativas: a) Gestionar

lo relativo a la expedición de certificaciones,

constancias de grado, diplomas y cualquier

otro documento, en una institución de

educación superior, legalmente reconocida;

b) Reconocer los estudios realizados y fa-

cilitar la transferencia de estudiantes del

centro de estudios afectados por la medida,

a otra institución del mismo nivel; c) Dejar

sin efecto ni valor jurídico, certificaciones,

constancias de grado, títulos, diplomas

y cualquier documento expedido por

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

40 | Art. 39

ÍNDICE

personas sin autoridad reconocida por la

SEESCYT, o que no cuente con el respaldo

de lugar en los archivos de las instituciones

de educación superior.

r. La recurrente alega que se le ha vulnera-

do el derecho a la igualdad, porque en un

caso similar el suyo, en donde un estudiante

proveniente de la misma universidad y que

había resultado afectado por el cierre de di-

cha entidad, hizo una solicitud similar al

Ministerio de Educación Superior, Ciencia

y Tecnología, para que se le gestionara que

una institución de educación superior le

resolviera el problema que él tenía con dos

materias que no le aparecían. En ese caso,

según la recurrente, el Ministerio resolvió

la situación emitiendo la Resolución núm.

001- 2004, que disponía lo siguiente:

Única: Facultar a la Dirección de Control

Académico de la Secretaría de Estado de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología

(SEESCYT)2 , para que coordine con una

de las universidades del país que oferten la

carrera de medicina, la designación de un

Equipo de Especialistas, con el propósito

de evaluar al señor Luís José Sanó Polanco

en las asignaturas Anatomía II y Neuroa-

natomía, a fin de darle la oportunidad

de demostrar que posee los conocimientos

necesarios acerca de los contenidos propios

de dichas asignaturas (cuyas calificaciones

no se han encontrado); y de esta forma

completar su expediente académico, con

el propósito de certificar los estudios de

la carrera de Medicina que cursó en el

clausurado Centro de Estudios Técnicos

(CETEC).

s. Del estudio de la resolución antes citada

del Consejo Nacional de Educación Superior,

Ciencia y Tecnología (CONESCYT), este

tribunal considera que dicha resolución

permite comprobar que en el caso del señor

Luís José Sanó Polanco el CONESCYT3

dio fiel cumplimiento a lo establecido en

los artículos 53 de la Ley núm. 139-01,

General de Educación Superior, Ciencia

y Tecnología, y 32 del Reglamento de las

Instituciones de Educación Superior, por lo

que la prolongada demora por parte de las

autoridades en resolver la petición de la se-

ñora Hortensia Auristela Sánchez Maciques

se convierte en una vulneración al derecho a

la igualdad consagrado en la Constitución

de la Republica, que procura conceder un

trato igualitario a las personas sometidas a

situaciones similares o compensar diferencias

que podrían generar desigualdad entre ellas.

t. Como en el caso citado, en la especie, las

dos personas provienen de la misma uni-

versidad que fue clausurada y la recurrente

pretende, mediante la acción de amparo de

cumplimiento, que se emita una resolución

similar a la emitida en el caso del señor

Luís José Sanó Polanco, el cual recibió res-

puesta satisfactoria a su solicitud, mediante

la Resolución núm. 001-2004, para que el

Ministerio de Educación Superior, Ciencia

y Tecnología y su ministra titular, Lic. Li-

gia Amada Melo, emitan una resolución

tendente a facultar al Ministerio para que

coordine con una de las universidades del

país que ofertan la carrera de medicina, la

designación de un equipo de especialistas,

con el propósito de evaluar a la señora

Hortensia A. Sánchez Maciques, a los fines

de determinar si procede convalidar sus es-

tudios y, en consecuencia, emitirle el título

de doctora en medicina. u. En el presente

caso, del análisis de la resolución citada,

se puede interpretar que estamos en un

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 41

ÍNDICE

supuesto similar y que procede dar el mismo

trato a ambos casos y que el Ministerio de

Educación Superior, Ciencia y Tecnología

(MESCyT) debe emitir una resolución que

la transfiera a un centro universitario que

imparta la carrera de medicina, a fin de ser

evaluada y ofrecerle la misma oportunidad

brindada al señor Luís José Sanó Polanco y

preservarle a la señora Hortensia Auristela

Sánchez Maciques su derecho a la igualdad.

11. DISCRIMINACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: TRATO

DESIGUAL ENTRE POLICÍAS RETIRADOS CON DISTINTOS

MONTOS DE PENSIÓN

CRITERIO:

Se vulnera el derecho a la igualdad cuando una institución

pública (en este caso, la Policía Nacional, PN) se niega a cumplir una

disposición que buscaba reajustar las pensiones de miembros de la PN

que ya había sido ejecutada en beneficio de un grupo de miembros que

tenían las mismas características que los reclamantes cuyo reajuste es

negado.

SENTENCIA TC/0568/17

—Ver en este sentido el criterio relativo al

derecho a la seguridad social (art. 60 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando un grupo de

miembros pensionados de la Policía Nacional solicitó el cumpli-

miento de un acto administrativo que ordenaba el reajuste de la

pensión que devengaban. Al no recibir el mismo trato del grupo

beneficiado por el reajuste, los miembros perjudicados acudieron a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo de cumplimiento.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f. En relación con la legitimación esta-

blecida en el referido artículo 105, los

hoy recurridos (accionantes en amparo),

cumplen con dicho requisito puesto que

los mismos son militares pensionados y

son perjudicados por el no cumplimiento

del mandato presidencial mediante el acto

impugnado por los recurridos, en razón

del cumplimiento parcial del mismo, ellos

alegan la vulneración del derecho a la

igualdad, puesto que dicho acto adminis-

trativo se hizo efectivo para un grupo de

ex oficiales, excluyendo a los recurridos a

pesar de estos estar en la misma o similar

situación, única condición establecida en

el acto administrativo impugnado: “Esta

aprobación está supeditada a que progresi-

vamente, lo solicitado sea extensivo a todos

los oficiales de esa Institución en situación

similar a la de las personas cuyos nombres

aparecen en la comunicación”.

p. En cuanto al alegato de que el acto ad-

ministrativo no puede estar por encima de la

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, este

tribunal considera que dicho acto se deriva del

citado artículo 111, de cuya lectura se infiere

que el aumento de las pensiones no se prohíbe,

aunque sí impone un mínimo (80%) en el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

42 | Art. 39

ÍNDICE

caso de los oficiales ya retirados. El aumento,

en este caso es una facultad discrecional, mí-

nimamente reglada y de conformidad con las

normas del debido proceso.

q. En cuanto a que el mandato del juez de

amparo de ordenar a la recurrente que pro-

ceda con lo dispuesto en el acto cuestionado,

de reajustar los salarios de los oficiales de

reserva en iguales circunstancias con los

ya favorecidos, crearía una situación in-

manejable por la saturación del Tribunal

Superior Administrativo con las demandas

similares a las de los recurridos y que esto

crearía un impacto en el presupuesto de la

institución.

12. DISCRIMINACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: TRATO

DESIGUAL ENTRE PERSONAS PARTICIPANTES EN UNA

LICITACIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

Se vulnera el derecho a la igualdad cuando se excluye de

manera arbitraria a personas que ganaron un sorteo de obras ante el

Ministerio de Educación.

SENTENCIA TC/0088/14

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando a varias perso-

nas que resultaron ganadoras de un sorteo de obras realizado por

el Ministerio de Educación, no les adjudicaron dichas obras bajo

el alegato de que eran servidores públicos, por lo que les estaba

prohibido contratar con el Estado. Ante esta situación, las personas

afectadas acudieron ante la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración al derecho a la igualdad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g. Este tribunal entiende que en el caso

que nos ocupa, es correcta la decisión del

juez de amparo de conocer y decidir de

la acción sin remitir el caso ante el Tri-

bunal Superior Administrativo, pues en

atención a la urgencia en la construcción

de las aulas escolares, se requería reparar

el perjuicio que la exclusión ocasionaba

a los recurridos. Por esta razón la otra

vía significaba prolongar en el tiempo la

decisión del caso en contra de los accio-

nantes en amparo, porque al considerar

como arbitraria la acción de despojar

a los recurridos de las obras ganadas en

el sorteo celebrado por el Ministerio de

Educación de la República Dominicana

(MINERD), y en atención a la urgencia

en la construcción de estas obras, se re-

quería que una vez celebrado el sorteo y

declarado los ganadores, se adjudicaran

las mismas a quienes habían resultado

beneficiarios. En ese sentido, la exclusión

del listado de los ganadores sin previa co-

municación a los recurridos de los moti-

vos por los cuales se les excluía, constituyó

una violación al debido proceso.

h. En cuanto al segundo aspecto plantea-

do por la recurrente de que la negativa

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 43

ÍNDICE

del Ministerio de Educación de la Repú-

blica Dominicana de entregar las obras

ganadas por sorteo a los hoy recurridos se

trataba de un acto administrativo, este

tribunal entiende que si bien no existe

un oficio o resolución de la Administra-

ción en la cual se les haya notificado a

los recurridos las razones por las cuales no

les serían adjudicadas las obras ganadas

en el sorteo, lo cierto es que esa exclusión

expresada en la publicación del periódico

realizada por la recurrente, constituye

una actuación de la Administración que

vulnera el derecho a la igualdad, en la

medida en que la exclusión de los recu-

rridos frente a otros participantes en el

sorteo constituye una discriminación.

13. DISCRIMINACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: TRATO

DESIGUAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS Y ESTUDIANTES EN

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho a la igualdad

el trato diferenciado establecido por la Universidad Autónoma de

Santo Domingo (UASD) con relación a su proceso de inscripción,

matriculación, selección de materias y pago, en el que se beneficia a

estudiantes que tengan vínculos específicos con empleados y docentes

de la universidad.

SENTENCIA TC/0218/20

—Ver en este sentido el criterio

relativo al derecho a la educación (art. 63 CRD)—

CRITERIO 2:

Debe mantenerse la exoneración del pago del 50% de la

matrícula de inscripción en favor de los hijos de docentes o empleados

de la referida universidad, en razón de que dicha exoneración debe ser

entendida como un incentivo de naturaleza económica percibido por

empleados o docentes debido a los servicios prestados a la institución

académica, en virtud del contrato que une ambas partes, por lo que se

constituye en un derecho adquirido.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un grupo

de estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD) acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de

amparo en contra del proceso de inscripción y selección de materias

utilizado por la UASD, debido a que entienden que dicho proceso

es llevado a cabo con privilegios para algunos estudiantes, situación

que vulnera el derecho a la igualdad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

44 | Art. 39

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la Universidad Autónoma de Santo

Domingo (UASD), emitió las mencionadas

resoluciones núms. 78-25 y 78-194, las

cuales modificaron el Reglamento de Tari-

fas de Matriculación e Inscripción y otros

Derechos Académicos en la indicada insti-

tución docente. Estas modificaciones tenían

esencialmente por finalidad el otorgamiento

de privilegios a favor de una categoría de

estudiantes denominados Bet’s Monitores,

empleados, profesores, jubilados, sus depen-

dientes con exoneración de pago procesada,

entre los cuales se encuentran los profesores

y empleados de dicha institución, así como

sus cónyuges, hijos y hermanos. Dichos

privilegios consisten esencialmente en exone-

raciones de pago de matrículas ascendentes

al cincuenta por ciento (50%) de su coste,

así como el establecimiento de selecciones e

inscripciones preferenciales de asignaturas.

l) Con relación al principio de igualdad,

este colegiado estableció el test de igualdad

mediante la Sentencia TC/0119/14, con el

objetivo de identificar posibles transgresiones

del referido principio a través de una norma,

de un acto o de una actuación en particular.

m) En cuanto a la primera condición del

indicado test, en la especie se trata de dos

sujetos sometidos a una situación similar.

Es decir, dos categorías de estudiantes

universitarios: de una parte, los Bet’s

Monitores, empleados, profesores, jubilados,

sus dependientes con exoneración de pago

procesada, a quienes, además de exone-

rársele el pago del 50% de la matrícula

de inscripción, se les convoca antes que a

los demás estudiantes para formalizar su

proceso de inscripción; y de la otra parte,

los demás estudiantes carentes de vínculos

familiares con los funcionarios de esa ins-

titución académica que no gozan de tales

privilegios.

n) Respecto al segundo elemento del refe-

rido test de igualdad, concerniente a la

adecuación e idoneidad del trato diferen-

ciado, esta sede constitucional estima en

el caso la existencia de una razón jurídica

razonable o proporcional, solo en lo que

respecta a la exoneración del pago del 50%

de la matrícula de inscripción en favor de

los hijos de los docentes o funcionarios de

la referida universidad, en razón de que

dicha reducción debe ser entendida como

un incentivo de naturaleza económica

percibida por esos empleados o docentes

con ocasión de los servicios prestados a la

institución académica, en virtud del con-

trato que une ambas partes. Por tanto, el

reajuste de la matrícula le es aplicable a

los hijos de los docentes y servidores de la

UASD como contrapartida de los servicios

académicos prestados en esa institución.

o) En cuanto al tercer elemento del test de

igualdad, como hemos visto, atañe a los

fines perseguidos por el trato disímil, los

medios para alcanzarlos y la relación entre

medios y fines. Al respecto, este colegiado

estima que el porcentaje exonerado por la

UASD en el coste de la matriculación de los

hijos de los funcionarios y docentes ha de

ser considerado como una conquista labo-

ral, que, a la luz del criterio esbozado por

este colegiado en la Sentencia TC/0415/16,

ostenta un […] carácter irrenunciable

frente a su empleador […]. Por tanto, el

Tribunal Constitucional, […] consciente

de la trascendencia, no siempre valorada,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 45

ÍNDICE

de la tarea que desempeñan los profesores

o personal docente en la prestación del ser-

vicio público educativo […], estima que el

descuento otorgado por la UASD en benefi-

cio de los hijos de los docentes y funcionarios

constituye un derecho adquirido derivado

del vínculo laboral que mantienen ambas

partes, por lo que no se verifica vulneración

alguna al derecho a la igualdad en perjui-

cio de los demás estudiantes.

p) No obstante lo expuesto anteriormente,

esta sede constitucional verifica una vulne-

ración al derecho a la igualdad en perjuicio

de los estudiantes en aquellos casos en que

la UASD aplica la mencionada exonera-

ción en favor de los cónyuges y hermanos

de los empleados, profesores y jubilados

que conforman esa institución. En efecto,

el Tribunal Constitucional, al aplicar el

segundo elemento del test de igualdad a es-

tos dos grupos de estudiantes no verifica la

existencia de una motivación jurídica ra-

zonable que justifique el trato diferenciado

otorgado a ambas categorías de estudiantes.

En efecto, el hecho de otorgar tales privilegios

en favor de los Bet’s Monitores, empleados,

profesores, jubilados, sus dependientes con

exoneración de pago procesada constituye

una discriminación vulneradora al derecho

a la igualdad. De hecho, en la especie se ve-

rifica la existencia de un sistema tendente a

beneficiar a esta última categoría estudian-

til, en detrimento de los demás estudiantes

carentes de esos géneros de vinculaciones, lo

cual contraviene el principio de igualdad

prescrito en el artículo 39 de nuestra Car-

ta Sustantiva. Obsérvese al efecto que el

Reglamento sobre Estudiantes, relativo al

pago de los derechos académicos, de ocho (8)

de junio de mil novecientos setenta y siete

(1977), dispone una exoneración preferente

a favor de los estudiantes que integran la

referida categoría, que, con excepción de

su aplicación en favor de los hijos de los

docentes y funcionarios de la institución,

viola la indicada disposición constitucional,

así como el artículo 24 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos.

s) A la luz de las consideraciones anteriores,

y al comprobar la conculcación del derecho

fundamental a la igualdad, así como la

obstaculización del acceso al derecho a la

educación en perjuicio de los amparistas, el

Tribunal Constitucional juzga admisible el

acogimiento parcial de la acción de amparo

que nos ocupa y en consecuencia, estima

procedente ordenar al Consejo Universitario

de la Universidad Autónoma de Santo Do-

mingo (UASD) la elaboración y aprobación

de una nueva resolución que modifique la

reglamentación vigente sobre la exoneración

del cincuenta por ciento (50%) del pago

de la matriculación y de la reinscripción

de los cónyuges y hermanos (descendientes

colaterales) de los empleados, profesores y ju-

bilados de la Universidad; específicamente

los aspectos modificados por la Resolución

núm. 78-194, de veintiséis (26) de julio

del mismo año, manteniendo los cambios

efectuados por la Resolución núm. 78-25,

de veinticinco (25) de enero de mil nove-

cientos setenta y ocho (1978), por tratarse

de los beneficios otorgados a los hijos de los

funcionarios y docentes de la UASD.

t) En el mismo orden de ideas, este cole-

giado estima asimismo pertinente que la

Universidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD) organice el calendario de inscrip-

ción y matriculación de sus estudiantes

con estricto apego al derecho de igualdad

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

46 | Art. 39

ÍNDICE

prescrito en el mencionado artículo 39

constitucional, así como al principio de

razonabilidad. Por tanto, deberá eliminar

cualquier privilegio relacionado con las

fechas de selección, inscripción y matricu-

lación de las asignaturas, garantizando así

iguales condiciones de acceso a todos los

estudiantes, según corresponda, de acuerdo

con los respectivos programas académicos

de estos últimos en un período determina-

do de clases. Esta decisión se funda en el

hecho de que, si bien la Universidad Autó-

noma de Santo Domingo (UASD), como

centro de estudios superiores de carácter

público, financiado por el Estado, goza

por ley de autonomía universitaria, según

la Constitución, no menos cierto resulta

que dicha autonomía no es absoluta, sino

que, al igual que todos los demás órganos

autónomos de la República, se encuentra

limitada por otros derechos fundamentales.

Y entre ellos figura de manera preeminente

el derecho a la igualdad y el derecho a la

educación, aparte de que también entran

en juego el orden público, el interés general

y el bien común, al tenor del principio de

supremacía constitucional consagrado en el

artículo 6 de nuestro Pacto Fundamental.

14. DISCRIMINACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA ENTRE

FUNCIONARIOS DE IGUALES CARACTERÍSTICAS PARA ACCEDER

A UN BENEFICIO.

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho a la igualdad el

cumplimiento parcial por parte de un órgano de la Administración

pública (en este caso, la Universidad Autónoma de Santo Domingo,

UASD) de una resolución interna, dicho cumplimiento parcial excluyó

a un grupo de personas de un beneficio.

SENTENCIA TC/0409/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Universidad

Autónoma de Santo Domingo (UASD) había emitido dos resolucio-

nes: una que planteaba el reajuste de pensión de los exrectores y un

grupo de funcionarios para que pudieran percibir como pensión la

misma cantidad que el salario que gana el incumbente activo en el

mismo puesto; y otra resolución que aplazaba el cumplimiento de

la primera. Ante esa decisión, un grupo de personas afectadas por el

aplazamiento acudió ante la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al derecho a la igualdad, porque

había otro grupo al cual sí se le estaba aplicando el referido reajuste.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d) En otro orden, del análisis de la

sentencia objeto del presente recurso, se

puede comprobar que el tribunal de

amparo acogió la acción de amparo, en

el entendido de que la Universidad Autó-

noma de Santo Domingo (UASD) violó

el derecho de igualdad de los accionantes,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 47

ÍNDICE

establecido en el artículo 39 de la Consti-

tución, al negarse a realizar el reajuste a

las pensiones dispuesto por la Resolución

núm. 2001- 194; es en ese sentido que la

decisión recurrida, lejos de contradecir la

Carta Sustantiva, es cónsona con ella, ya

que en la especie ha quedado demostrado

que la recurrente con su accionar pretende

desconocer el mandato de las dos resolucio-

nes emitidas por el Consejo Universitario,

órgano supremo y competente para tomar

todas las medidas que entiende pertinente

en esa alta casa de estudios, conforme a

lo establecido en el artículo 34 letra m,

del Estatuto Orgánico vigente de la Uni-

versidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD), que dispone: Son atribuciones

del consejo universitario: fijar y ajustar,

dentro de los límites establecidos, en el

presupuesto universitario, la escalas de los

sueldos y beneficios que correspondan a los

profesores, funcionarios y empleados de la

Universidad, conforme la naturaleza y

cuantía de la labor que rinda cada uno

de ellos […].

e) En la decisión recurrida, el Tribunal

de amparo establece que en el expediente

existían certificaciones expedidas por la su-

pervisora de nóminas de esa entidad, en las

que se comprobaba que las referidas resolu-

ciones les fueron reconocidas a los señores

Guarocuya Batista del Villar, Fernando

Sánchez Martínez, Julio Ravelo Astasio,

Edylberto Cabral Ramírez, Miguel Rosado

Montes de Oca y Porfirio García Fernán-

dez, funcionarios que ostentaban la misma

calidad jerarquía que los hoy recurridos.

f ) Este tribunal constitucional, igual que el

juez de amparo considera que, en la especie,

ha quedado demostrado que la recurrente,

Universidad Autónoma de Santo Domingo

(UASD) y su rector magnífico, maestro

Mateo Aquino Febrillet, vulneraron el

derecho fundamental a la igualdad de

los accionantes, establecido en el artículo

39 de la Constitución dominicana, que

dispone un trato igualitario en cuanto a

los derechos de todas las personas ante la ley,

las instituciones y autoridades, sin ningún

tipo de discriminación.

15. DISCRIMINACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA: TRATO DESIGUAL

ENTRE FUNCIONARIOS ELECTIVOS Y FUNCIONARIOS

JUDICIALES

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho a la igualdad,

establecer legalmente un trato distinto entre funcionarios que han sido

elegidos por el voto popular y jueces y miembros del Ministerio Público

en cuanto a la extensión de la licencia de porte y tenencia de armas de

fuego una vez hayan cesado en sus funciones.

SENTENCIA TC/0135/20

CRITERIO 2:

Los jueces y miembros del Ministerio Público ejercen

funciones importantísimas para el mantenimiento de la paz social

y el armónico desarrollo de la sociedad; además, comprometen su

seguridad y la de su familia en el ejercicio de dichas funciones.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

48 | Art. 39

ÍNDICE

Nota: Mediante esta decisión, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia

interpretativa que establece que, para que sea conforme con la Constitución, el

artículo 16, ordinal 9, párrafo I de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regu-

lación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, debe tener el contenido

siguiente:

Párrafo I.- El Presidente de la República, el Vicepresidente, los senadores los

diputados, los jueces de todos los tribunales y los miembros del Ministerio Pú-

blico tendrán derecho de por vida al porte y tenencia de armas de fuego, sin más

requisito que su identificación y la identificación de las armas que registrarán en

el Ministerio de Interior y Policía.

Párrafo III.- Una vez los funcionarios acreditados para usar licencia oficial, según

los literales e) g), i) y k) del numeral 9), del indicado artículo 16 cesen en sus

funciones disfrutarán del derecho durante los siguientes cinco (5) años.

Resumen del caso: Una persona se presentó ante el Tribunal Consti-

tucional para interponer una acción directa de inconstitucionalidad

contra el artículo  de la Ley núm. -, para el Control y

Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Esta

norma establece en esencia los cargos y personas que son titulares

de licencias oficiales para el porte y tenencia de armas de fuego y la

duración de esta licencia una vez culminen en su cargo. El accionante

plantea que existe una desigualdad entre la duración de por vida de

la licencia para unos y la duración de  años para otros.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

8.6. Este tribunal constitucional conside-

ra que los beneficios que el legislador ha

concedido al presidente, vicepresidente,

así como para sí mismo, se sustenta en

que estos ejercieron funciones públicas de

gran relevancia y, además, en su ejercicio

pudieron haber tomado decisiones que

comprometen su seguridad y la de su

familia. Partiendo del fin perseguido por

el legislador, consideramos que no incluir

entre los beneficiarios de la norma a los

jueces y miembros del Ministerio Público

viola el principio de igualdad consagrado

en el artículo anteriormente descrito, pues

estos funcionarios públicos se encuentran

en la misma situación que los anterio-

res, en la medida que ejercen funciones

importantísimas para el mantenimiento

de la paz social y el armónico desarrollo

de la sociedad; además, comprometen su

seguridad y la de su familia en el ejercicio

de dicha funciones.

8.7. El solo hecho de que los jueces y los in-

tegrantes del Ministerio Público no hayan

sido elegidos por el voto popular no justifica

el tratamiento diferente, pues la protección

que se pretende garantizar a través de la

facilidad que se contempla en la ley objeto

de la acción en inconstitucionalidad que

nos ocupa, ha sido consagrada tomando en

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 49

ÍNDICE

cuenta los riegos que derivan del ejercicio

de la función.

8.10. Por otra parte, el Ministerio de

Interior y Policía sostiene que el Estado

dominicano tendría que comprar innume-

rables armas de fuego para otorgarlas a los

funcionarios beneficiados, representando

un perjuicio económico para el país. Res-

pecto de este alegato, el Tribunal advierte

que el beneficio que reclama el accionante

para los miembros del Ministerio Público y

los jueces se circunscribe al mantenimiento

de las licencias de porte y tenencia de ar-

mas de fuego, no al otorgamiento de estas

últimas, las cuales deben ser adquiridas

por los interesados.

8.12. En virtud de las motivaciones

anteriores, este tribunal constitucional

considera procedente dictar una sentencia

interpretativa aditiva respecto del artículo

16, ordinal 9, párrafo I, de la referida ley

núm. 631-16 y una sentencia interpreta-

tiva reductiva en relación al artículo 16,

ordinal 9, párrafo I, de la misma ley, con

la finalidad de adecuar dichas normativas

a la Constitución, garantizando, de esta

forma, la permanencia en el ordenamiento

jurídico de las referidas disposiciones.; en

aplicación del artículo 47 de la Ley núm.

137-11.

8.14. En este sentido, el Tribunal Consti-

tucional considera que para que el artículo

16, ordinal 9, párrafo I de la Ley núm.

631-16, para el Control y Regulación de

Armas, Municiones y Materiales Relacio-

nados, del dos (2) de agosto de dos mil

dieciséis (2016), sea conforme con la Cons-

titución debe tener el contenido siguiente:

Párrafo I.- El Presidente de la República,

el Vicepresidente, los senadores los diputa-

dos, los jueces de todos los tribunales y los

miembros del Ministerio Público tendrán

derecho de por vida al porte y tenencia

de armas de fuego, sin más requisito que

su identificación y la identificación de las

armas que registrarán en el Ministerio de

Interior y Policía.

16. DISCRIMINACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA

ACCEDER A UN PUESTO ELECTIVO SUPERIOR

CRITERIO:

Se vulnera el derecho a la igualdad cuando un órgano de la

Administración pública (en este caso, el Ayuntamiento del Municipio

de Esperanza, provincia de Valverde) se niega a cumplir la Ley núm.

176-07 que ordena la suspensión del regidor cuando es procesado

penalmente y, en consecuencia, le niega el derecho al regidor suplente

de asumir la titularidad que le corresponde. Vulneración al derecho a

la igualdad y participación política.

SENTENCIA TC/0177/14

—Ver en este

sentido el criterio relativo al debido proceso (art. 69 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un regidor

titular fue sometido a un proceso penal y fue condenado en primer

grado. Ante esta situación, el regidor suplente solicitó al Concejo de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

50 | Art. 39

ÍNDICE

Regidores que suspendieran al regidor condenado y que le dieran la

titularidad según lo previsto en la ley -. El Concejo de Regidores

emitió una resolución que negaba la solicitud y mantenía en su cargo

al regidor condenado penalmente en primer grado. Inconforme con

la decisión, el regidor suplente acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al derecho a la igualdad

y participación política.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.3. Este tribunal ha podido comprobar

que el señor Julio César Valdéz Toribio fue

condenado en primera instancia a cinco

años de prisión, mediante Sentencia núm.

27/2013, dictada por el Tribunal Colegia-

do del Distrito Judicial de Valverde el tres

(3) de abril de dos mil trece (2013).

11.4. De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 44 de la Ley núm. 176-07, procede,

a cargo del concejo municipal, conocer de

la suspensión en sus funciones de los alcal-

des, vicealcaldes y regidores, desde el mismo

momento en el que se dicten en su contra

medidas de coerción que conlleven arresto

domiciliario o la privación de libertad o

se inicie juicio de fondo en el que se les

impute un crimen o delito que se castigue

con pena privativa de libertad.

11.5. No obstante la condición subjudice

del señor Julio César Valdéz Toribio y la

notificación realizada por el señor Rudy

Francisco Tavárez Taveras, suplente de

regidor, mediante la cual solicitaba la

suspensión en sus funciones del primero,

el Concejo de Regidores del Ayuntamiento

del municipio Esperanza, provincia

Valverde, en sesión extraordinaria del

veinticuatro (24) de Junio de dos mil

trece (2013), emitió la Resolución núm.

08/2013, mediante la cual decidió no

suspender en sus funciones al regidor Julio

César Valdéz Toribio.

11.6. El Concejo de Regidores del Ayun-

tamiento del municipio Esperanza, pro-

vincia Valverde, al emitir la Resolución

núm. 08/2013 actuó contrario a la norma

dispuesta en el artículo 44 de la Ley núm.

176-07, y desconoció el derecho que le

asistía al señor Rudy Francisco Tavárez

Taveras como regidor suplente, de ocupar

el puesto de regidor titular en sustitución

temporal del señor Julio César Valdéz Tori-

bio. Con esta actuación el Concejo de Re-

gidores vulneró el derecho de igualdad ante

la Ley garantizado en el artículo 39 de la

Constitución, en perjuicio del accionante,

al no garantizarle la misma protección y

trato que otros concejos de regidores han

aplicado a casos similares, de conformidad

con la ley que rige la materia.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 51

ÍNDICE

17. DISCRIMINACIÓN ENTRE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y

TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS, PARA ACCEDER A LOS

BENEFICIOS DE UN FONDO DE PENSIONES COMÚN.

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la discriminación por

razones de condición personal al establecer mediante ley la obligación

de realizar aportaciones a todos los trabajadores para un fondo especial,

pero solo genera beneficios para los trabajadores sindicalizados. Vulnera

el derecho a la igualdad previsto en el artículo 39.4 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0190/13

—Ver en este sentido los criterios relativos al

derecho a la seguridad social (art. 60 CRD) y derecho al trabajo (art. 62 CRD).

Precedente reiterado mediante sentencia TC/0238/14—

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitu-

cionales los artículos 2, 3, 4, 5 y 64 de la Ley núm. 374-98, que crea el Fondo

Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la

Industria Metalúrgica y Minera, por violar los derechos fundamentales de igual-

dad, seguridad social, libertad sindical, justicia y equidad tributaria, dispuestos en

los artículos 39, 60, 62.4 y 243 de la Constitución, respectivamente. Posterior-

mente fue declarado inconstitucional el artículo 14 de la referida ley mediante la

sentencia TC/0238/14.

Resumen del caso: Se trata de una acción directa de inconstitucio-

nalidad

interpuesta por la Asociación de Industrias de la República

4 Artículo 2. Se establece la especialización de un medio por ciento de cada caso bruto (1/2% de cada

RD$ 1.00) producido y facturado por la minas e industrias metalmecánicas fabricantes de productos

y materiales anes, para la sustentación de los servicios sociales, pensiones y jubilaciones de todos

los trabajadores sindicalizados de este renglón laboral en la República Dominicana. PARRÁFO. Este

porcentaje será pagado por la empresa de que se trate o su representante, el cual recibirá a cambio un

documento comprobatorio de que ha cumplido elmente con la presente ley. Artículo 3. Asimismo,

se establece la retención de un medio por ciento (1/2%) de los salarios que devengan los trabajadores

del área minera, metalmecánica y metalúrgica, para los nes contemplados en esta ley. Artículo 4. La

retención del medio por ciento (1/2%) contenida y denida por esta ley en el Artículo 1, se producirá

cada vez que se efectúen pagos a dichos trabajadores y la responsabilidad de producir dicha retención

estará a cargo de los propietarios de las empresas de que se trate y/o de sus representantes. Artículo 5.

La Dirección General de Impuestos Internos y sus ocinas en todo el país o en su defecto, las tesorerías

municipales, tendrán a su cargo la recepción de los fondos generados por la aplicación de esta ley, las

cuales enviarán estos fondos inmediatamente a la Tesorería Nacional. A más tardar, el día veinte (20)

de cada mes la Tesorería Nacional preparará un cheque a nombre del Fondo Nacional de Pensiones y

Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, por el monto

total de recaudación del mes anterior, el cual será depositado en una cuenta corriente de dicha entidad,

bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Artículo 6. La especialización y retención

por parte de las empresas del medio por ciento (112%) establecido por esta ley, se aplicará a todas las

minas e industrias metalmecánicas y anes y a los trabajadores que la conforman en sus diferentes áreas

y dimensiones.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

52 | Art. 39

ÍNDICE

Dominicana (AIRD) contra la Ley núm. - que crea el

Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores

Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera. La AIRD

plantea que con esta ley se vulneran varios derechos fundamentales

como a la igualdad, la seguridad social, la libertad sindical, la justicia

y la equidad tributaria.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.4.2. Sobre el particular, este tribunal

constata que las disposiciones de la Ley

núm.374-98, que instituye el Fondo

Nacional de Pensiones y Jubilaciones de

los Trabajadores Metalmecánicos, de la

Industria Metalúrgica y Minera, ha creado

un sistema contributivo general preferen-

cial de pensión y jubilación de carácter

excluyente y desigual, al amparo del cual

todos los trabajadores deben realizar sus

aportaciones, siendo los únicos beneficiarios

del sistema aquellos trabajadores del sector

que estén sindicalizados, estableciendo un

sistema asistencial de vejez, discapacidad y

sobrevivencia (Sistema de Pensión y Jubi-

lación) que sólo beneficia a una categoría

de trabajadores del referido ramo y deja

desprotegidos a aquellos otros trabajadores

que no estén sindicalizados.

9.4.3. La configuración de ese sistema

contributivo general preferencial a favor

de los trabajadores sindicalizados frente a

los no sindicalizados del indicado sector

laboral, ha quedado dispuesto, básicamen-

te por la aplicación del artículo 2 de la

Ley núm.374-98, que instituye el Fondo

Nacional de Pensiones y Jubilaciones de

los Trabajadores Metalmecánicos, de la

Industria Metalúrgica y Minera, la cual

dispone que la sustentación de los servicios

sociales de pensiones y jubilaciones solo

irá en beneficio de todos los trabajadores

sindicalizados de ese renglón laboral.

9.4.4. En ese sentido, se puede colegir

que la disposición de la impugnada Ley

núm.374-98, violentan el principio de

igualdad consagrado en el artículo 39.3 de

la Constitución, por cuanto se instituye la

creación de un fondo de pensión que solo

protege y beneficia a aquellos trabajadores

que estén sindicalizados, lo que, por un lado,

genera la existencia de una discriminación

por razones de condición personal frente

aquellos trabajadores de ese sector que no

están sindicalizados, y por el otro, vulnera

el deber que tiene el Estado de promover las

condiciones jurídicas que procuren la exis-

tencia de una igualdad real y efectiva que

tienen los trabajadores no sindicalizados a

percibir la misma protección asistencial de

pensión y derechos de representación que

ostentan los trabajadores sindicalizados en

el contexto de aplicación de la referida Ley.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 53

ÍNDICE

18. DISCRIMINACIÓN POR EDAD, NACIONALIDAD O PROCEDENCIA:

TRATO DESIGUAL PARA ACCEDER AL DIVORCIO POR MUTUO

CONSENTIMIENTO

CRITERIO:

No son conformes a la Constitución las restricciones creadas

mediante ley para realizar un divorcio por mutuo consentimiento.

Exigir una duración mínima del matrimonio (2 años), o una duración

máxima (30 años), o una edad límite para que una pareja pueda

solicitar un divorcio por mutuo consentimiento constituyen elementos

discriminatorios que vulneran el derecho a la igualdad.

SENTENCIA

TC/0226/21

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0184/22—

CRITERIO 2:

La propia Ley núm. 1306-Bis de Divorcio promueve un

trato discriminatorio para divorciarse por mutuo consentimiento entre

los dominicanos residentes en el país, y los dominicanos residentes en

el exterior y los extranjeros. Según su condición, se establecen distintos

requisitos para acceder al mismo mecanismo judicial, con lo que se

genera desigualdad.

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el artículo 275 de la Ley núm. 1306-Bis sobre Divorcio, del veintiuno (21) de

mayo de mil novecientos treinta y siete (1937).

Resumen del caso: Dos personas se presentaron ante el Tribunal

Constitucional para interponer una acción directa de inconstitucio-

nalidad en contra del artículo  de la Ley núm. -Bis, sobre

Divorcio. Esta norma establece en esencia restricciones para poder

realizar un divorcio por mutuo consentimiento. Los accionantes

plantean que dicha norma vulnera el derecho a la igualdad por ser

discriminatoria en cuanto a la edad máxima, así como a la diferencia

entre dominicanos y extranjeros.

5 Art. 27.- El divorcio por mutuo consentimiento no será admitido sino después de dos años de matrimonio,

como tampoco lo será después de treinta años de vida común, ni cuando el esposo tenga por lo menos

sesenta años de edad y la mujer cincuenta

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.6. Antes de proceder a desarrollar el test

de igualdad, resulta conveniente precisar

que el divorcio constituye una de las formas

de disolución del vínculo matrimonial

existente entre un hombre y una mujer;

mientras que el consentimiento mutuo de los

cónyuges es una de las causales para lograr

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

54 | Art. 39

ÍNDICE

esta separación en el ordenamiento jurídico

dominicano, según prescribe el literal a), del

artículo 2 de la Ley núm. 1306-Bis. A su

vez, el artículo 27 (objeto de la presente

acción directa de inconstitucionalidad)

establece las condiciones legales relativas a

esta modalidad de divorcio, en los términos

siguientes: «El divorcio por mutuo consenti-

miento no será admitido sino después de dos

años de matrimonio, como tampoco lo será

después de treinta años de vida común, ni

cuando el esposo tenga por lo menos sesenta

años de edad y la mujer cincuenta».

11.7. Respecto al primer elemento del

referido test de igualdad, consistente en

determinar si la situación de los sujetos bajo

revisión es similar. Esta sede constitucional

ha verificado que, en este caso, los sujetos

sometidos a revisión son los cónyuges, los

cuales, bajo los parámetros de la legislación

dominicana, tuvieron la aptitud necesaria

para contraer matrimonio al momento de

adoptar la decisión. Sin embargo, para

ejercer el derecho al divorcio por mutuo

consentimiento se requiere la satisfacción de

algunas condiciones, así como el respeto a

ciertas limitaciones, en caso de los cónyuges

optar por disolver el vínculo matrimonial.

En efecto, de acuerdo con el impugnado

artículo 27, la admisión legal del divorcio

exige, de una parte, que los esposos tengan

por lo menos dos (2) años de casados; de otra

parte, se les prohíbe su realización cuando

tengan treinta (30) años o más de vida co-

mún. Tampoco se admite el divorcio cuando

el esposo y la esposa tengan por lo menos 60

y 50 años de edad, respectivamente.

11.8. La última exigencia legal enun-

ciada revela falta de similitud en lo

relativo al acceso al divorcio por mutuo

consentimiento del hombre y la mujer, pues,

si bien incumbe al legislador disponer las

condiciones para el establecimiento de las

modalidades de divorcio, debe configurar

su regulación sujetándose al respeto de los

principios, reglas y valores constitucionales.

En el presente caso se evidencia una vulne-

ración al principio de igualdad prescrito en

el artículo 39 de la Carta Sustantiva, de

acuerdo con el cual ninguna persona pue-

de ser discriminada por razones de edad;

aspecto que viola el impugnado artículo

27 de Ley núm. 1306-Bis, al disponer la

inadmisibilidad del divorcio por mutuo

consentimiento cuando el esposo tenga por

los menos 60 años de edad y la esposa, 50

años de edad. En consecuencia, debe consi-

derarse al respecto que el primer elemento

del test de igualdad resulta insatisfecho.

11.9. En esta misma línea argumentativa,

entendemos también pertinente reiterar el

criterio planteado por el dictamen de este

colegiado en su Sentencia TC/0601/17,

mediante el cual prescribió lo siguiente:

«9.17. Consideramos, entonces, que, así

como las personas tienen, como factor inhe-

rente a su desarrollo, la libre voluntad para

contraer matrimonio, pueden también

romper el vínculo matrimonial mediante

el divorcio, siempre que se utilicen los

mecanismos dispuestos por el legislador

[…]». Esta última observación nos permite

concluir, en consecuencia, que el texto cuya

constitucionalidad se impugna, además de

afectar el derecho a la igualdad, constituye

igualmente un atentado al libre desarrollo

de la personalidad consagrado en el artícu-

lo 43 de la Constitución.

11.10. El segundo elemento del test de

igualdad impone analizar la razonabilidad,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 55

ÍNDICE

proporcionalidad, adecuación e idoneidad

del trato diferenciado entre los sujetos con-

siderados. Al respecto, esta sede constitucio-

nal estima que tanto la demora obligatoria

de dos años (con posterioridad a la fecha de

celebración del matrimonio) para ejercer

el derecho al divorcio por mutuo consen-

timiento, como su prohibición después

de 30 años de convivencia matrimonial

(según dispone la disposición impugnada),

colisionan frontalmente con los parámetros

racionales normativos inherentes a una

disposición legal.

11.11. En el presente contexto, este órgano

de justicia constitucional estima irrazo-

nable y desproporcionado la prohibición

impuesta a los cónyuges de interrumpir por

mutuo acuerdo su proyecto de vida común,

cuando así lo decidieren, luego de haber vo-

luntariamente otorgado su consentimiento

para contraer matrimonio.

11.12. Además, este elemento del reiterado

test de igualdad conmina a esta sede consti-

tucional a evaluar la adecuación e idonei-

dad del trato diferenciado. En este punto,

debemos destacar el argumentado invocado

por la Procuraduría General de la Repú-

blica, en lo atinente al trato diferenciado

suscitado entre el cuestionado artículo 27

de la Ley núm. 1306-Bis (al establecer

limitaciones a los cónyuges dominicanos

residentes en el territorio para acceder al

divorcio por mutuo consentimiento) y su

artículo 28 (modificado por la Ley 14226).

Esta última disposición, como sabemos,

regula el denominado «divorcio al vapor»,

destinado exclusivamente a extranjeros o

nacionales dominicanos residentes fuera

de nuestro país, interesados de mutuo

acuerdo en ejercer el derecho al divorcio en

el territorio dominicano. Al respecto, cabe

destacar la inaplicación de las condiciones

prescritas por el referido artículo 27 de la

Ley 1306-Bis, sobre divorcio, tanto a los

cónyuges extranjeros, como a los esposos

dominicanos residentes en el exterior, según

dispone el artículo 28 del indicado estatuto.

11.13. Con base a la argumentación pre-

viamente expuesta, debe observarse que,

tal como sostuvo la Procuraduría General

de la República con relación al presente

caso, la propia Ley núm. 1306-Bis de di-

vorcio, promueve un trato discriminatorio

entre los nacionales residentes interesados

en divorciarse por mutuo consentimiento

y los nacionales residentes en otro país,

así como con los extranjeros. Como he-

mos visto, dependiendo de su condición

migratoria se establecen condiciones dis-

tintas para acceder al mismo mecanismo

judicial, generándose desigualdad, razón

en cuya virtud el impugnado articulo 27

tampoco supera el segundo elemento del

test de igualdad.

11.14. Como tercer elemento, el test de

igualdad señala la necesidad de destacar

los fines perseguidos por el trato disímil, los

medios para alcanzarlos y la relación entre

medios y fines. En este tenor, advertimos

la relevancia de subrayar que el artículo

impugnado en inconstitucionalidad forma

parte de una ley promulgada en el año mil

novecientos treinta y siete (1937); es decir,

en una época donde la realidad política

y social de la República Dominicana era

totalmente distinta a la actual. De esto

resulta la importancia para el Tribunal

Constitucional de impedir que normativas

irracionales continúen formando parte

del ordenamiento jurídico de un Estado

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

56 | Art. 39

ÍNDICE

social y democrático de derecho, como es la

República Dominicana, según el artículo 7

constitucional. En esta tesitura, advertimos

que la norma cuestionada tampoco supera

este último elemento del analizado examen

de igualdad.

19. DISCRIMINACIÓN POSITIVA CON RELACIÓN A LA CUOTA

MÍNIMA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN FAVOR DE LA MUJER

CRITERIO:

No vulnera el derecho a la igualdad el establecimiento

de una cuota mínima de participación política en favor de la mujer.

Constituye una discriminación positiva que busca la igualdad real y

efectiva entre hombre y mujer.

SENTENCIA TC/0159/13

Resumen del caso: El Tribunal Constitucional fue apoderado de

una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por una

persona en contra de la Ley núm. - que modifica la parte final

del artículo  de la Ley Electoral núm. -, que estableció una

cuota mínima del % en favor de la mujer que los partidos políticos

tenían que observar al conformar la boleta ante la JCE de los candi-

datos del nivel congresual (diputados) y municipal (exceptuando

el alcalde). El accionante plantea que existe una discriminación en

contra del hombre que quiera optar a dichos cargos en condiciones

de igualdad de oportunidades.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.2. De esta forma, se plantea la cuestión a

resolver por este tribunal sobre si la norma

impugnada, al establecer la cuota mínima

del 33% a favor de la mujer en la par-

ticipación política, discrimina, en sentido

opuesto con lo plasmado en el artículo 39

de la Constitución, a los hombres.

9.3. En ocasión de responder lo demandado,

es necesario indicar que, desde el punto

de vista del ordenamiento constitucional

dominicano, para los fines de la presente

acción, los aspectos en que puede ser ana-

lizado el derecho a la igualdad quedan

delimitados en dos vertientes principales

enlazadas entre sí: por un lado, la igual-

dad en el trato dado por la ley, en vista

del cual el Estado se compromete a proteger

igualitariamente a todos los ciudadanos

sin discriminación de ningún tipo; y por

otro, la igualdad en la aplicación de la ley

como límite al legislador y otros poderes

públicos en el ejercicio legislativo para no

crear situaciones disimiles bajo un contexto

similar.

Cabe destacar que, aunque en ambos casos,

se trate de ciudadanos dominicanos, el or-

denamiento constitucional, buscando una

igualdad real y efectiva dispuesta en la ley

e instrumentos internacionales, ha dado

un trato especial a ciertos sujetos que se

consideran en situación de vulnerabilidad,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 57

ÍNDICE

lo cual no confirma objetivamente una

discriminación, sino que, en todo caso, se

conforma en una acción positiva situada

en el ámbito de discriminación.

9.7. Lo antes expuesto comporta distintas

razones. A partir de lo señalado en el

preámbulo de la Constitución, la igualdad

es descrita dentro de los valores supremos y

principios fundamentales del ordenamien-

to jurídico dominicano. En consecuencia,

toda situación desigual, sin causa justifica-

da razonablemente, resulta incongruente

con el ordenamiento constitucional.

9.8. Así, el artículo 39 de la Constitución

dispone un trato igualitario en cuanto a

los derechos de todas las personas ante la ley,

las instituciones y autoridades, sin ningún

tipo de discriminación por razones de gé-

nero. Sin embargo, es pertinente señalar la

realidad social en materia de participación

política a lo largo de la historia jurídica

dominicana reconocida en detrimento de

la mujer. Ejemplo de ello lo constituye el

hecho de haber sido reconocido el derecho

al sufragio o considerársele como ciudada-

na con capacidad política para decidir a

partir del año mil novecientos cuarenta

y dos (1942), contrario a lo ocurrido con

el hombre que, a pesar de reservarse dicho

derecho a determinadas categorías sociales,

se establece desde la fundación de la Re-

pública en el mil ochocientos cuarenta y

cuatro (1844).

9.9. Dicho así, el artículo 8 establece la fun-

ción esencial del Estado en “la protección

real y efectiva de los derechos de la persona,

el respeto de su dignidad y la obtención de

los medios que le permitan perfeccionarse de

forma igualitaria, equitativa y progresiva

[…]”. En adición, se requiere al Estado

garantizar la participación equilibrada de

mujeres y hombres en las candidaturas a los

cargos de elección popular (Art. 39.5 de la

Constitución).

9.10. Esto ha permitido evaluar objetiva-

mente la igualdad desde una perspectiva

fáctica. De modo que, en adición a la

procura de una igualdad absoluta entre

dominicanas y dominicanos, en la que las

diferencias sólo resulten de sus talentos y vir-

tudes, se exige además al Estado promover

las condiciones jurídicas y administrativas

para que dicha igualdad sea notoria. En

este sentido, este tribunal se refirió anterior-

mente a la obligación de la protección de la

mujer en virtud de la desigualdad fáctica

manifestada en una sociedad en la que pre-

valece la hegemonía masculina (Sentencia

TC/0028/12, de fecha tres (3) de agosto de

dos mil dice (2012), reafirmando el estado

de vulnerabilidad sociocultural que padece

la mujer frente al hombre.

9.11. Contrario a la imposición de estable-

cer mecanismos discriminatorios, los hechos

precedentes han dado lugar a la implemen-

tación de medidas jurídicas tendentes a

promover un aumento de la participación

femenina en los cargos de elección popular,

dentro de la cual se circunscribe la cuota

mínima de candidatura femenina en la

nominación de los partidos políticos objeto

de estudio en la presente acción de incons-

titucionalidad. En otras palabras, podemos

decir que, a pesar de toda prohibición a

la discriminación por razones de género,

partiendo de un punto de vista pragmático,

la cuota mínima de candidatura femenina

busca equiparar real y efectivamente la

participación femenina en toda la esfera

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

58 | Art. 39

ÍNDICE

del campo político dominicano; de modo

que se trata, pues, de una discriminación

positiva.

9.12.Por ende, la Ley núm. 12-00, que

establece la cuota mínima de participación

femenina en la participación política,

electiva o gubernamental, va acorde con

distintos instrumentos internacionales

producto de los acuerdos establecidos en la

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,

Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la

Paz (Beijing, China), y en el Artículo 7 de

la “Convención sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer”, organizada por las Naciones

Unidas, ambas convenciones relativas a la

6 Artíc ulo 22: Tan pronto como se realice cualquier acto o diligencia relativo al divorcio, dejará de tener

efecto la disposición del artículo ciento ocho del Código Civil que atribuye a la mujer casada el domicilio

del marido. La mujer podrá dejar la residencia del marido durante el proceso, y solicitar una pensión

alimenticia proporcional a las facultades de aquél. El Tribunal indicará la casa en que la mujer estará

obligada a residir y jará, si hay lugar, la provisión alimenticia que el marido estará obligado a pagar. Todas

las noticaciones, incluyendo cualesquiera otros actos preliminares tendientes a establecer la prueba del

abandono del hogar o de otros actos relativos al divorcio, deberán ser hechas, bajo pena de nulidad radical

y absoluta, a su propia persona, o al scal del tribunal que deba conocer de la demanda, quien practicará las

diligencias necesarias para que tales noticaciones lleguen a conocimiento de la mujer.

igualdad de acceso y la plena participación

de la mujer en la estructura de poder.

9.13. Es por todo lo anterior que, en oposi-

ción a la supuesta instauración arbitraria

de una situación desigual entre hombres

y mujeres en la participación política, la

orientación del legislador es la de garan-

tizar y promover la plena participación

de la mujer en la estructura de poder, y,

como resultado, este establecimiento de la

cuota mínima de participación femenina

de la Ley núm. 12-00 se instaura dentro

de las denominadas acciones positivas de

discriminación. En tal virtud, procede en

consecuencia rechazar la presente acción

directa de inconstitucionalidad.

20. DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN FAVOR DE LA MUJER QUE ESTÁ

EN PROCESO DE DIVORCIO

CRITERIO:

La discriminación procesal positiva en favor de la mujer

materializada en la Ley No. 1306-Bis6 que ordena la notificación a

su persona de los actos relativos al proceso de divorcio —a diferencia

de lo previsto para el hombre— busca compensar en los hechos, en la realidad

social, el desequilibrio todavía predominante entre el hombre y la mujer, para

garantizar así la igualdad prevista en la Constitución.

SENTENCIA TC/0028/12

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0591/18—

Resumen del caso: Se trata de una acción directa de inconstitu-

cionalidad interpuesta por un alguacil que plantea que la diferencia

en cuanto a las notificaciones previstas en el artículo  de la Ley

No. -Bis vulneran el derecho a la igualdad entre el hombre y la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 39 | 59

ÍNDICE

mujer, al darle preferencia a la mujer en cuanto a la forma de recibir

las notificaciones del proceso de divorcio.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b) Si bien es verdad que tanto el legislador

constituyente como el ordinario han rea-

lizado ingentes esfuerzos por consignar la

igualdad de género, no menos cierto es que

las desigualdades fácticas que se manifies-

tan en perjuicio de la mujer obligan a la

protección de las misma en una sociedad

en la que aún prevalece la hegemonía

masculina;

c) Las razones de discriminación procesal

positiva y la protección de los derechos de

la mujer fue objeto de atención por parte

del constituye de 1994 en razón de que

tradicionalmente el legislador ordinario

le ha concedido preeminencia al hombre

en la toma de decisiones, como se eviden-

ciaba anteriormente en nuestra legislación

ordinaria cuando se le otorgaba al marido

la administración de los bienes de la

comunidad.

[…]

e) El artículo 22 de la Ley No. 1306-Bis

y su párrafo único, al establecer que a la

mujer se le notifique en su propia persona,

no genera ningún privilegio a favor de la

misma; por el contrario, se trata de un

principio de discriminación procesal posi-

tiva que busca restablecer en los hechos, en

la realidad social, el desequilibrio todavía

prevaleciente entre el hombre y la mujer

para garantizar así la igualdad prevista en

nuestra Ley Fundamental;

f) Es claro, pues, que el artículo atacado en

inconstitucionalidad busca restablecer el

principio de igualdad, el cual tiende a des-

dibujarse cuando se presentan situaciones

propias del divorcio y donde generalmente

uno de los cónyuges, usualmente el marido,

tiende a disipar los bienes comunes en

perjuicio de la mujer; en tal sentido, este

artículo es cónsono con numerosas conven-

ciones internacionales que postulan por la

supresión de toda forma de discriminación

contra la mujer, tales como: La Declaración

de Beijing dentro del Marco de la IV Con-

ferencia Mundial Sobre las Mujeres, del

15 de septiembre de 1995; La Convención

de Belém do Pará, del 9 de junio de 1994

y La Convención sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación contra

la mujer (CEDEAW) del 18 de diciembre

de 1979, de las cuales es signataria la Re-

pública Dominicana.

21. TRATO DESIGUAL ENTRE DESIGUALES

CRITERIO:

No vulnera el derecho a la igualdad la creación,

mantenimiento y manejo de fichas temporales de personas a las que les

impusieron medidas de coerción sin que se disponga el mismo trato a

personas a las que no les fueron impuestas dichas medidas.

SENTENCIA

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

60 | Art. 39

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TC/0044/17

—Ver en este sentido el criterio sobre derecho a la intimidad y

honor (art. 44 CRD), autodeterminación informativa (art. 44.2 CRD), derecho

al trabajo (art. 62 CRD) y presunción de inocencia (art. 69.3 CRD)—

Resumen del caso: Tres personas presentaron ante el Tribunal

Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad en contra

de varios artículos del Decreto núm. - que establece el Regla-

mento sobre el Registro de Datos sobre Personas con Antecedentes

Delictivos. Esencialmente, los accionantes plantean que dicho

reglamento vulnera varios derechos fundamentales de las personas

sometidas a la justicia, tales como la presunción de inocencia, la

autodeterminación informativa, la única persecución (non bis in

idem), así como los derechos a la igualdad, a la honra y dignidad, y

finalmente el derecho al trabajo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] se advierte que no se trata de casos

similares: la situación de una persona

imputada de la comisión de un delito y

sujeta a una medida de coerción, difiere

de la situación de un procesado que no

esté sujeto a dicho tipo de medidas y de la

necesidad de supervisar el cumplimiento

de la medida de coerción, al tratarse

de un sujeto que por la naturaleza de

la infracción denunciada o por existir

un grave peligro de fuga, el juez penal

se ve precisado a limitar el ejercicio de

algunos de los derechos de la persona in-

culpada, ya sea su libertad ambulatoria

o de tránsito, o ya sea el ejercicio de sus

derechos patrimoniales. Se trata de sujetos

justiciables (el sometido a una medida de

coerción y la persona que no lo está) que

requieren un tratamiento diferenciado

por razones de seguridad pública y para

garantizar que el poder judicial pueda

determinar cabalmente la existencia de

responsabilidad penal o no respecto del

caso que debe juzgar. La finalidad de la

medida de coerción conforme establece el

artículo 222 del Código Procesal Penal,

es “asegurar la presencia del imputado en

el procedimiento”. Es por ello que resulta

justificado que la persona sometida a una

medida de coerción, conste registrada

en un fichero judicial temporal. En tal

virtud y al observarse que no se configura

el primer requisito del test, resulta innece-

sario seguir evaluado los demás elementos

del referido test de igualdad, razón por

la cual procede desestimar el medio de

inconstitucionalidad formulado.