Derecho a la integridad personal. Artículo 42

• Páginas: 97-103
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

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DERECHO A

LA INTEGRIDAD PERSONAL.

ARTÍCULO 42

Artículo .- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a

que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá

la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas.

En consecuencia:

) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos

vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su

integridad física o psíquica;

) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas.

El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos

y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas

internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos

médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.

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Palabras claves:

1. Ausencia de violación a la integridad personal ante daño causado a un

bien material

2. Ausencia de violación a la integridad personal sin materialización de daños

3. Protección a la integridad personal: examen psicológico previo a la

devolución de arma de fuego incautada por proceso de violencia

intrafamiliar

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4. Protección a la integridad personal: Incautación de arma de fuego ante

proceso de violencia intrafamiliar

1. AUSENCIA DE VIOLACIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL ANTE

DAÑO CAUSADO A UN BIEN MATERIAL

CRITERIO:

No se vulnera la integridad personal cuando la afectación

que se alega se refiere a un bien material. La vulneración a la integridad

personal debe verificarse en contra de una persona; es un requisito

necesario para su protección.

SENTENCIA TC/0328/18

—Ver en este sentido

el criterio relativo al debido proceso administrativo (art. 69.10 CRD)—

Resumen del caso: El caso se origina cuando el director de una

Junta Distrital ordenó la destrucción de una caseta de una persona

que ofrecía servicios de deportes acuáticos en la playa Los Cocos, del

distrito municipal de La Entrada, en Cabrera. Ante esa actuación, la

persona afectada acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración a la integridad personal.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.13. El derecho a la integridad perso-

nal, sancionado por el artículo 42 de la

Constitución, está referido a la integridad

física, psíquica y moral y se materializa

con la protección que debe disfrutar todo

individuo contra agresiones o intervencio-

nes que lesionen su cuerpo o su espíritu,

prohibiéndose expresamente en dicho

texto, para desarrollar dicha protección,

las torturas, los procedimientos vejatorios

que impliquen la disminución de la

salud o de la integridad física, psíquica

o moral del individuo; ser sometido, sin

su consentimiento previo, a experimentos

y procedimientos que no se ajusten a las

normas científicas y bioéticas internacio-

nalmente reconocidas, ni a exámenes o

procedimientos médicos, excepto cuando

se encuentre en peligro su vida.

10.14. En términos de la caracterización

precedente del derecho a la integridad per-

sonal, no puede retenerse tal violación en el

caso ocurrente, porque si bien es verdad que

contra la misma se ha ejecutado un acto

violento y arbitrario, dicho hecho violento

y arbitrario ha recaído sobre una cosa que

poseía, mas no contra su persona misma,

que es condición necesaria para que pueda

configurarse la violación al derecho a la

integridad personal.

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2. AUSENCIA DE VIOLACIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL SIN

MATERIALIZACIÓN DE DAÑOS

CRITERIO:

No se vulnera la integridad personal cuando se invoca

un daño sin que este se haya materializado. La autorización de

las instituciones públicas mediante los permisos de construcción

pertinentes —en este caso, una envasadora de gas— no constituye por sí sola una

vulneración a los derechos inherentes a las personas, salvo que el daño invocado

esté avalado por estudios cientícos o normas reguladoras. Coexistencia entre

la vida comunitaria y la satisfacción de la demanda de productos y servicios.

SENTENCIA TC/0100/14

—Precedente reiterado en las sentencias TC/0363/14,

TC/0372/14, TC/0187/15, TC/0491/17 y TC/0408/21—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que en una

comunidad se estaba construyendo una envasadora de gas, a lo cual

se oponían varias personas que tenían propiedades cercanas o que

alegaban posibles daños y limitaciones en su desenvolvimiento en

la comunidad. Estas personas decidieron acudir ante la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración a

derechos fundamentales, como los derechos a la integridad personal,

la salud, la vida y el medioambiente.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.11. En cuanto a los alegatos esgrimidos

por la parte accionante, como violación del

derecho a la vida, la seguridad personal y

riesgo ambiental que entraña la instala-

ción de la planta envasadora de gas, este

Tribunal entiende que resulta pertinente

considerar que el Estado, a través de sus

poderes públicos y en el marco de sus facul-

tades constitucionales, se ve comprometido

a resguardar la integridad física, psíquica

y moral de las personas, mediante la

expedición de leyes que crean y organizan

órganos y organismos para la regulación

y control de las actividades que conlleven

algún nivel de riesgo para la seguridad

pública. Para llevar a cabo estas tareas, las

entidades públicas y los funcionarios en-

cargados de expedir, supervisar y vigilar el

cumplimiento de los requisitos exigidos por

las leyes, quedan sujetos a las consecuencias

jurídicas consignadas en el artículo 148

de la Constitución de la República, el

cual establece que: “las personas jurídicas

de derecho público y sus funcionarios o

agentes serán responsables, conjunta y soli-

dariamente, de conformidad con la ley, por

los daños y perjuicios ocasionados a las per-

sonas físicas o jurídicas por una actuación

u omisión administrativa antijurídica”.

En el presente caso, la parte accionante

no invoca la materialización de un daño

específico, sino la violación de derechos

fundamentales como el derecho a la vida,

la seguridad personal y riesgo ambiental.

En relación con estos alegatos y después de

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analizar el contenido constitucional de

estos derechos, el Tribunal entiende que

los mismos no se ven comprometidos con

la instalación de la planta envasadora de

gas, debido a que la vida y la seguridad

personal de los habitantes de la comunidad

de Guiri Guiri no han sido, materialmente,

afectadas en el sentido en que se configura

el contenido esencial de estos derechos en la

Constitución.

Respecto a la condición de peligro que supo-

ne la instalación de la referida estructura, es

necesario decir que esta condición se refiere

a una situación que se caracteriza por la

posibilidad o viabilidad de ocurrencia de

un mal o incidente potencialmente dañino,

es decir, un riesgo o contingencia inminen-

te de que suceda algún mal. El riesgo a su

vez se refiere a la posibilidad de daño bajo

determinadas circunstancias, mientras que

el peligro se refiere sólo a la probabilidad

de daño bajo esas circunstancias. Entonces

podemos hablar de peligro solo cuando sea

suficientemente real o inminente la ocu-

rrencia de un hecho que pudiera causar un

daño. Atendiendo a este razonamiento, el

Tribunal reconoce, que si bien las instala-

ciones como la objetada por los accionantes

entrañan un nivel de riesgo, considerando

sus características, también es necesario

tomar en cuenta que la demanda y satis-

facción actual de determinados productos

y servicios requeridos por el público como

los ofertados por este tipo de negocio, impli-

can la necesidad de asumir ciertos riesgos,

cuyas posibilidades de materialización se

encuentran supeditadas al nivel de eficien-

cia en que se exprese el cumplimiento de los

requisitos exigidos por las autoridades res-

ponsables de expedir los permisos correspon-

dientes. Es decir, que la sociedad consciente

de la necesidad de satisfacer la demanda de

determinados productos y servicios, decide

asumir determinado nivel de riesgo en su

prestación, pero bajo la condición de que el

Estado regule el proceso mediante el cual se

habilita a las empresas interesadas en ofre-

cerlos, observando siempre las disposiciones

constitucionales y legales. En atención a

los elementos expuestos, este Tribunal ha

podido comprobar que la referida planta

envasadora de gas dispone de los permisos

exigidos por la ley para este tipo de instala-

ción, y que su expedición por parte de las

autoridades oficiales correspondientes, se

encuentra sujeta al cumplimiento de los

requisitos técnicos que la ley establece en

interés de garantizar la seguridad de las

personas y el medio ambiente dentro de los

límites de las previsiones normales.

3. PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL: EXAMEN

PSICOLÓGICO PREVIO A LA DEVOLUCIÓN DE ARMA DE FUEGO

INCAUTADA POR PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

CRITERIO:

La devolución del arma de fuego a una persona que estuvo

involucrada en un proceso penal por violencia de género (posteriormente

declarada extinta la acción penal por un juez) debe condicionarse a que

el Ministerio de Interior y Policía realice los exámenes de lugar para

verificar que su titular es apto para su uso. Resulta necesario mantener

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un criterio riguroso al ponderar y evaluar cada caso cuando se está ante

una solicitud de devolución de un arma de fuego, cuyo uso haya en algún

momento comprometido o amenazado la paz, armonía, solidaridad,

consideración y seguridad del seno familiar.

SENTENCIA TC/0238/17

—

Precedente reiterado sin mencionar en la sentencia TC/0719/17, precedente

reiterado en las sentencias TC/0165/18 y TC/0512/20—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una

persona fue objeto de un proceso penal por violencia intrafamiliar

que involucró la incautación del arma de fuego. Luego de que el

proceso penal concluyera en el juzgado de instrucción con el archivo

definitivo dispuesto por el Ministerio Público, la persona solicitó

la devolución del arma y la misma le fue negada. Ante esa decisión,

la persona acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

p. Este tribunal constitucional entiende

que en el caso procede la confirmación de

la sentencia emitida por el juez de amparo,

en lo que respecta a la devolución del arma

de fuego y el astreinte que este impuso,

así como la modificación parcial de la

sentencia objeto de revisión, tomando en

consideración que la incautación del arma

de fuego se produjo en 2013, y dado el

tiempo transcurrido y las características del

caso resulta pertinente disponer que, previo

a que se produzca la devolución del arma

al señor Miguel Andrés Avilés Hungría, el

Ministerio de Interior y Policía realice to-

das las gestiones, evaluaciones y medidas de

control tendentes a establecer si este ciuda-

dano resulta apto o no para ser beneficiado

con la expedición de las licencias de porte

y tenencia de arma de fuego, conforme lo

establece la Ley núm. 36, Sobre Comercio,

Porte y Tenencia de Armas, del dieciocho

(18) de octubre de mil novecientos sesenta

y cinco (1965), (G. O. núm. 8950), y los

reglamentos y normas emitidas al respecto

por ese ministerio.

q. Más aún, que al tratarse de un proceso

de violencia intrafamiliar, y dada la

conmovedora situación que se ha generado

en la sociedad dominicana en los últimos

tiempos, en la cual la vida de la mujer, hi-

jos e hijas, en fin, la familia, ha estado bajo

una seria amenaza como consecuencia de

acciones irreflexivas y desaprensivas, resul-

ta necesario mantener un criterio riguroso

al momento de ponderar y evaluar cada

caso cuando se está ante una solicitud de

devolución de un arma de fuego, cuyo uso

haya en algún momento comprometido o

amenazado la paz, armonía, solidaridad,

consideración y la seguridad del seno

familiar.

r. Al respecto, este tribunal estima que

los organismos del país que tienen en

sus manos la potestad de salvaguardar

la integridad física de las personas y su

dignidad, están compelidas a ejercer un

rol activo en las presentes circunstancias

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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sociales y examinar con la mayor rectitud

y escrupulosidad cada caso que involucre

la puesta en práctica de devoluciones de

armas de fuego, expedir certificaciones

para el porte y/o tenencia de tales armas

y cuanto se relacione con la cuestión, toda

vez que se erige en un imperativo de los

momentos actuales, elevar los niveles de

protección de la colectividad, en especial el

núcleo esencial que constituye la familia. s.

Para el Tribunal Constitucional resulta de

alto significado dejar por sentado que en

los casos de violencia intrafamiliar que in-

volucran armas de fuego y se ha producido

una amenaza que se cierne con respecto a

la vida o integridad física de los miembros

de la familia, se deben adoptar todas las

providencias indispensables para que no

exista ningún resquicio de riesgo. En estos

casos la solicitud de devolución debe hacerse

bajo el más estricto control de la autoridad

responsable de custodiar dichas armas, de

manera que no haya ninguna posibilidad

de que sobrevenga un acontecimiento

negativo que constituya un riesgo para la

seguridad familiar, cuya protección es una

responsabilidad irrenunciable del Estado.

t. En tal virtud, resulta procedente la

modificación de la sentencia de amparo y

ordenar, pese a que existe el referido archi-

vo definitivo y siendo la incautación una

medida provisional que depende del curso

de la acción, que previo a la entrega del

arma de fuego en cuestión, el Ministerio

de Interior y Policía evalúe al señor Miguel

Andrés Avilés Hungría, y solo se materia-

lice tal entrega si la indicada evaluación

revela su aptitud para tener y portar arma

de fuego; por tanto, serían expedidas las

licencias correspondientes, tomando en

consideración que desde el momento de

la incautación a la fecha de la sentencia

objeto de revisión han transcurrido más de

tres (3) años.

4. PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL: INCAUTACIÓN DE

ARMA DE FUEGO ANTE PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

CRITERIO:

Se justifica la incautación de un arma de fuego por parte

del Ministerio de Interior y Policía o el Ministerio Público cuando

sea producto de una denuncia o querella por violencia intrafamiliar

o de género hasta tanto sea dictada una sentencia con la autoridad

irrevocable de la cosa juzgada. Aplicación del artículo 42.2 sobre

violencia intrafamiliar y de género.

SENTENCIA TC/0010/12

—Precedente

reiterado en las sentencias TC/0268/14, TC/0499/15, TC/0901/18,

TC/0514/19 y TC/0496/21—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Interior y Policía revocó la licencia de porte y tenencia de arma de

fuego y negó la devolución de la misma al propietario. Esta persona

había sido sometida a la justicia por violencia intrafamiliar y se había

emitido una orden de protección en favor de su cónyuge.

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Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] el hecho cierto e innegable de los

preocupantes índices de violencia intrafa-

miliar y de uxoricidios (muerte causada

a la mujer por su marido) de que adolece

la sociedad dominicana justifica que, ante

una denuncia o querella, el Ministerio de

Interior y Policía o el Ministerio Público

incaute cualquier arma de fuego que posea

un imputado hasta que sea dictada una

sentencia con la autoridad irrevocable de

la cosa juzgada, ya que de no tomarse esta

decisión se deja abierta la posibilidad de

que la esposa denunciante o querellante

pierda la vida, como ha ocurrido en otros

casos. En caso de probarse la imputación,

la incautación devendrá definitiva, y, en

la hipótesis contraria, el arma de fuego

deberá ser devuelta.

h) En este contexto, el artículo 7, letras c y

d, de la Convención Interamericana para

Prevenir y Erradicar la Violencia contra

la Mujer (Convención de Belem do Para,

1994) impuso a los Estados suscribientes,

como la República Dominicana, la obliga-

ción de adoptar medidas administrativas

de cualquier índole tendentes a proteger la

mujer; norma que, en cuanto a esto último,

se corresponde con el artículo 42.2 de la

Constitución de la República, y con la Ley

No. 24/97 que sanciona la violencia intra-

familiar, entre otros tipos penales.