Derecho a la libertad y seguridad personal. Artículo 40

• Páginas: 61-95
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

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DERECHO A LA LIBERTAD Y

SEGURIDAD PERSONAL.

ARTÍCULO 40

Artículo .- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene

derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

) Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden

motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito;

) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a

identificarse;

) Toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos;

) Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus

familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a

ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los

motivos de la detención;

) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial

competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en

libertad. La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro

del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare;

) Toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o

fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad

a requerimiento suyo o de cualquier persona;

) Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada

una orden de libertad por la autoridad competente;

) Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho; )

Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter

excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de

resguardar;

) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de

infracción a las leyes penales;

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) Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligada a

presentarlo tan pronto se lo requiera la autoridad competente;

) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de

un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de

autoridad competente;

) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en

el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa;

) Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro;

) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele

lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo

que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le

perjudica;

) Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas

hacia la reeducación y reinserción social de la persona condenada y no

podrán consistir en trabajos forzados;

) En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la

Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o

subsidiaria impliquen privación de libertad.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Núcleo esencial del derecho a la seguridad personal

B. Configuración del principio de legalidad

C. Características del principio de legalidad en materia penal

D. Personalidad de la pena y legislación sobre la sanción penal a las

personas morales

A. Aspecto general: Núcleo esencial del

derecho a la seguridad personal. Sen-

tencia TC/0182/15

Sobre el contenido de este derecho, este

tribunal ha precisado en su Sentencia

TC/0233/13 del veintinueve (29) de

noviembre de dos mil trece (2013), en su

apartado 10.j) que el derecho a la seguridad

personal es un derecho fundamental que ha

sido estatuido de manera coherente y cons-

tante en la Constitución de la República; de

su protección se encarga al Estado y sus insti-

tuciones, garantizando su pleno imperio de

manera que todo ciudadano pueda alcanzar

el pleno disfrute del mismo, sin restricción

ni dificultad alguna. El núcleo esencial de

este derecho consiste en la preservación de

la libertad de las personas, concretándose

los casos limitados en los que dicho derecho

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 63

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puede ser coartado y previendo las condicio-

nes que deben ser observadas en dichos casos.

B. Aspecto general: Configuración del

principio de legalidad. Sentencia

TC/0183/14

10.14. En este orden, el principio de legali-

dad se configura como un mandato a todos

los ciudadanos y a los órganos del Estado que

se encuentran bajo su jurisdicción para el

cumplimiento de la totalidad de las normas

que integran el ordenamiento jurídico domi-

nicano. De conformidad con este principio,

las actuaciones de la Administración y las

resoluciones judiciales quedan subordinadas

a los mandatos de la ley. Este principio se con-

figura en el artículo 40.15 de la Constitución,

en términos de que a nadie se le puede obligar

a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele

lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para

todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil

para la comunidad y no puede prohibir más

que lo que le perjudica y, en concreto, para

toda la Administración Pública, el artículo

138 de la Constitución prevé que la misma

debe actuar con “sometimiento pleno al orde-

namiento jurídico del Estado”.

C. Aspecto general: Características del

principio de legalidad en materia pe-

nal. Sentencia TC/0484/16 —Pre-

cedente reiterado mediante sentencia

TC/0372/19 en la que se indica que

esas características se aplican al pro-

cedimiento administrativo sanciona-

dor en virtud del art. 69.10—

El principio de legalidad se cumple, indepen-

dientemente de que el tipo penal sea abierto,

si la norma en cuestión reúne las característi-

cas siguientes: lex certa, lex stricta, lex scripta

y lex praevia (ley cierta, ley estricta, ley escrita

y ley previa). La primera de las características

(lex certa), supone que las conductas prohi-

bidas estén claramente delimitadas en la ley.

La segunda de las características (lex stricta)

exige al legislador un máximo de precisión al

momento de redactar un texto en el cual se

consagra un delito. La tercera característica

(lex scripta) implica que el hecho punible y la

sanción estén escritas. Y la cuarta (lex prae-

via) implica que la ley penal que se pretende

aplicar sea anterior al hecho punible.

D. Aspecto general: Personalidad de la

pena y legislación sobre la sanción

penal a las personas morales, artículo

40.14. Sentencia TC/0190/13

9.5.3. Es preciso señalar que el derecho

penal, en su proceso evolutivo, se ha carac-

terizado por una concepción individual y

personal de la pena y así fue concebido por

el constituyente en el numeral 14 del artí-

culo 40 de la Constitución de la República;

empero, como es bien sabido, la finalidad

de la sanción penal es por la actividad

delictual que se comete al momento de la

referida actividad, que en el caso de las

personas morales no son cometidas por estas,

sino por quienes detentan en su poder la

capacidad de acción.

9.5.4. La Ley núm. 374-98, que instituye el

Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones

de los Trabajadores Metalmecánicos, en su

artículo 18 precedentemente trascrito, trae

como sanción penal el incumplimiento a la

presente ley, pero ello tiene su razón de ser

en la función coactiva que tiene el derecho

penal, y la referida sanción de prisión no

puede recaer sobre las personas morales, ya

que las mismas no tienen ese poder de acción

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reprochable, además de que dichas personas

jurídicas son una ficción, por lo que ésta

debe recaer sobre los dueños administradores

o representantes, que son los que violentan la

normativa, y por tanto, son los responsables.

9.5.5. Es evidente que la posibilidad de

sancionar penalmente a los dueños, gerentes,

representantes y administradores de las per-

sonas morales, debe estar dispuesta de forma

expresa en el contenido de las leyes, las cuales

en su contexto deben permitir la presunción

de que el hecho punible sea atribuible a ellas,

por ser éstas quienes tienen la capacidad

para motorizar la comisión del hecho.

9.5.6. En ese sentido, al disponerse en el

ámbito penal que la violación a la ley

producida por las personas morales está a

cargo de sus dueños, gerentes, representan-

tes y administradores, no debe entenderse

que esa presunción es contraria a la Cons-

titución, por el hecho de que en virtud del

principio de la personalidad de la pena, el

ilícito no es cometido por la persona moral,

sino que el mismo recae sobre los dueños,

gerentes, representantes y administradores,

por haber dado su aceptación en la comi-

sión del hecho que la ley cataloga como

punible.

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Palabras claves:

1. Apremio corporal por incumplimiento de sanción pecuniaria

2. Ilegalidad de la Administración pública: sanción impuesta sin tipificación

previa

3. Irracionabilidad de la Administración pública: cobro anticipado por

servicio no recibido

4. Irracionabilidad de la Administración pública: creación de parque

nacional sin conciliar intereses de habitantes

5. Irracionabilidad de la Administración pública: intervención telefónica

irregular

6. Irracionabilidad de la Administración pública: traslado de un interno de

un centro carcelario a otro

7. Irracionabilidad de la Administración pública: restricción en la

importación de mercancías

8. Irracionabilidad legal de otorgar potestades discrecionales a la

Administración pública

9. Irracionabilidad legal para impedir el matrimonio de la mujer divorciada

10. Legalidad de reglamentación para restringir el acceso al registro público de

datos personales

11. Legalidad de regulación de la Administración pública para intervenir en el

sector de las telecomunicaciones

12. Razonabilidad legal: creación de un mecanismo institucional para

garantizar la distribución de recursos

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13. Razonabilidad legal: facultad de intervenir cooperativas

14. Razonabilidad legal: limitación de la importación de vehículos

15. Razonabilidad legal: sanciones por mora tributaria

16. Violación del derecho de asesoría legal inmediata al privado de libertad

17. Violación del principio de responsabilidad penal personal

1. APREMIO CORPORAL POR INCUMPLIMIENTO DE SANCIÓN

PECUNIARIA

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución el establecimiento

legal de apremio corporal por incumplir una sanción pecuniaria cuyo

origen no es una infracción de tipo penal. Violación del artículo 40.10

de la Constitución.

SENTENCIA TC/0108/13

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el artículo 47 de la Orden Ejecutiva núm. 378, de fecha treinta y uno (31) de

diciembre del año mil novecientos diecinueve (1919).

Resumen del caso: La acción directa de inconstitucionalidad fue

presentada ante el TC por dos personas que argumentaban que la

Orden Ejecutiva núm.  produjo una habilitación legal para que

los jueces pudieran ordenar el apremio corporal de personas conde-

nadas a sanciones pecuniarias que hubieran incumplido dicho pago,

situación que alegan es contraria a lo previsto por la Constitución.

7 Art. 4.-Cuando las costas, cobradas por quien corresponda no fueren pagadas ocho días después que el

Juez haya aprobado la liquidación, lo cual se hará quince días a más tardar después de la sentencia, el

litigante temerario, o de mala fe, sufrirá un día de prisión por cada peso que dejare de pagar, pero esta

prisión en ningún caso excederá de seis meses. Dicha prisión se aplicará, lo mismo en lo civil que en

lo penal, cuando se haya declarado la mala fe o temeridad, aún en los casos en que el condenado haya

litigado como pobre con autorización del Tribunal por no poder disponer de los medios para constituir

abogado. Quien se deenda contra un proceso penal incoado contra él nunca podrá ser declarado

litigante temerario o de mala fe.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.1.3. El reclamo de los accionantes

señala que la cuestión de inconstituciona-

lidad recae en el hecho de que el apremio

corporal (establecido en el artículo 4 de

la norma atacada) sería aplicado en estos

casos por una cuestión ajena a la infrac-

ción de una ley penal, ya que, conforme

al texto de la norma atacada, citado ín-

tegramente en otra parte de esta sentencia,

lo que origina el apremio corporal es la

falta de pago de las costas que impone el

juez cuando perciba “culpa manifiesta en

la litis” (artículo 4).

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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9.1.4. Lo anterior lleva al tribunal a obser-

var dos aspectos esenciales en el caso de la

especie, que se desprenden de la aplicación

de la norma descrita: en primer lugar,

la condena al pago de las costas es una

sanción de carácter puramente civil. No

implica la comisión de un ilícito penal ni

reúne las condiciones de una sanción penal.

Por demás, dicha condenación en costas no

se origina ni en una ley penal general ni

en una ley penal especial, sino en la Orden

Ejecutiva núm. 378, de fecha treinta y uno

(31) de diciembre del año mil novecientos

diecinueve (1919), lo que fortalece la afir-

mación anterior, respecto al carácter civil,

y no penal, de la condenación en costas.

9.1.5. En segundo lugar, el Tribunal

Constitucional constata que la referida

orden ejecutiva otorga facultad a cualquier

tribunal del orden judicial, independiente-

mente de la especialidad de su competencia

(civil, laboral, inmobiliario, etc.), para

establecer prisión por el no pago oportuno

de las costas, lo cual a su vez contrasta con

el principio del juez natural, conforme al

cual, tratándose la prisión de una sanción

penal, la facultad para imponerla ha de

corresponder de forma exclusiva a las juris-

dicciones penales o represivas.

9.1.6. Ante la situación dada, el Tribunal

Constitucional advierte que la condena-

ción en costas establecida en la referida

orden ejecutiva núm. 378 no está revestida

del carácter de una pena, toda vez que no

emana de una jurisdicción represiva, ni se

impone por la culpabilidad de un hecho

ilícito debidamente tipificado como una

infracción en una norma penal previa. En

tal sentido, tratándose de una sanción pecu-

niaria, y no de una pena, el establecimiento

del apremio corporal transgrede el numeral

10 del artículo 40 de la Constitución.

2. ILEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: SANCIÓN

IMPUESTA SIN TIPIFICACIÓN PREVIA

CRITERIO:

Constituye una violación al principio de legalidad (art.

40.13 y 40.15) la imposición de una sanción por parte del órgano

disciplinario basada en una tipificación que no se relaciona con el hecho

imputado.

SENTENCIA TC/0154/19

—Precedente reiterado sin mencionar en

la sentencia TC/0468/21—

CRITERIO 2:

Si bien es cierto que las infracciones disciplinarias no

son tan cerradas como las infracciones penales, también es cierto que

debe existir una formulación precisa de cargos que no deje dudas con

respecto a cuál fue la falta en la cual se incurrió; también debe existir la

certeza en relación con la naturaleza de la sanción que entraña el hecho

protagonizado por la persona sometida a la acción disciplinaria.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un notario

fue objeto de un juicio disciplinario ante la SCJ y le fue impuesta

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una sanción consistente en la destitución por “interesarse en asuntos

a propósito de los cuales ejerzan funciones”. Ante esa decisión, el

notario afectado acudió ante la jurisdicción constitucional en materia

de revisión de decisión jurisdiccional.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] En este aspecto, verificamos en la

sentencia objeto de recurso, que el tribunal

a-quo, en relación con los hechos probados,

no realizó la correcta tipificación de los

hechos con el derecho.

f. Esta consideración se formula en vista

de que la tipificación hecha por el Pleno

de la Suprema Corte de Justicia no guar-

da la mejor relación con los hechos que

se exponen y desarrollan en el expediente

de que se trata; los hechos objeto de tra-

tamiento ante el Pleno, fue la actuación

de un notario que al mismo tiempo in-

tervino en su condición de abogado en un

mismo proceso, y la calificación otorgada

al caso por la Suprema Corte de Justicia,

fue la prevista en el artículo 16, letra d,

de la Ley núm. 301, sobre el Notariado,

de dieciocho (18) de junio de mil nove-

cientos sesenta y cuatro (1964), el cual

expresa: “Se prohíbe a los Notarios, bajo

pena de destitución: “[…] d) interesarse

en asuntos a propósito de los cuales ejer-

zan funciones”. Sin embargo, los hechos

y circunstancias que rodean el caso objeto

de tratamiento, se enmarcan o están más

acordes con lo preceptuado en el párrafo

I del referido artículo 16 de la Ley núm.

301, el cual consigna: Igualmente, se pro-

híbe a los Notarios, también bajo pena

de destitución, escriturar actas auténticas

o legalizar firmas o huellas digitales de

actas bajo firma privada, en las cuales

sean partes las personas públicas o priva-

das, físicas o morales o sus representantes,

a quienes presten servicios remunerados

permanentes como empleados, abogados,

asesores o consultores retribuidos median-

te el sistema de igualas o de cualquier otro

modo, o que contengan alguna disposición

en relación con las mencionadas personas

físicas o morales.

g. Este contenido legal encuadra mejor

con los hechos establecidos por el Pleno de

la Suprema Corte de Justicia, y, si bien es

cierto que las infracciones disciplinarias

no son tan cerradas como resultan las in-

fracciones penales, también es cierto que

debe existir una formulación precisa de

cargos, que no deje dudas con respecto a

cuál fue la falta en la cual se incurrió y la

certeza en relación con la naturaleza de la

sanción que entraña el hecho protagoni-

zado por la persona sometida a la acción

disciplinaria.

h. Esta necesidad de precisión procura

establecer que la calificación que se hace

con respecto a una infracción disciplinaria

determina la sanción que se ha de imponer,

y la misma tiene que estar comprendida

dentro de límites lógicos establecidos en la

ley; pues, de no ser así, se estaría violentan-

do el principio de legalidad, de razonabili-

dad y de seguridad jurídica, toda vez que

estos coadyuvan a la certeza y confianza

que debe caracterizar el ordenamiento ju-

rídico que debe existir en un Estado Social

y Democrático de derecho.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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m. Es decir, debe haber una correlación en-

tre la infracción disciplinaria y la sanción,

y ahí reside el principio de proporcionali-

dad, y de igual forma podemos aseverar

que tal correlación deriva del principio de

tipicidad; esta es la justa correspondencia

entre lo que establece la ley y la infracción

8 Contenido agregado por el Tribunal Constitucional.

cometida. n. En tal virtud, la conducta

sancionada debe circunscribirse a las leyes

y que la subsunción esté en concordancia

con lo existente, pues de lo contrario se

quebrantarían los principios de legalidad

y seguridad jurídica…

3. IRRACIONABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: COBRO

ANTICIPADO POR SERVICIO NO RECIBIDO

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución establecer mediante

resolución el cobro de un servicio que el cliente aún no ha recibido ni

solicitado. Vulneración al principio de razonabilidad, artículo 40.15

de la Constitución.

SENTENCIA TC/0161/13

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal la disposición primera de la Resolución núm. 080-09 emitida por el Instituto

Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). El Tribunal Constitucio-

nal optó por no eliminar el texto completo que declaró inconstitucional, sino

que utilizó la técnica de dictar una sentencia aditiva que agrega contenido al

texto para que sea considerado constitucional. También se ordenó la devolución

del cobro efectuado a los usuarios. La interpretación constitucional quedó de la

forma siguiente:

“PRIMERO: DISPONER que la cuota regulatoria a pagar por cada usuario que

opte por el servicio de portabilidad numérica8, el cual estará destinado para la

recuperación de la inversión en capital fijo que deben realizar las prestadoras de

servicios de telefonía para la implementación de la portabilidad numérica en Re-

pública Dominicana, queda establecida en la suma de ochenta pesos dominicanos

con 00/100 (RD$80.00)”.

Resumen del caso: La acción directa de inconstitucionalidad fue

presentada ante el TC por un ciudadano en contra de la Resolución

núm. - emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomu-

nicaciones (INDOTEL). Esta resolución disponía el pago de una

cuota a todos los usuarios para la recuperación de la inversión en

capital fijo que deben realizar las prestadoras de servicios de telefonía

para la implementación de la portabilidad numérica en la República

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 69

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Dominicana. El accionante plantea que dicha disposición vulnera el

principio de razonabilidad por establecer un cobro de un servicio no

solicitado por el usuario.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.6. Que al haberse dispuesto mediante la

resolución impugnada una tarifa única de

carácter general a todos los usuarios de telé-

fonos y celulares, opten o no por “portarse”,

teniendo por finalidad que las prestadoras

de servicios de telefonía puedan recuperar

la inversión que estas han realizado para

hacer operativo el servicio de portabilidad

numérica en República Dominicana, no

se hacen cargos por servicio, sino por la

“capacidad de optar por ese servicio”, lo que

deviene en un cobro por adelantado de

un servicio que el consumidor aún no ha

decidido obtener, lo que se traduce en un

cobro, no por servicio recibido, sino por el

que se pudiera recibir.

10.7. En virtud del test de razonabilidad

que hemos realizado, podemos concluir que

al disponerse en la Resolución núm. 080-

09 el cobro obligatorio de ochenta pesos

dominicanos con 00/100 (RD$80.00) con

el objeto de garantizar las inversiones hechas

por las empresas prestadoras de los servicios

telecomunicaciones para la adecuación de

la operatividad del servicio de portabilidad

numérica, la misma configura una infrac-

ción constitucional por violentar el princi-

pio de razonabilidad dispuesto en el artículo

40.15 de la Constitución, toda vez que se

coloca a los usuarios en la obligación de rea-

lizar un pago por un servicio que no están

recibiendo o no han decidido utilizar, solo

con el único interés de beneficiar y proteger

las inversiones económicas de un conjunto de

entidades privadas. Ello implica que en la

referida resolución se anteponen y protegen

los intereses particulares de las prestadoras de

servicios telefónicos sobre los intereses de los

consumidores de dichos servicios.

10.9. De todo lo anterior resulta que el de-

recho a la portabilidad numérica conlleva

a un cargo generalizado que se aplicará

por igual a todos los usuarios de las telefo-

nías, tanto móvil como fija, y sin importar

que hagan uso o no de ese servicio, cuando

lo correcto es que las empresas telefónicas,

por un lado asuman estos costos como par-

te de los gastos de adquisición de clientes

nuevos, y por el otro, teniendo claro que

la portabilidad no solo beneficia al con-

sumidor del servicio, por cuanto ello tiene

por efecto la dinamización de la compe-

tencia, de ahí que las empresas tendrán

que dar mejor servicio y deberán hacer

todo lo posible por mantener sus clientes

y atraer a otros. Por tanto no es razonable

que el cargo de la portabilidad tan solo

deba ser asumida por la generalidad de

los usuarios, independientemente de que

opten o no por hacer uso del servicio a la

portabilidad numérica.

10.10. Es por ello que la resolución ata-

cada deviene en inconstitucional, por

cuanto omite referirse exclusivamente a

los “usuarios que opten por el servicio de

portabilidad numérica”

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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4. IRRACIONABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

CREACIÓN DE PARQUE NACIONAL SIN CONCILIAR INTERESES

DE HABITANTES

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la emisión de un

decreto del Poder Ejecutivo que vulnera el principio de razonabilidad

(art. 40.15 CRD) al disponer la creación de un parque nacional sin

tomar en cuenta las comunidades y familias que residen en el área

en condición de propietarios, ocupantes o simples poseedores, y

colocándolas en una grave situación de vulnerabilidad e incertidumbre.

No resulta proporcional la relación entre el fin procurado por la norma

y el medio empleado.

SENTENCIA TC/0905/18

—Ver en este sentido el

criterio relativo al derecho de protección del medioambiente (art. 67 CRD)—

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el Decreto núm. 371-119, dictado por el Poder Ejecutivo el trece (13) de

junio de dos mil once (2011), que crea el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo,

por vulnerar el principio de razonabilidad contenido en el artículo 40.15 de la

Constitución.

Resumen del caso: Varias asociaciones ligadas a la producción

agrícola y juntas de vecinos residentes en la zona de la Cordillera

Central acudieron ante el Tribunal Constitucional para presentar una

acción directa de inconstitucionalidad en contra del Decreto núm.

- dictado por el Poder Ejecutivo. La norma atacada establece en

esencia la creación del Parque Nacional Manolo Tavárez Justo en la

vertiente norte de la Cordillera Central. Los accionantes entienden

que dicho decreto afecta a un amplio grupo de propietarios de terre-

nos ubicados dentro del área declarada parque nacional.

9 ARTÍCULO 1: Se crea el Parque Nacional Manolo Tavárez Justo en la vertiente norte de la Cordillera

Central, con el propósito de conservar las nacientes o las fuentes acuíferas que alimentan los ríos Bao,

lnoa, Ámina Magua, Cenoví, Cidra, Mao y Guayubín, que alimentan y garantizan la producción de

agua para la Presa de Monción y múltiples proyectos futuros de la misma naturaleza, capaces de generar

riquezas y bienestar para la Línea Noroeste y toda la nación dominicana…

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] el Tribunal Constitucional procederá a

examinar si era necesario la emisión del de-

creto impugnado para alcanzar los objetivos

de la preservación de las cuencas acuíferas

de la Línea Noroeste, la producción de agua

del país y la preservación de los sitios históri-

cos denominados Las Manaclas y Diferencia,

recorridos por Manolo Tavárez Justo y los

compañeros de su gesta libertadora.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 71

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11.13. En lo atinente a la preservación de

las fuentes acuíferas de la zona Noroeste,

conviene precisar que, mediante el Decre-

to núm. 242-94, el Estado dominicano

declaró de utilidad pública e interés social

la adquisición de una extensión de 131.0

km2 de terreno próximo a la cuenca del

Río Mao para la construcción de la Presa

de Monción, con miras al aprovecha-

miento múltiple de los ríos Mao, Jagua,

Bao, Ámina y Guayubín, para garantizar

el abastecimiento de agua potable en la

Línea Noroeste. En igual sentido, la Ley

núm. 202-04, Sectorial de Áreas Prote-

gidas, del treinta (30) de julio de dos mil

cuatro (2004), declaró como reservas fo-

restales los terrenos de Alto Mao y Alto Bao,

ubicados dentro del Parque Nacional José

Armando Bermúdez, el cual fue creado por

la Ley núm. 4389, del diecinueve (19) de

febrero de mil novecientos cincuenta y seis

(1956). Con base en estos razonamientos,

el propósito de preservar amplias zonas

de la cordillera septentrional y sus fuentes

acuíferas ya había sido previsto, tanto por

el Poder Ejecutivo como por el legislador

dominicano, razón por la que este tribu-

nal considera que el decreto impugnado

no era estrictamente indispensable con

esa finalidad, puesto que el Estado podía

adoptar otras medidas de preservación de

esas zonas.

11.14. En cuanto a la creación del Parque

Nacional Manolo Tavárez Justo, para

conmemorar la ruta recorrida por el héroe

nacional, este colegiado estima que el

Decreto núm. 371-11 resulta irrazonable.

Este criterio se basa en que dicha medida

afectó una extensión superficial de trescien-

tos cincuenta y uno punto ochenta y siete

(351.87) kilómetros cuadrados, sin tomar

en consideración las 40 comunidades y los

centenares de familias que habitan en ellas

desde tiempos inmemoriales, en condición

de propietarios, ocupantes o simples posee-

dores, y colocándolas en una grave situación

de vulnerabilidad e incertidumbre.

11.15. Conviene destacar al respecto, que

la afectación de dichos terrenos fue decidi-

da para la preservación de las cuencas acuí-

feras ubicadas en la Línea Noroeste, pero

no incluyó, sin embargo, la integración de

la población que habita la zona a planes

de manejo rigurosamente controlados por

las autoridades que permitiera la explota-

ción racional de los recursos forestales que

garanticen su preservación y repoblación,

al igual que la producción de agua y el

caudal de los ríos, que resultan indispensa-

bles para la supervivencia y el sustento de

las familias dentro del marco del respeto a

la dignidad humana que les garantiza la

Carta Sustantiva.

A diferencia del caso del Plan Sierra, que

cumplió con el objetivo de preservar la

cobertura forestal del municipio San José

de las Matas (y de otros casos análogos),

el Decreto núm. 371-11 no tomó en

consideración la necesidad de conciliar el

interés social de la preservación del medio

ambiente y el derecho al mínimo vital de

las familias que habitan los extensos terre-

nos que habrían de ser intervenidas por

el Estado, las cuales ciertamente merecen

la debida protección en un Estado social y

democrático de derecho.

Tomando en consideración lo antes expuesto,

se impone señalar que para el Estado lograr

un balance entre la convivencia de las

personas y la sostenibilidad de los recursos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

72 | Art. 40

ÍNDICE

naturales, debe actuar con un sentido de

equilibrio, ponderación, equidad y pro-

porcionalidad, a fin de proteger el medio

ambiente, en armonía con los derechos

fundamentales de las personas, tal y como

lo establecen la Constitución y la Ley núm.

202-04, sobre Áreas Protegidas.

11.18. En este orden de ideas, el Tribunal

Constitucional estima que la relación entre

el medio y el fin del impugnado Decreto

núm. 371-11 no resulta proporcional,

puesto que honrar la memoria del héroe

nacional Manolo Tavárez Justo a través de

la creación del parque nacional que lleva

su nombre resulta irrazonable e incompa-

tible con sus ideales de que la población

dominicana alcanzara un nivel de libertad,

de dignidad y de decoro. En efecto, contra-

rio a las aspiraciones de este prohombre

dominicano, la afectación de una excesiva

extensión territorial de un total de 351.87

km2 , en una zona donde habitan más de

cuarenta (40) comunidades integrada por

muchos cientos de familias, ha producido

una grave perturbación de su entorno so-

cial, al haber estas quedado impedidas de

tener a su alcance los recursos naturales que

requiere su desarrollo, de forma sostenible

y equilibrada con el pleno ejercicio de los

derechos de las personas fundamentales que

les asisten. En este sentido, la creación del

Parque Nacional Manolo Tavárez Justo,

en detrimento de la calidad de vida de las

numerosas familias que residen en las zo-

nas afectadas por el Decreto núm. 371-11,

desvirtúa los ideales que inspiraron la vida

del héroe nacional caído, el veintiuno (21)

de diciembre de mil novecientos sesenta y

tres (1963), en la sección Las Manaclas, de

San José de las Matas, procurando contri-

buir a la libertad del pueblo dominicano.

Por tanto, el Tribunal Constitucional

considera que el mencionado Decreto núm.

371-11, dictado por el Poder Ejecutivo el

trece (13) de junio de dos mil once (2011),

resulta inconstitucional por ser contrario

al principio de razonabilidad previsto en

el artículo 40.15 (in fine) de la Constitu-

ción, por contener disposiciones injustas y

desproporcionadas. En consecuencia, este

colegiado tiene el criterio de que procede

declarar la inconstitucionalidad del decre-

to impugnado mediante la presente acción

directa de inconstitucionalidad.

5. IRRACIONABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

INTERVENCIÓN TELEFÓNICA IRREGULAR

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la habilitación de

los organismos de investigación del Estado mediante resolución

para intervenir y acceder sin orden judicial previa a los datos de

tráfico y conexión que resguarden las prestadoras de servicios de

telecomunicaciones en sus sistemas informáticos. Vulneración al

principio de razonabilidad y legalidad previsto en el artículo 40.15.

SENTENCIA TC/0200/13

—Ver en este sentido los criterios relativos al derecho

a la inviolabilidad de las comunicaciones (art. 44.3 CRD) y debido proceso

conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa (art. 69.7 CRD)—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 73

ÍNDICE

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitu-

cionales los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 20 de la Re-

solución núm. 086-11 emitida por el INDOTEL, que aprueba el “Reglamento

para la obtención y preservación de datos e informaciones por parte de los

proveedores de servicios de telecomunicaciones”, por violentar el derecho a la

intimidad en su vertiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación,

el principio de reglamentación e interpretación de los derechos fundamentales,

el principio de razonabilidad, el principio del debido proceso y el principio de

legalidad penal, contenidos en los artículos 40.15, 44.3, 69.7 y 74.2 de la Carta

Sustantiva.

Resumen del caso: Una fundación que vela por los derechos de la

prensa y su libertad de expresión interpuso una acción directa de

inconstitucionalidad en contra de la Resolución núm. - del

INDOTEL. La referida resolución establece aspectos relativos a los

procedimientos de resguardo y acceso a la información, así como

también la intervención de las comunicaciones de los usuarios por

parte de organismos de investigación. Los accionantes indican que

esta normativa viola el derecho a la intimidad de las personas, así

como la inviolabilidad de las comunicaciones.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.7.1.14. En virtud del test de razonabili-

dad que se ha realizado, podemos deducir

que los artículos 1.9, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12,

13, 14, 15, 16 y 17 de la Resolución núm.

086-11, que aprueba el “Reglamento para

la obtención y preservación de datos e in-

formaciones por parte de los proveedores de

servicios de telecomunicaciones”, configura

el establecimiento de un procedimiento

para el acceso directo por parte de los

órganos de investigativos del Estado a

los datos e informaciones relacionadas al

tráfico y conexión de las comunicaciones de

los particulares que estén resguardadas por

los proveedores de los servicios de telecomu-

nicaciones, en medio de las investigaciones

sobre hechos presumiblemente punitivos,

pero omitiendo, para la interposición de

esa medida, la necesaria obtención de la

autorización de un juez competente, por

todo lo cual se puede colegir que si bien el

fin buscado es legítimo no ocurre lo mismo

con la medida, sobre todo cuando esta

última debe ser, además, adecuada para

alcanzar el fin buscado.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

74 | Art. 40

ÍNDICE

6. IRRACIONABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO CARCELARIO A

OTRO

CRITERIO:

Constituye una violación a la seguridad personal el traslado

de un interno de un centro carcelario a otro sin orden escrita motivada

y proveniente de la autoridad competente. Vulneración del artículo

40.12 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0233/13

—Precedente reiterado

en las sentencias TC/0581/15, TC/0086/16, TC/0633/16, TC/0253/17

y TC/0155/21, en esta última la orden fue emitida por una autoridad

competente (Coordinador Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria), pero

fue realizada mediante acto sin motivación alegando motivos de seguridad)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

que se encontraba privada de libertad en un centro carcelario

fue trasladada a otro centro sin autorización del juez que ordenó

mediante sentencia su encarcelamiento. Ante esta situación, la

persona privada de libertad acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo para proteger su derecho fundamental a la

seguridad personal.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

i) El Tribunal Constitucional estima que

el Director General de Prisiones no puede

ordenar el traslado de un interno de un

establecimiento carcelario a otro lugar, al

margen de lo preceptuado por la Constitu-

ción de la República, salvo la declaratoria

de los estados de excepción –estado de con-

moción interior y estado de emergencia–

previstos por dicho texto sustantivo, razón

por la cual se descarta la posibilidad de

éxito de cualquier esfuerzo probatorio que

en tal sentido se realice y sufraga a favor

de que el mismo pueda devenir sin objeto.

j) El derecho a la seguridad personal es un

derecho fundamental que ha sido estatuido

de manera coherente y constante en la

Constitución de la República; de su protec-

ción se encarga al Estado y sus instituciones,

garantizando su pleno imperio de manera

que todo ciudadano pueda alcanzar el

pleno disfrute del mismo, sin restricción ni

dificultad alguna.

k) El referido texto sustantivo expresa en

su artículo 40 que: “toda persona tiene

derecho […] a la seguridad personal. (...)”.

En el ordinal 12, de este mismo artículo 40,

se indica: “queda terminantemente prohi-

bido el traslado de cualquier detenido de

un establecimiento carcelario a otro lugar

sin orden escrita y motivada de autoridad

competente”.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 75

ÍNDICE

7. IRRACIONABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RESTRICCIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la prohibición legal

de importación de mercancías que no tengan el etiquetado en idioma

español. Medida irracional (art. 40.15 CRD) que puede ser regulada

mediante otras medidas menos restrictivas para lograr la protección

adecuada.

SENTENCIA TC/0317/21

—Ver en este sentido el criterio relativo al

derecho de libertad de empresa (art. 50 CRD)—

CRITERIO 2:

Si bien la medida adoptada es necesaria (proteger al

consumidor para que pueda leer en idioma español la etiqueta del

producto y así ejercer el derecho a la información objetiva, veraz y

oportuna), no es la más idónea para alcanzar el fin buscado, por lo que

no ha superado el examen de proporcionalidad.

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal un fragmento del artículo 4110 de la Ley núm. 358-05, de Protección General

de los Derechos del Consumidor o Usuario, aquel que se refiere a la obligación

de exigir el etiquetado o rotulado de los productos de consumo importados, por

lo menos en idioma español.

Resumen del caso: Una organización de empresas acudió ante el

Tribunal Constitucional para presentar una acción directa de incons-

titucionalidad en contra del artículo  de la Ley núm. -, de

Protección General de los Derechos del Consumidor o Usuario. La

norma atacada establece en esencia la prohibición de importación

de mercancías que no tengan etiquetado en idioma español. Los

accionantes entienden que dicha medida es irracional y viola además

el derecho a la libertad de empresa, por lo cual debe ser declarada

inconstitucional.

10 Art. 41.- La Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de

Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR) establecerá mediante reglamento, los plazos mínimos

previos a la fecha de expiración que deberán ser satisfechos para la internación de los bienes perecederos

de origen importado. Este reglamento deberá prever que la Dirección General de Aduanas no autorice

el despacho de importación de productos de consumo que no cumplan con este requisito, que no tengan

registro sanitario, que no tengan fecha de expiración, cuya fecha de expiración se encuentre vencida,

cuyas etiquetas o rotulados no estén por lo menos, en idioma español o que no tengan las advertencias

de salud conforme a las normas vigentes, cuando corresponda.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

76 | Art. 40

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.10. El enunciado que se cuestiona

aparece en el segundo párrafo del artículo

41 de la citada ley núm. 358-05, el cual

señala, en referencia a la regulación que

deberá dictar la administración: …[e]ste

reglamento deberá prever que la Dirección

General de Aduanas no autorice el despacho

de importación de productos de consumo…

cuyas etiquetas o rotulados no estén por lo

menos, en idioma español…”

10.11. El fin buscado por la norma es

garantizar que los productos de consumo

importados cuenten con información en su

etiquetado, por lo menos en idioma español,

en aras de la protección del derecho a la sa-

lud y a la seguridad de la ciudadanía que

los consume. La finalidad de esta medida

es poner a los ciudadanos en condiciones de

contar con información sobre el contenido

y las características de dichos productos,

permitiéndoles verificar su origen, cali-

dad, peso, contenido de sus ingredientes y

componentes, para que puedan realizar

la elección conforme a sus necesidades y

calcular cualquier riesgo previsible.

10.14. En cuanto al medio empleado el

legislador optó por disponer –a través de

un reglamento a cargo de la administra-

ción– que la Dirección General de Adua-

nas (DGA) no autorice el despacho de

importación de productos de consumo cuyo

etiquetado o rotulado no esté, por lo menos,

en idioma español, impidiendo que entren

a la cadena de intermediación y distribu-

ción del mercado, y finalmente, que lleguen

a los consumidores o usuarios, sin cumplir

previamente el mandato del legislador.

10.19. Ahora bien, la citada prohibición

plantea a este tribunal determinar qué

tanto esta medida constituye una restric-

ción de otros derechos fundamentales o

bienes protegidos por la Constitución, si es

necesaria para alcanzar su finalidad, si lo

es entre las menos restrictivas de derechos

como alternativa razonable e igualmente

eficaz para obtener el fin perseguido por el

legislador; en fin, qué tanto puede interfe-

rir en su ámbito normativo.

10.23. Aunque la prohibición a la Dirección

General de Aduanas (DGA), de despachar

los productos de consumo importados que

no satisfacen los citados requisitos, consti-

tuye un mecanismo efectivo para evitar que

estos entren en la cadena de intermediación

y distribución del mercado, llegando al

consumidor final, puede convertirse en una

restricción a las actividades que desarrolla el

sector comercial, lo que en principio justifica

la necesidad de la medida adoptada.

10.25. Ciertamente, para alcanzar dicha

finalidad es necesario una medida de na-

turaleza restrictiva que debe aplicarse en

algunos de los eslabones de la cadena de

trasiego internacional de mercancías, pues

así lo reclama la ejecución del mandato

normativo que implica colocar el etiqueta-

do o rotulado, por lo menos en el idioma

español, a los productos de consumo impor-

tados que entran a las aduanas del país.

10.36.El mecanismo diseñado para preser-

var la salud y seguridad de la población

–a través de la información objetiva, veraz

y oportuna – regulada también en los

instrumentos reglamentarios antes citados,

revela que el desarrollo normativo ha sido

constante en exigir que la comercialización

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 77

ÍNDICE

de bienes y servicios cumpla con el citado

requisito, etiquetado o rotulado en idioma

español, debido a la importancia que

supone para alcanzar su finalidad: la pro-

tección del derecho a la información, salud

y seguridad del consumidor o usuario.

10.40. A partir de esta premisa, este tri-

bunal considera que la medida adoptada

no es la menos restrictiva, entre las alter-

nativas posibles, toda vez que su finalidad

puede alcanzarse por otros medios, es decir,

disponiendo la ejecución de la medida

entre el proceso de despacho de los produc-

tos de consumo importados y la cadena

distribución de los establecimientos comer-

ciales, de manera tal que puedan llegar

al consumidor final con el etiquetado en

idioma español. Por estas razones, si bien

la medida adoptada es necesaria, no es la

más idónea para alcanzar el fin buscado,

por lo que no ha superado el examen de

proporcionalidad.

10.44. Luego de analizar la relación

medio-fin, este tribunal concluye que, si

bien el fin buscado es legítimo, el medio

empleado para satisfacerlo no lo es, en la

medida en que desborda la necesidad de

la medida en relación a la restricción de

otros bienes jurídicos como los derechos a

la libertad de empresa y a los principios del

régimen económico constitucionalmente

protegidos. Por ello, aun cuando estamos

ante una afectación leve provocada por la

actuación normativa, y tratando de preser-

var siempre el principio de separación de

los poderes públicos, la norma cuestionada

resulta contraria a los artículos 40.15 y

74.2 de la Constitución

8. IRRACIONABILIDAD LEGAL DE OTORGAR POTESTADES

DISCRECIONALES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la creación de una

norma que vulnera el principio de legalidad (art. 40.15 CRD) al otorgar

alcance indeterminado y darle facultades genéricas y discrecionales a

la DGII para aplicar medidas conservatorias cuando exista riesgo para

la percepción del pago de los créditos tributarios o de las sanciones

pecuniarias por infracciones.

SENTENCIA TC/0830/18

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional emitió una decisión

interpretativa aditiva en la que se plantea que el inciso 6 del artículo 81 de la

Ley núm. 11-92, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana,

debe tener el siguiente contenido para ser considerado constitucional:

Artículo 81. Cuando exista riesgo para la percepción del pago de los créditos

tributarios o de las sanciones pecuniarias por infracciones, como consecuencia

de la posible desaparición de los bienes sobre los cuales hacer efectivos dichos

créditos o sanciones la Administración Tributaria podrá requerir las siguientes

medidas conservatorias sobre dichos bienes:

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

78 | Art. 40

ÍNDICE

6. Las demás medidas conservatorias que prevé el Código de Procedimiento

Civil11

Resumen del caso: Una empresa decidió presentar ante el Tribunal

Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad en contra

de varios artículos del Código Tributario. Estos artículos establecen

en esencia el procedimiento para el cobro de deudas por concepto

de impuestos y la forma de recurrir administrativamente en caso

de desacuerdo. La parte accionante plantea vulneraciones al debido

proceso administrativo debido a que, si la Dirección General de

Impuestos Internos notifica una supuesta deuda a un contribuyente

y este recurre en reconsideración ante la misma entidad, la cual

confirma la deuda, el contribuyente se ve en la obligación de pagar

o será objeto de un procedimiento de cobro coactivo sin que un

tribunal imparcial e independiente conozca, juzgue y decida sobre la

procedencia o no de dicha deuda.

11 Contenido agregado pro el Tribunal Constitucional.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.41. De conformidad con el artículo 81

del referido texto legal, cuando exista riesgo

para la percepción del pago de los créditos

tributarios o de las sanciones pecuniarias

por infracciones, como consecuencia de la

posible desaparición de los bienes sobre

los cuales hacer efectivos dichos créditos o

sanciones, la administración tributaria

podrá, entre las medidas cautelares (el texto

dice “conservatorias”) sobre los bienes del

deudor, como son el embargo conservatorio,

la retención de bienes muebles, el nom-

bramiento de uno o más interventores, la

fijación de sellos y candados, constituir en

prenda o hipoteca.

10.42. Pero además de las medidas antes

descritas -que el texto revisado dispone de

manera expresa-, también se faculta a la

administración tributaria a instrumentar

“otras medidas conservatorias”.

10.44. En ese mismo orden de ideas, res-

pecto del régimen tributario, el artículo

243 de la Constitución dispone que este se

basa en los principios de legalidad, justicia,

igualdad y equidad para que cada ciuda-

dano y ciudadana pueda cumplir con el

mantenimiento de las cargas públicas.

10.45. Asimismo, el artículo 3.1 de la Ley

núm. 137-11 establece que, en el marco

del respeto al ordenamiento jurídico en su

conjunto, la Administración Pública sirve y

garantiza con objetividad el interés general

y actúa, especialmente en sus relaciones con

las personas, de acuerdo a principios como

el de juridicidad, en cuya virtud toda la

actuación administrativa se somete plena-

mente al ordenamiento jurídico del Estado,

lo que implica sometimiento a pleno a la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 79

ÍNDICE

Constitución y a la ley, reposando allí en

principio de legalidad.

10.48. En este sentido, cuando el inciso

6 del referido artículo 81 del Código

Tributario dispone que la administración

tributaria podrá instrumentar “otras

medidas conservatorias”, crea una norma

con alcance indeterminado que roza con el

principio de seguridad jurídica.

10.49. El principio de seguridad jurídica

es un principio general del derecho trans-

versal a la estructura de un Estado social

y democrático de derecho, que supone

12 Art. 35.- La mujer divorciada no podrá volver a casarse sino diez meses después que el divorcio haya

llegado a ser denitivo, a menos que su nuevo marido sea el mismo de quien se ha divorciado.

garantizar la certeza del ordenamiento

jurídico, motivo por el cual no es com-

pletamente autónomo, sino que va de la

mano con el principio de legalidad, al

cual, como hemos advertido, se somete la

Administración del Estado.

10.50. En este sentido, el Tribunal Cons-

titucional considera que el inciso 6 del

artículo 81 de la Ley núm. 11-92, que

instaura el Código Tributario, no puede

ser conforme con la Constitución al crear

una facultad indeterminada, genérica

y discrecional como la que allí se ha

establecido.

9. IRRACIONABILIDAD LEGAL PARA IMPEDIR EL MATRIMONIO

DE LA MUJER DIVORCIADA

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la prohibición legal a

la mujer divorciada de volver a contraer matrimonio dentro de los diez

meses de haberse divorciado. Esta prohibición buscaba proteger los

derechos de niños, niñas y adolescentes, pero la evolución de la ciencia

y el Estado social y democrático de la actualidad hacen que esa norma

sea irrazonable y que atente contra la dignidad humana de la mujer.

Vulneración al principio de razonabilidad previsto en el artículo 40.15

de la Constitución.

SENTENCIA TC/0070/15

—Ver en este sentido el criterio

relativo a la dignidad humana (art. 38)—

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el artículo 3512 de la Ley núm. 1306-Bis de fecha 21 de mayo de 1937 por vulnerar

la dignidad humana y el principio de razonabilidad, contenidos en los artículos 38 y

40.15, respectivamente, de la Constitución.

Resumen del caso: Una mujer interpuso una acción directa

de inconstitucionalidad en contra del artículo  de la Ley núm.

-Bis. La referida norma establece la prohibición legal a la mujer

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

80 | Art. 40

ÍNDICE

divorciada de volver a contraer matrimonio dentro de los diez meses

de haberse divorciado. La accionante indica que esta normativa viola

sus derechos fundamentales como mujer.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.3. El texto cuestionado impone a la mu-

jer que se divorcia un requisito para poder

casarse de nuevo, no así al hombre, ya que

mientras la mujer se le obliga a esperar

diez meses, el hombre puede hacerlo en el

momento que lo decida. En este caso, sin

embargo, la desigual estaba razonable-

mente justificada, es decir, que estamos en

presencia de una discriminación objetiva,

en razón de que como se explicará en los

párrafos que siguen, al prohibirle a una

mujer casarse antes de que transcurran el

referido plazo pretendía proteger al niño

o niña.

9.4. En efecto, con la prohibición objeto del

análisis lo que se pretendía era evitar que

la mujer llegara al segundo matrimonio en

estado de embarazo, de manera delibera-

da o no, en razón de que se consideró, al

momento de redactar la norma en cuestión,

que tal situación plantearía dificultades en

lo que respecta a la paternidad de la criatu-

ra, dificultades que crearían las condiciones

para el surgimiento de conflictos judiciales

que no solo tendrían consecuencias negati-

vas para la cohesión y la convivencia de la

familia sino que también produciría graves

secuelas psicológicas al niño o niña de que

se trate.

9.6. No obstante lo anterior, el Tribunal

considera que para interpretar adecuada-

mente el texto objeto de control de consti-

tucionalidad, es relevante tomar en cuenta

que el mismo forma parte de una ley que

fue promulgada en el año 1937, época

en la cual no se disponía de los métodos

científicos que sobre la materia se imple-

mentan en la actualidad. De manera que,

si bien la normativa pudo ser viable para

la época en que fue aprobada y publicada,

en la actualidad resulta obsoleta, debido a

los grandes avances tecnológicos y científico

alcanzados por la humanidad.

9.8. En coherencia con lo indicado en el pá-

rrafo anterior, conviene confrontar el texto

objeto de la acción de inconstitucionalidad

que nos ocupa con los principios y valores

constitucionales en los cuales descansa el

Estado Social y Democrático de Derecho

que se organiza y estructura en la Cons-

titución vigente. En particular, el análisis

hermenéutico se abordará teniendo como

parámetro el principio de razonabilidad y

la dignidad humana, valor esencial de las

democracias modernas.

9.12. Nos parece pertinente destacar, que

para el año 1937, fecha de la norma

cuestionada, un litigio en materia de

paternidad representaba un verdadero

trauma, fundamentalmente porque para

la doctrina y jurisprudencia la referida pre-

sunción tenía categoría de dogma, hasta tal

punto que la sola pretensión de cuestionar

la paternidad de un niño o niña nacida

dentro del matrimonio constituía un grave

atentado a la integridad de la familia y

a valores esenciales de la sociedad del mo-

mento. Si bien no podemos afirmar que el

contexto social, cultural y político de hoy es

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 81

ÍNDICE

totalmente distinto, no menos cierto es que

los actores del sistema de administración de

justicia cada día muestran mayor apertura

a la ciencia y a la técnica, hasta tal punto

que existen experiencias en que la referida

presunción de paternidad ha sido superada.

9.13. El cambio de paradigma se sustenta

en la prueba de ADN (siglas del ácido

desoxirribonucleico), método mediante el

cual es posible determinar la paternidad de

un niño o de una niña con una alta pro-

babilidad. Ciertamente, desde el año 1993

es posible identificar al padre genético con

una probabilidad de un 99 %, tomando

muestra del presunto padre y del hijo o hija

e, inclusive, utilizando muestras de hijo o

hija y de los presuntos abuelos paternos.

9.16. En cuanto al medio empleado, resulta

evidente que el mismo no se justifica en la

actualidad, ya que conforme a lo expuesto

anteriormente, para evitar dificultades en

la determinación de la paternidad de una

niña o de un niño existe la referida prueba

de ADN, de manera que no es necesario

condicionar un segundo matrimonio de

la mujer a que espere que transcurra el

plazo de diez meses previsto en la norma

cuestionada.

10. LEGALIDAD DE REGLAMENTACIÓN PARA RESTRINGIR EL

ACCESO A REGISTRO PÚBLICO DE DATOS PERSONALES

CRITERIO:

La aprobación de reglamentos que regulen o restrinjan el

acceso de una base de datos manejada por una institución del Estado

no vulnera el principio de legalidad (art. 40.15 CRD). Es función del

Estado desarrollar el derecho procurando su efectiva protección en

ámbitos prácticos que afecten el orden público y el bienestar general (en

este caso, la alegada libertad de acceder a la información y la restricción

del acceso para proteger el derecho a la intimidad).

SENTENCIA

TC/0430/18

—Ver en este sentido los criterios relativos al derecho a la intimidad

(art. 44 CRD) y al derecho al acceso a la información pública (art. 49 CRD)—

Resumen del caso: La Central de Trabajadores Autónomos

interpuso ante el Tribunal Constitucional una acción directa de

inconstitucionalidad en contra de una norma del reglamento de la

Tesorería de la Seguridad Social (TSS) emitido por el decreto núm.

-. Esta disposición establece esencialmente el tratamiento de

la información de la base de datos que maneja la TSS de cotizantes

(empleadores y trabajadores) del Sistema Dominicano de Seguridad

Social. El accionante plantea que ha solicitado informaciones que

están en dicha base de datos y que al negárselas le están vulnerando

el derecho fundamental de acceso a la información.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

82 | Art. 40

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d. La Central Institucional de Trabaja-

dores Autónomos (CITA) señala en su

acción que al momento de ser decretado el

Reglamento de la Tesorería de la Seguridad

Social no se había aún promulgado la Ley

núm. 200-04, General del Libre Acceso a

la Información, estatuto donde posterior-

mente encuentra asidero jurídico nacional

este derecho. La accionante aduce, de igual

manera, que este reglamento, al incorporar

el inciso que hoy se impugna, «ordena algo

no establecido en la ley 87-01 que establece

el Sistema Dominicano de la Seguridad

Social». No obstante, si bien es cierto que

la ley no estipula limitantes a la publici-

dad de la base de datos, en su artículo 2

contempla la promulgación de una lista

de normas complementarias para regir el

Sistema Dominicano de Seguridad Social,

dentro de las que nombra el Reglamento

de la Tesorería de la Seguridad Social.

En ese mismo sentido, en el párrafo I del

artículo 28 establece: El Consejo Nacional

de Seguridad Social (CNSS) contratará a

una entidad sin fines de lucro denominada

“Patronato de Recaudo e Informática de la

Seguridad Social (PRISS)”, creado exclusi-

vamente para administrar el sistema único

de información y recaudar los recursos fi-

nancieros del SDSS, mediante concesión y

por cuenta de la Tesorería de la Seguridad

Social. […] Las normas complementarias

definirán las funciones del PRISS.

Se puede concluir, entonces, que el regla-

mento impugnado nace por disposición de

la precitada ley, con la facultad de definir

las directrices conferidas a la Tesorería de

la Seguridad Social, que responde a los

«objetivos […] contemplados en la Ley No.

87-01 y sus normas complementarias».

Ante este razonamiento, debemos sentar

la premisa de que el catálogo de derechos

fundamentales que consagra nuestra Nor-

ma Suprema es enunciativo; es decir, que

en su interpretación y reglamentación estos

no tienen carácter limitativo, por lo que no

son excluyentes de otros derechos y garan-

tías de igual naturaleza (artículo 74.1 de

la Constitución)

Por tanto, la vulneración alegada por

el sindicato carece de validez, ya que es

función del Estado desarrollar el derecho

procurando su efectiva protección en ámbi-

tos prácticos que afecten el orden público y

bienestar general.

11. LEGALIDAD DE REGULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA PARA INTERVENIR EN EL SECTOR DE LAS

TELECOMUNICACIONES

CRITERIO:

No se vulnera el principio de legalidad (art. 40.15 CRD)

cuando una institución pública (en este caso, el Instituto Dominicano

de las Telecomunicaciones, INDOTEL) emite una resolución de

regulación para lo cual está habilitada legalmente. INDOTEL posee la

potestad de intervenir en el mercado de las telecomunicaciones y fijar

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 83

ÍNDICE

las tarifas de los servicios, por lo que el ejercicio de dicha potestad se

sustenta precisamente en la existencia de una norma jurídica que lo

faculta a fijar precios máximos y mínimos.

SENTENCIA TC/0847/18

—Ver

en este sentido el criterio previsto en el artículo 50 sobre libertad de empresa—

Resumen del caso: Una empresa decidió presentar ante el Tribunal

Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad en contra

del artículo  (completo) y el anexo B de la Resolución núm. -,

dictada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las

Telecomunicaciones (INDOTEL). En esencia, la norma impugnada

regula aspectos tarifarios de las retransmisiones que hacen los conce-

sionarios del servicio de radiodifusión televisiva. La parte accionante

entiende que al obligar a las empresas de televisión por cable a

retransmitir a los concesionarios de servicios de radiodifusión televi-

siva, impone a empresas como la accionante, a reservar un treinta

por ciento de la capacidad de sus redes y a fijar un valor tope para el

cobro del importe que pueda generar la referida retransmisión, con

lo cual se vulneran los principios de legalidad, libertad de empresa,

razonabilidad de la ley e igualdad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10. 9.1.3. En la especie, se advierte que

la Ley núm. 153-98, reconoce en su artí-

culo 40.1, la potestad reglamentaria del

INDOTEL para regular las tarifas por los

servicios de telecomunicaciones, por lo que

se cumple con la dimensión material del

principio de legalidad: una actuación de

un órgano de la administración amparada

en un texto legal.

9.1.4. Además, este Tribunal arriba a estas

conclusiones al observar que es la propia

Ley núm. 153-98 la que con claridad esta-

blece que “los servicios de difusión se regirán

esencialmente por la presente Ley y por los

reglamentos que apruebe el órgano regula-

dor” (artículo 70), así como que “el órgano

regulador aprobará los correspondientes

reglamentos de Prestación del Servicio para

cada modalidad de servicio de difusión”

(artículo 72). Respecto al contenido de

los mismos, el propio artículo 72 establece,

entre otros aspectos que versarán sobre su

naturaleza y régimen jurídico, así como so-

bre los servicios portadores. Finalmente, no

es ocioso recordar que en el artículo 30 se

sujeta a los concesionarios a determinadas

“obligaciones generales”, entre las que se

encuentra la sujeción a tales reglamentos y

resoluciones, de modo que es la propia Ley

la que remite al órgano regulador el deber

de organizar estos aspectos.

9.1.5. Finalmente, en lo relativo a la di-

mensión formal del principio de legalidad,

es decir, si al dictarse el reglamento im-

pugnado, el INDOTEL infringió la Ley

núm. 153-98, al impedirse el cobro de un

monto mayor al que señala la resolución

impugnada, este Tribunal ha podido

constatar en ese sentido que el artículo

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

84 | Art. 40

ÍNDICE

40.1 de la referida Ley núm. 153-98, le

otorga al INDOTEL la potestad legal de

fijar una tarifa especifica por los servicios

que brindan las prestadoras de servicio de

telecomunicaciones en el país. En efecto,

dicho texto legal señala: “En los casos en

que el órgano regulador deba intervenir

en la fijación de tarifas por las causas

previstas en el artículo anterior, dichas ta-

rifas se fijarán tomando como parámetro

los costos, incluyendo una remuneración

razonable de la inversión, calculados de

acuerdo a lo que establezca el “Reglamen-

to de tarifas y costos de servicios”. Como se

observa, INDOTEL posee la potestad de

intervenir en el mercado de las telecomu-

nicaciones y fijar las tarifas de los servicios,

por lo que el ejercicio de dicha potestad se

sustenta precisamente en la existencia de

una norma jurídica que le faculta a fijar

topes máximos y mínimos conforme al cri-

terio del propio INDOTEL como órgano

rector del sistema de las telecomunicacio-

nes, tomando como parámetro los costos de

inversión. Por ende, no puede configurar-

se en modo alguno violación al principio

de legalidad al ejercer INDOTEL dicha

facultad derivada de la Ley núm. 153-98.

Razón por la cual se rechaza el presente

medio de inconstitucionalidad.

12. RAZONABILIDAD LEGAL: CREACIÓN DE MECANISMO

INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN DE

RECURSOS

CRITERIO:

No se vulnera el principio de razonabilidad (art. 40.15

CRD) cuando el legislador establece mediante ley la creación de un

mecanismo institucional (Consejo Provincial para la Administración

de los Fondos Mineros) que garantice la distribución equitativa de

recursos entre los respectivos municipios y distritos municipales.

SENTENCIA TC/0391/21

CRITERIO 2:

No se vulnera ni se desconoce la autonomía de los

municipios y gobiernos locales al instaurar un consejo provincial para

administrar los recursos provenientes de la explotación de yacimientos

entre todos los municipios y distritos municipales que conforman

la provincia. Ausencia de competencia exclusiva del municipio para

regular y disponer lo concerniente a recursos provenientes de la

explotación de los yacimientos.

Resumen del caso: Un señor decidió presentar ante el Tribunal

Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad en

contra de la Ley núm. -, que crea el Consejo Provincial para

la Administración de los Fondos Mineros. La norma en esencia

establece la creación de dicho consejo con la finalidad de administrar

los fondos que recibirá la provincia en virtud del contrato especial

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 85

ÍNDICE

de arrendamiento con la compañía Placer Dome y de lo establecido

en la Ley No. -, General sobre Medio Ambiente y Recursos

Naturales. El accionante plantea que se pretende crear un organismo

provincial que invade las competencias y limita los derechos estableci-

dos por el legislador constituyente a los municipios, así como lesiona

su patrimonio y autonomía constitucionalmente protegidos, al hacer

esto desconoce que el municipio es la base del sistema político local,

desconoce su autonomía presupuestaria y el goce de su patrimonio.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

m. Veremos en lo adelante si esta legisla-

ción, con la creación de este órgano pro-

vincial, al disponer la administración de

los fondos mineros y su distribución entre

los diferentes municipios que integran la

provincia Sánchez Ramírez, ha interferido

en las atribuciones competenciales y en

la autonomía municipal, como afirma el

accionante…

o. La creación del Consejo Provincial para

la Administración de los Fondos Mineros

(FOMISAR) tiene como antecedente la

necesidad de la administración de los re-

cursos provenientes del referido contrato de

explotación minera, pues como se advierte

en la redacción de la misma ley, la explo-

tación de los yacimientos no es exclusiva de

una de las unidades administrativas que

integran la provincia Sánchez Ramírez,

sino que corresponde a varios municipios,

a los distritos municipales y a los respectivos

parajes de esa demarcación territorial.

p. La administración de los citados recursos

económicos y la división político-adminis-

trativa de la provincia Sánchez Ramírez

planteó para el Estado dominicano la crea-

ción de un mecanismo institucional que

pudiera afrontar, con cierta efectividad, las

cuestiones de operatividad que supone su

distribución entre los distintos municipios

y los distritos municipales de esa provincia,

para garantizar que sean utilizados en be-

neficio de todas las comunidades afectadas

por la explotación minera.

v. En ese sentido, si bien el artículo 117 de

la Ley núm. 64-00, establece que cuando

se trate de recursos naturales no renovables,

él o los municipios donde esté ubicada

dicha explotación, recibirán el cinco por

ciento (5 %) de los beneficios netos gene-

rados, la regulación constitucional sobre la

materia no se refiere en forma concreta al

municipio, sino a la nación y a las provin-

cias donde se encuentran dichos recursos, es

decir, que estamos ante una previsión de la

Constitución que resulta más amplia que

la prevista en la referida ley.

cc. En ese sentido, si bien la autonomía de los

órganos municipales constituye una garantía

constitucional que –en esencia –impide que

pueda ser desconocida, vaciada de contenido,

o bien llegar a ser suprimida, como lo esta-

bleció este tribunal (TC/152/13), debemos

precisar que esta institución no atribuye

una forma concreta de competencia de

los órganos locales, sino un mecanismo de

transferencia de competencia y de estimular

la descentralización territorial en el contexto

de una república unitaria”.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

86 | Art. 40

ÍNDICE

kk. En cuanto al fin buscado por la nor-

ma, se infiere que la Ley núm. 91-05, es

la correcta administración de los recursos

provenientes del referido contrato suscrito

por el Estado dominicano con la empresa

Placer Dome y la Rosario Dominicana,

con relación a la explotación de los yaci-

mientos mineros de la provincia Sánchez

Ramírez, y la distribución equitativa

entre los municipales y los respectivos

parajes de esa demarcación territorial,

tomando en consideración su densidad

poblacional.

ll. La comentada ley también establece

que los fondos serán invertidos en obras y

programas en beneficio de las comunidades

de la provincia Sánchez Ramírez, cuya

contratación se hará mediante licitación

pública, previo estudio de impacto, con

excepción de aquellas con un costo menor

de $3,000.000.00 pesos dominicanos,

siempre que lo disponga dos terceras partes

de los miembros de la asamblea del Consejo,

destacando que esta iniciativa contribuye

al bienestar de todos los municipios que

integran la provincia. De manera que, el

fin buscado por la norma está acorde con

el nivel de protección constitucional dis-

puesto para el desarrollo de las provincias

donde se explotan los recursos naturales no

renovables.

pp. Así que, el órgano provincial para ad-

ministrar los fondos mineros, provenientes

del contrato especial de arrendamiento an-

tes señalado, ha establecido un mecanismo

de distribución que toma en cuenta aspectos

relevantes de equidad, como la densidad

poblacional de los municipios y parajes que

conforman la provincia Sánchez Ramírez,

precisando que dichos fondos serán utiliza-

dos en obras para el desarrollo de los muni-

cipios aledaños a la zona de explotación del

yacimiento, entendiéndose como tales, a las

comunidades ubicadas en las proximidades

de la mina, los municipios Cotuí, Cevicos,

Fantino y Villa La Mata, así como sus

distritos municipales La Cueva, Angelina

y La Bija, y sus respectivos parajes (art 3,

literal b), Ley 91-05).

rr. En ese sentido, este colegiado considera

que el medio utilizado por la norma para

obtener el fin buscado, la creación del indi-

cado consejo provincial constituye una he-

rramienta útil para asegurar la adecuada

administración y distribución de los fondos

provenientes de la explotación minera

de la provincia Sánchez Ramírez, en la

medida en que la Constitución prevé que

los beneficios percibidos por dicho concepto,

serán destinados al desarrollo de la nación

y de las provincias donde se encuentren, no

exclusivamente a los municipios.

13. RAZONABILIDAD LEGAL: FACULTAD DE INTERVENIR

COOPERATIVAS

CRITERIO:

Es una medida razonable la previsión legal de facultar a una

institución pública (en este caso, el Instituto de Desarrollo y Crédito

Cooperativo, IDECOOP) para que intervenga, supervise y, en caso de

ser necesario, proceda a disolver una cooperativa previa comprobación

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 87

ÍNDICE

de irregularidades operacionales que perjudiquen los intereses de socios

y accionistas. Aplicación del principio de razonabilidad previsto por el

artículo 40.15 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0066/18

Resumen del caso: Una cooperativa presentó ante el Tribunal

Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad en contra

de dos artículos de la Ley núm. - que rige las cooperativas. La

parte accionante plantea que dichos artículos no respetan el princi-

pio de razonabilidad al darle al IDECOOP la facultad de intervenir

y hasta disolver una cooperativa sin observar el procedimiento legal

de corrección de irregularidades.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] los artículos 161, 162 y párrafo del

reglamento impugnado establecen el proce-

dimiento a seguir cuando el Departamento

de Fiscalización del IDECOOP haya com-

probado una irregularidad que ponga en

peligro la estabilidad económica y social de

una cooperativa. Disponen, además, que la

intervención de este órgano será provisional

[(no mayor de seis (6) meses], y en todo caso,

la misma durará hasta tanto sea convocada

la Asamblea General de la cooperativa inter-

venida. Por último, disponen que en caso de

no ser posible convocar a dicha Asamblea, el

IDECOOP procederá a liquidar la coopera-

tiva intervenida. 11.6. Es decir, se trata de

implementar un control sobre las asociaciones

cooperativas para supervisarlas cuando sean

detectadas anomalías en su funcionamiento,

esto así con el objetivo de impedir el fraude

en contra de los socios. En tal sentido, se

advierte que dichos textos legales persiguen

que el Estado garantice la viabilidad y buen

funcionamiento de las asociaciones coopera-

tivas que operan en el país, a través del ór-

gano rector del cooperativismo en República

Dominicana, el IDECCOP, órgano admi-

nistrativo creado para tales fines, dotando al

Estado de un medio propicio para intervenir

la asociación cooperativa en la cual se haya

comprobado la comisión de irregularidades

operacionales, que de no ser resueltas por la

Asamblea General, conllevaría un proceso

de liquidación por parte del IDECOOP.

11.7. Lo dispuesto por el Reglamento en los

artículos 161, 162 y el párrafo de este último,

en cuanto a permitir la intervención del

IDECOOP, es cónsono con lo dispuesto en el

artículo 67 de la Ley núm. 127-64, ya que

ambas normas disponen de manera faculta-

tiva la celebración de la asamblea general de

las cooperativas, de lo que se infiere que la

intervención del IDECOOP dependerá del

nivel de irregularidades que se observen y

que dicha intervención solo podrá durar seis

(6) meses tiempo en el cual deberá convocar

la asamblea, mientras que el párrafo del

artículo 162 del Reglamento establece que,

en el caso de no ser posible la convocatoria de

la asamblea, por el grado de desintegración

existente, se procederá a su liquidación, lo

que significa que esta solamente procederá

cuando no es posible realizar la asamblea,

lo que este tribunal considera es justo y útil

a la comunidad, en tanto está orientado a

proteger los intereses de los socios o accionistas

de las asociaciones cooperativas que operan

en el país.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

88 | Art. 40

ÍNDICE

[…] este tribunal considera que el medio

utilizado, es decir el reglamento impugnado

mediante la presente acción, específicamente

sus artículos 161, 162 y su párrafo, son

propicios y oportunos para lograr el fin u

objetivo procurado por el Estado, que es

contar en el ordenamiento jurídico con un

mecanismo que le permita supervisar las

actuaciones de las asociaciones cooperativas

e intervenir las mismas cuando se demues-

tren irregularidades en sus actuaciones o la

comisión de fraudes en prejuicio de sus socios.

11.13. Por lo anteriormente expresado, se pue-

de concluir que las normas impugnadas no

son irrazonables ni desproporcionadas como

alega la accionante, por lo que este tribunal

entiende que las mismas no vulneran el con-

tenido del artículo 40.15 de la Constitución,

pues dichos textos disponen algo justo y útil

para la comunidad que lo constituye el interés

de satisfacer un interés social consistente en

garantizar a los socios de una cooperativa la

seguridad y preservación de sus ahorros, tal y

como ha sido demostrado. En conclusión, el

fin perseguido por la norma, por medio de

los artículos 161, 162 y párrafo impugnados,

y la relación entre ambos resulta razonable,

proporcional, idónea, necesaria y útil…

14. RAZONABILIDAD LEGAL: LIMITACIÓN DE LA IMPORTACIÓN DE

VEHÍCULOS

CRITERIO:

La limitación legal de importación de vehículos de motor

usados constituye una medida razonable (principio de razonabilidad

previsto en el art. 40.15 CRD) y es cónsona con la protección del

medioambiente, así como con el ahorro de divisas por concepto de

importación de combustibles, partes y repuestos.

SENTENCIA TC/0573/19

Resumen del caso: Una asociación de importación de vehículos

usados presentó ante el Tribunal Constitucional una acción directa

de inconstitucionalidad contra el artículo  de la Ley núm. -, que

modifica el artículo  de la Ley núm. -, sobre Rectificación

Fiscal. Esta norma establece en esencia la prohibición o limitación de

la importación de vehículos que tengan más de  años de fabricación.

La parte accionante entiende que esa medida debe ser declarada

inconstitucional por ser irrazonable y por violar su derecho a la

libertad de empresa.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.1.3. En lo que respecta al primer criterio

del test de razonabilidad, el análisis del

fin buscado por la medida, este colegiado

constitucional estima que el fin buscado

por la medida es prohibir la entrada a

República Dominicana de vehículos li-

vianos que excedan los cinco (5) años de

fabricación, para proteger y conservar el

medio ambiente y disminuir el impacto

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 89

ÍNDICE

ambiental que estos suponen en virtud de

tratados y convenios de los cuales el país es

signatario –como el Protocolo de Kioto, el

Acuerdo de París, el Convenio de Viena

para la Protección de la Capa de Ozono y

el Protocolo de Montreal Relativo a las Sus-

tancias Agotadoras de la Capa de Ozono

y el Convenio sobre Diversidad Biológica,

cuyos objetivos van encaminados a la crea-

ción y aplicación de medidas que le hagan

frente al cambio climático, asumiendo

compromisos a todos los niveles de gobierno

a los fines de garantizar la preservación de

especies y ecosistemas que se ven afectados

por las actividades del ser humano y pro-

curando reducir las emisiones de gases que

provocan el calentamiento global– por lo

que resulta ser un fin razonable y constitu-

cionalmente legítimo.

9.1.4. En cuanto al segundo criterio del test

de razonabilidad, es decir, el análisis del

medio empleado, este tribunal considera

que la Ley núm. 4-07 es idónea y necesaria,

pues aunque es cierto que el Estado cuenta

con otros mecanismos para promover la

protección del medio ambiente en lo que

respecta al parque vehicular en el país, es

también cierto que los vehículos nuevos

conllevan un menor consumo y quema de

combustible, así como diseños más moder-

nos que les permiten tener un mayor rendi-

miento que aquellos de más edad, lo que se

traduce en un menor impacto ambiental

por parte de estos y la reducción de la

edad de la flota de vehículos de República

dominicana.

9.1.5. En lo que respecta a los vehículos

pesados, el legislador –en consonancia con

los lineamientos del Tratado DR-CAFTA–

permite su importación con hasta cinco

(5) toneladas de peso y quince (15) años

de fabricación. En este sentido, el Tribunal

Constitucional considera que dicho permiso

se fundamenta en el hecho de que la impor-

tación de este tipo de vehículos de ninguna

manera sobrepasaría la importación de

vehículos livianos destinados a uso personal

y de transporte de pasajeros, pues el uso que

se les da es netamente empresarial y, por

lo tanto, tiene una connotación económica

que se traduce en beneficio para el país.

9.1.6. De lo anterior se concluye que con

respecto a los vehículos livianos y pesados

la norma es idónea, necesaria y razonable.

9.1.7. En cuanto al tercer criterio del test

de razonabilidad, a saber, el análisis de

la relación entre el medio y el fin buscado,

como ya se ha dicho, el fin del legislador

es la prohibición a la importación de

automóviles y demás vehículos con más

de cinco (5) años de uso y de los vehículos

pesados con hasta cinco (5) toneladas de

peso y quince (15) años de fabricación, a

los fines de proteger y conservar el medio

ambiente, así como el ahorro de divisas por

concepto de la importación de combustibles,

partes y repuestos y el medio empleado para

la obtención de ese fin fue la creación de la

Ley núm. 4-07.

9.1.8. En ese sentido, el Tribunal

Constitucional estima que, tomando en

consideración que [D]e la cantidad total

de vehículos de motor registrados a di-

ciembre de 2017, el 54.6% corresponde a

motocicletas, el 21.1% a los automóviles,

los vehículos de carga y jeeps ambos con

10.2% y el 3.8% restante se distribuye

entre autobuses, máquinas pesadas, volteos

y otros, 18 es prudente la medida tomada

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

90 | Art. 40

ÍNDICE

por el legislador, pues los vehículos livianos

y pesados representan el segundo y tercer

lugar de la flota vehicular de República

Dominicana respectivamente, y por tanto,

la reducción de la edad de esta tiene un

impacto positivo en el medio ambiente. De

ello se puede concluir que la disposición

resulta idónea, necesaria y razonable, y por

lo tanto, el argumento del accionante debe

ser rechazado.

15. RAZONABILIDAD LEGAL: SANCIONES POR MORA TRIBUTARIA

CRITERIO:

El establecimiento legal de sanciones por mora en materia

tributaria constituye una medida razonable (principio de razonabilidad

previsto en el art. 40.15 CRD) y obedece a la implementación de un

régimen de consecuencias que pretende constituirse en un medio de

disuasión de la conducta omisiva, que es la mora.

SENTENCIA TC/0247/21

Resumen del caso: Un señor presentó ante el Tribunal Constitucional

una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo  de la

Ley núm. -, que aprueba el Código Tributario, modificado por la

Ley núm. -. Esta norma establece en esencia la sanción por mora

ante la omisión del cumplimiento de obligaciones tributarias. El accio-

nante plantea que dicha norma es irracional y vulnera la Constitución.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. En lo que respecta al primer criterio del

test de razonabilidad, a saber, el análisis del

fin buscado por la medida; este colegiado

constitucional estima que el fin buscado por

esta disposición legal, contenida en la Sección

V relativa a las Infracciones Tributarias, que

a su vez está contenido en el Capítulo XIII

de las Infracciones Tributarias, no es de la

recolección original de tributos o impuestos,

sino la de ser parte de un sistema de medidas

llamadas a establecer un régimen de conse-

cuencias, en el caso particular de la norma

impugnada, relativa a intereses y recargos

por pago fuera de plazo, que no persigue más

que constituirse en un sistema de un medio

de disuasión de la conducta omisiva, que es

la mora. A su vez, esta disposición equilibra

el ingreso dejado de percibir oportunamente

por el Estado dominicano. Este Colegiado

estima que el mismo resulta ser un fin acer-

tado y constitucionalmente legítimo.

d. En cuanto al segundo criterio del test

de razonabilidad, es decir, el análisis del

medio empleado, se colige que el legislador,

para lograr el fin buscado por la medida,

ha dispuesto en el artículo impugnado la

aplicación de un recargo de un 10% en el

primer mes o fracción de mes y un 4% adi-

cional por cada mes o fracción de mes subsi-

guiente. Que como se puede observar existe

un primer recargo significativo calculado

con base en una tasa de un 10%, es decir,

una fracción del monto original, que sigue

generando mora cada mes, por una fracción

mensual más disminuida. De manera que,

al poder establecer recargo, y elegir un monto

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 91

ÍNDICE

que rodea el 10% una única vez, y un 4%

por cada mes de retraso, el legislador se ha

mantenido en un porcentaje que no excede

lo racional del medio empleado. Por lo que

este Tribunal estima que el medio empleado

resulta ser razonable.

e. En cuanto al tercer criterio del test de

razonabilidad, a saber, el análisis de la

relación entre el medio y el fin buscado;

como ya se ha dicho, el fin del legislador

es generar un medio de disuasión de la

conducta omisiva y equilibrar el ingreso

dejado de percibir oportunamente por el

Estado dominicano, para lo cual se ha op-

tado por establecer un sistema de intereses y

recargos por pagos fuera de plazo con base

en una cuota única de un 10%, y cuotas

mensuales de un 4%.

h. En otro orden, respecto de los denominados

niveles alarmantes en cuanto al incremento

que se generan, que en dos años se duplican,

y sigue subiendo de manera indefinida, este

tribunal advierte que para que la regla

tributaria de que se trata sea efectiva, se

requiere que el legislador observe que resulta

conveniente que el sistema que se establezca

sea lo suficientemente disuasivo frente a

cualquier cálculo financiero que pueda

hacer el sujeto pasivo para postergar el pago

de sus tributos porque le resulte ventajoso

desde la perspectiva financiera. Tanto desde

el punto de vista del incumplimiento inicial,

como del incumplimiento prolongado. En

ese sentido, pretender un tope, no más allá

del 50% del monto original, pasado uno o

dos años, puede generar la ineficacia del ele-

mento disuasivo una vez pasado dicho plazo.

16. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ASESORÍA LEGAL INMEDIATA AL

PRIVADO DE LIBERTAD

CRITERIO:

Se vulnera el derecho de una persona privada de libertad

a recibir asistencia legal inmediata cuando se restringe de manera

arbitraria el acceso al recinto de abogados. Violación del artículo

40.4 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0018/12

—Precedente reiterado

mediante sentencia TC/0305/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando varios abogados

que pertenecen a la Oficina Nacional de Defensa Pública intentaron

ingresar a un recinto carcelario, pero las autoridades del centro de

detención les negaron el acceso. Ante esta negativa, los abogados

acuden a la jurisdicción constitucional.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

a) Ha quedado establecido, mediante el

acto No. 1095/2011, de fecha treinta (30)

de diciembre del 2011, instrumentado

y notificado por el ministerial Manuel

Ariel Merán Abreu: 1) que los accionantes

acudieron ante el juez de amparo porque

no se les permitió acceso al referido recinto

de detención; 2) que, en consecuencia, no

pudieron ejercer su labor de asistencia

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

92 | Art. 40

ÍNDICE

legal en beneficio de las personas detenidas

que carecían de los recursos para pagar

los gastos y honorarios del proceso; 3) que

un sargento de la Policía Nacional que

custodiaba los detenidos condicionó su

entrada a dicho recinto a la presentación

de una orden escrita del Procurador Fis-

cal del Distrito Judicial Duarte; 4) que

los accionantes imputan la prohibición

de acceso al referido recinto carcelario al

Procurador Fiscal del Distrito Judicial

Duarte; 5) que, según el agente policial

encargado de la custodia de los detenidos,

dicho Procurador Fiscal condicionaba la

entrada de los defensores públicos al recinto

a la presentación de una autorización suya;

6) que este funcionario negó haber cometi-

do dicho hecho, sosteniendo que se limitó

exigir el cumplimiento de “reglas sencillas y

prácticas”, a fin de garantizar la seguridad

de las personas privadas de libertad; y 7)

que, sin embargo, el indicado funcionario

no dio a conocer dichas reglas.

b) Asimismo, se ha comprobado fehacien-

temente: 1) que la referida exigencia del

Procurador Fiscal viola el derecho de todo

detenido a recibir asistencia legal inmedia-

ta, conforme a lo dispuesto por el artículo

40.4 de la Constitución, el artículo 8.2 de

la Convención Americana de Derechos Hu-

manos y los artículos 95 y 111 del Código

Procesal Penal; 2) que esa prerrogativa, a

su vez, forma parte integrante del derecho

de defensa de toda persona a la que se le

imputa una infracción, según establece el

artículo 69.4 de la Constitución; 3) que,

en tal sentido, el Procurador Fiscal del Dis-

trito Judicial Duarte ha incurrido en una

infracción constitucional, al contravenir

“valores, principios y reglas contenidos en

la Constitución y en los tratados interna-

cionales sobre derechos humanos suscritos

y ratificados por la República Dominica-

na”, cuya sanción incumbe al Tribunal

Constitucional, de conformidad a lo que

disponen los artículos 5 y 6 de la referida

Ley 137-116; y 4) que el mantenimiento

de esa formalidad, de parte del menciona-

do Procurador Fiscal, conculca las normas

constitucionales y legales indicadas, cada

vez que la falta de localización del Procu-

rador Fiscal impida la comunicación de un

defensor público con un detenido.

c) Ante tales circunstancias, el Tribunal

Constitucional estima que, con relación al

recinto de detención de referencia, consti-

tuye una notoria anomalía la carencia de

un protocolo de regulación de entradas y

salidas de defensores públicos y abogados

interesados en prestar servicios profesio-

nales a los detenidos. Y que para resolver

la situación descrita resulta recomendable,

por tanto, que todos los recintos de deten-

ción localizados en los palacios de justicia

y en los establecimientos policiales cuenten

con un protocolo que regule las entradas

y salidas de los defensores públicos y

abogados.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 93

ÍNDICE

17. VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD PENAL

PERSONAL

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la responsabilidad

penal prevista legalmente para los directores por un delito cometido

por un periodista en el ejercicio de su profesión y encontrándose bajo

su supervisión. La responsabilidad penal es personal; no se aplica la

responsabilidad en cascada. Violación del principio de personalidad

de la pena previsto en el artículo 40.14 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0075/16

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 4813 de la Ley núm. 6132 sobre Expresión y

Difusión del Pensamiento, por violentar el artículo 13 de la Convención Interamericana

de los Derechos Humanos (la cual está habilitada por los artículos 26.1 y 74.3 de la

Constitución).

13 Artículo 30.- La difamación cometida por uno de los medios enunciados en los artículos 23 y 29 en

perjuicio de las Cortes y Tribunales, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de las Cámaras

Legislativas, de los Ayuntamientos y otras instituciones del Estado, será castigada con pena de prisión

de un mes a un año y con multa de RD$ 50.00 a RD$ 500.00, o con una sola de estas dos penas. Artículo

31.- Se castiga con la misma pena establecida en el artículo 30 la difamación cometida por los medios

anunciados en los artículos 23 y 29 en perjuicio: a) De uno o más miembros del Gabinete; b) De uno

o más miembros de las Cámaras legislativas; c) De uno o más funcionarios públicos; d) De uno o más

depositarios o agentes de la autoridad pública; e) De uno o más ciudadanos encargados de algún servicio

o de un mandato ocial, temporero o permanente; f) De un testigo en razón de su deposición. Este

artículo sólo se aplica a la difamación cometida en razón de las funciones o calidad de las personas a

quienes se considere agraviadas. Artículo 34.- La injuria cometida por los mismos medios en perjuicio

de los organismos o personas designados por los artículos 30 y 31 de la presente ley se castigará con

pena de seis días a tres meses de prisión y con multa de RD$ 6.00 a RD$ 60.00 o con una sola de

estas dos penas. Artículo 37.- La verdad del hecho difamatorio, pero solo cuando se relaciona con las

funciones que desempeña el organismo o persona alegadamente agraviada podrá establecerse por todos

los medios de prueba en el caso de imputaciones contra los Poderes constituidos, Fuerzas Armadas,

la Policía Nacional, las instituciones públicas y contra las personas enumeradas en el artículo 31. La

verdad de las imputaciones difamatorias e injuriosas podrá establecerse asimismo contra los directores

o administradores de toda empresa industrial, comercial o nanciera que solicite públicamente ahorros

o créditos. Igualmente puede probarse siempre la verdad de los hechos alegadamente difamatorios salvo:

a) Cuando la imputación concierne a la vida privada de una o más personas; b) Cuando la imputación

se reere a un hecho que constituye una infracción amnistiada o prescrita, o que ha dado lugar a

una condena borrada por la rehabilitación o por la revisión, siempre que la persona a quien se hace

la imputación no esté acusada o condenada por nuevos crímenes o delitos. En los casos previstos en

el apartado que antecede queda reservada la prueba en contrario. Si se produce la prueba del hecho

difamatorio, se rechazará la querella contra el prevenido. En cualquier otra circunstancia y en la que

concierne a cualquiera otra persona no calicada por esta ley, cuando el hecho que le sea imputado

estuviera siendo objeto de procedimientos judiciales iniciados a requerimiento del ministerio público o

bien fuere objeto de una querella por parte del propio prevenido, se sobreseerán durante la instrucción

y vista de la causa, la persecución y el fallo del delito de difamación. Artículo 46.- Serán pasibles, como

autores principales de las penas que constituyen la represión de los crímenes y delitos cometidos por

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

94 | Art. 40

ÍNDICE

Resumen del caso: Se trata de una acción directa de inconstitucio-

nalidad interpuesta por varios directores de medios de comunicación

en contra de varias disposiciones contenidas tanto en el Código Penal

Dominicano como en la Ley núm.  sobre Expresión y Difusión

del Pensamiento. Estas normas regulan en esencia lo relativo a los

delitos de difamación e injuria y delito de prensa, respectivamente.

Los accionantes entienden que las referidas normas vulneran el

principio de responsabilidad penal personal.

la vía de la prensa, las personas señaladas en el orden indicado más adelante: 1.- Los directores de

publicaciones o editores, cualesquiera que sean sus profesiones o sus denominaciones, y en los casos

previstos en el segundo párrafo del artículo 4, los substitutos de los directores. 2.- A falta de directores,

substitutos o editores, los autores; 3.- A falta de los autores los impresores; 4.- A falta de los impresores,

los vendedores, los distribuidores, los exhibidores de películas, los locutores y los jadores de carteles.

En los casos previstos en el segundo apartado del artículo 4, la responsabilidad subsidiaria recaerá en

las personas a que hacen alusión los apartados 2do., 3ro., y 4to. del presente artículo como si no hubiera

director de la publicación. Cuando la violación a la presente ley se realice mediante un anuncio, aviso

o publicación pagada, aparecido en una publicación o transmitido por radio o televisión se considera

como autor del mismo a la persona física o a los representantes autorizados de la entidad o corporación

que lo ordene, quienes incurrirán en la responsabilidad jada en el apartado 2 de este artículo. Todo

anuncio que no sea estrictamente comercial debe ser publicado o difundido bajo la responsabilidad

de una persona determinada. Artículo 47.- Cuando los directores o sus substitutos, o los editores sean

puestos en causa, los autores serán perseguidos como cómplices. También serán perseguidos, al mismo

título y en todos los casos, las personas a las cuales se pueda aplicar el artículo 60 del Código Penal. Sin

embargo, los impresores podrán ser perseguidos como cómplices si la responsabilidad penal del director

o su substituto es pronunciada por los tribunales. En ese caso, las persecuciones serán iniciadas en el

curso de los dos meses siguientes a la comisión del delito o, a más tardar, en el curso de los dos meses

siguientes a la comprobación judicial de la responsabilidad del director o del substituto. Artículo 48.-

Los propietarios de periódicos o escritos periódicos son responsables de las condenaciones pecuniarias

pronunciadas en provecho de terceros contra las personas designadas en los dos artículos precedentes,

de conformidad con los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1.1. Los accionantes plantean la incons-

titucionalidad de los artículos 46, 47, 48 de

la Ley No. 6132, sobre Expresión y Difusión

del Pensamiento, alegando que esas disposi-

ciones estructuran la implementación de un

régimen sancionatorio que atribuye respon-

sabilidad por el hecho de otro a los directores

de medios de comunicación, el cual violenta

el principio de la personalidad de la pena

dispuesto en los artículos 38, 40.8 y 40.14

de la Constitución y 5.3 de la Convención

Interamericana de Derechos Humanos.

10.1.3. Como vemos, en virtud de la Ley

núm. 6132, la prensa escrita está provista

de un régimen subsidiario o en cascada

de responsabilidad penal, en el cual, el

director de la publicación es señalado au-

tor principal de los delitos en que pudiere

incurrir un periodista en el ejercicio de su

profesión y encontrándose bajo su supervi-

sión. 10.1.4. De esta forma, los artículos

46 y 47 de la Ley 6132, imputan a los

directores de medios de comunicación un

nivel de responsabilidad penal sin que se

exija de estos un grado de culpabilidad en

el hecho de la difamación o injuria pro-

ferida. Esto evidencia una responsabilidad

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 40 | 95

ÍNDICE

en el hecho de otro. Dicha presunción de

responsabilidad resulta arbitraria, toda

vez que se persigue como autor principal

a un director por el hecho de un periodista,

sustentando la responsabilidad penal en

ámbitos de control vinculados a la posición

dentro de la estructura de los medios de

comunicación, lo que es incompatible con

el principio de personalidad de la pena.

10.1.5. En ese sentido se refirió la Su-

prema Corte de Justicia al establecer la

inconstitucionalidad de la responsabilidad

en cascada de quienes participan en la

difusión de noticias por medios de infor-

mación pública, toda vez que contradice lo

dispuesto en los artículos 40, numeral 14,

y 49 de la Constitución de la República.

En ese sentido, la decisión núm. 18-2013

señala lo siguiente: Cuando una persona,

en su vida privada, ofrece una declaración

y otra se limita a publicarla, haciendo uso

del derecho de acceso a la información y

a la difusión de la misma; ésta no resulta

ser autora de la información, siéndolo sólo

la persona que ha dado la declaración; por

lo que, en caso de la información atentar

contra el honor o la reputación de un ter-

cero, quien se haya limitado a difundir la

información por las vías que establece la

Ley No. 6132 no es responsable personal-

mente de los daños que se pudiesen haber

ocasionado al tercero. 10.1.6. Ciertamente,

jamás podrían los directores o editores

ser responsables de manera principal de

delitos realizados por editores, o sustitutos,

impresores o autores subalternos en general,

puesto que contradicen el principio de la

personalidad de la pena. De ahí que los

artículos 46, 47 y 48 de la Ley núm. 6132

devienen inconstitucionales.