Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Artículo 43

• Páginas: 105-111
• Autor: Geovanny Nina Cruz

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DERECHO AL LIBRE DESARROLLO

DE LA PERSONALIDAD.

ARTÍCULO 43

Artículo .- Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Toda persona

tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las

impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Desarrollo jurisprudencial del derecho al libre desarrollo de la

personalidad

B. Cédula de identidad personal como documento necesario para

ejercer efectivamente el derecho a la personalidad

A. Aspecto general: Desarrollo juris-

prudencial del derecho al libre desa-

rrollo de la personalidad. Sentencia

TC/0520/16

Este derecho consiste en la libertad de hacer

o no hacer lo que se considere conveniente,

de lo cual resulta que es un complemento

del desarrollo de la personalidad que

integra tanto los derechos especiales rela-

cionados con el ejercicio de las libertades

fundamentales como los derechos subjetivos

de poder conducir la propia vida de la

manera que se considere más conveniente,

sin tener más limitaciones que los derechos

de los demás [véase Sentencia T-542/92,

dictada por la Corte Constitucional de

Colombia el veinticinco (25) de septiembre

de mil novecientos noventa y dos (1992)].

B. Aspecto general: Cédula de identi-

dad personal como documento ne-

cesario para ejercer efectivamente el

derecho a la personalidad. Sentencia

TC/0031/14

i. El análisis anterior permite al Tribunal

Constitucional reconocer la idoneidad de la

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cédula de identidad como documento para

acreditar la personalidad del titular de la

misma en aquellos actos, como los descritos

por la Ley núm. 6125, en que se exige la

presentación de este documento.

j. En efecto, la cédula de identidad es un

documento de creación legal a través del

cual se materializa la individualidad

de las personas, cuya finalidad y objetivo

es comprobar la plena identificación y

determinar la capacidad jurídica de una

persona. Este se constituye entonces en un

documento de características especiales que

contribuye a evitar fraudes y usurpaciones

de identidad, pues su función principal es

la de identificar a las personas y que éstas,

además, puedan ejercer efectivamente el

derecho a la personalidad y los demás dere-

chos que se desprenden de ella.

m. Al respecto, la Corte Constitucional

de Colombia (T-069-12) ha indicado

que “la cédula cuenta como prueba de

la identificación personal que acredita la

personalidad de su titular en todos los actos

jurídicos o situaciones donde se le exija la

prueba de tal calidad”. Señala la Corte

colombiana que la cédula de ciudadanía

tiene tres funciones particularmente di-

ferentes (i) identificar a las personas, (ii)

permitir el ejercicio de sus derechos civiles y

(iii) asegurar la participación de los ciuda-

danos en la actividad política que propicia

y estimula la democracia, por lo que “este

documento se convierte en el medio idóneo

y por regla general irremplazable para lo-

grar el aludido propósito”. Por tales motivos,

dicha corte concluye: Es razonable que una

entidad financiera exija la presentación de

la cédula de ciudadanía a la población en

situación de desplazamiento para poder

acceder al pago de las ayudas, por cuanto

es éste el documento idóneo e irremplazable

para acreditar la identificación y de paso

brindar seguridad a los desplazados en

cuanto a la entrega de los beneficios.

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Palabras claves:

1. Ausencia de violación del desarrollo de la personalidad: restricciones legales

impuestas a los alcaldes para poder ausentarse del municipio

2. Ausencia de violación del desarrollo de la personalidad: prohibición del uso

de la hookah en determinados lugares

3. Violación del desarrollo de la personalidad: destitución de servidor público

por tener tatuajes en el cuerpo

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1. AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DESARROLLO DE LA

PERSONALIDAD: RESTRICCIONES LEGALES IMPUESTAS A LOS

ALCALDES PARA PODER AUSENTARSE DEL MUNICIPIO

CRITERIO:

Las restricciones legales impuestas a los alcaldes para poder

ausentarse temporalmente del municipio que dirigen o del país no

vulneran el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.

La limitación está orientada al cargo y las particularidades de las

funciones que ejercen, pero no a la persona.

SENTENCIA TC/0520/16

—Ver en este sentido el criterio relativo a la libertad de tránsito (art. 46 CRD)—

Resumen del caso: El alcalde de Santo Domingo Este sometió una

acción directa de inconstitucionalidad en contra de dos artículos

de la Ley núm. - que regula aspectos municipales. En esencia,

estos artículos establecen regulaciones sobre su ausencia temporal del

municipio que dirige o del país y sobre las autoridades que deben

otorgar dicho permiso. El accionante plantea que dichas normas

vulneran el derecho fundamental de libre tránsito.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.2.2. El hecho de que los referidos funcio-

narios sean obligados a solicitar una auto-

rización para poder ausentarse del país y la

consecuente posibilidad de que dicho per-

miso pueda ser negado, plantea, sin dudas,

una limitación a la libertad de tránsito, la

cual está vinculada al libre desarrollo de la

personalidad, en la medida que la persona

interesada en salir del país no podría lograr

los objetivos justificativos del viaje.

10.2.3. Sin embargo, la referida restricción no

está establecida en función de la persona, sino

tomando en cuenta el cargo que la misma

ocupa y, particularmente, de lo que se trata

es de proteger los intereses de la comunidad,

en el sentido de que lo que se establece en el

norma cuestionada es un control que permita

que los funcionarios indicados permanezcan

en el país cumpliendo con sus responsabilida-

des y que solo de manera excepcional puedan

ausentarse. Lo anterior, unido al hecho de

que las personas que se involucran en una

campaña electoral municipal, lo hacen cons-

cientes de que si resultan electos tendrán la

limitación objeto de análisis.

10.2.4. En este orden, no puede existir viola-

ción al derecho del libre desarrollo de la per-

sonalidad, por el contrario, más bien estamos

en presencia del pleno ejercicio de este derecho.

Esto así, porque cuando una persona decide

aspirar a un cargo municipal, a pesar de que

de resultar electo su libertad de tránsito será

limitada, debemos entender que lo hace en

consideración de que tal limitación quedará

compensada, con la honra y la distinción que

implica el hecho de que los munícipes de una

determinada demarcación territorial hayan

depositado en él su confianza para que admi-

nistre y gestione la cosa pública.

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2. AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DESARROLLO DE LA

PERSONALIDAD: PROHIBICIÓN DEL USO DE LA HOOKAH EN

DETERMINADOS LUGARES

CRITERIO:

La regulación legal que prohíbe y limita el uso de la

hookah para fumar tabaco en lugares cerrados bajo techo, de uso

colectivo públicos y privados, no vulnera el derecho al libre desarrollo

de la personalidad.

SENTENCIA TC/0278/21

—Ver en este sentido los

criterios relativos a los derechos a la igualdad (art. 39 CRD) y a la libertad de

empresa (art. 50 CRD)—

CRITERIO 2:

Las restricciones de uso del dispositivo para consumir

tabaco denominado hookah o pipa de agua, en los términos previstos

en la ley, encuentra justificación en la prevención y protección del

derecho a la salud de las personas concurrentes a los espacios donde

esta proscrito su uso; por otra parte, la voluntad autónoma de los

consumidores de tabaco mediante la hookah no se ve afectada en tanto

que la ley no prohíbe su uso en lugares íntimos de la vida personal

donde no concurren colectividades.

Resumen del caso: Varias personas se presentaron ante el Tribunal

Constitucional para interponer una acción directa de inconstitucio-

nalidad en contra de los artículos  y  de la Ley núm. -, que

prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos y privados. Esta

norma establece en esencia la prohibición del dispositivo hookah

para fumar tabaco en sitios públicos y privados. Los accionantes

argumentan que esa prohibición legal vulnera varios derechos funda-

mentales, por lo que debe ser declarada inconstitucional.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.3.4. A partir de las formulaciones an-

teriores este Tribunal Constitucional cons-

tata que el problema jurídico planteado

por los accionantes consiste en verificar si

el legislador hace daño a la libertad fun-

damental al desarrollo de la personalidad

de los consumidores del tabaco mediante

la pipa de agua o hookah al prohibir, de

forma general, este dispositivo en lugares

públicos y privados cerrados bajo techo y de

uso colectivo.

10.3.6. Cierto es que en las reformas cons-

titucionales del veintiséis (26) de enero de

dos mil diez (2010) y del trece (13) de

junio de dos mil quince (2015) se incluyó

un sentido más amplio sobre la consuma-

ción de las libertades fundamentales de los

dominicanos y dominicanas; sin embargo,

estas no son absolutas y pueden —y de

hecho deben— encontrar límites cuando el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 43 | 109

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impacto de su ejercicio en beneficio propio

tienda a afectar, en mayor dimensión, los

derechos e intereses de otras personas.

10.3.7. Que, precisamente, un límite o

confín a la prerrogativa fundamental

amparada en la libertad a desarrollar su

personalidad con la que cuenta la pobla-

ción consumidora de tabaco por vía de la

pipa de agua o hookah es el derecho a la

salud, preceptuado por el artículo 61 cons-

titucional, que debe ser garantizado por el

Estado a todas y todos los dominicanos. De

ahí que el legislador pueda, razonable y

proporcionalmente, crear normas tendentes

a limitar —como en la especie— en condi-

ciones de tiempo, modo y lugar el disfrute

con eficacia de la libertad a desarrollar la

personalidad que permite a las personas

mayores de edad decidir el conducto de su

vida; pues se trata de una libertad funda-

mental que no puede realizarse al margen

del orden constitucional vigente.

10.3.8. Lo anterior no implica que este

Tribunal Constitucional desconozca que los

consumidores de tabaco mediante la pipa

de agua o hookah, siempre que ostenten

la capacidad jurídica de decisión que les

confiere el contar con 18 años de edad,

son titulares de un derecho constitucional

al libre desarrollo de la personalidad que

los faculta a consumir dicho producto en

los espacios íntimos de su vida personal;

sino que cuando se trata de espacios

cerrados donde concurren colectividades,

sean públicos o privados, se impone el

establecimiento de límites —razonables y

proporcionales— para el resguardo de la

salud de esa colectividad dada la nocividad

manifiesta y científicamente comprobada

que se desprende del humo proveniente de

este dispositivo para el consumo de tabaco.

10.3.9. En efecto, este Tribunal concluye

que la vigencia de los textos de ley impug-

nados en inconstitucionalidad no contra-

dice el contenido esencial de la libertad

fundamental al desarrollo de la personali-

dad de los accionantes en tanto que, por

un lado, la limitante al uso del dispositivo

para consumir tabaco denominado hookah

o pipa de agua, en los términos previstos en

la citada Ley núm. 16-19, encuentra justi-

ficación en la prevención y preservación del

derecho a la salud de las colectividades con-

currentes a los espacios donde esta proscrito

su uso; y, por otro, la voluntad autónoma

de los consumidores del tabaco mediante

la hookah no se ve afectada en tanto que

la ley no prohíbe su uso en lugares íntimos

de la vida personal donde no concurren

colectividades.

10.3.10. Por tales motivos, ha lugar a

desestimar el medio de inconstitucionali-

dad fundado en la supuesta violación al

derecho fundamental al libre desarrollo de

la personalidad previsto en el artículo 43

de la Constitución dominicana.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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3. VIOLACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD:

DESTITUCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO POR TENER TATUAJES

EN EL CUERPO

CRITERIO:

Constituye una violación del libre desarrollo de la

personalidad la destitución de un servidor público (en este caso, un

miembro de la Policía Nacional) por el hecho de tener tatuajes en el

cuerpo.

SENTENCIA TC/0081/19

—Ver en este sentido los criterios relativos

a la dignidad humana (art. 38 CRD), el derecho a la intimidad y propia imagen

(art. 44 CRD), el derecho al trabajo (art. 62 CRD) y el debido proceso

administrativo (art. 69.10 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un policía

raso que había sido desvinculado de la Policía Nacional acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando vulne-

ración a sus derechos fundamentales por ser objeto de una medida

irrazonable de destitución por tener un tatuaje en el cuerpo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal considera que la Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo

actuó correctamente al acoger la acción

de amparo interpuesta por el señor Juan

Carlos Olivares Carrera, en razón de que,

tal y como estimó ese tribunal, al accio-

nante en amparo le fueron vulnerados sus

derechos fundamentales, al dar de baja de

la institución al considerar que el hecho de

tener un tatuaje constituye una violación

de los reglamentos y la ley institucional

de la Policía Nacional, lo que, a juicio

de este tribunal, constituye una medida

irrazonable y desproporcionada, pues la

desvinculación de un miembro de las filas

de la Policía Nacional debe realizarse siem-

pre respetando sus derechos fundamentales,

garantizando con ello el cumplimiento de

las normas del debido proceso, a fin de que

la sanción a imponer se corresponda con los

hechos o la falta cometida, situación que

no procede en el presente caso, pues el hecho

de que un miembro de la institución tenga

un tatuaje en su cuerpo no puede ser consi-

derado como una falta grave que justifique

la desvinculación de sus miembros.

e. Es preciso establecer que ni la Ley núm.

96-04, Institucional de la Policía Nacio-

nal, de veintiocho (28) de enero de dos

mil cuatro (2004) (vigente al momento

de la desvinculación del recurrido), ni

en la actual Ley núm. 590-16, que en

los artículos 152 al 155 de la Ley núm.

590-16, tipifican los tipos de faltas en que

pueden incurrir los miembros de la Policía

Nacional, las cuales pueden ser muy graves,

graves y leves, en ninguno de sus párrafos

o numerales en los cuales detallan los casos

que puedan ser considerados como faltas,

menciona nada relativo a tener tatuajes,

para ser considerado como un motivo

de desvinculación de un miembro de la

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 43 | 111

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policía, lo que configura una vulneración

a lo establecido en la Constitución en los

artículos 38, 40 que, en sus numerales 13

y 15, 43 y 44…

f. Por tanto, la desvinculación del accio-

nante en amparo y recurrido en revisión

de la Policía Nacional, constituye una

vulneración de sus derechos fundamentales,

específicamente el derecho al trabajo, acceso

de función pública, el derecho a la digni-

dad y al libre desarrollo de la personalidad,

pues este derecho constituye una extensión

de autonomía que tiene toda persona como

ser individual, y al respeto a su honor e

imagen personal, por lo cual la medida

adoptada por la Policía Nacional resulta

irrazonable y arbitraria al establecer la

cancelación del señor Juan Carlos Olivares

Carrera, en razón de este tener tatuaje en

su cuerpo.

g. La Corte Constitucional de Colombia,

al resolver un conflicto de una persona que

fue descalificada para optar a la función

de guardián para el servicio penitenciario

y carcelario por tener un tatuaje en su

cuerpo, estableció en su Sentencia T-030,

de dos mil cuatro (2004), lo siguiente: En

tal sentido, la prescripción que estipula el

artículo 23, N, 2 de la resolución núm.

0197 de 2001 del INPEC, en el sentido

de considerar como no apta para el servicio

penitenciario y carcelario a un candidato

que presente tatuajes o incluso cicatrices

por retiro de los mismos, y manifiestamente

inconstitucional por cuanto lesiona gra-

vemente los derechos fundamentales a la

identidad personal y a la propia imagen,

ya que se trata de una medida irrazonable

y manifiestamente desproporcionada que

vulnera el contenido de los mismos. En

efecto, la medida no persigue un objetivo

constitucionalmente válido, por cuanto el

mantenimiento de la autoridad y el orden

en los centros de reclusión del país no se

logra coartando los derechos fundamentales

de los guardianes. Sin duda, la presencia

de un tatuaje, o la ausencia de éste, no

inciden en la vigencia de los principios de

supervisión correccional. De igual forma,

la medida carece de razonabilidad por

cuanto se soporta, como se ha visto, en un

simple prejuicio social, consistente en aso-

ciar los tatuajes con la criminalidad. En

otros términos, en se parte del supuesto de

que un futuro guardián, en tanto que agen-

te de la disciplina, no puede asemejarse en

absoluto a sus subordinados, olvidando por

completo que el respeto y la autoridad no

se ganan con simples símbolos externos del

mismo sino con un comportamiento ético

intachable.