Derecho de propiedad. Artículo 51

• Páginas: 309-408
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

309

DERECHO DE PROPIEDAD.

ARTÍCULO 51

Artículo .- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho

de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones.

Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa

justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo

valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal

competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de

declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá

no ser previa;

) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en

especial a la propiedad inmobiliaria titulada;

) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la

eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política

social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma

efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional,

mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de

producción agrícola y su capacitación tecnológica;

) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas

físicas o jurídicas;

) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia

definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,

que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público,

así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia

transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;

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) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes

incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de

extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Definición del derecho de propiedad

B. Dimensiones del derecho de propiedad

C. Protección del derecho de propiedad en las constituciones dominicanas

D. Protección constitucional al titular del derecho de propiedad

E. Límites al derecho de propiedad

F. Concepción del usufructo

G. Garantías que deben ser observadas en el proceso de expropiación

H. Diferencias entre expropiación voluntaria y expropiación forzosa.

Formas de perseguir el pago según la figura utilizada

I. Sistema registral y rol del Abogado del Estado en la protección del

derecho de propiedad

J. Naturaleza del sistema de registro inmobiliario

K. Concepto y dimensión de la figura de reserva hereditaria

A. Aspecto general: Definición del

derecho de propiedad. Sentencia

TC/0137/13

d) Es preciso señalar que el derecho de

propiedad puede ser definido, de manera

general, como el derecho exclusivo de usar

un bien, de disponer del mismo, así como

de aprovecharse de los beneficios que este

produzca. Colateralmente, este derecho im-

plica la exclusión de los no propietarios del

disfrute o aprovechamiento sobre el mismo.

B. Aspecto general: Dimensiones del

derecho de propiedad. Sentencia

TC/0088/12

c) Que la concesión del derecho de propie-

dad tiene tres dimensiones para que pueda

ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y

la disposición. Este derecho ha sido defini-

do como el derecho exclusivo al uso de un

objeto o bien aprovecharse de los beneficios

que este bien produzca y a disponer de

dicho bien, ya sea transformándolo, distra-

yéndolo o transfiriendo los derechos sobre

los mismos. En ese sentido, la Constitución

dispone en su artículo 51 que: “El Estado

reconoce y garantiza el derecho de propie-

dad. La propiedad tiene una función social

que implica obligaciones. Toda persona

tiene derecho al goce, disfrute y disposición

de sus bienes”.

C. Aspecto general: Protección del

derecho de propiedad en las cons-

tituciones dominicanas. Sentencia

TC/0102/13

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a) El derecho a la propiedad inmobiliaria

en nuestro país, tradicionalmente, ha

contado con la protección y garantía del

Estado, de manera que en todas las ver-

siones constituciones se le ha reservado a

este derecho por lo menos un artículo que

enfatiza la obligación del Estado de ofrecer

dicha protección y garantía, otorgándole

así su elevada dimensión jerárquica.

D. Aspecto general: Para acudir a la ju-

risdicción constitucional invocando

vulneración al derecho fundamen-

tal de propiedad tiene que tener la

titularidad del mismo. Sentencia

TC/0093/12

[…] Es preciso señalar, en ese sentido, que

el contrato de venta de viviendas de interés

social por parte del Estado a los particulares

está sujeto a un régimen especial regulado

por las disposiciones de la Ley No. 339, del

veintidós (22) de agosto de mil novecientos

sesenta y ocho (1968) sobre constitución de

bien de familia, y por las cláusulas del con-

trato de adhesión de venta condicional de

inmuebles entre el Administrador de Bienes

Nacionales, como poderdado del Presidente

de la República para suscribir el referido

contrato, y la persona física beneficiaria

del inmueble enajenado. Esta última sin

embargo, no adquiere la propiedad de la

vivienda en cuestión hasta tanto no hubie-

re pagado la totalidad del precio convenido,

según los términos de la cláusula tercera del

contrato modelo de venta de los inmuebles;

lo que se corresponde con la definición legal

que respecto de los contratos de venta con-

dicional de inmuebles establece el artículo

1 de la Ley No. 596, del treinta y uno (31)

de octubre de mil novecientos cuarenta y

uno (1941) que reza: “…se denomina

venta condicional aquella en que se convie-

ne que el derecho de propiedad no es adqui-

rido por el comprador mientras no se haya

pagado la totalidad o determinada porción

del precio o cumplido alguna condición

señalada en el contrato”. En tal virtud y al

estar señalada la condición de que la pro-

piedad no se transfiere al comprador hasta

tanto no se pague la totalidad del precio

convenido, tal y como se ha consignado

en la cláusula tercera del contrato modelo,

queda evidenciado que los suscribientes de

dichos contratos no adquieren todavía la

condición de propietarios, por lo que mal

podría invocarse violación alguna a un

derecho cuya titularidad aún no se posee,

por lo que dicho medio de inconstituciona-

lidad debe ser, como al efecto, desestimado.

E. Aspecto general: Sobre la regula-

ción del derecho de propiedad en

el ámbito internacional. Límites al

derecho de propiedad. Sentencia

TC/0017/13

r) Este derecho a la propiedad fue pre-

viamente consagrado en el artículo 17

de la Declaración Universal de Derechos

Humanos, según el cual toda “persona

tiene derecho a la propiedad, individual y

colectivamente”, y nadie puede ser “priva-

do arbitrariamente de su propiedad”. Lo

recoge, además, la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, en su artículo

21, al establecer que: “Toda persona tiene

derecho al uso y goce de sus bienes”, y, asi-

mismo, que “Ninguna persona puede ser

privada de sus bienes, excepto mediante el

pago de indemnización justa, por razones

de utilidad pública o de interés social y en

los casos y según las formas establecidas por

la ley”.

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s) En virtud de las disposiciones preceden-

temente descritas, la Corte Interamericana

de Derechos Humanos ha reiterado juris-

prudencia en la que señala como atributos

de la propiedad el uso y goce del bien,

definiendo los bienes como cosas materiales

apropiables, así como todo derecho que

pueda formar parte del patrimonio de

una persona; además, dicha Corte ha es-

tablecido un concepto amplio de propiedad,

determinando que ésta comprende todos los

muebles e inmuebles, los elementos corpo-

rales e incorporales y cualquier otro objeto

inmaterial susceptible de valor.

t) Asegura la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (caso Salvador Chiri-

boga c. Ecuador, sentencia de 6 de mayo

de 2008) que “El derecho a la propiedad

privada debe ser entendido dentro del con-

texto de una sociedad democrática donde

para la prevalencia del bien común y los

derechos colectivos deben existir medidas

proporcionales que garanticen los derechos

individuales”, siendo la función social de la

propiedad “un elemento fundamental para

el funcionamiento de la misma”. Por esta

razón, no se trata de un derecho absoluto

al permitirse, por ejemplo, su restricción

por razones de utilidad pública o de interés

social, siempre y cuando se practique dicha

limitación según los casos y las formas es-

tablecidas por la ley y de conformidad con

la Convención, afirmando dicha Corte que,

en tales casos, el principio de legalidad es

una condición determinante para efectos

de verificar la concurrencia de una vulne-

ración al derecho a la propiedad, y supone

que la legislación que regule la privación

del derecho a la propiedad deba ser clara,

específica y previsible.

u) En la referida sentencia, la Corte

Interamericana de Derechos Humanos

señaló que en casos de expropiación de

los bienes de una persona, el principio de

legalidad es una condición determinante

para efectos de verificar la concurrencia de

una vulneración al derecho a la propiedad,

insistiendo en que este principio supone

que la legislación que regule la privación

del derecho a la propiedad deba ser clara,

específica y previsible.

F. specto general: Concepción del usu-

fructo. Sentencia TC/0394/14

e) Dicho derecho registrado a favor de los

sucesores de José Sánchez y José Méndez no

les reconoce a estos derechos de propiedad

sobre mejoras, sino que configura lo que se

conoce como usufructo, que el artículo 578

del Código Civil define como el derecho de

gozar de cosas cuya propiedad pertenece a

otro, como este mismo; pero conservando

la sustancia de aquellas. En el usufructo,

conforme a tal definición, se reconoce la

propiedad ajena, y, en consecuencia, se si-

túa al usufructuario como mero detentador

de la cosa de la cual tiene el goce, pero no

la propiedad.

f) Se colige, entonces, que el derecho de

usufructo de un inmueble, como el de la es-

pecie, no constituye ni puede ser asimilado

al derecho de propiedad sobre el inmueble,

y por tanto, no es un derecho fundamental

cuya lesión autorice a la víctima a recla-

mar su protección mediante la acción de

amparo.

g) En el usufructo, como está definido en

su configuración legal, se reconoce que el

bien sobre el cual dicho derecho recae, es un

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bien ajeno; en el usufructo, en definitiva,

no están presentes las tres dimensiones men-

cionadas precedentemente, necesarias para

que se perfeccione el derecho de propiedad,

las cuales son: el goce, el disfrute y la dispo-

sición, que permiten la definición del dere-

cho de propiedad como el derecho exclusivo

al uso de un objeto o bien aprovecharse

de los beneficios que este bien produzca y

a disponer de dicho bien, ya sea transfor-

mándolo, distrayéndolo o transfiriendo los

derechos sobre los mismos.

G. Aspecto general: Garantías que de-

ben ser observadas en el proceso de ex-

propiación. Sentencia TC/0205/13

[…] para que una persona pueda ser

privada de su propiedad de manera que

la afectación a su derecho fundamental

sea mínima, es preciso que se garantice: 1)

la legalidad de la actuación; 2) el debido

proceso y la tutela judicial efectiva; y 3)

el pago previo del justo valor del bien, es

decir una previa indemnización, salvo que

interviniera una declaratoria de estado de

emergencia o de defensa, caso en que dicho

pago podría ser posterior.

H. Aspecto general: Diferencias entre

expropiación voluntaria y expropia-

ción forzosa. Formas de perseguir el

pago según la figura utilizada. Sen-

tencia TC/0261/14

i. Es menester considerar que la expro-

piación es un límite negativo del derecho

de propiedad que tienen los particulares,

por el otorgamiento de una facultad a la

administración de poder disponer de los

bienes y derechos que estos tienen sobre

las propiedades de que se trate para dar

cumplimiento a fines supraindividuales,

teniendo la administración la obligación

de compensar el sacrificio del titular de ese

derecho, operando esta exigencia como un

límite a la potestad expropiatoria que tiene

la administración.

j. En tal sentido, este procedimiento ha de

practicarse en atención a lo que ordenan

la Constitución dominicana y las leyes im-

plementadas para esos fines. Así, el artículo

51.1 señala cuándo y cómo se puede de-

clarar de utilidad pública una propiedad

privada, a fin de garantizar el derecho de

propiedad.

k. De modo que cuando el referido artí-

culo dispone en su primer apartado que

ninguna persona puede ser privada de su

propiedad, sino por causa justificada de

utilidad pública o interés social, previo

pago de su justo valor, determinado por

acuerdo entre las partes o sentencia del

tribunal competente, de conformidad con

la ley, ha previsto la necesidad de que el

proceso expropiatorio sea iniciado a través

de la emisión de un acto administrativo en

el cual se indique el interés de aperturarlo,

por razones discrecionales de utilidad pú-

blica o interés social, dando paso al proceso

para determinar o justipreciar el valor que

corresponderá al pago del justo valor, el

cual puede tener un carácter voluntario, o

un carácter controvertido.

l. En efecto, tiene un carácter voluntario,

si ambas partes, a posteriori de emitirse el

acto administrativo, llegan a un acuerdo

sobre el valor del mismo; o un carácter

controvertido, si una o ambas partes no

están de acuerdo con el precio que deba

darse para el pago del justo valor, el cual

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debe ser dirimido por un tribunal compe-

tente, acorde con los procedimientos que

disponga la normativa legal que rija en los

procesos expropiatorios que sean de índole

contencioso. Luego de agotada esa etapa

y realizado el pago del justo valor deter-

minado de forma voluntaria o a través de

una decisión judicial definitiva, la admi-

nistración puede iniciar los procesos para

que el referido bien pase definitivamente al

patrimonio público.

m. Debemos indicar que el proceso de

expropiación voluntaria tiene la particula-

ridad de que la trasferencia de titularidad

del bien pasa sin que exista antes una

controversia entre el particular y la admi-

nistración en la determinación del precio

del pago del justo valor, por haber estos,

luego de haberse emitido el acto adminis-

trativo de declaratoria de utilidad pública

o interés social que apertura el proceso

de justiprecio del monto del justo precio,

llegado a un acuerdo sin empoderarse al

tribunal competente, lo cual hace que por

la naturaleza propia del mismo no se rija

por los trámites y requisitos previstos por la

Ley para la expropiación forzosa.

I. Aspecto general: Sistema registral

y rol del Abogado del Estado en la

protección del derecho de propiedad.

Sentencia TC/0209/14

6. Al respecto, el Tribunal Constitucional

valora en su justa dimensión la naturaleza

del sistema registral dominicano el cual

ejerce una especialísima tutela sobre el de-

recho de propiedad registrado y le otorga al

Abogado del Estado, como parte del mismo

y del Ministerio Público, la más elevada

legitimidad para asumir la representación

del interés público o social y, como precisa

el párrafo I del artículo 169 de la Cons-

titución de la República, “garantiza los

derechos fundamentales de los ciudadanos

y ciudadanas”, razón por cual, en la especie,

queda justificada su intervención.

8. En nuestro sistema registral, el Certifi-

cado de Título y su registro cuentan con

la garantía absoluta del Estado y cuanto

publicita, en principio, se presume exac-

to, cuestión que hace imperativo que se

dilucide toda situación que implique una

inexactitud.

9. En ese mismo orden, podemos precisar

que el Estado está reputado como pro-

pietario originario de todos los terrenos

respecto de los cuales nadie pueda probar

derecho de propiedad alguno y vela porque

sea respetada la titularidad que el Estado

otorga a cada propietario. Por esta razón,

tiene la más legítima y acabada vocación

para intervenir válidamente en cualquier

estado de causa en que se encuentre un pro-

ceso que se esté agotando en ocasión de una

litis sobre derecho registrado que se origine

o involucre de manera directa el proceso de

saneamiento; siempre que tal proceso esté

revestido de un interés público habilitante

de su actuación

17. El principio de autenticidad o legiti-

midad registral involucra la autoridad

del Abogado del Estado, toda vez que en

nuestro sistema el Estado Dominicano, en

su condición de propietario originario de

la tierra, es quien emite el Certificado de

Título y las certificaciones, incluyendo la

que tiene que ver con el estado jurídico del

inmueble, las cuales resultan complemen-

tarias al momento de probar y garantizar

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 315

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la titularidad y la situación jurídica de

la propiedad inmobiliaria registrada. 18.

Este principio de autenticidad o legitimi-

dad también se vincula estrechamente al

principio registral de publicidad, el cual

propicia que la persona interesada acceda

a la estructura de información del Registro,

conozca con certeza la situación jurídica

de la propiedad, ésta a su vez constituye un

pilar de la fe pública, en razón de la fuerza

que le imprime la presunción de exactitud

registral.

21. El Abogado del Estado es uno de los

órganos que conforma la Jurisdicción

Inmobiliaria en el sistema registral do-

minicano. Dicho órgano tiene a cargo la

representación y defensa del Estado, y está

llamado a ser garante de toda persona

física o jurídica con interés o derecho, en

razón de que posee la condición de tutor

del sistema. Es por esta razón que el princi-

pio de autenticidad o legitimidad registral

tiene plena realización en su ámbito, dado

el hecho de que el sistema de registro de la

propiedad inmobiliaria de nuestro país

obedece a una especial naturaleza, pues

corresponde al Estado ejercer con singular

esmero la tutela de todas las operaciones

inmobiliarias que se realizan.

J. Aspecto general: Naturaleza del sis-

tema de registro inmobiliario. Sen-

tencia TC/0093/15

[…] es menester que el Tribunal enfatice

la naturaleza del sistema de registro

inmobiliario que existe en la República

Dominicana. Se trata del “Sistema To-

rrens”, régimen que se encuentra regulado

de manera directa y específica por la Ley

núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario.

f. En el presente caso, el Tribunal pone

énfasis en los principios de legitimidad y de

publicidad, los cuales básicamente hacen de

fe pública que el derecho de propiedad sobre

el inmueble registrado existe, y que además,

es del titular establecido en el mismo, siendo

oponible dicho registro a terceros.

g. Sobre el particular, ya este tribunal

constitucional se refirió en su Sentencia

TC/0209/14, al citar al reconocido trata-

dista del derecho inmobiliario José A. Bo-

nilla Atiles, de la manera siguiente: La ne-

cesidad del fallo absoluto queda manifiesta

por el carácter absoluto que le da el Sistema

Torrens, que le da la ley, al certificado de tí-

tulo; y este carácter absoluto del certificado

de título responde a la naturaleza misma

del derecho de propiedad, que es absoluto.

Sigue diciendo ese autor que: este derecho,

oponible a todo el mundo, queda saneado

por una decisión judicial, oponible a todo

el mundo. Y esta decisión es oponible a

todo el mundo, porque todo el mundo ha

sido parte en la litis, incluido en la frase ´a

todos a quienes pueda interesar´.

h. De modo tal que en el “Sistema Torrens”

el registro del inmueble en el Registro de

Títulos correspondiente hace de fe pública

la información contenida en el mismo.

i. De igual manera, es importante recordar

el Principio IV y el Principio V de la refe-

rida ley núm. 108-05, los cuales establecen,

respectivamente: “Todo derecho registrado

de conformidad con la presente Ley es

imprescriptible y goza de la protección y ga-

rantía absoluta del Estado”; y “En relación

con derechos registrados, ningún acuerdo

entre las partes está por encima de esta Ley

de Registro Inmobiliario”.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

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j. Son estos principios y definiciones que

han fundamentado, dentro de la jurispru-

dencia de la República Dominicana, el

beneficio que tiene el “tercero adquiriente

oneroso de buena fe”, con respecto a los

inmuebles registrados.

k. En efecto, el Estado ha buscado avalar

la eficacia del “Sistema Torrens” –en

específico el principio de publicidad y de

legitimidad– garantizando que la persona

que adquiera un bien inmueble de manera

onerosa y con buena fe – la cual se presume–

pueda disfrutar de su derecho de propiedad,

no obstante los problemas que el referido

bien pueda tener.

K. Aspecto general: Concepto y di-

mensión de la figura de reserva here-

ditaria. Sentencia TC/0221/14

11.2. En términos conceptuales, la porción

de bienes disponible “reserva hereditaria”

debe ser vista desde dos perspectivas: por un

lado como un límite a la facultad que tie-

nen las personas de disponer por testamento

o a título gratuito de todos sus bienes; por

el otro, como una figura que propugna

por el resguardo del derecho que tienen

los ascendientes y descendientes de recibir

de su causante cierta cantidad de bienes

provenientes del patrimonio del mismo.

11.3. Producto de esa doble percepción

conceptual, la porción de bienes disponible

“reserva hereditaria”, se erige por un lado

como una limitante que el legislador impo-

ne a la libertad de disposición que tienen

toda personas sobre los bienes de los cuales

son propietarios y conforman su patrimo-

nio, la cual va encaminada a proteger a los

futuros herederos que tengan la condición

de parientes cercanos de que no se les prive

del derecho de suceder a su disponente por

medio de liberalidades realizadas por este

en favor de personas que no forman parte

de entorno familiar, o aquellas que son

realizadas a favor de uno o varios parientes

cercanos, para excluir de la sucesión a otros

parientes; y por otro, como una limitante

a la libertad de testar y a la libertad de

donar.

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Palabras claves:

1. Abogado del Estado y disputa del derecho de propiedad

2. Arbitrariedad de la Administración pública: no entrega de vivienda

asignada y construida a sus legítimos propietarios

3. Arbitrariedad de la Administración pública: contradicción interna al

autorizar y luego suspender una construcción

4. Arbitrariedad de la Administración pública: decomiso de bienes muebles

sin autorización

5. Arbitrariedad de la Administración pública: desalojo con auxilio de fuerza

pública sin conocimiento cierto de quién es el titular de la propiedad

6. Arbitrariedad de la Administración pública: desalojo de inmueble mientras

se determina legítimo propietario en la jurisdicción inmobiliaria

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 317

ÍNDICE

7. Arbitrariedad de la Administración pública: destrucción de propiedad

privada

8. Arbitrariedad de la Administración pública: detener e impedir construcción

en propiedad privada

9. Arbitrariedad de la Administración pública: expropiación de terreno

alegando fraude sin apoderar la jurisdicción competente

10. Arbitrariedad de la Administración pública: expropiación múltiple y

desconocimiento del orden constitucional

11. Arbitrariedad de la Administración pública: expropiación sin previo pago

de justo precio

12. Arbitrariedad de la Administración pública: instalación de pilotillos para

prohibir el estacionamiento en desconocimiento de permiso otorgado

13. Arbitrariedad de la Administración pública: intento de desalojo sin tener

título de propiedad definitivo

14. Arbitrariedad de la Administración pública: invasión irregular de terrenos

de propiedad privada

15. Arbitrariedad de la Administración pública: negativa de devolver vehículo

excluido de proceso penal

16. Arbitrariedad de la Administración pública: negativa de ejecutar la fuerza

pública previamente autorizada por Abogado del Estado

17. Arbitrariedad de la Administración pública: negativa de informar sobre

bienes registrados de esposos en proceso de divorcio

18. Arbitrariedad de la Administración pública: negativa de otorgar fuerza

pública al legítimo propietario para desalojar a ocupantes irregulares

19. Arbitrariedad de la Administración pública: ocupación de inmueble sin

contrato de alquiler

20. Arbitrariedad de la Administración pública: ocupación de propiedad

privada dentro de área protegida

21. Arbitrariedad de la Administración pública: ocupación de propiedad

privada sin decreto de expropiación, coexistencia entre propiedad titulada

dentro de área protegida

22. Arbitrariedad de la Administración pública: ocupación irregular e

impedimento de goce de la propiedad privada

23. Arbitrariedad de la Administración pública: ocupación irregular y

pretensión de reubicar al comprador del terreno

24. Arbitrariedad de la Administración pública: ocupación y desalojo de

propiedad privada

25. Arbitrariedad de la Administración pública: reducción y desconocimiento

de propiedad privada

26. Arbitrariedad de la Administración pública: responsabilidad civil

del funcionario en cadena de custodia de bienes incautados sujetos a

devolución

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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ÍNDICE

27. Arbitrariedad de la Administración pública: retención de arma de fuego de

manera indefinida

28. Arbitrariedad de la Administración pública: retención de arma de fuego de

manera indefinida luego de concluir un proceso penal

29. Arbitrariedad de la Administración pública: retención de arma de fuego en

desacato de orden judicial de devolución

30. Arbitrariedad de la Administración pública: retención de mercancía

sin justificación y en contra de acuerdos internacionales en materia de

actividad comercial

31. Arbitrariedad de la Administración pública: retención de vehículos de

personas puestas en libertad

32. Arbitrariedad de la Administración pública: retención de vehículos sin

realizar diligencias para identificar el propietario

33. Arbitrariedad de la Administración pública: retención indefinida de bienes

muebles sin proceso penal abierto

34. Arbitrariedad de la Administración pública: transferencia a tercero y

ocupación de un inmueble sin título de propiedad

35. Ausencia de vulneración: falta de titularidad del derecho de propiedad

36. Cumplimiento de obligación contraída de vender terrenos

37. Custodia de vehículo y necesidad de ser reclamado por el titular de la

matrícula

38. Decomiso de dinero por contrabando

39. Desalojo autorizado por el Abogado del Estado y protección del derecho de

propiedad

40. Documento válido para demostrar propiedad sobre vehículo

41. Fijación de justiprecio: necesidad de acuerdo entre las partes o fijación

judicial

42. Fijación de justiprecio unilateralmente en proceso de expropiación

43. Inconstitucionalidad de depósito previo de alquileres por parte del

propietario para acceder a la justicia

44. Inconstitucionalidad de entrar en posesión de un inmueble expropiado sin

antes realizar el pago del justiprecio

45. Inconstitucionalidad de limitar provisionalmente por decreto actuaciones o

transferencias relativas al derecho de propiedad

46. Inconstitucionalidad por vulnerar derecho de propiedad: restricción legal al

propietario para disponer de inmueble en alquiler

47. Limite al derecho de propiedad: función social del derecho de propiedad y

coexistencia en terrenos que se encuentren dentro de áreas protegidas

48. Limite al derecho de propiedad: modificación no autorizada de propiedad

y protección al patrimonio cultural

49. Limite al derecho de propiedad: porte y tenencia de arma de fuego

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 319

ÍNDICE

50. Limite al derecho de propiedad: pretensión de devolución de arma de fuego

sin poseer licencia

51. Limite al derecho de propiedad: retención válida de vehículo por ingreso

ilegal al país y reporte de robo en el extranjero

52. Limite al derecho de propiedad: revocación de licencia de arma de fuego

por ilícito penal en otro país

53. Pretensión de devolución de un bien mueble sin identificar la institución

que lo posee: obligación de imposible cumplimiento

54. Protección a la propiedad: terreno de producción agrícola

55. Protección al derecho accesorio real: arrendamiento contratado con una

institución pública

56. Protección válida a la reserva hereditaria

57. Usufructo de viviendas y ausencia de derecho de propiedad

58. Violación al derecho de propiedad: entrega de vehículo incautado a persona

distinta al propietario

1. ABOGADO DEL ESTADO Y DISPUTA DEL DERECHO DE

PROPIEDAD

CRITERIO:

Constituye una protección al derecho de propiedad (en

específico, el acceso a la propiedad registrada) el hecho de que el

Abogado del Estado pueda intervenir en un proceso judicial en el que

se discuta la titularidad y ambas partes hayan sido reconocidas como

propietarias. Protección al sistema registral y principios de legitimidad

y publicidad.

SENTENCIA TC/0209/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Abogado

del Estado ha intervenido en medio de un proceso judicial en el

que se dilucidaba la titularidad atribuida a dos propietarios, pero

sus planteamientos fueron inadmitidos en dicho proceso. Ante esta

situación, el Abogado del Estado acude a la jurisdicción constitucio-

nal en materia de revisión jurisdiccional.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

1. La Tercera Sala de la Suprema Corte de

Justicia pronunció la inadmisibilidad del

recurso de casación bajo el argumento de

que el mismo fue interpuesto por el Aboga-

do del Estado ante el Tribunal Superior de

Tierras del Departamento Central, y éste

alegadamente carece de calidad e interés en

el proceso.

7. Procede consignar, en este mismo sentido,

que la Tercera Sala de la Suprema Corte de

Justicia no podía obviar que el presente caso

entraña la existencia de dos (2) registros de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

320 | Art. 51

ÍNDICE

un mismo derecho inmobiliario en relación

con personas distintas; y que cada una de

estas figura como titular registrado ampa-

rado por Certificados de Títulos emitidos

por el Registro de Títulos correspondiente,

cuestión que tenía que ser resuelta de ma-

nera eficiente y definitiva por los tribunales

de la Jurisdicción Inmobiliaria.

9. En ese mismo orden, podemos precisar

que el Estado está reputado como pro-

pietario originario de todos los terrenos

respecto de los cuales nadie pueda probar

derecho de propiedad alguno y vela porque

sea respetada la titularidad que el Estado

otorga a cada propietario. Por esta razón,

tiene la más legítima y acabada vocación

para intervenir válidamente en cualquier

estado de causa en que se encuentre un

proceso que se esté agotando en ocasión de

una litis sobre derecho registrado que se

origine o involucre de manera directa el

proceso de saneamiento; siempre que tal

proceso esté revestido de un interés público

habilitante de su actuación, como resulta

la especie objeto de tratamiento. Además,

en el presente caso están comprometidos

principios registrales cardinales como son

los de legitimidad y publicidad; de ahí que

su inobservancia afecta la seguridad jurí-

dica inmobiliaria, afectación que impacta

negativamente la economía nacional.

19. Ciertamente, resulta incontrovertible

que el Abogado del Estado tiene la respon-

sabilidad de hacer respetar la titularidad

del derecho registrado, es ésta la instancia

que tiene competencia y calidad para in-

tervenir en nombre de la autoridad estatal.

No sólo de manera directa en el proceso

de saneamiento, sino también con motivo

de la adjudicación de derechos sobre la

propiedad inmobiliaria registrada en los

que el Estado dominicano tenga algún in-

terés o aparente tenerlo, ya sea como titular

o como garante de la seguridad jurídica.

22. Ante una situación como esta que nos

ocupa, donde se han efectuado dos procesos

de saneamiento sobre un mismo terreno, se

han practicado dos asientos de registro al

respecto, se han expedido dos certificados de

títulos, originándose un litigio que no ha

obtenido de los tribunales apoderados una

solución adecuada, en consonancia con el

derecho, sin que se haya podido establecer

la validez de uno de los dos certificados en

contradicción y la nulidad del otro.

23. En la especie, se trata de dos sentencias

emitidas por tribunales de la Jurisdicción

Inmobiliaria y las mismas resultan incom-

patibles o contradictorias entre sí, y han

dado lugar a dos registros y dos certificados

de títulos con respecto a una única propie-

dad; cuestión que este Tribunal entiende

que afecta los referidos principios registra-

les e impacta negativamente en el sistema,

porque genera inexactitudes registrales que

se contraponen a su elevado propósito de

preservar íntegramente la eficacia y certeza

de la fe pública. De ahí que la cuestión

abordada tiene que ser conocida y decidida

bajo el estricto cumplimiento de las garan-

tías de los derechos fundamentales, tutela

judicial efectiva y el debido proceso; por

tanto, en un marco que auspicie la mayor

transparencia, certidumbre y seguridad,

cuestión esta que garantizaría el pleno

acceso de las partes a la justicia.

24. En este caso, dadas las razones y moti-

vos expuestos, resulta justificado el recurso

de casación interpuesto por el Abogado del

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 321

ÍNDICE

Estado, toda vez que este Tribunal está en

el ineludible deber de ofrecer garantía efec-

tiva de la supremacía de la Constitución

de la República y de la protección de los

derechos fundamentales; y, además, está

compelido a asumir la defensa del orden

constitucional al cual ha de sujetarse todo

poder u órgano de la administración al

momento de ejercer sus funciones, debien-

do tener en cuenta el cumplimiento de la

Constitución de la República como norma

suprema y la realización eficiente del prin-

cipio de legalidad.

26 Actualmente esta institución pasó a ser el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edicaciones (MIVHED),

creado por la Ley núm. 160-21 de fecha 3 de agosto del año 2021.

25. En la especie, existe un elevado interés

del Estado de propiciar todas las condi-

ciones para que las partes envueltas en

el diferendo puedan dirimir a fondo los

puntos de derecho involucrados en el caso,

evitando la subsistencia de dos asientos

registrales y dos certificados de título con

relación a una misma propiedad inmobi-

liaria; situación que, en la eventualidad

de que se mantuviera, devendría en una

perniciosa subversión al orden del sistema

de la propiedad inmobiliaria registrada, la

cual protege y privilegia el numeral 2 del

artículo 51 del texto sustantivo.

2. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: NO

ENTREGA DE VIVIENDA ASIGNADA Y CONSTRUIDA A SUS

LEGÍTIMOS PROPIETARIOS

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de propiedad la

actuación de una institución pública (en este caso, el Instituto Nacional

de la Vivienda, INVI26) de no entregar una vivienda construida a sus

legítimos dueños, los cuales habían sido beneficiados con la asignación

de dicha vivienda y habían obtenido el título que los acreditaba como

legítimos propietarios.

SENTENCIA TC/0428/18

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una pareja de

esposos había sido beneficiada en  con una vivienda que iba a

ser construida por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), que

incluso les había entregado el título de propiedad. Cuando la obra

fue terminada en el año , el INVI no le entregó la vivienda a la

pareja de esposos debido a que ya estaba habitada por otra persona.

Ante la reclamación de que le entregaran la vivienda asignada, El

INVI procedió a entregarle otra vivienda del mismo sector. Poste-

riormente, los esposos exigieron que les fuera transferido el título

de propiedad a la nueva vivienda que ocupaban, pero el INVI les

informó que no procedía dicha petición pues existía un título de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

322 | Art. 51

ÍNDICE

propiedad a nombre de otra persona. Ante esa situación, los esposos

acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g. Como se advierte, la parte recurrente

adquirió su derecho como titular registrado

en mil novecientos ochenta y seis (1986),

es decir hace treinta y dos (32) años, sin

que, a la fecha, el Instituto Nacional de

la Vivienda (INVI) haya hecho ninguna

diligencia orientada a viabilizar la concre-

ción del acceso a la propiedad inmobiliaria

registrada a favor de los señores Rafael

Alfredo Polanco Peralta y Aída Mercedes

Fernández de Polanco, y sin que tampoco

se haya evidenciado ningún interés por

parte de dicho organismo, orientado a re-

gularizar la posesión precaria que todavía

tienen, con relación a la unidad funcional

o apartamento que han venido ocupando a

título precario.

l. En la especie, la unidad funcional o apar-

tamento núm. 1-D, de la manzana núm.

4698, del edificio núm. 18, del residencial

Invivienda-Santo Domingo, del municipio

Santo Domingo Este, provincia Santo Do-

mingo, está constitucionalmente protegido

con la garantía reservada al bien de fami-

lia, toda vez que el artículo 54.2, precisa:

“El Estado garantizará la protección de la

familia. El bien de familia es inalienable e

inembargable, de conformidad con la ley”.

q. En ese orden, este tribunal verifica que

el certificado de título no ha sido objeto

de impugnación ni de cuestionamiento de

ningún género, de ahí que la conducta que

ha asumido el Instituto Nacional de la Vi-

vienda (INVI) con respecto al inmueble de

referencia y sus titulares riñe con el Estado

social y democrático de derecho instituido

por la Constitución de la República, el cual

está fundado en el respeto a la dignidad hu-

mana, apartándose también de la función

esencial del Estado orientada a proteger de

manera efectiva los derechos de la persona.

s. En la especie, corresponde a este tribunal

constitucional examinar y decidir el pre-

sente caso, toda vez que en el expediente

están involucrados derechos y garantías

fundamentales que han sido objeto de vul-

neración y que deben ser restablecidos con

la aplicación del mejor derecho, haciendo

valer una buena y sana administración de

la justicia constitucional.

[…] valorando de manera adecuada

las normas jurídicas aplicables. Por

tanto, proceder a garantizar el derecho

fundamental de propiedad de la parte

recurrente, ordenando al Instituto Na-

cional de la Vivienda (INVI) la entrega

inmediata de la propiedad inmobiliaria

cuya descripción técnica es: unidad

funcional o apartamento núm. 1-D, de

la manzana núm. 4698, del edificio 18,

residencial Invivienda, municipio Santo

Domingo Este, provincia Santo Domingo,

a sus legítimos titulares, señores Rafael

Alfredo Polanco Peralta y Aída Mercedes

Fernández de Polanco.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 323

ÍNDICE

3. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

CONTRADICCIÓN INTERNA AL AUTORIZAR Y LUEGO

SUSPENDER UNA CONSTRUCCIÓN

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad el

hecho de que un órgano de la Administración pública (en este caso, el

Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís) otorgue una

autorización para construir un edificio y posteriormente disponga la

suspensión y revocación de la misma de forma arbitraria, en perjuicio

del propietario y terceros.

SENTENCIA TC/0226/14

—Ver en este sentido el

criterio relativo al debido proceso (art. 69 CRD)—

CRITERIO 2:

La potestad que tiene el Concejo de Regidores de autorizar

la construcción de edificaciones es en principio un límite legalmente

válido al derecho de propiedad, pero una vez concedida la autorización,

esta pasa a formar parte integral del derecho de propiedad y no puede

ser revocada arbitrariamente.

CRITERIO

3: Se produce una expropiación arbitraria cuando se limita

el derecho de propiedad mediante medidas sancionatorias irregulares

que producen en la práctica la inexistencia del derecho para el titular.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

había solicitado al Ayuntamiento del Municipio de San Francisco

de Macorís la autorización correspondiente para construir una

edificación. El Concejo de Regidores procedió a autorizar dicha

construcción, pero posteriormente ordenó primero su paralización

y después la revocación de la autorización dada. Ante esta situación,

el señor afectado acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al debido proceso administrativo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos del criterio 1:

b. Conforme a lo establecido en la Ley núm.

176-07, del Distrito Nacional y los muni-

cipios, corresponde a los ayuntamientos, a

través de su Concejo Municipal, autorizar

los usos de suelos y edificaciones en el terri-

torio de la provincia a que pertenecen.

f. En el caso en concreto, el Concejo Regido-

res del Ayuntamiento de San Francisco de

Macorís, según consta en el Acta núm. 25-

2010 de la sesión ordinaria del seis (6) de

octubre de dos mil diez (2010), autorizó

los planos para la construcción de un pro-

yecto de edifico comercial de dos niveles en

el inmueble propiedad de Leónidas Castro.

g. En este sentido, la autorización para

construir es un acto administrativo que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

324 | Art. 51

ÍNDICE

crea una situación jurídica específica y que

afecta de manera positiva un derecho parti-

cular, en este caso, el derecho de propiedad.

a. Con respecto al primer acto administra-

tivo, en virtud del Acta núm. 28-2010 de

la sesión ordinaria del tres (3) de noviem-

bre de dos mil diez (2010) del Concejo

de Regidores, se ordenó la suspensión de

la autorización previamente otorgada y

adicionalmente: (i) paralizar y sellar la

obra; (ii) sancionar a Leo Castro por haber

violentado los parámetros relacionados a

las leyes de construcción; (iii) comunicar

la medida al Tribunal de Tierras para que

prohíba cualquier tipo de negociación con

esa edificación; y (iv) aplicar a todos los que

tengan construcciones en ese lugar y que se

encuentren en igual condición las medidas

tomadas en la presente comunicación.

b. De lo anterior se desprende que las medi-

das tomadas, más que medidas preventivas,

constituyen medidas sancionatorias, o bien

sanciones administrativas, ya que se dispuso,

entre otras cosas, “la sanción por violación

a los linderos”, la inscripción de oposiciones

en el registro de títulos para impedir nego-

ciaciones futuras con este inmueble, entre

otras previamente listadas. Dichas medidas,

individualmente, afectan el disfrute, goce y

uso del derecho de propiedad que pertenece

a Leónidas Castro, y de manera extensiva

a “todos los que tengan construcciones en

ese lugar y que se encuentren en igual con-

dición las medidas tomadas en la presente

comunicación”, que incluye a los también

accionantes Diego Alcalá María y Mauri-

cio Núñez.

i. Sobre el particular, este tribunal ha

señalado que es necesario que se provean

motivos razonables y por escrito cuando se

trata de actos administrativos que tengan

como fin variar la situación jurídica del

administrado (Sentencia TC/0010/12).

Por lo cual, un acto que pretenda imponer

una serie de medidas dirigidas a la afec-

tación del derecho de propiedad debe ser

realizado, como mínimo, respetando la ga-

rantía del debido proceso donde los hechos

imputados puedan ser controvertidos entre

la administración que evalúa la situación

y el administrado que está siendo evaluado.

l. En el presente caso, al Concejo de Regido-

res ordenar al Tribunal de Tierras inscribir

en el certificado de títulos del inmueble

en cuestión, una prohibición absoluta a

cualquier transacción o negociación sobre

el inmueble, está impidiendo, de manera

arbitraria, el uso, goce y disfrute del derecho

de propiedad de Leónidas Castro, lo que se

traduce en una violación a dicho derecho.

m. Por otro lado, y aún más grave en este

caso, el hecho de que las medidas sancio-

natorias impuestas se hacen extensivas a

personas que no formaban parte del proceso,

al indicar de forma expresa el acto impug-

nado que serán aplicables “a todos los que

tengan construcciones en ese lugar y que se

encuentren en igual condición las medidas

tomadas en la presente comunicación”.

Esta medida hace extensiva la violación al

derecho de propiedad a personas ajenas al

proceso…

n. Así pues, en razón de que el acto ad-

ministrativo que fue dictado para, entre

otras cosas, suspender la autorización de

construcción, fue realizado en violación al

debido proceso y al derecho de defensa de

los hoy recurridos, y de manera particular,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 325

ÍNDICE

resultó en una franca violación a su dere-

cho de propiedad, coincidimos con el juez

de amparo en que dicho acto debe ser

declarado nulo.

n. En el caso concreto, el Concejo de Regido-

res, en su calidad de ente de la Administra-

ción Pública, dictó un acto que amplió el

derecho de propiedad permitiendo y auto-

rizando la construcción de una edificación,

con lo cual, se trata de un acto que reconoce

derechos subjetivos y modifica la situación

jurídica de los accionantes. Su revocación

directa por parte de la Administración, sin

en el consentimiento del beneficiario del

acto, no es posible sin que se configure una

violación tanto al derecho al debido proceso,

derecho de defensa, y particularmente una

afectación ilegítima a un derecho de pro-

piedad reconocido, lo que se traduce en una

violación al derecho de propiedad, como ha

sucedido en este caso.

Fundamentos del criterio 2:

b. Conforme a lo establecido en la Ley núm.

176-07, del Distrito Nacional y los muni-

cipios, corresponde a los ayuntamientos, a

través de su Concejo Municipal, autorizar

los usos de suelos y edificaciones en el terri-

torio de la provincia a que pertenecen.

c. De acuerdo a lo establecido en el artí-

culo 51 de la Constitución dominicana:

“El Estado reconoce y garantiza el derecho

de propiedad. La propiedad tiene una

función social que implica obligaciones.

Toda persona tiene derecho al goce, disfrute

y disposición de sus bienes”. Al igual que

cualquier otro derecho, el derecho de pro-

piedad no es absoluto, por lo cual puede ser

modulado para la satisfacción del interés

general. Sobre el particular, el artículo

74.2 de la Carta Magna establece que “[s]

ólo por ley, en los casos permitidos por esta

Constitución, podrá regularse el ejercicio de

los derechos y garantías fundamentales, res-

petando su contenido esencial y el principio

de razonabilidad”.

d. Como explicamos previamente, en vir-

tud de la referida ley núm. 176- 07, los

ayuntamientos tienen la potestad de otor-

gar los permisos de uso de suelo y edificacio-

nes, una vez comprueben que los mismos

cumplen con los requisitos establecidos por

las normativas aplicables. Esto resulta, en

principio, una limitación legal al ejercicio

del derecho de propiedad, en razón de

que se requiere de la autorización de una

administración pública para el uso de la

propiedad. e. Sin embargo, una vez otor-

gado el permiso de uso de suelo y el permiso

de edificación por la administración com-

petente, dicha autorización pasa a formar

parte integral del derecho de propiedad y

esa limitación a su uso deja de existir.

Fundamentos del criterio 3:

j. Adicionalmente al respeto al debido

proceso, vale notar que otra de las medidas

tomadas fue la de “comunicar la medida

al Tribunal de Tierras para que prohíba

cualquier tipo de negociación con esa edifi-

cación”. Es así como, de manera arbitraria

y sin ningún tipo de justificación legal, el

Concejo de Regidores determina colocar

una afectación al derecho de propiedad de

Leónidas Castro, de forma que se impide

el uso del derecho de propiedad, traducién-

dose esto en una actuación administrativa

expropiatoria.

k. En este sentido, debemos entender

como actos expropiatorios, aquellos actos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

326 | Art. 51

ÍNDICE

administrativos que están dirigidos a

privar a una persona del uso, beneficio o

disfrute de su derecho de propiedad sin que

exista una ocupación física ni un traspaso

de título formal, pero que hacen que el

derecho de propiedad sea, en términos

prácticos, inexistente para el titular. Dicho

acto, para considerarse expropiatorio, debe

ser arbitrario o discriminatorio.

i. Sin embargo, cuando el derecho “conferi-

do al administrado es revocado, sin que la

administración obtenga el consentimiento

expreso y escrito del afectado, se trata de

una potestad expropiatoria, por cuanto el

administrado tenía el derecho con justo

título, pues era un derecho adquirido”.

4. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: DECOMISO

DE BIENES MUEBLES SIN AUTORIZACIÓN

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad el

decomiso de máquinas tragamonedas realizado por una institución

pública (en este caso, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional) sin

que las mismas estén en operación irregularmente y sin autorización

judicial que justifique el decomiso.

SENTENCIA TC/0272/14

—Ver en este

sentido el criterio relativo al debido proceso (art. 69 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Procura-

duría Fiscal del Distrito Nacional procedió a decomisar  máquinas

tragamonedas que estaban en un depósito, alegando violación a la

Ley núm. - que Autoriza a los Casinos de Juegos a Operar

Máquinas Tragamonedas. El propietario de las máquinas acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho de propiedad y debido proceso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e. El Tribunal Constitucional considera

[…] que procede la devolución de las 59

máquinas tragamonedas, en razón de que

el Ministerio Público procedió a comisar los

referidos muebles sin la debida autoriza-

ción del juez competente, contrariando con

esto las disposiciones del artículo 180 del

Código Procesal Penal, texto según el cual

el registro de un recinto privado, destinado

a la habitación o a otros fines particulares,

sólo puede realizarse, a solicitud del minis-

terio público, por orden de allanamiento

expedida mediante resolución judicial

motivada. En los casos de urgencia y en

ausencia del ministerio público, la policía

puede solicitarla directamente.

f. En cuanto al alegato del Ministerio

Público de que el comiso se configuraba

dentro de las disposiciones del artículo 181

del Código Procesal Penal, el cual establece

que “el registro sin autorización judicial

procede cuando es necesario para evitar la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 327

ÍNDICE

comisión de una infracción, en respuesta a

un pedido de auxilio o cuando se persigue

a un sospechoso que se introdujo a una

vivienda ajena”, este tribunal constitucio-

nal considera que el caso que nos ocupa

no se encuentra dentro de las referidas

excepciones, ya que, como fue establecido

por la Corte de Apelación, las indicadas

máquinas tragamonedas no se encontraban

funcionando, sino depositadas en un local,

de lo que se colige que no se trataba de evi-

tar la comisión de una infracción. Por otra

parte, el Ministerio Público tampoco ha

planteado las razones por las que considera

que el presente caso se encuentra dentro de

las referidas excepciones.

g. En tal sentido, al tratarse de un comiso

en un “depósito de máquinas tragamo-

nedas” y al no configurarse dentro de las

excepciones del indicado artículo 181, el

Ministerio Público debió requerir del juez

competente una orden para el allanamien-

to del referido lugar, no penetrar en él sin

la debida autorización, por lo que sus

actuaciones constituyen una arbitrariedad

y una violación al debido proceso, viola-

ciones que han tenido como consecuencia

la vulneración del derecho de propiedad

previsto en el artículo 51.1 de la Constitu-

ción, texto según el cual ninguna persona

puede ser privada de su propiedad, sino

por causa justificada de utilidad pública

o de interés social, previo pago de su justo

valor, determinado por acuerdo entre las

partes o sentencia de tribunal competente,

de conformidad con lo establecido en la ley.

En caso de declaratoria de Estado de Emer-

gencia o de Defensa, la indemnización

podrá no ser previa.

5. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: DESALOJO

CON AUXILIO DE FUERZA PÚBLICA SIN CONOCIMIENTO

CIERTO DE QUIÉN ES EL TITULAR DE LA PROPIEDAD

CRITERIO:

Se vulnera el derecho de propiedad cuando una autoridad

pública (en este caso, el procurador fiscal de Monseñor Nouel) autoriza

un desalojo con auxilio de la fuerza pública en medio de un conflicto

en el que ambas partes se atribuyen la propiedad (en este caso, entre

copropietarios, ambos con carta constancia) y sin una decisión judicial

que ordene dicho desalojo.

SENTENCIA TC/0241/14

—Ver en este sentido

el criterio relativo al debido proceso (art. 69 CRD), precedente reiterado sin

mencionar en la sentencia TC/0346/15—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

fue objeto de desalojo en vista de una autorización emitida por el

procurador fiscal competente, el cual autorizó el auxilio de la fuerza

pública. El desalojo se produce en vista de que otro señor había

generado un derecho sobre ese inmueble, reflejado en una carta

constancia. Ante esta situación, la persona desalojada acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo en vista de que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

328 | Art. 51

ÍNDICE

también tenía derechos sobre el inmueble y no existía una decisión

judicial que ordenara dicho desalojo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1. La cuestión a dilucidar por este

tribunal constitucional es si efectivamente,

como apreció la Sentencia de amparo

núm. 852, dictada por la Cámara Civil

y Comercial del Tribunal de Primera Ins-

tancia del Distrito Judicial de Monseñor

Nouel el veintisiete (27) de octubre de dos

mil nueve (2009), constituyó una acción

arbitraria, violatoria del debido proceso y

del derecho de defensa en contra del recu-

rrido, el desalojo de este último, a instan-

cia del recurrente, de la Parcela núm. 78,

D.C. 8 de la provincia Monseñor Nouel,

ejecutado por un ministerial a quien el

procurador fiscal de la provincia Monse-

ñor Nouel, mediante Oficio núm. 0283,

de fecha veintiuno (21) de agosto de dos

mil nueve (2009), autorizó el auxilio de

la fuerza pública, sin que previamente

haya citado el recurrido.

10.2. Son hechos ventilados en el proceso:

a) que el recurrido resultó adjudicatario en

un procedimiento de venta en pública su-

basta de una porción dentro de la Parcela

78, D.C. 8 de Monseñor Nouel, de la que

fue desalojado; b) que el recurrente tam-

bién tiene derechos registrados en la indi-

cada parcela, conforme se demuestra por la

constancia de venta anotada expedida en

su provecho; c) que el desalojo del recurrido

se produjo sin que mediara una sentencia

judicial que así lo ordenara ni un mandato

del abogado del Estado ante el Tribunal de

Tierras; c) que el propio recurrente, en su

memorial de casación, expresa que tomó

posesión del terreno en virtud del título de

propiedad que ostenta.

10.3. La sentencia de amparo objeto de

revisión señala que en virtud del artículo

48 de la Ley núm. 108-05, sobre Registro

Inmobiliario, el propietario de un inmueble

registrado amparado en un certificado de

título o constancia anotada no puede proce-

der el desalojo de un ocupante sin cumplir

previamente con el procedimiento que orga-

niza dicho texto. El recurrente no cumplió

con ese procedimiento, pero en el presente

caso también existía la prohibición de que

el recurrente pudiera perseguir, en virtud de

su carta constancia, el desalojo del recurri-

do, prohibición que está consignada en el

artículo 47, párrafo I, de la mencionada ley

núm. 108-05, que establece que no procede

el desalojo de un copropietario del mismo

inmueble contra otro en virtud de una cons-

tancia anotada, y no está en discusión que

el recurrido, en virtud de la adjudicación

que en su provecho hizo la sentencia del

Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de

Monseñor Nouel, de fecha dieciocho (18) de

marzo de dos mil nueve (2009), ostenta la

condición de copropietario, junto con los de-

más que, como el recurrente, tienen derechos

registrados sobre la Parcela 78, D.C. núm.

8 de Monseñor Nouel.

10.4. Se puede concluir, en consecuencia,

que el procurador fiscal de Monseñor

Nouel, al emitir el Oficio núm. No. 0283,

de fecha veintiuno (21) de agosto de dos

mil nueve (2009), mediante el cual

autorizó el auxilio de la fuerza pública

al ministerial que finalmente practicó el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 329

ÍNDICE

desalojo en contra del recurrido teniendo

como título ejecutorio una constancia de

venta anotada, no observó que tratándose

de un terreno registrado y en ausencia de

una sentencia judicial que ordenara dicho

desalojo, no podía autorizar el auxilio

de dicha fuerza pública sin que hubiera

mediado una autorización en ese sentido

del abogado del Estado ante el Tribunal de

Tierras.

10.5. En ese sentido, la autorización de

auxilio de fuerza pública concedida por el

procurador fiscal de Monseñor Nouel y el

desalojo del recurrido que se practicó bajo

el amparo de esa autorización, fueron actos

que se cumplieron en violación al debido

proceso, en violación al derecho de defensa

del recurrido y de su derecho de propiedad,

al ser privado de la posesión y usufructo de

un inmueble que se reputa estar dentro de

su patrimonio.

6. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

DESALOJO DE INMUEBLE MIENTRAS SE DETERMINA LEGÍTIMO

PROPIETARIO EN LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA

CRITERIO:

Constituye una irregularidad el desalojo realizado por el

Abogado del Estado cuando el derecho de propiedad del inmueble

está siendo objeto de litis ante la jurisdicción inmobiliaria. Desalojo

extemporáneo.

SENTENCIA TC/0355/15

—Precedente reiterado sin

mencionar en la sentencia TC/0555/16—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que, a requeri-

miento de una persona, el Abogado del Estado procedió a realizar un

desalojo en perjuicio de otra persona, y ambas estaban en medio de

una litis de derechos registrados ante la jurisdicción inmobiliaria. La

persona que resultó afectada con el desalojo acudió ante la jurisdic-

ción constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f. En relación con los alegatos de la parte

recurrente, de que el señor Ramón Antonio

Rincón Pimentel no demostró los dere-

chos que posee para ocupar el inmueble

precedentemente descrito y que el juez de

amparo incurrió en una desnaturalización

de los hechos de la causa, debido a que el

recurrido no forma parte del litigio entre el

Consejo Estatal del Azúcar y el señor Rafael

del Socorro Payamps, este tribunal conside-

ra que estos aspectos resultan irrelevantes

debido a que, por su naturaleza, estos

elementos no estaban sujetos a controversia

en el proceso en que se conoció la acción

de amparo, la cual se limitó a determinar

que la acción de desalojo realizada por el

abogado del Estado contra el señor Ramón

Antonio Rincón Pimentel se hizo de mane-

ra extemporánea y en violación al debido

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

330 | Art. 51

ÍNDICE

proceso, en la medida en que desconoció

que los terrenos reclamados por la parte

recurrente estaban sujetos a una litis en

la jurisdicción inmobiliaria, la cual no

había sido decidida de manera definitiva

e irrevocable en su favor.

g. En el presente caso, no obstante existir

un título de propiedad en favor de la

parte recurrente, este tribunal toma nota

de que el mismo se encuentra impugnado

ante la jurisdicción inmobiliaria, cuyo

proceso a este tribunal no le consta que

haya concluido de manera definitiva e

irrevocable.

h. Si bien el derecho de propiedad es un

derecho fundamental que este tribunal

valora y reconoce, también considera las

particulares condiciones en que se suscitó

el presente caso: a) elementos sociales,

humanos y familiares involucrados; b)

cuestionamiento legal sobre la titularidad

de los terrenos en disputa y c) el carácter

extemporáneo de proceder al desalojo, cir-

cunstancias de tiempo, modo y lugar que

el juez valoró para otorgar el amparo, en

razón de que consideró que éste solo pro-

cedía cuando la jurisdicción inmobiliaria

fallara la litis sobre la propiedad de los

terrenos objeto del conflicto, por lo que

este tribunal es del criterio que el juez de

amparo actuó correctamente al otorgar

una tutela judicial diferenciada en favor

de la parte recurrida, por lo que procede

confirmar la Sentencia núm. 00738/07,

del veintidós (22) de octubre de dos mil

siete (2007).

7. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA

CRITERIO:

La demolición de una vivienda de forma arbitraria y sin

autorización de autoridad competente es una vulneración al derecho

de propiedad.

SENTENCIA TC/0078/13

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que en el trans-

curso de la construcción de la autopista Seis de Noviembre (tramo

San Cristóbal-Baní) se afectó una porción de terreno que pertenecía

a una persona a la cual le demolieron una vivienda que estaba

construyendo bajo la orden de un representante del Ministerio de

Medio Ambiente. Ante esta situación, la persona afectada acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

h) Este tribunal considera que el Ministe-

rio de Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales, al actuar en la forma en que lo hizo,

no solo conculcó el derecho de propiedad

de la ciudadana Elena Rivera Díaz, sino

que, además, no observó el debido proceso,

toda vez que la destrucción y demolición

de la mejora que erigió Elena Rivera Díaz

no fue la consecuencia de una decisión de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 331

ÍNDICE

autoridad competente, sino la actuación

arbitraria de una autoridad desprovista

de facultad para actuar en tal sentido; por

tanto, se trata de un acto nulo de pleno

derecho, en vista de que la aludida Ley No.

174-09, no prevé la posibilidad de que el

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales pueda demoler una mejora sin

contar con una decisión emitida por una

autoridad judicial competente.

8. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: DETENER

E IMPEDIR CONSTRUCCIÓN EN PROPIEDAD PRIVADA

CRITERIO:

Se vulnera el derecho de propiedad cuando, de manera

arbitraria y sin habilitación legal, una autoridad pública ordena

detener una construcción realizada por su propietario. Goce,

disfrute y disposición como dimensiones del derecho de propiedad.

SENTENCIA TC/0088/12

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando un representante

del Ministerio Público pretendía prohibir y restringir la construcción

que realizaba una señora en el ejercicio de su derecho de propiedad.

Ante esta situación, la señora pidió que cesara dicha restricción, por

lo que acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b) Resultan hechos no controvertidos: que

la señora Milagros Encarnación Fernández

es propietaria de una porción de terreno,

dentro del ámbito de la Parcela No. 93-A,

del Distrito Catastral, No. 2 del municipio

de San Juan de la Maguana, con una ex-

tensión superficial de 182.25 MTS.2 , la

cual alquiló para la construcción de una

banca de apuestas; así que la construcción

se ha puesto en peligro por las constantes

amenazas y advertencias hechas por el re-

currente en revisión, señor Pedro Antonio

Mateo Ibert, con lo cual se le vulnera su

derecho de propiedad.

c) Que la concesión del derecho de propie-

dad tiene tres dimensiones para que pueda

ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y

la disposición. Este derecho ha sido definido

como el derecho exclusivo al uso de un objeto

o bien aprovecharse de los beneficios que este

bien produzca y a disponer de dicho bien,

ya sea transformándolo, distrayéndolo o

transfiriendo los derechos sobre los mismos.

En ese sentido, la Constitución dispone en

su artículo 51 que: “El Estado reconoce y

garantiza el derecho de propiedad. La pro-

piedad tiene una función social que implica

obligaciones. Toda persona tiene derecho al

goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

f) Es por ello que si bien es cierto que el artí-

culo 8 de la Ley 139-11, de fecha veintidós

(22) de junio de dos mil once (2011), es-

tablece que “el Estado Dominicano durante

un período de diez (10) años no autorizará

la instalación de nuevas bancas de apuestas

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

332 | Art. 51

ÍNDICE

en deportes ni de lotería, a partir de la

promulgación de la presente ley”, no menos

cierto es que no es aplicable al presente caso,

por tratarse de la paralización de una cons-

trucción que es de la exclusiva competencia

de la Dirección General de Edificaciones

(DGE) y del Ayuntamiento de San Juan de

la Maguana, como ha sido establecido.

g) En consecuencia, los representan-

tes del Ministerio Público, tanto del

Departamento Judicial de San Juan de la

Maguana, como de la Procuraduría Fiscal

de San Juan de la Maguana, incurren

en exceso de poder, al subrogarse derechos

que no le otorga la ley. En ese sentido, la

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo

del Juzgado de Primera Instancia de San

Juan de la Maguana protegió a la señora

Milagros Encarnación Fernández, sobre la

conculcación a su derecho fundamental de

propiedad.

9. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

EXPROPIACIÓN DE TERRENO ALEGANDO FRAUDE SIN

APODERAR LA JURISDICCIÓN COMPETENTE

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

expropiación arbitraria realizada por un órgano de la Administración

pública (en este caso, el Ayuntamiento Municipal de Baní) alegando

fraude en la adquisición de dicha vivienda, pero sin apoderar a la

jurisdicción competente.

SENTENCIA TC/0442/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ayunta-

miento Municipal de Baní procedió a despojar de una parcela a una

persona que contaba con su certificado de título. Ante esta actuación,

la persona acudió a la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c) En efecto, la Cámara Civil de la Corte

de Apelación del Departamento Judicial de

San Cristóbal verificó y comprobó que la

propiedad de la señora Medina Peña sobre

la referida parcela estaba fundamentada

en la documentación necesaria, es decir, en

un certificado de título y en documentos

emitidos por la Dirección General de Men-

sura Catastral. d) No obstante esto, el refe-

rido ayuntamiento alega que el certificado

de título de la señora Dinorah Medina

Peña es ilegal y fraudulento, razón por la

cual interpuso una solicitud de revisión

por fraude, ante el Tribunal Superior de

Tierras correspondiente…

f) Sobre este particular, el Tribunal llama la

atención de que, si bien es cierto que existe un

recurso legal de revisión por causa de fraude

–depositado el veintidós (22) de enero de dos

mil cuatro (2004)–, no es menos cierto que el

mismo Tribunal Superior de Tierras, Depar-

tamento Central, ha establecido – mediante

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 333

ÍNDICE

certificación emitida el dieciocho (18) de

marzo de dos mil quince (2015)–, que a la

fecha no existe “evidencia ni física ni digital

de que se realizara trámite procesal alguno

posterior al depósito de la misma, ni que se

haya emitido decisión que se refiera al citado

recurso”

g) En vista de estas comprobaciones, este

tribunal constitucional comparte el

argumento emitido por la corte a-qua, en

el sentido de que existe documentación que

le atribuye la propiedad de la indicada

parcela a la hoy recurrida, señora Dinorah

Medina Peña, no existiendo algún docu-

mento o prueba de que la expropiación

que fuese iniciada por el Ayuntamiento

municipal de Baní estuviese justificada de

alguna manera.

10. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

EXPROPIACIÓN MÚLTIPLE Y DESCONOCIMIENTO DEL ORDEN

CONSTITUCIONAL

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la emisión de un decreto

que pretendía expropiar por segunda vez un terreno que ya había sido

expropiado anteriormente por decreto, pero que un tribunal anuló

por inconstitucional y devolvió la propiedad a su titular. Violación

del derecho de propiedad, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

SENTENCIA TC/0127/13

—Precedente reiterado en la sentencia TC/0188/14—

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitu-

cional la expropiación prevista en el Decreto núm. 391-12, por transgredir el

derecho fundamental de propiedad previsto en el artículo 51 de la Constitución,

y violar el derecho del accionante a obtener la tutela judicial efectiva, al tenor de

lo estipulado en el artículo 69 de la Carta Sustantiva.

Resumen del caso: Se trata de una acción directa de inconstitucio-

nalidad interpuesta por una persona que plantea la vulneración de

derechos fundamentales con la expedición del Decreto núm. -,

el cual ordena la expropiación de dos parcelas de su propiedad y las

declara de utilidad pública. El accionante alega que anteriormente

ya habían intentado expropiarlo mediante decreto, pero que una

sentencia anuló dicho decreto y le devolvió su propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

8.6. Reiteramos que en la especie, se trata

de un decreto de expropiación que, no

obstante haber sido anulado por la juris-

dicción judicial, fue nuevamente reintro-

ducido con idénticas motivaciones al que

había sido precedentemente anulado. Más

todavía, dicho decreto afecta las mismas

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

334 | Art. 51

ÍNDICE

parcelas que ya habían sido liberadas

mediante una decisión judicial que ad-

quirió la autoridad de lo cosa definitiva

e irrevocablemente juzgada. En tal virtud,

nos encontramos con una clara violación al

principio de seguridad jurídica, a la tutela

judicial efectiva y al derecho de propiedad.

8.12. En el caso específico de las parcelas

núm. 1583 y 1584, del Distrito Catastral

No. 05, del municipio Luperón, provincia

Puerto Plata, que han sido objeto de una

sentencia definitiva e irrevocable, oponible

al Estado dominicano, no pueden ser ex-

propiadas por el propio Estado, aduciendo

exactamente las mismas razones del decreto

ya anulado. Tal proceder vulnera la segu-

ridad jurídica que se fundamenta en la

certeza del derecho, sobre todo en su ámbi-

to de aplicación, al impedir la eficacia de

las decisiones dictadas por las jurisdicciones

competentes. En el caso que ocupa nuestra

atención, la situación se torna todavía más

grave puesto que se trata de una violación

a un principio universalmente reconocido

que debe ser garantizado por el Estado,

quien con su actuación está pretendiendo

eludir los efectos de sus propias decisiones

jurisdiccionales, las cuales están llamadas

a zanjar definitivamente los conflictos. En

tal virtud, resulta inaceptable que situacio-

nes como la anteriormente planteada sean

propiciadas por el Estado, quien no sola-

mente debe ser el principal garante de sus

decisiones definitivas e irrevocables, sino

también debe dar ejemplo de sumisión a

la ley para tener así la autoridad suficiente

de formularles exigencias a sus ciudadanos.

8.14. En definitiva, mientras no se modifi-

quen las circunstancias que determinaron

la sentencia dictada contra el Estado domi-

nicano con relación a la expropiación de

las parcelas mencionadas, este se encuentra

obligado a darle cumplimiento a sus dispo-

siciones. De no hacerlo estaría violentando

el artículo 69 de la Constitución que consa-

gra el derecho de toda persona a obtener la

tutela judicial efectiva, y también violaría

el artículo 51 de la Carta Sustantiva que

consagra el derecho de propiedad.

11. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

EXPROPIACIÓN SIN PREVIO PAGO DE JUSTO PRECIO

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho fundamental de

propiedad previsto en el artículo 51.1 de la Constitución el no pago

del justo precio, cuando se ha producido la expropiación mediante

decreto que ordena la inmediata ocupación de la propiedad y han

transcurrido 21 años sin que las personas hayan recibido el pago

correspondiente. Transformación del derecho de propiedad en un

derecho de indemnización que tiene el expropiado frente al Estado.

El no pago del justo precio se traduce en acto de confiscación de la

propiedad.

SENTENCIA TC/0205/13

—Precedente reiterado y ampliado en la

sentencia TC/0193/14—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 335

ÍNDICE

CRITERIO 2:

Para que una persona pueda ser privada de su propiedad

de manera que la afectación a su derecho fundamental sea mínima, es

preciso que se garantice: 1) la legalidad de la actuación, 2) el debido

proceso y la tutela judicial efectiva, y 3) el pago previo del justo valor

del bien, es decir, una indemnización previa, salvo que interviniera una

declaratoria de estado de emergencia o de defensa, en cuyo caso dicho

pago podría ser posterior.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Poder

Ejecutivo emitió un decreto en el año  mediante el cual se

expropiaron varios inmuebles que pertenecían a una pareja de

esposos. El decreto ordenaba la inmediata ocupación de los inmue-

bles y el pago del justo precio a los propietarios, sin embargo, dicho

pago no ha sido realizado tras haber transcurrido  años. Ante esta

situación, los esposos acudieron ante la jurisdicción constitucional

en materia de amparo para solicitar el pago convenido en respeto a

su derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b) Luego de la declaración de utilidad

pública, los señores Manuel Carmona y

María Mercedes de Carmona solicitaron al

Ministerio de Hacienda el pago del valor

de dichos inmuebles, siendo los mismos

valorados en cinco millones quinientos

ochenta y cinco mil quinientos pesos oro

dominicano (RD$5,585,500.00); la

solicitud de pago fue canalizada por el Ad-

ministrador General de Bienes Nacionales

ante el Ministerio de Hacienda.

[…] el derecho a la propiedad privada no

es absoluto al permitirse, por ejemplo, su

restricción por razones de utilidad pública

o de interés social, siempre y cuando se

practique dicha limitación según los casos

y las formas establecidas por la ley y de con-

formidad con la Convención Americana

sobre Derechos Humanos, afirmando di-

cha corte que, en tales casos, el principio de

legalidad es una condición determinante

para efectos de verificar la concurrencia de

una vulneración al derecho a la propiedad,

y supone que la legislación que regule la

privación del derecho a la propiedad deba

ser clara, específica y previsible. p) Lo

anterior implica, pues, que para privar a

una persona de su propiedad, la autoridad

correspondiente debe hacerlo observando

las garantías establecidas en la Constitu-

ción, en sus artículos 68 y 69.10, y en el

artículo 8 de la Convención Americana so-

bre Derechos Humanos, así como el proceso

consagrado para estos casos por la Ley núm.

344 de 1943 sobre expropiaciones.

Dicho decreto fue emitido en el año mil

novecientos noventa y dos (1992), es decir,

hace más de veintiún años, y hasta la fecha

no han recibido el pago de su justo valor,

como reparación por la afectación recibida.

[…] para que una persona pueda ser

privada de su propiedad de manera que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

336 | Art. 51

ÍNDICE

la afectación a su derecho fundamental

sea mínima, es preciso que se garantice: 1)

la legalidad de la actuación; 2) el debido

proceso y la tutela judicial efectiva; y 3)

el pago previo del justo valor del bien, es

decir una previa indemnización, salvo que

interviniera una declaratoria de estado de

emergencia o de defensa, caso en que dicho

pago podría ser posterior, lo que, por cierto,

no ocurre en la especie.

t) Resulta entonces que uno de los elemen-

tos esenciales en la declaratoria de utilidad

pública de un bien inmueble propiedad de

una persona es el pago del justo valor, el

cual se comporta como una indemnización

que se reconoce al propietario que ha sido

despojado de su derecho, con la finalidad

de compensarle, transformando ese derecho

de propiedad en un derecho a un crédito

en contra del Estado. En este sentido, la

doctrina sostiene que, frente a la potestad

expropiatoria de la Administración, “el

titular ve nacer un derecho a la indem-

nización correspondiente”; esto así porque

dicha actuación solo debe afectar partes

específicas del patrimonio, “pero no su inte-

gridad económica, la cual queda compen-

sada con una indemnización pecuniaria

que restablece, al menos en principio, la

sustracción de valor en que el sacrificio

expropiatorio se concreta”.

u) Efectivamente, cuando la privación de

la propiedad se produce sin respetar los

principios que garantizan la afectación

mínima al derecho de propiedad, tal ac-

tuación, por parte de la Administración,

se transforma en un acto de confiscación,

la cual solo es posible en los casos y bajo

las condiciones que de manera expresa

establece la Constitución. Al respecto, el

inciso 5 del artículo 51 de la Constitución

establece: Sólo podrán ser objeto de con-

fiscación o decomiso, mediante sentencia

definitiva, los bienes de personas físicas

o jurídicas, nacionales o extranjeras, que

tengan su origen en actos ilícitos cometidos

contra el patrimonio público, así como los

utilizados o provenientes de actividades de

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias

psicotrópicas o relativas a la delincuencia

transnacional organizada y de toda infrac-

ción prevista en las leyes penales.

v) Es decir que la actuación de la Admi-

nistración, cuando es ajena al mandato de

la Constitución, se aparta de la función

esencial de un Estado Social y Democrático

de Derecho, violando de esa forma los de-

rechos fundamentales de los sujetos activos

de dichos derechos, en este caso Manuel

Carmona y María Mercedes de Carmona,

quienes después de más de veintiún (21)

años no han sido indemnizados.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 337

ÍNDICE

12. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

INSTALACIÓN DE PILOTILLOS PARA PROHIBIR EL

ESTACIONAMIENTO EN DESCONOCIMIENTO DE PERMISO

OTORGADO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

actuación de un órgano de la Administración pública (en este caso,

el Ayuntamiento de Santo Domingo Este) de instalación de pilotillos

para prohibir el acceso al estacionamiento en una plaza comercial que

había obtenido la autorización correspondiente.

SENTENCIA TC/0379/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ayunta-

miento de Santo Domingo Este procedió a la colocación de piloti-

llos en un área para impedir el estacionamiento, esto afectó a una

plaza comercial que había obtenido el permiso correspondiente

para utilizar el área. Los propietarios de la plaza comercial hicieron

una reclamación que fue acogida por el concejo de regidores y se

ordenó a la alcaldía detener dicha colocación. Ante la negativa de la

alcaldía, los propietarios acudieron a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al derecho fundamen-

tal de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

a. El inicio del presente conflicto se da

cuando el Ayuntamiento del municipio

Santo Domingo Este decide obstaculizar

con pilotillos los parqueos de retroceso

del accionante en amparo, Consorcio de

Condominio Centro Comercial Ozama,

impidiendo el acceso a los parqueos de la

referida plaza comercial.

b. El Consorcio de Condominio Centro

Comercial Ozama alega poseer los per-

misos de los parqueos correspondientes

aprobados y otorgados por la Dirección de

Planeamiento Urbano, los cuales han sido

obstaculizados por el Ayuntamiento del

municipio Santo Domingo Este, mediante

la colocación de pilotillos en el contén de la

acera que da acceso a los parqueos.

c. Resulta que el Concejo de Regidores

del Ayuntamiento del municipio Santo

Domingo Este, en ocasión de lo ocurrido,

emitió la Resolución núm. 30-13, del diez

(10) de octubre de dos mil trece (2013),

la cual desautorizó a la Administración

Municipal a colocar pilotillos o cualquier

otro objeto que impida el acceso a los es-

tablecimientos con parqueos debidamente

aprobados por la Dirección de Planea-

miento Urbano.

j. En vista de la prueba aportada por el

accionante en amparo, referente a los per-

misos requeridos para la autorización en su

local comercial de los parqueos en retroceso,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

338 | Art. 51

ÍNDICE

y luego de la decisión tomada por el Conce-

jo de Regidores del Ayuntamiento del mu-

nicipio Santo Domingo Este, de impedir la

colocación de los referidos pilotillos en las

aceras, bloqueando y afectando de manera

directa al accionante, es una muestra de

visible arbitrariedad manifiesta de la parte

recurrente, al no querer acatar, primero,

una decisión de su órgano rector (Concejo

de Regidores), y luego, la sentencia del juez

de amparo que ordenaba la suspensión de

la instalación de los pilotillos.

k. Es preciso establecer que el Concejo Mu-

nicipal o de Regidores se reúne para tomar

decisiones de carácter normativo fiscaliza-

dor (normas municipales) y la Alcaldía

que es el órgano (ejecutivo); precisamos,

por tanto, que ambos órganos pertenecen

al Ayuntamiento.

13. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: INTENTO

DE DESALOJO SIN TENER TÍTULO DE PROPIEDAD DEFINITIVO

CRITERIO:

No procede el intento de desalojo pretendido por un fiscal

y una señora que alega ser propietaria, en contra de una persona que

habita un inmueble del Estado que está siendo disputado en la justicia

ordinaria. Ante la ausencia de título, procede primero solucionar la

disputa judicial y luego realizar el procedimiento de desalojo.

SENTENCIA

TC/0007/16

—La sentencia TC/0138/21 es un precedente relacionado que

protegió el derecho de propiedad de una señora con su título de propiedad,

ante la pretensión de desalojo con una sentencia que no le era oponible—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

y su hijo se encuentran amenazados de desalojo por parte de un

fiscal y una señora, hermana del propietario fallecido, que alega ser

la propietaria del inmueble. Por otro lado, la viuda del propietario

fallecido alega que dicho inmueble le pertenece. Ante la amenaza de

desalojo, la madre procede a acudir a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g. El presente caso tiene la particularidad

de que la disputa sobre el inmueble que se

presenta recae sobre un edificio construido

en terrenos del Estado dominicano y en

donde las partes presentan como prueba

de su derecho, por un lado, la recurrente

presenta una certificación de la Dirección

General de Catastro Nacional en donde

registró la mejora y posee una ratificación

de venta del inmueble, del veintiocho (28)

de julio de dos mil doce (2012), del pro-

tocolo del Dr. Jesús Méndez Méndez; por

su lado, la recurrida presenta como prueba

de propiedad una declaración de mejora

hecha por el difunto, una certificación de

acuerdo de pago con el ayuntamiento por

pago de impuestos sobre el inmueble y una

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 339

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certificación dada por una ferretería, en

donde se hace constar que el finado compró

todos los materiales para la construcción

del referido inmueble.

h. En el caso que nos ocupa, este tribunal

se ha podido percatar de que ninguna de

las partes ostenta un certificado de título

emitido por las autoridades competentes

que ampare dicho inmueble, sino que el

mismo está construido en terrenos del Es-

tado dominicano. De esto, se puede colegir

que se trata de una disputa por la posesión

de un inmueble no registrado. Es decir, que

el derecho controvertido no ha podido ser

establecido a favor de ninguna de las partes

envueltas; en tal sentido, el juez a-quo sólo

se refirió a la posesión, como atributo del

derecho de propiedad, es decir no deter-

minó quién era el verdadero propietario,

sino que lo que preservó fue el derecho a

permanecer en el inmueble de la madre y

su hijo menor, y evitar así la privación de

libertad de la madre.

j. Es precisamente por esta razón, que este

tribunal considera que por estar el edificio

construido en terrenos del Estado, y no

existir título alguno a nombre de las partes,

las mismas tienen que hacer el proceso para

determinar quién es el verdadero dueño

de la mejora objeto de la controversia; que

para determinar a quién le asiste el derecho

de propiedad sobre dicha mejora, las partes

deben remitirse ante la Cámara Civil del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional.

El juez de amparo actuó correctamente, al

conocer y decidir sobre el amparo preventi-

vo solicitado por las accionantes, a los fines

de evitar la advertencia o amenaza de lan-

zamiento de lugar de parte del Ministerio

Público, sin una orden judicial de funcio-

nario competente, y sobre la amenaza de

privación de libertad que pesaba sobre la

madre del menor, los cuales habitan en

un apartamento dentro del edificio en

conflicto; a juicio de este tribunal, el juez

a-quo lo que hizo fue emitir una medida

preventiva a fin de evitar que se consumara

la violación a los derechos enunciados.

u. En cuanto a referirse al desalojo del lugar

donde viven la madre y su hijo, el juez pro-

tegió el interés superior del niño y el derecho

a la libertad que tienen los recurridos a

permanecer en el lugar, del cual ostentan

la posesión, hasta tanto el procedimiento

se lleve a cabo, como manda la ley, para

lo cual exige que el mismo se haga a través

del abogado del Estado o a través de un

procedimiento judicial de desalojo; en el

presente caso, no se observó ninguna de las

formas exigidas por la ley, lo que configura

una actuación arbitraria. Además, no se

encuentran dentro de las atribuciones de la

Procuraduría Fiscal la facultad de ordenar

que los accionantes desocuparan el bien in-

mueble, sin contar con la orden de un juez.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

340 | Art. 51

ÍNDICE

14. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: INVASIÓN

IRREGULAR DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad

la actuación de una institución pública (en este caso, el Consejo

Estatal del Azúcar, CEA) de invadir arbitrariamente un terreno

registrado debidamente a nombre de una empresa. Desconocimiento

de las transferencias inmobiliarias asentadas en el registro de títulos.

SENTENCIA TC/0506/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Consejo

Estatal del Azúcar procedió a entrar en un terreno con el fin de

destruir una cerca y expulsar un ganado que allí se encontraba. El

CEA plantea que dicho terreno no podía ser transferido a la empresa

hoy propietaria por ser un terreno dedicado a la reforma agraria que

debe estar en manos de parceleros. La empresa propietaria de dicho

terreno acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d) Este tribunal, al verificar la sentencia

objeto de este recurso y los argumentos de

las partes, ha podido establecer que estamos

ante una pretensión del Consejo Estatal del

Azúcar que procura desconocer la eficacia

de operaciones relativas a transferencias

inmobiliarias sobre derechos sobre la pro-

piedad registrada; por tanto, se pretende

poner bajo cuestionamiento la eficacia y

efectos jurídicos de un registro que, como el

nuestro, es constitutivo y convalidante, de

ahí que artículo 90 de la Ley núm. 108-

05, de Registro Inmobiliario: “El conteni-

do de los registros se presume exacto y esta

presunción no admite prueba en contrario,

salvo lo previsto por el recurso de revisión

por causa de error material y por causa de

fraude”.

e) En el caso, subyace un cuestionamiento

hecho por la parte recurrente, Consejo

Estatal del Azúcar (CEA), con respecto a la

adquisición que, mediante la modalidad

de actos por venta, suscribiera la parte

recurrida, compañía Inversiones Inmobi-

liarias Haute Savoy, S.A., con parceleros

beneficiarios de los programas de reforma

del Instituto Agrario Dominicano (IAD),

los cuales estaban provistos de constancias

anotadas en certificados de títulos; en

consecuencia, parceleros amparados en el

registro de derechos definitivos. Tales do-

cumentos fueron otorgados por las oficinas

instituidas por el Estado a tales fines como

resulta en la especie, el Registro de Títulos

de Monte Plata.

f) Por tanto, pretender desconocer la

venta hecha por los parceleros que estaban

amparados en constancias anotadas en

certificados de títulos a las que la ley ha

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 341

ÍNDICE

otorgado fuerza ejecutoria por ser docu-

mentos probatorios de cuantos derechos se

consignen en ellas.

g) En este mismo orden, procede resaltar

la Ley núm. 55-97, promulgada el 7 de

marzo de 1997, la cual introduce mo-

dificaciones a la Ley núm. 5879, sobre

Reforma Agraria, de 1962, instrumento

jurídico que le permite a los parceleros

disponer de la parcela una vez que “[…]

hayan obtenido el dominio completo sobre

su parcela” (parte in fine del artículo 39 de

la Ley núm. 55-97).

h) Por su parte, el Decreto del Poder

Ejecutivo núm. 144-98, del 27 de abril

de 1998, establece en el numeral 7 de su

artículo 19 lo siguiente: “No se recomen-

darán títulos definitivos sobre, terrenos que

la Comisión Recomendadora de Titulación

no tenga absoluta seguridad de que están

adjudicados al Instituto Agrario Domini-

cano”, cuestión esta que coloca en relieve la

certeza que procura la autoridad agraria

antes de titular de manera definitiva a una

persona beneficiaria de los programas de

reforma agraria.

i) En el expediente que nos ocupa figura

un informe certificatorio expedido por el

Registro de Títulos del Distrito Judicial de

Monte Plata, en el cual se refleja el tracto

sucesivo de los inmuebles involucrados en

las transferencias hechas por el Instituto

Agrario Dominicano a varios parceleros,

en 2002, y, a su vez las transmisiones de

tales derechos hechas por estos a favor de

la ahora parte recurrida en revisión, com-

pañía de Inversiones Inmobiliaria Haute

Savoy, S.A.

15. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: NEGATIVA

DE DEVOLVER VEHÍCULO EXCLUIDO DE PROCESO PENAL

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

negativa de un fiscal de devolver un vehículo que ya no formaba parte

del proceso penal y que era reclamado por su legítima propietaria, que

no formó parte de dicho proceso.

SENTENCIA TC/0042/16

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que dos personas

alquilaron un vehículo de motor a una empresa dedicada a este

servicio. Las dos personas procedieron a vender el vehículo alquilado

mediante maniobras fraudulentas a una señora. Cuando se descubrió

el ilícito se procedió a la incautación del vehículo y a procesar penal-

mente a los autores del mismo, los cuales resultaron condenados.

Respecto del vehículo de motor incautado, la legítima propietaria

procedió a solicitar su devolución, pero se opuso la señora que había

comprado el vehículo a los condenados. Ante la negativa por parte

del fiscal de devolver el vehículo, la legítima propietaria acudió ante

la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

342 | Art. 51

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

n. En efecto, la señora Agustina Romero

Rodríguez alega que es la propietaria del

vehículo y que el mismo fue transferido de

manera fraudulenta a la señora Francis

Cesarina Duval. En este sentido, en el

expediente se encuentra depositado la copia

de la matrícula núm. 4844815, en la cual

figura como propietaria del referido vehí-

culo la señora Agustina Romero Rodríguez.

o. Igualmente, está depositado en el expe-

diente un contrato del veintiséis (26) de

diciembre de dos mil doce (2012), según el

cual la señora Agustina Romero Rodríguez

vende a la señora Francis Cesarina Duval de

la Rosa el referido vehículo. Por otra parte, en

ejecución de este contrato fue expedida una

nueva matrícula a nombre de la compradora.

p. Otro documento relevante que se en-

cuentra depositado en el expediente es la re-

ferida sentencia núm. 128/2014, dictada

por el Tribunal Colegiado de la Cámara

Penal del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Judicial de San Cristóbal el

veinte (20) de agosto de dos mil catorce

(2014), en la cual se estableció que quienes

realmente vendieron fueron los señores

Ángel Manuel Lantigua Rosario y Alfredo

Molina Adón, no la verdadera propietaria,

la señora Agustina Romero Rodríguez.

q. Según la indicada sentencia, la propieta-

ria del vehículo de referencia no vendió el

mismo, sino los señores Ángel Manuel Lan-

tigua y Alfredo Molina Adón. De lo ante-

rior resulta que la señora Francis Cesarina

Duval de la Rosa no adquirió válidamente

el bien reclamado, ya que fue objeto de un

fraude. r. Dado el hecho de que el indicado

contrato de venta fue fraudulento, resulta

que el mencionado vehículo no ha salido

del patrimonio de la propietaria original,

la señora Agustina Romero Rodríguez y, en

consecuencia, lo que procede en la especie

es que dicho vehículo sea devuelto a su

propietaria.

16. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: NEGATIVA

DE EJECUTAR LA FUERZA PÚBLICA PREVIAMENTE AUTORIZADA

POR ABOGADO DEL ESTADO

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de propiedad la negativa

por parte de la Policía Nacional de ejecutar una orden de desalojo que

había sido debidamente autorizada por el Abogado del Estado para

proteger la propiedad de una persona.

SENTENCIA TC/0595/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

acudió ante el Abogado del Estado en busca de protección de su

propiedad que estaba siendo ocupada ilegalmente. El Abogado del

Estado agotó el procedimiento de lugar y procedió a ordenar el

auxilio de la fuerza pública para desalojar a los ocupantes. La Policía

Nacional se negó a ejecutar la orden alegando que un fiscal le había

indicado que no procediera con dicho desalojo.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 343

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f. En la especie, la actitud de la Policía

Nacional resulta inexplicable por cuanto era

su obligación esencial e ineludible acatar

el mandato emanado de una autoridad

competente en interés de proteger a las per-

sonas indicadas y sus propiedades; por tanto,

debió cumplir con su obligación de otorgar,

de modo efectivo, el auxilio de la fuerza

pública ordenada.

g. En el caso del procurador fiscal adjunto

adscrito al Destacamento Policial de Villa

Duarte, Dr. Francisco Rodríguez, éste se

apartó de su obligación de actuar en interés

de que se cumpliera la disposición emitida

por el abogado del Estado ante la Jurisdicción

Inmobiliaria del Departamento Central,

órgano que es parte esencial del estamento de

la administración de justicia, el cual tiene a

cargo la representación y defensa del Estado.

j. La parte recurrente en revisión constitu-

cional, Policía Nacional, no ha aportado

ningún argumento válido que justifique

el motivo que determinó su resistencia a

prestar la protección judicial ordenada por

la autoridad competente, el abogado del

Estado, para producir el desalojo de ocu-

pantes ilegales del inmueble de referencia.

k. La señora Elena Guzmán ha probado ser la

legítima propietaria del inmueble, aportando

el referido certificado de título núm. 88-1005

y, en este sentido, la citada ley núm. 108-05

expresa en su artículo 91: “El Certificado

de Título es el documento oficial emitido y

garantizado por el Estado Dominicano, que

acredita la existencia de un derecho real y la

titularidad sobre el mismo”.

l. En la especie, el certificado de título no

ha sido objeto de impugnación ni cuestio-

namiento, por tanto su contenido y efecto

se beneficia de la presunción de exactitud,

propia del sistema registral dominicano,

que consigna la referida ley inmobiliaria

en su artículo 90. De ahí que la actuación

de la Policía Nacional, al adoptar la in-

dicada conducta de renuncia, se colocó a

distancia de la obligación esencial que le

reservan la Constitución y las leyes.

17. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: NEGATIVA

DE INFORMAR SOBRE BIENES REGISTRADOS DE ESPOSOS EN

PROCESO DE DIVORCIO

CRITERIO:

Constituye una amenaza al derecho de propiedad de la mujer

divorciada, la negativa de la Dirección General de Impuestos Internos

en suministrar la información sobre los bienes registrados a nombre

de su ex esposo así como las transacciones realizadas de dichos bienes,

estando ambos en proceso de determinar los bienes que conformaron

la comunidad.

SENTENCIA TC/0278/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que, en medio

de un proceso de divorcio, la mujer divorciada acudió a la DGII a

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

344 | Art. 51

ÍNDICE

solicitar información relativa a los bienes registrados a nombre de su

esposo así como las transacciones realizadas con dichos bienes. Ante

la negativa de la DGII, la señora acudió a la jurisdicción constitucio-

nal en materia de amparo invocando una amenaza a su derecho de

propiedad sobre los bienes de la comunidad conyugal.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.4. Si bien es cierto que existen mecanis-

mos legales que le permitían a la recurrida

solicitar la información sobre los bienes

inmuebles de la comunidad matrimonial,

en el presente caso, debido a que los bienes

cuya información se requería estaban bajo

el control de su cónyuge, se advierte una

situación de desventaja o de desequilibrio

en perjuicio de la recurrida, lo que se

constituía en un riesgo de afectación a sus

derechos patrimoniales, cuestión que fue

valorada por el juez de amparo cuando

entre sus argumentos, expresó lo siguiente:

Constituye un atentado al principio de

igualdad procesal, que un esposo tenga toda

la información que integran la comunidad

patrimonial fomentada entre ambos, desde

que se inicie el proceso de divorcio, y el otro

no cuente con la misma información. Las

medidas conservatorias establecidas en el

artículo 24 de la ley 1306-bis, no satisface

a plenitud la tutela del derecho fundamen-

tal reclamado.

10.5. De esta forma, con la solicitud de las

informaciones ante la Dirección General

de Impuestos Internos, la recurrida pro-

curaba quedar en condiciones de acceder

a los mecanismos legales que ponía a su

disposición la Ley núm. 1306-bis que en

su artículo 24, el cual establece: La mujer

común en bienes, demandante o deman-

dada en divorcio, podrá en todo estado de

causa -a partir de la demanda-, requerir

para la conservación de sus derechos, la

fijación de sellos los efectos mobiliarios de

la comunidad. No se levantarán estos sellos

sino haciendo un inventario estimativo,

quedando el marido obligado a presentar

los efectos inventariados, o a responder de

su valor como guardián judicial.

10.6. Del análisis de la disposición antes ci-

tada se infiere que para la recurrida poder

requerir medidas conservatorias necesitaba

disponer de la información relativa al

inventario de los bienes que pudieran verse

alcanzados por dichas medidas.

10.7. En el juicio de amparo, por sus carac-

terísticas y naturaleza, el juez se circuns-

cribe a valorar si existe o no vulneración o

amenaza a derechos fundamentales por la

omisión o acción de una autoridad pública

o de un particular. En este caso el juez no

estaba compelido a valorar pruebas de la

causa del divorcio que se había conocido

en la jurisdicción civil, sino a considerar

si la negativa del recurrente y de la Ad-

ministración vulneraba o amenazaba los

derechos de propiedad compartida de la

recurrida sobre los bienes de la comunidad

matrimonial.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 345

ÍNDICE

18. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: NEGATIVA

DE OTORGAR FUERZA PÚBLICA AL LEGÍTIMO PROPIETARIO

PARA DESALOJAR A OCUPANTES IRREGULARES

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

negación del Abogado del Estado en otorgar el auxilio de la fuerza

pública cuando el poseedor del título de propiedad había quedado

identificado y las personas ocupantes no tenían ninguna justificación

para seguir en dicha propiedad.

SENTENCIA TC/0519/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

que ostenta su título de propiedad y alega que su terreno fue invadido

por ocupantes ilegales, acudió ante el Abogado del Estado para

propiciar el auxilio de la fuerza pública, pero este último se negó a

desalojar a los ocupantes. Ante esta situación, la persona propietaria

acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] José Bienvenido Pimentel Caraballo,

no ha aportado prueba alguna que revele

que tiene derecho en lo que concierne al

inmueble de referencia, en tanto que […]

Gabriel Antonio Estrella Martínez, que

procura el desalojo, aportó el indicado certi-

ficado de título. En tal sentido, la citada ley

núm. 108-05 expresa en su artículo 91: “El

Certificado de Título es el documento oficial

emitido y garantizado por el Estado Do-

minicano, que acredita la existencia de un

derecho real y la titularidad sobre el mismo”.

k. En la especie, el certificado de título no

ha sido objeto de impugnación ni cuestio-

namiento de ningún género, por tanto su

contenido y efecto se benefician de la presun-

ción de exactitud, propia del sistema registral

dominicano, que aborda la referida ley

inmobiliaria en su artículo 90. De ahí que

la actuación del abogado del Estado ante la

Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento

Central, al resistir la concesión del auxilio de

la fuerza pública para desalojar del inmueble

de referencia a ocupantes ilegales, pone de

manifiesto una actuación que riñe con la

obligación que a éste le reservan la Constitu-

ción de la República y la Ley núm. 108-05.

n. En el caso, no resulta discutible que la

documentación que soporta el expediente

que nos ocupa pone de relieve que […]

José Bienvenido Pimentel Caraballo, es

un intruso u ocupante ilegal de la parcela

propiedad de […] Gabriel Antonio Estre-

lla Martínez, y es una de las atribuciones

esenciales del abogado de Estado, como ente

que representa al Estado dominicano en la

Jurisdicción Inmobiliaria, velar por el irres-

tricto respeto de la titularidad de los derechos

inmobiliarios registrados y, para ello, puede

emitir válidamente todas las providencias

que considere para cumplir con esa potestad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

346 | Art. 51

ÍNDICE

19. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

OCUPACIÓN DE INMUEBLE SIN CONTRATO DE ALQUILER

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

ocupación de un inmueble por parte de una institución pública (en

este caso, el Ministerio Público) sin autorización judicial o contrato

de arrendamiento con el propietario. Ocupación arbitraria por

inexistencia de contrato de alquiler.

SENTENCIA TC/0246/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

alega que el inmueble donde funciona la Fiscalía Barrial de Villa

Consuelo es de su propiedad. La señora ha requerido la devolución

y desocupación de su propiedad amparada en el certificado de título

que la acredita como propietaria. Ante la negativa de la referida fisca-

lía, la señora acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

a. La recurrente señora Mayerling Medina

Martínez, en su recurso de revisión contra

la Sentencia núm. 91-2013, pretende la

devolución del inmueble ocupado por la

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional

bajo los siguientes argumentos: 1) que la

recurrente es la propietaria legitima del

inmueble; 2) que la ocupación del inmue-

ble es arbitraria, por lo que constituye una

violación a su derecho de propiedad, al no

existir un contrato de arrendamiento, ni

decisión jurisdiccional que justifique dicha

ocupación; 3) que la recurrente no tiene

proceso penal pendiente en la justicia…

b. En respuesta a estos argumentos, este

tribunal considera que la titularidad

del inmueble objeto del conflicto no está

controvertida, pues la parte recurrida no

desconoce que la recurrente sea propie-

taria del inmueble donde funciona la

Fiscalía Barrial de Villa Consuelo, lo cual

se comprueba por los documentos obtenidos

mediante las medidas de instrucción reali-

zadas, y confirma el derecho de propiedad

en favor de la recurrente.

c. Respecto a que la ocupación del inmue-

ble es ilegal y arbitraria, por no encontrarse

respaldada en la existencia de un contrato

de arrendamiento, ni en una decisión

jurisdiccional que justifique dicha ocupa-

ción, durante la audiencia de la acción

de amparo, el Ministerio Público, parte

recurrida, argumentó que la ocupación

del inmueble no era el producto de una in-

cautación, sino de un contrato de alquiler

verbal con la recurrente, del cual no aportó

prueba durante el juicio.

d. En interés de garantizar el derecho de

defensa como componente del debido proce-

so, este tribunal solicitó a la Procuraduría

General de la República y, posteriormente,

a la Procuraduría Fiscal del Distrito

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 347

ÍNDICE

Nacional, una certificación en la que cons-

tara la calidad bajo la cual ocupa dicho

inmueble. Respecto a esta solicitud, el Tri-

bunal Constitucional no recibió respuesta

de parte de estas entidades públicas.

e. En el presente caso, el Ministerio Público

no ha podido demostrar que la ocupa-

ción que ostenta del referido inmueble se

encuentre respaldada en acciones legales

que justifiquen su prolongada retención, lo

que constituye una actuación administrati-

va que se traduce en una vulneración a un

derecho fundamental de la recurrente, que

le impide el goce, usufructo y disposición de

su derecho de propiedad, por lo que procede

la devolución del mismo.

20. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

OCUPACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA DENTRO DE ÁREA

PROTEGIDA

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de propiedad el hecho

de que una institución pública (en este caso, el Ministerio de Medio

Ambiente) ocupe un terreno sin que se haya emitido previamente

un decreto de expropiación por declaración de utilidad pública o se

haya pagado el justo precio. Actuación arbitraria de la Administración

pública y violación al derecho de propiedad.

SENTENCIA TC/0053/14

—Precedente reiterado mediante sentencias TC/0426/18, TC/0724/18 y

TC/0224/19 (ocupación irregular por vía de hecho administrativa, pero en

este caso no se procedió a ordenar la desocupación de acuerdo con el principio

de efectividad, por tanto, se ordenó el pago del justo precio)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Medio Ambiente ocupó un terreno que estaba registrado a nombre

de un ciudadano. Ante esta actuación, el ciudadano propietario del

terreno acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando violación al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

j. En la especie, aunque el derecho de

propiedad se constituyó registralmente en el

dos mil ocho (2008) y la Ley núm. 202-04

data desde el tres (3) de agosto de dos mil

cuatro (2004), los terrenos de que se trata

no habían sido declarados parte de las áreas

protegidas del país, razón por la cual no se

consideraban parte de los bienes del domi-

nio público o de los bienes patrimoniales

de la nación, ni estaban afectados por la

inalienabilidad inherente a estos; por tal

motivo, podían ser objeto de transferencia

o de cualquier otra operación registral.

k. El Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales consideró que la parte

accionante debió acogerse al procedimiento

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

348 | Art. 51

ÍNDICE

establecido en el artículo 127 de la Ley

núm. 108-05, de Registro Inmobiliario

y, ante a la inacción del Estado, apoderar

al Tribunal de Jurisdicción Original para

solicitarle la expropiación inmobiliaria y

la fijación del correspondiente valor, ac-

tuación que en todo caso no subsanaría la

violación en la que ha incurrido la cartera

oficial. No obstante, conviene precisar que

el artículo 1, literal c, del párrafo único de

la Ley núm. 13-07 transfiere determinadas

competencias a la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, específicamente al Tribu-

nal Contencioso Tributario y Administra-

tivo, incluyendo la que estaba conferida a

la Jurisdicción Inmobiliaria en el artículo

127 de la Ley núm. 137-11, para cono-

cer “[…] los procedimientos relativos a la

expropiación forzosa par causa de utilidad

pública e interés social”.

o. Como se advierte, la aplicación de la

expropiación sin previo pago de justo valor

se reserva únicamente ante situaciones

anómalas o excepcionales como resulta la

declaratoria del estado de emergencia o del

estado de defensa, cuestión que, obviamen-

te, no ha ocurrido en la especie.

q. No obstante, en la eventualidad de que

fuere necesaria la declaratoria de utilidad

pública o interés social, prevista en el ar-

tículo 51, numeral 1, de la Constitución,

siempre será indispensable la emisión de

un decreto del Poder Ejecutivo que, a los

fines de que surta los efectos más eficaces,

deberá ser remitido al Registro de Títulos

correspondiente para que se haga el corres-

pondiente asiento de anotación en el Regis-

tro Complementario. Salvo las excepciones

precisadas para que el Estado pueda asu-

mir cualquiera de los atributos del derecho

de propiedad en los demás casos, tiene que

hacer el previo pago del justo valor de la

propiedad inmobiliaria, lo cual no se ha

producido en el presente caso.

r. Este tribunal considera que el Ministerio

de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

al actuar en la forma en que lo hizo, no

solo conculcó el derecho de propiedad del

ciudadano José Homero Santana, sino que,

además, no observó el debido proceso, toda

vez que ocupó el inmueble de que se trata sin

estar amparado en una decisión emitida por

una autoridad competente; por tanto, tal

actitud deviene en una actuación arbitraria.

21. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

OCUPACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA SIN DECRETO DE

EXPROPIACIÓN, COEXISTENCIA DE LA PROPIEDAD TITULADA

DENTRO DE ÁREA PROTEGIDA

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de propiedad el

hecho de que una institución pública (en este caso, el Ministerio de

Medio Ambiente) ocupe un terreno alegando que está dentro de un

área protegida sin que previamente se haya emitido un decreto de

expropiación por declaración de utilidad pública. Coexistencia de la

propiedad privada dentro de áreas protegidas.

SENTENCIA TC/0352/14

—Reiteración de precedente sin mencionar en la sentencia TC/0211/15—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 349

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Minis-

terio de Medio Ambiente ocupó un terreno que estaba registrado

a nombre de un ciudadano alegando que estaba dentro de un área

protegida. Ante esta actuación, el ciudadano propietario del terreno

acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando violación al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e. Al analizar las piezas del presente expe-

diente se puede comprobar que no existe

documento donde el Estado Dominicano

haya declarado de utilidad pública la

parte del inmueble que reclama el señor

González, ni tampoco que se le haya paga-

do su justo precio, con lo cual se le viola su

derecho de propiedad…

f. Si bien el artículo 9, de la Ley núm.202-

04, Sectorial de Áreas Protegidas, dispone

que: Los terrenos pertenecientes al Estado

que integran el Sistema Nacional de Áreas

Protegidas son imprescriptibles e inalie-

nables y sobre ellos no puede constituirse

ningún derecho privado. PÁRRAFO.- Los

terrenos de dominio privado con título

de propiedad inscrito legalmente en el

correspondiente Registro del Tribunal

Superior de Tierras con anterioridad a

la promulgación de la Ley General sobre

Medio Ambiente y Recursos Naturales, que

se encuentren dentro de las áreas protegidas,

se reconocerán como tales.

[…] si bien el artículo 37 crea áreas sec-

toriales para su protección, siempre debe

ser reconocerse y protegerse el derecho de

propiedad, no solo por ser un mandato

constitucional como ha sido explicado, sino

que también lo reitera la Ley 64-00, del 18

de agosto de 2000, cuando los inmuebles se

encuentren dentro de las áreas protegidas.

k. Como se puede apreciar tanto en los

artículos 9 y 37 de la Ley núm. 202- 04 y

como lo establecido en el párrafo trascrito.

Para este tribunal, el derecho de propiedad

sobre el inmueble en litis, es anterior a

la Ley núm. 64-00 General sobre Medio

Ambiente y Recursos Naturales, por lo

que, si el Estado tiene interés en designar

una nueva área protegida, debió realizar

el procedimiento legalmente previsto para

esos casos y, en consecuencia, proceder a

declarar el mismo de utilidad pública y

realizar el pago de su justo precio.

m. Para el Tribunal Constitucional, en

el presente caso, el juez de amparo sal-

vaguardo el derecho fundamental de la

propiedad, del señor González, justificado

en la Ley núm. 64-00, General sobre

Medio Ambiente y Recursos Naturales, la

Ley núm.202-04, Sectorial de Áreas Pro-

tegidas, como lo arguye la parte recurrente,

por lo que, para declarar área protegida

la porción de terreno propiedad del señor

Miguel Lira González, tiene que mediar

una declaratoria de utilidad pública por

parte del Poder Ejecutivo, situación que no

se dio en este caso…

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

350 | Art. 51

ÍNDICE

22. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

OCUPACIÓN IRREGULAR E IMPEDIMENTO DE GOCE DE LA

PROPIEDAD PRIVADA

CRITERIO:

Constituye una violación del derecho de propiedad la

ocupación arbitraria por parte de un órgano de la administración

local (en este caso, el Ayuntamiento Municipal de Guayacanes) de un

inmueble que pertenece a una persona. La ocupación del inmueble y el

impedimento de goce al que ha estado sometida la persona constituyen

un acto de arbitrariedad por parte del Ayuntamiento Municipal de

Guayacanes.

SENTENCIA TC/0104/19

—Precedente reiterado sin mencionar

mediante sentencia TC/0303/21, respecto a la protección del derecho de

propiedad ante la ocupación e instalación de postes y alambrado eléctrico por

parte de EDESUR en terrenos de propiedad privada—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una persona

acude a la jurisdicción constitucional en materia de amparo para

reclamar la protección del derecho de propiedad en contra de una

presunta ocupación arbitraria que ha realizado el Ayuntamiento

del Municipio de Guayacanes, el cual se encuentra usando dicha

propiedad como estacionamiento para vehículos.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

En este sentido, se hace necesario para la

solución del presente caso, evaluar la do-

cumentación que consta en el expediente a

los fines de determinar si proceden o no las

pretensiones del accionante y hoy recurrente,

señor José Luis Morales Pérez. g. Resulta

que en el expediente constan copias de los

siguientes documentos:

1) Copia fotostática del Certificado de

Título núm. 78-241, relativo al Solar

núm. 19, Parcela núm. 270 del Distrito

Catastral 6/1 de San Pedro de Macorís,

expedido por el registrador de títulos de

San Pedro de Macorís, a favor de Cayeta-

no Castro y José Luis Morales Pérez, el tres

(3) de agosto de mil novecientos setenta y

ocho (1978). 2) Plano Catastral emitido

por Mensura Catastral en relación al Solar

núm. 19, Parcela núm. 270 del Distrito

Catastral 6/1 de San Pedro de Macorís 3)

Decisión de protección policial núm. 943,

emitida por el abogado del Estado ante la

Jurisdicción Inmobiliaria, Departamento

Central, el dieciséis (16) de septiembre de

dos mil ocho (2008), en relación al Solar

núm. 19, Parcela núm. 270, del Distrito

Catastral 6/1, de San Pedro de Macorís, a

los fines de que el señor José Luis Morales

Pérez pueda cercar el solar de referencia.

4) Formulario de inspección núm. 238,

emitido por la Oficina Municipal de

Planeamiento Urbano del Ayuntamiento

Municipal de Guayacanes, mediante la

cual se paralizó la construcción de verja en

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 351

ÍNDICE

el inmueble que nos ocupa, bajo el alegato

de que se resuelva el pago de impuestos de

referencia, del veintidós (22) de octubre de

dos mil ocho (2008). 5) Varias fotos del

inmueble y zonas aledañas.

En tal sentido, el certificado de título prueba

los derechos de propiedad del accionante y

actual recurrente, señor José Luis Morales Pérez,

en relación al Solar núm. 19, Parcela núm.

270, del Distrito Catastral 6/1 de San Pedro

de Macorís; por su parte, el plano catastral nos

muestra la ubicación del referido solar —el

cual se encuentra en la zona frente a la playa—.

Igualmente, constan fotos del inmueble en el

cual se encuentran diversos vehículos, es decir,

que ha quedado establecido que en el inmueble

de referencia funciona un estacionamiento de

vehículo.

h. Por último, este tribunal tiene a bien in-

dicar, que también consta el Formulario de

inspección núm. 238, emitido por la Ofi-

cina Municipal de Planeamiento Urbano

del Ayuntamiento Municipal de Guayaca-

nes, el veintidós (22) de octubre de dos mil

ocho (2008), documento mediante el cual

dicha alcaldía paralizó la construcción de

verja en el inmueble que nos ocupa. La

importancia de este documento radica en

que en el mismo se establece textualmente

lo siguiente: “Paralización de verja en

el parqueo de Juan Dolio asta (sic) que

se resuelva el pago de los impuestos en el

ayuntamiento, favor de pasar”.

i. Como se observa en la descripción del

referido formulario, el inspector del Ayun-

tamiento Municipal de Guayacanes, San

Pedro de Macorís, afirma que el solar objeto

de la presente acción y propiedad del señor

José Luis Morales Pérez está siendo utiliza-

do como parqueo, situación que coincide

con lo alegado por la parte accionante.

j. En este sentido, el tribunal considera

que la ocupación del inmueble y el impedi-

mento de goce al que ha estado sometida la

parte accionante, señor José Luis Morales

Pérez, constituye un acto de arbitrariedad

por parte del Ayuntamiento Municipal de

Guayacanes, San Pedro de Macorís.

23. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

OCUPACIÓN IRREGULAR Y PRETENSIÓN DE REUBICAR AL

COMPRADOR DEL TERRENO

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de propiedad el

desalojo realizado por una institución pública (en este caso, el

Consejo Estatal del Azúcar, CEA) sin tener una orden judicial y sin la

autorización del Abogado del Estado, en perjuicio de una persona que

había comprado (en este caso, mediante contrato con la institución) y

realizado los pagos correspondientes. Ocupación irregular.

SENTENCIA

TC/0352/15

—Precedente reiterado en las sentencias TC/0695/16,

TC/0011/18 y TC/0290/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

había comprado una porción de terreno al CEA, sin embargo, luego

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

352 | Art. 51

ÍNDICE

de haber realizado los pagos correspondientes, la institución ocupó

dicho terreno y pretendió reubicarlo en otra porción de terreno

distinta. Ante este hecho, el señor afectado acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f. Al analizar las piezas del expediente, en

el mismo consta copia del contrato de com-

pra – venta de terrenos, del nueve (9) de

agosto de dos mil cuatro (2004), firmado

entre el Ing. Víctor Manuel Báez, en repre-

sentación del Ingenio Río Haina, en virtud

del Poder núm. 252-04, del cinco (5) de

abril de dos mil cuatro (2004), del Poder

Ejecutivo, y el señor José Miguel Ureña

Castro, notariado por la Dra. Dominga

Altagracia Santana, notario público de los

del número del Distrito Nacional, el cual

demuestra que el señor Ureña Castro posee

la titularidad de dicho bien inmueble.

h. De lo anterior se desprende que no existe

discusión en relación con el derecho de

propiedad del señor Ureña Castro sobre

las parcelas, ya que si bien este no posee el

Certificado de Título, es un comprador de

buena fe y, además, por la documentación

aportada, se puede comprobar que prácti-

camente ha saldado el precio del inmueble,

con el agravante de que el CEA le impide el

goce, disfrute y disposición de su inmueble,

lo que trae como consecuencia violación al

derecho fundamental de la propiedad…

j. Se puede colegir que el titular del de-

recho de propiedad no debe ni puede ser

perjudicado en su derecho por medidas

injustificadas, como en la especie; además,

el Consejo Estatal del Azúcar no ha depo-

sitado ningún tipo de documentación que

justificara la ocupación de dichos terrenos,

impidiendo con dicha actuación el disfrute

del inmueble por el señor Ureña Castro.

k. En ese sentido, el Consejo Estatal del

Azúcar incurre en actuaciones arbitrarias,

lo que constituye un abuso de poder, al rea-

lizar un desalojo contra el señor Jose Ureña

Castro, sin mediar una decisión judicial, o

autorización de una autoridad competente,

como lo es el abogado del Estado. Es por

ello que se configura la violación al dere-

cho fundamental de la propiedad y de los

precedentes de este tribunal sobre el mismo,

esbozados anteriormente.

24. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

OCUPACIÓN Y DESALOJO DE PROPIEDAD PRIVADA

CRITERIO:

Constituye una vía de hecho la ocupación y desalojo

realizado a un propietario por una institución pública sin tener una

decisión judicial que la habilite aunque exista un contrato de venta

entre las partes. Violación al derecho de propiedad.

SENTENCIA

TC/0070/13

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0304/21—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 353

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Instituto

Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) había realizado

un contrato de compraventa de un inmueble con una persona que

posteriormente se negó a entregar el inmueble al INESPRE alegando

no haber recibido el pago total. Ante esa situación, el INESPRE

procedió a ocupar el inmueble y a desalojar a la persona. En atención

a lo anterior, la persona acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo en busca de protección de su derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b) El conflicto generado entre las partes

consistió en que el recurrido, en su cali-

dad de vendedor del inmueble, se negó a

entregar el mismo a los recurrentes, en su

calidad de compradores, en el entendido de

que no se había pagado el precio total de

la venta. Ante tal situación, estos últimos

procedieron a ocupar y desalojar el inmue-

ble de referencia, haciéndose acompañar de

militares.

c) La actuación de los recurrentes consti-

tuyó una vía de hecho y, en consecuencia,

la violación del derecho de propiedad que

le asiste al recurrido, ya que, independien-

temente de que los compradores hubieran

cumplido con su obligación de pagar el

precio, no tenían derecho a apropiarse

del inmueble en ausencia de una decisión

judicial mediante la cual se ordenara la

ejecución del indicado contrato.

e) Como en la especie fue violado el dere-

cho fundamental de propiedad, la acción

de amparo era procedente, tal y como lo

consideró el tribunal que dictó la sentencia

recurrida, en razón de que la institución

del amparo fue previsto por el constituyente

para garantizar la protección de los dere-

chos fundamentales.

25. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

REDUCCIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE PROPIEDAD PRIVADA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad

la emisión de una resolución por parte del ayuntamiento mediante

la cual pretende apropiarse de una porción de terreno registrada y

titulada en favor de una empresa propietaria de dichos terrenos. La

propiedad inmobiliaria registrada, por vía de consecuencia, amparada

en un certificado de título, documento oficial que el Estado otorga

al ciudadano como prueba y garantía de su titularidad, no puede

ser desconocida por acciones particulares, ni del Estado ni de sus

instituciones.

SENTENCIA TC/0242/13

—Precedente reiterado mediante

sentencia TC/0491/18—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

354 | Art. 51

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ayunta-

miento de Santo Domingo Oeste emitió la Resolución -

mediante la cual ordenó recuperar un área verde y otorgar acceso a

los moradores de un residencial. Ante esa resolución, un señor que

alegaba ser dueño del terreno acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo para buscar protección a su derecho funda-

mental a la propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b) Al respecto, este tribunal aprecia que la

recurrida, la sociedad comercial Terrenos

La Esperanza, S. A., demostró, ante la refe-

rida sala, que es la propietaria legítima de

la parcela núm. 16-A-1-Reformada-B, del

Distrito Catastral núm. 12, del Distrito

Nacional (hoy municipio Santo Domingo

Oeste), y, no obstante esto, tanto el recu-

rrente como el Ayuntamiento del munici-

pio Santo Domingo Oeste alegaron que los

terrenos objeto del conflicto constituyen el

área verde del indicado residencial y que

la recurrida, con su ocupación, obstruía el

paso de los residentes.

c) Ni el indicado ayuntamiento ni el re-

currente aportaron ante el tribunal aquo

ningún tipo de prueba que evidenciara

el fundamento de sus pretensiones. En

particular, el municipio Santo Domingo

Oeste, a través de la Resolución núm. 04-

2012, procuró la entrega de una porción

de terreno bajo el alegato de que se trataba

de área verde, cuando en realidad era una

propiedad inmobiliaria de la sociedad

comercial Terrenos La Esperanza, S. A.

d) En tal sentido, la entidad edilicia exi-

gió a la recurrida, Terrenos La Esperanza,

S. A., titular de un derecho inmobiliario

registrado, que le pusiera en posesión de

dicha propiedad bajo la referida consi-

deración, cuestión que constituye un des-

conocimiento a dicha titularidad y una

seria amenaza a un derecho fundamental

por parte de un órgano de la administra-

ción municipal.

i) La propiedad inmobiliaria registrada,

por vía de consecuencia, amparada en un

certificado de título, documento oficial que

el Estado otorga al ciudadano como prueba

y garantía de su titularidad, no puede ser

desconocido por acciones particulares, ni

del Estado y sus instituciones, pues esto

entrañaría una transgresión al artículo 51

del texto constitucional, así como también

a importantes preceptos de la Ley núm.

108-05, de Registro Inmobiliario, promul-

gada en fecha veintitrés (23) de marzo de

dos mil cinco (2005), la cual establece en

el principio general IV: “todo derecho regis-

trado de conformidad con la presente ley

es imprescriptible y goza de la protección y

garantía absoluta del Estado”

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 355

ÍNDICE

26. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FUNCIONARIO EN CADENA DE

CUSTODIA DE BIENES INCAUTADOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad el

hecho de no entregar un arma de fuego cuya cadena de custodia era

responsabilidad del Ministerio Público, bajo el alegato de que el arma de

fuego había sido depositada en otro lugar por órdenes administrativas.

Responsabilidad civil de personas jurídicas de derecho público y

sus funcionarios o agentes por actuación u omisión administrativa

antijurídica.

SENTENCIA TC/0113/14

—Precedente reiterado en la

sentencia TC/0325/17—

Resumen del caso: El conflicto se origina luego de una venta

fraudulenta de arma de fuego terminó con una querella penal y la

incautación del arma por parte de la Fiscalía del Distrito Judicial

de San Pedro de Macorís. Posteriormente se ordenó el archivo del

expediente y la entrega del arma de fuego, pero la entrega no se

concretó debido a que el encargado del almacén de evidencias certi-

ficó que el arma de fuego solicitada no se encontraba registrada ni

depositada en dicho almacén. Ante esta situación, el propietario del

arma de fuego acudió a la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración a su derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

a. La señora María Elena Vásquez le en-

tregó al señor Pedro Julio Saliche la pistola

marca FT 9mm, numeración AE68128,

propiedad del ahora recurrido, a los fines

de que fuera vendida, formalizando dicha

venta con el señor Mateo Santana, lo

que provocó que el referido señor Mateo

Santana presentara formal querella. En

consecuencia,se le impusieron medidas de

coerción conjuntamente con la incautación

de la referida arma de fuego.

b. En razón de que el Juzgado de la

Instrucción del Distrito Judicial de San

Pedro de Macorís, mediante el Auto núm.

390-2009, ordenó el cese de la medida

de coerción en torno al presente caso, por

haberse dispuesto el archivo del mismo, la

Procuraduría Fiscal del referido distrito

judicial, mediante formulario de fecha

veintidós (22) de marzo de dos mil doce

(2012), autorizó la entrega del arma de

fuego objeto de la presente litis.

c. El propietario de dicha arma de fuego,

ahora recurrido, en reiteradas ocasiones

solicitó a esa procuraduría fiscal que se le

hiciera efectiva dicha entrega conforme a

lo dispuesto en el artículo 190 del Código

Procesal Penal dominicano […] Única-

mente se le informó, mediante certificación

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

356 | Art. 51

ÍNDICE

de fecha veinte (20) de octubre de dos mil

doce (2012), que la referida arma no se

encontraba depositada en los almacenes del

Departamento de Evidencia de la Procu-

raduría Fiscal del Distrito Judicial de San

Pedro de Macorís.

e. Por lo que la Procuraduría Fiscal del

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís

interpuso el presente recurso para que se

revoque la sentencia antes citada, alegando

que, en fecha veintidós (22) de marzo

de dos mil doce (2012), la procuradora

fiscal Cándida David Santana, fungiendo

como procuradora fiscal titular interina,

mediante formulario de la Procuraduría

Fiscal de San Pedro de Macorís, aprobó

la entrega de la pistola marca FT 9mm,

numeración AE68128, al señor Lipergey

Vásquez Vásquez.

f. Que posterior a ello hubo un cambio

administrativo en dicha fiscalía y la nueva

procuradora fiscal, Licda. Ingrid Pamela

Rijo Caraballo, para garantizar la cadena

de custodia, solicitó un inventario de todas

las armas de fuego que se encontraban en

el almacén de evidencia, respondiendo su

encargado mediante la referida certifica-

ción, que la señalada arma de fuego no

se encontraba dentro de ese departamento,

por lo que dicha fiscalía alega que no puede

entregar lo que no tiene.

l. Como la Fiscalía del Distrito Judicial

de San Pedro de Macorís aprobó la en-

trega a su propietario del arma de fuego

solicitada, sin que se haya concretizado

dicha decisión bajo el alegato de que la

misma no se encuentra registrada en los

libros, ni físicamente en el Almacén de

Evidencias de esa procuraduría fiscal, y

es responsabilidad proteger y garantizar

el derecho de propiedad, resguardado por

la Constitución, del ahora recurrido, por

parte del Ministerio Público, éste deberá,

a través de la Procuraduría Fiscal del

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís,

restaurar el derecho vulnerado, mediante

la entrega de la requerida arma de fuego al

señor Lipergey Vásquez Vásquez.

27. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RETENCIÓN DE ARMA DE FUEGO DE MANERA INDEFINIDA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

retención de un arma de fuego de manera indefinida por parte del

Ministerio Público sin presentar acto conclusivo de una investigación

penal abierta.

SENTENCIA TC/0184/16

—Ver en este sentido el criterio

relativo al debido proceso (art. 69 CRD), precedente reiterado sin mencionar

en la sentencia TC/0540/16—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

Público había procedido a incautar un arma de fuego a un señor

que había tenido un conflicto con los condóminos de su edificio.

Luego de que no se presentara ninguna acusación en su contra, el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 357

ÍNDICE

propietario acudió en varias ocasiones ante el Ministerio Público

solicitando la devolución de su arma de fuego, pero dichas solicitu-

des fueron negadas durante años. Ante esta situación, el señor acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración a su derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] en la especie sí se ha podido verificar

que ha habido una violación al debido

proceso, en razón de que al recurrente se

le ha mantenido inmerso por años en un

procedimiento incierto, sin poder exponer

sus argumentos a favor de su causa; en esa

virtud, ha de resultar obvio que también

ha quedado comprometido el derecho de

defensa y el singular derecho de propiedad

que en el caso existe.

10.8 En el presente caso, el Ministerio

Publico actuante ha pretendido no hacer

la devolución del arma de fuego del recu-

rrente, bajo el argumento de que: […] a

realizar dicho registro de lugar, y se pudo

determinar la participación directa de

Carlos Julián Vidal Lassis, en la comisión

del tipo penal concerniente a amenaza con

arma de fuego en perjuicio de María Del

Carmen Bonarelli Coviella y José Ricardo

Gil Concepción así como la madre de este.

10.9 Conviene destacar en la especie, la cer-

tificación que en relación con el presente caso

expidiera la Secretaría General del Ministe-

rio Público el cuatro (4) de agosto de dos mil

quince (2015), en la cual se hace constar

lo siguiente: […] la búsqueda realizada en

los sistemas de registros de casos penales de

esa jurisdicción, en el período comprendido

entre el 22 de enero del año 2009 hasta

la fecha de la presente certificación, no

se encontraron procesos judiciales, que

involucren a los ciudadanos Carlos Julián

Vidal Lassís, María Del Carmen Bonarelli

Coviella y José Ricardo Gil Concepción.

10.10 De lo anterior resulta, que si bien es

una facultad propia del Ministerio Público

la formulación e implementación de la

política del Estado contra la criminalidad,

dirigida a prevenir, controlar, gestionar

y perseguir los hechos punibles, según lo

que consagra el artículo 7 de su Ley núm.

133-11, también corresponde a este órgano

de justicia ceñir todas actuaciones a la más

estricta observancia de los preceptos de la

Constitución de la República y las leyes

adjetivas.

10.12 De todo lo precedentemente expuesto

resulta que en el presente caso el procura-

dor fiscal actuante, Lic. Cirilo De Jesús

Guzmán López, se manejó de manera

negligente y actuó con cierta dosis de arbi-

trariedad al no realizar ninguna actuación

conclusiva como representante del Ministe-

rio Público, cuestión que se traduce una

inocultable y extendida violación a las nor-

mas del debido proceso, además del derecho

de propiedad, en perjuicio del recurrente,

Carlos Julián Vidal Lassís, toda vez que ha

transcurrido tiempo más que suficiente sin

que este ciudadano haya recibido respuesta

alguna con relación a su caso.

[…] no obstante haberse iniciado el proceso

investigativo el veintidós (22) de enero de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

358 | Art. 51

ÍNDICE

dos mil nueve (2009), habiendo incluido

el mismo una inspección en el lugar donde

supuestamente ocurrieron los hechos, la

cual estuvo a cargo del procurador fiscal

adjunto del Distrito Nacional, Cirilo de

Jesús Guzmán López, no se ha producido

ningún acto conclusivo al respecto, pese

haber transcurrido más de seis (6) años,

cuestión que ha generado un estado de

incertidumbre e inseguridad jurídica al

ciudadano Carlos Julián Vidal Lassís, aho-

ra recurrente en revisión constitucional.

10.19 En efecto, estimamos que el amparo

resulta, en la especie, la vía idónea y efec-

tiva para la protección de los derechos fun-

damentales que reclama la parte recurrente

en interés de que se materialice el ejercicio

de su derecho de propiedad, el cual ha sido

objeto de menoscabo en este caso, al resistir

la entrega del arma de fuego de su propie-

dad, sin que exista proceso judicial en su

contra, pese a que resultaba jurídicamente

pertinente que cualquier juez de primera

instancia pudiera ordenar tal devolución.

28. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RETENCIÓN DE ARMA DE FUEGO DE MANERA INDEFINIDA

LUEGO DE CONCLUIR UN PROCESO PENAL

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

retención de un arma de fuego de manera indefinida por parte de una

institución pública (en este caso, el Ministerio de Interior y Policía) en

perjuicio de una persona que no se encuentra sometida a un proceso

penal abierto en su contra (en este caso hubo extinción de la acción

penal).

SENTENCIA TC/0238/17

—Precedente reiterado sin mencionar

en la sentencia TC/0719/17; precedente reiterado en las sentencias

TC/0165/18 y TC/0512/20—

CRITERIO 2:

El hecho de que haya transcurrido un largo tiempo (cuatro

años) y las características del caso penal (violencia intrafamiliar) debe

condicionar la entrega del arma de fuego para que el Ministerio de

Interior y Policía realice los exámenes de lugar para verificar si el titular

del arma es apto para su uso. —Condicionar la devolución de un arma de

fuego constituye una novedad para el TC entre la restricción de devolver armas

de fuego (sentencia TC/0010/12) y la decisión de entregar un arma retenida

indebidamente (sentencia TC/0184/16)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

fue objeto de un proceso penal por violencia intrafamiliar que involu-

cró la retención de un arma de fuego. Luego de que el proceso penal

concluyera en el juzgado de instrucción con el archivo definitivo

dispuesto por el Ministerio Público, el señor solicitó la devolución

del arma y la misma le fue negada. Ante esa decisión, el señor acudió

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 359

ÍNDICE

ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos del criterio 1:

i. La resolución antes mencionada establece

el cese de todas las medidas de coerción que

pesaban contra el referido ciudadano, por lo

que se colige que la incautación del arma

de fuego se adoptó como medida precautoria

para evitar riesgo ante la denuncia presen-

tada por la señora Teresa Antonia López,

por supuesta violación del artículo 309,

numerales 1 y 2, del Código Penal domi-

nicano, modificado por la Ley núm. 24-97,

sobre Violencia de Género e Intrafamiliar,

medida que fue dejada sin efecto por no

resultar comprometida la responsabilidad

de la persona imputada: Esta causal asumió

un carácter definitivo que tiene como efecto

extinción de la acción penal.

l. En la especie, el recurrente, Miguel An-

drés Avilés Hungría, solicitó al Ministerio

Público, mediante instancia del trece (13)

de enero de dos mil quince (2015), la

devolución del arma de fuego que le fuera

incautada en ocasión de la denuncia que

sirvió de base al expediente. Ante la falta

de respuesta y la inexistencia de un proceso

penal abierto este se vio precisado a recurrir

a la vía del amparo, bajo el entendido de

que en el caso era la efectiva para enfrentar

la resistencia de la autoridad pública y

conjurar la violación a su derecho.

Fundamentos del criterio 2:

p. Este tribunal constitucional entiende

que en el caso procede la confirmación de

la sentencia emitida por el juez de amparo,

en lo que respecta a la devolución del arma

de fuego y el astreinte que este impuso,

así como la modificación parcial de la

sentencia objeto de revisión, tomando en

consideración que la incautación del arma

de fuego se produjo en 2013, y dado el

tiempo transcurrido y las características del

caso resulta pertinente disponer que, previo

a que se produzca la devolución del arma

al señor Miguel Andrés Avilés Hungría, el

Ministerio de Interior y Policía realice to-

das las gestiones, evaluaciones y medidas de

control tendentes a establecer si este ciuda-

dano resulta apto o no para ser beneficiado

con la expedición de las licencias de porte

y tenencia de arma de fuego, conforme lo

establece la Ley núm. 36, Sobre Comercio,

Porte y Tenencia de Armas, del dieciocho

(18) de octubre de mil novecientos sesenta

y cinco (1965), (G. O. núm. 8950), y los

reglamentos y normas emitidas al respecto

por ese ministerio.

q. Más aún, que al tratarse de un proceso

de violencia intrafamiliar, y dada la

conmovedora situación que se ha generado

en la sociedad dominicana en los últimos

tiempos, en la cual la vida de la mujer, hi-

jos e hijas, en fin, la familia, ha estado bajo

una seria amenaza como consecuencia de

acciones irreflexivas y desaprensivas, resul-

ta necesario mantener un criterio riguroso

al momento de ponderar y evaluar cada

caso cuando se está ante una solicitud de

devolución de un arma de fuego, cuyo uso

haya en algún momento comprometido o

amenazado la paz, armonía, solidaridad,

consideración y la seguridad del seno

familiar.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

360 | Art. 51

ÍNDICE

r. Al respecto, este tribunal estima que

los organismos del país que tienen en

sus manos la potestad de salvaguardar

la integridad física de las personas y su

dignidad, están compelidas a ejercer un

rol activo en las presentes circunstancias

sociales y examinar con la mayor rectitud

y escrupulosidad cada caso que involucre

la puesta en práctica de devoluciones de

armas de fuego, expedir certificaciones

para el porte y/o tenencia de tales armas

y cuanto se relacione con la cuestión, toda

vez que se erige en un imperativo de los

momentos actuales, elevar los niveles de

protección de la colectividad, en especial el

núcleo esencial que constituye la familia. s.

Para el Tribunal Constitucional resulta de

alto significado dejar por sentado que en

los casos de violencia intrafamiliar que in-

volucran armas de fuego y se ha producido

una amenaza que se cierne con respecto a

la vida o integridad física de los miembros

de la familia, se deben adoptar todas las

providencias indispensables para que no

exista ningún resquicio de riesgo. En estos

casos la solicitud de devolución debe hacerse

bajo el más estricto control de la autoridad

responsable de custodiar dichas armas, de

manera que no haya ninguna posibilidad

de que sobrevenga un acontecimiento

negativo que constituya un riesgo para la

seguridad familiar, cuya protección es una

responsabilidad irrenunciable del Estado.

t. En tal virtud, resulta procedente la

modificación de la sentencia de amparo y

ordenar, pese a que existe el referido archi-

vo definitivo y siendo la incautación una

medida provisional que depende del curso

de la acción, que previo a la entrega del

arma de fuego en cuestión, el Ministerio

de Interior y Policía evalúe al señor Miguel

Andrés Avilés Hungría, y solo se materia-

lice tal entrega si la indicada evaluación

revela su aptitud para tener y portar arma

de fuego; por tanto, serían expedidas las

licencias correspondientes, tomando en

consideración que desde el momento de

la incautación a la fecha de la sentencia

objeto de revisión han transcurrido más de

tres (3) años.

29. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RETENCIÓN DE ARMA DE FUEGO EN DESACATO DE ORDEN

JUDICIAL DE DEVOLUCIÓN

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

retención de un arma de fuego por parte del Ministerio Público cuando

un juez ha ordenado su devolución.

SENTENCIA TC/0244/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

Público había sometido penalmente a unas personas por homicidio

y había incautado el arma de fuego utilizada. Posteriormente el

juez penal condenó a las personas por el referido delito y ordenó la

devolución del arma a su propietario, que no figuraba dentro de los

procesados. El propietario del arma solicitó al Ministerio Público su

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 361

ÍNDICE

devolución, pero dicha petición fue negada, razón por la cual acudió

ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d. El tribunal apoderado de la acción de

amparo acogió la misma por entender

que el demandado, Ministerio Público,

incurrió en arbitrariedad y en violación al

derecho de propiedad, al hacer caso omiso

a la solicitud de devolución de la pistola en

cuestión al recurrente, señor José Masdeu

Soler.

e. En tal sentido, la Procuraduría Fiscal del

Distrito Nacional pretende con el presente

recurso de revisión constitucional, que el

Tribunal Constitucional anule, en todas

sus partes, la Sentencia núm. 175-2014,

dictada por la Segunda Sala de la Cámara

Penal del Juzgado de Primera Instancia

del Distrito Nacional, el veinticinco (25)

de septiembre de dos mil catorce (2014),

por considerar que la misma es contraria a

la Constitución y al derecho, por alegada-

mente violentar precedentes vinculantes es-

tablecidos por el Tribunal Constitucional y

por hacer una interpretación incorrecta del

régimen constitucional del debido proceso.

j. En el presente caso, la etapa procesal para

acudir ante el Ministerio Público, incluso

ante el Juez de la Instrucción, en reclamo

de la devolución de objetos, ha precluído en

la primera oportunidad en que se produce

el auto de apertura a juicio.

k. En efecto, el artículo 190 del Código

Procesal Penal forma parte del Libro

IV, Título II, relativo a los medios de

prueba, cuya recolección se realiza durante

el procedimiento preparatorio, el cual

tiene por objeto determinar la existencia

de fundamentos para la apertura de juicio,

mediante la recolección de evidencias que

permiten basar la acusación del ministerio

público o del querellante y la defensa del

imputado. Empero, a la altura en que se

encuentra el presente caso, en el cual existe

sentencia condenatoria que ordena la de-

volución de la referida arma a su legítimo

propietario, mal haría este Tribunal si de-

terminara subsumir al mismo los referidos

precedentes que invoca el recurrente, cuyos

planos fácticos son distintos al de la especie,

pues al hacerlo se transgrede el principio de

preclusión.

p. En definitiva, el recurrido José Masdeu

Soler, para recuperar el bien de su propiedad

accionó en amparo ante el juez de primera

instancia, tal y como establece la ley, pues

lo contrario sería negarle la posibilidad de

reclamar el restablecimiento del derecho

fundamental violentado, máxime cuando

el amparista ha tenido participación en el

caso sólo en calidad de testigo, razón por

la cual ha dispuesto de una vía autónoma

para su reclamo, por cuanto no es un sujeto

procesal en el caso penal de que se trata.

q. Asimismo, tal y como consigna la senten-

cia atacada mediante el presente recurso de

revisión, la retención del arma de fuego por

el Ministerio Público tampoco se justifica,

pues el señor José Masdeu no se ha negado a

presentar el arma de fuego, en caso de que

le sea requerida; muy por el contrario, su

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

362 | Art. 51

ÍNDICE

conducta en el proceso judicial en primera

instancia evidencia que, de manera vo-

luntaria, entregó el arma de fuego, lo que

se hace constar mediante la certificación

del 28 de julio del 2014, expedida por la

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.

30. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RETENCIÓN DE MERCANCÍA SIN JUSTIFICACIÓN Y EN CONTRA

DE ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE ACTIVIDAD

COMERCIAL

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

retención indefinida de mercancía por parte de una institución pública

(en este caso, la Dirección General de Aduanas) sin justificación y en

contra de acuerdos internacionales en materia de actividad comercial.

SENTENCIA TC/0366/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que luego de

que una empresa importadora realizó el pago correspondiente para

el retiro de una mercancía que había sido verificada, la Dirección

General de Aduanas (DGA) se rehusó a despachar dicha mercancía.

La empresa afectada acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e) El seis (6) de febrero de dos mil catorce

(2014), la razón social Almacenes e Im-

portadora Genao, S.R.L., después de haber

recibido el aviso de llegada por parte de la

naviera de la mercancía antes indicada,

procedió a presentar un expediente con las

documentaciones que exige la Ley núm.

3489, ley que rige el Régimen Aduanero:

a) Factura comercial; B) Conocimiento de

embarque, a los fines de la determinación

de los derechos e impuestos para así proce-

der a su pago definitivo (Art51, Ley núm.

3489). f) Conforme a los documentos de-

positados en el expediente podemos compro-

bar que: 1) el seis (6) de febrero del año dos

mil catorce (2014), la empresa Almacenes

e Importadora Genao S.R.L, realizó la

declaración única aduanera, relativa a

las mercancías de lavadoras y televisores

por un monto total de $23,677.66 pesos

dominicanos; 2) El ocho (8) de febrero de

dos mil catorce (2014), la Dirección Gene-

ral de Aduanas (DGA) emitió el recibo de

ingreso núm. 20140208-0033, a favor de

la empresa ALMACENES E IMPORTA-

DORA GENAO, S.R.L, por la suma de

$435,720.43, pesos dominicanos.

Conforme hemos comprobado uno los

elementos de prueba que obran depositados

en el expediente, la parte accionante ha

cumplido con su obligación de pago de los

impuestos correspondientes al monto de

liquidación de la mercancía de su propie-

dad, así como la tasa por servicio. h) Los

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 363

ÍNDICE

artículos 69 y 114 de la Ley núm. 3489 le

imponen a la Aduana y en particular a los

colectores (administradores de las Aduanas)

el despacho de las mercancías después de

haberse efectuado el cobro de los derechos

e impuestos.

j) Este tribunal ha verificado que ha sido

violado el Convenio Internacional para

la Simplificación y Armonización de los

Regímenes Aduaneros, al igual que la

Ley núm. 424/2006, mediante el cual el

Estado dominicano arribó a los acuerdos

comerciales con Estados Unidos y los

países centroamericanos, DR-CAFTA. De

igual manera la recurrente violó la Ley

núm. 3489, modificada por la Ley núm.

226/2006, ley está que es de orden público.

k) En la especie este tribunal ha verificado

que a la accionante se le ha vulnerado sin

justificación alguna el derecho de propie-

dad, al retenerle la mercancía por la cual

ha pagado la tasa por servicios, así como los

impuestos correspondientes a liquidación,

sin establecer una duda razonable sobre

la mercancía declarada, situación está que

debe cesar.

31. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RETENCIÓN DE VEHÍCULOS DE PERSONAS PUESTAS EN

LIBERTAD

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad

la retención de un vehículo por parte de una institución pública

(en este caso, la Dirección General de Control de Drogas, DNCD)

luego de que la acusación fue desestimada por el Ministerio Público.

SENTENCIA TC/0095/14

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Dirección

General de Control de Drogas realizó un arresto de varias personas

e incautó vehículos de motor por alegada posesión de sustancias

controladas. Posteriormente, las personas arrestadas fueron puestas

en libertad mediante resolución del Ministerio Público, por lo que la

propietaria de uno de los vehículos retenidos solicitó su devolución.

Ante la negativa de la DNCD de entregar el vehículo, la propietaria

acudió a la jurisdicción constitucional invocando vulneración al

derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. A dichos señores se les ocupó la cantidad

de seis (6) fundas transparentes pequeñas,

las cuales contenían una indeterminada

cantidad de pastillas de una sustancia desco-

nocida. Los señores Henry Rafael Capellán

Alberto, César Domingo Jiménez García y

José Alveny Durán Parra fueron puestos en

libertad por medio de la resolución dictada

por el licenciado Pedro Amador Espinosa,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

364 | Art. 51

ÍNDICE

procurador fiscal adjunto, adscrito al De-

partamento de Investigaciones de Tráfico

y Consumo de Drogas de la Procuraduría

Fiscal del Distrito Nacional.

e. En lo que concierne al fondo de la acción

de amparo, el tribunal que dictó la senten-

cia recurrida la acogió y sustentó su deci-

sión en los motivos que han sido indicados

en el cuerpo de esta decisión, ordenando

la entrega del vehículo de motor marca

Toyota, modelo Corolla CE, color azul, año

1998, núm. de registro y placa A424861,

chasis núm. 1NXBA02E8TZ454794 a su

propietaria, la señora María Josefa Her-

nández Rodríguez. Dicho criterio es com-

partido por este tribunal, en virtud de que,

tal como estableció el juez de amparo, no se

ha podido demostrar que la señora María

Josefa Hernández Rodríguez esté involucra-

da en alguna investigación por parte de la

Dirección General de Control de Drogas

(DNCD), por algún hecho ocurrido con el

vehículo descrito anteriormente.

32. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RETENCIÓN DE VEHÍCULOS SIN REALIZAR DILIGENCIAS PARA

IDENTIFICAR AL PROPIETARIO

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de propiedad la retención

indefinida de vehículos por parte del fiscal cuando su devolución fue

ordenada mediante sentencia. El fiscal tenía la facultad de comprobar

la propiedad de los vehículos y proceder a su devolución. Ante ausencia

de proceso penal abierto, procede devolución.

SENTENCIA TC/0063/16

—precedente reiterado sin mencionar en la sentencia TC/0157/16—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que luego de que

a una persona le habían incautado varios vehículos, su devolución

fue dispuesta mediante sentencia. La persona acude a solicitar la

devolución ante el Ministerio Público correspondiente pero le fue

negada, por lo que acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. La parte recurrente, procurador fiscal

de Santiago Rodríguez, arguye que en su

sentencia el Tribunal de Primera Instancia

del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez,

solo se limita a trascribir los documentos

depositados por el recurrido y no le dio el

verdadero valor a la certificación expedida

por la Junta Central Electoral sobre la doble

identidad que posee el señor Wilfredo Anto-

nio Reynoso Minier y/o Robert Frías Paulino,

por lo que indica que con esto el indicado

tribunal hace una errónea apreciación de los

hechos y el derecho del recurrente.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 365

ÍNDICE

f. Con respecto a este argumento externado

por el tribunal de amparo que decidió so-

bre la acción, este tribunal constitucional

tiene a bien considerar que si el motivo de

la negativa del Ministerio Público para la

entrega de dichos bienes era identificar al

legítimo propietario, cosa que de acuerdo

a lo externado por el juez de amparo en su

Sentencia núm. 00018, se aclaró mediante

documentación acreditada por la Junta

Central Electoral, que lo correcto era que se

ordenara dicha devolución a la persona que,

de acuerdo a lo establecido en la ley institui-

da a los fines, demuestre que ciertamente es

el legítimo propietario.

g. En este mismo orden, consideramos de

elemental prudencia que para la entrega de

dichos vehículos es preciso que el Ministerio

Público, representado por el procurador

fiscal de este distrito judicial de Santiago

Rodríguez, identifique al propietario que

acredita la documentación oficial, y tal

identificación coincida con la matrícula o

documento debidamente registrado, relativo

a dichos vehículos, entonces es así cuando

procede la entrega, pues la propiedad de

un vehículo se prueba mediante la matrí-

cula del mismo, la cual es expedida por la

Dirección General de Impuestos Internos

(DGII), a través de su División de Vehículos

de Motor. Complementa tal identificación,

el contrato de adquisición, recibos de im-

puestos, así como cualquier otro documento

debidamente avalado por fecha cierta.

33. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

RETENCIÓN INDEFINIDA DE BIENES MUEBLES SIN PROCESO

PENAL ABIERTO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de propiedad la

retención por parte de una institución pública (en este caso, la DNCD)

de bienes que pertenecen a un particular que no tiene ningún proceso

penal abierto en su contra (en este caso, se trata de una persona que

fue pedida en extradición).

SENTENCIA TC/0290/14

—Precedente reiterado

sin mencionar en las sentencias TC/0436/15, TC/0249/19, TC/0290/19,

TC/0460/20, TC/0219/21 y TC/0156/22; precedente reiterado en las

sentencias TC/0348/15, TC/0498/15, TC/0266/16, TC/0438/17,

TC/0495/17, TC/0713/17, TC/0112/18, TC/0227/18, TC/0294/18,

TC/0739/18, TC/0260/19, TC/0262/19 y TC/0534/20—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Dirección

General de Control de Drogas (DNCD) tenía en su poder algunos

bienes propiedad de una persona que fue extraditada a Colombia. Su

abogado solicitó a la DNCD la devolución de los bienes en vista de

que no existía ningún proceso penal en el país en contra del extradi-

tado. Ante la negativa de dicha institución, la persona a través de su

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

366 | Art. 51

ÍNDICE

abogado acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.7. El juez a quo fundamentó su decisión

en el hecho de que el señor Eli Humberto

Buitrago Rodríguez “no está sometido a la

acción de la justicia, ni existe justificación

alguna para que no le sean devueltos los

bienes de su propiedad”, por lo que dic-

taminó que “el derecho fundamental de

propiedad que le asiste…ha sido vulnerado

por la Dirección Nacional de Control de

Drogas (D.N.C.D.)”.

10.9. En el presente caso, el Tribunal Cons-

titucional considera que la retención de los

bienes propiedad del señor Eli Humberto

Buitrago Rodríguez por parte de la Dirección

Nacional de Control de Drogas (D.N.C.D.),

sin que exista un proceso penal en su contra

que lo involucre o que cuestione el origen o

la adquisición de los mismos, configura una

arbitrariedad que contraviene la Constitu-

ción y las leyes.

34. ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

TRANSFERENCIA A TERCERO Y OCUPACIÓN DE INMUEBLE SIN

TÍTULO DE PROPIEDAD

CRITERIO:

La transferencia y posterior ocupación realizada por el Instituto

Agrario Dominicano de un inmueble del cual no tiene el título de propiedad

es una transgresión al derecho de propiedad.

SENTENCIA TC/0102/13

—

Precedente reiterado en las sentencias TC/0399/17 y TC/0346/20—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Instituto

Agrario Dominicano (IAD) procedió a ocupar un inmueble alegando

tener el derecho de propiedad del mismo. Ante esta situación, la persona

que ocupaba dicho inmueble acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando la protección a su derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g) Las pretensiones del Instituto Agrario

Dominicano (IAD) y de la señora Rosa

Javier Gil no podían por sí solas dar lugar a

la privación de ninguno de los atributos que

el derecho de propiedad puso en manos del

recurrente, el señor Estedy de la Cruz, en su

calidad de titular de propiedad inmobilia-

ria registrada.

h) Las instituciones del Estado, al igual que

todas las demás personas, tienen facultad

para transferir el derecho de propiedad sobre

un bien inmobiliario, en la medida en que

cuenten con la acreditación de derechos que

le hayan sido conferidos al amparo de la ley.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 367

ÍNDICE

De ahí que, en materia de propiedad inmo-

biliaria, si el Instituto Agrario Dominicano

(IAD) no ha registrado derecho, no puede

transferir eficiente y válidamente derecho

alguno, cuestión que tiene su fundamento

en el aforismo jurídico latino nemo dat

quod non habet (nadie da lo que no tiene).

i) En la especie, tanto el Instituto Agrario

Dominicano (IAD), como la señora Rosa

Javier Gil carecen de derecho registrado

sobre la parcela de que se trata, por lo que

el desalojo puesto en práctica contra el ciu-

dadano Estedy de la Cruz resulta impropio,

ilícito y apartado del debido proceso de ley;

con ello se vulnera, además, el derecho de

propiedad del recurrente.

35. AUSENCIA DE VULNERACIÓN: FALTA DE TITULARIDAD DEL

DERECHO DE PROPIEDAD

CRITERIO:

No se vulnera el derecho de propiedad cuando quien lo

invoca no es el titular del mismo. Perdida del derecho de propiedad por

haberse confiscado legalmente en favor del Estado. Bienes confiscados

al finalizar la dictadura de Trujillo. Vigencia de la Constitución del 29

de diciembre de 1961.

SENTENCIA TC/0025/14

Resumen del caso: Los sucesores del señor Elías Gadala interpusie-

ron una acción directa de inconstitucionalidad en contra del Decreto

- que establecía el arrendamiento como modalidad a utilizar

para seguir el proceso de reforma de la empresa Industria Nacional

del Vidrio. Los accionantes plantean que dicho decreto debe ser

declarado inconstitucional debido a que esa empresa era propiedad

de su padre y, por ende, se vulnera el derecho de propiedad al preten-

der despojarlos de la misma, ya que luego de haber sido confiscada

fue ordenada su devolución mediante sentencia.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.1.1. Los accionantes aducen que el Decre-

to núm. 375-03, al disponer que el proceso

de reforma de la empresa estatal Industria

Nacional del Vidrio (FAVIDRIO) se reali-

zaría bajo la modalidad del arrendamien-

to y procediera a convocar una licitación

pública a esos fines, desconoció el derecho

de propiedad que a ellos les corresponde so-

bre dicha empresa, al tratarse de una de las

empresas confiscadas por disposición de la

Ley núm. 5816, de mil novecientos sesenta

y dos (1962), y ordenada su restitución

por la Corte de Apelación de Santiago, en

funciones de Tribunal de Confiscaciones,

mediante su Sentencia núm. 184, del nue-

ve (9) de julio de mil novecientos sesenta y

nueve (1969).

9.1.3. El derecho de propiedad consiste en

la facultad exclusiva de usar, usufructuar

o disponer de un bien mueble o inmueble.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

368 | Art. 51

ÍNDICE

Dicho derecho, sin embargo, no reviste un

carácter absoluto sino relativo, y por ende,

las situaciones respecto de las cuales una

persona puede transferir o ser despojada

de los bienes sujetos a su propiedad deben

de estar establecidas específicamente en la

Constitución y las leyes. En la especie, los

bienes propiedad del finado Elías Gadala

María –entre estos parte del capital accio-

nario de la Industria Nacional del Vidrio,

S. A. (FAVIDRIO) – le fueron confiscados

por disposición de la Ley núm. 5816, del

quince (15) de febrero de mil novecientos

sesenta y dos (1962), mecanismo permitido

al amparo del artículo 8, numeral 9, de la

Constitución dominicana del veintinueve

(29) de diciembre de mil novecientos sesen-

ta y uno (1961) (vigente al momento de la

ocurrencia de los hechos).

9.1.4. Al resultar válida jurídicamente

la confiscación general de bienes por

disposición del artículo 8, numeral 9, de

la Constitución dominicana de mil nove-

cientos sesenta y uno (1961) y el artículo

1 de la Ley núm. 5816, de mil novecientos

sesenta y dos (1962), la transferencia de

la titularidad del capital accionario y los

activos de la Industria Nacional del Vidrio,

S. A. (FAVIDRIO) se constituyó en una

situación jurídica consolidada que no

podía ser desconocida por constituciones

o leyes posteriores a la misma, en virtud

del principio de la irretroactividad de las

normas jurídicas.

9.1.5. El capital accionario y los activos

de FAVIDRIO, al resultar de la propiedad

del Estado dominicano, no podían ser

reivindicados ni restituidos en ningún caso

a persona alguna que reclamara derechos

de propiedad respecto de los mismos, pues

tanto el artículo 37 de la Ley núm. 5924,

de mil novecientos sesenta y dos (1962),

sobre Confiscación General de Bienes, y el

artículo 4 de la Ley núm. 289, de mil no-

vecientos sesenta y seis (1966), que crea la

Corporación Dominicana de Empresas Es-

tatales (CORDE), establecían que en caso

de disponerse judicialmente la devolución

o restitución de algún bien confiscado, el

Estado no debía transferir la propiedad del

mismo, sino compensar económicamente a

la persona favorecida, pues dichos bienes

estaban destinados a la satisfacción de

servicios públicos.

Por tanto, al disponerse en el Decreto núm.

375-03 que la capitalización de dicha em-

presa se realizaría mediante la modalidad

del arrendamiento y en cumplimiento de

las disposiciones de la Ley núm. 141-97,

sobre reforma de las empresas estatales, el

Poder Ejecutivo no transgredió el derecho

de propiedad de los accionantes, pues estos

no poseían la titularidad del mismo por

tratarse de una empresa pública del patri-

monio del Estado dominicano, razón por

la cual se desestima el medio de inconstitu-

cionalidad formulado.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 369

ÍNDICE

36. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN CONTRAÍDA DE VENDER

TERRENOS

CRITERIO:

Procede ordenar al Ayuntamiento del Municipio de Santiago

que firme la autorización de venta de unos terrenos a unos particulares,

venta que había sido ordenada tanto por decreto presidencial como por

el Concejo de Regidores.

SENTENCIA TC/0332/21

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que varias perso-

nas acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

de cumplimiento para que se le ordene al Ayuntamiento de Santiago

la firma de un acto de venta de unos terrenos debido a que existía un

decreto presidencial que así lo ordenaba.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] resulta que atendiendo a los docu-

mentos que se encuentran en el expediente,

el Concejo de Regidores del municipio

de Santiago consideró que no se había

compensado a los accionantes y actuales

recurridos de forma completa, razón por

la cual procedió a aprobar en la sesión

ordinaria del veintiocho (28) de abril de

dos mil dieciséis (2016) —la cual consta

en el Acta núm. 06-16 del Concejo Mu-

nicipal de Regidores— que se enviara al

Poder Ejecutivo la solicitud a los fines de

que el Congreso conociera en relación a la

desafectación de una extensión superficial

de 6,210.96 metros cuadrados dentro de la

Parcela núm. 129-D del Distrito Catastral

núm. 6 de Santiago, con la finalidad de

que —posteriormente— se autorizara su

venta a favor de los señores Nelfa Eduvigis

Ferreras López de Pérez, Pio Jaime Oscar

Ferreras y Cristina Adelaida Ferreras Piza-

no, María Natalia Ferreras Pizano, Juan

Arturo Ferreras Pizano, Hortensia Armida

Ferreras Morel y José Domingo Ferreras

Pichardo, bajo la modalidad de compensa-

ción de deuda.

t. Igualmente, constan en el expediente

lo siguiente: 1. Ley núm. 54-18, de desa-

fectación de la porción de terreno arriba

descrita dentro del ámbito del municipio

de Santiago de los Caballeros, provincia

Santiago. 2. Solicitud de Decreto de auto-

rización de venta de inmueble realizada

por el Ayuntamiento del municipio de

Santiago el diecinueve (19) de febrero de

dos mil diecinueve (2019) al Presidente de

la República, vía el Consultor Jurídico del

Poder Ejecutivo. 3. Decreto núm. 472-19

dictado por el Presidente de la República el

trece (13) de diciembre de dos mil diecinue-

ve (2019), mediante el cual se autoriza la

venta de diversos bienes inmuebles, dentro

del cual se encuentra el inmueble objeto de

la presente litis.

u. Cabe destacar que tales aspectos fueron

explicados de manera muy precisa por

parte del juez de amparo, en los términos

siguientes:

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

370 | Art. 51

ÍNDICE

[…]

17. Que conforme todo lo anteriormente

establecido, este tribunal ha comprobado

que una de sus obligaciones, como fun-

cionarios públicos de los alcaldes de los

Ayuntamientos Municipales, consiste en

culminar los procesos de ventas de bienes

inmuebles municipales con la acción ad-

ministrativa de firmar los actos de venta

correspondientes, previa autorización del

Poder Ejecutivo mediante Decreto, para

que dichos actos de venta sean entregados

a los adquirientes; que en la especie el Li-

cenciado Abel Atahualpa Martínez Durán,

en su calidad de alcalde del Ayuntamiento

de Santiago, habiéndose cumplido todo

el procedimiento y requisitos de venta

establecidos por el artículo 128 numeral 3

letra d de la Constitución y la ley que rige

la materia, ha sido renuente a firmar el

acto de venta dispuesto por el Consejo de

Regidores mediante Resolución del 28 de

abril del 2016, sobre una porción de terre-

no que mide 6,210.96 m , ubicado en la

parcela núm. 129-D-2 (Parte). D.C. núm.

6, municipio Santiago de los Caballeros,

provincia Santiago, desafectada de domi-

nio público mediante la Ley No.54-18 del

29 de noviembre del 2018 y cuya venta

fue autorizada mediante Decreto número

472-19, del 13 de diciembre del 2019,

dictado por el Poder Ejecutivo a favor de

los accionantes, señores Nelfa Eduvigis

Ferreras López, Pió Jaime Oscar Ferreras

Díaz, Cristina Adelaida Ferreras de Sued,

María Natalia Ferreras Pizano, Juan Ar-

turo Ferreras Pizano y Hortensia Armida

Ferreras de Reyes, como compensación de

una deuda a favor de los accionantes por

parte del Ayuntamiento Municipal de

Santiago.

x. Del estudio de la acción de amparo de

cumplimiento y de los documentos que

conforman el mismo no se ha logrado de-

mostrar que la parte accionante y actuales

recurridos persigan con su acción la entrega

de una suma de dinero, sino que —como

vimos anteriormente— el objeto de la

misma es la firma y posterior entrega del

contrato de venta sobre una porción de

terreno…

37. CUSTODIA DE VEHÍCULO Y NECESIDAD DE SER RECLAMADO

POR EL TITULAR DE LA MATRÍCULA

CRITERIO:

No se vulnera el derecho de propiedad cuando quien

reclama la devolución de un vehículo no es la persona que figura en

la matrícula registrada en la Dirección General de Impuestos Internos

(DGII). El vehículo retenido no puede quedar indefinidamente en

manos de la Policía Nacional, tiene que ser entregado al Ministerio

Publico para que custodie dicho bien hasta que sea reclamado por su

legítimo propietario o se realice el proceso judicial correspondiente.

SENTENCIA TC/0466/16

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 371

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a la retención

realizada por la Policía Nacional de un vehículo de motor que es

reclamado por una persona que alega ser su propietaria. Ante la

negativa de entregarle el vehículo, la persona acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración del

derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

n. De la glosa procesal del expediente,

podemos constatar que existe un certifi-

cado de propiedad de vehículos de motor

marcado con el número 5889976, que

corresponde al vehículo de motor tipo

jeep, marca Toyota, modelo GRN285L-

GKAGK, año 2012, color plateado, placa

y registro núm. G277551, chasis núm.

JTEBU4JRX05085333, motor núm.

1GR-A423798, cinco (5) puertas, expedi-

do por la Dirección General de Impuestos

Internos el dieciséis (16) de septiembre de

dos mil catorce (2014), a nombre de Aboya

Kouame.

o. En adición al certificado de propiedad,

también existe una certificación expedida

por el Departamento de Vehículos de Mo-

tor de la Dirección General de Impuestos

Internos, el treinta y uno (31) de octubre de

dos mil catorce (2014), donde hace constar

que el referido vehículo es propiedad de

Aboye Kouame y que sobre el mismo se en-

cuentra registrada desde el dieciséis (16) de

septiembre de dos mil catorce (2014), una

oposición que reza de la siguiente manera:

“Intransferible a favor de terceros”.

p. La parte recurrente, Policía Nacional,

alega que la supuesta venta entre Aboya

Kouame y Ricardo Heredia Valdez corres-

ponde a un fraude y constituye un ilícito

penal cometido por el amparista para apro-

piarse del bien; agrega que el documento

en virtud del cual Ricardo Heredia Valdez

pretende hacer valer su derecho de propie-

dad, fue sometido a un análisis grafotécnico,

cuyos resultados arrojaron que la firma del

vendedor Aboya Kouame, quien se encuen-

tra desaparecido, es falsa.

q. Este tribunal, al ponderar los documen-

tos que le han sido sometidos para análisis

y revisión, verifica no solamente la dispari-

dad en la rúbrica manuscrita del vendedor

tanto en su pasaporte como en el contrato,

sino que además, el referido contrato que

sirve de fundamento al amparista para

justificar su derecho de propiedad contiene

imprecisiones, pues el número de la matrí-

cula y fecha de expedición son distintos a

los del certificado de propiedad de vehículo

de motor expedido por la Dirección Gene-

ral de Impuestos Internos.

r. Ante estas circunstancias, debido a las

imprecisiones del contrato de venta de ve-

hículo de motor y ante la imposibilidad del

accionante en amparo, quien procura su

devolución, de poder demostrar la titulari-

dad del mismo, ciertamente consideramos

que el juez de amparo hizo una valoración

errónea de los elementos probatorios y al

decidir como lo hizo, “ordenando la inme-

diata devolución del vehículo a su legítimo

propietario”, no reparó en comprobar si

quien alegaba la propiedad era su legítimo

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

372 | Art. 51

ÍNDICE

propietario, atribuyendo tal calidad a una

persona cuya titularidad ha sido discutida,

por lo que el comportamiento asumido por

dicho tribunal vulnera la seguridad jurídi-

ca y las garantías del derecho de propiedad.

s. Así las cosas, al ponderar las normas

citadas y los documentos que han sido

sometidos a examen de este tribunal, en

aras de garantizar y proteger el derecho

de propiedad a su legítimo propietario,

y no de favorecer con la devolución del

vehículo a quien no ostente dicha calidad,

procede la revocación de la Sentencia

núm. 306- 2014, rendida por la Octava

Sala de la Cámara Penal del Juzgado de

Primera Instancia del Distrito Nacional,

y en consecuencia, rechazar la acción de

amparo interpuesta por Ricardo Heredia

Valdez el doce (12) de noviembre de dos

mil catorce (2014).

[…] ORDENAR a la Jefatura de la Po-

licía Nacional la entrega del vehículo de

motor tipo jeep, marca Toyota, modelo

GRN285L-GKAGK, año 2012, color

plateado, placa y registro núm. G277551,

chasis núm. JTEBU4JRX05085333,

motor núm. 1GR-A423798, cinco (5)

puertas, con matrícula núm. 5889976, al

Ministerio Público, hasta tanto aparezca

su legítimo propietario o concluya la in-

vestigación sobre la desaparición del señor

Aboya Kouame y la sustracción de sus bienes.

38. DECOMISO DE DINERO POR CONTRABANDO

CRITERIO:

No se vulnera el derecho de propiedad cuando se realiza

el procedimiento legal de decomiso por contrabando por parte de

la Dirección General de Aduanas a personas que intentaron salir

del país con sumas de dinero sin declarar y que exceden la cantidad

permitida.

SENTENCIA TC/0056/12

—Precedente reiterado en las sentencias

TC/0854/18 y TC/0103/19—

CRITERIO 2:

Los acuerdos a los que arriben los acusados de contrabando

de monedas extranjeras y las autoridades públicas persecutoras de

dicho delito son válidos jurídicamente y pueden incidir en el aspecto

penal, lo que provoca ya sea el descargo de los imputados o bien el

archivo de la acusación.

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando dos personas

intentaron salir del país sin haber declarado que transportaban la

cantidad de US$,., lo que contraviene los artículos 

y  de la Ley No. , sobre el Régimen de las Aduanas. En

tal virtud, la Dirección General de Aduanas procedió a decomisar

la referida suma de dinero y a formular acusación contra las dos

personas por incurrir en las infracciones de contrabando y lavado de

activos. Posteriormente las dos personas fueron sometidas a la justicia,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 373

ÍNDICE

pero se desestimó la querella en su contra. Ante esta situación, las dos

personas solicitaron a la DGA la devolución de la suma decomisada,

pero recibieron una respuesta negativa, por lo que procedieron a

acudir a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d) El párrafo II, del artículo 208 de la

indicada disposición No. 3489, modifi-

cado por la Ley No. 226-06, que otorga

personalidad jurídica y autonomía a la

Dirección General de Aduanas, promul-

gada el diecinueve (19) de junio del año

dos mil seis (2006), señala: “En todo caso,

previo reconocimiento de la culpabilidad,

la Dirección General de Aduanas podrá

solicitar al Ministerio Público competente,

prescindir de la acción pública en una in-

fracción aduanera, mediante la aplicación

de un criterio de oportunidad, siempre y

cuando la persona que se declara culpable

no sea reincidente y pague las multas

contempladas. En caso de contrabando la

persona confesada culpable deberá tam-

bién aceptar el comiso de todos los artículos,

productos, mercancías y géneros objeto de

la infracción”.

e) El párrafo III de la antes referida ley

establece: “En todo caso, las sanciones

administrativas, a las que se refiere la

presente ley, se aplicarán independiente-

mente de la responsabilidad penal o civil

en que pudieran incurrir los infractores, y

sin necesidad de que sean declaradas por

tribunal alguno”.

f) De lo expresado por estos artículos se

colige que incumbe a la Dirección General

de Aduanas, a través de sus oficiales, la

facultad de realizar decomisos cuando se

violente la normativa aduanera, lo cual,

en el presente caso, se ha verificado.

g) Conforme al legajo de documentos de-

positados, se revela que, al momento que

los recurrentes en revisión se disponían a

salir del territorio nacional, fueron deteni-

dos por oficiales de la Dirección General

de Aduanas, quienes encontraron entre

sus pertenencias la cantidad de Doscientos

Cincuenta Mil Dólares Estadounidenses

(US$250,000.00), sin haberlo informado,

levantando así la autoridad un proceso

verbal sumario de decomiso de divisas no

declaradas.

h) Los tribunales penales fueron apoderados,

resultando del proceso la suscripción del

indicado acuerdo transaccional que generó

una sentencia absolutoria por desistimien-

to, previo formal retiro de la acusación por

efecto de lo establecido en el Código Proce-

sal Penal en su artículo 337 que establece:

“[…] la sentencia absolutoria ordena la

libertad del imputado, la cesación de las

medidas de coerción, la restitución de los

objetos secuestrados que no estén sujetos a

decomiso o destrucción, las inscripciones

necesarias y fija las costas (...)”.

i) Las divisas encontradas en poder de

los señores Juan Carlos Genao Dorrejo y

Guillermo Martínez Gil fueron sometidas

al proceso de decomiso que establece la Ley

No. 3489, sobre Régimen de Aduanas, y los

recurrentes en revisión se acogieron al refe-

rido acuerdo, reconocieron su culpabilidad,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

374 | Art. 51

ÍNDICE

aceptaron dicho decomiso, entregaron las

divisas en beneficio de la Dirección Gene-

ral de Aduanas y renunciaron a interponer

acciones jurídicas o pretender resarcimiento

indemnizatorio, por lo que no resulta sus-

tentable el alegato de violación al derecho

de propiedad.

j) En tales circunstancias este Tribunal ha

constatado que no ha habido vulneración o

conculcación del derecho de propiedad, ya

que los recurrentes tenían el pleno goce de

sus más absolutas prerrogativas e hicieron

uso de las mismas, plasmando un acuerdo

con la autoridad aduanal que ha alcanza-

do fuerza de ley.

39. DESALOJO AUTORIZADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO Y

PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD

CRITERIO:

El desalojo autorizado por el Abogado del Estado de una

persona que no pudo probar su derecho de propiedad en la jurisdicción

ordinaria no vulnera el derecho de propiedad. Debe protegerse el

derecho de propiedad que fue decidido por los jueces competentes.

SENTENCIA TC/0067/17

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona,

luego de obtener una sentencia firme que declaró su derecho de

propiedad sobre un terreno, procedió a solicitar el desalojo de la

persona que lo habitaba. El Abogado del Estado concedió el auxilio

de la fuerza pública y, luego del desalojo, la persona afectada acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c) Un análisis de la sentencia objeto de

revisión constitucional nos permite com-

probar que estamos ante una acción de

amparo en relación con un proceso que

ha cursado todas las instancias judiciales y

está jurídicamente agotado, al haber pres-

crito el plazo para recurrir en casación ante

la Suprema Corte de Justicia, conforme se

establece en la certificación emitida por

la secretaria de dicha jurisdicción, el doce

(12) de abril de dos mil trece (2013).

d) Por tanto, el juez de amparo no valoró

en su justa dimensión el caso, obviando que

el abogado del Estado ante la Jurisdicción

Inmobiliaria del Departamento Central, al

dictar el Auto núm. 923, del veinticuatro

(24) de junio de dos mil trece (2013), que

ordenó el auxilio de la fuerza pública y des-

alojo del señor Marcial Guerrero Peguero,

cumplió con el voto de la ley, toda vez que

su actuación se fundamentó en una deci-

sión judicial que adquirió la autoridad de

la cosa definitivamente juzgada.

f) Analizando los argumentos de las partes

y la sentencia recurrida en amparo, este

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 375

ÍNDICE

tribunal entiende que en el presente caso

procede acoger el recurso de revisión cons-

titucional, revocar la sentencia impugnada

y rechazar la acción de amparo incoada

por Francisco Castillo Melo, toda vez que

la cuestión planteada al juez de amparo

había sido resuelta por los órganos juris-

diccionales competentes, como resultan los

tribunales de la jurisdicción inmobiliaria.

40. DOCUMENTO VÁLIDO PARA DEMOSTRAR PROPIEDAD SOBRE

VEHÍCULO

CRITERIO:

La matrícula expedida por la DGII es el documento que

en principio determina la titularidad del vehículo de motor. Régimen

de registro y publicidad especial.

SENTENCIA TC/0548/15

—Precedente

reiterado sin mencionar en la sentencia TC/0466/16; precedente reiterado

mediante sentencia TC/0115/21—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

que había salido del país alega que es su ausencia fue despojada del

vehículo que era de su propiedad. Ante esta situación, la persona

afectada acude a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] el caso que nos ocupa se refiere al

conflicto de la propiedad de un vehículo,

es decir violación al derecho de propiedad

establecido en el artículo 51 de nuestra

Constitución, y dicha propiedad fue justifi-

cada mediante el depósito de la matricula

original del vehículo más una certificación

de la Dirección General de Impuestos In-

ternos, que establece quien es el propietario

del vehículo…

f ) Que el artículo 1 de la Ley núm. 241, de

Tránsito de Vehículos de Motor, promulga-

da el 28 de diciembre de 1967, modificada

por la Ley núm. 61-92, dispone que la

matrícula o certificado de propiedad es el

documento expedido bajo las disposiciones

de esta ley, comprobatorio del derecho de

propiedad en un vehículo de motor o re-

molque, que certifica su inscripción, y lo

autoriza a transitar por las vías públicas.

g) Que en materia de propiedad de ve-

hículos de motor, ha sido jurisprudencia

constante de la Suprema Corte de Justicia

que “solo la certificación de la Dirección

General de Impuestos Internos DGII, es

garantía de quien es propietario de su

vehículo” (B.J. 1045. 151; B.J.1046. 35).

h) En efecto, lo anterior permite advertir

que los vehículos de motor se encuentran

sometidos a un régimen de registro y

publicidad especial canalizado ante el

Departamento de Vehículos de Motor de la

Dirección General de Impuestos Internos

(DGII), la que se encuentra legitimada

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

376 | Art. 51

ÍNDICE

para expedir los certificados de registro de

propiedad o matrículas que determinan

quién es, en principio, el titular de la

propiedad, así como el asentamiento de

las cargas o gravámenes que puedan pesar

sobre tales bienes mobiliarios.

i) Lo anterior no supone un absolutismo,

toda vez que al titularidad reconocida

en dicho documento es jusris tantum, es

decir, prueba en contrario, toda vez que la

trasferencia del derecho para ser oponible

a terceros no necesariamente debe constar

en los registros de la Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), sino que hasta

con el contrato de compraventa del vehí-

culo de motor haya sido registrado ante la

Dirección de Registro Civil correspondiente

conforme al artículo 1165, del Código

Civil.

j) Según lo analizado en el presente expe-

diente, no existe dudas de que el vehículo

objeto del conflicto según la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII), es

propiedad del accionante en amparo, señor

Miguel Ángel de Lara Inoa, y con respecto

al artículo 51, referente al derecho de pro-

piedad en nuestra Constitución, ninguna

persona puede ser privada de su derecho de

propiedad, sino por causa justificada, y en

el presente caso no se vislumbra una causa

legal justificada…

41. FIJACIÓN DE JUSTIPRECIO: NECESIDAD DE ACUERDO ENTRE

LAS PARTES O FIJACIÓN JUDICIAL

CRITERIO:

La negativa de pago por expropiación por parte del

Ministerio de Hacienda bajo el alegato de no existir acuerdo entre

las partes sobre el precio (en este caso, fijado en un proceso judicial

en el que el Estado no fue parte) no produce vulneración al derecho

de propiedad. No procede la reclamación del pago por concepto de

expropiación cuando ambas partes (Estado y persona física o moral

expropiada) no se han puesto de acuerdo en cuanto al precio o cuando

una autoridad judicial ha fijado el precio en un proceso en el que

participaron las partes.

SENTENCIA TC/0401/16

—Reiteración y ampliación

del precedente TC/0017/16—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que unas perso-

nas que habían sido expropiadas mediante decreto acudieron a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo de cumplimiento

porque habían obtenido una sentencia previa que fijó el precio del

inmueble. La negativa de realizar el pago por parte del Ministerio

de Hacienda consistía en que no había participado en dicho proceso

judicial y, por ende, no existía acuerdo entre las partes sobre el precio

de la propiedad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 377

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

h. A juicio de este tribunal, en el presente

caso la improcedencia del amparo de cum-

plimiento obedece a que para perseguir el

pago frente al Ministerio de Hacienda de la

República Dominicana, en caso de una ex-

propiación, se debe seguir el procedimiento

establecido en la Ley núm. 344, del treinta

y uno (31) de julio de mil novecientos cua-

renta y tres (1943), en la cual se determina

que previo a la exigencia del pago debe in-

tervenir un acuerdo entre las partes o una

decisión que fije el justiprecio; en tanto no

intervenga esa decisión, el Ministerio de

Hacienda no tiene la obligación de efec-

tuar un pago fijado unilateralmente por el

interesado y máxime cuando este ha sido

establecido tomando como referencia una

decisión judicial de la cual los recurrentes

no han sido parte, que, por tanto, no les es

vinculante ni a estos, ni al Ministerio.

i. El Ministerio de Hacienda de la Repú-

blica Dominicana, en materia de pago

por expropiación, solo estará obligado a

realizarlo previa autorización de la Pre-

sidencia de la República, mediante acto

administrativo o cuando el monto de la

expropiación está consignado en el presu-

puesto, lo cual no ha ocurrido en el presente

caso; en tal razón, no se puede autorizar

un pago cuyo monto no ha sido fijado me-

diante sentencia judicial o acuerdo entre

las partes. En este caso, la parte recurrente

pretende que el Ministerio de Hacienda

satisfaga un pago tomando como referencia

el precio fijado en una decisión concernida

a otros justiciables.

l. Cuando este tribunal ha protegido el

derecho de propiedad afectado por una ex-

propiación no pagada, lo ha realizado de

manera excepcional en casos en los cuales

no ha quedado nada que fallar; tales han

sido los casos donde la autoridad ha omi-

tido realizar el pago que ha sido ordenado

por la Presidencia de la República y no

ejecutado por el Ministerio de Hacienda,

los cuales fueron resueltos mediante las

sentencias TC/0205/13 y TC/0193/14,

criterio que ha sido reiterado en la de-

cisión antes señalada TC/0017/16, del

veintiocho (28) de enero de dos mil die-

ciséis (2016).

m. En el caso de la especie, como hemos

podido verificar, no están dadas las condi-

ciones establecidas en los precedentes antes

señalados que justifique que este tribunal

ordene el pago, al no existir en favor de

la parte recurrente ninguna sentencia o

acuerdo entre las partes que ordene el jus-

tiprecio, como pretende esta basándose en

una decisión de cuyo proceso no fue parte.

42. FIJACIÓN DE JUSTIPRECIO UNILATERALMENTE EN PROCESO

DE EXPROPIACIÓN

CRITERIO:

No procede la exigencia del cumplimiento de pago de una

expropiación cuando el precio ha sido establecido unilateralmente por

una de las partes. El justiprecio es el resultado del acuerdo de las partes o,

en su caso, de lo que señale un acto administrativo o una sentencia que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

378 | Art. 51

ÍNDICE

haya obtenido firmeza.

SENTENCIA TC/0138/19

—La sentencia TC/0021/20

es un precedente relacionado que declaró improcedente la exigencia del pago

por no existir interés del Estado en expropiar una parcela que forma parte de

un área protegida, pero tiene título de propiedad. La sentencia TC/0172/20

es un precedente relacionado que declaró improcedente la exigencia del pago

por no existir interés del Estado en expropiar una parcela que forma parte de un

área declarada monumento natural, pero tiene título de propiedad, precedente

reiterado mediante sentencias TC/0176/20 y TC/0482/21—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a una expropia-

ción realizada por el Ministerio de Obras Públicas de unos terrenos

propiedad de una empresa sin que se haya realizado el pago corres-

pondiente. Ante esta situación, la empresa acudió ante la jurisdic-

ción constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.6. En efecto, con el Acto núm. 390/2016,

previamente indicado, la sociedad comer-

cial Juan Alej. Ibarra Sucesores S.R.L.,

intima al MOPC a la entrega de una

copia del decreto que declara de utilidad

pública la porción de terreno ocupada

y de la suma de treinta y tres millones

quinientos cincuenta y siete mil trescientos

veinte pesos dominicanos con 00/100

($33,557,320.00), por concepto de pago

por dicha porción; sin embargo, en las con-

clusiones vertidas por la sociedad comercial

Juan Alej. Ibarra Sucesores, SRL., tanto en

el escrito de acción de amparo como en el

del recurso de revisión sólo se refiere a la

entrega del pago correspondiente al justo

precio del inmueble, establecido unilateral-

mente por la misma sociedad.

11.7. Al respecto, ha de precisarse que

dicha pretensión resulta improcedente,

debido a que la reclamación del pago que

corresponde por motivo de expropiación

debe realizarse conforme ha ordenado

nuestro legislador a través de la Ley núm.

344, del treinta y uno (31) de julio de mil

novecientos cuarenta y tres (1943), que

establece que previo a la exigencia del pago

debe intervenir un acuerdo entre las partes

o una decisión –ya sea administrativa o

judicial- que fije el justiprecio; de forma

tal que es preciso agenciar la fijación del

precio antes de proceder a su reclamo.

11.8. Es así que en el caso concreto, el

amparo de cumplimiento no constituye

el cauce adecuado para decidir las pre-

tensiones de la sociedad Juan Alej. Ibarra

Sucesores, ya que lo que se pretende, de

acuerdo con las conclusiones del escrito de

recurso presentado por dicha sociedad, es

obligar al MOPC a entregar un monto

determinado unilateralmente por el ac-

cionante; mientras que, de conformidad

con la normativa aplicable en materia de

expropiación, el justo precio del inmueble

expropiado es el resultado del acuerdo de

las partes o, en su caso, de lo que señale un

acto administrativo o una sentencia que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 379

ÍNDICE

haya obtenido firmeza. Y es que la noción

de amparo de cumplimiento supone que

alguna autoridad ha desconocido un man-

dato expreso contenido en una ley o acto

administrativo, y persigue que el juez o

tribunal apoderado ordene al funcionario

renuente cumplir con dicha normativa; en

fin, que emita una resolución o firme un

reglamento, cuya omisión está vinculada

con las pretensiones del accionante.

11.10. Contrario a dicho caso, en la especie,

la parte recurrente no ha podido acreditar

27 Art. 8.- No se dará curso a ninguna solicitud, instancia o demanda dirigida al Control de Alquileres y

Desahucios, a sus delegados provinciales o a la Comisión de Apelaciones establecida según el Artículo 26

del Decreto No. 4807 de fecha 16 de mayo de 1959, ni al Juzgado de Paz y tribunales ordinarios, con nes

de modicación de contratos de inquilinato, desalojo, o para el cumplimiento de obligación contractual o

legal derivada del contrato, hasta que el demandante, propietario o inquilino, presente el recibo original,

o certicación del Banco Agrícola de la República Dominicana, demostrativo de haberse realizado el

depósito previsto en el Artículo 1 de esta ley. Igualmente será necesario el recibo, o la certicación para el

caso de demandas relacionadas con el depósito previsto en el Párrafo II del Artículo 2 de la presente ley.

haber agotado los trámites establecidos en

esta materia por la Ley núm. 344, del

treinta y uno (31) de julio de mil nove-

cientos cuarenta y tres (1943), a los fines

de que se produzca una resolución firme

expedida por el órgano administrativo o

judicial competente, que fije el justiprecio

de los terrenos presuntamente expropiados

por el Estado y, por tanto, tampoco la rea-

lización de los trámites posteriores a dicha

determinación.

43. INCONSTITUCIONALIDAD DE DEPÓSITO PREVIO DE

ALQUILERES POR PARTE DEL PROPIETARIO PARA ACCEDER A

LA JUSTICIA

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución el requisito impuesto

al propietario de un inmueble en alquiler de haber depositado

previamente en el Banco Agrícola los montos por concepto de depósito

de garantía, para presentar una denuncia o demanda en contra de un

inquilino.

SENTENCIA TC/0208/21

—Ver en este sentido el criterio relativo al

derecho de acceder a la justicia (art. 69.1 CRD)—

Nota: Mediante esta decisión, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional

el artículo 8 de la Ley núm. 431427, que regula la prestación y aplicación de los valores

en el inquilinato, del veintidós (22) de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco

(1955) (modificada por la Ley núm. 17-88, del cinco (5) de febrero de mil novecientos

ochenta y ocho (1988)).

Resumen del caso: Un señor se presentó ante el Tribunal Constitu-

cional para interponer una acción directa de inconstitucionalidad en

contra el artículo  de la Ley núm. , que Regula la Prestación

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

380 | Art. 51

ÍNDICE

y Aplicación de los Valores en el Inquilinato. Esta norma establece

en esencia como requisito indispensable para dar curso a cualquier

demanda, la presentación del recibo de depósito en el Banco Agrícola

de los montos recibidos en el contrato de alquiler por concepto de

depósito de garantía. La parte accionante entiende que esa norma

vulnera el derecho de propiedad y el acceso a la justicia.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.15. El dieciocho (18) de enero de mil

novecientos cincuenta y uno (1951) fue

dictada la Ley núm. 2700, sobre medidas

de emergencias, ratificada por la Ley núm.

5112, del veintitrés (23) de abril de mil

novecientos cincuenta y nueve (1959), a

través de la cual se decretó un estado de

emergencia nacional, dando paso a una

serie de medidas que impactaron las activi-

dades socioeconómicas de la nación, entre

estas, las derivadas de los contratos entre

propietarios e inquilinos, motivado en el

déficit habitacional que en ese momento

caracterizaba ese renglón de la economía

del país.

10.20. Partiendo de la premisa antes

señalada puede concluirse que la citada

ley núm. 4314, del veintidós (22) de oc-

tubre de mil novecientos cincuenta y cinco

(1955) [modificada por la Ley núm. 17-88,

del cinco (5) de febrero de mil novecientos

ochenta y ocho (1988)], fue dictada por el

Congreso Nacional como parte de las medi-

das promovidas por el Poder Ejecutivo, en

ocasión del estado de emergencia nacional,

para atenuar la situación económica de ese

momento, que demandaba la obtención de

recursos para la política de financiamiento

del Banco Agrícola.

10.21. El fin buscado por la norma es

garantizar que los valores recibidos por los

propietarios de inmuebles, como depósitos,

adelanto, anticipo u otra denominación,

sean depositados y mantenidos en el Banco

Agrícola de la República Dominicana para

garantizar el pago de los alquileres o el

cumplimiento de cualquier otra obligación

legal o convencional derivada del contrato,

dando cumplimiento al mandato previsto

en el artículo 1 de la misma ley núm. 4314.

En ese sentido, el depósito de los citados

valores procura incrementar los volúmenes

de financiamiento necesarios para elevar

la producción agrícola y contribuir al

desarrollo económico de la nación, fines

constitucionales que en principio justifican

la medida adoptada.

10.35. Esto supone que, en la noción de Es-

tado constitucional de derecho, las normas

jurídicas deben satisfacer las necesidades de

los individuos y de lo contario, cuando la

ley no responde a esos parámetros se aparta

de su finalidad, lo que termina socavando

su legitimidad, como ocurre en la especie,

pues una medida adoptada en aquella

época continúa hoy incidiendo y limitando

el ejercicio del derecho de propiedad.

10.39. En ese escenario, la restricción im-

puesta también alcanza uno de los elementos

esenciales del derecho de propiedad –ejercer

las acciones judiciales previstas para su protec-

ción, toda vez que la norma acusada–artículo

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 381

ÍNDICE

8 de la referida Ley núm. 4314– al impedir

darle curso a ninguna instancia o demanda

ante los órganos administrativos creados por

el Decreto núm. 4807, o ante los tribunales

ordinarios, si el propietario no cumple dicha

condición, se traduce en una limitación des-

proporcionada que escinde el propio ejercicio

del derecho, parte integrante de su configura-

ción constitucional.

10.40. En ese sentido, este tribunal de-

termina que el sacrificio que supone la

norma cuestionada, cerrar el cauce procesal

de acceso a la justicia si no se cumple el

mandato previsto, es de mayor relevancia

constitucional que la necesidad de la me-

dida de carácter económico impuesta por

el legislador, pues su aplicación conduce a

diluir su contenido esencial como derecho

fundamental y como garantía procesal

llamada a proteger el derecho de propiedad,

por lo que la misma no supera el examen

de proporcionalidad que justificaría su

permanencia en el ordenamiento jurídico.

44. INCONSTITUCIONALIDAD DE ENTRAR EN POSESIÓN DE UN

INMUEBLE EXPROPIADO SIN ANTES REALIZAR EL PAGO DEL

JUSTIPRECIO

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución, específicamente con lo

previsto por el art. 51.1 sobre el derecho de propiedad, la facultad legal

de que el Estado pueda entrar en posesión de un inmueble expropiado

sin antes realizar el pago del justo valor determinado por acuerdo entre

las partes o sentencia de tribunal competente.

SENTENCIA TC/0182/20

Nota: Mediante esta decisión, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia

interpretativa estableciendo que para que sea conforme con la Constitución, el

artículo 13 de la Ley núm. 344 debe tener el contenido siguiente:

Art. 13- (Modificado por la Ley No. 471 del 2 de noviembre de 1964). En caso

de que no haya acuerdo sobre el valor de la propiedad que deba ser adquirida y

se declare el Estado de Emergencia o de Defensa, conforme a los términos que

establece la Constitución, el Estado, los Municipios y el Distrito Nacional podrá

entrar en posesión de dichos bienes para los fines perseguidos por la expropiación

una vez que se haya depositado en la Tesorería Nacional en una cuenta especial,

fuera de la Cuenta República Dominicana, el valor fijado por el Catastro Nacio-

nal, mediante una tasación debidamente actualizada, como precio de los mismos

a reserva de discutir si procede o no el pago de un suplemento de precio, ante

el Tribunal competente, el cual será apoderado directamente por medio de una

instancia. Párrafo I. Los valores a depositar de acuerdo con este artículo deberán

ser hechos en cheques a favor del Tesorero Nacional remitidos por vía de la Con-

traloría y Auditoría General con las explicaciones correspondientes en cada caso.

Párrafo II. (Agregado por la Ley No. 486 del 10 de noviembre de 1964). En caso

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

382 | Art. 51

ÍNDICE

de que se trate de un inmueble registrado, la entrada en posesión del mismo por el

Estado, los Municipios o el Distrito Nacional, será ejecutada por el Abogado del

Estado. Si fuere necesario dichos funcionarios podrán requerir el uso de la fuerza

pública para los fines arriba indicados

Resumen del caso: Una empresa y una persona física interpusieron

ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitu-

cionalidad en contra del artículo  de la Ley núm. , de mil

novecientos cuarenta y tres (). Esta norma establece en esencia

la posibilidad de que el Estado entre en posesión de un inmueble

expropiado cuando declara la urgencia y las partes no han llegado

a un acuerdo sobre el precio a pagar por la expropiación. La parte

accionante entiende que esa norma vulnera el derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1 El accionante sostiene que el artículo

13 de la Ley núm. 344-43 habilita un pro-

cedimiento al vapor para el despojo y saqueo

de propiedad privada que resulta contrario

al artículo 51 de la Constitución, pues este

argumenta que se posibilita la expropiación

sin que el previo pago sea realizado al pro-

pietario del inmueble expropiado.

10.5 De la exégesis del texto anteriormente

transcrito queda establecido que el procedi-

miento crea una situación discriminatoria

al ciudadano producto de que el Estado

aún no efectuado el pago, pueda en caso

en que no se llegue a un acuerdo sobre el

justo precio, tomar posesión del inmueble.

Esto resulta que el Estado está habilitado

por el art. 13 de ocupar la propiedad del

ciudadano sin previo pago, lo que contra-

dice lo establecido por la constitución en el

numeral 1 del artículo 51.

10.6 De esta manera, la Constitución

dispuso en su artículo 51.1 que las únicas

situaciones extraordinarias en donde el

pago de la indemnización pudiera ser pos-

terior a la expropiación de una propiedad

son: cuando exista una declaración de un

estado de emergencia (art. 263) y/o de de-

fensa (art. 265) realizada por el Congreso

Nacional en situaciones donde se amerite.

10.8 Por consiguiente, el artículo 51.1 hace

referencia a la importancia de la ejecución

de la indemnización de la propiedad, la

cual deberá ser un proceso previo a la

transferencia de la propiedad. Según la

doctrina dominante, a indemnización de-

berá revestir lo siguiente: 1) No puede haber

expropiación sin indemnización; 2) debe ser

previa; 3) debe ser justa; 4) debe ser de orden

reparatorio; 5) puede ser en naturaleza.

10.11 Es importante resaltar que el pro-

ceso de expropiación tiene dos etapas: la

primera, una administrativa, que inicia

con la declaratoria de utilidad pública por

el presidente de la República; luego una

etapa judicial donde le corresponde al juez

administrativo ordenar la expropiación,

y culmina con la sentencia que declara

la procedencia o no de la expropiación y

determina el justo precio.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 383

ÍNDICE

10.13 Sin embargo, el artículo 13 de la Ley

núm. 344, de mil novecientos cuarenta y

tres (1943), que como vimos es preconstitu-

cional, en divergencia con la voluntad del

artículo 51.1 de la Constitución, establece

una contradicción al indicar que el justo

precio será determinado por el valor que

determine el Catastro Nacional, ya que di-

cha institución pública depende del Poder

Ejecutivo, y no es un tribunal competente

el que velará por cumplir con el debido

proceso, tutela judicial efectiva y motivar

sus decisiones.

10.16 Con respecto al referido precedente

y al caso en cuestión se consagra la noción

de que las actuaciones de la Administra-

ción Pública están sujetas a supervisiones

judiciales ante un tribunal que permita a

las personas garantizar sus derechos, lo que

en el actual corresponde al derecho funda-

mental al goce y disfrute de la propiedad

privada.

10.17 Por ese motivo, entendemos que el

artículo 13 de la Ley núm. 344-43 cercena

la función que le atribuye la Constitución

a los tribunales de controlar la legalidad de

las actuaciones de la Administración Públi-

ca, de facultar al Catastro Nacional para

establecer el monto para el justo precio y no

permitir al ciudadano poner en cuestión

dicho valor y judicializar el diferenciado

con este el Estado.

10.19 Es por todo lo anterior que este

tribunal entiende que el artículo 13 de la

Ley núm. 344, de mil novecientos cuarenta

y tres (1943), transgrede las garantías del

derecho de propiedad consagrado por el

artículo 51 de la Constitución, pues la

propia Carta Magna establece la necesidad

de un previo pago para la ejecución de la

transferencia del derecho de propiedad y en

casos donde el propietario y el Estado no

puedan llegar a un acuerdo del justo precio,

solo un tribunal competente podrá estable-

cer el justo precio y autorizar el traspaso de

la propiedad.

10.21 De acuerdo con los motivos expuestos,

procede, de una parte, que este tribunal,

basándose en la facultad que le confiere el

referido artículo 47 de la Ley núm. 137-

11, dicte una sentencia manipulativa de

tipo condicional. Esta última tendría como

propósito garantizar la permanencia del

señalado artículo 13 en nuestro ordena-

miento legal.

45. INCONSTITUCIONALIDAD DE LIMITAR PROVISIONALMENTE

POR DECRETO ACTUACIONES O TRANSFERENCIAS RELATIVAS

AL DERECHO DE PROPIEDAD

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la emisión de un

decreto por parte del Poder Ejecutivo para suspender la venta o

reventa de inmuebles, así como posibles desalojos. Limitación excesiva

del derecho de propiedad que, en todo caso, le correspondería fijar

al juez de los referimientos por ser una facultad delegada al poder

jurisdiccional y no al Poder Ejecutivo.

SENTENCIA TC/0044/22

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

384 | Art. 51

ÍNDICE

CRITERIO 2:

Toda medida preventiva que amerite la afectación o

limitación del uso, goce o disfrute del derecho de propiedad sobre

un inmueble registrado, sea para proteger intereses particulares o el

interés público derivado de la función social de dicha prerrogativa

fundamental, debe ser ordenada —en reglas generales— por el juez de los

referimientos en materia inmobiliaria correspondiente ya apoderado de una

litis sobre derechos registrados u otro proceso principal.

CRITERIO

3: Tras comprobar que el Poder Ejecutivo emitió un decreto

que excedía sus facultades de suspender procesos de venta, reventa

y desalojos con relación a inmuebles disputados en justicia, resulta

afectado el derecho de propiedad colateralmente ya que las limitaciones

a la libre disposición de la propiedad se derivan de la actuación de una

autoridad usurpada que irrumpió en funciones ajenas a sus atribuciones.

Nota: Mediante esta decisión, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucio-

nal el artículo 2 del Decreto núm. 392-1628 que crea e integra una comisión

para examinar y rendir un informe a la Presidencia de la República sobre todo lo

concerniente a los terrenos de la urbanización Los Tres Brazos, D. N., emitido el

veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciséis (2016).

Resumen del caso: Una empresa que se disputa la propiedad de unos

terrenos en la Jurisdicción Inmobiliaria se presentó ante el Tribunal

Constitucional para interponer una acción directa de inconstitucio-

nalidad en contra del artículo  del Decreto núm. - que crea e

integra una comisión para examinar y rendir un informe a la Presi-

dencia de la República sobre todo lo concerniente a los terrenos de la

urbanización Los Tres Brazos, D. N. La norma establece en esencia

la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa de los

inmuebles ubicados en el sector de Los Tres Brazos, así como de todo

proceso de desalojo contra los actuales ocupantes. Los accionantes

plantean que dicha norma vulnera el derecho de propiedad sobre

dichos inmuebles ya que se les impide disponer de los atributos y

garantías de dicho derecho fundamental.

28 En virtud de las razones expuestas en la parte considerativa de este decreto, se ordena la suspensión

inmediata de toda operación de venta o reventa de los inmuebles ubicados en el sector de Los Tres

Brazos, así como de todo proceso de desalojo contra los actuales ocupantes de dichos terrenos.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 385

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] toda medida preventiva que amerite

la afectación o limitación del uso, goce o

disfrute del derecho de propiedad sobre un

inmueble registrado, sea para preservar

intereses particulares o el interés público

derivado de la función social de dicha

prerrogativa fundamental, debe ser orde-

nada —en principio— por el juez de los

referimientos en materia inmobiliaria

correspondiente ya apoderado de una litis

sobre derechos registrados u otro proceso

principal; pues dicha facultad es exclusiva

de los órganos jurisdiccionales en ocasión

de la función judicial del Estado que se

infiere de la interpretación sistemática

del artículo 149.I de la Constitución do-

minicana con los artículos 50 al 53 de la

Ley núm. 108-05, y del 163 al 170 del

reglamento de los tribunales que componen

la Jurisdicción Inmobiliaria.

11.10.9.11. En efecto, el referimiento

inmobiliario es, pues, el remedio procesal

diseñado por el legislador para resolver

—provisionalmente— las situaciones

urgentes que se susciten en ocasión del

derecho de propiedad sobre inmuebles

registrados; por tanto, la facultad para

suspender provisionalmente los procesos

de venta, reventa y desalojos con relación

a los inmuebles registrados ubicados en el

sector Los Tres Brazos es una cuestión que

obedece a la función jurisdiccional del Es-

tado a través del juez de los referimientos

en materia inmobiliaria, no al presidente

de la República en ocasión de su función

administrativa y ejecutiva para expedir

decretos.

11.10.12. Conforme a lo anterior, el hecho

de que el Poder Ejecutivo adoptara las

medidas provisionales de suspensión de los

procesos de venta, reventa y desalojo respec-

to de los inmuebles ubicados en el sector

Los Tres Brazos movido por el designio

de salvaguardar el interés público detrás

de dichas operaciones jurídicas —que,

reiteramos, no comportan el objeto de este

control de constitucionalidad— y, en efecto,

limitara con ello el aparente derecho de

propiedad de la sociedad comercial Inver-

siones Fernández Parache & Asociados, S.

R. L. (INFEPA), no es óbice para justificar

un desborde en sus facultades administra-

tivas y ejecutivas e irrumpir en cuestiones

de naturaleza estrictamente jurisdiccional,

confiadas, como indicamos ut supra, al

juez de los referimientos de la Jurisdicción

Inmobiliaria.

11.10.16. Por tanto, tras constatar que el

presidente de la República dispuso en el ar-

tículo 2 del Decreto núm. 392-16 medidas

preventivas fundado en el interés público

de preservar el patrimonio del Estado, sin

estar respaldado por una base jurídica ha-

bilitante y entrometiéndose en la función

jurisdiccional confiada por el constituyente,

la Ley núm. 108-05 y el Reglamento de

los Tribunales de Tierras al juez de los

referimientos de la Jurisdicción Inmobi-

liaria, este tribunal constitucional estima

que dicha práctica es inconstitucional por

soslayar y trastocar las funciones ejecutivas

y administrativas del Poder Ejecutivo con

la función jurisdiccional del Poder Judicial

prevista en el artículo 149.I de la Consti-

tución dominicana.

11.10.17. En ese tenor, al no estar sustenta-

do el artículo 2 del Decreto núm. 392-16,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

386 | Art. 51

ÍNDICE

que ordena la suspensión inmediata de

todo proceso de venta, reventa y proceso

de desalojo con relación a los inmuebles

ubicados en el sector Los Tres Brazos, en

una norma que efectivamente habilite al

Poder Ejecutivo a expedir decretos para

adoptar medidas provisionales tendentes a

la limitación de derechos fundamentales a

fin de preservar el interés público, queda

evidenciada la infracción constitucional

denunciada por la accionante en su primer

medio de inconstitucionalidad; en con-

secuencia, ha lugar a declarar que dicho

artículo del referido decreto no es conforme

con la Constitución dominicana.

11.10.18. En ese sentido, y en atención a

lo dispuesto en los artículos 6 y 73 consti-

tucionales, que disponen la garantía de la

supremacía constitucional y la previsión de

nulidad de los actos emitidos por autoridad

usurpada, el artículo 2 del Decreto núm.

29 Art. 3.- Queda prohibido el desahucio del inquilino de un inmueble por persecución del propietario,

salvo que se haya ordenado la resilación del contrato de alquiler por falta de pago del precio del alquiler;

o por utilizar el inmueble alquilado con un n diferente para el cual fue alquilado siempre que sea

perjudicial al propietario o contrario al orden público o a las buenas costumbres; o por el inquilino

subalquilar total o parcialmente el inmueble alquilado no obstante habérsele prohibido por escrito;

o por cambiar la forma del inmueble alquilado. Cuando el inmueble vaya a ser objeto de reparación,

reedicación o nueva construcción, o cuando vaya a ser ocupado personalmente por el propietario o

392-16, deviene en una disposición nula

de pleno derecho.

11.11.6. En la especie, luego de comprobar

que el presidente de la República desbordó

su autoridad con la adopción de la medida

de suspensión de los procesos de venta, re-

venta y desalojos con relación a los inmue-

bles ubicados en el sector Los Tres Brazos,

contenida en el artículo 2 del Decreto núm.

392-16, entendemos que, por efecto de la

expedición de un acto subversor del orden

constitucional, el aparente derecho fun-

damental de propiedad de la accionante

resultó colateralmente afectado; toda vez

que las limitaciones a su libre disposición

se derivan de la actuación de una autori-

dad usurpada que irrumpió en funciones

ajenas a sus atribuciones, en contraposición

a lo estipulado en nuestra constitución y el

principio fundamental de la separación del

poder.

46. INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERAR DERECHO DE

PROPIEDAD: RESTRICCIÓN LEGAL AL PROPIETARIO PARA

DISPONER DE INMUEBLE EN ALQUILER

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución el impedimento legal

de finalizar el contrato de alquiler tras la llegada del término fijado.

Vulnera el derecho de propiedad limitando la facultad de disposición

sobre el inmueble y constituye una enfiteusis.

SENTENCIA TC/0174/14

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el artículo 3 del Decreto núm. 4807 del 16 de mayo de 195929.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 387

ÍNDICE

Resumen del caso: Se trata de una acción directa de inconstitucio-

nalidad interpuesta por una clínica en contra del Decreto núm. 

que regula aspectos relativos al contrato de alquiler. La accionante

plantea que dicho decreto limita el derecho de propiedad pues no

podría tener el propietario la facultad de disponer del inmueble una

vez llegado el término del tiempo fijado para el alquiler.

su cónyuge, o por parientes de uno de ellos, ascendientes, descendientes o colaterales hasta l segundo

grado inclusive durante dos años por lo menos, el control de alquileres de casas y desahucio autorizará

el desalojo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.2.2. La accionante considera que me-

diante el indicado artículo fue suprimida

una de las causas de resolución del contrato

de inquilinato, en particular la llegada del

término. En efecto, dicha causa de resolu-

ción del contrato está prevista en el artículo

1737 del Código Civil, texto según el cual

“el arrendamiento termina de pleno derecho

a la expiración del término fijado, cuando

se hizo por escrito, sin haber necesidad de

notificar el desahucio”.

11.2.3. La violación al derecho de propie-

dad radica, según la accionante, en que al

no producirse la resolución con la llegada

del término, el contrato de inquilinato se

convierte en un contrato de enfiteusis, cuya

ejecución impediría al propietario del

inmueble disponer del mismo, ya que esta

última modalidad de contrato puede man-

tener su vigencia durante un largo tiempo.

11.2.5. En efecto, mediante la sentencia

del tres (3) de diciembre de dos mil ocho

(2008), la Sala Civil de la Suprema Corte

de Justicia declaró inaplicable el artículo

3 del referido decreto núm. 4807 por

ser contrario a la Constitución […] La

indicada sala de la Suprema Corte de Jus-

ticia fundamentó su decisión en los motivos

siguientes:

Considerando, que, en efecto, conforme al

régimen anterior (art. 1737 del Código

Civil), “el arrendamiento termina de

pleno derecho a la expiración del término

fijado, cuando se hizo por escrito sin haber

necesidad de notificar el desahucio”, vale

destacar que el indicado decreto, fue emi-

tido al amparo y en cumplimiento de la

Ley No. 2700, del 18 de enero de 1951,

sobre medidas de emergencias, ratificada

por la Ley No. 5112, del 23 de abril de

1959, por medio de las cuales fue declarado

la existencia de un estado de emergencia

nacional, que permitió al Poder Ejecutivo

disponer por decreto todas las providencias

que hubo de estimar necesarias para garan-

tizar, entre otras, la seguridad interna, y

lo que permitió a este alto tribunal expre-

sar, en armonía con aquella situación de

emergencia, que la finalidad perseguida

por el referido decreto al limitar los pode-

res de los propietarios en relación con los

contratos de alquiler, había sido conjurar

en parte el problema social de la vivienda,

facilitando y garantizando a los inquilinos

que pagan el importe del arrendamiento,

la estabilidad de sus contratos; […] ello no

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

388 | Art. 51

ÍNDICE

justifica, en modo alguno, que superada la

situación de emergencia original, causada

por diversos factores y no sólo por un déficit

habitacional, el derecho de propiedad siga

siendo víctima, no obstante tener categoría

constitucional, de la restricción y limitación

que implica el haberse eliminado el dere-

cho del propietario y el consentimiento del

inquilino, de fijar un término al contrato

de inquilinato, prerrogativa que, al haber

desaparecido por efecto del mencionado

decreto, convirtió el arriendo de casa en un

derecho real equivalente a una enfitéusis,

con características de perpetuidad, que

conlleva como consecuencia un desmem-

bramiento del derecho de propiedad…

11.2.7. Este tribunal considera, al igual

que lo consideró la Cámara Civil de la

Suprema Corte de Justicia, que las res-

tricciones al derecho de propiedad que se

derivan de la aplicación del artículo 3 del

Decreto núm. 4807 si bien se justificaban

a finales de los años cincuenta del siglo

pasado y durante los siguientes años, no

menos cierto es que en la actualidad re-

sultan injustificables. Ciertamente, lo que

demanda la realidad actual es una política

inversa, orientada a fortalecer el derecho de

propiedad, con la finalidad de incentivar

la inversión de capitales en viviendas que

luego de construidas podrán ser alquiladas

o vendidas.

47. LIMITE AL DERECHO DE PROPIEDAD: FUNCIÓN SOCIAL DEL

DERECHO DE PROPIEDAD Y COEXISTENCIA EN TERRENOS QUE

SE ENCUENTREN DENTRO DE ÁREAS PROTEGIDAS

CRITERIO:

No se vulnera el derecho de propiedad con la regulación del

derecho de propiedad privada en terrenos que se encuentren dentro de

áreas protegidas, obedece a la función social del derecho de propiedad

y además constituye una restricción legal válida proteger áreas que

responden al interés general y que, por sus singulares características

medioambientales, requieren una administración y manejo especial.

El derecho de propiedad privada se reconoce y también los derechos

reales relativos a la posesión pacífica e ininterrumpida según el caso.

SENTENCIA TC/0173/18

—Ver en este sentido el criterio relativo al derecho de

medioambiente (art. 67 CRD)—

Resumen del caso: Varias asociaciones ligadas al medioambiente

interpusieron ante el Tribunal Constitucional una acción directa de

inconstitucionalidad en contra del artículo  de la Ley núm. -

Sectorial de Áreas Protegidas. Esta norma trata lo relativo al derecho

de propiedad privada sobre terrenos que se encuentren dentro un

área protegida regulada. Los accionantes consideran que dicha

norma les vulnera el derecho de propiedad ya que no pueden dispo-

ner libremente de ella y para su uso también tienen limitaciones.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 389

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.6. Con respecto a la presente acción di-

recta de inconstitucionalidad, este Tribu-

nal Constitucional estima que el artículo

9 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas

núm. 202-04, del treinta (30) de julio de

dos mil cuatro (2004), no resulta viola-

torio o contrario a la Constitución de la

República, en razón de que dicho precepto

legal regula, en principio, lo concerniente

a terrenos pertenecientes al Estado que es-

tán comprendidos en el Sistema Nacional

de Áreas Protegidas, que el propio texto

supremo en el artículo 16 establece que

tales propiedades “[…] constituyen bienes

patrimoniales de la Nación y son inalie-

nables e imprescriptibles. Los límites de

las áreas protegidas sólo pueden ser redu-

cidos por ley con la aprobación de las dos

terceras partes de los votos de los miembros

de las cámaras del Congreso Nacional”.

10.7. Con respecto a estos terrenos no pue-

de constituirse ningún derecho privado,

salvo aquellos que hayan estado bajo el

dominio privado y provisto de certificado

de título de propiedad, inscrito legalmen-

te en el correspondiente Registro de Títulos,

con anterioridad a la promulgación de

la Ley General sobre Medio Ambiente

y Recursos Naturales, del 30 de julio de

2004, los cuales se reconocerán como tales.

No obstante, ese derecho, el Estado tiene

dominio eminente sobre los mismos, es

decir, que en el caso se expresa en el sen-

tido de que este tiene la primera opción

en la eventualidad de que el titular del

derecho inmobiliario decida transferir la

propiedad, debiendo pagar previamente a

la adquisición el justo precio. De ningún

modo esto puede significar que la persona

que tiene una posesión de un terreno de

modo pacífico, ininterrumpida y de buena

fe, no conserve sus derechos sobre las mejo-

ras fomentadas, pues, en lo que concierne

al terreno se presume la titularidad del

Estado, y para que un particular pueda

obtener la titularidad del derecho sobre

el mismo es menester recurrir al proceso

de saneamiento, única vía existente en el

ordenamiento jurídico dominicano para

usucapir, es decir, para poder acceder váli-

damente a la propiedad de derechos reales

mediante la prescripción adquisitiva.

10.8. Partiendo del examen abstracto de

la compatibilidad de la ley atacada, en su

artículo 9, con los principios establecidos

en la Constitución de la República en sus

artículos 40.15, 51.1, 51.2 y 110, así

como del análisis de los documentos que

integran el presente expediente, este tribu-

nal considera que ni el contenido, ni la

aplicación del precepto legal impugnado

en modo alguno transgrede el derecho de

propiedad o el principio de legalidad, ni

compromete el principio de irretroactivi-

dad de la ley.

[…] este tribunal debe aclarar que el ti-

tular del derecho sobre el inmueble puede,

bajo cualquier modalidad de transferen-

cia, ceder a terceros, a menos que el Estado

ejerza su opción preferente y prioritaria

por tratarse de bienes inmobiliarios que

revisten un interés especial para la nación,

toda vez que requieren su salvaguarda

por revestir las características propias las

áreas protegidas y, en consecuencia, estar

sometidas a un régimen de titularidad

singular.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

390 | Art. 51

ÍNDICE

10.12. El constituyente dominicano ha

consignado en términos categóricos que,

si bien debe reconocerse y garantizarse el

derecho de propiedad, esto no constituye

óbice para que pueda hacerse en armonía

plena con la función social que también el

texto supremo le reconoce a la propiedad

como tal; de ahí que el artículo 51 de la

Carta Suprema consigne: “El Estado reco-

noce y garantiza el derecho de propiedad.

La propiedad tiene una función social que

implica obligaciones […]”.

10.13. Del análisis de los principios gene-

rales comprendidos y el contenido general

de la indicada Ley Sectorial de Áreas

Protegidas, se colige la correspondencia

armónica que existe entre esta y el texto

sustantivo, ambos instrumentos jurídicos

en términos amplios se expresan en un

mismo sentido en lo que respecta a la

protección que se debe otorgar a las áreas

protegidas.

10.20. No es posible advertir en estos

preceptos, menos aún en el impugnado

artículo 9 de la Ley Sectorial de Áreas

Protegidas, núm. 202-04, que haya

colisión con los citados artículos 40.15,

51.1, 51.2 y 110 de la Constitución de la

República, en razón de que la ley resulta

protectora sin excepción de todo derecho,

inclusive del derecho de la mejora edifi-

cada o plantada sobre una propiedad

inmobiliaria no registrada, siempre que el

titular de la misma cumpla con los requi-

sitos establecidos en las leyes que regulan

la materia.

10.21. No es cierto, como afirma la parte

accionante, que el artículo 9 de la Ley Sec-

torial de Áreas Protegidas, núm. 202-04,

desconozca los atributos inherentes al

derecho de propiedad, pues el titular del

derecho siempre podrá gozar, disfrutar y

disponer de su bien, solo que estará sujeto

a una restricción que atiende al elevado

propósito de la utilidad pública y el interés

general de la nación, postulados jurídicos

que procuran el bien común.

10.22. En lo que respecta al argumento de

la accionante, Cámara Forestal Dominica-

na, Inc. (CFD) y compartes, en el sentido

de que el referido artículo 9 de la Ley núm.

202-04, transgrede el principio de irretroac-

tividad y afecta la seguridad jurídica, toda

vez que le sobreviene la condición de área

protegida a un inmueble cuya titularidad

gozaba de todos los atributos del derecho de

propiedad, tal alegato resulta inaplicable

al caso, en razón de que el legislador obró

con prudencia y garantizó la subsistencia

del derecho de propiedad y sus atributos,

solo que procuró la adecuación del ejercicio

de tales derechos y atributos, en interés de

preservar y conservar áreas que, por sus sin-

gulares características medioambientales,

requieren de una especial administración

y manejo.

10.23. Conviene precisar, que cuando se

integra una porción de terreno al Sistema

Nacional de Áreas Protegidas y se crea un

parque nacional, la autoridad sustenta su

actuación en disposiciones constitucionales

como los artículos 66 y 67 del texto sustan-

tivo, con los cuales se garantiza el cuidado

de nuestro medio ambiente y se preserva la

diversidad ecológica. Esto se contrapone al

alegato de la parte accionante, en razón de

que el hecho de que sean incorporados los

terrenos de su propiedad a un parque na-

cional, no implica la pérdida de su derecho

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 391

ÍNDICE

de propiedad concebido en los términos de

nuestra Constitución, sino que tal afecta-

ción es la resultante del compromiso que

deriva de la función social que entraña

titularidad inmobiliaria, la cual siempre

ha de implicar la obligación de privilegiar

el interés general ante un interés particu-

lar, garantizándose, en el caso objeto de

tratamiento, la ejecución de un plan de

manejo equilibrado de la propiedad que

armonice con el medio ambiente, cuestión

que permitiría, inclusive, la explotación

económica mediante proyectos recreativos,

ecoturísticos, científicos, educativos y

agrícolas.

10.25. No es cierto que el artículo 9

de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas,

núm. 202-04, desproteja a las personas

que hayan tenido posesión en terrenos

no registrados, pues el hecho de que una

propiedad inmobiliaria no figure regis-

trada en el sistema registral dominicano,

tipo Torrens, no significa que la persona

que ocupa dicha propiedad de manera

pacífica e ininterrumpida y de buena fe,

no conserve sus derechos sobre las mejoras

fomentadas, toda vez que en lo que con-

cierne al terreno se presume la titularidad

del Estado, y para adjudicarse los derechos

sobre este es indispensable recurrir al pro-

ceso de saneamiento, única vía instituida

por el ordenamiento jurídico de nuestro

país para lograr la prescripción adquisiti-

va o usucapir (acceder a la propiedad de

derechos reales).

48. LIMITE AL DERECHO DE PROPIEDAD: MODIFICACIÓN NO

AUTORIZADA DE PROPIEDAD Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

CULTURAL

CRITERIO:

Se justifica la limitación al derecho de propiedad cuando

una institución pública ordene la paralización de los trabajos de

remodelación de inmueble que realiza su propietario cuando este

no cumpla con los requisitos para hacer modificaciones dentro de

los límites de un área considerada patrimonio cultural. Protección

del patrimonio cultural de la Nación.

SENTENCIA TC/0208/14

—Ver

en este sentido el criterio relativo al derecho a la cultura y protección del

patrimonio cultural (art. 64.4 CRD), precedente reiterado en las sentencias

TC/0037/16 y TC/0125/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Dirección

Nacional de Patrimonio Monumental ordenó mediante oficio la

paralización de los trabajos de restauración que hacía un propietario

dentro de su inmueble. La razón de la suspensión es que no se había

depositado el proyecto definitivo de restauración del inmueble,

requisito necesario puesto que dicho inmueble se encuentra ubicado

dentro del Centro Histórico de Santiago.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

392 | Art. 51

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. En ese tenor, en el presente expediente,

el Tribunal ha constatado que la Dirección

Nacional de Patrimonio Monumental

emitió el Oficio núm. DNPM/RSGO-

075/12, relativo a la paralización de los

trabajos de remodelación, en virtud de que

el recurrente no cumplió con los requisitos

establecidos en la Ley núm. 318, sobre

el Patrimonio Cultural de la Nación de

mil novecientos sesenta y ocho (1968),

modificada por la Ley núm. 41-00 del seis

(6) de junio del año dos mil (2000), por

realizar otras restauraciones del inmueble

no contempladas en el mismo, requisito

esencial para su ejecución por encontrarse

el inmueble ubicado dentro de los límites

del Centro Histórico de Santiago.

d. En lo concerniente al derecho de propie-

dad consagrado en el artículo núm. 51 de

la Constitución, si bien este derecho tiene

un carácter erga omnes, cuando se trata

de bienes inmuebles que se encuentran

situados dentro de los límites designados

como patrimonio cultural de la nación, el

derecho de propiedad es limitado, ya que

la propia carta sustantiva en el artículo

núm. 64, numeral 4, expresa que: “El

patrimonio cultural de la Nación, mate-

rial e inmaterial, está bajo la salvaguarda

del Estado que garantizara su protección,

enriquecimiento, conservación, restaura-

ción y puesta en valor”. En ese sentido, el

inmueble, objeto de la restauración o re-

modelación, entra dentro de esta categoría.

g. De la misma forma, el artículo 11 de

dicha ley dispone: “En ningún caso los

bienes del patrimonio cultural de la Na-

ción, sometidos al régimen establecido por

la presente ley, podrán sufrir destrucción,

daño o alteración inconsulta por parte de

sus propietarios o poseedores”.

h. Se desprende de los artículos anteriores

que, tanto el propietario del inmueble ob-

jeto de remodelación, como las autoridades

encargadas de otorgar los permisos corres-

pondientes para las reparaciones, tienen la

obligación y la responsabilidad de mantener

el control y la vigilancia permanente del

cumplimiento de las disposiciones nacionales

e internacionales, cuando se trata de inmue-

bles que pertenecen, como en la especie, al

Patrimonio Cultural de la Nación.

j. Es oportuno precisar en el caso objeto de

tratamiento, que el derecho de propiedad

inmobiliaria se preserva íntegro y el titular

del mismo conserva bajo su imperio los

atributos que de él derivan, solo que por el

efecto de la aplicación de la Constitución

de la República y la ley existen regulacio-

nes que procuran, bajo la inspiración del

supremo interés que reviste el patrimonio

cultural de la Nación, proteger y conservar

la expresión arquitectónica de las mejoras

edificadas sobre dichos bienes, toda vez que

dichas mejoras están ubicadas en el Centro

Histórico del municipio Santiago de los

Caballeros. De ahí que el goce, disfrute

y disposición de la propiedad no resultan

afectados, con lo cual no se vulnera el dere-

cho fundamental invocado.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 393

ÍNDICE

49. LIMITE AL DERECHO DE PROPIEDAD: PORTE Y TENENCIA DE

ARMA DE FUEGO

CRITERIO:

Se justifica la limitación del derecho de propiedad respecto

al porte y tenencia de arma de fuego por parte del Ministerio de Interior

y Policía o Ministerio Público cuando el titular del derecho está en un

proceso penal (en este caso, de violencia intrafamiliar o de género). El

derecho de propiedad sobre un arma de fuego está condicionado y

limitado por tratarse de un instrumento susceptible de poner en riesgo

la seguridad nacional, la integridad personal y el derecho a la vida.

SENTENCIA TC/0010/12

CRITERIO 2:

Se reconoce la potestad discrecional del Ministerio de

Interior y Policía para otorgar y revocar licencias. —Ver en este sentido

el criterio relativo al derecho de integridad personal y erradicación de la

violencia intrafamiliar (art. 42.2 CRD), precedente reiterado en las sentencias

TC/0109/13, TC/0237/13, TC/0018/14, TC/0098/14, TC/0183/14,

TC/0205/14, TC/0251/14, TC/0268/14, TC/0499/15, TC/0607/15,

TC/0901/18, TC/0514/19, TC/0496/21 y TC/0125/22—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministe-

rio de Interior y Policía ha revocado la licencia de porte y tenencia

de arma de fuego y ha negado la devolución del arma de fuego al

propietario. Esta persona había sido sometida a la justicia por violen-

cia intrafamiliar y se había emitido una orden de protección en favor

de su cónyuge.

30 Esta ley fue derogada por la Ley No. 631-16, del 2 de agosto de 2016, para el Control y Regulación de

Armas, Municiones y Materiales Relacionados. G. O. No. 10854 del 5 de agosto de 2016.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

a) El derecho de propiedad está reconocido

por el artículo 51 de la Constitución de la

República como un derecho patrimonial

fundamental. Sin embargo, cuando dicho

derecho recae sobre un arma de fuego, como

ocurre en la especie, su ejercicio está condi-

cionado y limitado, por tratarse de un ins-

trumento susceptible de poner en riesgo la

seguridad nacional, la integridad personal

y el derecho a la vida. Dichas limitaciones

están establecidas en una ley especial y de

orden público, como lo es la Ley No. 36,

sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas,

de fecha 18 de octubre de 196530.

b) En efecto, si bien el comercio de las

armas de fuego es lícito y en consecuencia

pueden adquirirse en los establecimientos

legalmente autorizados, para poseerla y

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

394 | Art. 51

ÍNDICE

usarla, es necesario estar provisto de una

licencia expedida por el Ministerio de In-

terior y Policía, conforme a las condiciones

previstas en la referida Ley No. 36. En

ese sentido, la falta de obtención de dicha

licencia o la revocación de ésta implica

considerables restricciones a dicho derecho.

c) Dado el riesgo que supone para la

sociedad la tenencia y porte de armas

por particulares, el Estado, a través del

Ministerio de Interior y Policía se ha re-

servado el derecho de otorgar y revocar las

referidas licencias. Dicha facultad la ejerce

el indicado ministerio en virtud de lo que

establece el artículo 27 de la citada ley que

prescribe lo siguiente: “Las licencias que

hayan sido expedidas a particulares para el

porte o tenencia de armas, podrán ser revo-

cadas en cualquier tiempo por el Ministro

de lo Interior y Policía...”.

e) En la especie ha quedado demostrado de

manera fehaciente que contra el señor José

Alfredo Montás Villavicencio existió un

sometimiento judicial por violencia intra-

familiar; y que, igualmente, contra dicho

señor se dictó una orden de protección.

[…] el hecho cierto e innegable de los

preocupantes índices de violencia intrafa-

miliar y de uxoricidios (muerte causada

a la mujer por su marido) de que adolece

la sociedad dominicana justifica que, ante

una denuncia o querella, el Ministerio de

Interior y Policía o el Ministerio Público

incaute cualquier arma de fuego que posea

un imputado hasta que sea dictada una

sentencia con la autoridad irrevocable de

la cosa juzgada, ya que de no tomarse esta

decisión se deja abierta la posibilidad de

que la esposa denunciante o querellante

pierda la vida, como ha ocurrido en otros

casos. En caso de probarse la imputación,

la incautación devendrá definitiva, y, en

la hipótesis contraria, el arma de fuego

deberá ser devuelta.

50. LIMITE AL DERECHO DE PROPIEDAD: PRETENSIÓN DE

DEVOLUCIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN POSEER LICENCIA

CRITERIO:

No procede la devolución de un arma de fuego cuando

la persona que reclama a la institución pública no puede acreditar el

derecho de propiedad que tiene sobre el arma reclamada. La propiedad

del arma de fuego no puede demostrarse solamente con la compra,

sino que además debe tramitarse la licencia correspondiente y haber

registrado el arma ante el Ministerio de Interior y Policía.

SENTENCIA

TC/0035/16

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0662/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

había estado involucrada en un proceso por violencia de género en

el que le fue incautada un arma de fuego que era de otra persona.

Una vez declarada extinta la acción penal, el propietario del arma de

fuego acude a solicitar su devolución, petición que le fue negada por

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 395

ÍNDICE

no poder demostrar la propiedad de la misma. Ante esa situación, la

persona acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. Por la naturaleza del bien mueble invo-

lucrado (arma de fuego) y teniendo el Esta-

do –por mandato de la Constitución de la

República– entre sus finalidades esenciales

garantizar a sus habitantes el derecho a su

integridad personal y a vivir sin violencia,

conforme establece el artículo 42 de nuestra

Ley Fundamental, el contenido esencial del

derecho de propiedad cuando se trata de ar-

mas de fuego resulta más limitado. En efecto,

el Tribunal, en su Sentencia TC/0154/14,

del diecisiete (17) de julio de dos mil catorce

(2014), reconociendo esta característica que

incide sobre el régimen legal de la propiedad

de las armas de fuego, estableció cuales con-

diciones jurídicas debían configurarse para

serle reconocido válidamente a un ciudada-

no el derecho de propiedad sobre un arma de

fuego: En la especie, se ha podido comprobar

las múltiples diligencias del accionante, des-

de el momento de la incautación hasta días

antes de la acción de amparo, procurando

obtener de parte de la administración com-

petente, la entrega del arma de fuego objeto

del conflicto […] El accionante y recurrente

en amparo, alega vulneración al derecho

de propiedad, y este, según la Ley 36 sobre

Porte y Tenencia de Armas de Fuego, no

cumple los requisitos que demuestren que

él es el propietario del arma ya que dicha

arma se encuentra a nombre de una persona

fallecida […] El recurrente en revisión por-

taba el arma de fuego sin tener los permisos

de porte y tenencia de arma de fuego a su

nombre, porque nunca realizó los trámites

de traspaso correspondientes mediante los

mecanismos establecidos por la ley, que era

lo que realmente le otorgaba el derecho de

propiedad del arma en cuestión.

d. Es decir, no basta con adquirir median-

te compra un arma de fuego; es preciso,

además, cumplir con las formalidades es-

tablecidas en la Ley núm. 36, sobre Porte

y Tenencia de Armas, de mil novecientos

sesenta y cinco (1965), relativas al registro

de un arma: • Proveerse de una licencia

de porte y tenencia antes de la compra

[Art. 20; Ley núm. 36, de mil novecientos

sesenta y cinco (1965)]. • Inscribir los da-

tos personales y del arma adquirida en un

libro-registro rubricado por el Ministerio

de Interior y Policía, a cargo del vendedor

[Art. 21; Ley núm. 36, de mil novecientos

sesenta y cinco (1965)].

e. En la especie, si bien es cierto que el

recurrente, Carlos Manuel Marte Paulino,

aportó al proceso una copia fotostática de la

Certificación núm. G551/03, expedida por

la sociedad comercial Peralta & Compañía,

C. por A. el veintidós (22) de julio de dos

mil tres (2003), en la que se acredita que el

reclamante adquirió mediante compra la

pistola marca Glock, calibre 9mm, modelo

17, serie núm. EYD222, no es menos cierto

que al contrastar este documento con la

Certificación núm. 004902, expedida por

el Ministerio de Interior y Policía el tres (3)

de abril de dos mil catorce (2014), dando

fe de que “la pistola marca Glock, calibre

9mm, serie No EYD222, no se encuentra

registrada en nuestra Base de Datos”, se

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

396 | Art. 51

ÍNDICE

puede deducir la circunstancia de que el

recurrente no cumplió con todas las for-

malidades requeridas por la referida ley

núm. 36, de mil novecientos sesenta y cinco

(1965), para que –conforme al precedente

del Tribunal– se configurara el derecho de

propiedad del reclamante sobre el arma de

fuego de marras.

51. LIMITE AL DERECHO DE PROPIEDAD: RETENCIÓN VÁLIDA DE

VEHÍCULO POR INGRESO ILEGAL AL PAÍS Y REPORTE DE ROBO

EN EL EXTRANJERO

CRITERIO:

No se vulnera el derecho de propiedad cuando el Ministerio

Público retiene un vehículo que fue ingresado al país de manera ilegal y

que había sido reportado como robado en Estados Unidos, aunque su

propiedad no esté controvertida y no exista un proceso penal abierto.

Limite al derecho de propiedad y excepción al precedente TC/0058/15.

SENTENCIA TC/0422/21

CRITERIO 2:

Mal podría este órgano de justicia constitucional

especializada validar una actuación ilegal e inconvencional mediante el

acogimiento de las pretensiones de devolución o entrega al propietario

del vehículo de motor importado a la República Dominicana tras

ser aparentemente sustraído fraudulentamente en los Estados

Unidos de América, al margen de lo que al respecto prevé el tratado

internacional aprobado mediante la Resolución núm. 35-99, pues no

es posible reconocer la vigencia de un derecho a partir de una situación

irregular e ilegítima.

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando la Procuraduría

Fiscal del Distrito Nacional le requirió a un individuo la entrega de

un vehículo que estaba siendo objeto de una investigación. La persona

que había adquirido dicho vehículo a un dealer procedió a hacer

entrega voluntaria del mismo. Luego de transcurrir un tiempo sin que

se le haga entrega del vehículo aun siendo requerido a la autoridad que

mantiene su custodia sin haberse iniciado un proceso penal en su contra,

el propietario del vehículo acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando vulneración al derecho de propiedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

h. Que en escenarios donde se produce la

incautación, retención o confiscación de

bienes muebles —específicamente vehículos

de motor—, sin que el organismo autori-

zado para llevar a cabo la investigación

realice los trámites tendentes a iniciar el

correspondiente proceso penal donde se

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 397

ÍNDICE

vincule al bien confiscado, este Tribunal

Constitucional ha clasificado tal actuación

como lesiva al derecho fundamental a la

propiedad por resultar abusiva y arbitra-

ria; de ahí que, entonces, hemos resuelto la

devolución del bien incautado, retenido o

confiscado como inmediato mecanismo de

respuesta para cesar con la turbación del

referido derecho fundamental.

i. Lo anterior se infiere del criterio asentado

en la Sentencia TC/0058/15, del treinta

(30) de marzo de dos mil quince (2015),

donde señalamos que e. Al respecto, convie-

ne precisar que el acta no puede, por sí sola,

producir la retención y confiscación de un

bien de manera indefinida, sin que se ge-

nere, a tenor de ella, el curso de una acción

penal. En ese sentido, resulta importante

indicar que de los documentos presentados

a este tribunal, se pudo constatar que la

retención del vehículo fue realizada sin

que existiera un proceso penal en curso que

tuviera como objeto el bien descrito en esta

sentencia, por lo que la negativa de entrega

es injustificada, tal como lo determinó

la Segunda Sala de la Cámara Penal del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional en la Sentencia núm. 140-2013,

del diecinueve (19) de septiembre de dos

mil trece (2013). Además, la Ley núm.

241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor

del veintiocho (28) de diciembre de mil

novecientos sesenta y siete (1967), en el

artículo 28, literal g), establece un proce-

dimiento para la incautación y posterior

confiscación del bien, en caso de exista una

alteración de la información identificativa

del vehículo, en cuyo caso compete a un

juez determinar la suerte del bien y del

propietario del mismo, situación que no se

produjo en virtud de que no se inició una

acción penal por violación a dicha ley núm.

241.

j. En el presente caso, sin embargo, no es

posible reiterar el precedente anterior consi-

derando el particular trasfondo que nubla

la introducción del vehículo de motor des-

crito como: Jeep marca Chevrolet, modelo

Tahoe LTZ, color blanco, año 2015, regis-

tro y placa núm. G443487, chasis núm.

1GNSKCKC9FR731341 al país y su pos-

terior titulación con fines de acreditación

del derecho propiedad en nuestros registros

legales. Nos referimos, en concreto, a que

la retención del vehículo anterior por parte

del Ministerio Público está justificada en

que antes de ser importado a la República

Dominicana fue objeto de un aparente

robo en los Estados Unidos de América;

acto delictual que, en efecto, impacta todas

las operaciones jurídicas celebradas con

posterioridad al evento delictual gestado,

en la ciudad de Nueva York, el veintiocho

(28) de junio de dos mil dieciocho (2018)

y que vinculan al susodicho vehículo de

motor.

k. De hecho, la ocasión es apropiada para

recordar que entre el gobierno dominicano

y el gobierno estadounidense existe un tra-

tado internacional relativo a la devolución

de vehículos robados o retenidos indebida-

mente, aprobado mediante la Resolución

núm. 35-99 emitida, el siete (7) de mayo

de mil noventa y nueve (1999), por el

entonces presidente de la República.

l. Es decir que conforme al acuerdo inter-

nacional anterior el Ministerio Público,

órgano responsable de la formulación y

ejecución de la política del Estado contra la

criminalidad y director de la investigación

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

398 | Art. 51

ÍNDICE

penal, es una de las autoridades facultadas

para incautar, retener o confiscar aquellos

vehículos de motor considerados como

robados o retenidos indebidamente en el

territorio de los Estados Unidos de América

e importados a la República Dominicana.

De ahí su legitimación para solicitar la

entrega voluntaria del vehículo de motor

aludido y mantener, hasta la fecha, su

custodia.

m. Son estas razones que impiden a este

colegiado mostrarse ajeno a que a pesar de

que en el territorio dominicano el derecho

de propiedad del vehículo de motor en

cuestión se encuentra registrado a favor de

Ángelo José Almonte Durán, accionante en

amparo, es ostensible que el mismo vehícu-

lo de motor posee un registro de propiedad

emitido previamente en los Estados Unidos

de América que, en principio, está activo y

no ha sido transferido por su legítimo pro-

pietario en el extranjero, ya que el mismo

fue sustraído fraudulentamente.

n. Por todo lo anterior, este Tribunal

Constitucional estima que la protección al

derecho de propiedad demandada por el

ciudadano Ángelo José Almonte Durán no

puede ser otorgada en la especie; esto debi-

do a que si bien es cierto que su derecho de

propiedad en apariencia fue adquirido de

buena fe y agotando las vías lícitas para

su obtención, no menos cierto es que el

susodicho vehículo de motor ingresó a la

República Dominicana viciado de ilegali-

dad por encontrarse inmerso, al momento

de su importación, en una investigación

por sustracción fraudulenta o robo que aún

se encuentra abierta en los Estados Unidos

de América.

o. En ese sentido, mal podría este órgano de

justicia constitucional especializada vali-

dar una actuación ilegal e inconvencional

mediante el acogimiento de las pretensiones

de devolución o entrega al accionante en

amparo del vehículo de motor importado

a la República Dominicana tras ser apa-

rentemente sustraído fraudulentamente en

los Estados Unidos de América, al margen

de lo que al respecto prevé el tratado inter-

nacional aprobado mediante la Resolución

núm. 35-99, antes indicado; pues no es

posible reconocer la vigencia de un derecho

a partir de una situación irregular e ilegí-

tima como la acontecida en la especie. Por

tales motivos, ha lugar a rechazar la ac-

ción constitucional de amparo presentada

por Ángelo José Almonte Durán contra la

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.

p. Lo anterior, vale aclarar, sin desmedro a

reconocer que la operación de compraventa

a favor del ciudadano Ángelo José Almonte

Durán, a fin de adquirir el vehículo de

motor descrito precedentemente, aparenta

haberse consumado de buena fe, lo cual,

en efecto, lo coloca en un escenario donde

cuenta con la posibilidad de agotar las

acciones judiciales ordinarias de carácter

recuperatorio o en repetición para pro-

curar las indemnizaciones resarcitorias

correspondientes.

q. En otro orden, llama la atención de este

Tribunal que conforme a la documentación

aportada al expediente las autoridades de

la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacio-

nal, ante la inexistencia de proceso penal

alguno, no han agotado los trámites diplo-

máticos —vía el Ministerio de Relaciones

Exteriores— tendentes a la devolución del

citado vehículo a su país de origen, a los

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 399

ÍNDICE

fines correspondientes, conforme al referido

acuerdo internacional; razón por la que

consideramos de lugar recomendar a dicho

organismo del Ministerio Público agotar el

consabido proceso de devolución indicado

en el tratado internacional intervenido en-

tre la República Dominicana y los Estados

Unidos de América, aprobado mediante la

Resolución núm. 35-99 emitida, el siete (7)

de noviembre de mil novecientos (1999),

por el entonces presidente de la República,

dando cumplimiento —en especial— al

mandato del numeral 1) del artículo 3

del citado acuerdo que ordena a las auto-

ridades —como es la Procuraduría Fiscal

del Distrito Nacional— que embarguen

o confisquen un vehículo del que tengan

motivos para creer que ha sido inscrito,

titulado o de alguna otra forma provisto

de documentación en el territorio de la

otra Parte, la primera Parte, en el plazo

de 30 días de dicho embargo o confiscación,

notificará por escrito a la Embajada de la

otra Parte que sus autoridades tienen la

custodia del vehículo.

52. LIMITE AL DERECHO DE PROPIEDAD: REVOCACIÓN DE

LICENCIA DE ARMA DE FUEGO POR ILÍCITO PENAL EN OTRO

PAÍS

CRITERIO:

Se justifica la revocación de licencia de arma de fuego por

parte del Ministerio de Interior y Policía cuando la persona ha sido

procesada en otro país en un expediente relacionado con sustancias

controladas (drogas). Limitación válida del derecho de propiedad.

SENTENCIA TC/0237/13

—Precedente reiterado en la sentencia TC/0183/14—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Interior y Policía procedió a revocar la licencia de porte y tenencia

de arma de fuego de una persona que había sido involucrada fuera

del país en un expediente relacionado con drogas que trajo como

resultado su deportación. Ante esta decisión de revocarle la licencia, la

persona acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d. En este caso, el Ministerio de Interior

y Policía ha procurado la revocación del

permiso para porte y tenencia de arma

de fuego del recurrente basado en los

resultados de una investigación en la que

aparece un expediente penal relacionado

con sustancias controladas (drogas) que

lo involucra.,; cuestión que determinó su

deportación de Estados Unidos de América

hacia nuestro país en fecha dieciocho (18)

de enero de dos mil seis (2006), tras haber

cumplido allí una condena de tres (3) años

y seis (6) meses.

e. En el mismo orden, el artículo 81 de la

Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias

Controladas, establece: Ninguna persona

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

400 | Art. 51

ÍNDICE

convicta por violación a esta Ley, así como

de cualquier país extranjero, o que haya

sido declarada adicta a las drogas, podrá

obtener licencia de las autoridades compe-

tentes, para la tenencia o por posesión de

armas de fuego […]. Cualquiera de tales

licencias que hubiese sido expedida con an-

terioridad a la sentencia o declaración de

adición, será inmediatamente cancelada.

f. En el espíritu de la anterior disposición

legal está comprendida la preocupación de

los diferentes Estados cuyos representantes

han arribado a la conclusión de que el

narcotráfico está comprendido entre las

manifestaciones más severas de la delin-

cuencia organizada transnacional y que su

virulencia es tal que constituye una seria

amenaza para los países y sus instituciones.

De ahí que en la referida ley nacional se

tome en consideración no solo su propia

violación, sino la de cualquier otro país

que atienda a esta misma naturaleza.

n. De lo precedentemente expuesto resulta

que, contrario al alegato del recurrente

Juan Alberto Fañas Bonilla y conforme a

la certificación del Ministerio de Interior

y Policía, el primero sufrió condena penal

relacionada con sustancias controladas

en Estados Unidos de América y luego

fue deportado a República Dominicana,

razón por la cual, de conformidad con lo

preceptuado por los mencionados artículos

16 y 81 de las indicadas leyes números 36

y 50-88, respectivamente, se constituye en

un impedimento legal que lo descalifica

para que se le beneficie con el otorgamien-

to de licencia para tener o portar arma

de fuego.

53. PRETENSIÓN DE DEVOLUCIÓN DE UN BIEN MUEBLE SIN

IDENTIFICAR LA INSTITUCIÓN QUE LO POSEE: OBLIGACIÓN

DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO

CRITERIO:

No se vulnera el derecho de propiedad cuando la autoridad

pública a la que se le requiere la devolución de un bien mueble no lo

posee, ni el mismo fue registrado documentado o presentado como

medio de prueba al apresar a una persona y someterla a un proceso

penal. Ordenar a una institución la devolución de un bien que no

se encuentra en su poder o dirección constituiría una condena de

imposible cumplimiento.

SENTENCIA TC/0103/17

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

fue objeto de un apresamiento por parte de la Dirección General

de Control de Drogas. Luego de ser sometida a la justicia penal y

ser descargada por un juez, la persona junto con su esposa reclaman

la devolución de un vehículo que supuestamente fue incautado al

momento de apresarlo. Ante la negativa de la DNCD, las personas

acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración a su derecho de propiedad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 401

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.2. Tanto la accionante y recurrente,

como la recurrida Dirección Nacional de

Control de Drogas, han sostenido —y así

lo demuestran los documentos probatorios

— que sobre este bien mueble no se levantó

acta de incautación, ni figura en las demás

actas levantadas por el órgano represivo al

cual se solicita la devolución, aunque el

mismo sí es mencionado y referido en las

notas informativas e investigativas.

10.3. Otro elemento importante, resaltado

por el juez a-quo y que este tribunal ha

podido comprobar en los documentos del

proceso, es que en el auto de no ha lugar

como en las sentencias y certificaciones

presentadas, no se hace mención de que el

Ministerio Público haya presentado como

elemento de prueba sujeto a decomiso di-

cho vehículo.

10.4. Si bien resulta evidente que la propie-

taria del vehículo, Kellyn Yesenia Carreño

Rodríguez, se encuentra en la imposibili-

dad de disfrutar del derecho de propiedad

sobre dicho bien, el cual ha demostrado de

forma fehaciente, no menos cierto es que

dicha inculcación no se puede imputar a la

Dirección Nacional de Control de Drogas.

10.5. En todas las fases del proceso, la recu-

rrente ha sostenido que es un miembro de la

Dirección Nacional de Control de Drogas

quien se encuentra disfrutando del uso de

dicho bien, hecho esto que no debe imputarse

a la institución, ante lo cual, y ante el hecho

conocido por la propia recurrente de quién

es el verdadero conculcador de su derecho, su

acción y pretensiones debieron dirigirse a este,

pues mal podría el juez a-quo, y así también

este tribunal, ordenar a una institución la

devolución de un bien que no se encuentra

bajo su poder y/o dirección, lo cual resultaría

en una condena de imposible cumplimiento.

54. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD: TERRENO DE PRODUCCIÓN

AGRÍCOLA

CRITERIO:

La asignación provisional de tierras a un parcelero que las

destinó a producción y que están en trámite de titulación debe ser

protegida por el Estado y, lejos de reducir su proporción, debe promover

el acceso al derecho de propiedad en cumplimiento del artículo 51,

numerales 1 y 2.

SENTENCIA TC/0036/12

—Precedente reiterado mediante

las sentencias TC/0160/18, TC/0512/19 y TC/0562/19—

Resumen del caso: Un señor había recibido para la producción

agrícola una porción de terreno por parte del Estado a través del

Instituto Agrario Dominicano (IAD). La porción de terreno había

sido transferida provisionalmente y estaba pendiente de titulación.

Posteriormente, el IAD había autorizado a dos personas a que

ocuparan el % de dicho terreno, por lo que el señor acudió a la

jurisdicción constitucional.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

402 | Art. 51

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g) En el caso que nos ocupa, si bien es

cierto que el recurrente, Isidro Melo Ota-

ño, no ha sido provisto del certificado de

título correspondiente y, por tanto, no ha

constituido su derecho de manera definiti-

va, no es menos cierto que él ha poseído

de manera legal, pacífica, continua y no

controvertida, durante 28 años, el predio

agrícola precedentemente descrito, toda vez

que fue regularmente asentado en el pro-

yecto agrario AC-150-Pedro Corto, de la

provincia San Juan de la Maguana. Esta

posesión fue vulnerada de forma irregular

por el Director de la Gerencia No. 7, del

Instituto Agrario Dominicano (IAD), en

San Juan de la Maguana.

h) La asignación provisional de que se tra-

ta fue hecha a su favor el 17 de diciembre

de 1984, por el organismo oficial facultado

por la ley, razón por la cual este se beneficia

de la seguridad que debe existir, general-

mente, en la tenencia de la tierra, y en este

caso en particular, se trata de terrenos agrí-

colas distribuidos por el Estado bajo una

disposición que, como la Ley de Reforma

Agraria, es de alto interés social.

i) La promoción de la reforma agraria y

la integración de forma efectiva de la po-

blación campesina al desarrollo nacional es

un objetivo principal de la política social

del Estado, como se establece en el artículo

51, numeral 3 de la Constitución. Cuando

el Estado a través del Instituto Agrario

Dominicano realiza un asentamiento, está

facilitando al agricultor beneficiado el ac-

ceso a la propiedad cuya titularidad formal

definitiva se verificará una vez que el ins-

tituto agrario dominicano (IAD) cumpla

con las exigencias registrales establecidas. A

partir de ese momento, el recurrente estará

plenamente calificado para obtener el

reconocimiento definitivo de su derecho y

la inscripción del mismo en el Registro de

Títulos de San Juan de la Maguana.

j) En virtud de que el artículo 51, numeral

2 de la Constitución, establece como deber

del Estado, promover “de acuerdo con la

ley, el acceso a la propiedad, en especial

a la propiedad inmobiliaria titulada”, es

responsabilidad de las autoridades del Ins-

tituto Agrario Dominicano (IAD), lejos de

entorpecer el proceso de titulación definiti-

va de un asentado, motorizarlo y actuar de

manera diligente para que se cumpla con el

mandato constitucional.

55. PROTECCIÓN DEL DERECHO ACCESORIO REAL: ARRENDAMIENTO

CONTRATADO CON UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

Se debe proteger el derecho accesorio real (arrendamiento)

cuando la orden de rescindir el contrato emitida por el arrendador (en

este caso, el Ayuntamiento del Municipio de Monción) esté siendo

objeto de impugnación ante el tribunal ordinario.

SENTENCIA TC/0622/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ayunta-

miento del Municipio de Monción decidió rescindir el contrato de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 403

ÍNDICE

arrendamiento que tenía con unas personas. Las personas procedie-

ron a impugnar ante la justicia ordinaria el acto mediante el cual

el Ayuntamiento tomó la referida decisión. Además, acudieron

ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo para evitar

que se produjera en su contra un desalojo mientras se conocía

dicha impugnación.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] si bien el contrato de arrendamiento

fue rescindido, también es cierto que está

pendiente de fallo un recurso contencioso

administrativo municipal. Este recurso tie-

ne como objeto la declaratoria de nulidad

de la Resolución núm. 06-A/2013, me-

diante la cual se dejó sin efecto el contrato

de arrendamiento de referencia.

i) En este sentido, los recurridos deben

esperar que el referido recurso contencioso

administrativo municipal sea resuelto

mediante sentencia que haya adquirido la

autoridad de cosa irrevocablemente juzga-

da y, en la eventualidad de que obtengan

ganancia de causa, quedarían habilitados

para iniciar un procedimiento de desalojo

en contra de los señores Marilyn Martínez

Bernal, Maribel Martínez Bernal, Jhoselyn

Martínez Bernal, José Martínez Bernal y

Ana Rosa Martínez Bernal.

j) Cabe destacar que este tribunal consti-

tucional procede a ordenar a los recurridos

que se abstengan de perturbar la posesión

pacífica que tienen los recurrentes sobre el

inmueble, con la finalidad de garantizar

el derecho real accesorio que le asiste en

relación al inmueble objeto de contrato de

arrendamiento.

k) En virtud de las razones anteriormente

indicadas, procede acoger el recurso de revi-

sión constitucional que nos ocupa, revocar

la sentencia recurrida y ordenar a los re-

currentes, alcalde del municipio Monción,

José Espinal; al Ayuntamiento del muni-

cipio Monción y al Instituto Nacional de

la Vivienda (INVI), que se abstengan de

perturbar la posesión pacífica que tienen

los recurridos, señores Marilyn Martínez

Bernal, Maribel Martínez Bernal, Jhoselyn

Martínez Bernal, José Martínez Bernal y

Ana Rosa Martínez Bernal, sobre el solar

ubicado en las parcelas números 8, 15 y

16 (parte), del distrito catastral núm. 2, de

Monción hasta tanto sea resuelto el recurso

contencioso administrativo municipal

interpuesto contra de la Resolución núm.

06-A/2013, que dejó sin efecto el contrato

de arrendamiento de referencia.

56. PROTECCIÓN VÁLIDA DE LA RESERVA HEREDITARIA

CRITERIO:

La figura legal de “reserva hereditaria” constituye una

protección válida de la familia contra las liberalidades excesivas a favor

de personas ajenas a la familia, y a la vez busca garantizar la igualdad

relativa entre los coherederos.

SENTENCIA TC/0221/14

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

404 | Art. 51

ÍNDICE

Resumen del caso: Se trata de una acción directa de inconstituciona-

lidad interpuesta por una persona contra varios artículos del Código

Civil que regulan la figura de “reserva hereditaria”. El accionante

plantea que esta figura vulnera el derecho de propiedad, específica-

mente el derecho a disponer libremente y de forma gratuita de todos

sus bienes inmuebles.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.4. En ese sentido, se puede afirmar que

la “reserva hereditaria”, la cual se aplica a

las donaciones de bienes y a las sucesiones

testadas y ab intestato, desempeña una do-

ble función: la de proteger la familia contra

las liberalidades a favor de personas ajena a

la familia y buscar garantizar la igualdad,

al menos relativa, entre los coherederos, ya

sean estos ascendientes o descendientes del

disponente. En otras palabras, se trata del

derecho del patrimonio familiar.

11.5. Cabe destacar que la argumentación

de que la porción de bienes disponible

“reserva hereditaria” crea una igualdad

relativa entre los coherederos deviene del

hecho de que el disponente puede disponer

de forma autónoma la distribución de los

bienes que estén sujetos a libre disposición.

11.6. Por otro lado, la facultad del legislador

de restringir el derecho de las personas de dis-

poner libremente y de forma gratuita de los

bienes de su patrimonio proviene del hecho de

que la potestad de disposición que configura

el derecho de propiedad no tiene un carácter

absoluto, dado que los derechos de los here-

deros reservatorios son de orden público, por

cuanto la familia constituye el núcleo básico

de la organización social. De ahí que el dere-

cho de libre disposición puede ser restringido

a través de una normativa legal.

11.7. Cónsono con lo antes expuesto, en el

contexto del artículo 51.2 de nuestra Ley

Suprema el constituyente ha dispuesto que

“el Estado promoverá, de acuerdo con la ley,

el acceso a la propiedad, en especial a la

propiedad inmobiliaria titulada”, debién-

dose entender el concepto de “acceso” como el

derecho al goce, disfrute y disposición de los

bienes que conforma la misma, puede ser re-

gulado por el legislador, por tener el derecho

de propiedad como fin el establecimiento

de una relación jurídica directa entre las

personas y las cosas frente a los terceros, cuya

concretización y limitaciones deben estar

regulada por una normativa legal.

11.8. Al no tener un carácter absoluto el

derecho de propiedad de los bienes que

conforman el patrimonio de una persona,

por tener el legislador reserva legal para

modular el ejercicio de la facultad de ac-

cesibilidad que tienen las personas sobre el

mismo, no debe colegirse de que la figura

de la porción de bienes disponible “reserva

hereditaria” instituido en los artículos

913, 914, 915, 916, 917, 918 y 919 del

Código Civil de la República Dominica-

na vulnera el principio constitucional de

acceso al derecho de propiedad que está

contenido en los artículos 51 y 51.2 de

la Constitución, por provenir los mismos

del ejercicio de una facultad conferida

al legislador por la propia Carta Magna,

que propende a la protección de la familia

contra las liberalidades excesivas que se

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 405

ÍNDICE

puedan realizar a favor de personas ajenas

a la familia, y a la vez busca garantizar

la igualdad relativa entre los coherederos.

De ahí que deba considerarse que esa li-

mitación instituida por el legislador opera

como un beneficio de la familia.

57. USUFRUCTO DE VIVIENDAS Y AUSENCIA DE DERECHO DE

PROPIEDAD

CRITERIO:

No se vulnera el derecho de propiedad cuando se procede

con el desalojo a miembros de la Policía Nacional de viviendas que

habían sido otorgadas en usufructo hasta el momento en que fueran

desvinculados de la institución. El derecho de usufructo sobre

un inmueble no puede constituirse ni ser asimilado al derecho de

propiedad.

SENTENCIA TC/0441/18

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando la Policía Nacio-

nal procedió a intimar y otorgar un plazo a dos exmiembros de la

institución para que desocupen los apartamentos que les habían

sido asignados cuando estuvieron en dicha institución. Los señores

entendían que le estaban violando su derecho de propiedad debido

a que habían estado viviendo durante  años en dichas viviendas,

y en este sentido acudieron ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e. Es importante destacar que en el presente

caso los accionantes, señores Juan Carlos

Mañón Rosa y Solano Díaz Zabala, no

han demostrado al Tribunal durante el

presente proceso ostentar el derecho de

propiedad alegado sobre los inmuebles que

aún habitan en el proyecto habitacional de

la Policía Nacional ubicado en el Km. 17

½ de la autopista Las Américas, y que en

relación con las referidas viviendas el dere-

cho al usufructo se mantenía, en tanto estos

permanecieran como miembros activos de

la Policía Nacional, condición sine qua

non para disfrutar de dicho beneficio, lo

cual, de los alegatos vertidos por las partes

se comprueba que estos fueron dados de

baja de forma deshonrosa por mala con-

ducta el veinticinco (25) de febrero de dos

mil ocho (2008).

f. Sobre el particular, el “Reglamento para

el ordenamiento y operación de los proyec-

tos habitacionales para los miembros de la

Policía Nacional” establece en su artículo

12 lo siguiente: Los motivos y las causas por

las cuales un miembro de la Policía que

haya sido seleccionado como beneficiario

para el uso de una vivienda en el Proyecto,

pierde el derecho al uso y usufructo, son

los siguientes: a) Baja deshonrosa o por

mala conducta, así como cualquier otro

motivo sustentado en la comisión de hechos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

406 | Art. 51

ÍNDICE

debidamente comprobados mediante la

investigación correspondiente.

g. Es importante destacar que este tribunal

sentó el criterio de que la concesión del de-

recho de propiedad tiene tres dimensiones

para que pueda ser efectivo, como son: el

goce, el disfrute y la disposición, definiendo

el derecho de propiedad como el derecho

exclusivo al uso de un objeto o bien apro-

vecharse de los beneficios que este produzca

y a disponer del mismo, ya sea transfor-

mándolo, distrayéndolo o transfiriendo los

derechos sobre los mismos.

h. En esa tesitura, en el presente caso se

configura lo que se conoce como usufruc-

to, que el artículo 578 del Código Civil

define como el derecho de gozar de cosas

cuya propiedad pertenece a otro, como este

mismo, pero conservando la sustancia de

aquella. En el usufructo, conforme a tal

definición, se reconoce la propiedad ajena

y, en consecuencia, se sitúa al usufructuario

como mero detentador de la cosa de la cual

tiene el goce, pero no la propiedad.

i. Se colige, entonces, que el derecho de

usufructo de un inmueble, como el de la es-

pecie, no constituye ni puede ser asimilado

al derecho de propiedad sobre el inmueble

y, por tanto, no es un derecho fundamental

cuya lesión autorice a la víctima a recla-

mar su protección mediante la acción de

amparo.

j. En el usufructo, como está definido en su

configuración legal, se reconoce que el bien

sobre el cual dicho derecho recae es un bien

ajeno y, en definitiva, no concurren las

tres dimensiones citadas precedentemente,

ineludibles para que se perfeccione el dere-

cho de propiedad, las cuales son: el goce, el

disfrute y la disposición, que permiten la

definición del derecho de propiedad como

el derecho exclusivo al uso de un objeto o

bien aprovecharse de los beneficios que este

bien produzca y a disponer de dicho bien,

ya sea transformándolo, distrayéndolo o

transfiriendo los derechos sobre los mismos.

Evidentemente, la ausencia en el usufructo

del derecho a disponer del bien sobre el cual

recae, impide que el mismo se configure

como un derecho de propiedad en el que

deben estar insertos las tres dimensiones

mencionadas.

k. En la especie, luego de la ponderación

y valoración de los elementos probatorios

supraindicados no se ha demostrado la

vulneración de derechos fundamentales,

esto en razón de que los accionantes, como

lo ha establecido el tribunal a-quo, no de-

mostraron poseer el derecho de propiedad

alegado, sino el usufructo…

58. VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD: ENTREGA DE

VEHÍCULO INCAUTADO A UNA PERSONA QUE NO ES EL

PROPIETARIO

CRITERIO:

Se vulnera el derecho de propiedad cuando se entrega

un vehículo retenido por una autoridad (Ministerio Público) a una

persona que no acredita su derecho de propiedad en el certificado —

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 51 | 407

ÍNDICE

matrícula— expedido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Principio de legalidad para vericar el cumplimiento o vulneración al derecho

de propiedad.

SENTENCIA TC/0017/13

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando el Ministerio

Público allanó y retuvo una motocicleta que estaba en posesión de

la persona objeto del allanamiento. La persona afectada procedió a

interponer una acción de amparo, la cual fue acogida y se ordenó

la devolución del vehículo retenido. En el proceso de amparo había

intervenido otra persona que se atribuía la propiedad del vehículo

aportando como prueba la matrícula expedida por la DGII. Ante

la decisión del juez de amparo, la persona interviniente procedió a

elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g) En el caso que nos ocupa, este Tribunal

ha podido establecer que Rufo Antonio

Medina Peña le comunicó al representante

del Ministerio Público, Jorgelín Montero

Batista, Procurador Fiscal del Distrito

Judicial Barahona, que un empleado le

había sustraído un vehículo de motor del

año dos mil once (2011), marca Suzuki

AX-100, color negro.

h) En virtud de dicha comunicación, el re-

ferido Procurador Fiscal procedió a allanar

la residencia del recurrente.

i) Bajo el argumento de que el Ministerio

Público se negaba a entregarle el vehículo

de motor, Rufo Antonio Medina Peña in-

terpone la acción de amparo que da origen

al presente recurso, pudiendo verificar este

Tribunal Constitucional que el recurren-

te, Moisés Pérez Pérez, ha depositado el

certificado de propiedad del vehículo cuya

propiedad se cuestiona, y presentó dicho

certificado por ante el Ministerio Público y

por ante el Juez de amparo. No obstante eso,

este último desestimó su reclamo y ordenó

la entrega del vehículo al recurrido, Rufo

Antonio Medina Peña, ordenando ade-

más a la Dirección General de Impuestos

Internos que procediera a transferir dicho

vehículo a nombre de éste último.

j) Sobre el particular, debemos señalar

que los artículos 3, 17 y 18 de la Ley No.

241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor,

establecen que la propiedad de un vehículo

de motor se prueba por el certificado de

propiedad y que los traspasos no tienen

validez para fines de la ley si no han sido

debidamente registrados ante la Dirección

General de Impuestos Internos o si el acto

registrado y legalizado es denunciado ante

esa entidad. Por consiguiente, en atención

a lo antes expuesto, y atendiendo a las par-

ticularidades de este caso, debió el Minis-

terio Público, o posteriormente el Juez de

Amparo, ordenar la devolución del vehícu-

lo de motor a la persona que demostró, con

la documentación pertinente, la propiedad

de ese vehículo, puesto que lo contrario

implicaría una violación al derecho de

propiedad de quien puede legítimamente

sustentar sus pretensiones.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

408 | Art. 51

ÍNDICE

[…] el principio de legalidad es una

condición determinante para efectos de

verificarla concurrencia de una vulnera-

ción al derecho a la propiedad, y supone

que la legislación que regule la privación

del derecho a la propiedad deba ser clara,

específica y previsible.

x) En este caso, no se evidencia que el

Ministerio Público, al actuar como lo hizo,

allanando la residencia del recurrente e

incautándose el vehículo propiedad de

éste, haya observado las normas que le

autorizan a realizar tal actuación, como

obtener previamente una orden judicial

motivada, según las previsiones del artícu-

lo 180 del Código Procesal Penal; o que,

ante la presentación de la documentación

pertinente que demuestra la propiedad del

vehículo en cuestión, haya observado las

disposiciones de los artículos 3 y 17 de la

Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Mo-

tor, los cuales prescriben que la propiedad

de un vehículo de motor se prueba por el

certificado de propiedad (matrícula).

y) Todo lo expuesto implica, entonces,

que al inobservar las disposiciones legales

vigentes, el Ministerio Público ha actuado

arbitrariamente y ha vulnerado el derecho

de propiedad del recurrente, por lo que el

Tribunal Constitucional procede a acoger

el presente recurso.