Derecho a la propiedad intelectual. Artículo 52

• Páginas: 409-417
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

409

DERECHO A LA PROPIEDAD

INTELECTUAL.

ARTÍCULO 52

Artículo .- Derecho a la propiedad intelectual. Se reconoce y protege el

derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas,

invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y

demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las

limitaciones que establezca la ley.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Concepción de la propiedad intelectual

A. Aspecto general: Concepción de

la propiedad intelectual. Sentencia

TC/0334/14

9.1.1. En términos generales, la propiedad

intelectual enmarca diferentes sistemas nor-

mativos que tienen por objeto la protección

de bienes inmateriales de orden industrial,

técnico, comercial, artístico, literario y cien-

tífico. Este campo normativo se puede divi-

dir en dos grandes ramas: a) la Propiedad

Industrial que abarca los inventos, diseños

industriales, marcas, lemas y denominacio-

nes comerciales; y b) Derecho de Autor, que

se extiende a los derechos conexos al mismo.

Dicha clasificación ha sido orientada por

los instrumentos que han marcado los ini-

cios de la protección internacional de los

derechos intelectuales: El Convenio de Paris

(1883), que contiene disposiciones relativas

a la propiedad industrial y la competencia

desleal; y el Convenio de Berna (1886),

que reconoce los derechos sobre las obras en

el campo artístico y literario.

9.1.2. Entrando al punto controvertido de

la presente acción, inicialmente cabe desta-

car que no existe una definición y regula-

ción exacta y uniforme del derecho de autor.

La tradición europea (romano germánica)

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y la anglosajona (Common Law) parten de

fundamentos teóricos diferentes, especial-

mente en su origen, toda vez que el derecho

proveniente del romano germánico conside-

ran los derechos de autor como inherentes a

la persona, mientras que en el anglosajón

se contemplan desde una perspectiva menos

personalista y más utilitarista.

9.1.3. Los primeros instrumentos normati-

vos de protección de derecho de autor se ca-

racterizaban por la defensa exclusivamente

interna de sus autores nacionales, cuyos

derechos sobre sus obras no eran objeto de

protección fuera de sus fronteras naciona-

les. Esta situación cambió en el siglo XIX,

cuando los principales países empezaron a

suscribir acuerdos bilaterales, basados en

el principio de reciprocidad, hasta llegar

a la firma del citado Convenio de Berna

de mil ochocientos ochenta y seis (1886),

que se mantiene como el instrumento

jurídico internacional más importante en

esta materia, del cual forman parte todos

los países iberoamericanos. Este convenio,

que desarrolla un conjunto de principios

mínimos de obligatoria aceptación por

parte de los países adherentes, fue ratificado

por nuestro país en el año mil novecientos

noventa y siete (1997). 9.1.4. El derecho

de propiedad intelectual tiene su base cons-

titucional en el artículo 52 de la Constitu-

ción dominicana de dos mil diez (2010)

9.1.5. El marco legal vigente que regula el

derecho de autor en República Dominica-

na está contenido en la Ley núm. 65-00

del veintiuno (21) de agosto del año dos

mil (2000), cuya implementación respon-

de a la adecuación del régimen del derecho

de autor en los ámbitos institucional y

normativo, a las exigencias del Acuerdo

sobre los Derechos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC),

ratificado en mil novecientos noventa y

cinco (1995). La referida ley núm. 65-00

fue modificada por la Ley núm. 424- 06

del veinte (20) de noviembre de dos mil

seis (2006), para adaptar determinados

contenidos a las disposiciones del Capítulo

XV sobre Propiedad Intelectual del Trata-

do de Libre Comercio entre la República

Dominicana, Centroamérica y los Estados

Unidos (DR-CAFTA), y su Reglamento de

Aplicación núm. 362-01.

9.1.6. De acuerdo con la mayoría de las

leyes nacionales de los países latinoameri-

canos, el autor tiene el derecho exclusivo de

autorizar o prohibir la distribución públi-

ca de ejemplares de su obra mediante venta

o alquiler, cualquiera que sea el género de

la obra y el tipo de soporte que la contiene.

En ese mismo tenor, en República Domi-

nicana, conforme al artículo 19, numeral

5, de la citada ley núm. 65-00, se atribuye

al autor el derecho exclusivo de autorizar

o prohibir la distribución al público del

original o de copias de la obra, mediante

venta, alquiler, usufructo o de cualquier

otra forma.

9.1.7. En virtud de lo establecido en el

artículo 6 del Tratado de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual

(OMPI) sobre Derecho de Autor (TODA),

ratificado por nuestro país el diez (10) de

enero de dos mil seis (2006), el derecho de

distribución consiste en que los autores de

obras literarias y artísticas gocen del dere-

cho exclusivo de autorizar la puesta a dis-

posición del público de sus obras, mediante

venta u otra transferencia de propiedad;

sin embargo, el derecho de oponerse a su

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distribución se agota con la primera venta

u otra transferencia de propiedad de la obra

que se realice con autorización del autor.

9.1.8. Tal como se desprende de lo ante-

riormente expuesto, una de las limitantes a

los derechos de autor es el agotamiento del

derecho de oposición a la distribución por

efecto de la “Primera Venta” autorizada

por el titular de la obra, quien no podrá

oponerse a las sucesivas transmisiones de

la misma. En relación con este punto, el

TODA señala que los Estados contratantes

determinarán las condiciones, si las hubie-

re, en las que se aplicará el agotamiento

del derecho de distribución, por lo que se

remite a la legislación de cada país para

establecer las formas y condiciones en las

que se agotará el derecho de distribución.

9.1.9. El agotamiento del derecho o doctri-

na de la primera venta es una institución

jurisprudencial formulada en primera

instancia por los tribunales alemanes, a

principios del siglo XX, en la Sentencia

“Kölnisch Wasser” dictada por el Tribunal

Supremo el veintiocho (28) de febrero de

mil novecientos dos (1902), en la que

establece que, a fin de que el titular de la

marca no constituyese un monopolio de

ventas contrario a derecho, una vez llevada

a cabo la primera comercialización de

las mercancías designadas con la marca,

se agotaba la protección que la marca le

concedía y los productos quedaban libres

en el mercado. 9.1.10. La aceptación de la

doctrina de la primera venta o del agota-

miento del derecho, en materia de derechos

de autor, no ha sido uniforme. Este tema se

ubica dentro de los derechos patrimoniales

del autor, específicamente en cuanto al

derecho de distribución de los ejemplares

efectivamente comercializados por el titu-

lar o su representante autorizado. 9.1.11.

Los particulares modos de agotamiento

del derecho de distribución del autor son

asumidos de manera expresa por las legis-

laciones internas o de tipo regional. Países

europeos han impulsado y desarrollado esta

institución, la cual ha sido implementada

en varias legislaciones latinoamericanas,

como es el caso de los países que conforman

la Comunidad Andina, que poseen una

normativa común en materia de propie-

dad intelectual.

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Palabras claves:

1. Ejecución provisional de los actos emitidos por la Oficina Nacional de

Propiedad Industrial (ONAPI)

2. Protección del derecho de propiedad intelectual: presunción de titularidad

3. Protección del derecho de propiedad intelectual: regulación estatal sobre la

distribución, venta, alquiler o puesta en circulación de obras audiovisuales

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1. EJECUCIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS EMITIDOS POR LA

OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ONAPI

CRITERIO:

La previsión legal de otorgarle fuerza ejecutoria al acto

administrativo del director general de la ONAPI cuando decide un

recurso administrativo no vulnera el derecho a la propiedad intelectual.

En el ámbito administrativo, el efecto ejecutivo inmediato de los actos

emanados de la administración ha sido tradicionalmente aceptado,

como proyección de la manifestación de autotutela administrativa que

le permite dotar a sus actos de una potencia y eficacia excepcionales

dentro del orden jurídico.

SENTENCIA TC/0109/21

CRITERIO 2:

La institución de la ejecución provisional —en un escenario

jurisdiccional o administrativo— obedece a las características que el legislador

considere que puede atribuirle, en su facultad de establecer una regulación

particular en cada materia.

Resumen del caso: Un señor se presentó ante el Tribunal Consti-

tucional para interponer una acción directa de inconstitucionalidad

en contra de un fragmento del artículo  numeral  de la Ley

núm. -, sobre Propiedad Industrial. La norma atacada establece

en esencia la ejecutoriedad del acto administrativo que pronuncia

el director general de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial

cuando decide un recurso administrativo. El accionante plantea que

se desconoce el acto declarativo emitido por la propia entidad, con

lo que se deja al solicitante en un estado de incertidumbre sobre el

posicionamiento de la marca en el mercado nacional, y se vulneran

así sus derechos fundamentales.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.4. Ciertamente, el párrafo al que alude

el accionante cierra con el enunciado “será

ejecutoria”, en referencia a la resolución

dictada por el director general de la Ofi-

cina Nacional de Propiedad Industrial

(ONAPI), cuando conoce del recurso de

apelación interpuesto contra las decisiones

dictadas por los directores de departamen-

tos, en ocasión de las acciones previstas en

la ley respecto a los conflictos de derechos

de propiedad registrados en esa institución.

11.5. En sentido general la ejecución es

parte integrante del derecho a la tutela

judicial efectiva, pues se asimila como deri-

vación de la culminación del proceso en el

ámbito jurisdiccional para dar solución al

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conflicto donde se debaten los derechos de

las partes31. La ejecución supone la reali-

zación o materialización del derecho en su

doble proyección –como función social– o

desde el punto de vista de la obligación del

Estado de hacer ejecutar lo juzgado a través

de los órganos jurisdiccionales32.

11.6. La doctrina define el proceso de

ejecución como «aquel en que un órgano

jurisdiccional, ante el ejercicio de la acción

correspondiente por el legitimado, ejerce su

potestad para producir un cambio físico

o material en la realidad social con el fin

de acomodarla al deber de prestación im-

puesto por un título ejecutivo, consistente

en un pronunciamiento jurisdiccional

de condena o en otros hechos o actos que

legalmente constaten la existencia de aquel

deber»33, es, por tanto, tan jurisdiccional

como el proceso de declaración.34

11.7. Ahora bien, en el ámbito adminis-

trativo el efecto ejecutivo inmediato de los

actos emanados de la administración ha

sido tradicionalmente aceptado, como pro-

yección de la manifestación de autotutela

administrativa. “En el fondo, se trata de

reconocer a la Administración del Estado

una potestad de autotutela declarativa y

31 SALGADO CARRERO, Celestino. “El derecho a la ejecución de las sentencias como manifestación del

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Revista del Poder Judicial, 51 (Madrid, 1998), p. 71.

32 PÉREZ RAGONE, Álvaro. “El acceso a la tutela ejecutiva del crédito”, en Silva, José; García, Francisco

(editores), Justicia Civil y Comercial: una reforma pendiente. Bases para diseño de la Reforma Procesal

Civil (Santiago, 2006), p. 495.

33 ORTELLS RAMOS, M. Derecho Procesal Civil, Aranzadi, 10.ª edición, Cizur Menor, 2010, p. 687. 4).

34 La discusión en torno a la jurisdiccionalidad de la potestad de “hacer ejecutar lo juzgado” es antigua, y

es casi unánime la doctrina de la primera mitad del siglo XX en armar que corresponde a la función

jurisdiccional la actuación plena e íntegra del derecho, según da cuenta BECEÑA GONZÁLEZ, F., “La

ejecución procesal civil. Notas para una sistematización en la materia en el Derecho procesal civil español

(1920)”, en Justicia, núm. 1, 2012, pp. 518-521).

35 ERRADA BÓRQUEZ, Juan Carlos. “Las potestades y privilegios de la Administración Pública en el

régimen administrativo chileno”. Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, XX (Valdivia,

2008) 2, p. 82.

ejecutiva que le permite dotar a sus actos

de una potencia y eficacia excepcionales

dentro del orden jurídico”.35

11.8. En el caso concreto el carácter de eje-

cución de los actos administrativos deriva

del mandato contenido en el artículo 11

de la propia Ley núm. 107-13, sobre los

Derechos de las Personas en sus Relaciones

con la Administración y de Procedimiento

Administrativo…

11.9. Cabe precisar que la decisión adop-

tada por el director general de ONAPI, en

el cauce del recurso jerárquico interpuesto,

pone fin al procedimiento en el ámbito

administrativo, dando paso –a su vez– a

que el afectado con la decisión inicie el

procedimiento contencioso jurisdiccional,

en este caso, ante la Cámara Civil y Co-

mercial de la Corte de Apelación donde

tenga su asiento la Oficina Nacional de

Propiedad Industrial (ONAPI), según

lo dispone el propio texto cuestionado de

inconstitucionalidad.

11.11. Por esas razones, aun cuando la

decisión dictada por el director de ONAPI,

en el supuesto antes señalado, agota la vía

administrativa y está acompañada del

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enunciado “será ejecutoria”, nada impide

–desde el punto de vista procesal –que al

momento en que la parte afectada ejerza

el derecho al recurso– ante la corte de ape-

lación correspondiente, apodere también

al juez presidente de ese tribunal de una

medida cautelar para obtener la suspensión

de ejecución de la decisión impugnada,

en este caso, a través de la demanda en

referimiento prevista en la ley que rige la

materia.

11.17. La institución de la ejecución

provisional –en cualquier de los escenarios

señalados– obedece a las características que

el legislador considere oportuno atribuirle

en su facultad de regulación particular de

cada materia. Por ello, el carácter de ejecu-

ción –per sé– no convierte necesariamente

en inconstitucional una norma, máxime si

existen mecanismos instituidos por el legis-

lador, como en la especie, para suspender

la ejecución de la decisión hasta tanto el

conflicto fuese resuelto de manera definiti-

va, preservando los derechos de las partes

que pudieran estar en riesgo de sufrir una

lesión si la decisión recurrida llegare a ser

modificada o revocada en el futuro.

11.19. En definitiva, la controversia plan-

teada por el accionante no versaría en rela-

ción a la posible vulneración del derecho a

la propiedad intelectual, sino a la tensión

generada entre el derecho a recurrir y el

derecho a la ejecución de las resoluciones

emanadas de la administración, específi-

camente, en relación a la efectividad del

recurso y la posibilidad de ejecución de una

decisión que carece de firmeza en el ámbito

jurisdiccional, lo que habría conducido

a un profundo análisis de proporciona-

lidad entre los derechos en conflictos. No

obstante, el accionante ha desarrollado su

argumentación sobre la base de la posible

vulneración del derecho a la titularidad del

registro de marca de fábrica previamente

aludido, cuya protección –si así fuese de-

terminada– debe producirse ante el órgano

jurisdiccional.

2. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

PRESUNCIÓN DE TITULARIDAD

CRITERIO:

Salvo prueba en contrario, la previsión legislativa de

presunción de titularidad de la persona que registra una obra constituye

una protección del derecho de propiedad intelectual del verdadero

autor.

SENTENCIA TC/0044/12

Resumen del caso: Se trata de una acción directa de inconstitucio-

nalidad interpuesta por una empresa que plantea la existencia de un

privilegio irracional otorgado por los artículos  y  de la referida

Ley No. - al darle la posibilidad de demandar y atribuirse la

propiedad de una obra a una persona que no la ha registrado.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 52 | 415

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Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] los artículos 3 y 154 de la referida Ley

No. 65-00 establecen que la falta de regis-

tro del derecho de autor no perjudica sus

derechos sobre la obra, ni constituye una

inadmisibilidad procesal en caso de litigio,

pues el registro es una presunción de titu-

laridad del verdadero autor, salvo prueba

en contrario. Se advierte que dichos textos

legales persiguen proteger al autor respecto

de la autoría de su obra, titularidad que

no pierde por el simple hecho de un tercero

registrar impropia y anticipadamente la

aludida obra, pues no se trata de recono-

cerle el derecho de autor al primero que

registre la obra a su nombre, sino al que

real y efectivamente la creó, de suerte que el

fin buscado por la ley resulta una finalidad

justa y útil para la comunidad.

[…] la ley establece una presunción “juris

tantum” en beneficio de quien inscribe la

obra en el registro, de modo que en caso

de aparecer posteriormente el verdadero y

legítimo autor, este se encuentre en la obli-

gación de probar la autoría de la misma, lo

que resulta adecuado y razonable.

[…] el fin perseguido por la ley es prote-

ger el derecho de autoría respecto de una

obra intelectual. El medio previsto para

la protección del precitado derecho es la

presunción “juris tantum” en beneficio

de quien inscribe primero la obra en el

registro, sistema que permite en cualquier

circunstancia, al verdadero autor demos-

trar la autoría de su obra, por los medios

procesales disponibles, lo que se corresponde

con el reconocimiento que respecto de este

derecho fundamental consagran tanto el

artículo 52 de la Constitución de la Repú-

blica y la Convención Interamericana so-

bre Derechos de Autor de Obras Literarias,

Científicas y Artísticas (1946), ratificada

por el Congreso Nacional el 13 de enero de

1947, así como el derecho constitucional de

todos y todas de acceso a la justicia para

quien considere vulnerado su derecho de

autor de una obra. Dichas razones son su-

ficientes para determinar la razonabilidad

y proporcionabilidad de la norma;

En efecto, la protección que merece el

auténtico creador de una obra intelectual

exige que la legislación nacional establezca

algún mecanismo jurídico que reivindique

su autoría sobre la obra creada, lo que

constituye una situación fáctica diferencia-

da del segundo hecho invocado por el accio-

nante, es decir, que un tercero a sabiendas

de no ser el autor de una obra, proceda a

inscribirla ante la ausencia del registro de

la misma por parte del verdadero autor;

situación además que no debe confundirse

con el caso de las denominadas obras de

autor desconocido (Art. 146.2; Ley No.

65-00), es decir, aquellas obras acuñadas

por el tiempo en la cultura popular y de

autor ignorado, las cuales por su naturale-

za, si bien pueden ser utilizadas libremente

por todo el mundo, no pueden sin embargo

ser inscritas por nadie en particular por

pertenecer al dominio público.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

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3. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL:

REGULACIÓN ESTATAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, VENTA,

ALQUILER O PUESTA EN CIRCULACIÓN DE OBRAS

AUDIOVISUALES

CRITERIO:

La regulación e intervención por parte del Estado de las

actividades comerciales y económicas relacionadas con el derecho

de autor (en este caso, la distribución, venta, alquiler o puesta en

circulación de obras audiovisuales) no vulnera el derecho a la libertad

de empresa. Especial protección del derecho de propiedad intelectual.

SENTENCIA TC/0334/14

—Ver en este sentido el criterio relativo al derecho a

la libertad de empresa (art. 50 CRD)—

Resumen del caso: Una empresa dedicada a la comercialización de

obras audiovisuales interpuso una acción directa de inconstitucio-

nalidad en contra de los artículos  y  de la Ley núm. -

sobre Derecho de Autor. Estos artículos establecen regulaciones y

prohibiciones con relación a la distribución, venta, alquiler o puesta

en circulación de obras audiovisuales. Los accionantes plantean que

dicha prohibición vulnera sus derechos fundamentales como el de

la libre empresa.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.2.1. La accionante señala que las dispo-

siciones contenidas en los referidos artículos

71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre

Derecho de Autor del veintiuno (21) de

agosto del año dos mil (2000), favorecen

un monopolio que afecta en nuestro país

el mercado de los establecimientos comer-

ciales dedicados a la venta y alquiler de

películas. Sostiene que el hecho de adquirir

una obra cinematográfica en el país de

origen y ser importada a nuestro país, no

puede generar en su uso una ilegalidad, ya

que la importación se realiza por ante las

autoridades de ambos países, a través de sus

respectivas aduanas, por lo que la prohibi-

ción de la importación paralela tal como lo

pretenden las referidas disposiciones legales,

crearía un monopolio a favor del supuesto

representante autorizado.

9.2.4. La potestad interventora del Esta-

do en la regulación de la economía está

contenida en el citado artículo 50.2 de la

Constitución; no obstante, de la misma se

sustraen los límites con que cuenta este po-

der configurativo del legislador en materia

de regulación del ejercicio de los derechos

fundamentales.

9.2.5. En la especie, contrario al plantea-

miento del accionante, el hecho de que las

disposiciones contenidas en los referidos

artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00,

sobre Derecho de Autor, establezcan con re-

lación a las obras audiovisuales, la ilicitud

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 52 | 417

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de la distribución mediante venta, alquiler

o puesta en circulación de cualquier otra

manera, de soportes audiovisuales reprodu-

cidos o copiados o ingresados al país, sin

la licencia o autorización del productor o

su representante acreditado, obedece preci-

samente a la especial protección del derecho

a la propiedad intelectual, consagrado

como fundamental en el artículo 52 de la

Constitución dominicana de dos mil diez

(2010), y en los referidos tratados interna-

cionales ratificados por nuestro país.

9.2.6. Los derechos de propiedad intelec-

tual constituyen la principal excepción, a

la libertad de empresa y a la libertad de

competencia, lo cual viene determinado

por la propia naturaleza de dichos dere-

chos, que otorgan a su titular un derecho

exclusivo y excluyente sobre su objeto. Se

trata de bienes inmateriales creados por

el intelecto humano, que por su especial

importancia económica son objeto de una

tutela jurídica especial. Es indispensable

una protección jurídica de los derechos

de propiedad intelectual para garantizar

una compensación adecuada por el uso

de las obras y ofrecer la oportunidad de

obtener un rendimiento satisfactorio de las

inversiones.

9.2.7. El doble contenido de los derechos de

propiedad intelectual lo diferencia de otras

figuras jurídicas. De una parte, contiene de-

rechos morales que resguardan la conexión

entre el autor y su creación, garantizando el

reconocimiento de la autoría y resguardando

la integridad de su obra; de la otra parte, de-

rechos patrimoniales que confieren al titular,

ya sea el autor o un tercero, la explotación

monopólica de la obra, lo cual implica las

facultades de publicar, reproducir, distribuir,

modificar, y ejecutar públicamente la obra.

Dichos derechos se relacionan directamente

con la dignidad humana, forman parte in-

trínseca de su núcleo, y suponen introducir

en la economía de mercado unos monopolios

legales o derechos de exclusividad que son

imprescindibles para el correcto desarrollo

de dicha economía.