El derecho a regular del Estado frente a la garantía de estabilidad en el marco legal

• Fecha: 01 Marzo 2025

Los tribunales arbitrales internacionales han considerado que la estabilidad del marco legal y de negocios constituye un elemento esencial del principio de trato justo y equitativo (TEJ)¹, en virtud del cual se desprende una obligación a cargo de los Estados anfitriones de “abstenerse de frustrar las expectativas razonables del inversor con respecto al marco jurídico que afecta a la inversión”². Es decir, pueden generarse expectativas legítimas de los inversores extranjeros basadas en el marco legal vigente al momento de realizar la inversión, lo que obliga al Estado anfitrión a preservar dicho entorno jurídico sin alteraciones significativas³. Por ejemplo, en CME c. República Checa⁴ el tribunal halló que los cambios legislativos y reglamentarios de la República Checa perjudicaron las inversiones de CME al alterar el marco de inversión del país. Del mismo modo, en LG&E Energy Corp. c. Argentina⁵ se determinó que el completo desmantelamiento del marco jurídico diseñado para atraer a los inversores supuso una transgresión al trato justo y equitativo.

Ahora bien, una aplicación desmedida de la garantía de estabilidad del marco legislativo derivada del TEJ podría restringir el derecho del Estado a ejercer su poder legislativo soberano. Por ello es de vital importancia concretar el alcance de esta garantía, pues, como fue esbozado en EDF (Services) Limited c. Rumania:

... la idea de que las expectativas legítimas, y por tanto, el TJE, implican la estabilidad del marco jurídico y empresarial, puede no ser correcta si se enuncia en una formulación excesivamente amplia y sin matices. El TJE podría significar entonces la virtual congelación de la regulación jurídica de las actividades económicas, en contraste con el poder regulador normal del Estado y el carácter evolutivo de la vida económica⁶.

Siendo así, vale cuestionarse: ¿hasta qué punto se encuentra obligado el Estado a abstenerse de modificar el marco normativo ante las expectativas legítimas de un inversor extranjero?

Cada Estado tiene el innegable derecho y privilegio de ejercer su poder regulatorio; esto es, de promulgar, modificar o anular una ley o reglamentación según su propio criterio⁷, observando el procedimiento interno establecido para ello. Por tanto, la garantía de estabilidad no puede suponer un compromiso del Estado de no modificar su normativa, incluso si de ello resulta un menoscabo de los beneficios esperados por el inversor⁸. En ese sentido se pronunció el tribunal arbitral en el caso Marvin Feldman:

Los gobiernos deben tener...