Derecho a la salud. Artículo 61

• Páginas: 565-572
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

565

DERECHO A LA SALUD.

ARTÍCULO 61

Artículo .- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral.

En consecuencia:

) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas,

el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los

servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así

como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las

enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando

asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran;

) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio

de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos

y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores

vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el

auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Responsabilidad del Estado respecto del derecho a la salud

B. Requisitos a considerar previstos por jurisprudencia comparada para

autorizar el suministro de medicamentos que no cuenten con la

autorización sanitaria para su comercialización

A. Aspecto general: Responsabilidad

del Estado respecto del derecho a la

salud. Obligación de medios. Sen-

tencia TC/0031/18

g. Por su parte, el artículo 12 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (PIDESC), dispone

que “los Estados Partes en el presente Pacto

reconocen el derecho de toda persona al

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

566 | Art. 61

ÍNDICE

disfrute del más alto nivel posible de salud

física y mental”. De manera específica,

este artículo en su numeral 2. (d), señala

que “[…] entre las medidas que deberán

adoptar los Estados Partes en el Pacto a

fin de asegurar la plena efectividad de este

derecho, figurarán las necesarias para: d)

La creación de condiciones que aseguren a

todos asistencia médica y servicios médicos

en caso de enfermedad”.

h. En consecuencia, el derecho a la salud

se constituye como una obligación de me-

dios y no de resultados, cuya protección de

manera primordial recae sobre la responsa-

bilidad del Estado frente a las necesidades

de los particulares. Por lo tanto, el acceso

a los medicamentos se configura como una

garantía fundamental del derecho a la

salud, cuya cobertura debe ser de índole

nacional, económicamente asequible para

todas las personas sin discriminación al-

guna, y otorgar los niveles de salubridad

y calidad exigidas por las normativas de

salud pública en la materia.

B. Aspecto general: Requisitos a con-

siderar previstos por jurisprudencia

comparada para autorizar el sumi-

nistro de medicamentos que no

cuenten con la autorización sanitaria

para su comercialización. Sentencia

TC/0031/18

s. Para ello, cuando la imposibilidad de

acceso del medicamento imponga graves

riesgos de salud para el paciente, la Corte

Constitucional de Colombia, a través de su

Sentencia T-173/03, del veintiocho (28)

de febrero de dos mil tres (2003), estableció

cuatro requisitos a considerar para autori-

zar el suministro de medicamentos que no

cuenten con la autorización sanitaria para

su comercialización, a saber: (i) que la

exclusión amenaza sus derechos fundamen-

tales, (ii) que el medicamento no puede ser

reemplazado por uno que esté contemplado

y que tenga igual efectividad, (iii) que no

puede asumir el costo del mismo y (iv) que

haya sido prescrito por un médico de la

EPS (Superintendencia de Salud) a la cual

está afiliado.

C  T C

Palabras claves:

1. Importación de medicamentos y obligación del Estado de ofrecer

medicamentos sustitutos

2. Suspensión válida de servicios públicos por falta de pago: suministro de

agua potable

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 61 | 567

ÍNDICE

1. IMPORTACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OBLIGACIÓN DEL

ESTADO DE OFRECER MEDICAMENTOS SUSTITUTOS

CRITERIO:

La falta de importación y comercialización de un

medicamento por parte de una empresa privada no vulnera el derecho

a la salud. Obligación del Estado ante la ausencia de comercialización

de un determinado medicamento de ofrecer medicamentos sustitutos

o alternativos que requieran las personas para cubrir el tratamiento

indicado por un médico.

SENTENCIA TC/0031/18

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

compraba un medicamento especial que le habían recetado para

tratar una enfermedad. Posteriormente la empresa farmacéutica

que traía y comercializaba dicho medicamento decidió no seguir

haciéndolo. El señor afectado por la imposibilidad de adquirir dicho

medicamento acudió a la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración al derecho a la salud.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

j. Para los fines del análisis del presente

caso, este tribunal constitucional confirma

a través de consulta a la Dirección General

de Drogas y Farmacias del Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social, que

el Registro Sanitario núm. 85- 0841,

correspondiente al producto farmacéutico

Azulfidine en tabletas de 500 miligramos,

se encuentra vencido desde el veinticinco

(25) de junio de dos mil once (2011).

k. En tal sentido, el Reglamento núm.

246-06, sobre Medicamentos, del nueve

(9) de junio de dos mil seis (2006), en su

artículo número 73, establece: El titular

de una autorización de registro, con un pe-

riodo de antelación de tres (3) meses antes

del vencimiento de la autorización, deberá

solicitar por escrito a la Dirección General

de Drogas y Farmacias la renovación del

registro, junto a una declaración en la que

se compromete a continuar ejerciendo sus

obligaciones como titular”. Por otra parte,

el artículo 104, de este Reglamento, señala

que: “Solo se podrán importar productos

farmacéuticos, cosméticos, y productos de

higiene personal y productos de higiene del

hogar cuando, tanto los productos como los

establecimientos farmacéuticos involucra-

dos tengan el certificado de registro sanita-

rio vigente y actualizado al momento de la

importación.

l. La única excepción prevista a esta regla

se establece en el artículo 116 y su numeral

1, del referido reglamento, que establece:

La importación de medicamentos no regis-

trados en el país, que sean necesarios para

el tratamiento de una persona concreta,

[…] estarán sujetos a las autorizaciones

expresas de la Dirección General de Drogas

y Farmacias, previa solicitud del importa-

dor, especificando el tipo de productos y su

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

568 | Art. 61

ÍNDICE

finalidad. Estos trámites deberán contar

con el certificado de “Reconocimiento Sani-

tario para los Fines Aduanales” y cumplir

con las normativas vigentes. I. El Estado

podrá importar medicamentos sin registro

sanitario cuando exista una Declaratoria

de emergencia que ponga en riesgo la Salud

de la población.

m. De modo que, corresponde al titular

de la autorización del registro, es decir a

la sociedad comercial Pfizer Dominicana,

S.R.L., llevar a cabo el procedimiento de los

permisos sanitarios del fármaco Azulfidine

para procesar sus importaciones a escala

comercial dentro del territorio nacional.

No obstante, la referida entidad recurrida

alega que el producto no tiene un valor eco-

nómico rentable dentro del mercado domi-

nicano y que por tal motivo, amparado en

su derecho de la libertad de empresa, carece

de interés para diligenciar la renovación y

eventual comercialización del mismo.

p. Al respecto, la Conferencia Ministerial

de la Organización Mundial del Comercio

(OMC), el catorce (14) de noviembre de dos

mil uno (2001), adoptó la Declaración de

Doha, relativa a los Acuerdos Comerciales

Relacionados con los Aspectos de Derechos

de Propiedad Intelectual (ADPIC) y la

Salud Pública. Dicha declaración afirma

que los Acuerdos de Derecho de Propiedad

Intelectual (ADPIC) no deben evitar que

los Estados miembros adopten medidas

para proteger la salud pública. En este

marco, el artículo 31 del ADPIC otorga a

los Estados el derecho de expedir normati-

vas nacionales que permitan el uso de una

materia objeto de la patente del producto

sin autorización del titular de su propiedad.

En consecuencia, la Decisión IP/C/W/405,

del treinta (30) de agosto de dos mil tres

(2003), sobre la Implementación del Pá-

rrafo 6 de la Declaración de Doha, aclara

que en circunstancias específicas, los países

productores de productos farmacéuticos

genéricos bajo licencias obligatorias pueden

exportar productos a los países importa-

dores que no son capaces de fabricar los

medicamentos ellos mismos. Por lo que el

Estado puede utilizar estas disposiciones

para garantizar que los medicamentos sean

accesibles y asequible a su propia población.

q. En este sentido, un medicamento como

el Azolfidine, denominado como genérico,

al no estar amparado por una patente

farmacéutica, sino que se comercializa

bajo el nombre del principio activo de la

Sulfasalazina, puede ser producido a escala

local e importado sin registro sanitario

en dado caso de existir una situación de

emergencia que ponga en riesgo la salud de

un determinado grupo de la población.

r. Sin embargo, en casos específicos, como el

que se aborda, donde el interés de facilita-

ción de la importación comercial nacional

de un producto médico con registro sani-

tario vencido responde a la necesidad de

salud de una persona, la jurisprudencia

constitucional comparada ha ampliado la

cognición del acceso a medicamentos con

este tipo de condiciones.

s. Para ello, cuando la imposibilidad de

acceso del medicamento imponga graves

riesgos de salud para el paciente, la Corte

Constitucional de Colombia, a través de su

Sentencia T-173/03, del veintiocho (28)

de febrero de dos mil tres (2003), esta-

bleció cuatro requisitos a considerar para

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 61 | 569

ÍNDICE

autorizar el suministro de medicamentos

que no cuenten con la autorización sani-

taria para su comercialización, a saber:

(i) que la exclusión amenaza sus derechos

fundamentales, (ii) que el medicamento

no puede ser reemplazado por uno que esté

contemplado y que tenga igual efectividad,

(iii) que no puede asumir el costo del mis-

mo y (iv) que haya sido prescrito por un

médico de la EPS (Superintendencia de

Salud) a la cual está afiliado.

t. En este sentido, tal como lo describe

el mismo recurrente en su instancia de

recurso de revisión, en octubre de 2015,

el doctor Roberto Muñoz informa al Sr.

Roger G. Pujols Rodríguez que el medica-

mento AZULFIDINE estaba muy escaso.

El doctor Muñoz explicó que en el mer-

cado dominicano no existen sustitutos de

AZULFIDINE para el tratamiento de la

espondilitis anquilosante, sino que existen

alternativas como el metrotexato […].

u. Por lo que, si bien es cierto el complejo

activo de Azulfidine no está presente en

otro medicamento de cobertura nacional,

este medicamento puede ser sustituido por

otro asequible que ha sido previsto por

receta médica del doctor del recurrente. En

concomitancia, este tribunal no encuentra

prueba científica para descalificar el metro-

texato como fármaco alternativo efectivo

para el tratamiento de la enfermedad del

recurrente, pues el mismo está prescrito

para tratar la espondilitis anquilosante,

igual que otros medicamentos de circula-

ción local como adalimumab (Humira) o

etanercept (Enbrel), los cuales tienen cober-

tura incluso dentro del Seguro Nacional de

Salud.

w. En conclusión, no es posible atribuir a

la sociedad comercial Pfizer Dominicana

S.R.L., responsabilidad alguna que genere

la vulneración del derecho a la salud del

accionante, pues esta entidad no está

obligada a renovar el permiso sanitario de

un producto que no desea comercializar.

De igual forma, el recurrente cuenta por

parte del Estado, con todos los servicios de

salud requeridos, incluyendo el acceso a

medicamentos alternativos con cobertura

del sistema de seguridad nacional para el

tratamiento de su enfermedad. Por lo que,

en efecto, no se configura el incumplimien-

to de la obligación de medio respecto al

derecho de la salud.

2. SUSPENSIÓN VÁLIDA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR FALTA DE

PAGO: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

CRITERIO:

No se vulnera el derecho a la salud cuando una institución

pública suspende el servicio de agua potable a un ciudadano que no lo

paga en el tiempo establecido. Se justifica el corte o suspensión de un

servicio público. Para que el Estado pueda garantizar el sostenimiento

y mantenimiento de los servicios públicos, los ciudadanos tienen el

deber de cumplir con el pago de las cuotas tarifarias establecidas, a

excepción de aquellos ciudadanos que se encuentren en una situación

de vulnerabilidad o indefensión.

SENTENCIA TC/0536/18

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

570 | Art. 61

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que a un señor

que se ha atrasado en el pago del servicio de agua potable le fue

suspendido el servicio por parte de la Corporación de Acueducto

y Alcantarillado de La Vega (CORAVEGA). Ante la recurrencia del

atraso y la acción de la institución, el señor acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

derecho a la salud por la interrupción del servicio.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

En el presente caso estamos frente a un con-

flicto entre un ciudadano y una prestadora

de servicio público como lo es el suministro

de agua potable, sujeto a un contrato que

establece obligaciones mutuas, es decir, de

una parte el suministrar el servicio de agua

potable vital para la salud y de la otra par-

te la obligación de pagar una contribución

para el sostenimiento de la institución que

presta el servicio.

s. En el caso en cuestión, se invoca que la

prestadora de servicio CORAAVEGA tiene

como política la suspensión del servicio

ante el incumplimiento de pago por parte

de los usuarios, por lo que, habiendo sufri-

do las consecuencias de un corte anterior

del servicio de agua y cloacal, y a sabiendas

de incurrir en la misma falta, procura de

manera preventiva, a través de la acción

de amparo y del recurso de revisión, que

se acoja la pretensión de prohibir a CO-

RAAVEGA el corte de servicios que ofrece

a los usuarios que incumplan con el pago,

fundamentándose en que este es un servicio

público y que su privación constituye una

vulneración a sus derechos a la salud y al

medio ambiente, por lo que esta medida

como mecanismo de constreñimiento resul-

ta arbitraria.

t. En cuanto a la suspensión de servicios de

agua potable, el informe de la Comisión

Económica para América Latina y el Cari-

be (CEPAL), serie 74 celebrado en Chile de

julio de dos mil cuatro (2004), relativa a

los servicios de agua potable y saneamiento

en el umbral del siglo XXI, establece: “Di-

ficultades para el cobro de tarifas en varias

etapas del proceso de producción. La única

forma viable de obligar al pago de los ser-

vicios de producción de agua potable y de

recolección y tratamiento de aguas servidas

es cortar la prestación de los servicios de

distribución de agua potable”.

u. Respecto a la prestación por parte del

Estado de servicios públicos, la Consti-

tución, en su artículo 147 numeral 2,

dispone: «Los servicios públicos prestados

por el Estado o por los particulares, en las

modalidades legales o contractuales, deben

responder a los principios de universalidad,

accesibilidad, eficiencia, transparencia,

responsabilidad, continuidad, calidad,

razonabilidad y equidad tarifaria». De

ello se infiere que en principio los servicios

básicos ofrecidos por el Estado están sujetos

al pago de contribución económica siempre

que este sea razonable y equitativa.

v. En relación con el pago de los servicios

públicos domiciliarios y la suspensión de

estos cuando el usuario incumple la obliga-

ción de pagarlos, la Corte Constitucional

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 61 | 571

ÍNDICE

de Colombia estableció en su Sentencia

273, del treinta (30) de marzo de dos

mil doce (2012), lo siguiente: Al respecto,

la Corte Constitucional ha señalado que

el cobro que realizan las empresas de

servicios públicos domiciliarios, así como

su suspensión en caso de incumplimiento

en el pago, tienen respaldo en el principio

de solidaridad, en cuanto procuran el

sostenimiento financiero de esa empresas

y constituyen un medio para la realiza-

ción de la finalidad social del Estado en

este ámbito, según el artículo 365 de la

Constitución. […]. 4.7. Empero, aunque

la suspensión de los servicios públicos por

incumplimiento en el pago de los períodos

facturados es constitucionalmente válida,

en reiterada jurisprudencia se ha señalado

que la legitimidad de dicha suspensión

debe ser analizada según los supuestos

fácticos y jurídicos de cada caso. A juicio

de esta Corte, “la no afectación de los

derechos fundamentales de los usuarios

como consecuencia de la interrupción del

servicio es una consideración previa a su

suspensión, en tanto permite determinar

si una actuación en esta dirección se ajus-

ta a la Carta”. 4.8. Sin embargo, la ju-

risprudencia constitucional ha establecido

excepciones a la regla general de la suspen-

sión de los servicios públicos domiciliarios

cuando los suscriptores incumplen el deber

de pago. Como se indicó, dichas excepcio-

nes guardan una relación directa con la

protección de los derechos fundamentales

de los usuarios del servicio. Por su parte,

la excepción relativa a la efectividad de

los derechos fundamentales de los sujetos

de especial protección constitucional ha

sido reiterada en múltiples oportunidades

por esta Corte, en el sentido de afirmar

que las Empresa de servicios públicos

domiciliarios deben abstenerse de suspen-

der el servicio en caso de incumplimiento

en el pago, cuando las personas afectadas

por esa medida se encuentren en una

situación de vulnerabilidad o indefensión

que implique la observancia de un deber

de especial protección, por parte del Esta-

do y los particulares.

w. De lo anteriormente señalado, este

tribunal constitucional ha llegado a la

conclusión de que, si bien es una obligación

estatal derivada del texto constitucional el

de velar por el acceso al agua potable, tam-

bién es cierto que dichos servicios, prestados

por el Estado o por particulares, deben

responder a los principios de universalidad

dispuestos en el referido artículo 147 en su

numeral 2, que dispone la razonabilidad y

equidad tarifaria; es decir, que para que el

Estado pueda garantizar el sostenimiento

y mantenimiento de los servicios públicos,

los ciudadanos tienen el deber de cumplir

con el pago de las cuotas tarifarias estable-

cidas, a excepción de aquellos ciudadanos

que se encuentren en una situación de

vulnerabilidad o indefensión, es decir,

que el ciudadano se encuentre en una

situación de extrema insolvencia material

o económica que le haga de imposible

cumplimiento su obligación de pago, por

lo que requiere una especial protección; así

las cosas el Estado, luego de comprobar la

situación de vulneración extrema estará en

la obligación de garantizarle el servicio de

agua potable, por tratarse de un servicio

esencial para asegurar un nivel de vida

adecuado, así como también satisfacer la

higiene personal y doméstica.

x. Por todo lo anterior, este tribunal con-

sidera, que el accionante puede prevenir el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

572 | Art. 61

ÍNDICE

supuesto daño que le acarrearía la suspen-

sión con solo efectuar el pago de las facturas

adeudadas que les fueron notificadas, ya

que el accionante en amparo y recurrente

en revisión no ha probado estar en una

situación de vulnerabilidad e indefensión

extrema que justifique el incumplimiento

de pago de los servicios de agua potable y

cloacal que recibe de la Corporación de

Acueducto y Alcantarillado de La Vega

(CORAAVEGA).