Derecho a la seguridad social. Artículo 60

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DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

ARTÍCULO 60

Artículo .- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la

seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad

social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad,

discapacidad, desocupación y la vejez.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Concepción de la seguridad social como derecho fundamental

B. Regulación internacional de la seguridad social

C. Las contribuciones al Sistema Dominicano de Seguridad Social

dentro del sistema impositivo del Estado

D. Finalidad de los sistemas de pensiones (reparto y capitalización

individual)

E. Características del sistema de reparto

A. Aspecto general: Concepción de la

seguridad social como derecho fun-

damental. Sentencia TC/0203/13

f. El derecho a la seguridad social es un

derecho fundamental, como tal inherente

a la persona, y es, asimismo, un derecho

prestacional, en la medida en que implica

un derecho a recibir prestaciones del Estado.

[…] el derecho a la seguridad social, en

particular de las personas envejecientes y

que sufren de alguna discapacidad, se en-

cuentra revestido de la fuerza que aporta el

texto supremo, que lo hace de cumplimien-

to obligatorio, máxime porque el derecho

a la seguridad social responde también al

principio de progresividad consagrado en el

artículo 8 de la Constitución.

h. El derecho a la seguridad social consti-

tuye la garantía del derecho a vivir una

vida digna frente al desempleo, la vejez,

la discapacidad o la enfermedad. Sin

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embargo, el derecho a la seguridad social se

sustenta en los principios de universalidad

y solidaridad, y puede ser reivindicado

mediante la acción de amparo; los jueces

deben ponderar las particularidades de

cada caso concreto.

B. Aspecto general: Regulación interna-

cional de la seguridad social. Senten-

cia TC/0203/13

ee. En este sentido, resulta importante

retener que la Declaración Universal de

los Derechos Humanos prescribe, en su

artículo 25, que: Toda persona tiene de-

recho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud y

el bienestar, y en especial, la alimentación,

el vestido, la vivienda, la asistencia médica

y los servicios sociales necesarios; tiene, así

mismo, derecho a los seguros en caso de

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,

vejez y otros casos de pérdida de sus medios

de subsistencia por circunstancias indepen-

dientes de su voluntad.

ﬀ. En ese mismo tenor, el artículo 9 del

Pacto Internacional de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales establece que

“los Estados Partes en el presente Pacto

reconocen el derecho de toda persona a la

seguridad social, incluso al seguro social”.

gg. Tanto la Declaración Universal de los

Derechos Humanos como el Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales han sido ratiﬁcados por el Es-

tado dominicano y, en tal virtud, forman

parte del ordenamiento nacional.

C. Aspecto general: Las contribuciones

al Sistema Dominicano de Seguridad

Social dentro del sistema impositivo

del estado. Sentencia TC/0190/13

[…] el matiz principal bajo el cual al Esta-

do se le ha otorgado la potestad de imponer

tributos a sus ciudadanos, es con el ﬁn de

que se provea de los recursos económicos ne-

cesarios para dar cumplimiento a cada una

de las obligaciones políticas, económicas y

sociales de la nación.

9.4.10. Pero esa potestad de imperio que

tiene el Estado en la ﬁjación de los tributos,

no está únicamente supeditada a tener por

ﬁnalidad la captación directa en el erario

público de los recursos económicos para la

obtención de los gastos públicos realizables

para el cumplimiento de sus obligaciones

políticas, económicas y sociales, sino que

además el Estado, en virtud de esa misma

potestad de imperio, puede establecer, a

cargo de los ciudadanos, obligaciones pres-

tacionales que estén encaminadas a cubrir

cargas o necesidades públicas determinadas,

cuyos ingresos no entran a las arcas públi-

cas, sino que son destinados directamente a

órganos especializados de carácter público,

privado o mixto, para que lo administren

y gasten bajo la ﬁscalización o no de una

de sus entidades públicas, denominándose

a este clase de tributos “contribuciones

paraﬁscales”.

9.4.11. Conforme a la doctrina más

socorrida, esta clase de tributos están ca-

racterizados por no ingresar a las tesorería

estatales, sino que son percibidos directa-

mente por los órganos recaudadores que

están llamado a administrarlos; tampoco

son incluidos en los presupuestos estatales,

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 467

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y no son recaudados por los organismos

o entidades encargadas de recolectar las

obligaciones ﬁscales del Estado. Pero en

su esencia guarda relación con los demás

tributos, por el hecho de que es impuesto de

forma unilateral por parte del Estado, con

el objeto de ﬁnanciar las cargas y necesida-

des colectivas públicas.

9.4.12. Las contribuciones paraﬁscales re-

caen siempre sobre servicios públicos gene-

rales divisibles, las cuales deben ser pagadas

en proporción al beneﬁcio que se obtiene u

obtendrá, diferenciándose de la concepción

stricto sensu del impuesto, por ﬁjarse éste

para la satisfacción de servicios públicos

generales indivisibles, o cuando el interés

público general reclame la satisfacción de

servicios públicos divisibles o particulares,

sin que se procure en su esencia que el indivi-

duo reciba una contraprestación o beneﬁcio

directo e inmediato; de la tasa, por cuanto

ésta se exige por la prestación de servicios

públicos particulares, sin importar que el

individuo reciba una ventaja o beneﬁcio

individual, sino que únicamente esta debe

guardar cierta relación con el sujeto de la

obligación por cualquier circunstancia que

lo vincule jurídicamente con el servicio

público instituido; y de las contribuciones

generales, ya que estas tienen como hecho

imponible la percepción de un beneﬁcio o

de un aumento de valor de los bienes del

individuo proveniente de la realización

de obras públicas o del establecimiento o

ampliación de servicios públicos.

9.4.13. En virtud de las diferencias antes

señaladas, se puede colegir que las contri-

buciones paraﬁscales son una categoría

de tributos que tienen elementos recauda-

torios y constitutivos generadores propios,

que las individualizan y las diferencian

del impuesto, la tasa o las contribuciones

generales.

9.4.14. En ese sentido, por tener las cotiza-

ciones que realizan los empleadores y tra-

bajadores al sistema de seguridad social las

características de una prestación impuesta

de forma unilateral por el Estado, que no

ingresa a su tesorería, ni está consignada

en su presupuesto, sino que es recibida de

forma directa por los entes administradores

de los fondos aportados y no por los organis-

mos encargados de la administración ﬁscal

del Estado, se tratan de contribuciones

paraﬁscales.

D. Aspecto general: Finalidad de los

sistemas de pensiones (reparto y ca-

pitalización individual). Sentencia

TC/0073/18

10.4.7. La ﬁnalidad de ambos sistemas es

el otorgamiento de pensiones adecuadas

que garanticen la dignidad de sus aﬁlia-

dos una vez cumplan con los requisitos.

El Sistema de Reparto está basado en los

beneﬁcios deﬁnidos que constituyen un

fondo común del que los aﬁliados en edad

de retiro reciben pensiones deﬁnidas por la

ley o reglamentación que lo crea, y donde

el monto de la pensión asignada a cada

beneﬁciario no guarda relación con los

aportes realizados durante su vida laboral,

sino que el beneﬁcio dependerá de los años

que hayan prestado servicios en cualquier

institución o dependencia del Estado.

10.4.8. En el Sistema de Capitalización

Individual, cada aﬁliado posee una cuenta

individual donde se depositan sus cotizacio-

nes previsionales, las cuales se capitalizan y

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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ganan rentabilidad del fondo acumulado,

este se caracteriza por tener una contri-

bución deﬁnida, es decir, que la pensión

depende estrictamente de cuanto se haya

aportado durante la vida y la rentabilidad

del fondo acumulado.

10.4.9. En el Sistema de Reparto, de

conformidad con la Ley núm. 379-81 en

su artículo 1, se dispone: El Presidente de

la Republica hará efectivo el beneﬁcio de

la Jubilación con Pensiones vitalicias del

Estado con cargo al Fondo de Pensiones

y Jubilaciones Civiles de la ley de Gastos

Públicos, a los Funcionarios y Empleados

Civiles que hayan prestado servicios en

cualquier institución o dependencia del Es-

tado durante veinte (20) a veinticinco (25)

años y desde veinticinco (25) a treinta (30)

anos y hayan cumplido la edad de sesenta

(60) años”}.

10.4.10. Igualmente, el artículo 3, de la

referida ley dispone: El Presidente de la

Republica podrá conceder Pensiones con

cargos al mismo Fondo, a los Funcionarios

y Empleados Civiles, que no tengan la

edad ni el tiempo de servicios señalado en

el Artículo 1ero., pero que tengan cinco (5)

años o más de servicios, cuando éstos, por

medio de certiﬁcaciones suscritas por tres

(3) Médicos al servicio de cualquier Hos-

pital del Estado, demuestren que sufren de

invalidez física o de una seria enfermedad o

impedimento orgánico que los incapaciten

para el trabajo productivo, y justiﬁquen

que no poseen medios económicos con que

sostenerse.

10.4.11. De ahí que el Sistema de Reparto

esté íntimamente ligado al principio de

solidaridad, donde los cotizantes activos

ﬁnancian los beneﬁciarios de pensiones a

través de los aportes que realizan al fondo

común, mientras que en el Sistema de Ca-

pitalización Individual existen dos modali-

dades de pensión: a) el aﬁliado que contrata

con una AFP al momento de pensionarse

con cargo al saldo que mantiene en su cuen-

ta individual, recibe una pensión mensual

en función del monto de su Cuenta de Ca-

pitalización Individual y de su expectativa

de vida, y b) la modalidad de renta vitalicia,

donde el aﬁliado al momento de pensionarse

contrata con una compañía de seguros, la

cual se obliga al pago de una renta mensual

desde el momento en que se suscribe el

contrato hasta el fallecimiento del aﬁliado;

El derecho se adquiere cuando este tenga

sesenta (60) o más años de edad y haya

cotizado durante un mínimo de trescientos

sesenta (360) meses; es decir, que debe haber

cotizado un mínimo de treinta (30 años).

[…] se trata de dos sistemas de pensiones

distintos que comparten como ﬁnalidad el

otorgamiento de una pensión a sus aﬁlia-

dos, con alternativas y requisitos diferentes

entre ambos sistemas.

E. Aspecto general: Características

del sistema de reparto. Sentencia

TC/0073/18

El Sistema de Reparto está basado en los

beneﬁcios deﬁnidos por el fondo común

del que los aﬁliados en edad de retiro re-

ciben pensiones determinadas por la ley o

reglamentación que lo crea. El monto de

la pensión asignada a cada beneﬁciario no

guarda relación con los aportes realizados

durante su vida laboral, sino que el beneﬁ-

cio dependerá de los años que se haya pres-

tado servicios en cualquier institución o

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 469

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dependencia del Estado y se haya cumplido

la edad requerida y los requisitos mínimos

al respecto.

Este sistema se rige en virtud del principio

de solidaridad, en el cual los cotizantes

activos ﬁnancian a los beneﬁciarios de pen-

siones del sistema a través de los aportes que

realizan al fondo y dichas contribuciones se

despersonalizan del contribuyente y pasan

a integrar el patrimonio común y solidario

a la masa de los empleados.

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Palabras claves:

1. Cálculo de pensión en el ámbito policial

2. Coexistencia de regímenes de pensiones: reparto y capitalización individual

3. Devolución de aportaciones por no cumplir los requisitos para acceder a

pensión

4. Documento de identidad válido para tramitar solicitudes de beneﬁcios del

SDSS

5. Facultad regulatoria de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

6. Fondo de pensión especial: cumplimiento de previsión legal para entregar

cálculo del monto que debe exigir y manejar el fondo especial

7. Fondo de pensión especial: no inclusión de trabajadores no sindicalizados

en los beneﬁcios de un fondo de pensiones común

8. Incompatibilidad de pensiones del mismo régimen de pensión

9. Pensión de discapacidad: concreción y presentación de solicitud

10. Pensión de discapacidad: desprotección mientras se gestiona el traspaso de

pensión de discapacidad a la pensión por vejez

11. Pensión de discapacidad: plazo irracional y breve para reclamar pensión

12. Pensión de discapacidad: retiro arbitrario de pensión alegando

cumplimiento de edad límite

13. Pensión de discapacidad por accidente de trabajo: negligencia en tramitar

pensión

14. Pensión de sobrevivencia: ausencia de formalidad para tramitar solicitud

de pensión

15. Pensión de sobrevivencia: devolución de aportes a los herederos cuando el

aﬁliado al sistema de pensiones ingresó teniendo más de 45 años

16. Pensión de sobrevivencia: negativa arbitraria de entregar pensión a dos

menores de edad cuyo padre al momento de fallecer se encontraba aﬁliado

al sistema de pensiones

17. Pensión de sobrevivencia: negativa arbitraria para entregar pensión

alegando requisitos distintos a los previstos por la ley

18. Pensión de sobrevivencia: negativa de entregar pensión a la cónyuge

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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19. Pensión de sobrevivencia: negativa de entregar pensión a un menor de edad

por el fallecimiento de su madre

20. Pensión de sobrevivencia: negativa de entregar pensión por documento

vencido

21. Pensión de sobrevivencia: negativa de reconocer unión de hecho alegando

ausencia temporal del techo conyugal o inﬁdelidades que incluyeron

procreación de hijos fuera de la unión consensual

22. Pensión de sobrevivencia: negativa negligente de tramitar pensión generada

automáticamente

23. Pensión de sobrevivencia: negativa negligente de tramitar pensión

solicitada

24. Pensión de sobrevivencia: reconocimiento de la unión de hecho

25. Pensión de sobrevivencia: régimen especial e inobservancia de jerarquía

normativa

26. Pensión de sobrevivencia: suspensión arbitraria de pensión en el régimen de

reparto por no autorizar descuento legal

27. Pensión de sobrevivencia: terminación del beneﬁcio por cumplir plazo legal

28. Pensión de sobrevivencia: tratamiento eminentemente protector

29. Pensión de sobrevivencia: unión de hecho inexistente por ausencia de

singularidad y legitimidad

30. Pensión máxima en el sistema de reparto: posibilidades económicas del

Estado

31. Pensión por antigüedad en el servicio: negativa de tramitar pensión de un

miembro de la Policía Nacional puesto en retiro forzoso con disfrute de

pensión

32. Pensión por desempeño de un cargo público

33. Pensión por vejez: descuentos autorizados en montos de pensiones por

obligación crediticia

34. Pensión por vejez: falta de coordinación entre órganos del sistema

35. Pensión por vejez: inaplicabilidad de pensiones en el régimen subsidiario

36. Pensión por vejez: negativa de reconocer el tiempo transcurrido entre

solicitud y otorgamiento de la pensión

37. Pensión por vejez y pensión de discapacidad en el régimen de reparto:

protección legal y requisitos distintos para acceder al beneﬁcio

38. Readecuación de pensión en el régimen de reparto

39. Readecuación de pensiones en el ámbito militar y policial

40. Readecuación improcedente de pensiones en el ámbito militar y policial

41. Seguro Familiar de Salud: negación de cobertura para adquirir

medicamento

42. Seguro Familiar de Salud: negativa de ARS de dar cobertura a un

procedimiento clínico

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 471

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43. Sistema de capitalización individual: impedimento de retiro anticipado de

ahorros

44. Traspaso de fondos entre regímenes de pensiones de reparto a capitalización

individual

45. Traspaso de régimen de pensiones desde el sistema de capitalización

individual hacia el sistema de reparto

1. CÁLCULO DE PENSIÓN EN EL ÁMBITO POLICIAL

CRITERIO:

No procede incluir dentro del cálculo para determinar

la pensión de un miembro de la Policía Nacional el tiempo y la

remuneración (pago de especialismo) recibida en el desempeño

de un cargo debido a que se trata de un tiempo concomitante o

simultáneo con los servicios que debe prestar a la Policía Nacional.

Solo pueden incluirse los ingresos percibidos por los agentes policiales

producto de otras actividades que sean tomados en consideración

para las aportaciones que ellos deben hacer al Sistema Dominicano de

Seguridad Social.

SENTENCIA TC/0411/20

CRITERIO 2:

Las remuneraciones o compensaciones que reciben

los agentes de la Policía Nacional cuando prestan servicio en otras

instituciones públicas no son consideradas como parte del salario

percibido por estos, en razón de que no son considerados empleados o

servidores de estas instituciones, los montos erogados por estas no son

aportes cotizables para la seguridad social, y el tiempo que permanecen

en dichos servicios es asimilado y computable al tiempo de servicio en

la Policía Nacional.

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando un miembro

pensionado de la Policía Nacional solicita que sea adicionado a su

pensión el monto que recibió durante tres meses por concepto de

especialismo. Ante la negativa de la institución, el miembro pensio-

nado acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

p. El Tribunal Constitucional ha podido

constatar en los documentos que com-

ponen este expediente, que el recurrente

depositó una certiﬁcación emitida por el

Cuerpo Especializado de Seguridad Turís-

tica (CESTUR) que establece que el señor

Jorge Luis Vargas Peña laboró en ese cuerpo

especializado desde el primer día de agosto

de dos mil dieciséis (2016) hasta el primer

día de noviembre de dos mil dieciséis

(2016); mientras que su retiro con pensión

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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por antigüedad fue efectivo el doce (12) de

enero de dos mil diecisiete (2017), según

Orden General núm. 003-2017, según

consta en la certiﬁcación expedida por la

Dirección General de la Policía Nacional;

es decir, que al momento de su retiro el

accionante tenía más de dos (2) meses que

había dejado de pertenecer al CESTUR,

institución en la que laboró por un periodo

de tres (3) meses.

r. Este tribunal considera que si bien

el citado artículo 131 de la Ley núm.

590-16 dispone que, para los ﬁnes de la

pensión por retiro, a los miembros de la

Policía Nacional les será computado el

tiempo de servicio en dicha institución, así

como “todo el tiempo de servido en otras

instituciones públicas”. En lo que respecta

al señor Jorge Luis Vargas Peña, este laboró,

además de para la Policía Nacional, para

el CESTUR durante tres (3) meses.

s. Esta disposición del artículo 131 es refor-

zada por lo prescrito en el ya citado artí-

culo 133 de dicha ley, ya que reconoce a la

Superintendencia de Pensiones la facultad

de disponer lo relativo al tratamiento de

los miembros de la Policía Nacional que se

encuentren en la situación indicada por el

referido art. 131.

t. No obstante, lo anterior, lo cierto es que

esa suma de tiempo y de remuneraciones

computables a los ﬁnes del monto total

de la pensión está sujeta, de conformidad

con ese mismo art. 133, a que los ingresos

percibidos por los agentes policiales pro-

ducto de otras actividades sean tomados

en consideración para las aportaciones que

ellos deben hacer al sistema dominicano de

seguridad social. Esta es, por tanto, una

condición para que se puedan sumar todas

las remuneraciones percibidas por dichos

agentes.

u. En el caso en cuestión la remuneración

(ese supuesto “especialismo”) que el señor

Vargas Peña recibía del CESTUR no estaba

afectado por el descuento del 13.10 % para

las aportaciones del particular régimen de

reparto que para los miembros de la Po-

licía Nacional prevé la ley núm. 590-16,

debido a que mientras este laboraba para

el CESTUR, lo hacía en su condición de

agente policial, la que nunca perdió, lo que

implica que no podía acumular el tiempo

de servicio para una y para otra institución,

ya que los tres meses en el CESTUR for-

man parte del tiempo que, para los ﬁnes de

su pensión, se le acumulaba en la Policía

Nacional.

v. En el caso del recurrente, el CESTUR no

caliﬁcó como salario normal u ordinario lo

que le pagaba, sino como una especie de

contribución “marginal” o compensación,

razón por la cual no estaba sujeta a los des-

cuentos hechos a todo asalariado para los

ﬁnes de las contribuciones obligatorias a la

seguridad social, debido a la concurrencia

de funciones desempeñadas por el señor

Jorge Luis Vargas Peña.

w. De conformidad con el párrafo III del

artículo 128 de la referida ley, este tribu-

nal considera que las retribuciones que un

agente policial recibe de otras instituciones

públicas solo son computables como aportes

a la seguridad social si los servicios presta-

dos por esos agentes no son concomitantes

o simultáneos con los servicios que deben

prestar a la Policía Nacional.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 473

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x. De lo anterior se puede colegir que, al

momento de su retiro, el señor Jorge Luis

Vargas Peña ya no laboraba para el CES-

TUR, en el cual solo permaneció por un

periodo de tres (3) meses y de conformidad

con el artículo 131 de la Ley núm. 590-16,

para que una fracción de tiempo pueda

ser adicionada como un año a los ﬁnes del

retiro y ascenso, se requiere que esta sea

superior a seis (6) meses.

y. De todo lo anterior, este tribunal inﬁere

que en el presente caso no aplica lo dispues-

to en los artículos 133 y 176 de la Ley núm.

590-16, Orgánica de la Policía Nacional,

en el sentido de que las remuneraciones

o compensaciones que reciben los agentes

de la Policía Nacional, cuando prestan

servicios en otras instituciones públicas, no

son consideradas como parte del salario

percibido por estos, en razón de que no

están considerados empleados o servidores

de estas instituciones, sino que los montos

erogados por estas no son aportes cotizables

para la seguridad social y el tiempo que

permanecen en dichos servicios es asimila-

do y computable al tiempo en servicio a la

Policía Nacional.

2. COEXISTENCIA DE REGÍMENES DE PENSIONES: REPARTO Y

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

CRITERIO:

No procede invocar el beneﬁcio que prevé un régimen de

pensiones (sistema de capitalización individual) diferente al régimen

con el cual se ha cotizado y empezado a recibir la pensión (sistema de

reparto).

SENTENCIA TC/0620/15

CRITERIO 2:

Los requisitos, montos y plazos para acceder a una pensión

y los motivos por los cuales se deja de recibirla son diferentes según el

régimen al que esté aﬁliado el titular del derecho. —Precedente reiterado

mediante sentencia TC/0346/18 relativa a la ausencia de cumplimiento de los

requisitos para optar por una pensión de sobrevivencia vitalicia en el sistema

de reparto de la ley 379-81 (autorización del descuento del 2%)— Nota:

Decisión contraria al precedente TC/0432/15. Ver precedente unicador de

criterio TC/0493/21.

CRITERIO 3:

En el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)

coexisten varios regímenes de pensiones. Garantía de los derechos

adquiridos. —Precedente reiterado en las sentencias TC/0371/17,

TC/0742/17 y TC/0073/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que a un joven le

fue retirada una pensión de sobrevivencia que recibía de la Dirección

General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) en vista de que había

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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alcanzado la mayoría de edad, en virtud de lo previsto en la Ley

-. El joven entendía que en virtud de una norma posterior, la

Ley -, el beneficio de la pensión se extendía hasta los  años si

demostraba que estaba estudiando. En este sentido acudió ante la

jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando vulne-

ración al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal debe señalar que en lo

que corresponde al sistema de pensiones,

en la República Dominicana coexisten

varios regímenes, puesto que la norma

vigente en la actualidad, es decir, la Ley

núm. 87-01, mantiene la vigencia de los

sistemas de pensiones establecidos median-

te las leyes núm. 1896, del treinta (30) de

diciembre de mil novecientos cuarenta y

ocho (1948), y núm. 379, del once (11)

de diciembre de mil novecientos ochenta

y uno (1981). Esta especie de prórroga de

vigencia es señalada por el artículo 35 del

referido texto legal y beneﬁcia a los actua-

les pensionados y jubilados, a los aﬁliados

en proceso de retiro y a la población que

permanecerá en dicho sistema, de confor-

midad con el artículo 38 de la referida ley.

f. A su vez, el artículo 38 de la Ley núm.

87-01 complementa las disposiciones del

ya citado artículo 35 al establecer las con-

diciones que deben reunir aquellas perso-

nas que han de permanecer en el sistema

de reparto (y por tanto, bajo las condi-

ciones señaladas por las leyes anteriores).

Así las cosas, aquellos que pueden optar

por permanecer en el sistema anterior

serían, en primer lugar, los trabajadores

del sector público y de las instituciones

autónomas y descentralizadas, de cual-

quier edad, que estén amparados por las

leyes núm. 379-81, 414-98 y/o por otras

leyes aﬁnes, excepto aquellos que deseen

ingresar al sistema de capitalización

individual contemplado en la presente

ley; en segundo lugar, los pensionados y

jubilados del Estado, del IDSS, del Ins-

tituto de Seguridad Social de las Fuerzas

Armadas y la Policía (ISSFAPOL) y del

sector privado que actualmente disfrutan

de una pensión de vejez, discapacidad

y sobrevivencia, en virtud de las leyes

núm.1896 y 379, o de una ley especíﬁ-

ca. Por tanto, al tener el de cujus de los

recurridos, la condición de trabajador del

sector público y cotizante del sistema de

pensión de la referida ley núm. 379-81,

al momento de aperturarse el sistema de

seguridad social de la Ley núm. 87-01, el

régimen que le aplicaba era el de reparto

y, por ende, bajo este régimen es que debe

regularse la situación que afecta a los

recurridos.

g. Además, la combinación de los textos

legales citados anteriormente muestra

que, como bien señalan los accionantes,

nuestro sistema actual distingue a los

aﬁliados del sistema de reparto de los del

sistema individual, creando requisitos de

pertenencia, obligaciones, beneﬁcios, de-

rechos y deberes para cada uno, de forma

que, aunque ambos sujetos tienen derecho

a la seguridad social y ambos reciben pro-

tección por parte de Estado como garante

de tal derecho, en tanto están sometidos a

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 475

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regímenes distintos, no reciben, en todos

los casos, los beneﬁcios en la misma forma.

h. Lo anterior no implica que para unos o

para otros exista un trato discriminatorio

frente a los aﬁliados a un régimen distin-

to. Como bien se desprende de la lectura

de las normas que rigen los respectivos

regímenes (leyes núm. 379-81 y 414-98),

cada una establece la forma en cómo se

obtiene el aporte para el ﬁnanciamiento,

el monto a pagar durante la vigencia

de la pensión y la duración de la misma

(entre otros aspectos de interés). En tal

sentido, todos los aﬁliados a algún sistema

de contribución y beneﬁciarios de algún

tipo de pensión tienen asegurada la pro-

tección de su derecho a la seguridad social;

sin embargo, esto no debe conducir al

error de entender que todos están sujetos

a los mismos requisitos, plazos, aportes y

demás. Tal es el caso de la parte recurrida,

señor Ranger Rodríguez, quien tiene, de

conformidad con la Ley núm. 379-81 y

los artículos 35 y 38 de la Ley núm. 87-

01, un beneﬁcio como dependiente de

un pensionado (no de un aﬁliado activo,

como ocurriría con la Ley núm. 87-01),

en el marco de un subsistema de reparto

(no de capitalización individual, como el

prescrito por la Ley núm. 87-01), para

el que aportaba un 2% del monto de la

pensión (y no el 1% del salario cotizable,

que es el monto prescrito por la Ley núm.

87-01) y por el que recibía un 100% de

la pensión devengada por su padre (y no el

60% del salario cotizable, como sucede en

el marco de la Ley núm. 87-01).

i. Todo lo anterior fortalece la tesis de que,

tratándose de dos regímenes distintos, con

la entera protección del derecho tutelado,

pero mediante subsistemas, montos y

plazos diferentes, mal podría pretenderse

que se aplicase una sola norma para lo

concerniente a la duración de la pensión.

Hacerlo así equivaldría a una desnatu-

ralización del sistema y a una confusa

integración de dos regímenes que, como se

ha visto ya, son claramente distintos. Por

demás, la interpretación sugerida por la

parte recurrida y sostenida por el juez de

primer grado, implicaría también que un

sujeto disfrute de beneﬁcios que una nor-

ma legal le ha restringido, en desmedro

de aquellos que sí están habilitados para

disfrutar de ellos.

[…] no se le conculcó ningún derecho

fundamental al señor Ranger Rodríguez

(beneﬁciario de la pensión de sobreviven-

cia), toda vez que la norma adjetiva que

regula el derecho fundamental alegada-

mente conculcado, esto es, el de seguridad

social, prevé el cese del beneﬁcio de pen-

sión cuando se obtiene la mayoría de edad,

como bien lo señala el literal C el párrafo

II del artículo 6 de la Ley núm. 379-81.

En tal sentido, el hoy recurrido obtuvo los

beneﬁcios que le correspondían en tiempo

oportuno, de modo que, llegado el cese de

los mismos, por disposición expresa del

legislador, no se vulnera en modo alguno

dicho derecho.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

476 | Art. 60

ÍNDICE

3. DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES POR NO CUMPLIR LOS

REQUISITOS PARA ACCEDER A PENSIÓN

CRITERIO:

Ante la falta de cumplimiento de los requisitos para optar por

una pensión de vejez o invalidez, el órgano del Sistema Dominicano de

Seguridad Social que recibe las cotizaciones (en este caso, el Instituto

Dominicanos de Seguros Sociales, IDSS) debe devolver al aﬁliado

las aportaciones realizadas a dicho sistema. Devolución de aportes.

SENTENCIA TC/0371/17

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

procedió a solicitar al Instituto Dominicano de Seguros Sociales

(IDSS) una pensión por vejez o invalidez alegando que había

cumplido con los requisitos necesarios. La solicitud fue negada

debido a que la señora no había realizado las cotizaciones requeridas

para la pensión por vejez. Ante esta decisión, la señora acudió ante la

jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando vulne-

ración al derecho de seguridad social, específicamente a la pensión.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

o. El juez de amparo estableció en su sen-

tencia que “la accionante, señora ELVIRA

ESTELA MORALES LEDESMA, posee

309 cotizaciones, siendo las requeridas a

ﬁnes de obtener la pensión por vejez, 400,

por lo que resulta evidente que la accionan-

te no caliﬁca para este tipo de pensión”. Este

razonamiento es correcto y ajustado a lo

establecido en el artículo 66 de la Ley núm.

1896, que dispone que la pensión por vejez

procede si el asegurado que cumple sesenta

(60) años de edad ha reunido el número de

cotizaciones señalado en el artículo 57 de

dicha ley, es decir el equivalente a cuatro-

cientas (400) cotizaciones.

p. Lo anterior es robustecido por el artículo

73 del Reglamento para la ejecución de la

Ley núm. 1896, sobre Seguros Sociales, del

treinta y uno (31) de enero de mil nove-

cientos setenta y cuatro (1974) [modiﬁca-

do por la Resolución núm. 471, Acta núm.

68, del veintinueve (29) de septiembre de

mil novecientos ochenta y siete (1987), del

Consejo Directivo], que dispone: Se enten-

derá que la aplicación de este artículo será

exclusivamente para la pensión de vejez

y las prestaciones previstas en el artículo

66 de la Ley igualmente, previo estudio

y consideración de cada caso, el Consejo

Directivo podrá decidir el reconocimiento

de todas las cotizaciones anteriores siempre

y cuando las mismas sean superiores a las

400 para las pensiones reducidas y 800

para las pensiones plenas de vejez, previstas

por la Ley 1896 en sus artículos 57 y 66

respectivamente, lo cual no es el caso de

la parte recurrida, cuyas cotizaciones solo

alcanzaron las trescientas nueve (309)

cotizaciones, por lo que en la especie, la

recurrida no supera la cantidad mínima

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 477

ÍNDICE

establecida en el referido artículo, de lo que

se inﬁere que no puede ser beneﬁciada con

dicha pensión por vejez, tal y como deter-

minó el juez de amparo.

q. En lo relativo a la solicitud de una pen-

sión por invalidez, el Tribunal Constitu-

cional procederá a analizar los presupuestos

normativos que rigen este aspecto para así

determinar a la procedencia o no de dicha

pretensión.

r. Resulta necesario dejar establecido que el

eventual beneﬁciario de una pensión por

discapacidad debe agotar todos los proce-

dimientos previstos en la Ley núm. 87-01

y en sus normas complementarias previo

a reclamar y hacer efectivo el pago de los

fondos de los cuales se entiende beneﬁciario

u. Del análisis del contenido de la referida

ley núm. 1896, en especial del capítulo VI

relativo a las “Prestaciones garantizadas”,

se puede concluir que dichas prestaciones

están garantizadas a los asegurados que

se hallen en trabajo y que confronten

enfermedad o incapacidad que afecte su

capacidad laboral, lo cual no es el caso de

la recurrida, quien cesó de laborar en mil

novecientos ochenta y siete (1987).

v. En la especie, la accionante ha deposi-

tado un certiﬁcado médico instrumentado

por el Dr. Carlos Arturo Logroño, médico

traumatólogo del Centro Coral de la

ciudad de La Romana, el dieciocho (18)

de noviembre de dos mil quince (2015),

sin cumplir con los requisitos establecidos

en el artículo 49 la Ley núm. 87-01, de

Seguridad Social, del nueve (9) de mayo

de dos mil uno (2001), y el párrafo del

artículo 1 de la Circular 61-05 de la

Superintendencia de Pensiones, del catorce

(14) de julio de dos mil cinco (2005), para

que fuera certiﬁcado el grado de discapa-

cidad por parte de la Comisión Médica

Nacional, conformada por tres médicos de-

signados por el CNSS, y refrendado por la

Superintendencia de Pensiones y el Consejo

Nacional de Seguridad.

w. Además, de los hechos alegados por las

partes, del análisis de la sentencia impug-

nada y de los documentos que constan en

el expediente, este tribunal constitucional

ha podido determinar que la señora Elvira

Estela Morales Ledesma dejó de laborar y

de cotizar en el mil novecientos ochenta

y siete (1987), y es en el dos mil quince

(2015), es decir veintiocho (28) años

más tarde, cuando solicita una pensión

por invalidez, no hallándose la misma

realizando trabajo alguno comprobado

ni haber efectuado pagos de cotizaciones

durante ese lapso de tiempo, por lo que no

procede el otorgamiento de la pensión por

discapacidad solicitada, pues no cumple

con los requisitos establecidos por ley.

z. Comprobada la improcedencia del

otorgamiento de una pensión por vejez o

por incapacidad para el trabajo en favor

de la accionante, resta por analizar las

conclusiones de la parte recurrida, en las

cuales expresa que en el hipotético caso de

que este honorable tribunal considere que

la accionante no cumple con los requisitos,

o no es merecedora de una pensión por

vejez o de una pensión por invalidez, este

mismo tribunal ordene al Instituto Domi-

nicano de Seguros Sociales (“IDSS”) o a la

Dirección General de Jubilaciones y Pen-

siones (“DGJP”), la devolución del monto

equivalente a sus 309 cotizaciones pagadas

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

478 | Art. 60

ÍNDICE

dentro del periodo 1971 al 1987, más el

cinco por ciento (5%) anual calculados

desde el año 1987, hasta la fecha de hoy.

bb. Del estudio de la acción de amparo so-

metida, este tribunal constitucional, no obs-

tante haberse comprobado la improcedencia

del otorgamiento de una pensión por vejez

o por discapacidad de la accionante, por

las argumentaciones más arriba expuestas,

concluye que la acción incoada por la señora

Elvira Estela Mendoza debe ser acogida

parcialmente y, por aplicación de las normas

mencionadas en el cuerpo de la presente de-

cisión, procederá a ordenar la devolución de

las cotizaciones realizadas por la accionante,

en la forma y proporción establecida en los

artículos precitados.

4. DOCUMENTO DE IDENTIDAD VÁLIDO PARA TRAMITAR

SOLICITUDES DE BENEFICIOS DEL SDSS

CRITERIO:

La exigencia de presentar la cédula de identidad personal

dentro de los requisitos para solicitar la pensión de sobrevivencia no

vulnera derechos fundamentales.

SENTENCIA TC/0031/14

—Precedente

reiterado en la sentencia TC/0699/17—

CRITERIO 2:

Cuando una autoridad pública o un ente privado solicita

a una persona la presentación del referido documento de identidad

(cédula), no está exigiendo algo desproporcionado o irrazonable, ni

mucho menos atenta contra los derechos fundamentales de una

persona. —Precedente reiterado en la sentencia TC/0602/18 con respecto a

la exigencia del pasaporte para acceder a un servicio público—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor se

presentó ante una administradora de fondos de pensiones para solici-

tar la pensión de sobrevivencia por el fallecimiento de su concubina.

Dentro de los requisitos exigidos por la AFP le informaron al señor

que debía presentar su cédula de identidad vigente, puesto que la

presentada estaba cancelada. Inconforme con esa exigencia, el señor

acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d. En la especie, AFP Siembra, S. A. le ha

comunicado a Genaro Fernández Castillo

que para proseguir con la evaluación de la

solicitud de pensión por sobrevivencia, es

preciso regularizar el estatus de su cédula

de identidad, que aparece como “cancela-

da” en el padrón de la Junta Central Elec-

toral. Además, AFP Siembra, S. A. le ha

requerido a Genaro Fernández Castillo

el envío de un nuevo acto de notoriedad

contemplando todos los hijos de la señora

Martha Encarnación Encarnación.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 479

ÍNDICE

e. Conviene aquí establecer que mediante

la Resolución núm. 268-06, de fecha pri-

mero (1º) de agosto de dos mil seis (2006),

la Superintendencia de Pensiones aprobó el

contrato de discapacidad y sobrevivencia

del régimen contributivo del sistema de

pensiones a ser suscrito entre las adminis-

tradoras de fondos de pensiones y las com-

pañías de seguros […] f. Según el referido

contrato, el pago de la prima del Seguro de

Discapacidad y Sobrevivencia deberá ser

realizado por las administradoras de fon-

dos de pensiones a las compañías de seguros,

luego de que se realice el trámite previsto en

la cláusula 9 del referido contrato. Dicha

cláusula dispone, entre otros, que cuando

la administradora de fondos de pensiones

recibe la solicitud de pensión por sobrevi-

vencia, da inicio a la reclamación corres-

pondiente ante la compañía aseguradora, a

la cual debe informar, entre otras cosas, el

número de beneﬁciarios, identiﬁcación de

los mismos y la relación o parentesco con el

“de cujus”.

h. Asimismo, los incisos 2, 3 y 5 del ar-

tículo 21 de la referida ley núm. 6125

establecen que la presentación de la cédula

para ﬁnes de anotación y cita en los docu-

mentos es obligatoria, entre otros, para: (a)

el otorgamiento de instrumentos públicos;

(b) ejercitar acciones o derechos y gestionar

bajo cualquier concepto ante los tribuna-

les, juzgados, corporaciones, autoridades

y oﬁcinas de toda clase; y (c) acreditar la

personalidad cuando fuere necesario en

todo acto público o privado. i. El análisis

anterior permite al Tribunal Constitucio-

nal reconocer la idoneidad de la cédula de

identidad como documento para acreditar

la personalidad del titular de la misma en

aquellos actos, como los descritos por la Ley

núm. 6125, en que se exige la presentación

de este documento.

k. Siendo así las cosas, cuando una auto-

ridad pública o un ente privado solicita

a una persona la presentación del referido

documento de identidad, no está exigiendo

una medida desproporcionada ni irrazo-

nable, ni mucho menos atenta contra los

derechos fundamentales de una persona.

Muy por el contrario, con esta exigencia se

garantiza que el reconocimiento de los de-

rechos sea en favor de su verdadero titular.

l. El Tribunal Constitucional considera

que la exigencia de la presentación de un

medio de identiﬁcación adecuado, como

una cédula de identidad válida, responde

a ﬁnes constitucionalmente legítimos, como

los antes expuestos.

n. Es por esto que este tribunal constitucio-

nal considera que cuando AFP Siembra, S.

A. le informa a Genaro Fernández Castillo

que para proseguir con la evaluación de

la solicitud de pensión por sobrevivencia,

MAPFRE BHD requiere la regularización

del estatus de su cédula de identidad, que

aparece como “cancelada”, se está persi-

guiendo un ﬁn constitucionalmente legíti-

mo que no afecta desproporcionadamente

los derechos del interesado.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

480 | Art. 60

ÍNDICE

5. FACULTAD REGULATORIA DE LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD

SOCIAL TSS

CRITERIO:

Constituye una garantía del derecho fundamental a la

seguridad social la intervención realizada por un órgano del sistema

(en este caso, la Tesorería de la Seguridad Social) para detectar fraudes

que atentan contra el principio de sostenibilidad ﬁnanciera del Sistema

Dominicano de Seguridad Social.

SENTENCIA TC/0027/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Tesorería

de la Seguridad Social (TSS) procedió a dar de baja del Sistema

Único de Información, Recaudo y pago (SUIR) a una fundación

que cometía fraudes al Sistema Dominicano de Seguridad Social. El

fraude consistía en incluir en una nómina a personas que no eran

trabajadores asalariados de dicha fundación, sino que eran trabaja-

dores independientes que usaban ese mecanismo para ser incluidos

en el régimen contributivo de la seguridad social. Ante la decisión

de sacarlos del referido sistema, la fundación acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. Sobre la responsabilidad de la Tesorería

de la Seguridad Social de crear el SUIR, el

Reglamento núm. 775-03, del doce (12)

de agosto de dos mil tres (2003), establece

en su artículo 5: “Responsabilidades.- La

Tesorería de la Seguridad Social tiene a su

cargo el Sistema Único de Información y

el proceso de recaudo, distribución y pago,

tal como lo establece el artículo 28 de la

Ley 87-01 y el presente reglamento”.

d. El referido reglamento núm. 775-03

plantea en su artículo 9: “De acuerdo a

la Ley 87-01, la Tesorería del Sistema

Dominicano de Seguridad Social tiene las

siguientes funciones: e. Detectar la mora,

evasión y elusión, combinando otras

fuentes de información gubernamental y

privada”.

i. De la interpretación de los citados

artículos se evidencia que la Tesorería

de la Seguridad Social posee la facultad

conferida tanto por el constituyente, el

legislador ordinario y las resoluciones,

para investigar las irregularidades de elu-

sión cometidas en los casos como el de la

especie; en consecuencia, sus actuaciones

no fueron arbitrarias, sino amparadas en

las facultades otorgadas por las normas

mencionadas en la presente decisión.

j. De lo anterior se inﬁere que tanto la

Constitución, como la Ley núm. 87- 01

y sus reglamentos, avalan y facultan a la

TSS para que dicha institución efectúe la

función de supervisión, ﬁscalización, sus-

pensión y dar de baja del Sistema Único

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 481

ÍNDICE

de Información Recaudado y Pago (SUIR)

de la Seguridad Social, ante la detección

de un fraude al Sistema de Seguridad So-

cial, como el ocasionado por la Fundación

Ministerio Renovación.

p. En relación con la acción de amparo,

la Tesorería de la Seguridad Social le

dio de baja a la Fundación Ministerio

Renovación del Sistema Único de Infor-

mación Recaudado y Pago (SUIR) de

la Seguridad Social, por detectar graves

irregularidades violatorias de la Ley núm.

87-01, al veriﬁcar en la certiﬁcación del

veintiuno (21) de septiembre de dos mil

doce (2012), emitida por la TSS, que la

Fundación Ministerio Renovación man-

tuvo una relación de nómina de traba-

jadores muy variantes, ya que a la fecha

no ha podido comprobarse la relación

de empleador-trabajador, en la forma

prevista por los artículos 1 y 2 del Código

de Trabajo, y como tal no les corresponde

el Régimen Contributivo actual. Dichas

irregularidades trajo como consecuencia

que la TSS, en aplicación a sus funciones

y facultades, le diera de baja a dicha fun-

dación del SUIR.

q. De lo anterior se colige que las operacio-

nes de la Fundación Ministerio Renova-

ción resultan ser irregulares, ya que de su

accionar se interpreta que actuaban como

una compañía de ventas de seguros de sa-

lud a personas que no son sus trabajadores

y que, en muchos de los casos reportados,

sus salarios están por debajo del salario

mínimo cotizable; además, no reposa en

el presente expediente documento que pue-

da sustentar las constantes variaciones de

un mes a otro en su nómina de empleados,

ni la refutación a la certiﬁcación descrita

en el párrafo anterior.

r. Del análisis de la certiﬁcación citada

y de la lectura del escrito de defensa

depositado por la parte recurrida, se lee

que las personas que se hacen llamar sus

trabajadores se identiﬁcan ellos mismos

como “transportistas independientes” y

otros como “miembros” de varios sindi-

catos de transporte, lo que evidencia más

aún que ciertamente los mismos no tienen

una relación de trabajo entre emplea-

dor-trabajador, por lo que no caliﬁcan

como beneﬁciarios del Régimen Contri-

butivo de la Seguridad Social acorde con

el art. 123 de la Ley núm. 87-01, sino

que ellos pertenecen al régimen que aún

no ha entrado en vigencia, como lo es el

Contributivo Subsidiado de la Seguridad

Social…

t. En virtud de las argumentaciones ex-

puestas precedentemente, para el Tribunal

Constitucional la Tesorería de la Seguri-

dad Social cumplió con las funciones que

le otorgan los artículos 60 y 61.2 de la

Constitución.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

482 | Art. 60

ÍNDICE

6. FONDO DE PENSIÓN ESPECIAL: CUMPLIMIENTO DE PREVISIÓN

LEGAL PARA ENTREGAR CÁLCULO DEL MONTO QUE DEBE

EXIGIR Y MANEJAR EL FONDO ESPECIAL

CRITERIO:

Procede ordenar al Ministerio de Obras Públicas cumplir

la previsión legal de realizar el cálculo del monto que le corresponde

manejar al Fondo de Pensiones de los Trabajadores del Área de la

Construcción (Fopetcons) en cumplimiento de lo previsto en la Ley

núm. 6-86. Salvaguarda del derecho a la Seguridad Social de los

pensionados activos y los solicitantes pendientes para acceder a dicho

fondo.

SENTENCIA TC/0097/22

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando el Fondo de Pensio-

nes de los Trabajadores del Área de la Construcción (Fopetcons)

acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo de

cumplimiento, como respuesta a la negativa del Ministerio de Obras

Públicas y Comunicaciones (MOPC) de entregar información

relativa a los cálculos correspondientes al uno por ciento (%) de

especialización de obras de construcción, reparación, remodelación

o ampliación, incluidas las del Estado, de acuerdo con los artículos ,

 y  de la Ley núm. -.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.27 La parte accionante argumenta que

tiene 3,215 pensionados activos y 1,079

solicitudes que no han podido ser satisfechas;

aduce también que, sin los cálculos exigidos

al accionado, personas de la tercera edad

quedarán sin beneﬁciarse de la pensión a

pesar de tener derecho a ella, además del

colapso que supondría para el Fondo de

Pensiones de los Trabajadores del Área de la

Construcción (Fopetcons) no contar con los

aportes.

[…] es preciso señalar que el artículo 3 de

la Ley núm. 6-86, atribuye al Ministerio

de Obras Públicas y Comunicaciones

(M.O.P.C.) la responsabilidad de realizar los

cálculos correspondientes a cada obra de cons-

trucción, remodelación y reparación respecto

del uno por ciento (1 %) de especialización

sobre el valor de cada una de ellas; de modo

que, contrario a lo sostenido, no se trata de un

requerimiento de carácter personal formulado

por el representante del Fondo de Pensiones de

los Trabajadores del Área de la Construcción

(Fopetcons), sino de una exigencia derivada

de esa disposición legal.

[…] el caso que nos ocupa, el Fondo de

Pensiones de los Trabajadores del Área de la

Construcción (Fopetcons) tiene por objeto

garantizar el bienestar social de esos tra-

bajadores y mediante esta acción procura

salvaguardar el derecho fundamental a la

seguridad social de esos trabajadores, consa-

grado en el artículo 60 de la Constitución.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 483

ÍNDICE

7. FONDO DE PENSIÓN ESPECIAL: NO INCLUSIÓN DE

TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS EN LOS BENEFICIOS DE

UN FONDO DE PENSIONES COMÚN

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la exclusión de un

grupo de trabajadores que por su decisión de no estar sindicalizados no

podrán beneﬁciarse del fondo de pensiones y jubilaciones creado para

todo el sector. Vulnera el derecho a la seguridad social y su principio

de universalidad.

SENTENCIA TC/0190/13

—Ver en este sentido los criterios

relativos al derecho a la igualdad (art. 39 CRD) y derecho al trabajo (art. 62

CRD), precedente reiterado mediante sentencia TC/0238/14—

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nales los artículos 2, 3, 4, 5 y 639 de la Ley núm. 374-98, que crea el Fondo

Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la

Industria Metalúrgica y Minera, por violar los derechos fundamentales de igual-

dad, seguridad social, libertad sindical, justicia y equidad tributaria, dispuestos en

los artículos 39, 60, 62.4 y 243 de la Constitución y el bloque de constituciona-

lidad. Posteriormente fue declarado inconstitucional el artículo 14 de la referida

ley mediante sentencia TC/0238/14.

Resumen del caso: Se trata de una acción directa de inconstitucio-

nalidad interpuesta por la Asociación de Industrias de la República

Dominicana contra Ley núm. - que crea el Fondo Nacional de

39 Artículo 2. Se establece la especialización de un medio por ciento de cada caso bruto (1/2% de cada

RD$ 1.00) producido y facturado por la minas e industrias metalmecánicas fabricantes de productos

y materiales anes, para la sustentación de los servicios sociales, pensiones y jubilaciones de todos

los trabajadores sindicalizados de este renglón laboral en la República Dominicana. PARRÁFO. Este

porcentaje será pagado por la empresa de que se trate o su representante, el cual recibirá a cambio un

documento comprobatorio de que ha cumplido elmente con la presente ley. Artículo 3. Asimismo,

se establece la retención de un medio por ciento (1/2%) de los salarios que devengan los trabajadores

del área minera, metalmecánica y metalúrgica, para los nes contemplados en esta ley. Artículo 4. La

retención del medio por ciento (1/2%) contenida y denida por esta ley en el Artículo 1, se producirá

cada vez que se efectúen pagos a dichos trabajadores y la responsabilidad de producir dicha retención

estará a cargo de los propietarios de las empresas de que se trate y/o de sus representantes. Artículo 5.

La Dirección General de Impuestos Internos y sus ocinas en todo el país o en su defecto, las tesorerías

municipales, tendrán a su cargo la recepción de los fondos generados por la aplicación de esta ley, las

cuales enviarán estos fondos inmediatamente a la Tesorería Nacional. A más tardar, el día veinte (20)

de cada mes la Tesorería Nacional preparará un cheque a nombre del Fondo Nacional de Pensiones y

Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, por el monto

total de recaudación del mes anterior, el cual será depositado en una cuenta corriente de dicha entidad,

bajo la supervisión de la Contraloría General de la República. Artículo 6. La especialización y retención

por parte de las empresas del medio por ciento (112%) establecido por esta ley, se aplicará a todas las

minas e industrias metalmecánicas y anes y a los trabajadores que la conforman en sus diferentes áreas

y dimensiones.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

484 | Art. 60

ÍNDICE

Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la

Industria Metalúrgica y Minera. La AIRD plantea que con esta ley se

vulneran varios derechos fundamentales como la igualdad, seguridad

social, libertad sindical, justicia y equidad tributaria.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.4.2. Sobre el particular, este tribunal

constata que las disposiciones de la Ley

núm.374-98, que instituye el Fondo

Nacional de Pensiones y Jubilaciones de

los Trabajadores Metalmecánicos, de la

Industria Metalúrgica y Minera, ha creado

un sistema contributivo general preferen-

cial de pensión y jubilación de carácter

excluyente y desigual, al amparo del cual

todos los trabajadores deben realizar sus

aportaciones, siendo los únicos beneﬁciarios

del sistema aquellos trabajadores del sector

que estén sindicalizados, estableciendo un

sistema asistencial de vejez, discapacidad y

sobrevivencia (Sistema de Pensión y Jubi-

lación) que sólo beneﬁcia a una categoría

de trabajadores del referido ramo y deja

desprotegidos a aquellos otros trabajadores

que no estén sindicalizados.

9.4.5. Además de violentar la Ley

núm.374-98, que instituye el Fondo

Nacional de Pensiones y Jubilaciones de

los Trabajadores Metalmecánicos, de la In-

dustria Metalúrgica y Minera, el principio

de igualdad dispuesto en el artículo 39.3,

de la Constitución, vulnera también el de-

recho de accesibilidad universal al derecho

de seguridad social que tiene toda persona,

de asegurársele una adecuada protección y

asistencia por discapacidad, desocupación

y vejez dispuesto en el artículo 60 de

nuestra Carta Magna, toda vez que la

aplicación de la disposición del artículo

2 de dicha ley restringe la accesibilidad a

las prestaciones asistenciales establecidas

en su contexto, a los trabajadores del ramo

metalmecánico, metalúrgico y minero que

no estén sindicalizados.

9.4.6. Por otro lado, conviene no perder

de vista que durante el tiempo en que el

presente caso estuvo pendiente de fallo ante

la Suprema Corte de Justicia, el régimen

jurídico de la Seguridad Social en la Repú-

blica Dominicana fue transformado, con

la entrada en vigencia de la Ley Núm.87-

01, que instituye el Sistema Dominicano

de Seguridad Social, la que en sus artículos

13 y 14 establece un régimen general

administrativo y de aportación de los

seguros asistenciales de vejez, discapacidad

y sobrevivencia, por lo cual instituye un sis-

tema de cotizaciones de carácter general y

obligatorio a cargo de todos los empleadores

y trabajadores del país. 9.4.7. Por lo prece-

dentemente expuesto, este tribunal consti-

tucional ha determinado que al no haber

sido derogada la Ley núm.374-98 por la

referida Ley núm.87-01, y permanecer vi-

gente el sistema contributivo y de adminis-

tración instituido en los artículos 2, 3, 4, 5

y 6, de la indicada ley núm.374-98, se ha

generado un régimen de doble cotización a

cargo de los empleadores y trabajadores del

sector metalmecánico, metalúrgico y mine-

ro, dado que están obligados a contribuir

en dos sistemas de pensiones diferentes que

tienen un mismo objeto.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 485

ÍNDICE

8. INCOMPATIBILIDAD DE PENSIONES DEL MISMO RÉGIMEN DE

PENSIÓN

CRITERIO:

No procede la petición de beneﬁciarse de dos pensiones

por discapacidad bajo un mismo régimen de seguridad social (en

este caso, el régimen de capitalización individual). Coexistencia

de sistemas de pensiones en el Sistema Dominicano de Seguridad

Social e incompatibilidad de pensiones del mismo régimen.

SENTENCIA TC/0002/17

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo para

solicitar que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) le

conceda una pensión adicional de invalidez por enfermedad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g. En la especie, el señor Miguel Severino

Peralta, por medio de la presente acción

de amparo, procura que se le asigne una

pensión de invalidez por enfermedad, por

cuanto padece de glaucoma progresivo, en

aplicación de las disposiciones contenidas

en el artículo 56 de la Ley núm. 1896-48,

sobre Seguros Sociales, del treinta (30) de

diciembre de mil novecientos cuarenta y

ocho (1948).

h. Sobre el particular, este tribunal debe se-

ñalar que en lo que corresponde al sistema

de pensiones, en la República Dominicana

coexisten varios regímenes, puesto que la

norma vigente en la actualidad, es decir,

la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema

Dominicano de Seguridad Social, mantiene

la vigencia de los sistemas de pensiones esta-

blecidos mediante las leyes núm. 1896, del

treinta (30) de diciembre de mil novecientos

cuarenta y ocho (1948), y núm. 379, sobre

Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado,

del once (11) de diciembre de mil novecien-

tos ochenta y uno (1981).

i. Ahora bien, esta especie de prórroga de

vigencia es señalada por el artículo 35 del

referido texto legal y limita el beneﬁcio a

los actuales pensionados y jubilados, a los

aﬁliados en proceso de retiro y a la pobla-

ción que permanecerá en dicho sistema,

de conformidad con el artículo 38 de la

referida ley.

j. En efecto, el referido texto legal establece

lo siguiente: Art. 38.- Aﬁliados que perma-

necen en el sistema actual: Permanecerán

en el sistema de reparto, los aﬁliados que

reúnan las siguientes condiciones: Los

trabajadores del sector público y de las

instituciones autónomas y descentralizadas,

de cualquier edad, que estén amparados

por las leyes 379- 81, 414-98 y/o por otras

leyes aﬁnes, excepto aquellos que deseen

ingresar al sistema de capitalización in-

dividual contemplado en la presente ley; y

Los pensionados y jubilados del Estado, del

IDSS, del Instituto de Seguridad Social

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

486 | Art. 60

ÍNDICE

de las Fuerzas Armadas y la Policía (ISS-

FAPOL) y del sector privado que actual-

mente disfrutan de una pensión de vejez,

discapacidad y sobrevivencia en virtud de

las leyes 1896 y 379, o de una ley especíﬁca.

k. De manera que, contrario a lo que alega

en su escrito introductivo de la presente ac-

ción de amparo, el señor Miguel Severino

Peralta no caliﬁca para continuar ampa-

rado bajo el régimen jurídico instaurado

en la Ley núm. 1896, pues no cumple con

ninguno de los requisitos enumerados con

anterioridad. Así pues, el beneﬁcio de la

pensión por discapacidad debe ser otorgado

bajo el nuevo sistema instaurado en la Ley

núm. 87-01, sobre Seguridad Social.

l. En tal sentido, vale destacar que del

estudio de la glosa procesal que conforma

el expediente, pudimos constatar que en

la actualidad el amparista es beneﬁciario

de una pensión por discapacidad total,

tal como lo consigna el artículo 46 de la

Ley núm. 87-01, por haber cotizado en

el nuevo régimen de capitalización indi-

vidual. En deﬁnitiva, la pretensión del

amparista de beneﬁciarse de dos pensiones

por concepto de discapacidad o invalidez

no encuentra sustento en el sistema jurídico

actual instaurado por la referida ley núm.

87-01, de Seguridad Social, pues resulta

incompatible que un mismo sujeto se be-

neﬁcie del derecho a cobrar dos pensiones

bajo igual régimen, ya que tal duplicidad

redundaría en una concurrencia de un

mismo beneﬁciario caliﬁcado para un

mismo régimen de seguridad social.

m. Por otro lado, vale destacar que el am-

parista una vez cumpla la edad de sesenta

(60) años puede solicitar la asignación

de una pensión por vejez, una vez reúna

los requisitos del artículo 45 de la Ley

núm. 87-01. De manera que no quedaría

desprovisto de percibir este beneﬁcio al

término de la actual pensión recibida por

concepto de discapacidad total.

9. PENSIÓN DE DISCAPACIDAD: CONCRECIÓN Y PRESENTACIÓN

DE SOLICITUD

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de seguridad social,

especíﬁcamente a la pensión de discapacidad, la negativa por parte de

la AFP de otorgar la pensión alegando la ausencia de cotización del

aﬁliado al momento de solicitar la pensión. La fecha de concreción del

accidente inhabilitante y presentación de solicitud de asignación de

pensión es la que debe ser tomada en cuenta al momento de procesar el

otorgamiento de la pensión de discapacidad. Aplicación del principio

de favorabilidad.

SENTENCIA TC/0499/17

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

que había sufrido un accidente cerebrovascular procedió a solicitar

la pensión de discapacidad ante su AFP y la aseguradora corres-

pondiente. La solicitud fue desestimada alegando que el señor no

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 487

ÍNDICE

estaba cotizando al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)

al momento en que la junta médica correspondiente certificara su

discapacidad y ordenara el pago de la pensión. Ante esta decisión,

el señor acudió ante la jurisdicción constitucional en materia de

amparo invocando vulneración al derecho a la seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b) Este tribunal, al analizar la situación

planteada, así como los argumentos y

documentos presentados por las partes,

concuerda con los razonamientos jurídicos

esbozados por la Primera Sala del Tribunal

Superior Administrativo en su sentencia

núm. 00119-2014, la cual, al estudiar el

caso de la especie, constató que al momento

del recurrido ser diagnosticado y solicitar

su pensión por discapacidad, se encontraba

aﬁliado a la seguridad social, ante lo cual

se justiﬁca salvaguardar, por vía del am-

paro, el respeto al derecho fundamental a

la seguridad social y ordenar el pago de la

pensión correspondiente.

c) De modo que, tal como expone la

Primera Sala del Tribunal Superior Ad-

ministrativo, el cinco (5) de septiembre

de dos mil doce (2012), la Junta Médica

del Hospital Luis Eduardo Aybar presentó

un primer diagnóstico donde señala que

Carlos Manuel Crisóstomo Herrera no se

encontraba apto para el trabajo productivo,

lo que motivó que el recurrido solicitara su

pensión por discapacidad.

d) Según la documentación que reposa

en el expediente, Carlos Manuel Crisós-

tomo Herrera presentó formal solicitud

de pensión por discapacidad, el veinte

(20) de noviembre de dos mil doce (2012),

luego de haber sufrido un accidente

cerebro-vascular el treinta (30) de abril de

dos mil doce (2012), cotizando por ante el

Sistema de Seguridad Social hasta el mes

de octubre del mismo año.

h) Tal como sostuvo el juez a-quo, y con-

trario a lo que alegan los recurrentes, la

fecha correcta que debe ser considerada

para ponderar la solicitud de pensión por

discapacidad a favor del recurrido debe

ser la fecha del accidente inhabilitante y

presentación de solicitud de asignación

de pensión. No así la fecha de emisión de

evaluación médica deﬁnitiva, pues mal

podría la aseguradora y administradora

de fondos de pensiones pretender que una

persona discapacitada, víctima de un he-

cho fortuito que le afecta su estado de salud

y el desenvolvimiento normal, continúe

trabajando y cotizando hasta tanto sea

decretada deﬁnitivamente su discapacidad,

proceso largo y tedioso que puede alargarse,

incluso por años.

j) Por tanto, al analizar las argumentacio-

nes y documentos presentados por las partes

y la decisión cuya revocación se pretende,

este tribunal debe resaltar que el tribunal

a-quo ha hecho una correcta interpretación

y aplicación del derecho fundamental cuya

protección se ha pretendido, garantizando

una efectiva aplicación de las normas

constitucionales y derechos fundamentales

frente a los sujetos obligados y deudores de

los mismos, pues ha utilizado los medios

más idóneos y adecuados a las necesidades

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

488 | Art. 60

ÍNDICE

concretas de protección frente a la cuestión

planteada, como lo ordena el principio de

efectividad. Asimismo, ha observado el

principio de favorabilidad al aplicar la

Constitución y los derechos fundamentales,

de modo que se optimice su máxima efecti-

vidad para favorecer al titular del derecho

fundamental.

10. PENSIÓN DE DISCAPACIDAD: DESPROTECCIÓN MIENTRAS SE

GESTIONA EL TRASPASO DE PENSIÓN DE DISCAPACIDAD A LA

PENSIÓN POR VEJEZ

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de discapacidad, el retiro

de la pensión por parte de una AFP alegando el cumplimiento de la

edad permitida que trae como consecuencia que la persona se quede

sin pensión hasta que gestione la pensión por vejez con la condición de

cumplir los requisitos aplicables.

SENTENCIA TC/0051/20

—Precedente

reiterado sin mencionar en la sentencia TC/0540/20—

CRITERIO 2:

La llegada de una persona a la edad que le da derecho a una

pensión por vejez no borra una condición de discapacidad por problemas

de salud, lo que signiﬁca que a su condición de discapacidad se suma

su condición de vejez. En virtud de los principios de favorabilidad y

progresividad, la persona que tiene las dos condiciones (discapacidad

y vejez) tiene el derecho de recibir una pensión de monto mayor,

beneﬁcio que no se pierde por la notiﬁcación del cambio de pensión,

con la ﬁnalidad de evitar que las personas afectadas de discapacidad y

que han cumplido con los requisitos relativos a la jubilación no vean

agravado su estado de vulnerabilidad.

CRITERIO 3:

Implementación de reglas generales con respecto a la

pensión de discapacidad y la notiﬁcación a los beneﬁciarios que deben

hacer las compañías aseguradoras y las AFP para informar lo relativo

al cese de la pensión por discapacidad y la adquisición de la pensión

por vejez, así como la orientación necesaria respecto de ambos tipos

de prestaciones.

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una señora dejó

de percibir la pensión de discapacidad que le había sido otorgada.

La señora solicitó a su AFP que le fuera restituida dicha pensión y la

respuesta recibida fue que la señora había cumplido la edad límite

para la pensión de discapacidad y que tenía que gestionar la pensión

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 489

ÍNDICE

de vejez. Ante esta decisión, la señora acudió a la jurisdicción consti-

tucional en materia de amparo en contra de la Superintendencia

de Pensiones (SIPEN), la Administradora de Fondos de Pensiones

Popular, S. A. (AFP Popular) y Seguros Universal, S. A., invocando

vulneración al derecho de seguridad social, proceso en el cual el

Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) sirvió como intervi-

niente forzoso.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal considera que indepen-

dientemente de que en la especie proceda

o no el cambio de pensión de discapacidad

por la pensión de vejez, el despojo de dicha

pensión genera una violación al derecho a

la seguridad social y la dignidad humana.

g. Ciertamente, la actuación de las accio-

nadas tipiﬁca un acto que atenta contra

la dignidad humana, pues independiente-

mente de que la sustitución de la pensión

por discapacidad por una de vejez proceda,

mientras la pensión se determina la accio-

nante debe permanecer con la que original-

mente se le asignó. Nada, absolutamente

nada, justiﬁca que se deje sin pensión a

una persona que tiene una incapacidad

deﬁnitiva (ya que el “mal de Parkinson”

es, de conformidad con la ciencia, una

enfermedad irreversible) y absoluta, pues

la enfermedad la afecta en ochenta y seis

punto noventa por ciento (86.90%) su

capacidad, según le evaluación de la Co-

misión Médica Regional, que es el órgano

médico legalmente caliﬁcado para dar el

indicado diagnóstico.

h. Debido a esa condición de salud es

que la señora Colón Cruz ha tenido o ha

sido (hasta la fecha en que la AFP Popu-

lar se la quitó) titular de la pensión por

discapacidad de referencia, derecho que le

reconoce expresamente la Ley núm. 87-01.

Se trata, por tanto, de un derecho legal-

mente reconocido, el cual, como tal, no

puede ser desconocido por una resolución

del CNSS ni por contrato alguno suscrito

por la indicada AFP con un tercero; con-

trato que, en todo caso, no le es oponible,

de conformidad con el efecto relativo de las

convenciones, según lo dispuesto por el art.

1165 del Código Civil.

i. La llegada de dicha señora a la edad que

le da derecho a una pensión por vejez no

borra esta condición de salud, lo que signi-

ﬁca que a su condición de inválida se suma

su condición de vejez. Por tanto, pretender

privarla de la pensión por discapacidad

es pretender desconocer esa condición (la

cual, como se ha dicho, es irreversible), lo

que no es material ni naturalmente posible.

En esto último consiste la vulneración de

su derecho fundamental a una pensión,

al amparo de artículos 57, 58 y 60 de la

Constitución de la República, pues a la

condición que le da derecho a la primera

pensión (por discapacidad) es continua, es

decir, no se ha interrumpido o desaparecido.

j. En todo caso, la mencionada señora tiene

una doble condición: la discapacidad y la

vejez. Ambas condiciones le dan derecho

a una pensión, situación en la cual ella

debe tener derecho a ser beneﬁciada por

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

490 | Art. 60

ÍNDICE

el principio de la condición más favorable,

propio del derecho laboral o por el princi-

pio de favorabilidad previsto en el artículo

7.8 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procesos

Constitucionales. Siendo así, a ella le co-

rresponde la pensión de mayor monto.

k. En otro orden, los derechos fundamen-

tales tienen un carácter progresivo, lo que

signiﬁca que, además de sumar y reconocer

derechos de esa naturaleza en provecho de

los seres humanos, hay que sumar las prerro-

gativas derivadas de estos. El principio in-

dicado imposibilita que esas prerrogativas

sean recortadas, reducidas, desconocidas o

disminuidas por disposiciones normativas

posteriores en el tiempo, como ocurre en

la especie con las resoluciones del CNSS,

que ha avalado o aprobado contratos (los

contratos de cotización de discapacidad y

sobrevivencia) que han “modiﬁcado” la

ley, violando el principio de legalidad e,

incluso, la propia Constitución, ya que el

CNSS se ha arrogado atribuciones que son

propias del Congreso Nacional.

o. Por otra parte, este tribunal considera

oportuna la ocasión para establecer reglas

de alcance general, es decir, que trasciendan

al caso que nos ocupa e impacten positiva-

mente la estructura de la seguridad social,

en particular, lo relativo a la pensión por

discapacidad. Nos referimos al estableci-

miento de un mecanismo de notiﬁcación

que permita a las compañías aseguradoras

informar oportunamente a los titulares de

una pensión por discapacidad y a la AFP

a la cual se encuentren aﬁliados la fecha

en que cesa la pensión por discapacidad, a

consecuencia de la adquisición del derecho

a la pensión por vejez.

p. Igualmente, el referido mecanismo debe

contemplar la obligación puesta a cargo

de la AFP de contactar al aﬁliado para

orientarlo respecto del cambio de pensión y,

particularmente, para instarlo a que inicie

el procedimiento de cambio de pensión.

q. La referida notiﬁcación debe hacerse un

mes antes de concretizarse el derecho a la

pensión y, además, esta produce un cambio

automático de la pensión de discapacidad

por la pensión de vejez, por lo cual el

beneﬁciario puede reclamar esta última

desde el día que cumpla la edad legalmente

establecida.

r. Sin embargo, este tribunal deja clara-

mente establecido que, por una parte, en

caso de que la pensión por vejez sea inferior

a la pensión por discapacidad, el aﬁliado

tiene derecho a continuar beneﬁciándose

de esta última pensión, beneﬁcio que no

se pierde por la notiﬁcación del cambio de

pensión, con la ﬁnalidad de evitar que la

personas afectadas de la discapacidad y que

ha cumplido con los requisitos relativos a

la jubilación no se le agrave su estado de

vulnerabilidad, como le ha ocurrido a la

accionante en amparo, que desde el treinta

(30) de agosto de dos mil diecisiete (2017)

no dispone de ninguna modalidad de

pensión.

s. Estas previsiones se adoptan, además, en

aras de evitar la reducción de los ingresos

del titular de una pensión de discapaci-

dad, en un momento en que su estado de

vulnerabilidad se agrava y sus necesidades

aumentan, pues cuando adquiere el de-

recho a la pensión de vejez, ya no solo es

una persona enferma, sino también una

persona de avanzada edad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 491

ÍNDICE

t. En virtud de las motivaciones anteriores,

procede acoger la acción de amparo inter-

puesta por la señora Berkys Aurora Colón

Cruz en contra de la Superintendencia de

Pensiones (SIPEN), la Administradora de

Fondos de Pensiones Popular, S.A. (AFP

POPULAR), Seguros Universal, S.A. y en

calidad de interviniente forzoso, el Consejo

Nacional de Seguridad Social (CNSS); en

consecuencia, ordena a la Administradora

de Fondos de Pensiones Popular, S.A. (AFP

40 En el transcurso del conocimiento del recurso ante el Tribunal Constitucional, el plazo fue ampliado

por el CNSS de 2 a 7 años en la sesión ordinaria núm. 369, del veintitrés (23) de abril de dos mil quince

(2015).

POPULAR) y a Seguros Universal, S.A.,

proceder de manera inmediata a restituir

la cobertura de la pensión por discapaci-

dad permanente de la cual es beneﬁciaria

la señora Berkys Aurora Colón Cruz, así

como realizar un primer pago retroactivo

que contemple las pensiones que debió

haber recibido desde la fecha en que se le

suspendió el pago de la misma hasta el mo-

mento en que esta sentencia sea ejecutada.

11. PENSIÓN DE DISCAPACIDAD: PLAZO IRRACIONAL Y BREVE

PARA RECLAMAR PENSIÓN

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de seguridad social,

especíﬁcamente a la pensión por discapacidad, el establecimiento

mediante resolución de un plazo irracional y breve para reclamar por

la vía correspondiente la pensión de discapacidad. Aplicación del

principio de progresividad de la seguridad social y protección reforzada

de las personas de edad avanzada.

SENTENCIA TC/0335/16

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

solicitó a su AFP que le fuera concedida una pensión por discapaci-

dad. Dicha solicitud fue negada en vista de que había transcurrido

el plazo de  años desde que se había concretado el hecho que produjo

dicha discapacidad. El plazo anterior está previsto por la Resolución núm.

- emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, en la que

se aprueba el Contrato Póliza sobre Discapacidad y Sobrevivencia para los

afiliados al sistema previsional. Ante esta situación, la persona afectada

acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho fundamental a la seguridad social.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

492 | Art. 60

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

k) Este Tribunal Constitucional considera

que el plazo de dos años aprobado por la

Resolución núm. 186-01, arriba descrita,

resulta irracional y breve, sobre todo para

una persona que se encuentra pasando por

problemas de salud tan graves, como ocurre

en la especie, en la cual el accionante tiene

un 70.53% de discapacidad permanente,

tal y como fue evaluado por la Comisión

Médica Regional. En efecto, la indicada

comisión estableció como diagnóstico del

señor Pastor Antonio Fidel Almonte el

siguiente: “Discapacidad permanente

debido a alteraciones de la comunicación

verbal secundaria a afasia, enfermedad

valvular del corazón, enfermedad cardio-

vascular hipertensiva, enfermedad de la

vejiga, alteraciones de la bipedestación y

de la marcha y actividades neurológicas

de la extremidad superior izquierda (no

dominante)”.

l) Como se observa, el plazo de dos años para

una persona bajo los supuestos indicados en

el párrafo anterior no resultan razonables,

sobre todo tratándose de un derecho como

el de la seguridad social, el cual ha dicho

este tribunal es un derecho fundamental in-

herente a la persona, “revestido de la fuerza

que aporta el texto supremo, que lo hace de

cumplimiento obligatorio, máxime porque

el derecho a la seguridad social responde

también al principio de progresividad con-

sagrado en el artículo 8 de la Constitución”

(véase párrafo f) y g) del numeral 10, de la

Sentencia TC/0203/13, del trece (13) de

noviembre).

m) Igualmente, este Tribunal Constitucio-

nal ha establecido la necesidad de aplicar

una protección reforzada cuando se trate

de personas de edad avanzada y, además,

sometidas a una discapacidad, como ha

quedado evidenciado en el caso que nos

ocupa, ya que en la actualidad la persona

solicitante tiene 60 años y un 70.53% de

discapacidad permanente.

o) Cabe destacar que el Consejo Nacional

de Seguridad Social, como ente respon-

sable de establecer y regular las políticas

del funcionamiento y conducción del

Sistema Dominicano de Seguridad Social

(SDSS), aprobó en la Sesión ordinaria

núm. 369, del veintitrés (23) de abril de

dos mil quince (2015), la ampliación del

plazo de prescripción a siete (7) años. En

efecto, las nuevas condiciones generales

del Contrato de Póliza de Discapacidad

y Sobrevivencia establece en su artículo

décimo lo siguiente: “Prescripción: Se

establece una prescripción extintiva de

siete (7) años para el asegurado o los bene-

ﬁciarios a partir de la fecha de concreción

de la discapacidad o de ocurrencia del

fallecimiento, respectivamente, después de

la cual no podrá iniciarse ninguna acción

contra LA COMPAÑÍA”.

p) La modiﬁcación que antecede consti-

tuye un reconocimiento incuestionable de

que el anterior plazo de prescripción no

era compatible con el principio de razo-

nabilidad previsto en la Constitución, en

la medida en que en la nueva normativa

el plazo de dos (2) años se aumenta a siete

(7) años.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 493

ÍNDICE

12. PENSIÓN DE DISCAPACIDAD: RETIRO ARBITRARIO DE PENSIÓN

ALEGANDO CUMPLIMIENTO DE EDAD LÍMITE

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a

la seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de discapacidad, la

actuación de la AFP de retirar una pensión que había sido otorgada,

alegando que el aﬁliado tenía más de la edad permitida, pero

desconociendo una norma posterior más favorable para garantizar dicha

pensión. Aplicación del principio de protección reforzada y norma

más favorable para una persona discapacitada.

SENTENCIA TC/0916/18

CRITERIO 2:

Quedan vulnerados los principios de eﬁcacia, de

razonabilidad y de celeridad cuando, como en la especie, la

administración no ha sido lo suﬁcientemente proactiva y sensible para

atender los reclamos de un trabajador en condiciones de vulnerabilidad.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

acude a su AFP para solicitar una pensión por discapacidad total,

la cual fue acogida, pero supuestamente al no cumplir con lo

establecido en el artículo tercero, literal B, del Contrato Póliza de

Discapacidad y Sobrevivencia suscrito entre las AFP y las compañías

aseguradoras en cuanto al cumplimiento de los sesenta () años de

edad del asegurado como límite para percibir la misma, fue retirada

de la nómina de pensionado. Ante esta situación, el señor acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho fundamental a la seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

s. En este caso, al tratarse de un amparo so-

licitado por una persona discapacitada, este

tribunal constitucional acoge el “principio

de la protección reforzada”, desarrollado

por la Corte Constitucional de Colombia,

cuya obligatoriedad se hace imperativa por

disposición de los artículos 58 y 60 de la

Constitución dominicana. Sin embargo,

para hacer valer su derecho, el reclamante

debe acreditar su procedencia, y cumplir

con los requisitos establecidos por algunas

leyes particulares. t. Este tribunal consti-

tucional considera que los Estados están

obligados a satisfacer los derechos sociales,

ya sea implementando las medidas de po-

líticas públicas correspondientes de manera

paulatina o de ejecución inmediata.

x. Conforme a todo lo previamente ex-

puesto, el derecho a la seguridad social se

encuentra íntimamente ligado con los de-

rechos a la salud y al trabajo , consagrados

en la Constitución en los artículos 61 y 62,

respectivamente, toda vez que lo que se per-

sigue con el acceso a la seguridad social es

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

494 | Art. 60

ÍNDICE

contribuir a que los/as ciudadanos/as en si-

tuaciones de diﬁcultad puedan acceder a la

salud y contar con algún medio de sustento,

si no pudieran seguir trabajando, lo cual

demuestra la armonía de esta disposición

con el texto constitucional.

z. En tal sentido, es oportuno aclarar que

para hablar del desarrollo humano, de

la justicia social, así como de la equidad,

igualdad de oportunidades y solidaridad,

no es suﬁciente que el texto constitucional

consagre su interés en alcanzar dicho

bienestar y dignidad, ni que establezca las

pautas a seguir para lograrlo. Es mas que

eso, más aún, si los mecanismos creados

por el constituyente y el legislador sean

verdaderamente efectivos, y, por consi-

guiente, logren plasmar los principios

sobre los cuales se fundan, tales como los

de eﬁcacia, de razonabilidad y de celeri-

dad, todos los cuales quedan vulnerados

y, con ellos, la integridad de algunos

derechos fundamentales, cuando, como en

la especie, la administración no ha sido lo

suﬁcientemente proactiva y sensible para

atender los reclamos de un trabajador que,

por las condiciones propias de su exis-

tencia particular, conforman y deﬁnen

prácticamente su vida.

aa. Por otro lado, la celeridad y razonabi-

lidad en el cumplimiento de los plazos por

parte de la administración son esenciales

para que se resuelva la solicitud de un

particular y éste, a su vez, pueda utilizar

los mecanismos puestos a su disposición,

dentro del tiempo razonable, a los ﬁnes de

obtener la respuesta correspondiente.

bb. En consecuencia, suscitar la posibilidad

de que la parte recurrente se someta a una

nueva espera frente a la administración,

contra la que, como ocurre usualmente

con los envejecientes, el tiempo obrará con

inclemencia redoblada, sería someterlo,

asimismo, a la incertidumbre de si va

a recibir o no, en tiempo razonable, la

protección que probablemente ni siquiera

tenga la oportunidad de disfrutar.

cc. De lo anterior, este tribunal constitucio-

nal debe acoger la presente acción de amparo,

ya que obran en el expediente sendos certi-

ﬁcados médicos, de validez incuestionable,

que permiten a este tribunal constitucional

veriﬁcar el estado de discapacidad de la par-

te recurrente, por lo que está en condiciones

de recibir la debida protección del Fondo de

pensiones AFP Popular y Seguros Universal;

y asimismo, conforme al principio de favo-

rabilidad, se le aplicará la norma que más

le favorece al hoy recurrente, siendo la Reso-

lución del Consejo Nacional de Seguridad

Social (CNSS) Núm. 369-02, dictada en

abril de dos mil quince (2015), la cual mo-

diﬁcó el Contrato Póliza, y aumentó la edad

de 60 a 65 años para recibir la pensión de

discapacidad, por lo que procede reconocer

al señor Grullón su derecho a una pensión

correspondiente por discapacidad; en tal

sentido, corresponde que le paguen dicha

pensión de manera retroactiva hasta que

cumpla los sesenta y cinco (65) años de edad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 495

ÍNDICE

13. PENSIÓN DE DISCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO:

NEGLIGENCIA EN TRAMITAR PENSIÓN

CRITERIO:

Se vulnera el derecho a la seguridad social, especíﬁcamente

el derecho a la pensión por discapacidad producto de un accidente

de trabajo, cuando el órgano administrativo encargado de tramitar

y aprobar la pensión haya incurrido en una demora innecesaria

para otorgar una pensión a una persona discapacitada y de edad

avanzada. Violación a los derechos de la persona discapacitada, de la

tercera edad y de seguridad social previstos en los artículos 58, 57 y

60 de la Constitución. Aplicación de protección reforzada y tesis de

vida probable.

SENTENCIA TC/0203/13

—Precedente reiterado mediante

sentencia TC/0479/21 (negativa de entregar pensión de antigüedad en

el servicio debido a que la institución donde laboraba el servidor público

(ProDominicana) lo había colocado en licencia por tiempo indenido sin seguir

realizando las cotizaciones a la seguridad social, por lo que ante esa actuación

imputable a la institución el señor se vio imposibilitado de cumplir el requisito

de cotizaciones requeridas)—

CRITERIO 2:

El derecho a la seguridad social es un derecho fundamental,

inherente a la persona, y es asimismo un derecho prestacional, en la

medida en que implica un derecho a recibir prestaciones del Estado.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor que

alegaba haber tenido un accidente laboral acude a la Administradora

de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) a solicitar una pensión

por discapacidad. Ante la posición de la ARL de no otorgar la califi-

cación de accidente laboral y, por ende, no autorizar la pensión de

discapacidad, el señor afectado acude ante la jurisdicción constitu-

cional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

i. En este caso, al tratarse de un amparo

solicitado por una persona de avanzada

edad y, además discapacitada, este tribu-

nal constitucional acoge el “principio de la

protección reforzada”, desarrollado por la

Corte Constitucional de Colombia, cuya

obligatoriedad se hace imperativa por

disposición de los artículos 58 y 60 de la

Constitución dominicana. Sin embargo,

para hacer valer su derecho, el reclamante

debe acreditar su procedencia, y cumplir

con los requisitos establecidos por algunas

leyes particulares.

p. En la especie, la parte recurrida ha

sostenido la posición de que la fractura del

recurrente está consolidada, y que su dolor

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

496 | Art. 60

ÍNDICE

lumbar y diﬁcultad para la marcha no

guardan relación con su accidente laboral,

ni tiene secuelas producto del accidente y

que su lesión es degenerativa por la edad.

q. Al mismo tiempo, la parte recurrente

tenía en su poder un informe clínico con

diagnóstico de lesión permanente e inapti-

tud para el trabajo, resultado de una serie

de procedimientos y evaluaciones hechas en

ocasión del accidente laboral sufrido mien-

tras realizaba sus labores como maquinista

en el Ayuntamiento de la provincia Santo

Domingo Este.

aa. Tampoco valoró el juez de amparo el

hecho de que no es sino en fecha dieciocho

(18) de enero de dos mil once (2011) que

la parte recurrida responde que, según “el

Dr. Cedeño”, la fractura sufrida por la

parte recurrente está consolidada y que su

dolor lumbar y diﬁcultad para la marcha

no tiene relación con el accidente sufrido, y,

concluye entonces, que dicho accidente no

le dejó secuelas y que su lesión es degenera-

tiva, no por el accidente sino por su edad.

bb. De lo anterior, salta a la vista de cual-

quier observador, la evidencia de que el

recurrente tuvo que esperar casi cuatro años

después de sufrir el accidente –partiendo

de la fecha en que ocurrió el mismo– para

recibir una respuesta que, si bien le niega

su pretensión, admite que ella padece de

dolor lumbar y de diﬁcultad para la mar-

cha, así como que su lesión es degenerativa

y que, en ﬁn, se encuentra “no apto para el

trabajo productivo”.

cc. Es importante resaltar que, si en el

momento en que ocurre el accidente el re-

currente tenía la edad de setenta y dos (72)

años, a la fecha, este tribunal estima que

debe tener setenta y ocho (78) años de edad.

A propósito de esta aclaración, conviene

destacar una tesis propuesta por la Corte

Constitucional de Colombia, reconocida

como la “tesis de la vida probable”, la cual

consiste en la estimación de que, “cuando

una persona sobrepasa el promedio de vida

de los colombianos y que por su avanzada

edad, ya no existiría para la fecha de una

decisión dentro de un proceso judicial

ordinario”.

dd. Conforme al criterio de la referida

corte constitucional: Si una persona so-

brepasa (78 años para el caso) el índice

de promedio de vida de los colombianos

(actualmente en 74), y ella considera que

se le ha dado un trato discriminatorio en

el reajuste pensional y por tal motivo ha

reclamado ante juez competente, pero se

estima razonablemente que el solicitante

ya no existiría para el momento que se

produjera la decisión judicial, debido a su

edad avanzada, unido esto al alto volumen

de procesos que razonablemente producen

demora en la decisión, pese al comporta-

miento diligente del juzgador, entonces,

ese anciano no tiene otro medio distinto

al de la tutela para que, provisionalmente,

mientras se decide el fondo del asunto por

el juez natural, se ordene el respeto a su

derecho.

ii. Para hablar de desarrollo humano, jus-

ticia social, equidad, igualdad de oportu-

nidades y solidaridad, no basta con que el

texto supremo consagre su interés de alcan-

zar esa zona de bienestar y dignidad, ni que

establezca las pautas a seguir para lograrlo.

Es necesario, más aun, que los mecanismos

creados por el constituyente y el legislador

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 497

ÍNDICE

sean realmente efectivos, logren realizar los

principios sobre los cuales se fundan, tales

como los de eﬁcacia, de razonabilidad y de

celeridad, todos los cuales quedan vulnera-

dos y, con ellos, la integridad de algunos

derechos fundamentales, cuando, como en

la especie, la administración no ha sido lo

suﬁcientemente proactiva y sensible para

atender los reclamos de un trabajador que,

por las condiciones propias de su existencia

particular, conforman y deﬁnen práctica-

mente su vida.

kk. Así, la eﬁcacia en la actuación de la

administración es uno de los soportes que

garantizan la realización de las personas

que conforman un Estado y la protección

efectiva de sus derechos fundamentales,

por lo que es innegable que la tardanza

innecesaria e indebida en la atención a las

solicitudes de los particulares pueden cons-

tituirse en violaciones a derechos funda-

mentales, máxime cuando éstos derechos se

encuentran íntimamente vinculados con la

satisfacción de las necesidades básicas para

la subsistencia digna de una persona en-

vejeciente que, sin las atenciones mínimas,

se expone a penurias y enfermedades, por

lo que su atención debe ser una prioridad

para el Estado.

mm. Por otro lado, la celeridad y razonabi-

lidad en el cumplimiento de los plazos por

parte de la administración son esenciales

para que se resuelva la solicitud de un

particular y éste, a su vez, pueda utilizar

los mecanismos puestos a su disposición,

dentro del tiempo razonable, a los ﬁnes de

obtener la respuesta correspondiente.

oo. Muy por el contrario, en el caso que

nos ocupa, la parte recurrente ha tenido

una larga espera para obtener respuesta a

su solicitud, en su circunstancia especial

de no encontrarse apto para la realización

de ningún trabajo productivo, y sin que el

tiempo se detenga a su favor sino, muy por

el contrario, con una lesión degenerativa,

todo lo cual evidencia que la dilación

indebida por parte de la Administradora

de Riesgos Laborales Salud Segura ha

implicado serias violaciones a sus derechos

fundamentales y que pueden, a su vez,

desencadenar conculcaciones a otros de-

rechos fundamentales, como el derecho a

la vida, y que este tribunal constitucional,

en este caso concreto, se ha determinado a

proteger.

rr. Lo anterior implica que este tribunal

constitucional debe revocar la sentencia

de amparo, ya que obran en el expediente

sendos certiﬁcados médicos, de validez in-

cuestionable, que permiten a este tribunal

constitucional veriﬁcar el estado de disca-

pacidad de la parte recurrente, sobreveni-

da a consecuencia de un accidente laboral,

por lo que está en condiciones de recibir la

debida protección del Estado, y para que

la administración correspondiente realice

la función para la cual fue creada: proce-

der a reconocer a Juan Prebisterio Meli

su derecho a una pensión correspondiente

al setenta por ciento (70%) de su salario

base por discapacidad permanente total

al haber quedado inhabilitado, perma-

nentemente y por completo, para ejercer

cualquier profesión u oﬁcio, sin poder

dedicarse a otra actividad, conforme a las

previsiones de los artículos 195.c y 196.c

de la Ley núm. 87-01.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

498 | Art. 60

ÍNDICE

14. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: AUSENCIA DE FORMALIDAD

PARA TRAMITAR SOLICITUD DE PENSIÓN

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de seguridad

social, especíﬁcamente al derecho de pensión por sobrevivencia,

la negativa de la institución pública (en este caso, la Dirección

General de Jubilaciones y Pensiones, DGJP) encargada de procesar

la solicitud de pensión realizada vía acto de alguacil. Ausencia de

requerimiento especíﬁco en la realización de la solicitud de pensión,

más aun cuando el derecho a pensión no estaba en discusión.

SENTENCIA TC/0022/18

—Precedente reiterado mediante la sentencia

TC/0616/19 (se ordenó la entrega de la pensión previa realización de los

trámites correspondientes)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

procedió a solicitar vía acto de alguacil a la Dirección General de

Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP), la entrega de

la pensión de sobrevivencia que le correspondía por el fallecimiento

de su esposo. Ante la negativa de la institución, la señora acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] 11.7. La Ley núm. 379, del once

(11) de diciembre de mil novecientos

ochenta y uno (1981), que regula las ju-

bilaciones y pensiones a cargo del Estado,

y por tanto, la pensión de sobrevivencia

reclamada por la recurrente, establece en

su artículo 7, lo siguiente: “Las solicitudes

de Pensiones y Jubilaciones serán instru-

mentadas de Oﬁcio por la Secretaría de

Estado de Finanzas en todos los casos en

que la Ley prevé que sean automáticas y

por el propio peticionario, a través de la

misma vía, cuando sean sujetas a la auto-

rización del Presidente de la República”.

11.8. La pensión de sobrevivencia debe

ser solicitada previamente por el beneﬁ-

ciario, puesto que la única pensión que se

otorga, de manera automática, conforme

lo dispone el artículo 1 de la Ley núm.

379, sobre Pensiones y Jubilaciones, es

la que corresponde por la jubilación “al

cumplirse más de treinta (30) años y has-

ta 35 años de servicios y sesenta (60) años

de edad o al cumplirse más de treinta y

cinco (35) años de servicios, sin tomar en

cuenta la edad”.

11.9. El artículo 15 del Decreto núm.

489-07, del treinta (30) de agosto de dos

mil siete (2007), dispone como función

de la Dirección General de Jubilaciones y

Pensiones a cargo del Estado, el “analizar

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 499

ÍNDICE

y gestionar las solicitudes y modiﬁcaciones

de jubilaciones y Pensiones, que según las

distintas disposiciones legales, estén en

la órbita de su competencia”. Asimismo,

dicha disposición citada pone a cargo del

Departamento de Tramitación y Análisis

las funciones de “recibir, analizar, depu-

rar y registrar las solicitudes de pensiones,

así como comprobar los requisitos exigidos

para la acreencia de dicho beneﬁcio”.

11.10. Se puede veriﬁcar, en consecuencia,

de la disposición legal y las reglamenta-

rias citadas, que el único requerimiento

exigido al reclamante de una pensión de

sobrevivencia, es la formulación de la co-

rrespondiente solicitud en tal sentido, no

estando dicha solicitud sujeta a realizarse

conforme a un procedimiento administra-

tivo especíﬁco, puesto que ninguna ley o

reglamento así lo determina.

11.11. Este tribunal entiende, en conse-

cuencia, que la intimación que formuló

la requeriente el treinta (30) de marzo

de dos mil quince (2015), mediante acto

de alguacil, reclamándole al Ministerio

de Hacienda y a la Dirección General de

Jubilaciones y Pensiones a cargo del Esta-

do la entrega de la pensión de su esposo

fallecido, cumple con la obligación que

impone la ley para reclamar la pensión de

sobrevivencia de que se trata, y los recurri-

dos estaban obligados, en cumplimiento

también de la ley y de la disposiciones

reglamentarias previamente citadas, a

darle la correspondiente respuesta a dicha

solicitud otorgando dicha pensión si del

análisis de dicha solicitud se comprobaba

la existencia del derecho a ese beneﬁcio en

provecho de la recurrente.

11.12. Constituye, en contra de la recu-

rrente, violación a su derecho fundamen-

tal a la seguridad social, protegido por

el artículo 60 de la Constitución, y por

vía de consecuencia, también su artículo

8, el hecho de que hasta la fecha no se le

haya otorgado la pensión de sobrevivencia

que reclama, cuyo derecho a recibirla no

ha sido controvertido por las recurridas,

sino que, por el contrario, admiten que

le corresponde cuando señalan que no ha

sido entregada, porque la recurrente no ha

cumplido con el procedimiento adminis-

trativo que le impone la ley.

11.13. La recurrente, que alega que el

pago de la pensión de su ﬁnado esposo

fue suspendido cuando éste se encontraba

enfermo, solicita en su acción de amparo

que se ordene a los recurridos expedir un

historial de los pagos de dicha pensión.

Puesto que no han sido aportadas pruebas

de que tal suspensión de pago no se ha

realizado, y dado que en caso de ser cierto,

el indicado alegato de la recurrente, como

beneﬁciaria de la pensión de sobreviven-

cia, le asistiría el derecho de reclamar su

pago, procede ordenar a los recurrentes la

expedición de dicho historial.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

500 | Art. 60

ÍNDICE

15. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: DEVOLUCIÓN DE APORTES A LOS

HEREDEROS CUANDO EL AFILIADO AL SISTEMA DE PENSIONES

INGRESÓ TENIENDO MÁS DE 45 AÑOS

CRITERIO:

Cuando los requisitos para obtener una pensión de

sobrevivencia no se cumplen (en este caso, que el aﬁliado haya

ingresado al sistema de capitalización individual teniendo más de 45

años de edad), lo procedente es la devolución de los aportes.

SENTENCIA

TC/0255/20

—Reiteración y ampliación de los precedentes TC/0405/19

(inaplicabilidad de establecer un límite de edad al momento de fallecer para

que los beneciarios reciban pensión de sobrevivencia) y TC/0158/18

(negligencia de la Administración pública en tramitar automáticamente la

pensión del servidor público según la ley aplicable)—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una señora solicita

la pensión de sobrevivencia debido al fallecimiento de su esposo. La

respuesta recibida de los órganos del Sistema Dominicano de Seguri-

dad Social no fue satisfactoria, por lo que decidió acudir a la juris-

dicción constitucional en materia de amparo contra la Dirección de

Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)

y Scotia Crecer AFP, S. A., así como contra el Consejo Nacional de

Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones, estos últimos

demandados en intervención forzosa.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este colegiado está compelido a determi-

nar si corresponde el pago de la pensión de

sobrevivencia o, tal como lo plantea Scotia

Crecer, A.F.P., S.A., la devolución de los

fondos contenidos en la Cuenta de Capitali-

zación Individual del señor Pedro Antonio

Peña Valdez a favor de la reclamante. Para

ello, se debe analizar las disposiciones

contenidas en la Ley núm. 87-01 sobre la

aﬁliación al sistema, la preservación de los

derechos al amparo de las leyes que institu-

yen el sistema de reparto, y las condiciones

para la migración de un sistema a otro;

entre otros elementos de importancia.

13.34 Cabe señalar que en el expediente

reposa un estado de Cuenta de Capitaliza-

ción Individual a nombre del señor Pedro

Antonio Peña Valdez, correspondiente al

año dos mil once (2011), en el que consta

que se aﬁlió a Scotia Crecer A.F.P., S.A.

el seis (6) de noviembre de dos mil siete

(2007) y que realizó un total de cincuenta

(50) cotizaciones en cuarenta y ocho (48)

meses. Igualmente ﬁgura un documento

procedente de la Tesorería de la Seguridad

Social que señala que la aﬁliación a Scotia

Crecer A.F.P., S.A. se produjo de manera

automática; esto, a pesar de que el literal

a) del artículo 39 de la indicada ley núm.

87-01 establece el ingreso de manera

obligatoria al sistema de pensiones de los

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 501

ÍNDICE

trabajadores públicos y privados que al mo-

mento de entrar en vigencia la presente ley

coticen al IDSS y/o cualquier otro fondo

básico de pensión y tengan hasta 45 años,

requisito que no cumplía el fenecido puesto

que al momento de su ingreso al sistema,

en el año dos mil siete (2007), tenía 71

años de edad, conforme se comprueba en el

extracto de acta del tres (3) de noviembre

de dos mil once (2011) que indica que el

señor Pedro Antonio Peña Valdez nació

el doce (12) de junio de mil novecientos

treinta y seis (1936).

13.35 Por otra parte, el literal a) del

artículo 38 de la citada ley reconoce la

aﬁliación al sistema de reparto, en el cual

permanecerán los trabajadores del sector

público y de las instituciones autónomas y

descentralizadas, de cualquier edad, que

estén amparados por las leyes 379-81,

414-98 y/o por otras leyes aﬁnes, excepto

aquellos que deseen ingresar al sistema de

capitalización individual contemplado en

la presente ley; caso en el cual, conforme al

párrafo II del artículo 39 de la Ley núm.

87-01, el Estado dominicano aportará

recursos de diferentes programas sociales

contemplados en el Presupuesto Nacional

para crear un fondo especial que permita

incrementar el monto de la pensión de

aquellos que no alcancen la pensión

mínima debido al tiempo limitado de

cotización, por haber ingresado con edad

superior a los 45 años.

13.36 Atendiendo a lo anterior, este tribu-

nal advierte que la aﬁliación del fenecido

no debió producirse de modo automático,

pues el señor Pedro Antonio Peña Valdez

excedía el requisito de la edad máxima

de 45 años para el ingreso al sistema de

capitalización individual instituido en

la Ley núm. 87-01, como tampoco se

veriﬁca que haya expresado su voluntad

de cambiar del sistema de reparto que

establece la Ley núm. 379 al de capitali-

zación individual…

13.37 De acuerdo con el artículo 1 de la

Ley núm. 379, […] la jubilación será au-

tomática al cumplirse más de treinta (30)

años y hasta 35 años de servicios y sesenta

(60) años de edad o al cumplirse más de

treinta y cinco (35) años de servicios, sin

tomar en cuenta la edad; es decir, que

conforme a los documentos contenidos en el

expediente, no era necesario que el fenecido

realizara alguna gestión para obtener su

pensión, pues estuvo trabajando en una de-

pendencia gubernamental por 41 años, 8

meses y 12 días y hasta los 71 años de edad,

excediendo el tiempo de ejercicio laboral y

de edad física que dicha ley establece para

el otorgamiento de la pensión de manera

automática.

13.39 Este Tribunal es de criterio que la

Administración Pública debe actuar con

debida diligencia a ﬁn de proteger los

derechos fundamentales de las personas,

máxime cuando se trata de un derecho

imprescriptible e inherente a la persona

como es el derecho a la seguridad social;

en la especie, esa debida diligencia no fue

observada oportunamente, pues la Ad-

ministración permitió que el señor Pedro

Antonio Peña Valdez continuara ejerciendo

sus funciones en la Lotería Nacional, en

lugar de conceder de manera automática

el beneﬁcio de la pensión, por haber cum-

plido la edad física y de ejercicio laboral

exigidas para tales ﬁnes en el artículo 1 de

la Ley núm. 379.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

502 | Art. 60

ÍNDICE

13.40 Dicho lo anterior, respecto a la soli-

citud de pensión de sobrevivencia en favor

de la recurrida Daysi Yovani Mejía Tejeda,

este colegiado considera que aplica el régi-

men contenido en la Ley núm. 379, en ra-

zón de que su vigencia ha sido preservada

en la Ley núm. 87-01, tal como establece

el artículo 35 de la Ley núm. 87-01…

13.45 Este tribunal considera que el dere-

cho a la pensión que ha sido reconocido a

favor de la accionante Daysi Yovani Mejía

Tejada solo queda supeditado a que ésta

requiera el pago correspondiente ante la

Dirección General de Jubilaciones y Pensio-

nes a cargo del Estado, cuya solicitud debe

ser atendida conforme a los principios de

eﬁcacia y de servicio objetivo a las personas

y a los deberes del personal al servicio de

la Administración Pública, entre los que se

citan resolver los procedimientos en plazo

razonable, responder eﬁcazmente a las

solicitudes de las personas y sin necesidad

de solicitar documentos que obren en poder

de la Administración Pública.

13.46 Atendiendo a las consideraciones

expuestas, este tribunal procede a acoger

la acción de amparo interpuesta por Daysi

Yovani Mejía Tejeda únicamente respecto a

Scotia Crecer A.F.P., S.A., a ﬁn de que le

sean devueltos los aportes realizados por el

fenecido Pedro Antonio Peña Valdez en la

cuenta de capitalización individual con-

juntamente con el rendimiento acumulado,

para lo cual esta última deberá realizar la

reclamación correspondiente ante la admi-

nistradora de fondos de pensiones.

16. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: NEGATIVA ARBITRARIA DE

ENTREGAR PENSIÓN A DOS MENORES DE EDAD CUYO PADRE

AL MOMENTO DE FALLECER SE ENCONTRABA AFILIADO AL

SISTEMA DE PENSIONES

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de sobrevivencia, la

negativa por parte de una AFP en reconocer la pensión en favor de

dos personas menores de edad cuyo padre al momento de fallecer

estaba aﬁliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social según el

periodo de gracia requerido para obtener dicha prestación. Protección

reforzada de la pensión de sobrevivencia en personas menores de edad.

SENTENCIA TC/0308/20

—Precedente reiterado sin mencionar en la sentencia

TC/0296/21 en cuanto a la protección reforzada respecto de la pensión de

sobrevivencia a menores de edad—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una señora fue a

solicitar la pensión de sobrevivencia que le correspondía a dos perso-

nas menores de edad por ser hijos de una persona fallecida. La AFP

negó dicha solicitud alegando que el afiliado no estaba cotizando al

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 503

ÍNDICE

Sistema Dominicano de Seguridad Social al momento de fallecer.

Ante esa respuesta, la señora acudió a la jurisdicción constitucional

en materia de amparo invocando vulneración al derecho fundamen-

tal a la seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la entidad Scotia Crecer AFP, S.A.,

alega la incorrecta aplicación de la ley,

dado que la solicitud de pensión por sobre-

vivencia realizada por la señora Roxanna

Altagracia Lora Lance fue denegada por

falta de pago de la prima, con base en

lo dispuesto en la Resolución núm. 369-

02, emitida por el Consejo Nacional de

Seguridad Social (CNSS), que aprueba el

Contrato Póliza de Discapacidad y Sobre-

vivencia de veintitrés (23) de abril de dos

mil quince (2015).

g. En este orden de ideas, el artículo segundo

de la aludida resolución 369-02, dispone

que la pensión por sobrevivencia se deven-

gará a contar de la fecha del fallecimiento

del aﬁliado. A su vez el artículo tercero de

dicho contrato indica que la terminación

de la cobertura de los aﬁliados se producirá,

entre otras circunstancias, por la falta

de pago de la prima, una vez vencido el

período de gracia. Y, además, el artículo

cuarto de la aludida disposición expone

que el período de gracia iniciará tres (3)

meses contados a partir del tercer día hábil

a partir del primer mes en que la póliza

del seguro de discapacidad y sobrevivencia

quedó pendiente de pago, es decir, el tercer

día del cuarto mes.

h. En la especie, esta sede constitucional

advierte que, según la Certiﬁcación núm.

653194, emitida por la Tesorería de la

Seguridad Social (TSS) el nueve (9) de

febrero de dos mil diecisiete (2017), el

último pago de los aportes del señor

Wilson Daniel Martínez Azcona en la

Seguridad Social se efectuó al liquidar la

prima correspondiente a mayo de dos mil

quince (2015), comprobándose que la

cobertura del aﬁliado terminaba el tercer

día hábil del cuarto mes, es decir, el tres

(3) de septiembre de dos mil quince (2015).

Asimismo, se evidencia que el señor Wilson

Daniel Martínez Azcona falleció el dos (2)

de septiembre de dos mil quince (2015), se-

gún consta en su acta de defunción, motivo

por el cual este tribunal ha comprobado

que el aludido señor se encontraba dentro

de la cobertura asegurada al momento de

su deceso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

504 | Art. 60

ÍNDICE

17. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: NEGATIVA ARBITRARIA PARA

ENTREGAR PENSIÓN ALEGANDO REQUISITOS DISTINTOS A

LOS PREVISTOS POR LA LEY

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de sobrevivencia, la

negativa de los órganos del sistema (en este caso AFP Siembra, SIPEN

y CNSS) de otorgar la pensión alegando el incumplimiento de dos

requisitos que no están previstos en la ley (que el seguro del aﬁliado

fallecido se encuentre en vigencia y que se haya retirado antes de cumplir

60 años de edad). Aplicación del principio de protección reforzada de

una persona de la tercera edad.

SENTENCIA TC/0405/19

CRITERIO 2:

La regulación mediante resolución para otorgar la pensión

de sobrevivencia no puede desconocer los derechos fundamentales

previstos en la Constitución y en la Ley núm. 87-01 que regula

en su artículo 51 la prestación de este derecho; estas dos normas

no establecen el requisito sobre la edad del aﬁliado para que los

beneﬁciarios puedan acceder a la pensión de sobrevivencia. Aplicación

del principio de jerarquía normativa. —Precedente reiterado mediante

sentencia TC/0255/20—

CRITERIO 3:

Mediante esta decisión se validó el control difuso de

constitucionalidad realizado por el juez de amparo que declaró la

nulidad de las resoluciones núms. 186-01 y 268-06 emitidas por el

Consejo Nacional de Seguridad Social que regulan el contrato póliza

de discapacidad y sobrevivencia que ﬁrman las aseguradoras y las AFP

el cual establece la edad límite del aﬁliado al momento de fallecer para

que sus beneﬁciarios puedan solicitar la pensión de sobrevivencia.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

acude a una AFP para solicitar la pensión de sobrevivencia que le

corresponde por el fallecimiento de su esposo. La AFP negó dicha

solicitud debido a que al momento del fallecimiento el afiliado

tenía más de  años y no cumplía con el requisito establecido en

la resolución núm. -. Ante esta situación, la señora acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando vulne-

ración al derecho fundamental a la seguridad social.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 505

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la pensión de sobreviviente tiene por

ﬁnalidad, como precisa la Corte Cons-

titucional de Colombia en su Sentencia

T-485/11, del veinte (20) de junio de dos

mil once (2011), la protección de la fami-

lia que se ve desamparada por la muerte de

quien proveía el sustento del núcleo fami-

liar, entregando una prestación económica

equivalente a lo que se dejó de percibir en

ocasión del fallecimiento del causante.

15.32 Visto así, la dimensión de la tutela

señalada se expande aún más cuando el

beneﬁciario de la referida pensión es una

persona en senectud o perteneciente a la

tercera edad, pues, conforme a lo estableci-

do en el mencionado artículo 57 de nuestra

Carta Sustantiva y a la jurisprudencia de

este tribunal constitucional, estas personas

son acreedoras, frente al Estado, de una

protección especial, a ﬁn de garantizar el

disfrute efectivo y oportuno de ese derecho

fundamental.

15.33 Lo anterior nos indica que el juez

constitucional, al momento en que le sea pre-

sentada una cuestión de esta naturaleza, es-

pecialmente aquellas que tiendan a regular o

modular el ejercicio del derecho fundamental

a la seguridad social mediante prestaciones

económicas (pensión por sobrevivencia o por

discapacidad, por ejemplo), debe, para salva-

guardar el mantenimiento de las condiciones

que auspician la vida digna de una persona

de la tercera edad, poner su empeño en que

estas se cumplan con especial observancia de

la Constitución de la República, primero, y,

luego, de la legislación adjetiva que regula la

materia social.

15.34 Así visto, y tomando en considera-

ción que la supremacía de la Constitución

funciona como un incuestionable axioma

que se impone a todo juzgador al momento

de decidir, y que, además, una resolución

no puede desconocer el carácter normativo

de una ley, sobre todo si ésta tiene el ca-

rácter de una ley marco que regula una

disciplina, como la Ley núm. 87-01, es

necesario precisar que el juez a quo obró

correctamente al dejar sin efecto, vale decir,

al declarar la nulidad de las resoluciones

núms. 186-01 y 268-06. Para ello habrá

necesidad de examinar la cuestión partien-

do de los puntos nodales de la sentencia

recurrida, lo que está referido, en primer

lugar, a las pruebas que sirven de sustento

a la reclamación de la señora Arias Rosario,

y, en segundo lugar, y de manera princi-

pal, al valor regulatorio de las señaladas

resoluciones frente al valor normativo de la

Ley núm. 87-01 y la supremacía incuestio-

nable de las disposiciones constitucionales

aplicables en el presente caso.

15.39 En respuesta a los señalados alegatos,

la recurrida, señora Iris María Arias Ro-

sario, mantiene los criterios originalmente

invocados como sustento de la reclamación

de los derechos que –según sostiene– le

corresponden al amparo del artículo 51 de

la Ley núm. 87-01; derechos que, como

se ha hecho constar, le fueron reconocidos

por la sentencia ahora impugnada. De ello

se concluye, obviamente, que la recurrida

pretende el rechazo de los recursos a que se

contrae el caso que ocupa nuestra atención.

15.50 El citado texto pone de maniﬁesto

que, si bien es cierto que el CNSS procedió

a una modiﬁcación de las condiciones

generales del citado contrato póliza de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

506 | Art. 60

ÍNDICE

discapacidad y sobrevivencia, al aumentar

cinco (5) años a la anterior edad tope

(60 años) que ﬁguraba en las resoluciones

núms.268-06 y 186-01, no ha subsanado,

en lo esencial, la violación a los derechos

fundamentales a la dignidad humana,

seguridad social y protección a las personas

de la tercera edad, pues mantiene un límite

de edad para el acceso a esa pensión, lo

que constituye una modiﬁcación implícita,

pero real y tangible, y, por tanto, un des-

conocimiento a lo dispuesto por el artículo

51 de la Ley núm. 87-01, en la que no

se establece ese límite o restricción para el

ejercicio del derecho a la pensión.

15.54 A las consideraciones precedentes

debe añadirse, de manera trascendente,

por su relevancia, que si bien los dere-

chos fundamentales reconocidos por los

artículos 57 (relativo a la protección de

las personas de la tercera edad) y 60 (con-

cerniente al derecho a la seguridad social)

de la Constitución de la República son

derechos sociales de carácter prestacional,

los cuales, como tales, necesitan ser legis-

lativamente concretizados, no es menos

cierto que el carácter fundamental de esos

derechos es incuestionable y que estos son

tangibles y concretos cuanto su regulación

se materializa mediante el alcance que,

en cuanto a su contenido, le conﬁere

una norma de carácter legislativo, por la

reserva de ley que está implícita en estos

derechos. Ello es lo que ha ocurrido con

esos derechos mediante la Ley núm. 87-01

(de incuestionable carácter orgánico), en

cuanto a los aspectos regulados por esta,

lo que signiﬁca que una transgresión de

dicha norma se traduce en la vulneración

de los derechos fundamentales a que ella

se reﬁere, como son los derechos contenidos

en los citados artículos 57 y 60. Con ello

se pone en evidencia que las resoluciones

núm. 268-06, dictada por la Superinten-

dencia de Pensiones el primero (1 ro). de

agosto de dos mil dieciséis (2006), y núm.

186-01, dictada por el Consejo Nacional

de Seguridad Social el veinticuatro (24)

de julio de dos mil ocho (2008), son in-

constitucionales por haber vulnerado los

derechos fundamentales reconocidos por

los citados textos, además de los previa-

mente enunciados.

18. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: NEGATIVA DE ENTREGAR

PENSIÓN A LA CÓNYUGE

CRITERIO:

La negativa injustiﬁcada de otorgar la pensión de

sobrevivencia a la cónyuge constituye un obstáculo para que la familia

pueda hacer frente a las necesidades económicas. Procede la entrega de

la pensión de sobrevivencia.

SENTENCIA TC/0113/15

CRITERIO 2:

El derecho a la pensión del conviviente superviviente

es un derecho esencialísimo en un Estado social y democrático de

derecho como el que se consagra en la Constitución, en el entendido

de que la muerte del o la conviviente no solo tiene consecuencias en el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 507

ÍNDICE

plano sentimental y afectivo, sino que, en muchos casos, también tiene

consecuencias en el plano económico. —Precedente reiterado mediante la

sentencia TC/0118/20—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora le

solicitó al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Pensio-

nes a Cargo del Estado que le otorgara la pensión de sobrevivencia

que le corresponde por haber sido la cónyuge de un señor que había

adquirido el referido derecho a pensión. Dicha solicitud fue negada

alegando erróneamente que el indicado señor no tenía ninguna

pensión del Estado (no lo encontraron en el sistema de beneficiarios

de pensiones) y, además, alegando que las informaciones suministra-

das no se correspondían con el indicado señor. Ante tal situación, la

señora acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho fundamental a la seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d. La primera cuestión que debemos estable-

cer es que hemos podido comprobar que en los

registros del Instituto Dominicano de Seguros

Sociales se encuentra inscrito, como asegurado,

el indicado señor Medrano Acosta, cédula de

identidad y electoral núm. 001-1369720-5,

bajo el número de aﬁliación 533401093,

según consta en la certiﬁcación del veintiocho

(28) de enero de dos mil quince (2015),

emitida por el Instituto Dominicano de

Seguros Sociales, Dirección de Pensiones, bajo

la ﬁrma de su director general, Dr. Sabino

Báez García. De manera que el primero de

los argumentos invocados por los recurridos

ha quedado contestado.

e. En cuanto al segundo argumento expuesto

por los recurridos, relativo a que no procede

el otorgamiento de pensión a la señora Ar-

gentina Altagracia Firpo Fernández, como

pareja de hecho, en razón de que, según el

padrón de la Junta Central Electoral, el

señor Rafael Leonidas Medrano Acosta

estaba casado. Resulta cierto dicho argu-

mento, en cuanto a que en el apartado rela-

tivo al estado civil este aparece como casado;

sin embargo, destaca el hecho de que en el

mismo documento se indica que la cónyuge

del indicado señor lo es la señora Argentina

Firpo, cuestión que nos permite concluir que

dicha señora es la conviviente superviviente

del señor Medrano Acosta.

f. Es importante destacar que el derecho a

la pensión del conviviente superviviente se

torna en un derecho esencialísimo en un

Estado Social y Democrático de Derecho

como el que se consagra en la Constitución,

en el entendido de que la muerte del o la

conviviente, no sólo tiene consecuencias en

el plano sentimental y afectivo, sino que, en

muchos casos, también tiene consecuencias

en el plano económico. De manera que,

en esta última eventualidad la obtención

de la referida pensión del conviviente

superviviente se torna imprescindible para

que la familia de que se trate pueda satis-

facer sus necesidades básicas, aunque fuere

medianamente.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

508 | Art. 60

ÍNDICE

19. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: NEGATIVA DE ENTREGAR

PENSIÓN A UN MENOR DE EDAD POR EL FALLECIMIENTO DE

SU MADRE

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de sobrevivencia, la

negativa por parte de una institución pública de pagar a un menor de

edad una pensión debido al fallecimiento de su madre.

SENTENCIA

TC/0675/18

—Esta sentencia no aplica el artículo 60 sobre seguridad social,

pero fue incluida aquí debido a la relación que guarda con el acceso a pensión

de un menor de edad negado por una institución pública, precedente reiterado

mediante sentencia TC/0162/20—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una menor

de edad representada por su padre le solicitó al Comité de Retiro de

la Policía Nacional el pago de una pensión por el fallecimiento de

su madre, la cual era miembro de la Policía Nacional y su deceso se

produjo en el ejercicio de sus funciones. Ante la negativa de la insti-

tución, la menor de edad, a través de su padre, acudió a la jurisdic-

ción constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

derecho fundamental de protección a las personas menores de edad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

d. En este contexto, corresponde referirnos

a la normativa legal pertinente a la especie,

que para dicha fecha era la entonces vigen-

te Ley núm. 96-04, la cual conﬁguraba el

derecho de pensión en casos de fallecimiento

de un miembro activo en sus arts. 118, 119

y 120, los cuales transcribimos a continua-

ción: Art. 118.- Beneﬁciarios de pensión

por fallecimiento en el cumplimiento del

deber.- Los beneﬁciarios de la pensión otor-

gada como consecuencia del fallecimiento

de un miembro de la institución en el

cumplimiento del deber, recibirán el valor

total del sueldo que le corresponda percibir

en el momento de la muerte, sin ninguna

reducción y cualesquiera que fueren los

años de servicio. Art. 119.- Viudas e

hijos.- La pensión acordada a las viudas,

hijos menores, hijos discapacitados aún

mayores de edad, hijos estudiantes hasta los

veinte y cinco (25) años y los padres de los

miembros fallecidos en actos del servicio o

a consecuencia de ellos, será igual al monto

del sueldo que le correspondía en el mo-

mento de fallecer, y sin ninguna reducción,

cualquiera que fueren sus años de servicio.

Art. 120.- Beneﬁcios graduales.- Tienen

derecho a pensión las personas que se in-

dican a continuación: a) En primer grado,

la viuda o viudo; b) En segundo grado, los

hijos menores; hijos discapacitados aún

mayores de edad, hijos estudiantes hasta los

veinte y cinco (25) años; c) En tercer grado,

los padres del causante.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 509

ÍNDICE

e. En virtud de las precisiones anteriores,

resulta evidente que, al ordenar el pago

retroactivo de la pensión a favor de la me-

nor YEBM, el juez de amparo actuó con

estricto apego al derecho, ya que en la espe-

cie se reúnen los requisitos previstos por la

referida ley núm. 96-04. En este sentido, se

ha comprobado que la menor YEBM es la

hija supérstite de la señora Saudys Amparo

Mota Lucas, quien falleció mientras fungía

como sargento de la Policía Nacional.

f. Según los alegatos que ﬁguran en la

instancia de amparo promovida por la

parte recurrida, señor Henry Antonio Bri-

to Perdomo (actuando en representación

de su hija menor), la fallecida sargento,

señora Mota Lucas, era madre de dos niños

y devengaba un salario de nueve mil pesos

dominicanos con 00/100 ($9,000.00)

mensuales. En este contexto, al existir otro

hijo menor con capacidad legal para exigir

el derecho de pensión por el fallecimiento

de dicha señora, el aludido padre accio-

nante estimó que a la menor YEBM le

correspondía la mitad del monto total de

la referida pensión, o sea, la suma de cua-

tro mil quinientos pesos dominicanos con

00/100 ($4,500.00) mensuales. Tomando

como base esta proporción del salario, el se-

ñor Henry Antonio Brito Perdomo intimó

al Comité de Retiro de la Policía Nacional,

mediante el ya mencionado acto de algua-

cil núm. 54/16 del ocho (8) de febrero de

dos mil dieciséis (2016), a cumplir con la

entrega de los valores correspondientes a

la pensión por fallecimiento que le corres-

pondía a la menor YEBM hasta la fecha

de la intimación, lo cual sumaba un total

de noventa y cuatro mil quinientos pesos

dominicanos con 00/100 ($94,500.00).

g. Por los motivos enunciados, este tribunal

constitucional comparte el criterio sosteni-

do por el juez de amparo, en el sentido de

que: «efectivamente que la parte accionada,

COMITE DE RETIRO DE LA POLI-

CÍA NACIONAL, ha conculcado el dere-

cho fundamental legítimamente protegido

por nuestra Constitución en su artículo

56, sobre protección de las personas me-

nores de edad, en perjuicio de YESAURY

ELIZABETH BRITO MOYA, al negarse

a entregar a ésta el pago retroactivo de la

pensión».

20. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: NEGATIVA DE ENTREGAR

PENSIÓN POR DOCUMENTO VENCIDO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de sobrevivencia, la

negativa por parte de una institución pública (en este caso, la Dirección

General de Jubilaciones y Pensiones, DGJP) de otorgar una pensión

a la cónyuge alegando que la cédula de identidad está vencida, sin

observar otra vía de acreditar su identiﬁcación, como el pasaporte.

Aplicación del principio de favorabilidad y protección reforzada de las

personas de la tercera edad.

SENTENCIA TC/0760/18

.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

510 | Art. 60

ÍNDICE

CRITERIO 2:

El pasaporte es un medio válido para acreditar la

identiﬁcación de una persona extranjera para garantizar un derecho

adquirido como la pensión de sobrevivencia.

CRITERIO 3:

La condición de viuda del fallecido genera un derecho

adquirido a la pensión de sobrevivencia que debe ser garantizado y

protegido por el Estado. —Precedente reiterado mediante sentencias

TC/0366/19 (relativa a los derechos adquiridos de recibir la pensión

incluyendo los montos por concepto de especialismo que percibía el

fallecido) y TC/0371/19—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

acude a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo

del Estado a solicitar una pensión de sobrevivencia por su esposo

fallecido. La DGJP le hace la observación que el documento de

identificación personal (cédula) está vencido y el acta de matrimo-

nio tiene errores que deben ser rectificados. Ante esta situación, la

señora acude a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho fundamental a la seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

l. Este tribunal, a los ﬁnes de ediﬁcarse res-

pecto de este caso, procedió a solicitar como

medida de instrucción a la Junta Central

Electoral, una certiﬁcación en donde se

establezca cuál es el estatus de la cédula

de identidad y electoral de la accionante,

señora Viergelie Guerrier Celestin.

m. La Certiﬁcación CJ-núm. 1412, de

cinco (5) de septiembre de dos mil die-

ciocho (2018), informa que la cédula de

identidad y electoral núm. 224- 0011628-

5, correspondiente a la señora Viergelie

Guerrier Celestin, de categoría extranjero,

está inhabilitada, debido a que se encuen-

tra vencida desde el cinco (5) de diciembre

de dos mil cuatro (2004).

n. En el presente caso, luego de veriﬁcar el

estatus real del documento de identidad

de la accionante, este tribunal considera

que, si bien es cierto que, según establece la

certiﬁcación de la Junta Central Electoral,

la cédula de identidad y electoral de la

accionante se encuentra inhabilitada por

estar vencida desde el cinco (5) de diciem-

bre de dos mil cuatro (2004), también es

cierto que, en el expediente enviado a esta

sede constitucional por la referida institu-

ción, se encuentra establecido el número

del pasaporte de la accionante, documento

de identiﬁcación de ciudadano extranjero,

aceptado en todas las instituciones públicas

y privadas de República Dominicana.

o. En esa tesitura, este tribunal considera

que la pensión por sobrevivencia reclamada

por la accionante es derecho adquirido, por

ser la esposa sobreviviente de la persona a

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 511

ÍNDICE

la que correspondía la referida pensión, de-

recho que debe ser protegido y garantizado,

en consecuencia, el Tribunal Constitucio-

nal considera que, los derechos adquiridos

son un conjunto de prerrogativas en favor

del trabajador que nacen en el momento

en que se inicia una relación de trabajo, los

cuales deben ser reconocidos y garantizados

por el empleador aun cuando esa relación

laboral haya concluido, como es el caso de

la pensión que en caso de fallecimiento del

trabajador se traspasa a sus familiares, viu-

da (o) conviviente e hijos, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 51, literal a),

de la Ley núm. 87-01.

[…] es preciso señalar que, en el caso en

concreto, la accionante está reclamando

una pensión correspondiente a su esposo

fallecido señor Jean Claude Celestin como

un derecho adquirido reconocido por ley

y que debe pasar a su patrimonio en su

calidad de viuda sobreviviente, por lo que

las autoridades correspondientes tienen la

obligación de entregar dicha pensión. r. De

lo anterior se inﬁere que ante la imposibi-

lidad de que la accionante pueda obtener

la regularización de la cédula de identidad

y rectiﬁcar el acta de matrimonio, tal como

le exige la parte recurrida, Ministerio

de Hacienda y la Dirección General de

Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de

Hacienda a cargo del Estado, estas autori-

dades deben proceder a la entrega de dicha

pensión con la presentación de su pasaporte

núm. RD238.

s. En cuanto al acta de matrimonio

asentada en el Libro núm. 00039, Folio

núm. 0088, Acta núm. 000188, año

mil novecientos ochenta y tres (1983),

exige la parte accionada que la misma sea

rectiﬁcada para que aparezca el número de

cédula de la accionante, sin embargo, del

análisis de la referida acta, este tribunal

considera que en contraste con el pasaporte

de la accionante, se puede comprobar la

identidad y el vínculo con el señor Jean

Claude Celestin (fallecido); dicha acta de

matrimonio ya ha sido validada y legiti-

mada por el Estado dominicano, ya que

fue utilizada por la accionante y su ﬁnado

esposo para declarar a sus hijos por ante los

oﬁciales civiles correspondientes.

t. Por lo expuesto anteriormente, este

tribunal considera que las autoridades

recurridas no deben negar la pensión, por-

que los documentos requeridos pueden ser

suplidos por el pasaporte que la identiﬁca

como extranjera, y que a la vez permite

determinar el vínculo que la unía con el

esposo fallecido, que en deﬁnitiva es lo que

conﬁgura su derecho como viuda sobrevi-

viente; insistir en la negativa de entregar la

pensión, sería anteponer la legalidad a la

constitucionalidad, en virtud del artículo

25, que establece, en su parte capital, lo si-

guiente: “Régimen de extranjería. Extran-

jeros y extranjeras tienen en la República

Dominicana los mismos derechos y deberes

que los nacionales, con las excepciones y

limitaciones que establecen esta Constitu-

ción y las leyes […]”.

u. En ese tenor, este tribunal considera

que la condición de extranjera de la accio-

nante no es impedimento para el acceso a

la pensión, pues el pasaporte es un medio

que permite a los extranjeros identiﬁcarse y

poder viajar a cualquier lugar del mundo,

y que permite realizar todos los actos tanto

públicos como privados mientras perma-

nezcan en territorio nacional.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

512 | Art. 60

ÍNDICE

v. El Tribunal Constitucional, en el caso

en concreto, aclara que no se trata de que

por medio de la presente decisión se estén

eliminando los requisitos que para otorgar

la pensión por sobrevivencia exige la parte

accionada -Ministerio de Hacienda, y

Dirección General de Jubilaciones y Pen-

siones del Ministerio de Hacienda a cargo

del Estado- sino que, más bien, los modula

para este caso en concreto, en virtud de los

artículos 57, sobre la protección de las per-

sonas de la tercera edad, y 74, numeral 4,

referido al principio de favorabilidad, de

la Constitución…

[…] este Tribunal considera que, en el caso

en concreto, las autoridades recurridas en

amparo de cumplimiento deben reconocer,

proteger y garantizar el derecho a la pensión

por sobrevivencia reclamado por la señora

Viergelie Gerrier Celestin, por tratarse de

un derecho adquirido en beneﬁcio de una

persona de la tercera edad que reclama su

legítimo derecho a la seguridad social.

21. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: NEGATIVA DE RECONOCER

UNIÓN DE HECHO ALEGANDO AUSENCIA TEMPORAL DEL

TECHO CONYUGAL O INFIDELIDADES QUE INCLUYERON

PROCREACIÓN DE HIJOS FUERA DE LA UNIÓN CONSENSUAL

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de sobrevivencia, la

negativa por parte de una institución pública (en este caso, la Policía

Nacional) de reconocer y otorgar la pensión a la pareja sobreviviente

que mantenía una unión de hecho con el exmiembro fallecido. La

unión consensual no se rompe con la ausencia temporal del techo

conyugal o inﬁdelidades —incluyendo procreación de hijos fuera de la

unión consensual—, pues lo cierto es que solo se disuelve con la separación

física y denitiva.

SENTENCIA TC/0162/20

—Precedente reiterado sin mencionar

mediante la sentencia TC/0488/21—

CRITERIO 2:

Procede repartir la pensión entre la señora que acredita

la unión de hecho fuera de toda duda razonable y las dos señoras en

calidad de representantes de los tres hijos del fallecido.

CRITERIO 3:

Al momento de producirse y registrarse el fallecimiento

de un aﬁliado, la institución autorizada para gestionar u otorgar el

beneﬁcio derivado del derecho de pensión tiene el deber y la obligación

de contactar a los beneﬁciarios y darles acompañamiento de forma

activa para que puedan acceder a dicho beneﬁcio, siempre y cuando

sean observados los requisitos legales correspondientes.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 513

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando tres señoras

acudieron a la Policía Nacional para solicitar que les sea concedida la

pensión de sobrevivencia correspondiente por haber estado en unión

libre con un primer teniente fallecido y haber procreado seis hijos.

La PN negó dicha solicitud hasta tanto se aportara el acta de matri-

monio para determinar cuál era la pareja supérstite. En este sentido,

las tres señoras acudieron a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.22. En ese sentido, este tribunal

constitucional, en aras de una sana ad-

ministración de justicia constitucional, y

en atención a lo que dispone el artículo

87 de la Ley núm. 137-11, ordenó la

celebración de una audiencia en Cámara

de Consejo, a la cual asistieron las señoras

Michel Natividad Durán Febles, Maritza

Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los

Santos Paniagua y Caroline Castillo Ji-

ménez, sus abogados, así como también el

representante legal de la Policía Nacional.

11.23. Durante la celebración de la

referida audiencia, este órgano de jus-

ticia constitucional especializada pudo

comprobar, tanto por los testimonios de

cada una de las damas comparecientes,

por las exposiciones de su abogado, y del

representante de la Policía Nacional, así

como de la documentación que consta en

el expediente lo siguiente:

1. El primer teniente de la Policía Na-

cional José de Jesús Mendoza Marte era

miembro activo de la Policía Nacional y

falleció mientras prestaba servicio el cinco

(5) de marzo de dos mil diecisiete (2017),

a causa de shock hemorrágico, laceración

de vena, herida por proyectil de arma de

fuego con entrada en hipocondrio derecho

sin salida. 2. Dicho oﬁcial mantuvo por

más de trece (13) años y hasta el momento

de su deceso, una unión de hecho con la

señora Michel Natividad Durán Febles,

con quien procreó tres (3) hijos menores

de edad. 3. Con las señoras Maritza

Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de

los Santos Paniagua y Caroline Castillo

Jiménez, el ﬁnado Mendoza Marte pro-

creó otros tres (3) hijos menores de edad.

4. El hoy occiso José de Jesús Mendoza

Marte devengaba un sueldo mensual de

dieciocho mil un pesos con treinta y dos

centavos ($18,001.32) más otros ingresos

por concepto de “especialismo” por la suma

de ocho mil quinientos pesos ($8,500.00)

mensuales. 5. A la fecha de la celebración

de la audiencia, el Comité de Retiro de

la Policía Nacional no ha otorgado las

pensiones correspondientes. 11.24. En

relación con la existencia de una relación

marital de hecho entre la accionante,

Michel Natividad Durán Febles, y el

hoy occiso, José de Jesús Mendoza Marte,

cabe destacar que la Constitución de la

República en el numeral 5 del artículo

55 protege los derechos fundamentales,

no sólo en sus relaciones personales sino

también patrimoniales, derivados de la

unión singular y estable entre un hom-

bre y una mujer, libres de impedimento

matrimonial.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

514 | Art. 60

ÍNDICE

11.25. Mediante Sentencia TC/0012/12,

de nueve (9) de mayo de dos mil doce

(2012), este tribunal constitucional

asumió los requisitos establecidos por la

Suprema Corte de Justicia en la sentencia

del diecisiete (17) de octubre de dos mil

uno (2001), para la conformación de

una unión consensual, a saber: a) una

convivencia “more uxorio”, o lo que es lo

mismo, una identiﬁcación con el modelo

de convivencia desarrollado en los hogares

de las familias fundadas en el matrimonio,

lo que se traduce en una relación pública

y notoria, quedando excluidas las basadas

en relaciones ocultas y secretas; b) ausen-

cia de formalidad legal de la unión; c)

una comunidad de vida familiar estable y

duradera, con profundos lazos de afectivi-

dad; d) que la unión presente condiciones

de singularidad, es decir, que no existan

de parte de los dos iguales o nexos formales

de matrimonio con otros terceros en forma

simultánea, o sea, debe haber una relación

monogámica, quedando excluidas de este

concepto las uniones de hecho que en sus

orígenes fueron pérﬁdas, aun cuando haya

cesado esa condición por la disolución

posterior de vínculo matrimonial de uno

de los integrantes de la unión consensual

con una tercera persona; e) que esa unión

familiar de hecho esté integrada por dos

personas de distintos sexos que vivan como

marido y mujer sin estar casados entre sí

Una vez analizados los requisitos plan-

teados por el precedente citado, se puede

apreciar que, al momento de aplicarlos en

el caso que nos ocupa, se encuentran satis-

fechos, toda vez que sólo la señora Michel

Natividad Durán Febles mantuvo con el

fenecido Mendoza Marte una comunidad

de vida permanente y singular, que se

prolongó por más de trece años, situación

que fue reconocida por las otras tres se-

ñoras con las cuales éste también procreó

otros tres hijos, pero con ninguna de ellas

estableció un nexo doméstico de hecho y de

modo simultáneo.

11.27. Además, esta alta corte valora

y caliﬁca como un acto de sororidad, el

hecho de que las señoras Maritza Antonia

Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos

Paniagua y Caroline Castillo Jiménez no

se han opuesto a que a la pareja de hecho

supérstite le fuera concedida la pensión

que en dicha calidad le puede corresponder.

11.28. Si acudimos al derecho comparado,

veremos que otros tribunales han optado

por acreditar la singularidad y perma-

nencia de las uniones de hecho, a pesar de

inﬁdelidades o de ausencias temporales del

techo conyugal de uno de los compañeros,

pues lo cierto es que aquella sólo se disuelve

con la separación física y deﬁnitiva de los

compañeros permanentes. En este sentido,

se ha pronunciado la Sala de Casación

Civil de la Corte Suprema de Justicia de

Colombia en su Sentencia SC4361-2018,

de dieciocho (18) de mayo de dos mil die-

ciocho (2018): “Establecida una unión

marital de hecho, la singularidad que le es

propia no se destruye por el hecho de que

un compañero le sea inﬁel al otro, pues

lo cierto es que aquella solo se disuelve

con la separación física y deﬁnitiva de los

compañeros permanentes”.

11.29. Al hilo de lo precedentemente

expuesto, este tribunal constitucional ha

podido comprobar, fuera de toda duda

razonable, que existió entre el ﬁnado

José de Jesús Mendoza Marte y la señora

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 515

ÍNDICE

Michel Natividad Durán Febles una re-

lación marital de hecho singular, estable

y permanente que se prolongó por más de

trece (13) años y terminó a raíz del falle-

cimiento del primero. De esta relación na-

cieron tres hijos. De ello resultan derechos

patrimoniales también para ella, a tono

con lo establecido por la Constitución y

la ley.

11.32. Es preciso indicar que el hecho de

que el Comité de Retiro de la Policía Na-

cional no haya recibido y validado esta so-

licitud de pensión , y que la Policía Nacio-

nal desconozca que sus actuaciones han de

enmarcarse dentro de los principios cons-

titucionales que rigen la administración

pública de coordinación y cooperación y,

por ende, realizar las gestiones necesarias

para que sea tramitada dicha solicitud,

constituye una actuación arbitraria y

violatoria de los derechos fundamentales

que le asisten a los beneﬁciarios que en el

caso de la especie se encuentran reforzados

por su condición de menores edad.

11.35. En virtud de las consideraciones

anteriores, se impone declarar procedente

la presente acción de amparo de cum-

plimiento y, en consecuencia, ordenar al

Comité de Retiro de la Policía Nacional el

cumplimiento de la obligación legal que

le corresponde para validar y tramitar

la pensión de sobrevivencia que le co-

rresponde, tanto a la conviviente Michel

Natividad Durán Febles como a los hijos

menores de edad del de cujus primer

teniente de la Policía Nacional, José de

Jesús Mendoza Marte, para ser pagada

del modo proporcional que corresponde

de acuerdo con la ley, contando a partir

del cinco (5) de marzo de dos mil dieci-

siete (2017), fecha en la que ocurrió el

fallecimiento del referido señor Mendoza

Marte, debiendo dicho pago ser realizado

por la Dirección General de Jubilaciones

y Pensiones (DGJP) del Ministerio de

Hacienda, en virtud de lo que establecen

la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Po-

licía Nacional, y el artículo 36, numeral

4, de la Ley núm. 397-19, que ordena

la disolución del Instituto Dominicano de

Seguros Sociales (IDSS).

11.36. Es preciso indicar que este tribunal

constitucional considera que, al momento

de producirse y registrarse el fallecimiento

de un aﬁliado, es la propia institución

autorizada para gestionar u otorgar el

beneﬁcio derivado de derecho de pensión

que tiene el deber y la obligación de con-

tactar a los beneﬁciarios y darles acom-

pañamiento de forma activa para que

puedan acceder a dicho beneﬁcio, siempre

y cuando sean observados los requisitos

legales correspondientes.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

516 | Art. 60

ÍNDICE

22. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: NEGATIVA NEGLIGENTE DE

TRAMITAR PENSIÓN GENERADA AUTOMÁTICAMENTE

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de seguridad social,

especíﬁcamente al derecho de pensión por sobrevivencia, la actuación

negligente de la institución pública encargada (Dirección General de

Jubilaciones y Pensiones, DGJP) de tramitar la pensión de un servidor

público que al momento de fallecer ya cumplía con los requisitos

para que fuera tramitada de manera automática. Procede la extensión

de la pensión de sobrevivencia más allá de los 12 meses previstos

por la ley 379-81 en vista de la imposibilidad del servidor público

de autorizar el descuento del 2%, ya que no tramitaron la pensión

que en vida le correspondía. Aplicación del principio pro homine.

SENTENCIA TC/0158/18

—Precedente reiterado mediante sentencias

TC/0255/20 y TC/0479/21 (negativa de entregar pensión de antigüedad

en el servicio debido a que la institución donde laboraba el servidor público

(ProDominicana) lo había colocado en licencia por tiempo indenido sin seguir

realizando las cotizaciones a la seguridad social, por lo que ante esa actuación

imputable a la institución el señor se vio imposibilitado de cumplir el requisito

de cotizaciones requeridas)—

CRITERIO 2:

El cumplimiento de los requisitos legales para generar una

pensión se convierte en un derecho adquirido del servidor público

(pensión automática) y no requiere que previamente el servidor público

haya solicitado dicha pensión para que se haga efectiva. El hecho de no

haber otorgado la pensión y negado la posibilidad de que el servidor

público autorice el descuento del 2% para que, a la hora de su muerte,

los beneﬁciarios que le sobrevivan reciban el valor de la pensión con

que había sido favorecido es una responsabilidad única y exclusiva de

la Administración.

CRITERIO 3:

En caso de fallecimiento del servidor público pensionado,

existen dos prestaciones complementarias según el art. 6 de la Ley

379-81: una prestación transitoria y una pensión por sobrevivencia.

Respecto de la condición de autorizar el descuento del 2% para que

sea efectiva la pensión de sobrevivencia, dicha exigencia legal resulta

violatoria de los derechos fundamentales a la dignidad humana,

consagrado en el artículo 38 de la Constitución, a la seguridad social,

estipulado en el artículo 60 de la Carta Magna, y a la protección de las

personas de la tercera edad.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 517

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

procedió a solicitar a la Dirección General de Jubilaciones y Pensio-

nes a cargo del Estado (DGJP) la pensión de sobrevivencia por ser la

cónyuge de un servidor público pensionado fallecido. La institución

le otorgó dicha pensión solo por  meses en vista de que el señor

fallecido no había autorizado el descuento del % del monto de

su pensión y, por tanto, no había cumplido con el requisito legal

previsto en la Ley núm. -, artículo , párrafo I, para seguir

recibiendo la pensión más allá de los  meses previstos por dicha ley.

En este sentido, cuando le retiraron la pensión de sobrevivencia, la

señora acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.4. Como ha sido señalado, la pensión

correspondiente al señor Rafael Bartolo

Ayala López estaba regulada por la Ley

núm. 379-81, la cual prevé, en su artí-

culo 6 lo siguiente: En caso de muerte de

un Jubilado o Pensionado, se pagará al

cónyuge superviviente, o a falta de este

a sus hijos menores de edad Legítimos,

Naturales y Reconocidos o Simplemente

Naturales que reciban del fenecido Pensión

Alimenticia dispuesta por sentencia, en las

personas de sus representantes legales, y a

sus Padres cuando dependieren del Jubi-

lado o Pensionado, el valor de Doce (12)

mensualidades completas de Pensión que se

le hubiese asignado al Decujus. PARRAFO

I: Sin embargo, el Jubilado y Pensionado

Civil del Estado podrán autorizar el des-

cuento del dos por ciento (2%) del monto

de su Pensión, para que a la hora de su

muerte, los beneﬁciarios indicados en la

parte capital de este Artículo, que le sobre-

vivan, reciban el valor de la Pensión con

que había sido favorecido en la siguiente

proporción: Un cuarenta por ciento (40%)

para el cónyuge superviviente; Un treinta

por ciento (30%) en partes iguales para los

hijos precedentemente mencionados; y el

restante treinta por ciento (30%) para el

o los Padres supervivientes que a la hora

de su muerte dependieren económicamente

de él. En caso de falta de los padres, dicha

Pensión corresponderá en la proporción

de un cincuenta por ciento para los hijos

indicados en partes iguales. En caso de

supervivencia de los hijos y los Padres, le

pertenecerá la mitad (50%) a los segun-

dos, y por último, cuando sobreviva una

de estas partes, le pertenecerá la totalidad

de la Pensión asignada al premoriente.

PARRAFO II: El beneﬁcio de esta Pensión

cesará de inmediato: a) Por la muerte de

las partes beneﬁciarias; b) Al cambiar de

estado civil el cónyuge superviviente; c) Al

alcanzar los menores la mayoría de edad

civil.

10.5. De acuerdo con el texto legal pre-

viamente transcrito y, tal como apuntara

el Ministerio de Hacienda en su escrito de

defensa, en el artículo 6 de la Ley núm.

379- 81 se establecen dos tipos de presta-

ciones complementarias: a) una prestación

transitoria, ascendente al valor total de

doce (12) mensualidades de la pensión

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

518 | Art. 60

ÍNDICE

que recibía el pensionado fallecido; b) una

pensión por sobrevivencia, cuyo otorga-

miento queda supeditado a la realización,

por parte del pensionado, de un aporte al

Fondo de Pensiones equivalente al 2% del

monto de su pensión. 10.6. En el caso con-

creto, de conformidad con la comunicación

que remitiera el Ministerio de Hacienda,

en especíﬁco, la comunicación ﬁrmada por

el Ministro de Hacienda, señor Donald

Guerrero Ortiz, del diecinueve (19) de

octubre de dos mil diecisiete (2017), se

indica que el señor Rafael Bartolo Ayala

López nunca tuvo la condición de pen-

sionado, de manera que, al momento de

su muerte, se encontraba como empleado

activo de la Dirección General de Adua-

nas. De forma literal, dicha comunicación

expresa lo siguiente: Muy cortésmente, en

atención a sus comunicaciones citadas en

la referencia, tenemos a bien informarle

que en los archivos de la Dirección General

de Jubilaciones y Pensiones a cargo del

Estado, dependencia de este Ministerio de

Hacienda, existen registros de una solicitud

de pensión marcada con el No. SP-13059,

a favor del señor Rafael Bartolo Ayala

López, instrumentada por la Dirección

General de Aduanas (DGA), la cual fue

aprobada y remitida al Poder Ejecutivo,

para ﬁnes de otorgamiento. En tal virtud,

le fue concedida una pensión mediante el

Decreto No. 132-14, de fecha 8 de abril de

2014, la cual no se hizo efectiva, en razón

de que el indicado beneﬁciario no forma-

lizó la solicitud de inclusión a nómina de

pensionados y se mantuvo como empleado

activo en la DGA. (el subrayado es nuestro).

10.7. De esta comunicación que nos remite

el Ministro de Hacienda, podemos hacer

al menos dos inferencias. La primera es la

de que el Ministerio de Hacienda reconoce

que el señor Rafael Bartolo Ayala López

cumplía con los requisitos establecidos por

la Ley núm. 379-81 para disfrutar de

una pensión, la cual, de hecho, había sido

otorgada por el Poder Ejecutivo mediante

Decreto núm. 132-14, del ocho (8) de

abril de dos mil catorce (2014). La segun-

da relativa a que, en palabras del propio

Ministro, dicha pensión no se hizo efectiva

“en razón de que el indicado beneﬁciario

no formalizó la solicitud de inclusión a

nómina de pensionados y se mantuvo como

empleado activo en la DGA.”

10.8. En este orden, sobre los requisitos que

deben acreditar los funcionarios y empleados

públicos sometidos al régimen previsto por

la Ley núm. 379-81, para hacer efectivo

este beneﬁcio, el artículo 1 de la misma

establece que: El Presidente de la República

hará efectivo el beneﬁcio de la jubilación

con Pensiones vitalicias del Estado con cargo

al Fondo de Pensiones y jubilaciones Civiles

de la ley de Gastos Públicos, a los Funcio-

narios y Empleados Civiles que hayan

prestado servicios en cualquier institución o

dependencia del estado durante veinte (20)

a veinticinco (25) años y desde veinticinco

(25) a treinta (30) años y hayan cumplido

la edad de sesenta (60) años. Dichos beneﬁ-

cios serán concedidos por el Presidente de la

República a requerimiento de los interesados

según lo establecido en el art. 7 de esta Ley.

Sin embargo, la jubilación será automática

al cumplirse más de treinta (30) años y

hasta 35 años de servicios y sesenta (60)

años de edad o al cumplirse más de treinta

y cinco (35) años de servicios, sin tomar en

cuenta la edad. PARRAFO: El tiempo de

servicio se computará acumulando los años,

cuando el beneﬁciario haya trabajado en

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 519

ÍNDICE

diversas dependencias u organismos, tanto

Autónomos y descentralizados, como de

la Administración Pública propiamente

dicha.” (el subrayado es nuestro).

10.9. De conformidad con el recién citado

artículo, al cumplirse más de treinta (30)

años y hasta treinta y cinco (35) años de

servicios y sesenta (60) años de edad o al

cumplirse treinta y cinco (35) años de ser-

vicios, la jubilación es automática, es decir,

que opera sin que medie solicitud por parte

del beneﬁciario o, incluso, al margen de su

voluntad o no de que la misma se haga efec-

tiva. En este orden, tomando en cuenta que,

de acuerdo con los documentos aportados

al expediente y a lo señalado por la parte

recurrente, el señor Rafael Bartolo Ayala

López, al momento de su fallecimiento,

había acumulado treinta y ocho (38) años

de servicio en el sector público –treinta y

dos (32) años en la Dirección General de

Aduanas y seis (6) años en el Ministerio de

Agricultura– y sesenta y seis (66) años de

edad, de manera que cumplía con todos los

requisitos establecidos por el artículo 1 de

la Ley núm. 379- 81, para que su jubila-

ción se produjera de forma automática, es

decir, que no necesitaba de la mediación de

solicitud previa por parte del beneﬁciario.

10.10. En este orden, no podría considerar-

se una justiﬁcación válida la argüida por

el Ministerio de Hacienda, al señalar que

al señor Rafael Bartolo Ayala López le ha-

bía sido concedida una pensión, pero que,

sin embargo, éste no formalizó la solicitud

de inclusión a nómina de pensionados y

se mantuvo como empleado activo en la

Dirección General de Aduanas. Ello así, en

virtud de que el señor Rafael Bartolo Aya-

la López cumplía con todos los requisitos

establecidos por el artículo primero de la

Ley núm. 379-81 para que su pensión

se hiciera efectiva de forma automática;

de manera que se trataba de un derecho

adquirido no consumado. En este sentido,

al no haberse ordenado la pensión automá-

tica a favor del señor Rafael Bartolo Ayala

López, la Administración incurrió en una

vulneración de la Ley de aplicación.

10.11. A este respecto, ha de concluirse que

el hecho de que el señor Rafael Bartolo

Ayala López no tuviese la condición de pen-

sionado al momento de fallecer, y que, por

tanto, no hubiese tenido la oportunidad de

autorizar el descuento del 2% del monto de

su pensión para que a la hora de su muerte,

los beneﬁciarios que le sobrevivan, reciban

el valor de la pensión con que había sido

favorecido es una responsabilidad única y

exclusiva de la Administración, ya que el

derecho al disfrute de una pensión se había

constituido en un derecho adquirido del

señor Rafael Bartolo Ayala López, siendo

la Administración la única responsable del

incumplimiento de la norma que la obliga-

ba a hacerla efectiva de forma automática.

10.12. De manera que no podría el señor

Rafael Bartolo Ayala López o, en su caso, su

viuda e hijos, sufrir las consecuencias que se

han derivado del incumplimiento, por parte

de la Administración, de una obligación

consagrada por el legislador en una norma

con rango de ley. En este orden, en virtud

de los principios de pro homine y de favora-

bilidad que reconoce nuestro ordenamiento

jurídico, este incumplimiento por parte de

la Administración no podría constituirse en

motivo de perjuicio para los familiares del

de cujus. Si el señor Rafael Bartolo Ayala

López no obtuvo la condición de pensionado

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

520 | Art. 60

ÍNDICE

antes de su muerte a causa de la negligencia

de la Administración pública, se encontraba

imposibilitado de autorizar el descuento del

2%, incumplimiento que solo es atribuible

a la Administración pública.

En este sentido, tal como se veriﬁca en

el precedente citado (TC/0432/15), el

Tribunal Constitucional llega incluso

a caliﬁcar dicha exigencia legal como

violatoria de los derechos fundamentales

a la dignidad humana, consagrado en el

artículo 38 de la Constitución, la segu-

ridad social, estipulado en el artículo 60

de la Carta Magna, y la protección de las

personas de la tercera edad.

23. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: NEGATIVA NEGLIGENTE DE

TRAMITAR PENSIÓN SOLICITADA

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de seguridad social,

especíﬁcamente al derecho de pensión por sobrevivencia, la negativa

de la institución pública encargada (Lotería Nacional) de tramitar la

pensión de un servidor público que falleció 11 años después de haber

sido solicitada, con lo que además perjudicó el derecho de la cónyuge

sobreviviente a recibir la prestación correspondiente. Negligencia

e inobservancia de la institución pública en concretar y culminar

el debido procedimiento administrativo de trámite de pensión.

Aplicación de protección reforzada de las personas de la tercera edad.

SENTENCIA TC/0122/18

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

procedió a solicitar a la Lotería Nacional la pensión de sobrevivencia

que le correspondía por ser la cónyuge de un empleado de la institu-

ción que estaba en trámite de pensión al momento de su fallecimiento.

La institución negó dicha pensión en vista de que el servidor público

había fallecido sin haber adquirido el derecho a pensión, el cual estaba

en proceso de trámite y, por tanto, no era titular de la misma. Ante esta

situación, la señora acudió a la jurisdicción constitucional en materia

de amparo invocando vulneración al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] procede ponderar las razones señaladas

por los funcionarios directivos de la Lotería

Nacional para negar la entrega de los pagos

retroactivos de la pensión correspondiente

al ﬁnado Juan Antonio Larancuent

Rodríguez, a su cónyuge superviviente, la

señora Mercedes Batista de Larancuent.

Al respecto, consta en el expediente la

comunicación dirigida por la directora de

Recursos Humanos de la Lotería Nacional

el siete (7) de octubre de dos mil dieciséis

(2016), mediante la cual informa lo que a

continuación se transcribe: “UNICO: Que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 521

ÍNDICE

no procede el de (sic) Retroactivo a favor de

los familiares del Sr. Juan Antonio Laran-

cuent (Fallecido) código 2124, conforme a

lo previsto por el Artículo 127-2 del Regla-

mento 523-09, de Relaciones Laborales”.

l. La disposición contenida en el citado

artículo 127, numeral 2, del Reglamento

núm. 523-09, de Relaciones Laborales,

prevé lo siguiente: Además de las causas

de desvinculación instituidas por la Ley, se

considerarán las siguientes: 2. La muerte

del funcionario o servidor público extingue

todo vínculo laboral con el Estado, salvo lo

dispuesto en las normas de seguridad social,

dejando vacante de hecho y de derecho el

cargo que ocupaba, sin necesidad de que

se declare tal acontecimiento en los medios

oﬁciales pertinentes, para los efectos ulte-

riores de lugar.

m. A seguidas, el párrafo del citado artículo

127 del Reglamento núm. 523-09, de Re-

laciones Laborales, dispone claramente lo

siguiente: Es responsabilidad del titular del

órgano al que pertenezca el funcionario o

servidor público fallecido, hacer los trámites

internos relativos al salario, beneﬁcios eco-

nómicos y derechos acumulados, los cuales

les serán pagados a sus causahabientes, así

como su exclusión de la nómina. Asimismo,

deberá comunicar de dicho fallecimiento

a los órganos del Sistema Nacional de

Seguridad Social (SDSS), para los ﬁnes

correspondientes.

n. En lo anteriormente transcrito, se evi-

dencia que lo dispuesto “en las normas de

seguridad social” no pierde efectividad con

la muerte del servidor público, por lo que

negarle a su cónyuge superviviente el pago

de la pensión correspondiente, en virtud

de lo derechos adquiridos por el señor Juan

Antonio Larancuent (Fallecido), constituye

no solo una violación a las disposiciones

precedentemente señaladas, sino también a

los derechos fundamentales invocados en la

presente acción, como son el derecho a la se-

guridad social, a la protección a las personas

de la tercera edad y consecuentemente a su

dignidad humana.

o. De igual forma, se comprueba a todas

luces la negligencia e inobservancia por

parte de las autoridades de la Lotería

Nacional para la culminación del debido

proceso administrativo relativo a la pensión

correspondiente al ﬁnado Juan Antonio

Larancuent Rodríguez, quien luego de ejer-

cer sus funciones durante cuarenta y cinco

(45) años, fue transferido a la nómina de

trámite de pensión de dicha institución,

once (11) años antes de su fallecimiento.

p. De ahí que se procederá a acoger la

presente acción de amparo, ordenando a la

Lotería Nacional, a su administrador gene-

ral, consultor jurídico y gerente de Recursos

Humanos, la culminación del trámite

relativo a la pensión correspondiente señor

Juan Antonio Larancuent Rodríguez (falle-

cido) y el pago de la misma a favor de su

cónyuge superviviente, Mercedes Batista de

Larancuent; así como el pago retroactivo de

todas las cuotas dejadas de percibir desde

octubre de dos mil nueve (2009) hasta la

ejecución de la presente sentencia. De igual

forma, procede ordenar a la Dirección de

Pensiones y Jubilaciones del Estado, enti-

dad a la cual estaba aﬁliada el señor Juan

Antonio Laracuent, garantizar los derechos

fundamentales a la seguridad social y a la

pensión por sobrevivencia de su viuda, la

señora Mercedes Batista de Larancuent.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

522 | Art. 60

ÍNDICE

24. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: RECONOCIMIENTO DE LA

UNIÓN DE HECHO

CRITERIO:

Se reconoce el derecho a la pensión de sobrevivencia a la

concubina o pareja de hecho.

SENTENCIA TC/0012/12

—Reiteración de

precedente en las sentencias TC/0432/15, TC/0261/16, TC/0007/17,

TC/0742/17, TC/0217/18, TC/0626/18, TC/0713/18, TC/0220/19,

TC/0354/19, TC/0371/19, TC/0162/20, TC/0296/21, TC/0477/21,

TC/0488/21 y TC/0106/22—

Resumen del caso: Una señora solicitó a la Junta de Retiro de las

Fuerzas Armadas la pensión de sobrevivencia que le correspondía

por haber sido compañera de vida por más de  años de un militar

fallecido que pertenecía a dicha institución. Ante la negativa de la

institución, la señora acudió a la jurisdicción constitucional.

41 Actualmente esta ley fue derogada por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República

Dominicana, No. 139-13 del 13 de septiembre de 2013. G. O. No. 10728 del 19 de septiembre de 2013.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e) La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas

fundamentó su negativa en que el artículo

252 de la Ley Núm. 87341, Orgánica de las

Fuerzas Armadas, establece una limitante

respecto de una persona que no esté unida

bajo el vínculo matrimonial (como resulta

en el caso de la recurrente), en los siguientes

términos: “La viuda sólo tendrá derecho a

pensión cuando el matrimonio haya durado

un año por lo menos, salvo el caso de que

tenga hijos del causante o que el fallecimien-

to hubiere sido causado por un accidente o

por las causales del artículo 247”.

h) En vista de las circunstancias de hecho y

de derecho en que se basa el recurso de revi-

sión que nos ocupa, el Tribunal Constitucio-

nal no solo ha de limitarse a examinar la

admisibilidad o inadmisibilidad del recurso

interpuesto por la señora Lauriana Villar

contra la sentencia emitida por la Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo

de fecha veintisiete (27) de diciembre del

año dos mil once (2011); sino que también

debe establecer su trascendencia o relevancia,

atendiendo a la importancia del caso para la

interpretación, aplicación y eﬁcacia del tex-

to constitucional, y determinar su contenido

y alcance, y si en el presente caso quedan

desprotegidos derechos fundamentales.

p) En la especie, la Junta de Retiro de las

Fuerzas Armadas fundamentó su negativa

a entregar la pensión de referencia en que

el artículo 252 de la Ley Núm. 873, Orgá-

nica de las Fuerzas Armadas, establece una

restricción respecto a las personas no casa-

das, como resulta en el caso de la recurrente.

v) De acuerdo con los principios expues-

tos, para el Tribunal Constitucional, la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 523

ÍNDICE

interpretación conforme a la Constitución

del artículo 252 de la Ley No. 873, Orgá-

nica de las Fuerzas Armadas Dominicanas,

debe ser la siguiente: “Tendrá derecho a

pensión el o la sobreviviente de un matri-

monio o de una unión marital de hecho

con por lo menos un año de duración, salvo

el caso de que hayan engendrado hijos o

que el fallecimiento hubiere sido causado

por un accidente o por las causales del

artículo 247”.

Comentario: Mediante esta decisión, el TC

estableció que la interpretación constitucional

del articuló 252 debía incluir dentro de los

beneﬁciarios de una pensión de sobrevivencia

al viudo y a la pareja de hecho. Una vez dic-

tada la sentencia TC/0012/12 en fecha 9 de

mayo de 2012, el Congreso Nacional sancio-

nó y aprobó la Ley Orgánica de las Fuerzas

Armadas de la República Dominicana núm.

139-13 del 13 de septiembre de 2013, en la

que quedó acogida la interpretación realiza-

da por el Tribunal Constitucional.

25. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: RÉGIMEN ESPECIAL E

INOBSERVANCIA DE JERARQUÍA NORMATIVA

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de seguridad social,

especíﬁcamente al derecho de pensión por sobrevivencia, la negativa

de la institución pública (Corporación de Acueducto y Alcantarillado

de Santo Domingo, CAASD) encargada de otorgar la pensión a la

cónyuge de un empleado pensionado que falleció. Un reglamento

interno que regula el otorgamiento de pensión no puede desconocer

lo previsto en las leyes que rigen el Sistema Dominicano de Seguridad

Social. Aplicación del principio de jerarquía normativa y protección

reforzada de las personas de la tercera edad.

SENTENCIA TC/0114/18

—

Precedente reiterado mediante sentencia TC/0361/20—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

procedió a solicitar a la CAASD la pensión de sobrevivencia que le

correspondía por ser la cónyuge de un empleado de la institución que

estaba pensionado al momento de su fallecimiento. La institución negó

dicha pensión en vista de que el reglamento interno no prevé que un

empleado pensionado que haya fallecido genere este tipo de prestación.

Ante esta situación, la señora acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando vulneración al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. Al examinar la sentencia de amparo

acusada, este tribunal considera que, al

fallar como lo hizo, el Tribunal Superior

Administrativo falló de conformidad con

la correlativa protección a los derechos

fundamentales de la señora Francisca Ma-

ría del Pilar Santana viuda Reynoso pues,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

524 | Art. 60

ÍNDICE

conforme con la glosa procesal del caso en

cuestión, resulta ostensible la vulneración

de su derecho de pensión por supervivencia,

una vez acaecida la muerte de su cónyuge

y, por ende, la invocada violación a los

artículos 57 y 60 de la Constitución, que

consagran el derecho a la seguridad social y

a la protección de las personas de la tercera

edad, respectivamente.

d. La cuestión que ha planteado la parte

recurrente como argumento principal

radica en que esta sede constitucional se

pronuncie respecto del orden de jerarquía

del Reglamento del Plan de Retiro y Pen-

siones de la CAASD, del primero (1°) de

septiembre de mil novecientos noventa y

siete (1997), y sus modiﬁcaciones y, de la

otra parte, el bloque de leyes en materia

de salud y la Constitución, de cara a las

peculiaridades del caso planteado.

g. Al respecto, resulta imprescindible deli-

mitar la incuestionable potestad reglamen-

taria de la administración pública, en este

caso la Corporación del Acueducto y Al-

cantarillado (CAASD) lo cual no implica

soslayar que las normas reglamentarias, al

no tener rango de leyes están afectadas por

el principio de jerarquía normativa que

las subordina, precisamente, a la ley, dado

que el reglamento es secundario, subalterno,

inferior y complementario de las leyes, por

cuanto es un producto de la administración,

a diferencia de la ley que se legitima en la

voluntad popular, los reglamentos deben

estar subordinados a la ley.

j. En este orden de ideas, resulta fehaciente

que los emolumentos erogados por la re-

currente, en beneﬁcio del fallecido señor

Reynoso en, eran en calidad de empleado

de la Corporación del Acueducto y Alcan-

tarillado (CAASD), bajo la condición de

pensionado por discapacidad, cuestión que

resulta ajena a la indemnización derivada

por concepto de pensión por supervivencia,

cuya (o) beneﬁciaria (o) es la (el) cónyuge

o compañera (o) de vida, en este caso la re-

currida, señora Francisca María del Pilar

Santana viuda Reynoso, la cual certiﬁca,

conforme acta de matrimonio depositada

al efecto, tener calidad irrefutable de esposa.

k. Asimismo, según consigna el artículo 6

de la Ley núm. 379, de mil novecientos

ochenta y uno (1981), que establece un

nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones

del Estado, en caso de muerte de un jubi-

lado o pensionado, se pagará al cónyuge

superviviente, o a falta de este a sus hijos

menores de edad legítimos, naturales y

reconocidos o simplemente naturales que

reciban del fenecido pensión alimenticia

dispuesta por sentencia, en las personas

de sus representantes legales, y a sus padres

cuando dependieren del jubilado o pensio-

nado, el valor de doce (12) mensualidades

completas de pensión que se le hubiese

asignado al decujus.

o. En adición a lo anterior, este tribunal

constitucional se ha referido a la naturale-

za eminentemente protectora de la pensión

de sobreviviente y, en este sentido, en su

Sentencia TC/0453/15, ha estipulado

que: la misma requiere de un tratamiento

eminentemente protector, dado que su

beneﬁciario se ha visto privado de manera

involuntaria del apoyo económico del pen-

sionado o aﬁliado, por lo que su ﬁnalidad

es garantizar que su muerte no impida que

este pueda atender las necesidades propias

de su subsistencia y hacer frente a las

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 525

ÍNDICE

contingencias que se han podido generar

tras el fallecimiento. A esto debe agregarse

que a tal realidad resulta insustancial la

edad en la cual el pensionado o aﬁliado

contrajo nupcias a los derechos.

p. En efecto, el precedente que hemos

citado robustece el criterio aplicado por

este tribunal de justicia constitucional

especializada, que propende a garantizar,

de manera efectiva, el derecho a la pensión

por supervivencia, máxime cuando la

cónyuge supérstite atraviesa una fase vital

correspondiente a la tercera edad, como

acaece con la señora Francisca María del

Pilar Santana viuda Reynoso.

26. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: SUSPENSIÓN ARBITRARIA DE

PENSIÓN EN EL RÉGIMEN DE REPARTO POR NO AUTORIZAR

DESCUENTO LEGAL

CRITERIO:

Se vulnera el derecho a la seguridad social, especíﬁcamente

el derecho a la pensión de sobrevivencia, cuando la institución pública

encargada de otorgar pensiones a cargo del Estado (Dirección General

de Jubilaciones y Pensiones) suspende el otorgamiento de una pensión

de sobrevivencia de manera arbitraria.

SENTENCIA TC/0432/15

CRITERIO 2:

La autorización del descuento del 2% que debe hacer el

servidor público pensionado para que al fallecer le sea otorgada una

pensión de sobrevivencia a sus causahabientes prevista en el artículo

6 de la Ley núm. 379-81 no tiene un carácter imperativo; no otorgar

la pensión de sobrevivencia violenta el derecho a la dignidad humana

consagrado en el artículo 38 de la Constitución, a la seguridad social

estipulado en el artículo 60 de la Carta Magna, y a la protección de las

personas de la tercera edad. —Precedente reiterado mediante las sentencias

TC/ TC/0158/18, TC/0354/19 y TC/0493/21—

Nota: Posteriormente, el TC mediante sentencia TC/0493/21 decidió uniﬁcar

criterios debido a que anteriormente mediante precedente TC/0346/18 había

validado la negativa de otorgar pensión de sobrevivencia vitalicia por no haberse

autorizado el descuento del 2%. En tal sentido, el TC indica que la redacción del

artículo 6 de la Ley núm. 379-81 y sus requisitos (autorización del descuento del

2%) son de obligatorio cumplimiento.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

acude a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del

Estado a solicitar una pensión de sobrevivencia por el fallecimiento

de su pareja, que había sido servidor público bajo el régimen de

reparto. La referida institución procedió a autorizar dicha pensión,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

526 | Art. 60

ÍNDICE

pero después de un tiempo la suspendió en vista de que el servi-

dor público pensionado nunca autorizó en vida el descuento del

% de su pensión, tal como prevé la Ley núm. -. Ante esta

decisión, la señora acudió ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando vulneración al derecho fundamental

de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

j. Se puede colegir que en el caso en cues-

tión, el tribunal a-quo obró conforme a las

pruebas y documentos aportados durante

el proceso, los cuales corroboran que se

evidencia una vulneración de derechos fun-

damentales a la accionante, hoy recurrida,

señora Segunda Abad Manzueta, como es

el derecho de pensión por sobrevivencia a

la viuda Segunda Abad Manzueta, por

muerte del cónyuge y que la hoy recurrente,

Dirección General de Jubilaciones y Pen-

siones a cargo del Estado, del Ministerio

de Hacienda, abruptamente suspendió sin

causa justiﬁcada, pese a que la recurrida

agotó los requisitos exigidos por dicha enti-

dad para recibir dicha pensión, por lo que

este tribunal entiende que, en base a esos

planteamientos, el juez a-quo emitió su de-

cisión, partiendo de los razonamientos lógi-

cos y jurídicos, esgrimidos precedentemente.

m. Continúa alegando la recurrida, que en

torno a la solicitud formulada, se hizo la

transferencia de la aludida pensión por sobre-

vivencia, marcada con el número 257560,

según reporte de nómina de la Dirección de

Pensiones y Jubilaciones, depositándole solo

ocho (8) meses pagos, desde enero 2013 hasta

agosto del mismo año, y que posteriormente,

sin explicación alguna, le fue suspendida,

bajo el alegato de que el extinto esposo nunca

autorizó el supuesto descuento de un 2 % de

su salario establecido en el artículo 6, de la

Ley núm. 379-81, lo que garantizaría que la

pensión que él recibía fuera transferida por el

hecho de tener una unión por más de treinta

(30) años.

n. Una vez se le exigió a la Dirección Ge-

neral de Jubilaciones y Pensiones a cargo

del Estado, del Ministerio de Hacienda,

que explicara las razones del porqué se

le suspendió la aludida pensión y que de

igual manera aportara la documentación

probatoria, que dé cuenta que el Decujus

no autorizó el supuesto descuento, la citada

entidad no obtemperó, lo que motivó a la

recurrida accionar en amparo por conside-

rar que se le conculcaron y violentan sus

derechos fundamentales, como es el derecho

a una pensión por sobrevivencia.

v. El Tribunal Constitucional observa que

si bien es cierto que en el caso en cuestión

no está en discusión si la hoy recurrida es o

no es pareja consensual del señor Benjamín

Amarante Castillo, no menos cierto es que

por el hecho de ser su pareja consensual por

más de treinta (30) años, le corresponde

de pleno derecho la referida pensión por

sobrevivencia, indistintamente de que la

hoy recurrente alegue que el Decujus no

autorizó descontar el 2 % de su salario, lo

que implica a toda luz que la indicada

institución condiciona el pago a la viuda,

a que solamente le corresponde dicha

pensión por sobrevivencia en el caso en que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 527

ÍNDICE

el Decujus hubiese autorizado el supuesto

descuento.

x. Un análisis minucioso del caso en cuestión,

así como del indicado artículo 6 de la ley

núm. 379-81, permite a este tribunal colegir

que el aludido párrafo no tiene un mandato

imperativo cuando dice: “Sin embargo, el

Jubilado y Pensionado Civil del Estado po-

drán(sic) autorizar el descuento del dos por

ciento (2%) del monto de su Pensión”.

y. Por tanto, este tribunal ha podido

constatar que la Dirección de Pensiones y

jubilaciones le ha negado a la recurrida, se-

ñora Segunda Abad Manzueta, el derecho

a subrogarse en las prerrogativas relativas

a la pensión de su compañero de vida por

más de treinta (30) años, bajo el alegato

de que el fallecido esposo, nunca autorizó

el supuesto descuento de un 2 % de su

salario establecido en el señalado artículo,

y que a su entender, garantizaría la pen-

sión por el hecho de tener una unión por

más de treinta (30) años, lo que a juicio

de este tribunal constitucional, violenta el

derecho a la dignidad humana consagrado

en el artículo 38 de la Constitución, la

seguridad social estipulado en el artículo

60 de la Carta Magna y la protección de

las personas de la tercera edad, a la señora

Segunda Abad Manzueta, en su calidad

de cónjugue sobreviviente del ﬁnado señor

Benjamín Amarante Castillo.

27. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: TERMINACIÓN DEL BENEFICIO

POR CUMPLIR PLAZO LEGAL

CRITERIO:

No se vulnera el derecho a la pensión de sobrevivencia

cuando una institución pública (en este caso, la Junta de Retiro de

las Fuerzas Armadas) deja de otorgar la pensión a los beneﬁciarios

una vez transcurrido el plazo legal. Los cuerpos castrenses y policiales

tienen sus propias leyes especiales para regular la entrega de pensiones.

SENTENCIA TC/0572/17

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

procedió a solicitar a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas la

pensión de sobrevivencia correspondiente por ser la tutora legal

de tres hijos del fallecido. La pensión fue otorgada, pero tres años

después fue dejada de pagar por haberse cumplido el tiempo para

la entrega de dicha prestación. No conforme con la decisión, la

señora acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho a la Seguridad Social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

i. De los alegatos de las partes y los do-

cumentos que constan en el expediente, se

establece que el otorgamiento de dicha

pensión fue dispuesto por la Junta de

Retiro de las Fuerzas Armadas por tres

(3) años, ordenando el equivalente a un

cincuenta por ciento (50%) del salario

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

528 | Art. 60

ÍNDICE

devengado por el militar fallecido, padre

de las menores; y que superado dicho pla-

zo le fue suspendida la pensión a la señora

Antipa Chalas Ramírez, quien pretende

por medio de la acción de amparo inter-

puesta que le sea reestablecida la pensión

en su totalidad, hasta la mayoría de edad

de las menores…

j. Conviene aclarar que la accionante

alega que el ﬁnado José María Chalas se

hallaba amparado en la Ley núm. 379-

81; sin embargo, dicha ley escapa del

ámbito de las instituciones castrenses, y

ella misma indica en su artículo 11: “Las

pensiones relativas de los Cuerpos Cas-

trenses y Policiales, y las correspondientes

a Organismos Municipales se regirán por

Leyes Especiales”.

k. Cabe destacar que la pensión de referen-

cia fue otorgada mediante la Resolución

Administrativa núm. 0712-2011, del

primero (1º) noviembre de dos mil once

(2011), fecha en la cual se encontraba

vigente la Ley núm. 873, Orgánica de

las Fuerzas Armadas de la República Do-

minicana, del treinta y uno (31) de julio

de mil novecientos setenta y ocho (1978).

Mediante dicha resolución, la Junta de

Retiro de las Fuerzas Armadas resolvió

recomendar el otorgamiento a la señora

Antipa Chalas Ramírez de una pensión

por un período de tres (3) años, igual al

cincuenta por ciento (50%) del sueldo

que devengaba mensualmente el extinto

primer teniente Jesús María Chalas, en su

calidad de tutora en provecho de las niñas

Luneta María, Dannerys y Génesis, hijas

del ﬁnado y de la también extinta Santa

Sepúlveda Bello, de conformidad con el

artículo 246 de la Ley núm. 873.

l. La referida resolución, al igual que

la Certiﬁcación núm. 4166-2011, de

la Jefatura de Estado Mayor del Ejército

Nacional, indica que el extinto primer

teniente Jesús María Chalas ingresó a las

Fuerzas Armadas el primero (1º) de sep-

tiembre de mil novecientos noventa y tres

(1993) y falleció el treinta (30) de mayo

de dos mil once (2011), habiendo pres-

tado servicio durante diecisiete (17) años,

nueve (9) meses y siete (7) días. De donde

se desprende que, al momento de su falle-

cimiento, el señor Jesús María Chalas no

había completado el tiempo de veinte (20)

años de actividad requerido para obtener

el derecho a retiro, de conformidad con lo

requerido en el artículo 222 de la Ley núm.

873: “El retiro voluntario se concederá a

los militares o asimilados de las Fuerzas

Armadas que, no prestando servicios como

oﬁciales pilotos, hayan cumplido el tiempo

de 20 años de actividad”.

m. De lo expresado en el párrafo anterior y

respecto a las pretensiones de la accionante

en relación con la pensión y que la misma

sea otorgada hasta la mayoría de edad de

las hijas del ﬁnado, debemos señalar que

procede analizar si lo que pretende la

accionante se corresponde con lo dispuesto

por el artículo 246 de la Ley núm. 873, el

cual prevé lo relativo a la situación de las

viudas y los hijos menores de los militares

fallecidos en servicio activo sin derecho a

retiro.

n. El artículo 246 de la Ley núm. 873,

Orgánica de Las Fuerzas Armadas de la

República Dominicana, establece: Las

viudas y los hijos menores de los militares

o asimilados en servicio activo fallecidos

sin tener derecho a retiro, recibirán una

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 529

ÍNDICE

pensión mensual liquidable en la siguiente

forma: el 50% del sueldo y por el tiempo

siguiente: a) De 4 años hasta 10 años de

servicio 1 año de pensión; b) De 10 años

hasta 15 años de servicio 2 años de pensión;

c) De 15 años hasta 20 años de servicio

3 años de pensión. Párrafo I.- Se entiende

que el apartado c) es para los militares que

no presten servicio como pilotos. Párrafo

II.- Esta pensión se disfrutará durante el

tiempo determinado en este artículo en la

misma forma que indica los párrafos I y II

del Artículo 245.

o. Al examinar el artículo citado en

contraste con los hechos y argumentos

planteados, la pensión otorgada a la

Antipa Chalas Ramírez, en su calidad

de tutora legal de Luneta María Chalas

Bello, Dannerys Chalas Bello y Génesis

Chalas Bello, se hizo de conformidad con

lo previsto por la Ley núm. 873, ya que el

militar fallecido no tenía derecho a pensión,

sino que se encontraba dentro del rango

de quince (15) a veinte (20) años en el

servicio que indica el literal c) del artículo

246 de la referida ley. Es decir, que en el

presente caso lo que correspondía es el otor-

gamiento por un período de tres (3) años

de una pensión mensual equivalente al

cincuenta por ciento (50%) del sueldo del

militar fallecido, en provecho de sus hijas,

por lo que, habiendo ya transcurrido este

período, la Junta de Retiro de las Fuerzas

Armadas actuó de conformidad con la ley

al suspender la referida pensión. Por tanto,

en el presente caso no se veriﬁca violación

de derechos fundamentales por parte de la

accionada.

28. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA: TRATAMIENTO EMINENTEMENTE

PROTECTOR

CRITERIO:

La pensión de sobrevivencia requiere un tratamiento

eminentemente protector dado que su beneﬁciario se ha visto privado

de manera involuntaria del ingreso económico del pensionado o

aﬁliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

SENTENCIA

TC/0453/15

—Precedente reiterado en la sentencia TC/0114/18—

CRITERIO 2:

No procede suspender una sentencia que otorga el derecho

a pensión de sobrevivencia.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

había acudido a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando su derecho a pensión de sobrevivencia que le ha sido

negado por la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. El juez de

amparo acogió dicha petición y ordenó la entrega de la pensión

solicitada. Ante esta decisión, la Junta de Retiro interpuso un

recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional y también pidió

la suspensión de la sentencia mientras se conozca su recurso.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

530 | Art. 60

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g) A juicio de este tribunal, al tratarse de

una pensión de sobreviviente, la naturale-

za de tal prestación impide su suspensión,

por cuanto la misma requiere de un tra-

tamiento eminentemente protector, dado

que su beneﬁciario se ha visto privado de

manera involuntaria del apoyo económico

del pensionado o aﬁliado, por lo que su

ﬁnalidad es garantizar que su muerte no

impida que este pueda atender las nece-

sidades propias de su subsistencia y hacer

frente a las contingencias que se han podi-

do generar tras el fallecimiento. De manera

que su suspensión ha de quedar sujeta a la

suerte de lo principal, de ahí que la presen-

te demanda debe ser rechazada.

29. PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA : UNIÓN DE HECHO INEXISTENTE

POR AUSENCIA DE SINGULARIDAD Y LEGITIMIDAD

CRITERIO:

No procede la reclamación de pensión de sobrevivencia

en favor de una señora que alega la existencia de unión libre con un

militar fallecido que estaba legalmente casado al momento de fallecer.

Ausencia de singularidad y legitimidad para reclamar la existencia de

unión libre.

SENTENCIA TC/0388/18

—Ver en este sentido el criterio relativo

al derecho de familia en relación con la unión de hecho (art. 55.5 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

procedió a solicitar a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas que

le sea otorgado el % de la pensión que recibe la viuda de un militar

fallecido. Al no recibir respuesta, la señora acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando su derecho en virtud

de la unión libre que dice haber tenido con el fallecido.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] En la actualidad, la accionante consi-

dera que, por haber convivido por más de

dieciocho (18) años con el ﬁnado ex primer

teniente, —además de ser beneﬁciaria de la

pensión, en su condición de madre y tutora

de los hijos menores procreados con el señor

Wilson Díaz Díaz—, la Junta de Retiro de

las Fuerzas Armadas (JRFFAA) debe otor-

garle el equivalente al cincuenta por ciento

(50%) de la pensión por sobrevivencia que

hoy percibe la viuda del fenecido, la señora

Alfonsina Lebrón Vallejo.

e. Téngase en cuenta que la validez legal

de la unión libre, a la luz de la jurispru-

dencia judicial dominicana, así como en

virtud de las sentencias de este colegiado

TC/0012/12 y TC/0520/15 se encuentra

sujeta, esencialmente, a la naturaleza more

uxorio de dicha unión, a la circunstancia

de presentar condiciones de singularidad,

así como al requerimiento de encontrarse

integrada por dos convivientes de distintos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 531

ÍNDICE

sexos que convivan como marido y mujer

sin estar casados entre sí.

f. Obsérvese que, en la especie, no se

conﬁguran las condiciones exigidas en los

precedentes constitucionales citados, toda

vez que no consta ninguna prueba en el

expediente con la cual se pueda comprobar

ante este tribunal constitucional la diso-

lución del vínculo matrimonial contraído

en vida por el fallecido ex primer teniente

Wilson Díaz Díaz con la señora Alfonsina

Lebrón Vallejo. Por tanto, este colegiado

concluye que no ha sido posible reconocer

la legitimidad de la unión libre que su-

puestamente existía entre el ﬁnado Wilson

Díaz Díaz y la amparista, señora Nancy

Marilyn Mejía Encarnación. En esta vir-

tud, el Tribunal Constitucional concluye

que la accionante carece de legitimación

para someter la acción de amparo tendente

a obtener la pensión por sobrevivencia.

30. PENSIÓN MÁXIMA EN EL SISTEMA DE REPARTO: POSIBILIDADES

ECONÓMICAS DEL ESTADO

CRITERIO:

La previsión legal de establecer montos máximos de pensiones

en el sistema de reparto correspondiente a los servidores y funcionarios

públicos (ley 379-81) no vulnera el derecho a la seguridad social.

Estamos frente a un derecho fundamental inherente a las personas;

sin embargo, dicho derecho se encuentra íntimamente vinculado a las

posibilidades económicas del Estado, es decir, que la naturaleza del

mismo es prestacional y programática.

SENTENCIA TC/0050/21

Resumen del caso: Un señor se presentó ante el Tribunal Consti-

tucional para interponer una acción directa de inconstitucionalidad

en contra del artículo  de la Ley núm. , que establece el nuevo

régimen de jubilaciones y pensiones del Estado dominicano para los

funcionarios y empleados públicos. La norma establece en esencia

lo relativo a la pensión máxima que puede ser otorgada bajo ese

régimen, que es de hasta  salarios mínimos. El accionante plantea

vulneración al derecho a la seguridad social en vista de que discri-

mina a los servidores públicos que tienen un sueldo que supere los 

salarios mínimos, en la medida que nunca podrá recibir una pensión

igual a su sueldo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la ﬁnalidad de la norma es armoni-

zar el cumplimiento de uno de los derechos

que comprende la seguridad social —como

lo es la pensión— con la naturaleza presta-

cional del Estado.

8.20. Como se observa, se reconoce que el

derecho a la seguridad social es un derecho

fundamental inherente a las personas;

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

532 | Art. 60

ÍNDICE

sin embargo, dicho derecho se encuentra

íntimamente vinculado a las posibilidades

económicas del Estado, es decir, que la

naturaleza del mismo es prestacional y

programática.

[…] la norma cuestionada (Ley núm. 379,

que establece el nuevo régimen de Jubila-

ciones y Pensiones del Estado dominicano

para los funcionarios y empleados públicos)

fue aprobada con la ﬁnalidad de mejorar

la legislación sobre pensiones y jubilaciones

civiles del Estado por la que se regia la

materia en el país.

[…] la norma desarrolla la armonización

entre la naturaleza prestacional del Estado

y el derecho a la seguridad social, particu-

larmente, el derecho a una pensión. En tal

sentido, resulta necesaria la limitación de

los salarios mínimos al momento de otorgar

la misma para poder mantener la viabili-

dad del sistema, el cual se hace efectivo con

cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones

Civiles de la ley de Gastos Públicos.

8.24. Cabe destacar que en la actualidad,

la mayoría de los empleados públicos,

privados y mixtos se rigen por un nuevo

sistema llamado de capitalización indivi-

dual, de reparto o contributivo; esto así, a

partir de la entrada en vigencia de la Ley

87-01, que crea el Sistema Dominicano

de Seguridad Social, de nueve (9) de mayo

de dos mil uno (2001). Esta norma trajo

consigo un sistema más sostenible que el

consagrado en la Ley 379, en la medida

que los derechos derivados de la seguridad

social son ﬁnanciados por los trabajadores,

las instituciones privadas y el Estado.

8.27. Cabe destacar, igualmente, que la

nueva normativa contempla la posibilidad

de aumentar la pensión, en caso de que

aumente la viabilidad prestacional del Es-

tado o de que se modiﬁquen las condiciones

del salario mínimo, lo cual se colige de lo

establecido en la letra b) de artículo 43 de

la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema

Dominicano de Seguridad Social, texto

según el cual “los aﬁliados amparados por

las leyes 1896 y 379 con más de 45 años

de edad recibirán una pensión de acuerdo

a las mismas, con derecho a actualizarla

periódicamente de acuerdo al índice de

precios al consumidor”.

31. PENSIÓN POR ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO: NEGATIVA DE

TRAMITAR PENSIÓN DE UN MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL

PUESTO EN RETIRO FORZOSO CON DISFRUTE DE PENSIÓN

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho de seguridad social,

especíﬁcamente al derecho de pensión en el ámbito policial (antigüedad

en el servicio), la negativa de la institución pública (Policía Nacional)

encargada de tramitar la pensión de un miembro de la institución

que fue puesto en retiro forzoso con disfrute de pensión.

SENTENCIA

TC/0517/18

—Precedente reiterado sin mencionar en las sentencias

TC/0107/19 y TC/0103/22—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 533

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un miembro

de la Policía Nacional fue puesto en retiro forzoso por antigüedad

en el servicio, en su condición de sargento mayor de la referida

institución. Luego de esto, el señor alega que desde el año  no

le han pagado su pensión, por lo cual acudió ante la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando vulneración al

derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

u. Respecto de esta cuestión, se advierte que,

ciertamente, el señor Roberto Andújar Rey-

noso fue puesto en retiro forzoso con disfrute

de pensión, tal y como consta en el telefone-

ma oﬁcial de doce (12) de mayo de dos mil

nueve (2009), expedido por la Oﬁcina del

Jefe (ahora director) de la Policía Nacional.

[…] en el examen de los documentos que

forman el expediente se comprueba que ni

la Policía Nacional ni el Comité de Retiro

de la Policía Nacional han demostrado que

hayan pagado la pensión reclamada por el

accionante en amparo.

w. En este sentido, este tribunal constitu-

cional considera que procede el pago de la

pensión reclamada por el señor Roberto

Andújar Reynoso, tomando en cuenta el

salario que devengaba al momento de su

retiro y al porcentaje correspondiente en

base al mismo.

32. PENSIÓN POR DESEMPEÑO DE UN CARGO PÚBLICO

CRITERIO:

Procede el cumplimiento de una resolución del Concejo de

Regidores de un ayuntamiento que otorgaba pensiones a los exalcaldes

y que el actual incumbente pretendía dejar sin efecto. Las actuaciones

del Concejo de Regidores en el ejercicio de sus funciones se presumen

ajustadas a derecho, por lo cual el alcalde es un ejecutor de dichas

actuaciones y si entiende que carecen de legalidad debe acudir a

los controles administrativos o jurisdiccionales correspondientes.

SENTENCIA TC/0162/18

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el alcalde del

Ayuntamiento del Municipio de Santiago procedió a dejar sin efecto

una resolución que fue dictada por el Concejo de Regidores que

ordenaba el otorgamiento de pensiones a los exalcaldes. Ante esta

decisión, un exalcalde al que le fue negado el otorgamiento de una

pensión acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

invocando vulneración al derecho de seguridad social.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

534 | Art. 60

ÍNDICE

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal considera que como

órgano normativo de los municipios es

indudable que se encuentra dentro de las

atribuciones administrativas de los concejos

municipales la regulación y conﬁguración

de todos los asuntos administrativos de la

administración pública local, entre estos

la estructuración de los órganos internos

dentro de los ayuntamientos, la deﬁnición

de su organigrama, la ﬁscalización de los

gastos y la aprobación general de las nor-

mas jurídicas que deben regir el mismo.

g. Este tribunal considera que el Concejo

Municipal, en el momento de dictar la

creación de un plan de pensiones com-

plementario, actuó dentro del marco de

legalidad propio de sus atribuciones nor-

mativas al interior de los ayuntamientos;

más aún, sus actuaciones, al ser emitidas

por una autoridad pública y en función

del principio de la seguridad jurídica, se

presumen ajustadas al derecho, ante lo

cual, el cumplimiento de las mismas es

obligatorio y la declaratoria de nulidad

a los ﬁnes de obviar su cumplimiento

corresponde a los tribunales de la Repú-

blica, especíﬁcamente, a la jurisdicción

contencioso-administrativa.

h. En tal sentido, si frente a la adopción de

cualquier norma jurídica por el Concejo

Municipal, el alcalde municipal, como

funcionario ejecutivo de los ayuntamientos,

debe dar cumplimiento a las mismas. Y si

pretende incumplirlas debe impugnarlas

por las vías correspondientes para expulsar-

las del ordenamiento jurídico o promover

al interior del Concejo Municipal la

adopción de medidas que promuevan su

anulación y derogación.

i. Este Tribunal considera que, si el alcalde

municipal de Santiago entiende que el

Concejo de Regidores actuó fuera del marco

del principio de legalidad, debe presentar

tales alegatos ante la jurisdicción correspon-

diente y así lograr orientar las actividades y

accionar administrativo de este dentro del

cauce de la legalidad.

k. En tal sentido, y veriﬁcado que el

Concejo de Regidores dictó un acto admi-

nistrativo que se encuentra vigente por no

haber sido expulsado del ordenamiento

jurídico por los tribunales correspondientes,

y considerando que el cumplimiento de este

corresponde al alcalde municipal, procede

acoger el presente recurso de revisión cons-

titucional en materia de amparo y ordenar

al alcalde dar cumplimiento a la resolución

cuyo cumplimiento se pretende.

33. PENSIÓN POR VEJEZ: DESCUENTOS AUTORIZADOS EN MONTOS

DE PENSIONES POR OBLIGACIÓN CREDITICIA

CRITERIO:

No procede invocar la inembargabilidad de la pensión

cuando el titular ha contraído una obligación crediticia (préstamo)

y otorgó su consentimiento para que se realizaran los descuentos

correspondientes. No se vulnera el derecho a la seguridad social.

SENTENCIA TC/0490/15

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 535

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un exlegis-

lador que recibe una pensión del Instituto de Previsión Social del

Congresista Dominicano (INPRESCONDO) alega que sus fondos

son reducidos y embargados ilegalmente, por lo que acudió a la juris-

dicción constitucional en materia de amparo invocando vulneración

al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal, tras evaluar los medios

de prueba anexos al expediente, desembo-

ca en la conclusión de que lo que subyace

en la pensión del señor IVÁN AMILKAR

RONDÓN SÁNCHEZ no se trata de

un embargo, sino de una retención de las

cuotas correspondientes a los préstamos

contraídos por el recurrente, según los

contratos de préstamo que ﬁguran en el

expediente.

h) El recurrente no se reﬁrió ni cuestionó

la validez de los contratos que justiﬁcan

los descuentos; por ende, los contratos, la

existencia del crédito y el consentimiento

del señor IVÁN AMILKAR RONDÓN

SÁNCHEZ para que las cuotas fuesen

debitadas de su pensión, se presumen sin-

ceros y que fueron contraídos de buena fe.

i) Por tanto, no procede invocar la

inembargabilidad de las pensiones o

de los créditos provenientes de derechos

reconocidos por la ley a los trabajadores,

previstas en el artículo 580 del Código

de Procedimiento Civil y 200 del Código

de Trabajo.

j) De lo anterior se inﬁere que el Insti-

tuto de Previsión Social Del Congresista

Dominicano (INPRESCONDO) no ha

vulnerado los derechos fundamentales

del señor IVÁN AMILKAR RONDÓN

SÁNCHEZ, en especial el derecho a la

seguridad social, sino que se ha ajustado su

pensión a los contratos de préstamo subsis-

tentes entre las partes envueltas en el litigio

y se han efectuado reducciones que nacen

como consecuencia de que el recurrente es

beneﬁciario de dos (2) pensiones; y respecto

a este tenor la normativa que rige la mate-

ria, es decir, al artículo 65 de la ley 340-98,

manda a que: En el caso de que el congre-

sista solicitante de una jubilación estuviere

gozando de otra jubilación de cualquier

otro organismo estatal, Poder Judicial, por

las municipalidades, por institutos autóno-

mos o por empresas del Estado, el monto

de la jubilación que el Instituto acordará

no será mayor que la diferencia existente

entre la jubilación que le correspondería de

acuerdo a estas regulaciones y la jubilación

que estuviere percibiendo.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

536 | Art. 60

ÍNDICE

34. PENSIÓN POR VEJEZ: FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE

ÓRGANOS DEL SISTEMA

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de vejez, la falta de

coordinación y cooperación entre los órganos del sistema (en este

caso, el IDSS y la DGJP) encargados de tramitar y otorgar la pensión

solicitada por un señor que cumplía los requisitos para acceder a la

pensión. Obligación de reconocer el derecho adquirido de pensión.

SENTENCIA TC/0501/19

—Precedente reiterado sin mencionar en la

sentencia TC/0154/22—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando un señor acude

al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) a solicitar la

pensión por vejez luego de cumplir con los requisitos de edad y

tiempo de cotizaciones previstos en los artículos . y  de la Ley

núm. , sobre Seguros Sociales. Ante la ausencia de respuesta y

aparente negativa de entregarle la pensión solicitada, el señor acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

l) Sobre el particular impera recordar que

el Instituto Dominicano de Seguros Socia-

les (IDSS) planteó en el recurso de revisión

que la presente acción de amparo carece de

objeto debido a que dicha institución cum-

plió con el voto de la ley. Esto, en vista de

que el caso de solicitud de pensión por vejez

del señor Wilson Bienvenido Arias Mateo

fue tramitado ante la Dirección General de

Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de

Hacienda (DGJP) para que la pensión sea

ejecutada y entregada.

m) En efecto, tal y como comprueban los

hechos demostrados ante este Tribunal y la

glosa probatoria que reposa en el expediente,

el citado instituto, a través de su Resolución

núm. 89719, del ocho (8) de junio de dos

mil dieciocho (2018), recomendó favo-

rablemente a la DGJP del Ministerio de

Hacienda el otorgamiento de una Pensión

por Vejez a favor del asegurado WILSON

BIENVENIDO ARIAS MATEO, por

valor de RD$5,117.50, sustentada en la

evaluación técnica practicada por la Direc-

ción de Pensiones de esta Institución.

n) Sin embargo, el Tribunal recuerda que

conforme al artículo 138 de la Constitu-

ción dominicana, uno de los principios

rectores a los que se encuentra sujeta la

actuación de la Administración Pública

es al de coordinación. El principio de

coordinación —en el contexto de las admi-

nistraciones públicas— surge con el ánimo

de evitar que en el ejercicio de la actividad

administrativa haya lugar al desorden; de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 537

ÍNDICE

ahí que, en el artículo 12.4 de la Ley núm.

247-12, Orgánica de la Administración

Pública, el legislador lo haya conﬁgurado

adosado al principio de cooperación…

p) En efecto, tanto el principio de coordi-

nación como el de cooperación sugieren

que los entes, órganos y organismos de la

Administración Pública, para alcanzar con

efectividad los ﬁnes del Estado, deben llevar

a cabo sus funciones bajo ciertos parámetros

de ordenación y en armonía con los demás

operadores que intervienen en el desarrollo

de sus funciones; esto, principalmente, cuan-

do tales obligaciones impliquen la prestación

de servicios a la ciudadanía o impacten en el

agotamiento de los medios que permitirían

a cualquier dominicano usufructuar y gozar,

de acuerdo a la Constitución y la ley, de sus

derechos fundamentales.

q) Tomando en cuenta que las pensiones

por vejez de aquellos trabajadores que han

cotizado de acuerdo con la Ley núm. 1896,

para ser autorizadas y emitidas, agotan

diversos trámites administrativos ante el

recién disuelto Instituto Dominicano de

Seguros Sociales (IDSS) y luego ante la Di-

rección General de Jubilaciones y Pensiones

del Ministerio de Hacienda (DGJP), este

tribunal constitucional estima que, contra-

rio a lo argüido por el indicado Instituto

—de que la acción de amparo de cumpli-

miento carece de objeto porque la solicitud

del señor Wilson Bienvenido Arias Mateo

fue remitida a la DGJP del Ministerio de

Hacienda—, en la especie, a los ﬁnes de

revelar la vigencia de las pretensiones del

accionante en amparo aplican, sin lugar

a dudas, los principios de coordinación y

cooperación de los órganos de la Adminis-

tración Pública.

r) Lo anterior, en virtud de que amén el

Instituto Dominicano de Seguros Sociales

(IDSS) remitió el caso a la Dirección Gene-

ral de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio

de Hacienda (DGJP), no lo desvinculaba

de sus obligaciones y, en consecuencia, debía,

como portavoz inmediato de la Adminis-

tración Pública frente al ciudadano Wilson

Bienvenido Arias Mateo, hacer las averigua-

ciones y gestiones de lugar para garantizar la

protección de los intereses y derechos de una

persona que ha entrado a la tercera edad y

solicita su pensión por vejez.

dd) Así las cosas, se ha podido veriﬁcar que

la glosa procesal da cuenta de que Wilson

Bienvenido Arias Mateo es acreedor del

derecho fundamental a la seguridad social,

reforzado por su condición de persona de la

tercera edad, que debió serle proporcionado

de forma efectiva por el Instituto Domini-

cano de Seguros Sociales (IDSS), lo cual

no ocurrió, viéndose forzado a presentar

la acción de amparo de cumplimiento que

nos ocupa.

ﬀ) En el caso que nos ocupa, el señor

Wilson Bienvenido Arias Mateo ya había

cumplido con todos los requisitos de la ley

para tener derecho a la pensión por vejez,

de manera tal que se trata de un derecho

adquirido que no puede ser desconocido

por la derogación de la ley, razón por la

que el citado artículo 38 de la Ley núm.

397-19 precisa que la Dirección de Jubila-

ciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio

de Hacienda dará curso a las solicitudes de

pensión por vejez en trámite o las pensiones

por vejez pendientes de solicitud.

gg) Por tanto, con la disolución Instituto

Dominicano de Seguros Sociales (IDSS),

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

538 | Art. 60

ÍNDICE

ahora es a la Dirección de Jubilaciones y

Pensiones (DGJP) del Ministerio de Ha-

cienda de la República Dominicana, que

le corresponde reconocer al señor Wilson

Bienvenido Arias Mateo su derecho de

seguridad social mediante la concesión y

seguimiento de la pensión por vejez que se

le ha solicitado. Esto, en virtud de que el

indicado ciudadano cumple y ha satisfecho

con los todos requisitos previstos en la ley

para optar por una pensión de esta categoría.

42 Actualmente las pensiones solidarias del régimen subsidiado del Sistema Dominicano de la Seguridad

Social han entrado en vigencia mediante la Resolución núm. 484-01 emitida por el Consejo Nacional de

la Seguridad Social (CNSS) en fecha 13 de noviembre de 2019.

hh) De ahí que, cuando en ocasión de un

amparo de cumplimiento —como en la

especie— sea posible constatar que la ley

o acto administrativo cuyo efectivo cum-

plimiento se está procurando ha sido —o

está siendo—, en efecto, incumplido, lo

correspondiente es que el juez se decante

por ordenar su cumplimiento tal y como,

en efecto, se ordena en el dispositivo de esta

decisión.

35. PENSIÓN POR VEJEZ: INAPLICABILIDAD DE PENSIONES EN EL

RÉGIMEN SUBSIDIARIO

CRITERIO:

El rechazo de entregar una pensión a una persona que

pertenece al régimen subsidiado no constituye una vulneración al

derecho de seguridad social debido a que dicho régimen no ha sido

puesto en funcionamiento42. Aplicación del principio de progresividad

de la Seguridad Social.

SENTENCIA TC/0131/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor de

 años acudió al Consejo Nacional de Seguridad Social para obtener

un seguro médico y una pensión debido a su estado de discapacidad

para la actividad productiva. Lo relativo al Seguro Familiar de Salud

le fue otorgado a través Seguro Nacional de Salud (SENASA) del

régimen subsidiado. Lo relativo a la pensión por discapacidad le fue

rechazado y, por tanto, el señor acudió a la jurisdicción constitu-

cional en materia de amparo invocando vulneración del derecho de

seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f. Una de las partes recurridas, Consejo

Nacional de Seguridad Social, alegó que

hasta este momento las Pensiones Solidarias

contempladas como parte de los beneﬁcios

del régimen subsidiado no han comenza-

do a otorgarse, tal y como lo certiﬁca el

gerente general del Consejo de Seguridad

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 539

ÍNDICE

Social, mediante certiﬁcación de fecha (1)

de julio de dos mil trece (2013), que dice

que “conforme lo establece los literales a y b

del artículo 63 de la Ley 87-01 que crea el

Sistema Dominicano de Seguridad Social y

el artículo 12 del Reglamento del Régimen

Subsidiado del Sistema Dominicano de

Seguridad Social”.

g. En ese sentido, los ahora recurridos,

especíﬁcamente la Superintendencia de

Salud y Riesgos Laborales estableció que en

cuanto a los otorgamientos de las pensiones

subsidiadas a los dominicanos mayores de

sesenta (60) años y a los discapacitados por

salud, todavía no están en ejecución, ya

que se deben elaborar políticas públicas

dirigidas al sostenimiento, por parte del

Estado dominicano al momento de otorgar

una pensión solidaria contemplada en el

Régimen Subsidiado.

j. Asimismo, el Consejo Nacional de

Seguridad Social (CNSS), en torno a la

ejecución de la Ley núm. 87-01, relativo

al derecho a una pensión subsidiada por

vejez y discapacidad, ha establecido me-

diante su Resolución 279-08: “se remite a

las Comisiones Permanentes de Pensiones

y Reglamentos el Borrador de Normativa

y el Proyecto para otorgar Pensiones Soli-

darias, sometidos por el Gerente General,

para ﬁnes de revisión y estudio. Dichas

Comisiones deberán presentar su informe

de manera al CNSS […]” k. En tal

sentido, hemos podido comprobar que ya

se ha iniciado dicho proceso, a través del

Decreto núm. 381-13 del veinticuatro

(24) de diciembre de dos mil trece (2013)

emitido por el Poder Ejecutivo, en el cual

se establece el Reglamento para otorgar las

pensiones solidarias por vejez, por disca-

pacidad y por sobrevivencia del Régimen

Subsidiado. l. El referido reglamento, en

su art.17, dispone que el mismo entrará

en vigencia a partir de su aprobación por

el Consejo Nacional de Seguridad Social

(CNSS) y de la emisión del decreto corres-

pondiente por parte del Poder Ejecutivo y

será aprobado una vez estén consignadas

en el Presupuesto General del Estado las

partidas especializadas para este tipo de

pensiones; este todavía está pendiente de

aprobación.

o. En este sentido, al Señor Brígido Vidal

Jiménez no se le han vulnerado los derechos

fundamentales invocados en materia de

seguridad social; los mismos le han sido re-

conocidos en la medida justa del Sistema y

dicho recurrente puede actualmente contar

con la cobertura del Plan Básico del Seguro

Familiar de Salud (SENASA) dentro del

Régimen Subsidiado. En cuanto a la solici-

tud de una pensión subsidiada, la misma

no se ha ejecutado para la generalidad

de la población por no estar en vigencia

todavía…

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

540 | Art. 60

ÍNDICE

36. PENSIÓN POR VEJEZ: NEGATIVA DE RECONOCER EL TIEMPO

TRANSCURRIDO ENTRE SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE LA

PENSIÓN

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la pensión de vejez, la negativa por

parte de la institución encargada de otorgarla (en este caso, la Dirección

General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado) de reconocer

el tiempo transcurrido desde que se solicitó la pensión hasta que fue

otorgada 4 años después.

SENTENCIA TC/0414/21

CRITERIO 2:

La obligación de pago de la pensión nace desde el

momento en que ese derecho se adquiere, lo cual es independiente de

los correspondientes trámites burocráticos; la persona solicitante no

puede sufrir, de manera negativa, la tardanza de la respuesta a tiempo

de su solicitud y el consecuente retraso que, para su pago, provocaron

esos trámites, sobre todo cuando sea atribuible, de manera exclusiva, a

las entidades encargadas de tramitar y otorgar la pensión.

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando una señora fue

a solicitar la pensión de vejez al Instituto Dominicano de Seguros

Sociales (IDSS) luego de haber cumplido los requisitos de edad y

tiempo trabajado. La pensión solicitada fue otorgada  años después

por parte de la institución que asumió los pagos de pensiones del

IDSS (en este caso, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones,

adscrita al Ministerio de Hacienda). Ante la negativa de otorgarle

el monto de la pensión desde que fue solicitada, la señora acudió

a la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho de seguridad social y reclamando el pago de

los montos que no fueron pagados durante  años.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.20 Del estudio de los documentos que

obran en el expediente relativo al presente

caso podemos concluir que la señora Mi-

lady Altagracia García Acosta reunía, al

momento de solicitar su pensión por vejez,

reunía los requisitos establecidos el artículo

57 de la Ley núm. 1896, lo que le confería,

por mandato expresa de dicha norma, el

derecho a la pensión solicitada, con inde-

pendencia de los trámites burocráticos y del

tiempo que tardare en ser respondida su so-

licitud. De ese estudio también constamos

que entre la fecha de la referida solicitud y

la respuesta positiva dada por el Instituto

Dominicano de Seguros Sociales y la Di-

rección General de Jubilaciones y Pensiones

transcurrieron unos cuatro años.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 541

ÍNDICE

11.21 De conformidad con lo precedente-

mente indicado, procede, en cuanto al fondo,

acoger la presente acción de amparo, sobre

la base de que: a) el derecho a la pensión

por vejez solicitada por la señora Milady

Altagracia García Acosta nació desde el

momento mismo en que se cumplieron los

requisitos que establecía el artículo 57 de

la Ley núm. 1896, cuando dicha norma

aún estaba en vigencia; requisitos que han

sido satisfechos en el presente caso; b) que

dicha señora solicitó en tiempo oportuno y

ante el organismo competente, conforme al

mandato de dicha norma, el otorgamiento

de la referida pensión y c) que la obliga-

ción de pago de esa pensión nace desde el

momento en que ese derecho se adquiere, lo

cual es independiente de los correspondientes

trámites burocráticos, lo que signiﬁca que

la señora García Acosta no puede sufrir, de

manera negativa, la tardanza de la respues-

ta a tiempo de su solicitud y el consecuente

retraso que, para su pago, provocaron esos

trámites, sobre todo porque éste es atribuible,

de manera exclusiva, a las mencionadas

entidades. En ese contexto, resulta incuestio-

nable que los montos adeudados a la señora

García Acosta, ascendentes a cuatro (4) años

de pensión, constituye una clara violación a

los derechos que en ese sentido le reconoce el

texto mencionado, lo que se traduce en una

vulneración de su derecho fundamental a la

seguridad social, conforme a lo previsto por el

artículo 60 de la Constitución; vulneración

que, además, afecta, de manera sensible, el

ejercicio de otras prerrogativas fundamenta-

les, como los derechos a la dignidad humana,

a la igualdad, a la seguridad alimentaria, y

a la protección de las personas de la tercera

edad, previstos, de manera respectiva por

los artículos 38, 39, 54 y 57 de nuestra Ley

Fundamental.

11.22 Procede, en consecuencia, ordenar

a la Dirección General de Jubilaciones y

Pensiones (DGJP) al pago de las pensiones

reclamadas mediante la acción de amparo

a que este caso se reﬁere.

37. PENSIÓN POR VEJEZ Y PENSIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL

RÉGIMEN DE REPARTO: PROTECCIÓN LEGAL Y REQUISITOS

DISTINTOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO

CRITERIO:

No vulnera el derecho a la seguridad social, especíﬁcamente

el derecho a recibir una pensión, la distinción prevista en la ley sobre

los requisitos que deben cumplir los trabajadores que solicitan pensión

por vejez y los que solicitan pensión por discapacidad en el régimen

de reparto previsto en la Ley núm. 379-81.

SENTENCIA TC/0195/18

—

Precedente reiterado mediante sentencia TC/0277/19—

CRITERIO 2:

Para acreditar la titularidad de derecho a la pensión se debe

cumplir con los requisitos legales establecidos por la Ley núm. 379-81.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

542 | Art. 60

ÍNDICE

Resumen del caso: La Asociación Dominicana de Ingenieros

Agrónomos, Inc. (ADIA) y un grupo de personas presentaron ante el

Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad

en contra el párrafo I del artículo  de la Ley núm. , que establece

un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Domini-

cano para los Funcionarios y Empleados Públicos. Esta disposición

establece en esencia la pensión máxima y mínima que debe otorgarse

expresada en salarios mínimos. Los accionantes señalan que dicha

norma es inconstitucional en la medida en que establece un monto

máximo de pensión de ocho () salarios mínimos a pesar de que no

existe disposición semejante en ninguna de las demás leyes especiales

de reparto estatal establecidas por instituciones autónomas y descen-

tralizadas del Estado dominicano, por lo que solicitan que se declare

su inconstitucionalidad.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. Este tribunal considera oportuno refe-

rirse a lo que establece la norma objeto de

la presente acción de inconstitucionalidad,

párrafo I del artículo 4 de la Ley núm.

379-81, que establece un nuevo régimen de

Jubilaciones y Pensiones del Estado Domi-

nicano para los Funcionarios y Empleados

Públicos: “PARRAFO I: En ningún caso la

pensión contemplada por el Artículo 3ro.,

será menor al sueldo mínimo nacional

vigente, ni mayor a la cantidad que resulte

de la suma de ocho (8) de estos sueldos, ni

será gravado por ningún tipo de impuestos”.

c. En consecuencia, es evidente que la

señalada norma atacada en inconstitucio-

nalidad, tiene una condición previa a ﬁn

de que la misma pueda ser aplicada, en

cuanto a que no cumpla con lo dispuesto

en el artículo 3 de la Ley núm. 379-81, el

cual dispone: El Presidente de la República

podrá conceder Pensiones con cargos al mis-

mo Fondo, a los Funcionarios y Empleados

Civiles, que no tengan la edad ni el tiempo

de servicios señalado en el Artículo 1ero.,

pero que tengan cinco (5) años o más de

servicios, cuando éstos, por medio de certi-

ﬁcaciones suscritas por tres (3) Médicos al

servicio de cualquier Hospital del Estado,

demuestren que sufren de invalidez física

o de una seria enfermedad o impedimento

orgánico que los incapaciten para el traba-

jo productivo, y justiﬁquen que no poseen

medios económicos con que sostenerse.

[…] es evidente que no existe ninguna

duda de que la comparación entre los

sujetos que se confrontan en la presente

acción directa en inconstitucionalidad,

esto es, los trabajadores del sector público

que soliciten pensión al Estado dominicano,

tanto los que hayan cumplido entre veinte

(20) y treinta (30) años de servicios en

cualquier institución pública y que hayan

cumplido sesenta (60) años de edad, como

los que hayan cumplido más de cinco (5)

años en ejercicio de sus labores y por medio

de certiﬁcaciones expedidas por médicos al

servicio de cualquier hospital del Estado

que declare la invalidez física o una seria

enfermedad o impedimento orgánico que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 543

ÍNDICE

los incapacite para el trabajo productivo

y justiﬁque su imposibilidad económica

para sus sustento son sujetos diferentes, ya

que se trata de casos facticos distintos. En

consecuencia, todo lo antes expresado

arroja como resultado la conclusión de que

dichos sujetos comparados se encuentran en

una situación de disimiles cuestiones, con

exigibilidad de requisitos distintos, por lo

que la norma legal cuestionada no comete

la infracción de inconstitucionalidad

mostrada tanto por los accionantes, como

por la opinión dada por la Procuraduría

General Administrativa.

i. En este sentido es claro que, para acredi-

tar la titularidad de derecho a la pensión,

previamente se debe cumplir con los reque-

rimientos legales que conﬁgura el derecho,

exigidos a la luz de la Ley núm. 379-81,

por lo que no violenta el alegado derecho

vulnerado, en relación con lo establecido

en el artículo 39.1 de la Constitución de

la República.

38. READECUACIÓN DE PENSIÓN EN EL RÉGIMEN DE REPARTO

CRITERIO:

No se vulnera el derecho a la seguridad social,

especíﬁcamente el derecho a la pensión, cuando la institución

pública encargada (en este caso, la Dirección General de Jubilaciones

y Pensiones, DGJP) niega la solicitud de utilizar un método de

adecuación de la pensión no previsto legalmente para el sistema de

reparto. Cada régimen de pensión tiene sus requisitos para regular el

ejercicio del derecho a pensión.

SENTENCIA TC/0242/19

CRITERIO 2:

La ﬁjación del salario mínimo para el sector privado no es

el mecanismo legal para establecer la pensión mínima y máxima que

debe pagarse a los servidores y funcionarios públicos beneﬁciarios del

sistema de reparto regido por la Ley núm. 379-81.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

acude a la jurisdicción constitucional en materia de amparo de

cumplimiento procurando que su pensión sea aumentada según lo

previsto en el artículo  de la Ley núm. -. El señor plantea que

al ser aumentado el salario mínimo al sector privado, la pensión que

recibe también debe ser aumentada.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

o. Como se observa, el accionante, señor

Gilberto Antonio de los Santos Figueroa,

considera que en aplicación del párrafo

del artículo 2 de la Ley núm. 379-81, su

pensión debe calcularse tomando en cuenta

el salario mínimo del sector privado y no el

salario mínimo previsto para el sector pú-

blico. El argumento anterior se sustenta en

el artículo 18 de la Ley núm. 87-01, que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

544 | Art. 60

ÍNDICE

crea el Sistema Dominicano de Seguridad

Social.

p. La norma jurídica cuyo cumplimiento

se reclama es, como ya se ha indicado, el

párrafo del artículo 2 de la referida ley

núm. 379-81, cuyo contenido es el siguien-

te: PARRAFO: En ningún caso el monto

de la Pensión será menor al sueldo mínimo

nacional vigente, ni mayor a la cantidad

que resulte de la suma de ocho (8) de estos

sueldos ni será gravado por ningún tipo de

impuestos. q. Respecto de las pretensiones

objeto de análisis este tribunal constitu-

cional tiene a bien establecer dos: 1) la

deﬁnición de salario mínimo contenida

en el artículo 18 de la Ley núm. 87-01

no ha sido prevista para ser utilizada en

el cálculo de las pensiones y 2) la referida

ley núm. 87-01 no aplica para las personas

que se encuentran bajo el régimen de la Ley

núm. 379-81.

r. En relación con el primer aspecto, el

artículo 18 de la Ley núm. 87-01 esta-

blece lo siguiente: Para ﬁnes de cotización,

exención impositiva y sanciones, el salario

mínimo nacional será igual al promedio

simple de los salarios mínimos legales del

sector privado establecidos por el Comité

Nacional de Salario de la Secretaría de

Estado de Trabajo.

s. Como se observa, la referida determina-

ción del salario mínimo que se consagra en

el texto anteriormente transcrito fue con-

ﬁgurada, con la ﬁnalidad de aplicarse en

los casos de cotización, exención impositiva

y sanciones establecidas por la indicada

Ley núm. 87-01, es decir, que en ninguna

parte dicho artículo se indica que dicho

salario mínimo —con referencia al sector

privado— será el aplicable a las pensiones

en general ni a las del Estado en particular.

t. En cuanto al segundo aspecto, la Ley

núm. 87-01 no aplica a las personas que

se encuentran acogidas al sistema regido

por la Ley núm. 379-81; esto así, según lo

consagrado en los artículos 35 y 38 de la

Ley núm. 87-01…

u. En este sentido, resulta que es la propia

Ley núm. 87-01 la que indica que la misma

no aplica a los empleados del sector públicos

cuyo sistema de pensión está regulado por el

régimen de la Ley núm. 379-81, razón por

la cual, procede el rechazo de la pretensión

del accionante y actual recurrente, señor

Gilberto Antonio de los Santos Figueroa. v.

Por último, el accionante, señor Gilberto

Antonio de los Santos Figueroa, alega que

[…] el hecho de que el Comité Nacional

de Salarios no haya incursionado en la

ﬁjación de salarios mínimos nacionales

del sector público, pese a tener potestad

legal para hacerlo, signiﬁca que hasta

tanto dicho comité sólo ﬁje los salarios

mínimos nacionales para el sector privado,

dicho salario mínimo nacional del sector

privado es el único con existencia legal que

puede utilizarse para ﬁjar el monto tope

de las pensiones de la Ley 379/81, sobre

el Régimen de Pensiones y Jubilaciones de

los funcionarios y empleados públicos del

Estado.

w. En lo que concierne a este punto, este

tribunal tiene a bien indicar que el Comité

Nacional de Salarios es una entidad creada

sobre la base de la Ley 16-92, Código de

Trabajo de la República Dominica, y según

el principio III de dicho código, “[…] No

se aplica a los funcionarios y empleados

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 545

ÍNDICE

públicos, salvo disposición contraria de

la presente ley o de los estatutos especiales

aplicables a ellos”.

x. Cabe destacar, igualmente, que al tra-

tarse de un empleado público no resulta

razonable que se le apliquen en su relación

laboral o en el régimen de pensión las reglas

especíﬁcas del sector privado, como lo esta-

bleció el juez de amparo, ya que la norma

bajo cuyo régimen le fue otorgada la pen-

sión es la Ley núm. 379-81, que establece

un Nuevo Régimen de Jubilaciones y Pen-

siones del Estado Dominicano para los

Funcionarios y Empleados Públicos.

y. En virtud de las motivaciones anteriores,

procede declarar improcedente la acción

de amparo de cumplimiento interpuesta

por el señor Gilberto Antonio de los Santos

Figueroa en contra de la Dirección General

de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Es-

tado (DGJP), Instituto Nacional de Aguas

Potables y Alcantarillado (INAPA).

39. READECUACIÓN DE PENSIONES EN EL ÁMBITO MILITAR Y

POLICIAL

CRITERIO:

Se vulnera el derecho a la seguridad social cuando una

institución pública (en este caso, la Policía Nacional, PN) se niega

a cumplir una disposición que buscaba reajustar las pensiones de

miembros de la PN que ya había sido ejecutada en beneﬁcio de un

grupo de miembros que tenían las mismas características que los

reclamantes cuyo reajuste es negado. Procede el cumplimiento de

readecuación de pensión.

SENTENCIA TC/0568/17

—Precedente reiterado

sin mencionar en las sentencias TC/0058/18, TC/0540/18, TC/0702/18,

TC/0069/19, TC/0337/19 y TC/0590/19 (Readecuación de pensiones

en el ámbito militar (art. 166 de la Ley núm. 139-13), TC/0138/20

(Readecuación de pensiones en el ámbito militar (art. 247 de la Ley núm.

139-13) y TC/0139/20, precedente reiterado mediante sentencias

TC/0015/18, TC/0529/18, TC/0143/19, TC/0192/19, TC/0195/19,

TC/0204/19, TC/0250/19, TC/0305/19, TC/0316/19, TC/0322/19,

TC/0424/19, TC/0448/19, TC/0470/19, TC/0538/19, TC/0578/19,

TC/0586/19, TC/0633/19, TC/0012/20, TC/0057/20, TC/0180/20,

TC/0369/20, TC/0553/20, TC/0015/21, TC/0077/21, TC/0107/21,

TC/0230/21 y TC/0240/21—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando un grupo de

miembros pensionados de la Policía Nacional solicitó el cumpli-

miento de un acto administrativo que ordenaba el reajuste de la

pensión que devengaban. Al no recibir el mismo trato del grupo

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

546 | Art. 60

ÍNDICE

beneficiado por el reajuste, los miembros perjudicados acudieron a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo de cumplimiento.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f. En relación con la legitimación esta-

blecida en el referido artículo 105, los

hoy recurridos (accionantes en amparo),

cumplen con dicho requisito puesto que

los mismos son militares pensionados y

son perjudicados por el no cumplimiento

del mandato presidencial mediante el acto

impugnado por los recurridos, en razón

del cumplimiento parcial del mismo, ellos

alegan la vulneración del derecho a la

igualdad, puesto que dicho acto adminis-

trativo se hizo efectivo para un grupo de

ex oﬁciales, excluyendo a los recurridos a

pesar de estos estar en la misma o similar

situación, única condición establecida en

el acto administrativo impugnado: “Esta

aprobación está supeditada a que progresi-

vamente, lo solicitado sea extensivo a todos

los oﬁciales de esa Institución en situación

similar a la de las personas cuyos nombres

aparecen en la comunicación”.

p. En cuanto al alegato de que el acto admi-

nistrativo no puede estar por encima de la

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, este

tribunal considera que dicho acto se deriva

del citado artículo 111, de cuya lectura se

inﬁere que el aumento de las pensiones no

se prohíbe, aunque sí impone un mínimo

(80%) en el caso de los oﬁciales ya retirados.

El aumento, en este caso es una facultad

discrecional, mínimamente reglada y de

conformidad con las normas del debido

proceso.

q. En cuanto a que el mandato del juez de

amparo de ordenar a la recurrente que pro-

ceda con lo dispuesto en el acto cuestionado,

de reajustar los salarios de los oﬁciales de

reserva en iguales circunstancias con los

ya favorecidos, crearía una situación in-

manejable por la saturación del Tribunal

Superior Administrativo con las demandas

similares a las de los recurridos y que esto

crearía un impacto en el presupuesto de la

institución.

40. READECUACIÓN IMPROCEDENTE DE PENSIONES EN EL ÁMBITO

MILITAR Y POLICIAL

CRITERIO:

No procede el cumplimiento de readecuar la pensión a

exmiembros de la Policía Nacional que no cumplen con los requisitos

del rango alcanzado y el cargo desempeñado dentro de la institución

para beneﬁciarse de la readecuación legalmente establecida. No aplica

el precedente TC/0568/17 ya que, a pesar de que los exmiembros

se encontraban dentro de la relación de oﬁciales generales retirados

pendientes de adecuación (Oﬁcio núm. 1584), no habían ocupado

los cargos requeridos para beneﬁciarse de dicho oﬁcio.

SENTENCIA

TC/0439/19

—La sentencia TC/0487/19 es un precedente relacionado

que declara improcedente el amparo de cumplimiento por no cumplir con

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 547

ÍNDICE

la Resolución núm. 0047 debido a que el reclamante había ocupado el

puesto de subjefe de la PN y, por tanto, no cumplía con lo previsto en dicho

acto. La sentencia TC/0597/19 es un precedente relacionado que declara

improcedente el amparo de cumplimiento por no cumplir con el Ocio núm.

1584 debido a que el reclamante había sido puesto en retiro con la ley 590-

16 que no establece readecuación de pensión. La sentencia TC/0035/20 es

un precedente relacionado en el ámbito militar que declara improcedente el

amparo de cumplimiento debido a que el reclamante había sido puesto en retiro

con la Ley núm. 873 que no establecía readecuación de pensión. La sentencia

TC/0069/20 es un precedente relacionado que declara improcedente

el amparo de cumplimiento por no cumplir con la Resolución núm. 0047

debido a que los reclamantes habían ocupado el puesto requerido pero no

el rango de mayor general (fueron ascendidos para el retiro), por tanto, no

cumplían con lo previsto en dicho acto. La sentencia TC/0089/20 es un

precedente relacionado que declara improcedente el amparo de cumplimiento

por no cumplir con el Ocio núm. 1584 debido a que el reclamante había

sido puesto en retiro con la ley 590-16 que no establece readecuación de

pensión. La sentencia TC/0148/20 es un precedente relacionado que

declara improcedente el amparo de cumplimiento por ya haberse consumado

la readecuación del 80% previsto en el art. 111 de la ley 96-04. La sentencia

TC/0244/20 es un precedente relacionado que declara improcedente el

amparo de cumplimiento por no cumplir con la Resolución núm. 0047 debido

a que el reclamante había ocupado el puesto de inspector general de la PN y,

por tanto, no cumplía con lo previsto en dicho acto. La sentencia TC/0189/21

es un precedente relacionado que declara improcedente el amparo de

cumplimiento por no cumplir con la Resolución núm. 0047 debido a que el

reclamante había ocupado el puesto de inspector general de la PN y, por tanto,

no cumplía con lo previsto en dicho acto. La sentencia TC/0191/21 es un

precedente relacionado que declara improcedente el amparo de cumplimiento

porque el reclamante no cumple con el Ocio núm. 1584, ya que no ocupó

ningún puesto de dirección mientras era miembro activo de la PN: solo había

ocupado el puesto de inspector general de la PN y, por tanto, no cumplía

con lo previsto en dicho acto. La sentencia TC/0485/21 es un precedente

relacionado que declara improcedente el amparo de cumplimiento por no

cumplir con el Ocio núm. 1584 debido a que el reclamante, aunque tenía el

rango requerido, no ocupó ningún puesto de dirección según prevé el artículo

63 del Decreto núm. 731-04 relativo al reglamento de aplicación de la Ley

96-04 y, por tanto, no cumplía con lo previsto en dicho acto. La sentencia

TC/0072/22 es un precedente relacionado que declara improcedente el

amparo de cumplimiento por no cumplir con el Ocio núm. 1584 debido a

que el reclamante fue ascendido a general para nes exclusivamente de pensión

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

548 | Art. 60

ÍNDICE

y no ocupó ningún puesto de dirección, por tanto, no cumplía con lo previsto

en dicho acto. La sentencia TC/0171/22 es un precedente relacionado que

declara improcedente el amparo de cumplimiento por no cumplir con el Ocio

núm. 1584 debido a que el reclamante no ocupó ningún puesto de dirección

mientras era miembro activo de la PN y, por tanto, no cumplía con lo previsto

en dicho acto. Y la sentencia TC/0209/22, precedente relacionado que

declara improcedente el amparo de cumplimiento por no cumplir con el Ocio

núm. 1584 debido a que el reclamante no ocupó ningún puesto de dirección

mientras era miembro activo de la PN y el rango de general le fue otorgado para

nes de retiro, por tanto, no cumplía con lo previsto en dicho acto—

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando dos exgenerales

de brigada fueron puestos en retiro por parte de la Policía Nacional.

Posteriormente, los exmiembros solicitaron que fueran readecuadas

sus pensiones, de conformidad con lo expresado en los artículos 

y  de la Ley núm. -, Orgánica de la Policía Nacional, y ante

la respuesta negativa a dicha solicitud acudieron ante la jurisdicción

constitucional en materia de amparo de cumplimiento alegando

vulneración al derecho de seguridad social.

43 El cual establece el Reglamento para la aplicación de la Ley Institucional de la Policía Nacional, núm. 96-

04, de fecha tres (3) de agosto de dos mil cuatro (2004).

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

13.5. En relación con la legitimidad consa-

grada en el artículo 105, párrafo I, ésta no

solo implica que el acto cuyo cumplimiento

se solicita, haya sido emitido a favor de la

persona que lo invoca, sino también estar

revestido de un interés, traducido en la

afectación que el incumplimiento le genera.

13.6. En los recursos objeto de estudio, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo

63 del Decreto Presidencial núm. 731-0443,

se comprueba que el beneﬁcio otorgado,

no incluye a los sub directores, que es la

función que desempeñaban los señores José

David Cohen Andújar y Roberto de Jesús

Ducasse Pujols, lo que se evidencia en la

documentación siguiente: a. Certiﬁcación

de fecha veintiséis (26) de junio de dos mil

dieciocho (2018), en la que se hace constar

que Lic. Roberto de Jesús Ducasse Pujols fue

designado “Sub Director Regional Norte”

efectivo al 15/10/2003. b. Certiﬁcación de

fecha diecinueve (19) de junio de dos mil

dieciocho (2018), en la cual se hace cons-

tar que el señor José David Cohen Andújar

fue designado “Sub Director Regional Este”

efectivo al 06/09/2005.

13.7. Como este tribunal constitucional

ya ha establecido, el Decreto presidencial

núm.731-04 otorgó el beneﬁcio de forma

especíﬁca a los Inspectores Generales, Di-

rectores Centrales y Regionales, y no al

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 549

ÍNDICE

rango inmediatamente inferior, como es

el caso de la parte recurrida, señores José

David Cohen Andújar y Roberto de Jesús

Ducasse Pujols, quienes se desempeñaban

al momento de ser puestos en situación

de retiro como sub directores regionales

norte y este, respectivamente, de la Policía

Nacional.

13.8. En adición a lo dispuesto por el

artículo 111 de la Ley núm. 96-04, Or-

gánica de la Policía Nacional, el artículo

63 del Decreto presidencial núm. 731- 04,

para la aplicación de la misma, estableció:

Artículo 63.- En virtud de lo establecido

en la primera parte del Artículo 111, de

la ley, los miembros del nivel de dirección

de la Policía Nacional, que desempeñen o

hubiesen desempeñado funciones de Jefe de

la Policía, Subjefe de la Policía, Inspector

General, Directores Centrales y Regionales,

de la Policía Nacional, recibirán una

pensión igual al cien por ciento (100%)

del sueldo total que devengaren como tales

los titulares respectivos; en aquellos casos

en que el miembro que ostente el grado de

General, no haya desempeñado ninguna de

las funciones anteriores, cuando sea puesto

en situación de retiro, se hará con el cien

por ciento (100%) de acuerdo al artículo

110. En cuanto a la segunda parte de di-

cho artículo, estas pensiones se revisarán y

actualizarán anualmente, de manera que,

al pasar el tiempo, dicha pensión nunca

sea menor al ochenta por ciento (80%), del

salario de los respectivos miembros activos

que desempeñen dichas funciones.

13.9. Conforme a lo esbozado en las con-

sideraciones anteriores, ha quedado cons-

tatado que la parte recurrida, señores José

David Cohen Andújar y Roberto de Jesús

Ducasse Pujols, no ocupaban funciones de

directores centrales o regionales; antes, por

el contrario, solo desempeñaron la función

de subdirectores regionales…

13.10. Es preciso indicar que los policías

retirados cuya adecuación de pensión fue

acogida en las Sentencias TC/0568/17,

TC/0529/18 y TC/0540/18, se encontra-

ban en la relación de oﬁciales generales

retirados pendientes de adecuación bajo

las disposiciones del Oﬁcio núm. 1584,

instrumentado por la Consultoría Jurídica

del Poder Ejecutivo el doce (12) de diciem-

bre de dos mil once (2011). Dicha relación

fue preparada, el veinte (20) de febrero de

dos mil quince (2015), por el mayor gral.

Miguel de la Cruz Reyna, director de la

reserva de la Policía Nacional, y cabe des-

tacar que los actuales accionantes tampoco

ﬁguran en dicho listado, el cual, cabe acla-

rar, no incluye sub-directores regionales.

41. SEGURO FAMILIAR DE SALUD: NEGACIÓN DE COBERTURA PARA

ADQUIRIR MEDICAMENTO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho de seguridad social

la negativa por parte de una administradora de riesgos de salud (ARS)

de dar cobertura a una señora para la adquisición de un medicamento

alegando que la aﬁliada no padecía una enfermedad denominada “de

alto costo”.

SENTENCIA TC/0450/15

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

550 | Art. 60

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

había solicitado a su administradora de riesgos de salud (ARS) la

cobertura de un medicamento que le habían indicado para tratar la

artritis reumatoide. La ARS le negó la cobertura del medicamento en

vista de que ella no padecía la enfermedad que ameritaba el suminis-

tro de dicho medicamento. Ante esta decisión, la señora acudió a

la jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando

vulneración al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

i. En el conjunto de documentos que con-

forman el expediente, este tribunal cons-

titucional ha podido constatar, producto

de una certiﬁcación emitida por la propia

ARS Universal el ocho (8) de octubre de

dos mil trece (2013), que la señora Celia

Teresa Martez Melo está aﬁliada a esa

administradora de riesgo de salud bajo el

Contrato núm. 04000000035347, del

Plan Básico de Salud.

ii. En esa misma certiﬁcación, la referida

administradora de riesgo de salud señala

que el medicamento Rituximab está con-

templado en el catálogo de prestaciones

de sustancias activas que se encuentran

cubiertas en el plan básico de salud.

iii. Cónsono con lo antes señalado, la

Dirección de Información y Defensa de los

Aﬁliados a la Seguridad Social, mediante

Comunicación núm. 002450, del treinta

(30) de octubre de dos mil trece (2013), le

informó a la señora Martez Melo que luego

de consultar la cobertura contemplada en

el Catálogo de Prestaciones del Plan de Ser-

vicios de Salud (PDSS), constataron que

el medicamento “Rituximab (Mabthera)”

está contenido en el mismo con el código

SIMON 13477, grupo 12, subgrupo 12.1,

siendo su cobertura de tres mil pesos domi-

nicanos ($3,000.00).

iv. Al respecto de lo antes expresado, este

tribunal ha procedido a la veriﬁcación

del Catálogo de Prestaciones del Plan de

Servicios de Salud (PDSS) elaborado por

la Superintendencia de Salud y Riesgos

Laborales (SISALRIL), comprobando que

el medicamento Rituximab INY 100 MG

está contenido en ese documento bajo el có-

digo SIMON 13477, grupo 12, subgrupo

12.1, siendo su cobertura de tres mil pesos

dominicanos ($3,000.00).

v. En ese orden, debemos señalar que el

Plan Básico de Salud está conformado

por el conjunto de servicios de atención

de salud a los que tienen derecho todos

los aﬁliados a los regímenes Contributivo,

Contributivo-Subsidiado y Subsidiado,

siendo regulado su contenido y ejecución a

través del Catálogo del Plan de Servicios

de Salud (PDSS) emitido por la Super-

intendencia de Salud y Riesgos Laborales

(SISALRIL). vi. Tal regulación se erige

como un programa que se ejecuta de forma

gradual y progresiva, por estar orientada

a garantizar el equilibrio ﬁnanciero del

sistema. Por ello las actividades prestacio-

nales que se ejecutan a través del referido

plan se realizan observando las condiciones

económicas del país, con lo cual se busca

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 551

ÍNDICE

garantizar la concordancia entre el costo de

las actividades requeridas con la disponibi-

lidad de recursos que aseguren su ejecución

y sostenibilidad futura.

vii. Por ello, las obligaciones que tienen

las administradoras de riesgos de salud de

garantizar a los beneﬁciarios una protec-

ción de calidad, oportuna y satisfactoria, le

impone, por demás, procurar la racionali-

zación de los costos en que deben incurrir

para la prestación de los servicios del Plan

Básico de Salud, observando ciertos niveles

de productividad y eﬁciencia que vayan en

concordancia con las coberturas, objetivos y

metas del plan nacional contenidas en di-

cho plan, así como con las disposiciones que,

para tal efecto, establezca la SISALRIL.

viii. De ahí que las administradoras de

riesgo de salud, en sus funciones de entes

administrativos encargados del manejo

de los planes obligatorios de salud en la

República Dominicana, no pueden negarse

a otorgar las coberturas necesarias para

que las personas que están aﬁliadas en

uno de los planes obligatorios de salud que

pertenezcan al Sistema Dominicano de

Seguridad Social, accedan al suministro de

los medicamentos que estén contemplados

en su plan de salud, mucho menos bajo el

argumento de que los mismos no se encuen-

tran catalogados como una enfermedad

de alto costo, o que sólo pueden ser sumi-

nistrados para un padecimiento de una

enfermedad determinada por las propias

administradoras de riesgo de salud. ix. En

vista de las consideraciones anteriores, en el

presente caso que ocupa la atención de este

tribunal constitucional, la negativa de la

ARS UNIVERSAL de dar la autorización

para cubrir los costos que le corresponden

como aseguradora para que la señora Celia

Teresa Martez Melo adquiera el medica-

mento “Rituximab (Mabthera)”, bajo el

argumento de que esa enfermedad no es de

alto costo, representa una actuación concul-

cadora que trae consigo la vulneración de

sus derechos fundamentales a la vida, a la

seguridad social y a la salud dispuesto en los

artículos 37, 60 y 61 de la Constitución de

República Dominicana, en razón de que el

referido remedio está incluido dentro de los

medicamentos que están contenidos en el

catálogo de prestaciones que se encuentran

bajo la cobertura de su plan básico de salud,

teniendo como límite el máximo del monto

prescrito en dicho plan.

42. SEGURO FAMILIAR DE SALUD: NEGATIVA DE ARS DE DAR

COBERTURA A UN PROCEDIMIENTO CLÍNICO

CRITERIO:

Constituye una vulneración al derecho fundamental a la

seguridad social, especíﬁcamente a la salud derivada de cobertura

de un procedimiento clínico, la negativa de la ARS de autorizar la

cobertura de una cirugía que, aunque no estaba dentro del catálogo

del Plan Básico de Salud, constituía el método más idóneo para tratar

la enfermedad y no ponía en riesgo el equilibrio ﬁnanciero del Sistema

Dominicano de Seguridad Social.

SENTENCIA TC/0111/19

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

552 | Art. 60

ÍNDICE

CRITERIO 2:

La atención del paciente encuentra una protección

reforzada cuando se trate de personas que requieran especial atención,

como menores de edad, individuos con capacidades diversas, personas

de la tercera edad o aquellas que padezcan enfermedades catastróﬁcas.

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0213/19—

CRITERIO

3: La satisfacción de los servicios médicos requeridos por

los aﬁliados, aun en los casos en que no se encuentren incluidos

dentro del Catálogo de Prestaciones de Servicios del Plan Básico de

Salud y siempre que se cumpla con las exigencias aplicables, obedece

al propósito de la Seguridad Social de prestar servicios de calidad,

oportunos y satisfactorios, además de los preceptos constitucionales

que protegen la salud y la vida de las personas.

CRITERIO 4:

Dada la importancia de proteger los derechos

fundamentales a la vida y a la salud, el Tribunal estima que en los

casos similares, las ARS deberán conceder la cobertura solicitada

dentro de los límites ﬁnancieros que la regulación establece cuando

las técnicas, tecnologías o procedimientos no se encuentren incluidos

en el Catálogo de Prestaciones de Servicios del Plan Básico de Salud

y sean más beneﬁciosos para el paciente que los establecidos de modo

convencional, cuyo cumplimiento deberá ser supervisado por la

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

acude a su administradora de riesgos de salud para solicitar la cober-

tura de un procedimiento médico. La ARS negó dicha cobertura

indicándole que ese procedimiento no estaba dentro del Plan Básico

de Salud. Ante esta decisión, el señor acudió a la jurisdicción consti-

tucional en materia de amparo invocando vulneración al derecho

de seguridad social por parte del Consejo Nacional de la Seguri-

dad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y la

administradora de riesgos de salud ARS Palic Salud, S.A.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

1. El accionante, Alfredo Vidal Rosed,

presenta “cambios mórﬁcos de su cuerpo

dados por engrosamiento de los labios,

lengua, nariz y orejas; así como aumento

del reborde orbitrario y tamaño de manos

y pies, asociado a una hemianopsia bitem-

poral importante”. A consecuencia de ello

requiere de un procedimiento quirúrgico

para la extracción de un macroadenoma

de hipóﬁsis secretor de la hormona de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 553

ÍNDICE

crecimiento GH (informe del Centro Car-

dio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante).

3. El quince (15) de mayo de dos mil die-

cisiete (2017), ARS Palic, S.A. le informa

al accionante que el procedimiento no se

encuentra incluido en el Plan Básico de

Salud, razón por la que está imposibilitada

de dar la cobertura solicitada.

4. Conforme al informe emitido por el

doctor José Luis Bretón Rosario, de fecha

diecinueve (19) de mayo de dos mil

diecisiete (2017), en representación del

Centro Cardio- Neuro- Oftalmológico y

Trasplante (CECANOT), se indica que

por el tamaño de la lesión y la localización

infradiafragmática de la misma, la opción

más viable para su extracción es la vía

endonasal endoscópica; ya que de operarse

por vía transcraneal se tendría que trans-

gredir la glándula para llegar a la lesión y

la extracción total es de difícil técnica por

estar localizado muy bajo y en un ángulo

de visión microquirúrgico difícil. Dicho

procedimiento no puede seguir siendo

dilatado debido a la repercusión sistémica,

principalmente cardiovascular, que dicha

enfermedad produce y por la pérdida

progresiva de la visión de un paciente so-

cialmente útil y activo.

6. La Superintendencia de Salud y Ries-

gos Laborales, mediante el Oﬁcio núm.

2017007558, del dos (2) de agosto de

dos mil diecisiete (2017), le comunica al

accionante que el material requerido es

para la realización del procedimiento por

una técnica no convencional, aplicable a

una nueva tecnología, la cual no se con-

templa en el costo del PDSS y por lo tanto

no se encuentra incluida dentro de las

prestaciones del catálogo del PDSS, razón

por la cual la Administradora de Riesgos de

Salud Primera no tiene responsabilidad en

cubrir o autorizar el mismo, por lo que se

ampara en el Artículo 129 de la Ley 87-01

y el Artículo 18 del Reglamento del Seguro

Familiar de Salud y Plan Básico […].

11.19 Ciertamente, de acuerdo con el

artículo 129 de la Ley núm. 87-01, que

crea el Sistema Dominicano de Seguridad

Social, promulgada el ocho (8) de mayo de

dos mil uno (2001), el Consejo Nacional

de la Seguridad Social tiene la facultad de

aprobar el catálogo de servicios que cubre

el Plan Básico de Salud y es con base en ese

catálogo que las administradoras de riesgos

de salud autorizan o rechazan la cobertura

de los procedimientos solicitados.

11.25 Al examinar el indicado catálogo,

este tribunal estima que la extracción de

tumor craneal se encuentra incluida dentro

de los servicios del Plan Básico de Salud me-

diante los procedimientos de “craneotomía

y por las vías sub-occipital, extremo lateral,

sub-temporal, entre otras”, y que tal como

indicara la administradora de riesgos de

salud ARS Palic, S.A. en la comunicación

del quince (15) de mayo de dos mil dieci-

siete (2017), que denegó la cobertura, la

resección del tumor vía endonasal no está

prevista en el Catálogo de Prestaciones de

Servicios de Salud (subgrupo 7.7 relativo a

las neurocirugías).

11.26 A pesar de que el procedimiento

quirúrgico requerido por el accionante

no se encuentra descrito en el Catálogo

de Prestaciones de Servicios de Salud, este

tribunal considera que la situación de sa-

lud de Alfredo Vidal Rosed amerita que la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

554 | Art. 60

ÍNDICE

Administradora de Riesgos de Salud ARS

Palic, S.A. le otorgue la cobertura solici-

tada tomando en consideración la póliza

de seguros contratada, sobre la base de las

razones materiales siguientes:

a. La autorización del procedimiento qui-

rúrgico vía endonasal no coloca en riesgo

la sostenibilidad del Sistema dominicano

de Seguridad Social, en razón de que la

reclamación de los fondos realizada por el

accionante no supera el límite establecido

para la extracción del tumor por la vía con-

vencional, la cual se encuentra dentro de la

categoría de las atenciones de alto costo y

máximo nivel de complejidad. Además, el

hecho de que el Consejo Nacional de Segu-

ridad Social haya incrementado el tope de

cobertura para cada uno de los eventos de

alto costo y máximo nivel de complejidad,

como lo es el tumor craneal, da cuenta de

que el sistema es estable y sostenible.

b. En el país existe la tecnología que requiere

el procedimiento quirúrgico vía endonasal,

es decir, que no existe una imposibilidad

material de llevar a cabo la extracción del

tumor, máxime si para el accionante es la

opción más viable

11.27 El artículo 3 de la Ley núm. 87-01

consagra el equilibrio ﬁnanciero como uno

de los principios rectores de la seguridad

social, consistente en la “correspondencia

entre las prestaciones garantizadas y el

monto del ﬁnanciamiento” y cuya ﬁnali-

dad es lograr la sostenibilidad del sistema;

en el caso concreto, el otorgamiento de la

cobertura solicitada no afecta la sostenibi-

lidad en cuestión en razón de las conside-

raciones ya mencionadas que apuntan al

aumento de los límites de cobertura para

este tipo de eventos de salud y al ﬁnancia-

miento requerido cuya cuantía es menor

al tope establecido en la Resolución núm.

375-02. Sobre ese particular, la Sentencia

TC/0450/15 señala que “[…] las activida-

des prestacionales que se ejecutan a través

del referido plan se realizan observando las

condiciones económicas del país, con lo cual

se busca garantizar la concordancia entre

el costo de las actividades requeridas con la

disponibilidad de recursos que aseguren su

ejecución y sostenibilidad futura”.

11.28 El Sistema de Seguridad Social

también se fundamenta en el principio de

integralidad, descrito en el artículo 3 de la

Ley núm. 87-01, que persigue garantizar

a las personas “el disfrute de la vida y el

ejercicio adecuado de sus facultades y de su

capacidad productiva”; en la especie, el no

autorizar la cirugía en cuestión implica la

degeneración de la visión de Alfredo Vidal

Rosed, además de las complicaciones en

términos cardiovasculares que le ocasiona

la progresividad de la enfermedad, lo que

le imposibilitaría permanecer activo y útil

a la sociedad, según se ha precisado en el

informe médico de diecinueve (19) de

mayo de dos mil diecisiete (2017).

11.30 Si bien esa disposición establece que

el Consejo Nacional de Seguridad Social

podrá modiﬁcar el catálogo de servicios

tomando como base “las tecnologías más

apropiadas y adecuadas a nuestro medio”;

es preciso señalar que la incorporación de

una tecnología en el referido catálogo tam-

bién debe obedecer a los beneﬁcios que en

términos de salud pudiera propiciar a las

personas. En el caso concreto, la tecnología

para la realización de la cirugía endonasal

para la resección de un tumor craneal

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 555

ÍNDICE

constituye el elemento diferenciador entre

la vida y la muerte del accionante, sobre-

vivencia que no debe ser afectada por la

falta de inclusión de la tecnología corres-

pondiente en el Catálogo de Prestaciones de

servicios del Plan Básico de Salud.

11.31 En la Sentencia T-178/17, del

veinticuatro (24) de marzo de dos mil die-

cisiete (2017), la Corte Constitucional de

Colombia reiteró los requisitos que se deben

observar para que las administradoras de

riesgos de salud autoricen los servicios que

no se encuentren incluidos en el catálogo

correspondiente, a saber: a. La falta del

servicio médico vulnera o amenaza los

derechos a la vida y a la integridad per-

sonal de quien lo requiere. b. El servicio

no puede ser sustituido por otro que se

encuentre incluido en el plan obligatorio.

c. El interesado no puede directamente

costearlo, ni las sumas que la entidad

encargada de garantizar la prestación del

servicio se encuentra autorizada legalmen-

te a cobrar, y no puede acceder al servicio

por otro plan distinto que lo beneﬁcie. d.

El servicio médico ha sido ordenado por

un médico adscrito a la entidad encargada

de garantizar la prestación del servicio a

quien está solicitándolo.

11.32 En el ámbito local, el cumplimiento

de esos requisitos pudiera ser exigidos, a

ﬁn de garantizar no sólo el derecho a

la salud y la vida, sino también a una

sobrevivencia digna en los casos en que

la recuperación absoluta de la salud no

pueda ser asegurada al proveerse el servicio

médico solicitado. En la especie, reposa en

el expediente el informe médico donde se

establece que la resección del tumor vía

endonasal es el procedimiento más idóneo

para el accionante debido a la localiza-

ción de la lesión; la extracción no puede

realizarse por otro procedimiento incluido

en el catálogo, en razón de que la cirugía

transcraneal transgrediría la glándula; el

procedimiento fue ordenado por el doctor

José Luis Bretón Rosario, en representación

del Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico

y Trasplante (CECANOT); y Alfredo

Vidal Rosed no puede costear la cirugía

por otro medio distinto a la concesión de

la cobertura, pues el mismo se encuentra

sin empleo,según se establece en la solicitud

formulada a la Dirección de Información y

Defensa de los Aﬁliados (DIDA).

11.33 La satisfacción de los requerimientos

médicos formulados por los aﬁliados, aún

en los casos en que no se encuentren inclui-

dos dentro del Catálogo de Prestaciones

de Servicios del Plan Básico de Salud y

siempre que se cumpla con las exigencias

antes descritas, obedece al propósito de la

Seguridad Social de prestar servicios de ca-

lidad, oportunos y satisfactorios, además de

los preceptos constitucionales que protegen

la salud y la vida de las personas.

11.34 La atención del paciente encuentra

una protección reforzada cuando se trate

de personas que requieran especial atención

como son los menores de edad, individuos

con capacidades diversas, personas de la

tercera edad o aquéllas que padezcan de

enfermedades catastróﬁcas, vale decir, de

enfermedades incluidas en la categoría de

alto costo y máximo nivel de complejidad.

En ese orden, ha considerado la Corte

Constitucional de Colombia que “cuando

las personas exhiben condiciones de salud

extremamente precarias e indignas, le

es permitido al juez de tutela otorgar el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

556 | Art. 60

ÍNDICE

reconocimiento de las prestaciones reque-

ridas para garantizar su atención integral,

con el ﬁn de superar las situaciones límites

que los agobian” [ver Sentencia T178/17,

del veinticuatro (24) de marzo de dos mil

diecisiete (2017)].

11.35 El Tribunal Constitucional estima

aplicable las consideraciones expuestas por

la Corte Constitucional de Colombia en

la Sentencia T-178/17, al considerar que

las mismas se corresponden con la realidad

local y, en particular, con el caso que nos

ocupa: El alcance del derecho fundamental

a la salud impone a las entidades presta-

doras de salud y al Estado -como titular

de su administración- la necesidad de

que la atención médica brindada a los

usuarios tenga una cobertura tal, que la

prevención, tratamiento, recuperación o

atenuación, según el caso, de las patologías

que les aquejen y sus correspondientes

efectos, no sea una idealización carente de

materialidad, ni una mera dispensación

protocolaria tendiente a mantener la

dinámica empresarial y mercantilista que,

por errada usanza, ha matizado nuestro

sistema de salud. […] Así las cosas, es claro

que las exclusiones legales del Plan Obli-

gatorio de Salud no pueden constituir una

barrera insuperable entre los usuarios del

Sistema de Salud y la atención eﬁcaz de

sus patologías, pues existen circunstancias

en las que su autorización implica la única

posibilidad eﬁcaz de evitarles un perjuicio

irremediable. Tal responsabilidad está a

cargo de las prestadoras de salud, pero ante

el incumplimiento de su deber constitucio-

nal y legal es el juez de tutela el llamado

a precaver dicha situación y exaltar la

preeminencia de las garantías superiores

que se puedan conculcar.

11.37 Este criterio aplica en el caso

concreto, pues la situación de salud del

accionante amerita otorgar la cobertura

correspondiente aún en el caso en que no se

encuentre actualmente prevista en el Catá-

logo de Prestaciones de Servicios de Salud;

por lo que, en atención a ese principio y

a las consideraciones anteriores, procede

acoger la acción de amparo interpuesta

a Alfredo Vidal Rosed y, en consecuencia,

ordenar las medidas correspondientes, a

ﬁn de garantizar los derechos a la vida,

dignidad humana, seguridad social y salud,

consagrados en los artículos 37, 38, 60 y 61

de la Constitución.

11.38 Dada la importancia de proteger

los derechos fundamentales a la vida y a

la salud, este Tribunal estima que en los

casos similares al que nos ocupa, las ad-

ministradoras de riesgos de salud deberán

conceder la cobertura solicitada dentro de

los límites ﬁnancieros que la regulación

establece cuando las técnicas, tecnologías o

procedimientos no se encuentren incluidos

en el Catálogo de Prestaciones de Servicios

del Plan Básico de Salud y sean más bene-

ﬁciosos para el paciente que los establecidos

de modo convencional, cuyo cumplimiento

deberá ser supervisado por la Superin-

tendencia de Salud y Riesgos Laborales

(SISALRIL).

11.39 En consonancia con lo anterior, este

Tribunal considera oportuno incluir en el

Catálogo de Prestaciones de Servicios del

Plan Básico de Salud el procedimiento de

extracción de tumor cerebral vía endonosal

así como cualquier técnica, tecnología o

procedimiento más avanzado y beneﬁcioso

para el tratamiento de cualquier evento

particular siempre que los mismos se

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 557

ÍNDICE

encuentren comprendidos en el referido

catálogo, debiendo tomarse en considera-

ción la estabilidad ﬁnanciera del sistema

y los límites que para esos ﬁnes han sido

establecidos; esto, sin perjuicio de cualquier

otra técnica, tecnología o procedimiento

que el Consejo Nacional de Seguridad So-

cial (CNSS) estime conveniente introducir.

43. SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL: IMPEDIMENTO DE

RETIRO ANTICIPADO DE AHORROS

CRITERIO:

El ahorro realizado mediante el sistema de capitalización

individual es obligatorio y no puede ser retirado de manera anticipada,

ya que su objetivo es garantizar el acceso a los beneﬁcios del sistema de

pensiones como parte del derecho fundamental a la seguridad social.

SENTENCIA TC/0137/13

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

acudió a su administradora de fondos de pensiones con el objetivo

de retirar de manera anticipada el monto acumulado en su cuenta

de capitalización individual. Ante la negativa de la AFP, la persona

acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f) En ese sentido, resulta indiscutible que la

señora Marisol García Oscar es propietaria

de los recursos acumulados en su cuenta de

capitalización individual en la Administra-

dora de Fondos de Pensiones (AFP) Popular.

No obstante, la recurrente, al igual que toda

la colectividad nacional, se encuentra sujeta

a una legislación especial que regula la admi-

nistración de los recursos tratados en la especie.

g) Con la promulgación de la Ley núm.

87-01, que crea el Sistema Dominicano

de Seguridad Social, se instituye el Sistema

Dominicano de Pensiones, cuya caracterís-

tica fundamental es que este se basa en la

capitalización individual del aﬁliado. Bajo

dicho esquema, los trabajadores van engro-

sando durante su etapa laboral una cuenta

de capitalización individual a través de

contribuciones obligatorias deducidas de su

salario cotizable y de las aportaciones que

realiza su empleador.

h) El propósito de este ahorro obligatorio

es que, al llegar a la edad de retiro, el

empleado cuente con recursos suﬁcientes

que le permitan disfrutar de una pensión

adecuada, mediante un retiro programado

en la AFP de su elección, o bajo la modali-

dad de una renta vitalicia a través de una

compañía de seguros.

l) En función de lo anterior, resulta evidente

que la Ley núm. 87-01, que crea el Siste-

ma Dominicano de Seguridad Social, no

consiente la posibilidad de retirar recursos

de las cuentas de capitalización individual

de los aﬁliados bajo una modalidad distinta

a las establecidas especíﬁcamente en dicha

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

558 | Art. 60

ÍNDICE

legislación. Por tales motivos, la AFP Popu-

lar se encuentra imposibilitada legalmente

de efectuar la devolución o entrega de los

recursos que la señora Marisol García Oscar

mantiene en la cuenta de capitalización

individual que posee en dicha empresa.

m) Más aún, devolver a la hoy recurrente los

recursos que tiene acumulados en su cuenta

de capitalización individual por el solo he-

cho de que esta argumente que se encuentra

desempleada, desnaturalizaría el Sistema

Dominicano de Seguridad Social establecido

por el legislador. Precisamente, la intención es

el ahorro obligatorio durante la vida produc-

tiva con la ﬁnalidad esencial de garantizar

mayor bienestar durante el período de retiro

laboral; de ahí que se denomine al sistema de

pensiones, sistema previsional.

n) Lo anterior es conforme al espíritu del

artículo 60 de nuestra Constitución, que

dispone: Toda persona tiene derecho a la

seguridad social. El Estado estimulará el

desarrollo progresivo de la seguridad social

para asegurar el acceso universal a una

adecuada protección en la enfermedad,

discapacidad, desocupación y la vejez.

44. TRASPASO DE FONDOS ENTRE REGÍMENES DE PENSIONES DE

REPARTO A CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL

CRITERIO:

La negativa dispuesta por el Consejo Nacional de Seguridad

Social de traspasar los fondos del sistema de reparto al sistema de

capitalización Individual no vulnera el derecho a la seguridad social.

Los fondos del sistema de reparto responden al principio de solidaridad

y no pueden ser individualizados ni transferidos a otro sistema de

pensiones, pues debe garantizarse la sostenibilidad económica del

sistema de reparto por ser un fondo común.

SENTENCIA TC/0073/18

Resumen del caso: Un señor ha presentado una acción directa de

inconstitucionalidad en contra de una resolución del Consejo Nacio-

nal de Seguridad Social (CNSS). La resolución establece en esencia

la negativa de devolver los fondos que aporten los afiliados al sistema

de reparto al no cumplir con los requisitos para el otorgamiento de

una pensión. El accionante alega que, en virtud del principio de

libre elección, él debe tener la libertad de hacer que sus fondos sean

transferidos al sistema de capitalización individual o, en su defecto,

devueltos. Alega violación al derecho a la seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1.8. Dicha resolución fue emitida

en consideración de que el Sistema de

Reparto es un sistema de pensiones basado

en beneﬁcios indeﬁnidos, que constituye

un fondo común, del cual los aﬁliados

en edad de retiro reciben las pensiones

deﬁnidas por la ley o reglamentación que

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 559

ÍNDICE

lo crea, destacándose que el monto de la

pensión asignada a cada beneﬁciario no

guarda relación con los aportes realizados

en su vida laboral; es decir, que el Sistema

de Reparto está basado fundamentalmente

en el principio de solidaridad, donde los

cotizantes activos ﬁnancian a los actuales

beneﬁciarios de pensiones del sistema a tra-

vés de los aportes que realizan al fondo, por

lo que dichas contribuciones se despersona-

lizan del contribuyente y pasan a integrar

un patrimonio a la masa de aﬁliados. Es

por ello que es principio elemental de dere-

cho previsional que los aportes del Reparto

no son propiedad de cada aﬁliado, por lo

que no puede reclamarse la devolución de

los mismos, contrario a lo que sucede en

el Régimen de Capitalización Individual,

donde los fondos van a una cuenta propia

de cada aﬁliado.

10.1.9. El Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos,

en el marco de una acción de inconstitu-

cionalidad, mediante Sentencia 101/2014,

del dieciocho (18) de agosto de dos mil

quince (2015), estableció en los conside-

randos 54 y 55 que: […] En primer tér-

mino, debe tenerse en cuenta que el sistema

aquí analizado no es un sistema de cuentas

individuales en donde las aportaciones de

los trabajadores van a una cuenta propia,

sino que nos encontramos ante un sistema

de reparto basado fundamentalmente en el

concepto de solidaridad. Este concepto de

solidaridad en el ámbito de la seguridad

social ya ha sido deﬁnido por este Tribunal

Pleno en el sentido de que se traduce en el

esfuerzo conjunto de los trabajadores del

Estado en sí mismo considerado y en su ca-

lidad de patrón para garantizar el otorga-

miento de las prestaciones constitucionales

mínimas respectivas (pensiones por retiro,

por invalidez o incapacidad y muerte; ser-

vicios de salud, turísticos y de recuperación

y vivienda barata) y proteger a quienes

menos tienen, mediante una distribución

equitativa de las cargas económicas. El

principio de solidaridad social garantiza

el otorgamiento de las prestaciones a que

constitucionalmente tienen derecho todos

los trabajadores para asegurar su bienestar

y el de su familia, en especial el de los que

obtienen menos ingresos, mediante una

distribución equitativa de los recursos

económicos necesarios para ello.

Así, en el caso las cuotas que se aportan

van a un fondo común denominado “re-

serva técnica”, la cual se constituye con

los recursos en efectivo o en especie que se

integran, invierten y administran para

garantizar y asegurar las prestaciones y

servicios de seguridad social previstos en la

propia Ley de Pensiones. Se trata entonces

de un sistema de solidaridad colectiva en

el que las aportaciones de todos y cada uno

de sus miembros integran un mismo fondo

cuya ﬁnalidad es ﬁnanciar todo lo que la

seguridad social implica.

10.1.10. De la cita anterior se inﬁere que

en nuestro sistema de reparto al igual se

crea un fondo común de todas y todos los

aﬁliados con base en el principio de soli-

daridad, lo que impide que dichos fondos

pueden ser individualizados, para garanti-

zar la sostenibilidad económica del sistema.

10.1.11. Por todo lo anterior, este tribunal

constitucional, con relación al argumento

del accionante de que la resolución impug-

nada vulnera el artículo 60 de la Constitu-

ción, considera que el hecho de prohibir la

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

560 | Art. 60

ÍNDICE

transferencia de fondos desde el Sistema de

Reparto hacia el Sistema de Capitalización

Individual no puede interpretarse como

vulneración al núcleo esencial del derecho a

la seguridad social, ya que el objetivo de esa

disposición es evitar el desmembramiento

del fondo que soporta el Sistema de Reparto,

cuya ﬁnalidad es la de ﬁnanciar el sistema

de la seguridad social, prohibición que re-

sulta razonable, tomando en consideración

la naturaleza común y solidaria del fondo

en favor de la masa de aﬁliados, a los ﬁnes

de proteger la universalidad del acceso de

los ciudadanos a un sistema de pensión dig-

na y este ﬁn colectivo se coloca en prioridad

al interés particular e individual de cada

cotizante.

10.1.12. Contrario a lo argüido por el

accionante, esta disposición de prohibir el

traspaso de fondos del Sistema de Reparto

al Sistema de Capitalización Individual,

no constituye una vulneración al derecho

de libre elección del trabajador, ya que este

puede elegir con libertad el sistema al que

preﬁere cotizar para su pensión; la limita-

ción consiste en que una vez haya elegido

el sistema de reparto, no procede transferir

los fondos que ha acumulado, por tratarse

de un fondo común y no individualizado,

aun estos puedan ser calculados. Este cri-

terio es cónsono con el carácter social de la

propiedad que la Constitución consagra en

su artículo 51 que consagra que “la propie-

dad tiene una función social que implica

obligaciones”, que aplicado al examen que

nos ocupa signiﬁca que cada cotizante en

un sistema de reparto es propietario de una

cuota parte del monto común, que tiene

como función social garantizar el derecho

a la pensión de todos los aﬁliados con la

limitación establecida en la ley, que debe

ser interpretada en el cumplimiento de

las obligaciones del Estado de garantizar

la protección efectiva de los derechos del

ciudadano.

45. TRASPASO DE RÉGIMEN DE PENSIONES DESDE EL SISTEMA DE

CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL HACIA EL SISTEMA DE REPARTO

CRITERIO:

Se vulnera el derecho fundamental a la seguridad social,

especialmente el derecho a una pensión, cuando la institución

encargada de otorgar la pensión (en este caso, la DGJP) realice

una interpretación restrictiva de la ley y no reconozca los derechos

adquiridos del servidor público. El servidor público que haya adquirido

el derecho a pensión en el sistema de reparto y se traspase al sistema

de capitalización individual debe retornar para ser beneﬁciario de su

pensión.

SENTENCIA TC/0323/17

CRITERIO 2:

No obstante haber determinado el reconocimiento del

derecho a pensión, para el otorgamiento y concretización de la pensión

el solicitante deberá culminar con el procedimiento administrativo

legalmente establecido para los ﬁnes. —Precedente reiterado mediante

sentencia TC/0217/18—

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 561

ÍNDICE

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

solicitó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo

del Estado (perteneciente al Ministerio de Hacienda) una pensión

por haber prestado servicio durante  años en instituciones públi-

cas. La solicitud fue rechazada indicándole que no reunía el tiempo

requerido y que además se había traspasado al régimen de capitaliza-

ción individual y, por tanto, estaba afiliado a una AFP. Inconforme

con esta decisión, el señor interpuso un recurso administrativo de

reconsideración que fue rechazado, por lo cual acudió ante la juris-

dicción constitucional en materia de amparo invocando vulneración

al derecho de seguridad social.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

h. Este tribunal ha podido veriﬁcar que

el tiempo laborado por el recurrido en el

Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI),

de conformidad con la certiﬁcación emiti-

da por esta institución, es desde el 24 de

noviembre del 1997, al 28 de febrero del

2006; y no hasta el 31 mayo del 2003 como

se estable en el referido Oﬁcio DGJP/núm.

03203. Además, la recurrente, Dirección

General de Jubilaciones y Pensiones a cargo

del Estado del Ministerio de Hacienda,

omite el tiempo laborado por el recurrido

en la Oﬁcina Nacional de la Propiedad

Industrial (ONAPI) desde 16/01/2006 al

26/02/2008, por lo que, el tiempo laborado

por el recurrido en el Estado dominicano es

de 22 años 5 meses y 9 días y en conse-

cuencia, cumple con el requisito establecido

en el referido artículo 1 de la referida ley

núm. 379-81, no obstante, haber cotizado

por un período de 4 meses en el Sistema

de Capitalización individual, a partir de

octubre de 2007, a través de la AFP Reser-

vas, por lo que, al momento de solicitar su

pensión, contaba un derecho adquirido, es

decir, que cuando el recurrido entró al sis-

tema de capitalización individual contaba

ya con 22 años laborados bajo el régimen

del sistema de reparto, por lo que cumple

con el tiempo establecido en la referida ley

núm. 379-81.

i. Del análisis del cuadro antes señalado

se puede concluir que para el computo de

los 18 años y 6 meses, la recurrente hizo

un corte hasta el año 2003, es decir, con

la entrada en vigencia de la Ley núm 87-

01, que crea el Sistema Dominicano de

Seguridad Social; no obstante, el recurrido

en esta fecha no había solicitado su pen-

sión, pues estaba laborando para el Estado

dominicano, y continuaba cotizando para

el sistema de reparto hasta septiembre

del 2007, cuando pasó automáticamente

al sistema de capitalización individual,

hasta febrero de 2008, según consta en

las certiﬁcaciones anexas al expediente.

Resulta erróneo que el recurrente alegue

que el recurrido no contaba con el tiempo

exigido por la ley, pues, es el 5 de marzo

del 2014, cuando reclamó su derecho a su

pensión, luego de haber laborado por 22

años 5 meses y 9 días, tiempo acumulado

en diversas instituciones del Estado, según

las certiﬁcaciones referidas en el literal e),

de esta decisión; por lo que a la fecha de

reclamar su pensión, ante la Dirección

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

562 | Art. 60

ÍNDICE

General de Pensiones y Jubilaciones a cargo

del Estado del Ministerio de Hacienda, ya

contaba con más de los 20 años requeridos

según la referida ley núm. 379-81, y era

acreedor del derecho a la seguridad social

que la Constitución consagra en su artículo

60 que establece: Derecho a la seguridad

social. Toda persona tiene derecho a la

seguridad social. El Estado estimulara el

desarrollo progresivo de la seguridad social

para asegurar el acceso universal a una

adecuada protección en la enfermedad,

discapacidad, desocupación y la vejez.

j. Este derecho debe ser reconocido y garan-

tizado por el Estado a través de una pensión

que permita al ciudadano una vida digna,

en la desocupación, enfermedad, discapaci-

dad y vejez; en el marco un Estado social y

democrático de derecho.

k. A juicio de este tribunal, el fundamento

para la recurrente negar la pensión al

recurrido constituye una interpretación

restrictiva de la ley, que se traduce en una

vulneración de derechos y del principio de

favorabilidad establecido en el numeral 4

del artículo 74 de la Constitución, el cual

dispone: “4) Los poderes públicos interpre-

tan y aplican las normas relativas a los de-

rechos fundamentales y sus garantías, en el

sentido más favorable a la persona titular

de los mismos […].”

[…] este tribunal entiende que resulta

procedente el criterio de que el señor Zoilo

Caraballo, no obstante tener acumulado

los años exigidos por la Ley núm. 379-81

para ser elegible para una pensión; lo co-

rrecto es que el retorne al sistema de repar-

to en virtud de lo que establece el artículo

38 de la referida ley núm. 87-01, el cual

dispone que deben permanecer en el siste-

ma de reparto, los aﬁliados que reúnan las

siguientes condiciones: a) Los trabajadores

del sector público y de las instituciones au-

tónomas y descentralizadas, de cualquier

edad, que estén amparados por las Leyes

379-81, 414-98 y/o por otras leyes aﬁnes,

excepto aquellos que deseen ingresar al

sistema de capitalización individual con-

templado en la presente ley; y […]. Que el

recurrido cumpliera con el procedimiento

establecido en la Resolución núm. 344-

12, que establece procedimiento para el

traspaso del Sistema de Capitalización

Individual al Sistema de Reparto, en

virtud de la Resolución 189-06 del

Consejo Nacional de la Seguridad Social

(CNSS), por lo que este tribunal concluye

que en razón a este aspecto la sentencia

recurrida debe ser modiﬁcada a los ﬁnes

de ordenar el pago de la pensión, una vez

el accionante retorne al sistema de reparto

de conformidad con lo dispuesto en la re-

ferida resolución que dispone, lo siguiente:

Artículo 1. Establecer el procedimiento de

traspaso al Sistema de Reparto para que to-

dos aquellos aﬁliados que, al momento del

inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y

Sobrevivencia, el 1 de junio del año 2003,

tenían más de 45 años de edad, contaban

con derechos adquiridos por las leyes

1896-48 sobre Seguros Sociales y/o 379-

81 sobre las Jubilaciones y Pensiones de

los Empleados del Sector Público y fueron

aﬁliados de manera automática o volun-

taria a una AFP. Artículo 2. Los aﬁliados

que deseen solicitar el traspaso tanto en

el caso de aﬁliación automática como de

aﬁliación voluntaria por desconocimiento

o desinformación, deberán depositar en

la Dirección de Información y Defensa

del Aﬁliado, DIDA, los documentos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 60 | 563

ÍNDICE

Siguientes: a) Formulario de “Solicitud

de Traspaso” debidamente completado; b)

Certiﬁcaciones de las instituciones donde

haya trabajado y/o Certiﬁcación de la

Contraloría General de la República; c)

Copia de la cédula de identidad;

o. Luego de analizar el presente caso, y

veriﬁcar que el señor Zoilo Caraballo

cumple con los requisitos establecidos

en la referida resolución en cuanto a los

años requeridos y derechos adquiridos en

virtud de la referida ley núm. 379-81,

para ser beneﬁciario de la pensión, no

obstante debe pertenecer al sistema de

reparto en virtud de lo establecido en el

referido artículo 38, de lo que se inﬁere

que corresponderá al recurrido realizar

el procedimiento correspondiente ante

la Dirección y Defensa de los Aﬁliados

(DIDA), el retorno al sistema de reparto,

para ser efectivo el pago de su pensión.

Páginas	465-563
Autor	Geovanny Nina Cruz

Derecho a la seguridad social. Artículo 60

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