El derecho al trabajo en tiempo de crisis y su tutela por parte del Estado

• Páginas: 129-143
• Fecha: 01 Enero 2022
• Fecha de publicación: 01 Enero 2022
• Autor: Eunisis Vásquez Acosta
• Materia: Derecho Constitucional

EL DERECHO AL

TRABAJO EN TIEMPO DE

CRISIS Y SU TUTELA POR

PARTE DEL ESTADO

Eunisis Vásquez Acosta

Jueza del Tribunal Constitucional

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 131

A

nalesdelsigloXIXyenlasprimerasdécadasdelsigloXX,lacreciente

intervención del Estado mediante legislaciones tutelares fue dando lugar

al nacimiento y desarrollo de una nueva disciplina cuyos fundamentos aban-

donaban la concepción liberal basada en el predominio absoluto de la autono-

mía de la voluntad, para suplantarlos por otra concepción que postulaba la ne-

cesidad de establecer, mediante normas de orden público, ciertos parámetros

mínimos obligatorios para la protección del trabajador. Así nace el Derecho

del Trabajo como sistema integral de tutela laboral, que en lo individual vino

a proteger sistemáticamente los derechos de quien trabaja, y en lo colecti-

vo, privilegió la libertad sindical en sus diversas manifestaciones. En cierta

forma, este sistema constituyó la respuesta que las democracias capitalistas

ofrecieron frente a la cuestión social como alternativa ante los movimientos

revolucionarios que propugnaban por la eliminación de la propiedad privada

y el establecimiento de un régimen colectivista1.

Esta es una realidad que persiste al día de hoy, en el siglo XXI, porque es par-

te de nuestra propia existencia y constituye una fuente lícita de ingresos que per-

miten al ser humano aspirar a una vida mejor y más digna dentro de la sociedad.

Sin embargo, a raíz de que en sus antecedentes las normas de regulación

laboral se gestan, entre otros motivos, debido a las condiciones desfavorables

que experimentaban los obreros en las fábricas del período de la Revolución

Industrial del siglo XIX, se suscitó una creciente relación entre el derecho la-

boral y la crisis económica, dado el momento histórico de la época. Por lo cual,

de cara a la implementación de los derechos laborales en los ordenamientos

jurídicos2,laexistenciade dicultades económicas -ya sea local, regional o

mundial-,impactalaecaciadeesosderechosenfavordelostrabajadores.

1 HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Oscar), Coordinador general, introducción Relaciones Laborales en

tiempos de incertidumbre, p. 28, 1ra. ed., Santo Domingo, Grupo Quisqueya, Escuela Nacional de la

Judicatura (ENJ), Fundación Universitas, 2021.

2 Delgado Ferro (Víctor), El Derecho del Trabajo en tiempos de crisis, publicado en la página web: VF

Delgado - Ius et Veritas, 2010 - revistas.pucp.edu.pe, tomado en fecha 8 de agosto de 2022.

132 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Como consecuencia de esa relación

unívoca entre derecho laboral y crisis eco-

nómica,enarasdesalvaguardarla ecacia

de los derechos laborales, que están enca-

minados a proteger las condiciones de los

trabajadores frente a sus patronos, en si-

tuaciones económicas normales o adversas,

en el desarrollo de la crisis que se produjo

luego de la Primera Guerra Mundial, fue

fundada, en el año 1919, la Organización

Internacional del Trabajo (OIT)34, la cual

adoptó, en 1944, como anexo de su docu-

mento de Constitución, la Declaración de

Filadela,queincorporalosprincipiosfun-

damentales que sirven de soporte medular

al derecho de trabajo, como instrumento de

protección de la dignidad humana que debe

garantizársele a todo trabajador en el orde-

namiento internacional.

Es en ese orden, y con base en la alu-

dida connotación de instrumento de pro-

tección de la dignidad humana, que en los

artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a

la Convención Americana sobre Dere-

chos Humanos en Materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (Pro-

tocolo de San Salvador), adoptado en el

ordenamiento internacional americano

de derechos humanos el 17 de noviembre

de1988-rmadopornuestropaísenesa

misma fecha pero aún no raticado-, se

prescribe la obligación que recae sobre

los Estados, de adoptar todas las medidas

que garanticen la efectividad del derecho

de trabajo.

En efecto, los artículos 6 y 7 del Proto-

colo de San Salvador, disponen a favor de

los trabajadores que:

3 Ídem.

4 La República Dominicana es miembro de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) desde el 29 septiembre

de 1924.

Artículo 6

Derecho al trabajo

1. Todo (sic) persona tiene derecho al

trabajo, el cual incluye la oportunidad

de obtener los medios para llevar una

vida digna y decorosa a través del

desempeño de una actividad lícita

libremente escogida o aceptada.

2. Los Estados Parte se comprometen

a adoptar las medidas que garanticen

plena efectividad al derecho al traba-

jo, en especial las referidas al logro

del pleno empleo, a la orientación vo-

cacional y al desarrollo de proyectos

de capacitación técnico-profesional,

particularmente aquellos destinados

a los minusválidos. Los Estados Parte

se comprometen también a ejecutar y a

fortalecer programas que coadyuven a

una adecuada atención familiar, enca-

minados a que la mujer pueda contar

con una efectiva posibilidad de ejercer

el derecho al trabajo.

Artículo 7

Condiciones justas, equitativas y

satisfactorias de trabajo

Los Estados Parte en el presente Proto-

colo reconocen que el derecho al trabajo

al que se refiere el artículo anterior su-

pone que toda persona goce del mismo

en condiciones justas, equitativas y sa-

tisfactorias, para lo cual dichos Estados

garantizarán en sus legislaciones nacio-

nales, de manera particular:

a. Una remuneración que asegure

como mínimo a todos los trabajado-

res condiciones de subsistencia digna

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 133

y decorosa para ellos y sus familias y

un salario equitativo e igual por traba-

jo igual, sin ninguna distinción; b. El

derecho de todo trabajador a seguir su

vocación y a dedicarse a la actividad

que mejor responda a sus expectativas

y a cambiar de empleo, de acuerdo con

la reglamentación nacional respectiva;

c. El derecho del trabajador a la pro-

moción o ascenso dentro de su trabajo,

para lo cual se tendrán en cuenta sus

calificaciones, competencia, probidad

y tiempo de servicio; d. La estabilidad

de los trabajadores en sus empleos,

de acuerdo con las características de

las industrias y profesiones y con las

causas de justa separación. En casos

de despido injustificado, el trabajador

tendrá derecho a una indemnización o

a la readmisión en el empleo o a cuales-

quiera otra prestación prevista por la

legislación nacional; e. La seguridad e

higiene en el trabajo; f. La prohibición

de trabajo nocturno o en labores insa-

lubres o peligrosas a los menores de

18 años y, en general, de todo trabajo

que pueda poner en peligro su salud,

seguridad o moral. Cuando se trate

de menores de 16 años, la jornada de

trabajo deberá subordinarse a las dis-

posiciones sobre educación obligatoria

y en ningún caso podrá constituir un

impedimento para la asistencia escolar

o ser una limitación para beneficiarse

de la instrucción recibida; g. La limita-

ción razonable de las horas de trabajo,

tanto diarias como semanales. Las jor-

nadas serán de menor duración cuan-

do se trate de trabajos peligrosos, insa-

lubres o nocturnos; h. El descanso, el

disfrute del tiempo libre, las vacaciones

pagadas, así como la remuneración de

los días feriados nacionales.

Por tanto, los derechos conferidos a

los trabajadores -como derecho humano

laboral- deben ser vistos como los instru-

mentos jurídicos que permiten al individuo

desarrollar y explotar sus habilidades, con

el objeto de alcanzar su bienestar material,

en condiciones de libertad, respeto a su

dignidad humana, así como garantizándo-

sele la seguridad económica e igualdad de

oportunidades5.

En ese mismo sentido, el Tribunal

Constitucionaldominicanohadenido,en

su Sentencia TC/0005/20, de fecha 31

de enero de 2020, el derecho fundamental

del trabajo, entendiendo que el mismo no

solo debe ser visto como un simple instru-

mento para alcanzar bienestar económico y

material, sino como el medio que permite

al individuo desarrollar y explotar sus talen-

tos o habilidades. Al respecto, en Sentencia

núm. TC/0005/20, se dispuso que:

9.4. Con respecto al contenido esencial

de este derecho, Díez-Picazo señala que

el valor o bien jurídico protegido por

el derecho al trabajo es la vita activa,

entendida como el despliegue de las

energías individuales, a fin de producir

bienes y servicios de toda índole; y ello

tanto para ganarse el sustento como,

más en general, para desarrollar la pro-

pia personalidad (Díez-Picazo, 2013,

p. 487). En efecto, tal como señala el

referido autor, el derecho al trabajo no

solo protege el derecho a producir bie-

5 Patlán Pérez (Juana), Derechos laborales: una mirada

al derecho a la calidad de vida en el trabajo, Publicado en

la página web: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/

handle/document/47106/ssoar-cienciaergo-2016-

2-patlan_perez_juana-Derechos_laborales_una_

mirada_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=sso

ar-cienciaergo-2016-2-patlan_perez_juana-Derechos_

laborales_una_mirada_al.pdf

Tomado en fecha 9 de agosto de 2022.

134 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

nes y/o servicios que nos permitan vivir

dignamente, sino también que constitu-

ye un medio para desarrollarnos como

personas a través de la realización de

tareas afines con nuestras competen-

cias, de manera tal que trabajar no es

solo un medio para mantenerse, sino

también un camino para la perfección

del espíritu.

En términos similares se ha expresado

la Corte Constitucional de Colombia, me-

diante Sentencia C-593/14, en la que des-

taca la connotación que tiene el derecho de

trabajo como principio fundamental de un

Estado Social de Derecho; así, prescribe lo

siguiente:

La protección constitucional del traba-

jo, que involucra el ejercicio de la acti-

vidad productiva tanto del empresario

como la del trabajador o del servidor

público, no está circunscrita exclusiva-

mente al derecho a acceder a un empleo

sino que, por el contrario, es más am-

plia e incluye, entre otras, la facultad

subjetiva para trabajar en condiciones

dignas, para ejercer una labor conforme

a los principios mínimos que rigen las

relaciones laborales y a obtener la con-

traprestación acorde con la cantidad y

calidad de la labor desempeñada. Des-

de el Preámbulo de la Constitución, se

enuncia como uno de los objetivos de la

expedición de la Constitución de 1991,

el asegurar a las personas la vida, la

convivencia, el trabajo, la justicia, la

igualdad, el conocimiento, la libertad y

la paz. Es decir, el trabajo es un princi-

pio fundante del Estado Social de Dere-

cho. Es por ello que desde las primeras

decisiones de la Corte Constitucional se

ha considerado que “Cuando el Consti-

tuyente de 1991 decidió garantizar un

orden político, económico y social justo

e hizo del trabajo requisito indispensa-

ble del Estado, quiso significar con ello

que la materia laboral, en sus diversas

manifestaciones, no puede estar ausente

en la construcción de la nueva legali-

dad”. Lo anterior implica entonces que

dentro de la nueva concepción del Esta-

do como Social de Derecho, debe enten-

derse la consagración constitucional del

trabajo no sólo como factor básico de la

organización social sino como principio

axiológico de la Carta.

En ese orden, precisamos que al tener

el derecho al trabajo un carácter fundamen-

tal, en vista de que el mismo es un elemento

esencial de todo Estado Social de Derecho,

las acciones estatales deben estar focali-

zadas en su respeto y cumplimiento, pu-

diendo adoptar, para ello, cuatro tipos de

actuaciones: a) una actuación jurídica (en

sentido estricto), b) una actuación institu-

cional, c) servicios públicos, y d) ayuda o

subsidios estatales6.

• La actuación jurídica está conforma-

da por el reconocimiento normativo

de los derechos fundamentales en el

ordenamiento jurídico interno, in-

cluyendo el establecimiento de los

mecanismos jurídicos procesales

administrativos y jurisdiccionales

que permitan la materialización de

su tutela, recayendo tal actividad en

la entidad administrativa del Estado

6 PIZA ROCAFORT (Rodolfo E.), Derecho al trabajo y

derechos de los trabajadores desde la perspectiva de los

convenios internacionales sobre derechos económicos,

sociales y culturales, publicado en la página web: https://

www.corteidh.or.cr/tablas/R08064-6.pdf Tomado

en fecha 9 de agosto de 2022.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 135

encargadaderegularyscalizarlas

relaciones laborales –en nuestro

país, el Ministerio de Trabajo-; y en

el orden judicial, a los tribunales la-

borales7.

• La actuación institucional debe

ser entendida como la conforma-

ción del sistema- institucional- de

carácter público administrativo,

capaz de garantizar la tutela previa

de los derechos laborales a cargo

de la administración pública con

competencia para ello. Este tipo de

actuación por lo general recae so-

bre las direcciones de inspección y

relaciones laborales, de la entidad

administrativa del Estado encarga-

daderegularyscalizarlasrelacio-

nes laborales8.

• Los servicios públicos son todas

las actividades o servicios que la

entidad administrativa del Estado

encargada de regular y scalizar

las relaciones laborales, ofrecen a

los ciudadanos para orientarlos en

relación a los derechos laborales de

los cuales son acreedores, lo cual

incluye el acceso a las informacio-

nes relacionadas a sus derechos de

carácter laboral, de seguridad so-

cial, riesgos laborales, capacitación

para el trabajo, etc.9.

• Los mecanismos de ayuda o sub-

sidios estatales constituyen el

conjunto de servicios que ofrece

el Estado para que los grupos más

necesitados puedan ser asistidos,

7 PIZA ROCAFORT (Rodolfo E.), ibid.

8 Ídem.

9 Op. cit.

de manera institucional o judicial,

en los temas relacionados a la tutela

de su derecho fundamental laboral,

lo cual abarca asesoría laboral o ju-

dicial para apoyarlos en la defensa

de los derechos que como trabaja-

dores les corresponden10.

Por tanto, precisamos que las actuacio-

nes estatales antes analizadas están encami-

nadas, en procurar la concreción real de la

tutela de los derechos fundamentales labo-

rales, y no que su defensa dependa exclu-

sivamente del reconocimiento normativo

y jurisprudencial a cargo de los tribunales,

sino que su reconocimiento se imponga a

todos los entes públicos y privados11.

No ajena a esa realidad de tutela, nues-

tra Constitución en su artículo 62 dispone

que el ejercicio del derecho fundamental al

trabajo, cuenta con la protección y asistencia

delEstado,locualsignica,quesustrespo-

deres deben garantizar la existencia de unas

condiciones mínimas, que permitan que el

ejercicio laboral se ejerza en un entorno que

garantice el respeto de la dignidad humana

del trabajador, en lo referente a propiciar las

condiciones de libertad, seguridad econó-

mica e igualdad de oportunidades; su conte-

nido textual expresa lo siguiente:

Artículo 62.- Derecho al trabajo. El tra-

bajo es un derecho, un deber y una fun-

ción social que se ejerce con la protección

y asistencia del Estado. Es finalidad

esencial del Estado fomentar el empleo

digno y remunerado. Los poderes pú-

blicos promoverán el diálogo y concer-

tación entre trabajadores, empleadores

y el Estado.

10 PIZA ROCAFORT (Rodolfo E.), ibid.

11 Ídem.

136 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Conforme a lo prescrito en el citado artí-

culo 62 constitucional, los poderes públicos

deben velar no solo por el reconocimiento

normativo y jurisprudencial del derecho fun-

damental al trabajo que recae sobre las per-

sonas, sino que por demás, deben adoptar

todas las medidas y mecanismos necesarios

que procuren su tutela efectiva, lo cual se

maniestaenlamedidaenqueseeviterea-

lizar actuaciones administrativas o judiciales

que estén encaminadas a desvirtuar el con-

tenido esencial de ese derecho fundamental.

Con base en la protección del núcleo del

derecho fundamental al trabajo en tiempos

de la presente crisis económica y laboral,

la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) ha emitido unas recomendaciones,

con el objetivo de la adopción, por parte de

los países miembros, de ciertas medidas que

le permitan amortiguar los efectos adver-

sos que ha provocado la presencia del CO-

VID-19, en lo que respecta a garantizar la

ecaciadelderechofundamentalaltrabajo.

En ese orden, la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT) dispone que las

medidas que deben adoptar los Estados,

paragarantizarlaecaciadelderechofun-

damental al trabajo en tiempo de crisis –

como la actual-, deben estar cimentadas en

la protección de los trabajadores en el lugar

de trabajo, estimular la economía y el em-

pleo y buscar los mecanismos para sostener

los puestos de trabajo y los ingresos12.

Entre las medidas recomendadas por

la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) para hacer frente a la crisis económi-

ca, están la de ampliar la protección social,

adoptar programas que estén encaminados

12 SERVAIS (Jean-Michel), El COVID 19. ¿Qué nos

dice la OIT?, publicado en la página web: https://

www.hospitaldelrosario.gov.co/portal/wp-content/

uploads/2020/09/eiop/el_covid_19.pdf

Tomado en fecha 8 de agosto de 2022.

al mantenimiento de empleos, tales como

reducción de la jornada de trabajo, la utiliza-

ción del teletrabajo, entre otros, así como la

adopciónde políticasdeayudasnancieras

y desgravación scal que faciliten –en tér-

minos económicos- a los empleadores man-

tener los puestos de trabajo, en especial a la

micro, pequeña y mediana empresas13.

En lo referente a las medidas de carácter

económico que están relacionadas a la adop-

ción, por parte de los Estados miembros de

la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), de políticas que viabilicen el estableci-

mientodeunsistemadeayudasnancierasy

desgravaciónscal,precisamosque-através

de su ya aludida adopción- lo que se persigue

es evitar la ocurrencia de un estado de insol-

vencia de los empleadores, lo cual puede dar

lugar a una estampida colectiva de termina-

ción de los contratos de trabajo, quedando de

esa forma comprometida la subsistencia eco-

nómica y material de los trabajadores.

Así mismo, destacamos que la imple-

mentación de las medidas de mantenimien-

to de empleos relacionadas a la reducción

de la jornada de trabajo y la utilización del

teletrabajo ameritan por parte del Estado la

implementación de un sistema jurídico ad

hoc exible,queseadaptealarealidad de

la crisis sin afectar la esencia misma del de-

recho fundamental al trabajo14.

Destacamos que ese sistema jurídico

ad hoc exible debe tener por propósito

que los empleadores transiten el escenario

de crisis con una relativa normalidad, en lo

que se reere a sus actividades laborales

empresariales habituales, garantizándose

de esa forma la salvaguarda de los puestos

13 Servais, ibid.

14 MERCADER UGUINA (Jesús R.), Derecho del Traba-

jo y COVID-19: tiempos inciertos, publicado en la página

web: https://core.ac.uk/download/pdf/327690526.

pdf . Tomado en fecha 8 de agosto de 2022.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 137

de trabajo, y a la vez, que se tomen los re-

caudos necesarios para la protección de la

dignidad laboral de los trabajadores15.

Uno de los instrumentos que han adop-

tado los países como sistema jurídico ad hoc

exible,quehapermitidomitigarlosefec-

tos adversos de la crisis del COVID-19, en

lo referente al desarrollo de las actividades

empresariales de los empleadores, con lo

cual los Estados han garantizado la no des-

aparición de los puestos laborales, como ya

anteriormente nos hemos referido, ha sido

la implementación del teletrabajo.

El teletrabajo constituyó el medio por

excelencia de respuesta ante la crisis sani-

taria, que ha posibilitado a los empleadores

la continuidad de sus actividades empre-

sariales, y a los trabajadores, desempeñar

su vida laboral, atender a las necesidades

económicas y materiales de su familia. Así

mismo, el teletrabajo ha permitido garan-

tizar la ecacia de la medida de conten-

ción y protección de las personas que han

impuesto los Estados para hacer frente a

la crisis sanitaria que ha traído consigo el

COVID-1916.

El teletrabajo, como medida paliativa

ala crisiseconómicaque hasignicadola

existencia del estado sanitario por el CO-

VID-19, en lo referente al ejercicio del de-

recho fundamental al trabajo, apareja la par-

ticularidad de que los Estados adopten un

sistema jurídico laboral ad hoc exible,que

regulen el tema relacionado a los horarios

de trabajo de los empleados que trabajan

a distancia, así como el asunto de la carga

económica en que incurren los empleados

durante la ejecución de sus actividades en

sudomicilioofueradelaocina17.

15 Ídem.

16 Op. Cit.

17 Op. Cit.

Por ello, en relación a las condiciones

mínimas que debe observar todo contrato la-

boral donde se estipule el teletrabajo, la Cor-

te Constitucional de Colombia ha expresado

que deberán ser señaladas las condiciones en

que operará la ejecución de esa tipología de

trabajo, los medios tecnológicos y de ambien-

te que necesitara el trabajador; los días y los

horarios en los que el trabajador realizará sus

actividades. En efecto, en relación al conteni-

do del contrato de teletrabajo, esa Corte en su

Sentencia C-103-21 dispuso que:

La vinculación a través del teletrabajo

es voluntaria y le son plenamente exi-

gibles a esta modalidad contractual los

elementos mínimos de (a) prestación

personal del servicio, (b) salario y (c)

subordinación, pese a la redefinición

de la concepción clásica de este último

concepto. Por lo demás, el contrato que

origine el teletrabajo debe indicar, entre

otras, las condiciones para desarrollar

las labores contratadas; los medios tec-

nológicos y de ambiente requeridos; la

forma de ejecutar el trabajo en condi-

ciones de tiempo y espacio, así como los

días y los horarios en los que el teletra-

bajador realizará sus actividades. Esto

último, para efectos (i) de delimitar la

responsabilidad en caso de que se pre-

sente un accidente de trabajo; (ii) para

evitar el desconocimiento de la jornada

máxima legal; y (iii) para garantizar el

derecho al descanso del teletrabajador.

En nuestro ordenamiento jurídico,

conforme a las atribuciones que ostenta el

Ministerio de Trabajo, en virtud de lo pres-

crito en el artículo 42018 del Código de

18 Artículo 420 del Código de Trabajo. - La Secretaría de

Estado de Trabajo, como órgano representativo del Poder

138 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

Trabajo, de adoptar los mecanismos jurídi-

cos necesarios para conservar el desarrollo

del derecho fundamental al trabajo en tiem-

po de crisis, esa entidad emitió, en fecha 12

de noviembre de 2020, la Resolución núm.

23-2020, sobre la Regulación del Teletra-

bajo como Modalidad Especial de Trabajo,

enlacualfuerondenidas lascondiciones

generales bajo las cuales se consideran vá-

lidas las nuevas contrataciones o adenda

de contratos, que estipulen el teletrabajo

como modalidad especial laboral.

Dentro de los temas que se regularizan

en la Resolución núm. 23-2020, en lo re-

ferente a la relación laboral implementada

a través del teletrabajo, en el párrafo I del

punto tres, se prescriben las condiciones

fundamentales que deben ser acordadas

por los empleadores y los trabajadores

para el desarrollo de esa modalidad laboral,

dentro de las cuales están la descripción de

las obligaciones que serán ejecutadas por

el teletrabajador, las condiciones en que

serán realizadas las actividades laborales

-lo cual incluye el horario en que será eje-

cutado el teletrabajo-, la indicación de los

materiales que serán entregados por el em-

pleador para la prestación del servicio, así

como la estipulación respecto de las partes

sobre las responsabilidades o cargas eco-

nómicas adicionales que se den en el trans-

curso de la implementación de la actividad

laboral virtual.

Destacamos que la implementación,

por parte del Ministerio de Trabajo, de una

normativa jurídica administrativa regla-

mentaria laboral ad hoc exible, como la

Resolución núm. 23-2020, sobre la Regu-

Ejecutivo en materia de trabajo, es la más alta autoridad

administrativa en todo lo atinente a las relaciones entre

empleadores y trabajadores, y al mantenimiento de la

normalidad en las actividades de la producción en la

República.

lación del Teletrabajo como Modalidad Es-

pecial de Trabajo, ha permitido en nuestro

país la continuidad económico-laboral, a

pesarde lo quehansignicado, en térmi-

nos negativos para el mercado laboral, las

medidasde connamiento quefueronim-

plementadas por la crisis provocada por la

pandemia del COVID-19, dado su impacto

social y económico.

Y es que, si bien hemos resaltado las

bondades del teletrabajo, no menos cierto

es que conlleva, como toda novedad tec-

nológica, un elemento algo reprochable,

y es el hecho de que su implementación

tiene por efecto la individualización de las

relaciones laborales, en vista de que su eje-

cución lleva consigo un alejamiento de la

persona del colectivo laboral, lo cual puede

provocar una especie de degradación de las

relaciones laborales entre personas19.

Otra de las medidas adoptadas por

los Estados para contrarrestar los efectos

adversos de la crisis del COVID-19 en el

desarrollo habitual de las actividades labo-

rales, de cara al cumplimiento del derecho

fundamental al trabajo, ha sido la imple-

mentación de medidas de bioseguridad

encaminadas a la protección de los trabaja-

dores que se reincorporan de forma física

a sus puestos laborales, las cuales han sido

adoptadas con el interés de preservar su

dignidad y salud.

En ese sentido, de la necesidad de la

implementación de medidas de bioseguri-

dad para la protección de la dignidad y sa-

lud de los trabajadores, por ser parte prin-

cipal del derecho fundamental al trabajo, la

19 MERCADER UGUINA (Jesús R.), Derecho del Traba-

jo y COVID-19: tiempos inciertos, publicado en la página

web: https://core.ac.uk/download/pdf/327690526.

pdf Tomado en fecha 8 de agosto de 2022.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 139

Corte Constitucional de Colombia ha seña-

lado en la Sentencia C-205/20 que:

Bajo tal contexto ha de entenderse la de-

bida ejecución de los protocolos de bio-

seguridad, los cuales se erigen como un

derecho social a gozar de condiciones de

trabajo satisfactorias que garanticen la

seguridad y la higiene a los empleados,

cuya aplicación corresponde a los em-

pleadores, en virtud del deber de suminis-

tro de elementos de protección. Por ello, el

desacato de este compromiso vulnera el

derecho fundamental al trabajo en con-

diciones dignas y justas, de forma que los

trabajadores no están obligados a des-

empeñar labores respecto de las cuales su

empleador no ha garantizado mínimos

de seguridad y protección, sin los cuales

se pone en riesgo no solo su integridad fí-

sica sino incluso la propia vida.

Por lo tanto, las garantías de seguridad

frente a los diferentes riesgos laborales

deben ser consideradas un elemento fun-

damental para la concreción del elemen-

to de dignidad contenido en el derecho

del trabajo, pues con ellas lo que se per-

sigue es la protección de los trabajadores,

para que el desarrollo de sus actividades

no ponga en riesgo su salud e integridad

física o mental, o por lo menos, minimice

la posibilidad de que ello ocurra.

En este punto, precisamos que el dere-

cho fundamental al trabajo comprende, por

demás, que le sea asegurado a todo trabaja-

dor su seguridad y salud en el desarrollo de

sus actividades habituales, recayendo sobre

el empleador, aun en tiempo de crisis eco-

nómica, la obligación de adoptar todas las

medidas necesarias para la protección de la

dignidad humana de sus empleados.

Como fundamento de la protección

del derecho a la dignidad, seguridad y sa-

lud de los trabajadores que debe garantizar

el Estado, fue formulado por el Ministerio

de la Presidencia de la República Domini-

cana un Protocolo General y Sectorial para

la Reinserción Laboral, en el que fueron

denidaslasmedidasqueelsectorlaboral,

dependiendo de su actividad, debe obser-

var para el mantenimiento de un ambiente

laboral saludable, estableciéndose los pará-

metros de ventilación, limpieza, desinfec-

ción, restructuración y acondicionamiento

de los lugares de trabajo, para mantener el

distanciamiento correspondiente.

La implementación de esas medidas

se ha traducido en un vertiginoso proceso

de transformación respecto a las técnicas

de tutela de seguridad y salud laboral,20 ya

quesu implementaciónhasignicadouna

reestructuración de los procesos de orga-

nizaciónyscalizacióndelsistemajurídico

laboral dominicano, para alinearlos a la rea-

lidad que ha acarreado la crisis sanitaria del

COVID-19.

Ahora bien, en adición a los problemas

particulares que puede traer consigo toda

crisis económica, como en la actualidad la

crisis del COVID-19, en lo referente a la

adopción de medidas estatales administra-

tivas que permitan mantener los puestos

de trabajo, existe la problemática de que su

efectividad puede estar condicionada a la

realización de un ajuste a los derechos de

los trabajadores, como medio para fomen-

tar una expansión económica21.

20 MERCADER UGUINA (Jesús R.), ibid.

21 DELGADO (Víctor Ferrero), El derecho del trabajo

en tiempos de crisis, publicado en la página web https://

revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/

download/12122/12687/ Tomado en fecha 8 de agosto

de 2022.

140 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

En ese orden, indicamos que la ejecu-

ción de las medidas que deban adoptarse en

tiempos de crisis, y que envuelva, de cierta

forma, un ajuste a los derechos de los tra-

bajadores, deben ser articuladas tomando

en cuenta el principio de progresividad que

conforma el derecho fundamental al traba-

jo, lo cual implica que los derechos míni-

mos asistenciales y de protección que sean

favorables a los trabajadores en el ordena-

miento jurídico, en principio no puedan ser

variados para ser disminuidos o agravados.

En efecto, el ordenamiento jurídico

internacional sobre derechos humanos, el

principio de progresividad de los derechos

económicos, sociales y culturales, está

prescrito en el artículo 26 de la Conven-

ción Americana sobre los Derechos Huma-

nos, así como en el artículo 2.1 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos

Sociales y Culturales, como una especie de

garantía, para que los Estados signatarios

no adopten medidas que tiendan a prescri-

bir la regresividad de los mismos22.

Al tenor del principio de progresivi-

dad el artículo 26 de la Convención Ame-

ricana sobre los Derechos Humanos, dis-

pone que:

Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los

Estados Parte se comprometen a adop-

tar providencias, tanto a nivel interno

como mediante la cooperación inter-

nacional, especialmente económica y

técnica, para lograr progresivamente

la plena efectividad de los derechos

que se derivan de las normas económi-

cas, sociales y sobre educación, ciencia

22 TOLEDO TORIBIO (Omar), El Principio de

Progresividad y no Regresividad en Materia Laboral,

publicado en la página web https://dialnet.unirioja.es/

descarga/articulo/5500749.pdfTomado en fecha 9 de

agosto de 2022.

y cultura, contenidas en la Carta de la

Organización de los Estados America-

nos, reformada por el Protocolo de Bue-

nos Aires, en la medida de los recursos

disponibles, por vía legislativa u otros

medios apropiados.

Además, el artículo 2.1 del Pacto Inter-

nacional de Derechos Económicos Socia-

les y Culturales señala que:

Artículo 2.1. Cada uno de los Estados

Parte en el presente Pacto se compro-

mete a adoptar medidas, tanto por

separado como mediante la asisten-

cia y la cooperación internacionales,

especialmente económicas y técnicas,

hasta el máximo de los recursos de

que disponga, para lograr progresi-

vamente, por todos los medios apro-

piados, inclusive en particular la

adopción de medidas legislativas, la

plena efectividad de los derechos aquí

reconocidos.

En nuestro ordenamiento constitu-

cional, el principio de progresividad y no

regresividad en materia laboral tiene su

fundamento, de acuerdo a lo prescrito en el

artículo 62.7 de la Constitución23, al mo-

mento de señalar que:

Artículo 62.- Derecho al trabajo. El tra-

bajo es un derecho, un deber y una fun-

ción social que se ejerce con la protección

y asistencia del Estado. Es finalidad

esencial del Estado fomentar el empleo

digno y remunerado. Los poderes pú-

blicos promoverán el diálogo y concer-

tación entre trabajadores, empleadores

y el Estado. En consecuencia: (…) 7) La

23 Constitución dominicana de 2015.

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 141

ley dispondrá, según lo requiera el inte-

rés general, las jornadas de trabajo, los

días de descanso y vacaciones, los sala-

rios mínimos y sus formas de pago, la

participación de los nacionales en todo

trabajo, la participación de las y los

trabajadores en los beneficios de la em-

presa y, en general, todas las medidas

mínimas que se consideren necesarias

a favor de los trabajadores, incluyendo

regulaciones especiales para el trabajo

informal, a domicilio y cualquier otra

modalidad del trabajo humano. El Es-

tado facilitará los medios a su alcance

para que las y los trabajadores puedan

adquirir los útiles e instrumentos indis-

pensables a su labor.

Destacamos que el principio de pro-

gresividad en el derecho laboral dominica-

no, se desprende de la regla constitucional

prescrita en el artículo 62.7 de la Constitu-

ción, el cual señala que: “La ley dispondrá

(…), en general, todas las medidas mínimas

que se consideren necesarias a favor de los

trabajadores”, por lo que debe entenderse

que la aplicación del referido principio tie-

ne una jerarquía constitucional.

Deahí,esposiblearmar,queelprin-

cipio de progresividad y no regresividad

en materia laboral es la plataforma funda-

mental que poseen los trabajadores para

la defensa de sus derechos laborales24,

en especial en tiempo de crisis económi-

ca, ya que su aplicación lo que propugna

es servir como un mecanismo de garantía,

para que los derechos de los trabajadores

no sean reducidos, a menos que para ello

exista una causa constitucionalmente ra-

zonable que lo justique, por no existir

otra solución posible.

24 TOLEDO TORIBIO (Omar), ibid.

En relación a la problemática de la

aplicación constitucional del principio de

progresividad en materia laboral, en de-

recho comparado se han realizado ciertas

interpretaciones jurisprudenciales, me-

diante las cuales se ha procurado modular

los efectos del referido principio, con el

objetivode identicar siseestá o noante

una medida que tiene como objeto el cum-

plimientodenes constitucionales,conlo

cualquede justicadalainaplicacióndela

garantía de progresividad que trae consigo

el derecho de trabajo. Al respecto, en la

Sentencia C-046/18, la Corte Constitu-

cional de Colombia señaló:

La jurisprudencia más reciente ha de-

terminado que el principio de progre-

sividad es separable de la regla de no

regresividad y que son categorías jurí-

dicas diferenciables, aunque interrela-

cionadas. Así, ha dicho que entre las

mismas existe una relación de género

y especie, en la que la regla, es decir, la

no regresividad es una manifestación

del principio e implica una obligación

de no hacer para el Estado, pero sobre

todo se desprende del principio de in-

terdicción de la arbitrariedad. Por otro

lado, el principio de progresividad su-

pone obligaciones de hacer con miras a

garantizar, gradual y sucesivamente la

plena efectividad de los derechos, en el

contexto de las capacidades económicas

e institucionales del Estado.

El respeto del principio de progresivi-

dad, que conlleva la regla de no regre-

sividad ha sido parámetro de constitu-

cionalidad, al igual que un elemento de

análisis al verificar la violación de de-

rechos constitucionales, principalmente

alrededor de los derechos a la seguridad

142 • Anuario 2021 Tribunal Constitucional

social, al medio ambiente, a la vivienda,

a la salud y al trabajo. El desarrollo de

este principio, en conjunto con la regla

de no regresividad, es diferente respecto

de cada derecho. No obstante, la evolu-

ción de la jurisprudencia sobre el mismo

ha determinado ciertas reglas generales,

a saber: (i) las medidas que constituyan

un retroceso en la protección de los de-

rechos sociales, económicos y culturales

son prima facie inconstitucionales; (ii)

la libre configuración del legislador se

reduce en materia de estos derechos, en

tanto que cuando este adopte una medi-

da que produzca una disminución en el

nivel de protección alcanzado, tiene el

deber de justificación conforme al prin-

cipio de proporcionalidad, aun cuando

exista un amplio margen de configura-

ción; (iii) la prohibición de regresivi-

dad también es aplicable a la Adminis-

tración; (iv) en virtud de este principio

no es posible avalar la inactividad del

Estado, en su tarea de implementar

acciones para lograr la protección inte-

gral de los derechos; y (v) en relación

con las facetas prestacionales de los

derechos que no son exigibles de forma

inmediata, es posible solicitar judicial-

mente “(1) la existencia de una política

pública, (2) orientada a garantizar el

goce efectivo del derecho y (3) que con-

temple mecanismos de participación de

los interesados”.

Se ha reconocido que la regla de no

regresividad no es absoluta, pues se

entiende que existen situaciones que

de conformidad con determinaciones

de racionalización de recursos y con el

momento histórico de cada Estado, ad-

miten el retroceso de la efectividad de

algunas garantías, sin que ello suponga

necesariamente una arbitrariedad, lo

cual se verifica mediante el análisis de

razonabilidad y proporcionalidad de

la medida.

El juicio de progresividad y no regresión

en relación con las facetas prestaciona-

les de los derechos supone un juicio de

proporcionalidad en sentido estricto, en

el cual se debe verificar que la medida

“(i) persiga una finalidad constitucio-

nalmente imperativa; (ii) que el instru-

mento utilizado para alcanzar ese fin

sea ciertamente idóneo; (iii) que la me-

dida sea necesaria, es decir, que no exis-

tan otros medios menos regresivos para

alcanzar ese fin; y (iv) que la medida

sea proporcional en sentido estricto, sin

afectar, no obstante, el núcleo mínimo

del derecho en cuestión. Al enfrentarse

a una presunción de inconstitucionali-

dad, la carga de probar estos elementos

recae sobre el Estado”. Cabe precisar

que la jurisprudencia, al distinguir en-

tre las categorías jurídicas de principio

de progresividad y la regla de no regre-

sividad, ha determinado que también

es posible escindirlas en el análisis de

constitucionalidad, según el cargo y la

medida estudiada. En este sentido, ha

dicho que existen eventos en los que no

se revisa si una medida es regresiva,

como sucede respecto de normas dero-

gadas, subrogadas o modificadas, sino

que el cargo limita su acusación respec-

to del principio de progresividad, por

ejemplo, cuando se demanda una me-

dida de fomento o que busca ampliar la

efectividad de un derecho, entonces en

esos eventos el examen constitucional

escapa el test referido y se circunscri-

be a verificar el respeto al principio de

igualdad, que a su vez incluye un aná-

Anuario 2021 Tribunal Constitucional • 143

lisis de razonabilidad, por oposición a

la arbitrariedad.

Por tanto, en sintonía con lo señalado

en la decisión antes citada, todas las me-

didas que sean adoptadas en tiempos de

crisis, que representen un retroceso a la

protección o derechos mínimos de los tra-

bajadores son, en principio, inconstitucio-

nales, a menos que estas, en aplicación de

un análisis de razonabilidad y proporcio-

nalidad, sean articuladas para los siguien-

tesnes:

• Persiganunanalidadconstitucio-

nalmente imperativa;

• Que el instrumento utilizado para

alcanzar ese n sea ciertamente

idóneo,decaraalanalidadcons-

titucional;

• Que la medida sea necesaria para

el cumplimiento de esa nalidad

constitucional, no existiendo otros

medios menos regresivos para al-

canzaresen;

• Que la medida en su aplicación sea

proporcional no tenga por objeto

afectar el núcleo mínimo del dere-

cho al trabajo.

Conformeloanterior,las“medidasde

ajuste” de los derechos de los trabajado-

res en tiempos de crisis solo pueden ser

implementadas cuando, en su esencia, no

están orientadas a afectar el núcleo míni-

mo de protección que sirve de sustento a

las normativas constitucionales laborales,

y que han sido formuladas a favor de los

trabajadores.

De ahí, consideramos que todas las me-

didas a ser adoptadas en tiempos de crisis

deben estar orientadas a la protección de

la dignidad e integridad de los trabajado-

res, por lo que no pueden constituirse en

un instrumento encaminado a menoscabar

las prerrogativas laborales conferidas por la

Constitución.

Y, con ello, cobra mayor significa-

do el sistema de protección del derecho

fundamental al trabajo, en el marco de

los instrumentos internacionales que han

aportado a su desarrollo y consolidación

ante la crisis que asoló al mundo con la

pandemia de la COVID-19, y las secue-

las que ha dejado a su paso. Además, trae

consigo grandes desafíos en todo el eco-

sistema laboral, de cara a la reinserción

en los lugares de trabajo, la reducción

del desempleo y la crisis económica post

coronavirus, de la cual nos recuperamos

gradualmente.

El trabajo constituye, de conformidad

con el artículo 7 de la Constitución, parte

sustancial del Estado social y democrático

de Derecho, y la función esencial del Esta-

do dominicano en la protección de los dere-

chos fundamentales, por lo que contribuye

al desarrollo económico y a la construcción

de una sociedad de bien.

Por lo que resulta imperativo que, des-

de nuestra óptica, sea reiterado el com-

promiso de tutela y protección al derecho

de trabajo mediante nuestra respuesta a la

crisis post pandemia, porque es en esa fase

del proceso donde se ponen a prueba la for-

taleza institucional, el sistema económico y

la salud y seguridad, en el marco de la diná-

mica existente entre los empleadores y sus

empleados.

El trabajo es la más noble aspiración

que anida en el corazón de un hombre

con valor y dignidad. De ahí que la fra-

se del filósofo y economista Karl Marx ya

lo erige en el siglo XIX y cobra aún más

vigorennuestrosdías:“Eltrabajodigni-

fica al hombre”.