Derechos colectivos y difusos. Artículo 66

• Páginas: 661-665
• Autor: Geovanny Nina Cruz

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DERECHOS COLECTIVOS Y DIFUSOS.

ARTÍCULO 66

Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e

intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones

establecidas en la ley. En consecuencia protege:

) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora;

) La protección del medio ambiente;

) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico,

arquitectónico y arqueológico.

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Palabras claves:

1. Protección del patrimonio histórico de la nación: traslado simbólico de los

restos del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria

2. Violación de derechos colectivos y difusos: protección del medioambiente y

prohibición de instalar un aserradero dentro de un Parque Nacional

1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA NACIÓN:

TRASLADO SIMBÓLICO DE LOS RESTOS DEL CORONEL

FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑÓ AL PANTEÓN DE LA

PATRIA

CRITERIO:

Se reconoce el despropósito de que la comisión creada para

la exaltación del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón

de la Patria proceda al traslado de los restos que el INACIF determinó

que no pertenecen al héroe nacional. Se exhorta a dicha comisión a

realizar un traslado simbólico para proteger el patrimonio histórico de

la nación.

SENTENCIA TC/0071/15

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que mediante

la Ley núm. - se creó la Comisión de Exaltación del Coronel

Francisco Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la Patria, y se le

dio un plazo de noventa () días para organizar dichos actos de

exaltación. La comisión conformada a tales fines, antes de trasladar

los restos señalados como los del Héroe de Abril, solicitó al Insti-

tuto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizar las pruebas

y exámenes científicos correspondientes para determinar la autenti-

cidad de dichos restos. Ante el vencimiento del plazo ordenado por

la ley para realizar el referido traslado, dos personas procedieron a

intimar a la autoridad competente y luego acudieron ante la jurisdic-

ción constitucional en materia de amparo para proteger los intereses

colectivos y difusos, para que se cumpla la ley, y para mantener el

patrimonio histórico del país.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

m. Los señores Nathaly Ramírez Díaz y

Claudio Alberto Caamaño Vélez incoaron

una acción de amparo de cumplimiento por

ante la Segunda Sala de tribunal Superior

Administrativo, con el objetivo de “que

se ordene al Ministerio de Cultura de la

República Dominicana y a la Comisión de

Exaltación dar cumplimiento a lo dispuesto

por la Ley 4-13, en razón de que sean trasla-

dados al Panteón de la Patria los restos que

fueron exhumados del Cementerio Nacional

de la Máximo Gómez, […] pertenecientes

a quien en vida se llamó Francisco Alberto

Caamaño Deñó”.

n. La naturaleza del derecho que los accio-

nantes buscan proteger se enmarca dentro

de los denominados derechos colectivos y

difusos, pues fundamentan su acción, no

en la conculcación de derechos fundamen-

tales personales o individuales, sino en

una supuesta vulneración al patrimonio

histórico y cultural de la nación. Los

derechos colectivos y difusos se encuentran

reconocidos por el artículo 66 de la Cons-

titución, en cuyo numeral 3) se consigna el

deber del Estado de proteger y preservar el

patrimonio cultural, histórico, urbanístico,

arquitectónico y arqueológico de la nación.

s. En la especie, la parte accionante soli-

cita que el Ministerio de Cultura de la

República Dominicana y la Comisión de

Exaltación, den cumplimiento a la Ley

núm. 4-13, que dispone la exaltación y el

traslado de los restos del Coronel Francisco

Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la

Patria.

t. De su lado, la parte accionada funda-

menta su actuación en el hecho de que la

ejecución de la Ley No. 4-13 promulgada

el 15 del mes de enero del 2013, dispone el

traslado de los restos del Coronel Francisco

Alberto Caamaño Deñó al Panteón de la

Patria, por lo que “sería contraproducente

trasladar unos restos, que el Instituto

Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)

determinó por vía científica que no

correspondían con los del finado Héroe

Nacional”, y que por lo tanto se encuentra

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 66 | 663

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conminada a trasladar unos restos mortales

que se ha determinado, mediante estudio

científico, que no se corresponden con los

restos del héroe nacional.

[…] en ese sentido el mandato de la Ley

núm. 4-13, del 15 de enero del 2013, es

que sean exaltados y trasladados al Panteón

Nacional los restos del Coronel Francisco

Alberto Caamaño Deñó, y en ninguna de

sus disposiciones prohíbe que el Ministerio

de Cultura y la Comisión de Exaltación

puedan realizar los estudios que considere

pertinentes, en ejercicio de sus atribuciones

para certificar la autenticidad de dichos

restos, sin dejar lugar a ninguna duda, por

lo que este requisito es una cuestión previa

al traslado material de estos restos…

cc. Es por lo anterior, que el Tribunal

Constitucional ha considerado que en vista

de la naturaleza del hecho y las circunstan-

cias en la que el Coronel Caamaño ofrendó

su vida, es probable que sus restos físicos

pudieren no ser encontrados o recuperados

y posteriormente cerciorada su autentici-

dad, lo que hace de difícil cumplimiento lo

dispuesto por la Ley de llevar sus osamentas

al Panteón de la Patria, lo que podría

privar al pueblo dominicano de honrar al

héroe en el lugar reservado para enaltecer

por siempre las glorias de sus grandes hom-

bres y mujeres […] procederá de manera

excepcional, por la complejidad del caso,

aun tratándose de una revisión de amparo,

a exhortar a la Comisión de Exaltación

creada por la Ley núm. 4-13 del 15 de

Enero de 2013, a realizar el acto in-me-

moriam, del traslado simbólico de la figura

del héroe nacional, al Panteón de la Patria,

como un reconocimiento de su respeto a los

conceptos y valores de la constitucionalidad,

y la lucha por la soberanía del país llevada

a cabo por el Coronel Francisco Alberto

Caamaño Deñó, lo cual se corresponde con

el objetivo expresado por dicha Ley.

2. VIOLACIÓN A DERECHOS COLECTIVOS Y DIFUSOS: PROTECCIÓN

DEL MEDIOAMBIENTE Y PROHIBICIÓN DE INSTALAR UN

ASERRADERO DENTRO DE UN PARQUE NACIONAL

CRITERIO:

Constituye una violación de los derechos colectivos y difusos

de protección al medioambiente la pretensión de instalar dentro de

un Parque Nacional un aserradero para extraer y procesar los árboles

caídos luego de un incendio forestal. Protección del medioambiente y

las áreas protegidas.

SENTENCIA TC/0021/17

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un grupo

de personas se enteró de la instalación de un aserradero por parte

de una empresa con el propósito de extraer y procesar la madera de

los troncos caídos luego de un incendio dentro de un área protegida.

En este sentido, acudieron ante la jurisdicción constitucional en

materia de amparo invocando vulneraciones a derechos difusos y de

protección del medioambiente.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

12.2.8. Siguiendo las normas, principios

y razonamientos antes expuestos, así como

la ponderación de los documentos anexos

y la información recabada en el descenso

realizado por una comisión de magistra-

dos al Parque Nacional «Juan Bautista

Pérez Rancier», de Valle Nuevo, el nueve

(9) de noviembre de dos mil dieciséis

(2016), este Tribunal Constitucional ha

advertido: 1) que, realmente, existe la

posibilidad de la instalación del aserra-

dero que denuncian los accionantes, lo

cual podría causar serios daños al medio

ambiente de la indicada área protegida;

2) que permitir la tala de los pinos y otras

especies vegetales en dicha área afectaría

gravemente la hidrografía de la isla, ya

que en este valle nace el ochenta por ciento

(80 %) de los ríos del país, por lo que es

conocido como «Madre de las Aguas»; 3)

que como consecuencia de lo anterior, el

ecosistema de dicho parque podría resultar

irremisiblemente deteriorado, afectando

el nacimiento de los principales ríos del

país (Yuna, Yaque del Norte, Camú, Ya-

que del Sur, entre otros), lo cual lesionaría

de manera irreversible el medio ambiente

en República Dominicana.

12.2.9. En su comparecencia ante la

comisión de magistrados del Tribunal

Constitucional en el descenso celebrado en

el Parque Nacional «Juan Bautista Pérez

Rancier», de Valle Nuevo, el representan-

te del Ministerio de Medio Ambiente

y Recursos Naturales expresó que con la

instalación del aludido aserradero solo se

pretende aprovechar unos doscientos (200)

árboles que resultaron dañados y abatidos

por el incendio que ocurrió en dicho lugar

en el año dos mil catorce (2014).

12.2.10. De su parte, el ingeniero forestal,

Eleuterio Martínez en su calidad de perito

seleccionado por la Academia de Ciencias

de la República Dominicana —que tam-

bién compareció ante la indicada comisión

de magistrados en la referida medida

de instrucción—, presentó un informe

con relación al caso que nos ocupa, en el

que manifestó los argumentos que siguen

a continuación, los cuales este colegiado

estima muy atinados, a saber: • Que

«ningún material de un parque nacional

es aprovechable. Y más en este caso cuando

el incendio se supone que lo provocó un

rayo». • Que «esos pinos y esa zona hay

dejarla sin tocar para que sea la propia

naturaleza que la regenere». • Que el «uso

de aserraderos viola el marco jurídico que

rige los parques nacionales, que prohíbe

la extracción y aprovechamiento de ma-

teriales». • Que la «extracción de troncos

quemados y derribados perjudica al bosque

en recuperación post incendio, en parte por

el arrastre de los troncos que altera los eco-

sistemas de microorganismos que trabajan

en regenerar la vida del bosque, causando

un grave daño a las otras especies vegetales

y a los pinos pequeños del entorno». • Que

«debemos ser conscientes de la amenaza que

constituye instalar un aserradero en esta

zona. No se trata de la simple posibilidad

de lesión, sino de la probabilidad de sufrir

un mal irreparable y grave de manera

injustificada» • Que «entendemos que la

instalación de un aserradero y moviliza-

ción de troncos, pone en riesgo 66 especies

de aves, 48 de mariposas, 29 de reptiles

y 17 de anfibios. Además 531 especies de

flora de las cuales 138 son endémicas de

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 66 | 665

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la Hispaniola». • Que «el hecho de extraer

los señalados árboles se produciría daños

irreversibles a la zona, ya que la propia

naturaleza se encarga de restablecer el área

afectada por el incendio, sin la necesidad

de que interfiera la mano del hombre».

12.2.11. Conviene, asimismo, tomar en

consideración para el caso que nos ocupa,

que el Tribunal Constitucional rindió la

Sentencia TC/0100/14, de 10 de junio,

con relación a un caso similar —ratificada

por la Sentencia TC/0363/14, del 23 de

diciembre— en la que fijó el precedente

que sigue: […] respecto a la condición de

peligro que supone la instalación de la refe-

rida estructura, es necesario decir que esta

condición se refiere a una situación que se

caracteriza por la posibilidad o viabilidad

de ocurrencia de un mal o incidente po-

tencialmente dañino, es decir, un riesgo

o contingencia inminente de que suceda

algún mal. El riesgo a su vez se refiere a la

posibilidad de daño bajo determinadas cir-

cunstancias, mientras que el peligro se refie-

re sólo a la probabilidad de daño bajo esas

circunstancias. Entonces podemos hablar

de peligro solo cuando sea suficientemente

real o inminente la ocurrencia de un hecho

que pudiera causar un daño. Atendiendo

a este razonamiento, el Tribunal reconoce,

que si bien las instalaciones como la obje-

tada por los accionantes entrañan un nivel

de riesgo, considerando sus características

[…].

12.2.12. A la luz de la argumentación

expuesta con relación a la especie, este cole-

giado estima que ha quedado plenamente

comprobado que con el hecho de instalar

un aserradero en el Parque Nacional “Juan

Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo

(municipio Constanza, provincia La Vega)

—zona protegida como reserva científica

desde 1983, y como parque nacional desde

1996—, se estaría vulnerando la protec-

ción del antes referido derecho colectivo

y del medio ambiente consagrado en el

artículo 66 de nuestra Carta Sustantiva,

en vista del inminente y grave riesgo que

pende sobre dicha área protegida ante la

inaudita posibilidad de que se instale en

ella un aserradero.

12.2.13. Conforme a todo lo antes dicho,

este colegiado estima que se ha evidenciado

que la acción de amparo preventivo some-

tida por los señores Ariel Sing y compartes

constituye la vía más apropiada para obte-

ner la protección de los derechos colectivos

y del medio ambiente en el caso que nos

ocupa…