Derechos de la familia. Artículo 55

• Páginas: 421-434
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

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DERECHOS DE LA FAMILIA.

ARTÍCULO 55

Artículo .- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad

y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

) Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y

desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se

deben comprensión mutua y respeto recíproco;

) El Estado garantizará la protección de la familia. El bien de familia es

inalienable e inembargable, de conformidad con la ley;

) El Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la

base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. La

ley establecerá los requisitos para contraerlo, las formalidades para su

celebración, sus efectos personales y patrimoniales, las causas de separación

o de disolución, el régimen de bienes y los derechos y deberes entre los

cónyuges;

) Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que

establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales;

) La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos

y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con

la ley;

) La maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la

mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la

asistencia oficial en caso de desamparo;

) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un

nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad

de los mismos;

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) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas

gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los

documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la

ley;

) Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y

disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y

físico. Se prohíbe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los

registros civiles y en todo documento de identidad;

) El Estado promueve la paternidad y maternidad responsables. El padre y la

madre, aun después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido

e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y

asistir a sus hijos e hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas

para garantizar la efectividad de estas obligaciones;

) El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea

valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará

en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales;

) El Estado garantizará, mediante ley, políticas seguras y efectivas para la

adopción;

) Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo

de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus

derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente

su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su

capacitación y su acceso al primer empleo.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Regulación constitucional, legal y jurisprudencial de la unión de

hecho o consensual

B. Aporte y reconocimiento del trabajo del hogar en la familia

C. Principio de solidaridad familiar, inherente a la procreación y

consecuencia de la filiación

A. Aspecto general: Regulación consti-

tucional, legal y jurisprudencial de la

unión de hecho o consensual prevista

en el artículo 55.5. Elementos y ca-

racterísticas para su configuración y

derechos que genera la unión de hecho.

Sentencia TC/0012/12 —Precedente

reiterado en las sentencias TC/0520/15,

TC/0220/19, TC/0371/19, TC/0162/20

y TC/0488/21—

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l) La Suprema Corte de Justicia de nuestro

país, en una importante sentencia dictada

el 17 de octubre de 2001 (que este Tri-

bunal Constitucional estima conforme a

la Constitución) dictaminó que la unión

consensual: “[…] se considera prevista,

considerada o aceptada por el legislador

en el ordenamiento legal como una mo-

dalidad familiar, criterio que debe ser

admitido, en los casos como el de la especie,

siempre y cuando esa unión se encuentre

revestida de las características siguientes: a)

una convivencia “more uxorio”, o lo que es

lo mismo, una identificación con el modelo

de convivencia desarrollado en los hogares

de las familias fundadas en el matrimonio,

lo que se traduce en una relación pública

y notoria, quedando excluidas las basadas

en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia

de formalidad legal de la unión; c) una

comunidad de vida familiar estable y du-

radera, con profundos lazos de afectividad;

d) que la unión presente condiciones de

singularidad, es decir, que no existan de

parte de los dos iguales o nexos formales

de matrimonio con otros terceros en forma

simultánea, o sea, debe haber una relación

monogámica, quedando excluidas de este

concepto las uniones de hecho que en sus

orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya

cesado esa condición por la disolución

posterior de vínculo matrimonial de uno

de los integrantes de la unión consensual

con una tercera persona; e) que esa unión

familiar de hecho esté integrada por dos

personas de distintos sexos que vivan como

marido y mujer sin estar casados entre sí

[…]”;

m) Dicha sentencia estableció, además, lo

que sigue: “Considerando, que las uniones

no matrimoniales, uniones consensuales,

libres o de hecho, constituyen en nuestro

tiempo y realidad nacional una manifes-

tación innegable de las posibilidades de

constitución de un grupo familiar, y las

mismas reúnen un potencial con trascen-

dencia jurídica; que si bien el matrimonio

y la convivencia extramatrimonial no son

a todos los efectos realidades equivalentes,

de ello no se puede deducir que siempre

procede la exclusión de amparo legal de

quienes convivan establemente en unión

de hecho, porque esto sería incompatible

con la igualdad jurídica y la prohibición

de todo discrimen que la Constitución de

la República garantiza;”

n) Para reiterar la admisión de la unión

marital de hecho en nuestra normativa

jurídica, la indicada sentencia señaló

igualmente otros estatutos y disposiciones

adjetivas que protegen, regulan y respal-

dan a la unión consensual more uxorio

en nuestro ordenamiento jurídico, en los

siguientes términos: “Considerando, que

por otra parte, leyes adjetivas, interpre-

tando la realidad social dominicana, se

han ocupado en diversas ocasiones de

regular y proteger, no sólo a la persona de

los convivientes y sus bienes, sino también

a la descendencia que esta relación pueda

generar; que en tal sentido, la Ley No.14-

94, del 22 de abril de 1994, Código para

la Protección de Niños, Niñas y Adolescen-

tes y su Reglamento, reconoce a la unión

consensual como una modalidad familiar

real, al igual que la familia cimentada en

el matrimonio y, al mismo tiempo, protege

su descendencia; que la Ley número 24-97,

del 27 de enero de 1997, también reconoce

la existencia de las uniones de hecho al

tipificar como infracciones graves los actos

de violencia doméstica, de agresión sexual

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y de abandono en que pueda incurrir un

conviviente o ex-conviviente en perjuicio

del otro; que además, el artículo 54 del

Código de Trabajo por su lado, dispone: “El

empleador está obligado a conceder al tra-

bajador cinco días de licencia con disfrute

de salario, con motivo de la celebración del

matrimonio de éste; tres días en los casos de

fallecimiento de cualquiera de sus abuelos

padres e hijos, o de compañera, y dos días

para el caso de alumbramiento de la esposa

o de la compañera debidamente registrada

en la empresa;”

o) A las disposiciones legales anterior-

mente indicadas deben agregarse las que

benefician al (a) compañero (a) de vida

de una pensión de sobreviviente, al tenor

del artículo 51 de la ley 87-01, sobre Sis-

tema Dominicano de Seguridad Social; al

igual que los artículos 58 y 118 de la Ley

136-03, Código para la Protección de los

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,

tal como ha sido consagrado incluso por la

Cámara Civil y Comercial de la Suprema

Corte de Justicia en su reciente sentencia

del 15 octubre 2008 (que este Tribunal

estima conforme a la Constitución):

“Considerando, que “[…] el ordenamiento

jurídico dominicano ha mostrado preo-

cupación por amparar, de alguna forma,

aquellas relaciones que se originan fuera de

un matrimonio, dado el carácter común en

los cimientos de la sociedad dominicana de

este tipo de uniones, tal como lo demues-

tran las disposiciones que benefician al (a)

compañero (a) de vida de una pensión de

sobreviviente, al tenor del artículo 51 de

la ley 87-01, sobre Sistema Dominicano

de Seguridad Social; los artículos 58 y 118

de la ley 136-03, que aceptan dentro de

la denominación de familia aquella que

provenga de una unión de tipo consensual

y que permiten la adopción de niños o ni-

ñas por parte de pareja con unión de hecho,

por solo mencionar algunas disposiciones;

que esa preocupación por otorgarle a las

uniones consensuales derechos propios de

una unión familiar, no constituye un afán

nuevo del pensamiento jurídico que rige

nuestra legislación, puesto que la doctrina

jurídica civil tiene años admitiendo, el

propio hecho de la existencia de la relación.”

B. Aspecto general: Aporte y recono-

cimiento del trabajo del hogar en la

familia. Sentencia TC/0520/15

[…] no es necesario el requerimiento de las

pruebas que comprobarían que los bienes

fomentados hayan sido el producto del

aporte común, a través de aportes materia-

les para la constitución de su patrimonio

conjunto, sino que podrían ser el fruto del

trabajo doméstico.

P. En relación con el aporte que pueda con-

tribuir al bienestar y al crecimiento econó-

mico, en cuanto al trabajo no remunerado,

el Informe sobre Desarrollo Humano 2010,

determinó: “El trabajo por el que no se

percibe ingresos, como las tareas domésticas

y el cuidado de niños y de ancianos en el

hogar y en la comunidad, contribuye al

bienestar y al crecimiento económico ya

que produce una fuerza laboral apta, pro-

ductiva, calificada y creativa”.

C. Aspecto general: Principio de so-

lidaridad familiar, inherente a la

procreación y consecuencia de la

filiación. Sentencia TC/0310/18 —

Precedente reiterado en la sentencia

TC/0224/20—

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 55 | 425

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c. Por otra parte, el principio de solidaridad

familiar desarrollado en el artículo 55 de la

Constitución dominicana es además inheren-

te a la procreación y consecuencia de la filia-

ción. De manera que es deber inexcusable el

de cumplir esta obligación que requiere un

tratamiento eminentemente protector, con

carácter imperativo y de orden público, sin

importar que alguno de los deudores haya

fijado su residencia fuera del país.

C  T C

Palabras claves:

1. Inconstitucionalidad: limitación de edad en jóvenes para acceder a empleos

2. Irregularidad en unión consensual: inexistencia de singularidad

3. Irregularidad en unión consensual: inexistencia de singularidad y

legitimidad para reclamar derechos

4. Violación al derecho de identidad: negativa de la JCE en ejecutar decisión

judicial

5. Violación al derecho de la familia: acta de nacimiento y vínculo de

filiación

1. INCONSTITUCIONALIDAD: LIMITACIÓN DE EDAD EN JÓVENES

PARA ACCEDER A EMPLEOS

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la previsión legal de

establecer una edad mínima de 18 años para optar por una licencia

de porte y tenencia de arma de fuego —discriminación por edad—, ya que

le restringe a los jóvenes el acceso al mercado laboral relativo a la seguridad

privada. Vulneración del artículo 55.13 de la Constitución.

SENTENCIA

TC/0542/20

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0120/22—

CRITERIO 2:

Establecer requisitos adicionales en virtud de la edad para

optar por una licencia de porte o tenencia de arma de fuego conlleva

una traba injustificada e irrazonable que afecta a las personas dentro

del rango de edad de 18 a 30 años, especialmente respecto del acceso al

primer empleo de los jóvenes comprendidos en ese grupo, sobre todo

porque existen formas efectivas para probar la aptitud.

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Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara no conforme

con la Constitución el artículo 14, numeral 1, literal b y numeral 2, literal f36,

de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y

Materiales Relacionados, del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

Resumen del caso: La Asociación Dominicana de Empresas de

Seguridad Privada interpuso ante el Tribunal Constitucional una

acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo , numeral

, literal b y numeral , literal f, de la Ley núm. -, del cinco

() de agosto del año dos mil dieciséis (), para el Control y

Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Esta

norma establece en esencia los requisitos para poder optar por una

licencia de porte o tenencia de arma de fuego, dentro de los que

se encuentra la edad mínima de  años. La empresa accionante

argumenta que dicho requisito debe ser declarado inconstitucional

por limitar irrazonablemente a los jóvenes que quieran prestar servi-

cios en empresas de seguridad privada.

36 Artículo 14.- Facultad para la emisión. La emisión de licencias para la comercialización, intermediación,

tenencia y portación de armas de fuego, municiones, y otros materiales relacionados es facultad del

Ministerio de Interior y Policía (MIP), quien emitirá los documentos correspondientes, de acuerdo a

los requisitos establecidos por ley, sea para personas físicas o jurídicas. Los requisitos son los siguientes:

1) Para las personas físicas: b) Tener la edad mínima de 30 años cumplidos. 2) Para las personas

jurídicas: f) En el caso de las armas propiedad de una persona jurídica y asignada a un relacionado

previo cumplimiento a las disposiciones que para esos nes establece la presente ley, el ciudadano deberá

cumplir con todos los requisitos exigidos a una persona física establecidos en el numeral 1)

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] según se infiere del Considerando

Décimo de la Ley núm. 631-16, la res-

tricción por razones de edad a la licencia

para tenencia y porte de armas de fuego,

establecida por el artículo 14 numeral 1,

literal b y numeral 2, literal f se pretende

justificar por asuntos de seguridad personal

de los habitantes del país, al establecer

que: “la proliferación de armas de fuego en

la sociedad dominicana pone en riesgo la

vida e integridad física de los habitantes de

la República, debido a la relación existente

entre los hechos violentos y armas de fuego,

lo que hace necesario que se regulen las

formas y medios por los cuales una persona

puede ejercer sus derechos de tenencia y

portación de armas de fuego, de conformi-

dad con lo establecido en la presente ley”, lo

cual justifica que el legislador interponga

requisitos adicionales para ejercer la acti-

vidad de seguridad privado procurando la

seguridad de los demás ciudadanos y ha-

bitantes, intentando minimizar los hechos

violentos ocurridos por armas de fuego.

En cuanto al medio empleado, este tribu-

nal entiende que el mismo no se justifica,

ya que establecer requisitos adicionales

en virtud de la edad conlleva una traba

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 55 | 427

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injustificada e irrazonable que afecta a las

personas dentro de dicho rango de edad,

especialmente respecto del acceso al primer

empleo de los jóvenes comprendidos en ese

grupo, sobre todo porque existen formas

efectivas para probar la aptitud.

La restricción estrictamente por razones

de edad es discriminatoria y vulnera los

derechos fundamentales de las personas

comprendidas entre las edades de 18 a 30

años, por lo que este tribunal entiende que,

si el fin de la referida ley es salvaguardar la

seguridad de los ciudadanos, el legislador

debe crear otros requisitos adicionales más

idóneos, que no sean discriminatorios e

irrazonables.

Respecto a este punto se puede hacer la

inferencia de que ya existen esos requisitos

adicionales orientados a alcanzar el fin

de la norma, pues de conformidad con el

numeral 1, literales c), d) e) f) y h) del

artículo 14 y numeral 2, literales b) y

e), los ciudadanos deberán de no poseer

antecedentes penales, realizarse pruebas de

antidopaje y haber obtenido el certificado

de aptitud psicofísica e idoneidad, así como

contratar un seguro de responsabilidad civil,

requisitos con los cuales se puede alcanzar

el fin de la norma sin excluir del todo la

posibilidad de que personas entre 18 a 30

años puedan poseer una licencia de porte

y tenencia de armas y de este modo ser un

agente de seguridad privada, que es lo que

procura el accionante, pero garantizando

que quienes lo hagan cuenten con las apti-

tudes físicas y técnicas que sean requeridas.

Por otra parte, el Estado tiene la obliga-

ción de garantizar que los jóvenes tengan

la oportunidad de ingresar al mercado

laboral según el citado artículo 53.13 de

la Constitución dominicana, y la referida

restricción realizada por el artículo 14 nu-

meral 1, literal b y numeral 2, literal f es

contraria a dicha disposición, en razón de

que obstaculiza de forma injustificada que

jóvenes comprendidos entre 18 a 30 años

puedan fungir como agentes de seguridad

privada, o ciudadanos que puedan tener y

portar una arma de fuego de forma licita.

Sobre el particular, los datos recogidos por

el resumen ejecutivo de la Oficina Nacio-

nal de Estadística (ONE) muestran que

de 2008 a 2015 han ido en aumento los

jóvenes que no estudian ni trabajan com-

prendidos entre los15 a 24 años, los cuales

ascendían al 2015 a 431,274, número

considerable de habitantes entre 18 y 30

años restringidas por el referido artículo

para desempeñar la función de empleado

de seguridad privado que puede poseer una

licencia de tenencia y porte de armas de

fuego. De igual forma, el resumen ejecutivo

de la Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT) mostraba que en 2016 había

medio millón más de jóvenes en situación

de desempleo en todo el mundo, es decir, un

total de 71 millones, y se preveía que dicha

cifra se mantendría para 2017, sobre todo

se observaba un deterioro particularmente

agudo en los países emergentes y en desa-

rrollo; además, la calidad del empleo sigue

siendo una de las principales preocupacio-

nes de los jóvenes.

El Comité de Derechos Económicos, Socia-

les y Culturales, en su observación núm. 6,

de mil novecientos noventa y cinco (1995),

interpreta los artículos 6, 7 y 8 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (PIDESC)12 de

las Naciones Unidas, de la siguiente

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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forma: Los Estados partes deben adoptar

medidas que eviten la discriminación

por edad en el empleo y la profesión; que

garanticen condiciones seguras de trabajo

hasta la jubilación, y que otorguen a los

trabajadores de edad avanzada empleos

que les permitan hacer un mejor uso de

su experiencia y conocimientos, además de

poner en marcha programas preparatorios

de jubilación. La Convención Iberoameri-

cana de los Derechos de los Jóvenes de fecha

11 de octubre de 2005, que entró en vigor

el primero (1) de marzo de dos mil ocho

(2008) y, es el único tratado internacional

centrado específicamente en los derechos

civiles, políticos, económicos, sociales y cul-

turales de las personas jóvenes, establece lo

siguiente: Artículo 26. Derecho al trabajo.

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a

una especial protección del mismo. 2. Los

Estados Parte se comprometen a adoptar

las medidas necesarias para generar las

condiciones que permitan a los jóvenes

capacitarse para acceder o crear opciones de

empleo. 3. Los Estados Parte adoptarán las

políticas y medidas legislativas necesarias

que fomenten el estímulo a las empresas

para promover actividades de inserción y

calificación de jóvenes en el trabajo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

aprobados por los 193 Estados miembros

Naciones Unidas, presentes en la Asamblea

General de veinticinco (25) de septiembre

de dos mil quince (2015), propusieron

como objetivo 10 la “[r]educción de las

[d]esigualdades”. Para dicho fin se ha

recomendado la aplicación de políticas

universales que presten también especial

atención a las necesidades de las poblacio-

nes vulnerables, como los jóvenes y en su

numeral 10.2 estableció: [d]e aquí a 2030,

potenciar y promover la inclusión social,

económica y política de todas las personas,

independientemente de su edad, sexo,

discapacidad, raza, etnia, origen, religión

o situación económica u otra condición;

siguiendo el numeral 10.3 que: [p]ara

garantizar la igualdad de oportunidades

y reducir la desigualdad de resultados,

incluso eliminando las leyes, políticas y

prácticas discriminatorias y promoviendo

legislaciones, políticas y medidas adecua-

das a ese respecto. Es esencial mejorar los

resultados de los jóvenes mediante políticas

sociales y de empleo no discriminatorias y

así garantizar sociedades inclusivas, de esta

forma, resolver los déficits de trabajo para

los jóvenes. Este tribunal constitucional en-

tiende que no es justo ni útil que la referida

Ley núm. 631-16, imponga la referida

traba en contra de los grupos afectados,

por tratarse de una limitante genérica

exclusiva por razones de edad, existiendo

otros mecanismos que podrían procurar

la seguridad de los habitantes del país, sin

que sean afectados en su derecho al trabajo

de forma irrazonable e injustificada.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 55 | 429

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2. IRREGULARIDAD EN UNIÓN CONSENSUAL: INEXISTENCIA DE

SINGULARIDAD

CRITERIO:

No se considera unión consensual more uxorio (art. 55.5.

CRD) entre dos personas que mantenían una relación sentimental sin

el elemento de singularidad, ya que una estaba unida en matrimonio

con otra persona. La adquisición de bienes entre ellos debe considerarse

una sociedad de hecho pura y simple de naturaleza contractual.

SENTENCIA TC/0512/15

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un señor

que estaba casado mantenía una relación sentimental paralelamente

al matrimonio con otra señora con la cual adquirió un inmueble.

De manera registral solo aparecía el nombre del señor, y posterior-

mente procedió a vender dicho inmueble. La señora con quien tenía

la relación sentimental procedió a demandar la nulidad de dicha

venta alegando que ella era copropietaria por mantener una relación

consensual con el titular. La justicia ordinaria acogió dicha demanda

y declaró la nulidad de la venta, por lo que el adquiriente acudió

ante el Tribunal Constitucional elevando un recurso de revisión de

decisiones jurisdiccionales.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

10.1.1 La señora Rosa Altagracia Abel

Lora (hoy parte recurrida) interpuso ante

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Ori-

ginal del Distrito Nacional una demanda

en nulidad de acto de venta, nulidad de

certificado de título y reconocimiento

de derecho de copropiedad respecto del

«pent-house B-A», ubicado en la cuarta y

quinta plantas (extremo norte) del condo-

minio «Residencial Logroval VI». Tal como

se indicó previamente, el señor Heinz Vieluf

vendió este inmueble (con la anuencia de

su esposa) al hoy recurrente, señor José Ale-

jandro Pandelo Cruz, pero sin mediar el

consentimiento de la hoy recurrida, que, al

momento de la venta, ocupaba el inmueble

como vivienda familiar junto a sus dos (2)

hijos menores de edad procreados con el

señor Heinz Vieluf Cabrera.

10.1.2 El mencionado pent-house B-A fue

adquirido por la recurrida, señora Rosa Al-

tagracia Abel Lora, y el señor Heinz Vieluf

Cabrera (sin intervención de la esposa de

este último), según consta en el acto S/N

relativo al pagaré notarial suscrito por los

referidos señores e instrumentado por el

notario público Dr. Roberto de Js. Ortíz

García el cuatro (4) de julio de mil nove-

cientos noventa y ocho (1998). Mediante

este acto, ambos contraen la obligación de

pagar cuatro millones quinientos mil pesos

con 00/100 (RD$4,500,000.00) en favor

de la vendedora del pent-house B-A, Lic.

María Isabel Gassó Diez.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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[…] la Suprema Corte de Justicia decidió

que cuando se han aportado recursos de

índole material o intelectual en la consti-

tución o fomento de un patrimonio común

durante la unión de una pareja consensual

se forma una sociedad de hecho. Por tanto,

reconoció que, en la especie la […] propie-

dad adquirida en un hogar de una pareja

consensual, como lo establece la Constitu-

ción del 26 de enero del 2010, con recursos

y préstamos realizados por los señores Heinz

Vieluf Cabrera y Rosa Altagracia Abel Lora,

genera derechos y deberes en sus relaciones

personales y patrimoniales, de conformidad

con la ley […]. Especificó, además, que se

trata de una unión cuya naturaleza permite

distribuir el inmueble en cuestión entre sus

dos copropietarios, otorgándoles porcentajes

de participación hasta concurrencia de sus

aportes respectivos en el precio de compra.

10.1.6 Respecto a lo afirmado por la

Suprema Corte de Justicia en el párrafo

precedente, el Tribunal Constitucional

opina, sin embargo, que, aunque entre

los señores Heinz Vieluf Cabrera y Rosa

Altagracia Abel Lora existió una sociedad

de hecho, esta no puede equipararse a la

formada dentro del “hogar de una pareja

consensual” porque la unión de este tipo

requiere, según la misma Suprema Corte

de Justicia (y que comparte este tribunal

constitucional): […] condiciones de

singularidad, es decir, que no existan de

parte de los dos iguales o nexos formales

de matrimonio con otros terceros en forma

simultánea, o sea, debe haber una relación

monogámica, quedando excluidas de este

concepto las uniones de hecho que en sus

orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya

cesado esa condición por la disolución pos-

terior del vínculo matrimonial de uno de

los integrantes de la unión consensual con

una tercera persona; […].

10.1.7 Pero la citada condición de singu-

laridad no se encuentra presente en el caso

que nos ocupa, toda vez que a la fecha de

adquisición del pent-house B-A por los

señores Rosa Altagracia Abel Lora y Heinz

Vieluf Cabrera, este último se encontraba

unido en matrimonio con la señora Denis

de Jesús Sosa Ferreira desde el seis (6) de

junio de mil novecientos ochenta y uno

(1981). De manera que, si bien por razo-

nes obvias se impone admitir que entre los

señores Rosa Altagracia Abel Lora y Heinz

Vieluf Cabrera ciertamente existió una

relación sentimental, no se configura en

una unión more uxorio (como manifestó

la Suprema Corte de Justicia), protegida

por el artículo 55.5 de la Constitución

dominicana del veintiséis (26) de enero

de dos mil diez (2010), modificada y

promulgada el trece (13) de junio de dos

mil quince (2015), que reza: “La unión

singular y estable entre un hombre y una

mujer, libres de impedimento matrimonial,

que forman un hogar de hecho, genera de-

rechos y deberes en sus relaciones personales

y patrimoniales, de conformidad con la ley”.

10.1.8 En este contexto, tampoco la socie-

dad de hecho derivada de la unión de los

indicados señores fue la que corresponde al

“hogar de una pareja consensual” fomentado

al amparo de nuestra Carta Magna, por lo

que el Tribunal Constitucional estima lo

siguiente:

a. Que, en el caso que nos ocupa, entre los

señores Rosa Altagracia Abel Lora y Heinz

Vieluf Cabrera no se formó una sociedad de

hecho derivada de una unión consensual

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 55 | 431

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more uxorio, sino, más bien, una sociedad

de hecho pura y simple, de naturaleza con-

tractual; diferencia que este colegiado tiene

a bien enfatizar, puesto que la estima como

la base jurídica esencial que determina

la solución de la especie, la cual sirve de

fundamento al dispositivo que figura más

adelante en la presente sentencia; y

b. Que la disolución de este género de socie-

dad de hecho requiere otorgar a cada una

de las partes el porcentaje de participación

que le corresponde, de acuerdo con los apor-

tes realizados por estas en la adquisición de

los bienes conjuntamente adquiridos, como

es el caso del pent-house B-A.

3. IRREGULARIDAD EN UNIÓN CONSENSUAL: INEXISTENCIA DE

SINGULARIDAD Y LEGITIMIDAD PARA RECLAMAR DERECHOS

CRITERIO:

No procede la reclamación de derechos (en este caso,

pensión de sobrevivencia) de una señora respecto de una persona que

al momento de fallecer estaba casada legalmente con otra persona.

Ausencia de singularidad y legitimidad para reclamar la existencia

de unión libre. No se vulnera el artículo 55.5 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0388/18

—Ver en este sentido el criterio relativo a la seguridad

social (art. 60 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una señora

procedió a solicitar a la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas que

le sea otorgado el % de la pensión que recibe la viuda de un militar

fallecido. Al no recibir respuesta, la señora acudió a la jurisdicción

constitucional en materia de amparo invocando su derecho en virtud

de la unión libre que dice haber tenido con el fallecido.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] En la actualidad, la accionante consi-

dera que, por haber convivido por más de

dieciocho (18) años con el finado ex primer

teniente, —además de ser beneficiaria de la

pensión, en su condición de madre y tutora

de los hijos menores procreados con el señor

Wilson Díaz Díaz—, la Junta de Retiro de

las Fuerzas Armadas (JRFFAA) debe otor-

garle el equivalente al cincuenta por ciento

(50%) de la pensión por sobrevivencia que

hoy percibe la viuda del fenecido, la señora

Alfonsina Lebrón Vallejo.

e. Téngase en cuenta que la validez legal

de la unión libre, a la luz de la jurispru-

dencia judicial dominicana, así como en

virtud de las sentencias de este colegiado

TC/0012/12 y TC/0520/15 se encuentra

sujeta, esencialmente, a la naturaleza more

uxorio de dicha unión, a la circunstancia

de presentar condiciones de singularidad,

así como al requerimiento de encontrarse

integrada por dos convivientes de distintos

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

432 | Art. 55

ÍNDICE

sexos que convivan como marido y mujer

sin estar casados entre sí.

f. Obsérvese que, en la especie, no se

configuran las condiciones exigidas en los

precedentes constitucionales citados, toda

vez que no consta ninguna prueba en el

expediente con la cual se pueda comprobar

ante este tribunal constitucional la diso-

lución del vínculo matrimonial contraído

en vida por el fallecido ex primer teniente

Wilson Díaz Díaz con la señora Alfonsina

Lebrón Vallejo. Por tanto, este colegiado

concluye que no ha sido posible reconocer

la legitimidad de la unión libre que su-

puestamente existía entre el finado Wilson

Díaz Díaz y la amparista, señora Nancy

Marilyn Mejía Encarnación. En esta vir-

tud, el Tribunal Constitucional concluye

que la accionante carece de legitimación

para someter la acción de amparo tendente

a obtener la pensión por sobrevivencia.

4. VIOLACIÓN AL DERECHO DE IDENTIDAD: NEGATIVA DE LA JCE

EN EJECUTAR DECISIÓN JUDICIAL

CRITERIO:

Constituye una violación al derecho a la identidad (art. 55.7

CRD) la negativa de la Junta Central Electoral de ejecutar una decisión

judicial en la que se ordenaba la rectificación de actas de nacimiento en

favor de dos personas afectadas.

SENTENCIA TC/0067/19

CRITERIO 2:

Si bien todos los derechos previstos en la Constitución

requieren una protección urgente, aquellos derechos relativos a la

identidad de la persona, como los que nos ocupan, ameritan una tutela

judicial diferenciada, toda vez que una persona sin identidad es un

muerto civil, en la medida que legalmente no tiene existencia.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que luego de que

un tribunal ordenara la rectificación de dos actas de nacimiento, la

Junta Central Electoral se negó a ejecutarla alegando incompetencia

del referido tribunal. Ante esta situación, el señor afectado, actuando

en su nombre y en representación de su hijo menor de edad, acudió

ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] la no expedición de un acta de naci-

miento constituye una afectación en el dere-

cho al nombre, al apellido y a la identidad.

Tales derechos están previstos en el artículo

55, numerales 7 y 8, de la Constitución…

m. Igualmente, la aplicación de la técnica

del distinguishing (distinción) se justifica

en el hecho de que los menores de edad

requieren de una protección especial y

reforzada, tal y como se evidencia de la

previsión consagrada en el artículo 56 de

la Constitución…

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 55 | 433

ÍNDICE

o. El tribunal quiere destacar qué si bien

todos los derechos previstos en la Constitu-

ción requieren de una protección urgente,

aquellos derechos relativo a la identidad de

la persona, como los que nos ocupan, ame-

ritan de una tutela judicial diferenciada,

toda vez que una persona sin identidad es

un muerto civil, en la medida que legal-

mente no tiene existencia.

[…] el hecho de que la Junta Central

Electoral se haya negado a la inscripción

de la rectificación ordenada por la referida

sentencia, supone un acto de arbitrariedad

que es a todas luces intolerable en un estado

social y democrático de derecho, particu-

larmente, en una especie como la que nos

ocupa, en la cual se le niega el derecho a la

identidad, al nombre y a los apellidos del

padre y la madre.

r. Este tribunal constitucional considera,

además, que la Junta Central Electoral

obró de manera incorrecta, en razón de que,

ante una sentencia de un tribunal, el deber

de dicha institución es dar cumplimiento a

la misma, aunque no la comparta.

5. VIOLACIÓN AL DERECHO DE LA FAMILIA: ACTA DE NACIMIENTO

Y VÍNCULO DE FILIACIÓN

CRITERIO:

La colocación de observaciones en las actas de nacimiento,

que indican que se encuentran en proceso de investigación sobre

filiación paterna, constituye una vulneración a la identidad del

solicitante. Prohibición prevista en el artículo 55.9 de la Constitución.

SENTENCIA TC/0010/16

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que dos personas

acudieron a la Junta Central Electoral a solicitar certificaciones de sus

actas de nacimiento. La JCE procedió con la entrega, pero incluyó

en ellas que dichas actas estaban siendo sometidas a un proceso de

investigación por irregularidades en el registro civil en torno a la

nacionalidad de los padres. Ante esta situación, las personas decidie-

ron acudir a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b) El Tribunal Constitucional fijó su

criterio en relación con la expedición de

actas de nacimiento que estén siendo in-

vestigadas por la Junta Central Electoral,

por motivos de alegadas irregularidades

en su registro, mediante la Sentencia

TC/0168/13, del veintitrés (23) de

septiembre de dos mil trece (2013). En

la referida sentencia se estableció que la

Junta Central Electoral tenía la obligación

de expedir el original del certificado de

declaración de nacimiento solicitado hasta

que se decida respecto de las irregularidades

investigadas. En la indicada sentencia se

destaca la Circular núm. 32, dictada por

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

434 | Art. 55

ÍNDICE

la Dirección Nacional del Registro del

Estado Civil de la Junta Central Electoral,

el diecinueve (19) de octubre de dos mil

once (2011), cuyo contenido es el siguiente:

[…] Mediante dicha circular se instruyó a

los oficiales del estado civil de la República

a entregar las actas de nacimiento de todas

aquellas personas cuyos expedientes estén

siendo investigados o en proceso de revisión,

hasta tanto el Pleno de la Junta Central

Electoral se pronuncie sobre su suspensión

o irregularidad, de conformidad con lo

establecido por la Resolución 12-2007,

sobre suspensión de actas instrumentadas

de forma irregular.

c) En el presente caso, la Junta Central

Electoral, no se ha negado a expedir las

actas de nacimiento correspondientes a

los señores Ángel Antonio Bezi Moris, y

Yesmin Tonja Carolina Bezi Hernández,

sino que está expidiendo las mismas con

anotaciones en las que se indican que los

referidos instrumentos del Estado Civil es-

tán sometidos a un proceso de impugnación

de filiación paterna. El hecho de que la

Junta Central Electoral esté expidiendo

actas de nacimiento con las anotaciones

de que las mismas están siendo sometidas

a un proceso de impugnación de filiación

paterna, constituye una violación al nume-

ral 9, del artículo 55, de la Constitución

de la República, el cual establece que: 9)

Todos los hijos son iguales ante la ley, tienen

iguales derechos y deberes y disfrutarán de

las mismas oportunidades de desarrollo

social, espiritual y físico. Se prohíbe toda

mención sobre la naturaleza de la filiación

en los registros civiles y en todo documento

de identidad.

d) El tribunal de amparo actúo conforme

a la Constitución, cuando expresó que la

actuación de la Junta Central Electoral

atenta contra el Estado de derecho y la

seguridad jurídica de los ciudadanos, y

por consiguiente, contra los derechos fun-

damentales relativos a la personalidad, a

la dignidad humana, a la igualdad y al

debido proceso que tienen los ciudadanos,