Dignidad humana. Artículo 38

• Páginas: 3-20
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

3

DIGNIDAD HUMANA.

ARTÍCULO 38

Artículo .- Dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la

dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos

fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada,

innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad

esencial de los poderes públicos.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Conceptualización de la dignidad humana

B. Dignidad humana en el derecho comparado

A. Aspecto general: Conceptualización

de la dignidad humana. Sentencia

TC/0081/14

10.3. Respecto a este punto es necesa-

rio precisar que la dignidad humana

hace referencia al valor inherente al ser

humano en cuanto ser racional, indepen-

dientemente de su raza, condición social

o económica, edad, sexo, ideas políticas o

religiosas. Es el derecho que tiene cada ser

humano de ser respetado y valorado como

ser individual y social con sus característi-

cas y condiciones particulares.

B. Aspecto general: Concepto de dig-

nidad humana en el derecho compa-

rado. Sentencia TC/0030/19

q. En relación con el concepto constitucio-

nal de dignidad humana, la Corte Cons-

titucional de Colombia, en su Decisión

T-291-16, del dos (2) de junio de dos mil

dieciséis (2016), reitera la posición asumi-

da en su Decisión T-881-02, del diecisiete

(17) de octubre de dos mil dos (2002),

mediante la cual procedió a concretizar

el objeto protegido por dicha acepción

pasando a una concepción normativista o

funcionalista que le permita racionalizar el

manejo normativo de la dignidad humana,

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armonizarlo con el contenido axiológico

de la Constitución colombiana de 1991 y

concretar con mayor claridad el mandato

constitucional. Esto, de conformidad con

dicha Corte, le ha permitido apreciar su

ámbito de protección como contenidos

abstractos de un referente natural.

r. En ese sentido, la Corte Constitucional

de Colombia estableció: 22. En desarrollo

del mencionado precepto superior, la

Corte Constitucional ha señalado que la

dignidad humana se debe entender bajo

las siguientes dimensiones: a partir de su

objeto concreto de protección y con base en

su funcionalidad normativa. 22.1. Respec-

to al objeto concreto de protección, la Cor-

poración ha identificado tres lineamientos

claros y diferenciables: (i) la dignidad

humana entendida como autonomía o

como posibilidad de diseñar un plan vital

y de determinarse según sus características;

(ii) la dignidad humana entendida como

ciertas condiciones materiales concretas

de existencia; y (iii) la dignidad humana

entendida como intangibilidad de los

bienes no patrimoniales, integridad física e

integridad moral o, en otras palabras, que

los ciudadanos puedan vivir sin ser some-

tidos a cualquier forma de humillación o

tortura. 22.2. Frente a la funcionalidad de

la norma, este Tribunal ha puntualizado

tres expresiones de la dignidad humana

entendida como: (i) principio fundante

del ordenamiento jurídico y por tanto

del Estado, y en este sentido la dignidad

como valor; (ii) principio constitucional;

y (iii) derecho fundamental autónomo.

23. Entendido como derecho fundamental

autónomo, la Corte ha determinado que

la dignidad humana equivale: (i) al me-

recimiento de un trato especial que tiene

toda persona por el hecho de ser tal; y (ii)

a la facultad que tiene toda persona de

exigir de los demás un trato acorde con

su condición humana. Por tanto, la dig-

nidad humana se erige como un derecho

fundamental, de eficacia directa, cuyo

reconocimiento general compromete el

fundamento político del Estado.

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Palabras claves:

1. Acceso al agua potable como derecho humano

2. Acceso al servicio eléctrico dentro de los servicios públicos esenciales

3. Fichas policiales (certificación de antecedentes penales)

4. Degradación de servidores públicos

5. Derecho de la mujer divorciada para contraer matrimonio nuevamente

6. Destitución de servidor público por tener tatuajes en el cuerpo

7. Dignidad de las personas privadas de libertad

8. Dignidad de las personas privadas de libertad en prisión preventiva

9. Retención de pertenencias personales

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1. ACCESO AL AGUA POTABLE COMO DERECHO HUMANO

CRITERIO:

No procede la actuación de una institución pública (en

este caso, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo

Domingo, CAASD) de negar el acceso al servicio de agua alegando

que el propietario anterior del inmueble tiene una deuda pendiente.

El acceso al agua es un servicio fundamental, ya que de su disfrute

depende la vida y, en consecuencia, todos los demás derechos humanos.

SENTENCIA TC/0289/16

CRITERIO 2:

Las deudas por facturas impagas se le deben cobrar a la

persona que ha incumplido con su obligación, no al inmueble que ha

dejado de ocupar.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

solicitó a la CAASD que le realizara un contrato para acceder al

servicio de agua en su inmueble, así como la instalación de un conta-

dor. La solicitud fue negada en vista de que el inmueble presentaba

una deuda por parte del propietario anterior, la cual debía ser saldada

para proceder con el nuevo contrato. Ante esta decisión, la persona

acudió a la jurisdicción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

c. El Reglamento para la Prestación y Cobro

de los Servicios de Agua Potable y Alcanta-

rillado Sanitario establece, en su artículo

8.13, lo siguiente: El propietario del predio

servido es responsable, ante la Corporación,

por el valor de los servicios que se suminis-

tre por medio de una o varias acometidas a

todo el inmueble o a una parte de él y por

los recargos, sanciones y demás valores deri-

vados de la prestación del servicio. Con el

inmueble que goza de un servicio de agua

se garantiza el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas de este Reglamento.

En caso de traspaso o venta del inmueble,

el nuevo propietario será pecuniariamente

responsable de los valores que pudiera estar

adeudando el propietario anterior, por

concepto de servicio de agua, alcantarilla-

do sanitario, presupuesto o cualquier otro

cargo facturado al inmueble.

d. La Constitución de la República, en su

artículo 15, establece que “[…] el consumo

humano del agua tiene prioridad sobre

cualquier otro uso”. Igualmente, el artículo

61.1 establece: El Estado debe velar por la

protección de la salud de todas las personas,

el acceso al agua potable, el mejoramiento

de la alimentación, de los servicios sanita-

rios, las condiciones higiénicas, el sanea-

miento ambiental, así como procurar los

medios para la prevención y tratamiento

de todas las enfermedades, asegurando el

acceso a medicamentos de calidad y dando

asistencia médica y hospitalaria gratuita a

quienes la requieran.

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e. La protección especial que dispensa el

constituyente dominicano, según el texto

constitucional transcrito, se corresponde

con la importancia que tiene este derecho,

ya que de su disfrute depende la vida y, en

consecuencia, todos los demás derechos; por

estas razones, la Organización de las Na-

ciones Unidas lo reconoce como un derecho

humano, mediante la Resolución núm.

64/292, dictada en la 108 sesión plenaria,

celebrada el veintiocho (28) de julio de dos

mil diez (2010). En efecto, en el artículo

1 de dicha resolución se establece que se

“reconoce que el derecho al agua potable

y el saneamiento es un derecho humano

esencial para el pleno disfrute de la vida y

de todos los derechos humanos”.

f. Este Tribunal Constitucional considera,

contrario a lo establecido por el juez de

amparo, que la negativa de instalación

del servicio por parte de la Corporación

del Acueducto y Alcantarillado de Santo

Domingo (CAASD), bajo el alegato de

que las deudas por factura de aguas son

del inmueble, le vulnera al accionante en

amparo y actual recurrente, señor Napo-

león Francisco Marte Cruz, su derecho al

servicio de agua; esto así, en razón de que

el hecho de que el anterior ocupante del

inmueble haya incumplido con su obliga-

ción de pago del servicio no puede ni debe

perjudicar a los próximos ocupantes.

g. En este sentido, consideramos que las

deudas por facturas sin pagar deben perse-

guir a la persona que ha incumplido con su

obligación, no al inmueble que ha dejado

de ocupar, ya que en esta última eventua-

lidad se estaría perjudicando el derecho de

acceso al agua a terceras personas, las cuales

no fueron parte en el contrato de servicio

de agua ni mucho menos han dejado de

cumplir con sus obligaciones. De manera

que la negativa para instalar una nueva

acometida es una sanción que sólo se jus-

tificaría si la solicitud la hubiere hecho la

persona que tiene la deuda.

h. Cabe destacar que esta es la tendencia

en los contratos de servicios, como puede

verificarse, por ejemplo, en los servicios de

energía eléctrica, ya que la Ley núm. 125-

01, General de Electricidad, modificada

por la Ley núm. 186-07, establece que

únicamente las personas deudoras del ser-

vicio están obligadas al pago. En efecto, el

artículo 96 de la indicada ley consagra lo

siguiente: Únicamente las personas físicas

o jurídicas, que de acuerdo al contrato de

suministro sean deudoras del servicio eléc-

trico prestado, estarán obligadas al pago de

la facturación generada como consecuencia

del mismo. Las Empresas Distribuido-

ras, podrán utilizar todas las vías legales

disponibles para hacer efectivo el pago de

las deudas resultantes del suministro del

servicio eléctrico. Párrafo II.- El ocupante

de un inmueble a título que fuere, será

el único responsable de las deudas por el

consumo de la energía eléctrica, en conse-

cuencia la empresa distribuidora deberá

suscribir contrato de suministro de energía

eléctrica al nuevo ocupante o adquiriente

del inmueble.

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2. ACCESO AL SERVICIO ELÉCTRICO DENTRO DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS ESENCIALES

CRITERIO:

Acceso al servicio eléctrico como parte de los servicios

esenciales cuya ausencia puede afectar derechos fundamentales y el

respeto al principio de dignidad humana. Los servicios públicos que

responden a una necesidad general y cuya satisfacción no puede faltar,

en razón de que su carencia puede ocasionar a los individuos una

afectación de sus condiciones de vida, se enmarcan dentro del principio

de respeto a la dignidad de las personas.

SENTENCIA TC/0372/16

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que dos personas

acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de amparo

pidiendo que les sea restituido el servicio eléctrico que fue suspendido

por la compañía que tiene a su cargo dicha prestación (Compañía de

Electricidad Bayahibe, CEB).

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] se hace necesario que este tribunal

constitucional, determine si el servicio de

energía eléctrica se encuadra en el catálogo

de derechos fundamentales contemplados

en la Constitución.

c) En ese sentido, cabe precisar que al

momento de establecer el artículo 53 de

nuestra Constitución que el derecho del

consumidor es la facultad que tiene toda

persona de disponer de bienes y servicios

de calidad, el constituyente ha procurado

garantizar que cada individuo tenga acce-

so a los bienes y servicios esenciales que le

permitan vivir en condiciones dignas.

d) Al respecto de lo antes expresado, se

puede asumir que los servicios públicos que

responden a una necesidad general y cuya

satisfacción no puede faltar, en razón de que

su carencia puede ocasionar a los individuos

una afectación en sus condiciones de vida, se

enmarcan dentro del principio de respeto de

la dignidad de las personas contenido en el

artículo 8 de la Constitución, teniendo, por

vía de consecuencia, una relación directa

con los derechos fundamentales relativos a

la dignidad humana, a la salud, y se deriva

del derecho humano a la vivienda digna con

servicios básicos esenciales, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 59 de la

Constitución.

e) En efecto, tal y como ha sido considerado

por la Corte Constitucional de Colombia:

El suministro de electricidad permite hacer

frente a las necesidades básicas de la vida

cotidiana. Actividades como la conservación

de alimentos, climatizar espacios, la ilumi-

nación y la higiene personal, sólo pueden

disfrutarse con la concurrencia de la energía

eléctrica. Dicho en otros términos, este

suministro está directamente relacionado

con el bienestar de las personas, y asegura

condiciones elementales de comodidad.

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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f) Por ello, cabe afirmar que el servicio de

energía eléctrica, al igual que el servicio

de agua potable, es uno de los servicios pú-

blicos domiciliarios esenciales, en razón de

que en la actualidad éste tiene una fuerte

influencia sobre la calidad de vida de las

personas, por lo que los mismos pueden ser

tutelados por el juez de amparo cuando la

suspensión de éstos se produzca de forma

arbitraria e injustificada por parte de las

empresas que lo suministran, de tal suerte

que la existencia de otras vías no resulten

idóneas para evitar la consumación de un

perjuicio irremediable.

3. FICHAS POLICIALES CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

PENALES

CRITERIO:

Se vulnera la dignidad humana cuando se conserva una ficha

policial en contra de un ciudadano sin que la misma tenga justificación

legal (en este caso, el ciudadano no había sido sometido a ningún proceso

penal). Este criterio se extiende a toda persona que haya tenido conflicto

con la ley, e incluso si fue condenada anteriormente a penas privativas de

libertad, no se debe conservar de por vida la información en los distintos

registros de acceso públicos.

SENTENCI A TC/0027/13

—Precedente reiterado

en la sentencia TC/0018/14 (Se ordenó al Ministerio de Interior y Policía no

permitir el acceso público ni ofrecer información en su página web de los datos de

control interno que tienen sobre una persona), TC/0237/15 (Se ordenó el retiro

de una cha permanente debido a que la persona ya había cumplido la condena

y habían transcurrido 15 años), TC/0615/16, TC/0136/17, TC/0254/18,

TC/0352/19, TC/0615/19 (Se ordenó el retiro de una cha permanente

debido a que la persona ya había cumplido la condena y habían transcurrido 20

años), TC/0125/22 (Se ordenó al Ministerio de Interior y Policía la expedición

de la certicación de vida y costumbre solicitada), y TC/0136/22 (Se ordenó

a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) no permitir el acceso

público ni ofrecer información al público de los datos de control interno que

tienen sobre una persona—

CRITERIO 2:

Las entidades del Estado responsables de la investigación de

crímenes y delitos pueden conservar un archivo con las informaciones

que les permitan realizar consultas al momento de cumplir sus funciones.

—Precedente reiterado en las sentencias TC/0018/14, TC/0615/16,

TC/0726/17, TC/0207/18, TC/0709/18, TC/0795/18 y TC/0255/21—

Resumen del caso: El caso se origina cuando un ciudadano acude

a una entidad crediticia para acceder a un préstamo, el cual le es

negado por tener antecedentes penales en su contra. Ante esta

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situación, el ciudadano se dirigió tanto al Ministerio Público como

a la Policía Nacional y pudo verificar que en esta última institución

reposaba una ficha policial en su contra. Bajo el entendido de que se

trataba de un error y que la Policía Nacional se negó a rectificar dicha

información, el ciudadano acudió a la jurisdicción constitucional en

materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

e) El mantenimiento de dicha ficha, por

parte de la Policía Nacional, luego de

haberse establecido que el referido ciu-

dadano no ha tenido expediente penal a

cargo, constituye una grave violación a los

derechos invocados por él, lo que deviene

un obstáculo para que alcance de manera

plena su libre desarrollo personal y pueda

convivir dignamente en la sociedad.

k) Además, se puso de relieve que en el

caso se trata de un registro de antecedentes

radicado por error y que, por tanto, debió

bastar para su subsanación tan sólo la

solicitud del interesado, sin necesidad de

cumplir ningún otro trámite para la eli-

minación o retiro de la referida ficha del

sistema de información pública, ya que

esto le hubiera permitido a la institución

del orden subsanar su propia deficiencia o

inexactitud.

q) Este Tribunal considera que ni José Agustín

Abreu Hernández ni ninguna otra persona,

aun tratándose de un condenado a penas

privativas de libertad, puede ser mantenido

soportando de por vida el fardo de anteceden-

tes penales destacados en registros de acceso

público, lo que constituye un serio obstáculo

para el ejercicio de importantes prerrogativas

ciudadanas, en especial el derecho a no ser

discriminado pudiendo, en determinados

casos, generar daños irreparables.

r) Sin embargo, lo expresado en el párrafo

anterior no implica que las entidades del

Estado, responsables de la investigación de

los crímenes y delitos, no puedan preservar

un archivo de informaciones que le permi-

ta hacer consultas al momento de cumplir

sus funciones.

4. DEGRADACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

CRITERIO:

Se vulnera la dignidad humana cuando una institución

pública (en este caso, el Ministerio de Educación, MINERD) degrada

servidores públicos a un cargo inferior al que fueron contratados.

SENTENCIA TC/0217/13

—Ver en este sentido los criterios relativos a

discriminación laboral (art. 62.5 CRD), ejercicio de la carrera docente (art.

63.5 CRD) y debido proceso (art. 69 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que el Ministerio

de Educación modifica las funciones laborales de dos servidores

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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públicos. Ante la referida modificación, los servidores alegan que

fueron objeto de degradación a un cargo inferior al que ostentaban

y por eso acudieron a la jurisdicción constitucional en materia de

amparo en busca de restablecer sus cargos.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

b. Constituye un hecho no controvertido

que los señores Bernardino Adames Díaz

y Rafaela Argentina Martínez Almánzar

se desempeñaban como técnicos docentes a

nivel nacional del Ministerio de Educación

de la República Dominicana (MINERD)

y que los mismos fueron degradados a téc-

nicos docentes distritales.

j. Los recurrentes en amparo manifiestan

que al ser degradados de sus puestos de téc-

nicos docentes nacionales a técnicos docentes

distritales del Ministerio de Educación de

la República Dominicana, se le ha vulne-

rado el derecho fundamental a su dignidad

puesto que “la degradación atenta contra la

dignidad humana y como humillación (dis-

criminación) del ser humano es condenada

por la Constitución de la República”.

m. Para este tribunal, la degradación la-

boral consiste en colocar en una posición

inferior a una persona que ostenta un gra-

do superior en una institución o empresa

en la que se desempeña como empleado;

ésta atenta contra el respeto a la dignidad

humana (que es una función esencial en la

que se fundamenta nuestra norma suprema

y el Estado social y democrático de derecho

en República Dominicana), más que la

separación misma del servidor o empleado.

n. Al Ministerio de Educación de la Repú-

blica Dominicana (MINERD) degradar

del puesto de técnicos docentes nacionales

que desempeñaban los señores Bernardino

Adames Díaz y Rafaela Argentina Martí-

nez Almánzar a técnicos docentes distri-

tales, violó la dignidad de los recurrentes,

que es “sagrada, innata e inviolable”, de

conformidad con el artículo 38 de la Carta

Magna y que es responsabilidad de todos los

poderes públicos, respetarla y protegerla.

5. DESTITUCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO POR TENER TATUAJES

EN EL CUERPO

CRITERIO:

Constituye una violación a la dignidad humana la destitución

por parte de una institución pública (en este caso, la Policía Nacional)

de uno de sus miembros por tener tatuajes en el cuerpo.

SENTENCIA

TC/0081/19

—Ver en este sentido los criterios relativos al derecho de libre

desarrollo de la personalidad (art. 43 CRD), derecho a la intimidad y propia

imagen (art. 44 CRD), derecho al trabajo (art. 62 CRD), y debido proceso

administrativo (art. 69.10 CRD)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un policía

raso que había sido desvinculado de la Policía Nacional acudió a la

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jurisdicción constitucional en materia de amparo invocando vulne-

ración a sus derechos fundamentales por ser objeto de una medida

irrazonable de destitución por tener un tatuaje en el cuerpo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[…] este tribunal considera que la Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo

actuó correctamente al acoger la acción

de amparo interpuesta por el señor Juan

Carlos Olivares Carrera, en razón de que,

tal y como estimó ese tribunal, al accio-

nante en amparo le fueron vulnerados sus

derechos fundamentales, al dar de baja de

la institución al considerar que el hecho de

tener un tatuaje constituye una violación

de los reglamentos y la ley institucional

de la Policía Nacional, lo que, a juicio

de este tribunal, constituye una medida

irrazonable y desproporcionada, pues la

desvinculación de un miembro de las filas

de la Policía Nacional debe realizarse siem-

pre respetando sus derechos fundamentales,

garantizando con ello el cumplimiento de

las normas del debido proceso, a fin de que

la sanción a imponer se corresponda con los

hechos o la falta cometida, situación que

no procede en el presente caso, pues el hecho

de que un miembro de la institución tenga

un tatuaje en su cuerpo no puede ser consi-

derado como una falta grave que justifique

la desvinculación de sus miembros.

e. Es preciso establecer que ni la Ley núm.

96-04, Institucional de la Policía Nacio-

nal, de veintiocho (28) de enero de dos

mil cuatro (2004) (vigente al momento

de la desvinculación del recurrido), ni

en la actual Ley núm. 590-16, que en

los artículos 152 al 155 de la Ley núm.

590-16, tipifican los tipos de faltas en que

pueden incurrir los miembros de la Policía

Nacional, las cuales pueden ser muy graves,

graves y leves, en ninguno de sus párrafos

o numerales en los cuales detallan los casos

que puedan ser considerados como faltas,

menciona nada relativo a tener tatuajes,

para ser considerado como un motivo

de desvinculación de un miembro de la

policía, lo que configura una vulneración

a lo establecido en la Constitución en los

artículos 38, 40 que, en sus numerales 13

y 15, 43 y 44…

f. Por tanto, la desvinculación del accio-

nante en amparo y recurrido en revisión

de la Policía Nacional, constituye una

vulneración de sus derechos fundamentales,

específicamente el derecho al trabajo, acceso

de función pública, el derecho a la digni-

dad y al libre desarrollo de la personalidad,

pues este derecho constituye una extensión

de autonomía que tiene toda persona como

ser individual, y al respeto a su honor e

imagen personal, por lo cual la medida

adoptada por la Policía Nacional resulta

irrazonable y arbitraria al establecer la

cancelación del señor Juan Carlos Olivares

Carrera, en razón de este tener tatuaje en

su cuerpo.

g. La Corte Constitucional de Colombia,

al resolver un conflicto de una persona que

fue descalificada para optar a la función

de guardián para el servicio penitenciario

y carcelario por tener un tatuaje en su

cuerpo, estableció en su Sentencia T-030,

de dos mil cuatro (2004), lo siguiente: En

tal sentido, la prescripción que estipula el

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

12 | Art. 38

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artículo 23, N, 2 de la resolución núm.

0197 de 2001 del INPEC, en el sentido

de considerar como no apta para el servicio

penitenciario y carcelario a un candidato

que presente tatuajes o incluso cicatrices

por retiro de los mismos, y manifiestamente

inconstitucional por cuanto lesiona gra-

vemente los derechos fundamentales a la

identidad personal y a la propia imagen,

ya que se trata de una medida irrazonable

y manifiestamente desproporcionada que

vulnera el contenido de los mismos. En

efecto, la medida no persigue un objetivo

constitucionalmente válido, por cuanto el

mantenimiento de la autoridad y el orden

en los centros de reclusión del país no se logra

1 Art. 35.- La mujer divorciada no podrá volver a casarse sino diez meses después que el divorcio haya

llegado a ser denitivo, a menos que su nuevo marido sea el mismo de quien se ha divorciado.

coartando los derechos fundamentales de los

guardianes. Sin duda, la presencia de un

tatuaje, o la ausencia de éste, no inciden en

la vigencia de los principios de supervisión

correccional. De igual forma, la medida ca-

rece de razonabilidad por cuanto se soporta,

como se ha visto, en un simple prejuicio so-

cial, consistente en asociar los tatuajes con la

criminalidad. En otros términos, en se parte

del supuesto de que un futuro guardián, en

tanto que agente de la disciplina, no puede

asemejarse en absoluto a sus subordinados,

olvidando por completo que el respeto y la

autoridad no se ganan con simples símbolos

externos del mismo sino con un comporta-

miento ético intachable.

6. DERECHO DE LA MUJER DIVORCIADA PARA CONTRAER

MATRIMONIO NUEVAMENTE

CRITERIO:

No es conforme con la Constitución la prohibición legal a la

mujer divorciada que impide que pueda volver a contraer matrimonio

dentro de los diez meses de haberse divorciado. Esta prohibición

buscaba proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero la

evolución de la ciencia y el Estado social y democrático de la actualidad

hacen que sea irrazonable y que atente contra la dignidad humana de

la mujer.

SENTENCIA TC/0070/15

—Ver en este sentido el criterio relativo al

principio de razonabilidad (art. 40.15 CRD)—

Nota: Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional declara inconstitucio-

nal el artículo 351 de la Ley núm. 1306-Bis de fecha 21 de mayo de 1937 por

vulnerar los principios de dignidad humana y de razonabilidad, contenidos en los

artículos 38 y 40.15 de la Constitución, respectivamente.

Resumen del caso: Una mujer interpuso una acción directa

de inconstitucionalidad en contra del artículo  de la Ley núm.

-Bis. La referida norma establece la prohibición legal a la mujer

divorciada que impide que pueda volver a contraer matrimonio

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 38 | 13

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dentro de los diez meses de haberse divorciado. La accionante indica

que esta normativa viola sus derechos fundamentales como mujer.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

9.21. Pero resulta que el texto cuestionado

no solo desconoce el principio de razonabi-

lidad, sino también la dignidad humana,

violación que es gravísima, si tomamos en

cuenta que el valor dignidad humana es el

pilar esencial del Estado dominicano; así

lo establece el artículo 7 de la Constitución,

texto según el cual La República Domini-

cana es un Estado Social y Democrático de

Derecho, organizado en forma de República

unitaria, fundado en el respeto de la digni-

dad humana, los derechos fundamentales, el

trabajo, la soberanía popular y la separación

e independencia de los poderes públicos.

9.22. En igual sentido se pronuncia el cons-

tituyente en el artículo 38 [...] 9.23. El va-

lor dignidad humana implica que todas las

personas, por el solo hecho de ser personas,

tienen derecho a ser tratadas, siguiendo los

patrones culturales socialmente validados,

con respeto y consideración. De ahí que,

prohibir a la mujer que contraiga nueva

nupcias, antes de que transcurran diez me-

ses de la fecha del divorcio, constituye una

desconsideración e irrespeto a su condición

de persona, porque dicha prohibición parte

de una presunción de dolo consistente en

que la mujer puede ocultar un estado de

embarazo al nuevo esposo.

9.24. Ciertamente, los avances tecnológicos

permiten a la mujer determinar, mediante

procedimiento sencillo y confiable, si

se encuentra en estado de embarazo al

momento de contraer la nueva nupcias y

comunicarlo a su nuevo esposo, de manera

que mantener en la actualidad la prohi-

bición del matrimonio solo se explicaría,

si partimos del supuesto indigno de que

la mujer puede ocultar a su nuevo esposo

un estado de embarazo fruto de la relación

matrimonial anterior.

7. DIGNIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

CRITERIO:

Constituye una vulneración a la dignidad humana de las

personas privadas de libertad la reclusión en recintos que no cumplan

con las condiciones esenciales mínimas como higiene sanitaria, espacio

físico y alimentación suficiente. El Estado debe garantizar el derecho

a la vida, el derecho a la salud, la integridad personal, la dignidad

humana y el honor de las personas que se encuentren dentro de

cualquier destacamento o recinto penitenciario.

SENTENCIA TC/0555/17

—Precedente reiterado mediante sentencia TC/0377/19 (Protección de

la dignidad humana de un interno que necesitaba ser trasladado a un centro

médico), TC/0501/20 (Protección de la integridad física e implementación

de medidas para garantizar la dignidad humana de los privados de libertad de

la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo),

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

14 | Art. 38

ÍNDICE

y TC/0279/21 (Protección de la integridad física e implementación de

medidas para garantizar la dignidad humana de menores de edad recluidos en

el destacamento policial de Villa Juana (Distrito Nacional)—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que la Oficina

de Defensa Pública del Distrito Judicial de La Romana acudió a la

jurisdicción constitucional en materia de amparo en representación

de los detenidos en la Cárcel Preventiva de La Romana y el Destaca-

mento de La Caleta. La acción de amparo consiste en reclamar a la

Procuraduría General la implementación de una serie de medidas en

favor de los internos.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

k. La Constitución dominicana reconoce y

garantiza una serie de derechos fundamen-

tales a todos los ciudadanos en condición de

igualdad; ahora bien, el ejercicio de estos

derechos podría ser restringido o imposibi-

litado a determinados grupos de individuos,

que debido a la especial situación en la que

se encuentran, no podrán ejercitar ciertos

derechos en las mismas condiciones, como es

el caso de las personas incriminadas por la

supuesta comisión de un acto delictivo, pero

que aún no han sido sometidas a un Juicio

de fondo, ni condenada irrevocablemente a

cumplir una pena privativa de libertad en

determinado centro penitenciario.

l. Es importante destacar, que toda persona,

sin importar su situación, se encuentra

amparada por derechos constitucionales

que no pueden ser objeto de restricción

durante su estadía en prisión. Se trata de

derechos como el derecho a la vida, derecho

a la salud, integridad personal, dignidad

humana, el honor personal, entre otros.

m. Sobre el particular, la jurisprudencia

constitucional comparada clasifica los

derechos fundamentales de los internos en

tres grupos: (i) aquellos derechos suspendidos

como consecuencia lógica y directa de la

pena impuesta, lo cual se justifica consti-

tucional y legalmente por los fines de la

sanción penal. Dentro de este grupo encon-

tramos derechos como la libre locomoción y

los derechos políticos, como el derecho al voto.

(ii) los derechos intocables, conformados por

los derechos fundamentales de la persona

privada de la libertad que se encuentran

intactos, pues aquellos derivan directamente

de la dignidad del ser humano; son ejemplo

de estos: el derecho a la vida y el derecho al

debido proceso, y por último, (iii) se encuen-

tran los derechos restringidos o limitados por

la especial sujeción del interno al Estado y

tienen sentido porque con ello se pretende

contribuir al proceso de resocialización

del condenado y garantizar la disciplina,

seguridad y salubridad en las cárceles.

Encontramos limitados los derechos a la

intimidad personal y familiar, de reunión,

de asociación, libre desarrollo de la persona-

lidad, al trabajo y a la educación. Respecto

de los derechos fundamentales de los reclusos

que admiten restricción, es importante

tener en cuenta que su limitación es consti-

tucionalmente válida en la medida en que

se ajuste a los principios de razonabilidad

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 38 | 15

ÍNDICE

y proporcionalidad. (Sentencia T-815/13,

Corte Constitucional de Colombia)

n. En este tenor, para la jurisprudencia

constitucional ha sido claro que en el con-

texto de un Estado social de derecho le está

permitido al Estado suspenderles a algunos

ciudadanos, en condiciones muy especiales,

su derecho a la libertad, pero esto implica

como contrapartida, que el Estado debe

garantizarle a estas personas, las condicio-

nes necesarias para una vida digna, por

cuanto que, las mismas se encuentran en

situación de especial vulneración, lo cual

surge tanto de la Constitución, la ley y la

jurisprudencia, así como del sistema de

protección de los derechos humanos. o. En

la especie, las pruebas aportadas al juez de

amparo demostraron que las celdas ubicadas

en el destacamento de La Caleta y la cárcel

preventiva de La Romana carecen de reglas

mínimas para el tratamiento de los privados

de libertad, en virtud de que los referidos

recintos carcelarios carecen de condiciones

elementales, tales como higiene sanitaria,

espacio físico, alimentos suficientes, lo que

configura una infracción al artículo 38 de

la Constitución que establece “Dignidad

humana. El Estado se fundamenta en el

respeto a la dignidad de la persona y se

organiza para la protección real y efectiva

de los derechos fundamentales que le son

inherentes. La dignidad del ser humano es

sagrada, innata e inviolable; su respeto y

protección constituyen una responsabilidad

esencial de los poderes públicos”.

p. Este tribunal constitucional considera que

cuando en un Estado social y democrático de

derecho el sistema penitenciario y carcelario

no cuenta con una infraestructura adecuada

y suficiente, existe sobrepoblación, ofrece

mala alimentación y acceso a los servicios

de salud a las personas privadas de libertad,

las expone a riesgos que afectan su dignidad

humana e integridad personal, lo cual bajo

ninguna circunstancia puede ser objeto de

barreras y obstáculos infranqueables, lo que

constituye una violación grosera y flagrante

del orden constitucional vigente.

q. Por tanto, le corresponde a la Pro-

curaduría General de la República, en

ejercicio de su facultad definir la política

penitenciaria del Estado, según establece

el artículo 30.20 de la Ley núm. 133-11,

Orgánica del Ministerio Público, la eje-

cución de acciones positivas que permitan

a los privados de libertad el respeto de sus

derechos fundamentales, tales como, de-

recho a la integridad física, a la salud, a

la vida, de los que se derivan importantes

consecuencias jurídicas para la administra-

ción penitenciaria que pueden ser descritas

como deberes, entre las que se encuentran el

deber de trato humano digno, el deber de

proporcionar alimentación suficiente, agua

potable, higiene y salud adecuada.

8. DIGNIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN

PRISIÓN PREVENTIVA

CRITERIO:

Constituye una grosera vulneración a la dignidad humana

el tratamiento recibido por personas que han sido privadas de libertad

de manera preventiva. Las autoridades penitenciarias deben garantizar

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

16 | Art. 38

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un trato digno y observar Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas

para el Tratamiento de los Reclusos, a los fines de que a las personas

recluidas de manera transitoria se les garantice y respete el conjunto de

derechos fundamentales.

SENTENCIA TC/0812/18

CRITERIO 2:

No procede imponerle al Ministerio Público lineamientos

sobre las solicitudes de medidas de coerción que deba realizar, ni

tampoco ordenarle a la Procuraduría Fiscal la construcción de recintos

penitenciarios, ya que esta construcción debe obedecer a políticas

públicas del Ministerio Público.

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando un grupo de

personas privadas de libertad por haberse impuesto en su contra

medidas de coerción consistentes en prisión preventiva acudieron

ante la jurisdicción constitucional en materia de amparo contra

la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata. Con

esta acción se procuraba que se tomaran varias medidas, como: el

traslado de internos hacia otros centros penitenciarios; la adecuación

de la cárcel del referido cuartel en lo relativo a la habitabilidad y la

eliminación del hacinamiento; la posibilidad de comunicación de

las personas privadas de libertad con sus familiares y abogados; la

mejora de la asistencia médica a los internos; el suministro adecuado

de alimentos, para que tengan condiciones dignas; la implementa-

ción de la política de persecución penal y manejo procesal adoptada

por el Ministerio Público; el inicio y culminación de los trabajos

de construcción de doscientas plazas en el Centro de Corrección y

Rehabilitación de San Felipe.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos del criterio 1:

La referida acción de amparo fue acogida

parcialmente mediante la Sentencia núm.

00111/2013, dictada por la Cámara Pe-

nal del Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Puerto Plata el treinta

y uno (31) de julio de dos mil trece (2013),

la cual dispuso que se proceda a trasladar

a cada detenido reclamante al centro pe-

nitenciario que se señala en la resolución

que dispone su prisión preventiva; en cada

caso velar porque se pongan en libertad o

se sometan a la justicia, en el tiempo le-

galmente establecido a cada detenido; que

se observen las condiciones señaladas por

la Organización de las Naciones Unidas

(ONU), como adecuadas para los centros

penitenciarios; permitir la comunicación

de los internos con sus defensores y fami-

liares y propiciar la asistencia de salud

correspondiente por parte del Ministerio de

Salud.

La Cámara Penal del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Judicial de Puerto

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 38 | 17

ÍNDICE

Plata, acogió parcialmente la acción de

amparo interpuesta por la parte recu-

rrente, arguyendo entre otros motivos, los

siguientes: a. …este tribunal ha podido

verificar que ciertamente los accionantes

se encuentra recluidos en una celda del

cuartel general de la policía local, cuya

limitación de espacio físico y carencia de

higiene constituyen por si solas un atentado

grosero a la dignidad humana, puesto que

la inexistencia de condiciones mínimas

de habitabilidad de los degrada en su

condición de persona humana, en función

de que cuando una persona presa es api-

ñada y duermen en el piso como pollos de

granja, además compelido a ejecutar sus

necesidades fisiológicas sin el más mínimo

margen de privacidad, obviamente que

una persona viviendo bajos esas condicio-

nes está frente a una vulneración de sus

derechos fundamentales más elementales,

por cuanto sus derechos conculcados tienen

que encontrar su protección al amparo

del derecho procesal constitucional, de lo

contrario sería ignorar la realidad denun-

ciada, colocando así a los accionantes bajo

el esquema de que una persona privada de

su libertad por efecto de la ejecución de un

acto ostensiblemente reprochable pierde su

condición de persona, y en consecuencia se

reduce a un mero objeto del proceso o un

número estadístico, pero resulta que confor-

me está estructurado nuestro ordenamiento

procesal penal y procesal constitucional, la

persona que entrare en conflicto con la ley

penal, dentro del conjunto de sus derechos

fundamentales, únicamente puede ver

comprometida su libertad ambulatoria.

Lo ante advertido acarrea la vulneración

de derechos fundamentales en contra de los

accionantes, como son, el derecho a digni-

dad humana, el derecho a la igualdad de

todos ante la ley y al principio de legalidad,

los cuales se encuentran consagrados tanto

en la Constitución Dominicana como en

los tratados internacionales de Derechos

Humanos…

b. …en virtud de lo establecido en el

referido artículo 26 de la ley 133-11, nu-

merales 5 y 12 corresponde al Ministerio

Público velar por el estado de derechos de

que son acreedores las personas privadas

de libertad de manera preventiva, cuyas

reglas mínimas fueron adoptadas por el

Primer Congreso de las Naciones Unidas

sobre Prevención del Delito y Tratamiento

del Delincuente; por lo que es criterio de

este tribunal que la Procuraduría fiscal de

Puerto Plata no le ha dado cumplimiento

a las disposiciones legales aludidas en esta

sentencia, toda vez que la simple comuni-

cación dirigida a otros órganos afines al

sistema carcelario dominicano no despoja

a la procuraduría fiscal de Puerto Plata de

la obligaciones delegadas por mandato de

la ley, en pos de la prevalencia de los dere-

chos fundamentales de las personas presas

de manera preventiva.

c. …además de las meras diligencias

que pudo haber ejecutado el ministerio

público a los fines de hacer comparecer a

los encargados del sistema penitenciario,

los cuales no hicieron acto de presencia, se

necesitan ingentes o mayores esfuerzos para

visibilizar los derechos fundamentales de

las personas privadas de libertad, puesto

que no por ello esa persona han de perder

sus derechos fundamentales, ya que lo

único que puede operar es la limitación

al derecho a la libertad ambulatoria, y es

en función de ello, que una persona presa

no poder proveerse por sí misma los medios

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

18 | Art. 38

ÍNDICE

para vivir dignamente, le corresponde al

Estado asumir el rol particular de asegurar

de manera diligente que la persona priva-

da de libertad se le respeten y aseguren sus

derechos fundamentales.

Fundamentos del criterio 2:

c. En cuanto a la política que tiene que

adoptar el Ministerio Público respecto a la

medida cautelar idónea a solicitar en los

procesos penales que conlleven medidas de

coerción, para que, como la parte recurrida

lo expresa, “se respete la excepcionalidad

de la privación de libertad en la etapa de

investigación”. El juez de amparo, conside-

ró que el diseño de la política en materia

procesal del Ministerio Público y el hecho

de que éste solicite una que otra medida de

coerción de las que establece el Código Pro-

cesal Penal, no puede interpretarse como

una violación a derechos fundamentales.

Es obvio que el juez de amparo no puede

condicionar al Ministerio Público para

que solicite, en todos sus casos, una medida

de coerción en específico, ya que todo va a

depender de las particularidades de cada

proceso, el tipo de imputado, observándose

las disposiciones de los artículos 227, 228,

229 y 230 del Código Procesal Penal y

como lo establece la sentencia recurrida, es

a un juez a quien le corresponde valorar

la solicitud de medida de coerción que se

le formule.

d. En ese mismo orden al Ministerio Público,

se le reconoce autonomía funcional, así se

prescribe en el artículo 170 de la Constitu-

ción, donde se lee: Autonomía y principios

de actuación. El Ministerio Público goza

de autonomía funcional, administrativa y

presupuestaria. Ejerce sus funciones confor-

me a los principios de legalidad, objetividad,

unidad de actuaciones, jerarquía, indivi-

sibilidad y responsabilidad.”. Tomándose

en cuenta que la autonomía funcional …

implica el mayor grado de independencia

o autogobierno para que el órgano ejerza

las competencias específicas que le han sido

encomendadas por la Constitución y por

su ley orgánica…La autonomía funcional

otorga al órgano constitucional la potestad

de planificar, conforme su ley orgánica y

sin injerencia de otras autoridades, “las

políticas, estrategias, metas y objetivos”

que resulten necesarios para ejercer sus

funciones, al igual que para desarrollar las

actividades y ejecutar los actos que den fiel

cumplimiento a lo planificado, conforme a

las competencias fundamentales que le ha

asignado la Constitución…”.

Es por tanto improcedente el medio propuesto

por la parte recurrente que persigue trazarle

una línea de acción al Ministerio Público.

e. En lo que atañe a la falta de iniciativa

por parte del Procurador General de la Cor-

te de Apelación del Departamento Judicial

de Puerto Plata y al Procurador General de

la República, para se realicen los trabajos de

construcción de doscientas (200) celdas don-

de está ubicado el Centro de Corrección y

Rehabilitación de San Felipe, lo cual, según

alega la parte accionante, fue prometido por

el Ministerio Público y que sería utilizado

para que los privados de libertad de esa ju-

risdicción puedan ser alojados allí. Su recha-

zo tiene como argumento que el mismo era

desproporcionado y que le resultaba ajeno a

la parte accionada Procuraduría Fiscal del

Distrito Judicial de Puerto Plata, porque la

ejecución de un proyecto de esa naturaleza le

correspondía a la Procuraduría General de

la República, quien maneja el presupuesto

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 38 | 19

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asignado al Ministerio Público, pero que

esta última no estaba puesta en causa en

ese proceso de amparo. Lo decido por el

juez de amparo resulta correcto porque no

fueron llamados al proceso ni el Procurador

General de la Corte de Apelación del De-

partamento Judicial de Puerto Plata, ni el

Procurador General de la República, y en el

caso de este último es quien, por aplicación

del artículo 30, numerales 19, y 20, de la

Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio

Público, del siete (7) de junio de dos mil once

(2011), tiene las atribuciones de: “Presentar

al Consejo Superior del Ministerio Público

los proyectos de presupuesto y las memorias

de gestión anual para su aprobación”; y

“Definir la política penitenciaria del Estado

de conformidad con la ley”

9. RETENCIÓN DE PERTENENCIAS PERSONALES

CRITERIO:

Constituye una vulneración a la dignidad humana que

el Ministerio Publico retenga y se niegue a devolver las pertenencias

personales de una persona que había sido puesta en libertad.

SENTENCIA TC/0030/19

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

que había sido objeto de una querella por violencia de género fue

apresada y se dictó prisión preventiva en su contra. Posteriormente

se varió dicha medida y la persona fue puesta en libertad, y procedió

a solicitar al Ministerio Publico la devolución de sus pertenencias,

entre las que había utensilios para desempeñar su trabajo. Ante la

negativa de la referida institución, la persona acudió ante la jurisdic-

ción constitucional en materia de amparo.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

[...] en lo que respecta a la devolución de

ciertos bienes muebles requeridos por el

recurrente, este tribunal debe diferenciar

aquellos que, por sus características y uso,

constituyen bienes íntimamente ligados al

desarrollo de su personalidad y cuya priva-

ción arbitraria, contrario a una retención

ejercida como resultado de un mandato le-

gal, deviene en una afectación del derecho

a la dignidad humana, tales como su ropa,

uniformes, llaves de acceso a aeropuertos,

libros y utensilios íntimamente ligados y

necesarios para el ejercicio de su profesión

de piloto.

o. El respeto a la dignidad humana o de

la persona, constituye el fundamento tanto

de la Constitución dominicana como del

Estado, siendo su respeto y protección una

responsabilidad esencial de los poderes

públicos…

s. Al tratarse en la especie de pertenen-

cias personales del recurrente -las cuales

resultan necesarias para ejercer su trabajo,

obtener un sustento digno y ser respetado

y valorado como ente social-, su retención

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

20 | Art. 38

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arbitraria afecta su proyecto de vida y las

circunstancias materiales a través de las

cuales puede viabilizar el mismo a través

del trabajo decente.

t. Es preciso advertir, que, en el caso que nos

ocupa -dada la naturaleza del conflicto- el

Tribunal Constitucional procederá a orde-

nar la entrega de las pertenencias personales

del accionante en función de que, una vez

en su posesión, estas no representan peligro-

sidad ni amenazan la integridad física de

la accionada, señora Rosa Berenice Lulo

de Mejía. Además, ordenará la entrega de

bienes que corresponden a terceros, como lo

son las llaves de la escuela de aviación y

las llaves del parqueo del aeropuerto, que es

una institución pública y que deben estar

posesión del accionante, en virtud de su

relación laboral con dichas instituciones.