La dignidad humana en el ejercicio de la coerción penal

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" La dignidad humana en el ejercicio de la coerción penal"

Rosalía Sosa Pérez

La persona debe ser el principio y eI fin del Estado, no tiene razón de ser ningún órgano estatal o autoridad que niegue la dignidad humana.

En la gran mayoría de las constituciones, convenciones internacionales, declaraciones de derechos y ordenamientos penales hacen referencia a la dignidad humana. Todos están de acuerdo en que debe ser legítimamente protegida y garantizada por los ordenamientos internos de un país e incluso para la doctrina es de tomarse en consideración como la finalida del derecho Pero..., ¿en qué consiste la dignidad humana? Es una condición lntrínseca del ser humano. Es un valor supremo constitucional de cuyas características mencionamos las siguientes: es intangible, es sagrada, es universal, es innegociable, es inalienable.

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su valorin-herente como representante de la humanidad. Esto significa que la dignidad de los seres humanos reside en cada uno de nosotros, y que esta dignidad debe ser reconocida y respetada por todos sin excepción.

El derecho humano a la dignidad y el ejercicio de la coerción penal. La idea fundamental que subyace en estos esfuerzos es la concepción del individuo como sujeto pleno del derecho, tanto en el plano de los derechos como en el ámbito de las responsabilidades, lnclusive de carácter penal.

El Derecho Penal surge ante la necesidad de protección de las personas con respecto a otras que pueden afectar la convivencia pacífica de la sociedad. Para tales fines, se le reconoce al Estado un derecho de perseguir, de investigar y de sancionar a aquellas conductas delictivas configuradas en la legislación penal que desobedezcan la ley penal. Una vez puesta en movimiento la acción penal, la facultad de acusar a alguien por la supuesta comisión de un delito o crimen pone en marcha el ius puniendi del Estado.

En este sentido, se produce un mecanismo dinámico para la solución del conflicto entre el Estado y un ser humano que supuestamente infringió la ley penal. Sin embargo, el modo en que un ordenamiento regula la titularidad y el ejercicio de la acción penal posee una importancia constitucional, ya que las facultades atribuidas al Estado afectan las relaciones entre éste y los ciudadanos entrañando un problema de reparto de atribuciones, derechos, garantías y control del poder dentro del aparato estatal.

El ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público...