Eleonor Rosario De La Rosa. Derechos fundamentales en el siglo XXI.

• Páginas: 171-215
• Autor: Milton Ray Guevara

ANNA E. ROOSVELT

ELEONOR ROSARIO DE LA ROSA

Nació el 23 de junio del año 1996 en la ciudad de Santo Domingo

de Guzmán, en donde creció y se formó en el seno de una familia con

valores excepcionales. Desde los 13 años asistió a su padre en las labores

relacionadas al ejercicio del Derecho, en donde empezó a sentir interés

por los temas jurídicos que se conocían en el bufete familiar. En el año

2013 inició sus estudios de Derecho en la Universidad Tecnológica

de Santiago (UTESA) Recinto Santo Domingo de Guzmán, siendo

galardonada por dicha entidad académica como la estudiante con

mayor índice académico en el año 2016, siendo además miembro

fundador del Movimiento Estudiantil Utesiano, futuros Abogados

Dominicano, (FADOM), movimiento fundado con el propósito

de promover la instrucción permanente en temas de derecho en el

estudiantado de dicha universidad a través de actividades tales como

conferencias, conversatorios, debates y otros medios de fomento al

estudio jurídico nacional.

173

Derechos Fundamentales

en el Siglo XXI

Breve recorrido histórico hacia el siglo XXI

INTRODUCCIÓN

Desde la creación relatada en el Génesis, Adán y Eva que-

brantaron las disposiciones establecidas por Dios, violentando

sus mandatos como corolario de su individualidad de pensa-

miento, donde queda demostrado que el ser humano ha nacido

con un conjunto de privilegios inherentes a su condición de ser

vivo, con capacidad de raciocinio propio y discernimiento en

la toma de sus decisiones. Empero, las grandes potencias del

mundo, a lo largo de la vida civilizada, han individualizado,

reglado y delimitado dichas prerrogativas y las han denomina-

do como “derechos fundamentales” siendo estos, según Bovero

(2005) “… los derechos que no se pueden comprar ni vender”,

enumerados por Ferrajoli (2009) como “... el derecho a la vida,

la libertad de conciencia, las otras libertades civiles, los derechos a

la subsistencia y otros similares, gracias a los cuales se aseguran la

dignidad de la persona, o la igualdad, la paz u otros valores ético-

políticos que se decida, precisamente, asumir como fundamentales”.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

174

Por lo tanto, es importante examinar la evolución de esos

derechos a lo largo de la historia reciente y determinar cómo

su avance ha intervenido en el desarrollo de la democratización

de los derechos humanos alrededor del mundo, la conceptuali-

zación básica-global que se tiene de los mismos y la percepción

jurídico-social de la sociedad y los gobiernos de los derechos

fundamentales hasta nuestros días, por lo que es de interés co-

lectivo analizar lo siguiente: ¿qué tantos logros ha alcanzado la

sociedad en materia de derechos fundamentales constitucio-

nalmente reconocidos? ¿Tiene la sociedad del siglo XXI interés

teórico-práctico acerca del saber fundamental imprescindible

para la verdadera consagración del Estado Social y Democrá-

tico de Derecho? Siendo visto el acogimiento de este sistema

en la Constitución Política de la República Dominicana, en su

artículo 7, que aduce textualmente lo siguiente: “La República

Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, or-

ganizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto

de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo,

la soberanía popular y la separación e independencia de los pode-

res públicos”. Dentro de la sociedad en la que vivimos, se en-

cuentran en auge conceptos íntimamente relacionados con la

protección de derechos tales como la igualdad y la libertad de

expresión. No obstante, se podría determinar que los mismos

son conceptos vanos, que carecen del carácter filosófico-acadé-

mico que amerita el conocimiento y aplicación de dichas ideas

para poder llegar a concretar el estado máximo de su aplica-

ción. Por demás, las redes sociales se han encargado de dar a

conocer los mismos, pero, ¿en qué se basa la sociedad de la

información para realizar proclamas de tipo garantista en ma-

teria de derechos constitucionales? ¿Hasta qué punto las redes

sociales han desvirtuado el verdadero enfoque de los mismos?

Ensayos sobre Temas Constitucionales

175

Para ello, se analizarán, de manera sucinta, las etapas por las

cuales ha atravesado la positivización de los derechos humanos

a través de la historia contemporánea y el papel que han tenido

en ellas las diferentes patrias en tránsito hacia el Estado Social

y Democrático de Derecho.

I. Concepto de Derecho Fundamental

El término Derechos Fundamentales suele ser común-

mente usado para referirse a los Derechos Humanos. Sin em-

bargo, es importante destacar que estos se contienen a sí mis-

mos entre sí, siendo aquellos derechos humanos que han sido

consagrados en las legislaciones del mundo, ya sea a través de

su constitucionalización mediante leyes ordinarias o suprana-

cionales, es decir, se considera como derechos fundamentales a

la inclusión de los derechos humanos en los distintos sistemas

legales. La diferencia radica en el hecho de que los derechos

humanos están establecidos por el iusnaturalismo, son parte

integral del derecho subjetivo como un conjunto de prerroga-

tivas inherentes al ser humano, los mismos son imprescripti-

bles, inamovibles e indivisibles y pertenecen a todos los seres

humanos, sean o no considerados ciudadanos, y no están escri-

tos de manera expresa, sino que forman parte consustancial de

la conciencia moral de los individuos. En cambio, los derechos

fundamentales son parte integral de la legislación de los países

que proclaman el reconocimiento de los mismos a través de

la promulgación o convención de los pactos o tratados que

han sido ratificados. En el caso de la República Dominica-

na, se encuentran estipulados en el Título II de nuestra Carta

Suprema, la cual enumera de manera detallada los derechos

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

176

fundamentales reconocidos en nuestra nación. No obstante

poseer una exposición precisa de los mismos, el artículo 74 de

nuestra Constitución es claro al determinar que a pesar de in-

cluir los mismos de manera expresa, no se limitan a lo allí des-

crito, pudiendo ser considerados como derechos fundamen-

tales aquellos que no han sido reconocidos textualmente por

la Constitución, por demás colocando a los tratados, pactos y

convenciones internacionales, relativos a los derechos huma-

nos que hayan sido ratificados por el Estado dominicano, en

el mismo rango que los derechos que sí han sido positivizados

expresamente.

Los redactores de los textos constitucionales dominicanos

de los años 1966 y 2002 no utilizaban el término “derechos

fundamentales”, sino que solo transcribían una exposición de

derechos “individuales y sociales” y los “derechos políticos”,

tales como la ciudadanía y la nacionalidad. Como consecuen-

cia directa del auge de la implementación y adecuación de los

mismos para alcanzar un Estado Social y Democrático de De-

recho, la Constitución Española fue la primera en propugnar-

lo, estableciendo textualmente en su artículo 1.1 lo siguiente:

“España se constituye en un Estado social y Democrático

de Derecho, que propugna como valores superiores de su

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y

el pluralismo político”.

En la reforma del 26 de enero de 2010 fueron categoriza-

dos como derechos fundamentales, cuyo objetivo principal lo

es la garantía de la dignidad humana. De manera que pode-

mos acotar que a partir de la inclusión expresa de los términos

“derechos fundamentales” y “Estado Social y Democrático de

Derecho”, el Estado se convierte en garante de actuar en pro-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

177

cura de que la sociedad sea más justa, con mayor equidad,

tolerancia y el respeto a la dignidad humana en el sentido más

amplio de su significado, y para ello, está de más decir que es

necesario que la Administración Pública ofrezca un auténtica

tutela efectiva en pos de proteger y garantizar el soberano ejer-

cicio de los Derechos y Deberes Fundamentales y las garantías

particulares de todos. Por lo tanto, para que la nación posea

y sea ente detentor del llamado “Estado del Siglo XXI”, es de

vital necesidad que este se constituya en garante solidario de la

tutela y custodia de esos derechos, a través de los mecanismos

legales y de procedimientos necesarios para su protección.

a. Concepto jurídico de persona y ciudadano

en el Derecho Romano. Diferencia entre

persona y hombre-ser humano.

En el curso de la era clásica del Derecho Romano (130

a.C – 230 d.C), se estableció una diferencia entre los concep-

tos latinos caput (cabeza) y persona (máscara), delimitando la

misma en el sentido de que se denominaba como capitas a

aquellos seres humanos que no eran poseedores de individua-

lidad humana, en cuanto a la comunicación o relación inter-

subjetiva o social con otros, siendo los que cumplieren con esas

características los que eran considerados como personas, dado

que los capitas era la colectividad general, es decir, meros in-

dividuos, haciendo referencia a los mismos y poseyendo dicha

calidad todos los seres humanos, por el simple hecho de estar

vivos.

Según Eugene Petit, en su obra Tratado de Derecho Roma-

no, los jurisconsultos de la época del imperio romano señala-

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

178

ban dos tipos de personas. En primer término, se distinguían

lo que eran los esclavos; y por otro, las personas libres. La otra

gran distinción se tipificaba según las personas que formaban

parte del núcleo familiar. En el caso de los esclavos, el mismo

autor aduce lo siguiente: “los esclavos tienen derecho sobre poco,

más o menos, la misma condición”.

En cuanto a la esclavitud, es opinión de reconocidos filó-

sofos como Aristóteles y Séneca lo siguiente:

“La esclavitud es natural y legítima”.- Aristóteles

“En una carta admirable recomendaban a los amos tener hu-

manidad con los esclavos pero, sin combatir, por otra parte, el

principio de esclavitud se coloca con los estoicos la verdadera

libertar en el dominio de la conciencia; para él, el único escla-

vo es el que obedece a sus pasiones, el sabio siempre es libre”.

- Séneca

Por el contrario, Platón reconoce como innatural la escla-

vitud, estableciendo que la misma no tiene sitio dentro de la

sociedad ideal.

En el Derecho Civil Romano, se dispuso que el esclavo

era un individuo carente de personalidad, aduciendo Eugene

Petit que este “es una especie de muerte [muerto] civil”, consi-

derando al mismo como una “cosa” dentro de la categoría de

la res mancipi (cosas mancipables), pudiendo cederlo mediante

acuerdos solemnes. Por otra parte, el derecho natural exponía

que el esclavo era sujeto de derechos y deberes, entrando en la

clasificación principal de persona.

Durante la época del imperio romano, los esclavos care-

cían de lo siguiente, no haciéndose limitativo el presente deta-

lle, a saber:

Ensayos sobre Temas Constitucionales

179

1-

Los esclavos no tenía ningún derecho político, díga-

se esto en razón de que no eran considerados ciuda-

danos romanos;

2-

No podían casarse civilmente, sino que solo eran

susceptibles de tener relaciones consensuales o de

hecho, llamadas para entonces contubernium;

3-

No podían obligarse civilmente por medio de con-

tratos, ni actuar por ante la justicia, ni para sí mis-

mos, ni para otros, es decir, que durante el imperio

romano los esclavos no tenían personalidad y capa-

cidad de goce y ejercicio, para obrar en la actividad

jurídica romana.

En cambio, el ciudadano romano, entrando en dicha ca-

tegoría aquellas personas libres que no hubieran sido incapa-

citadas por alguna causa, era susceptible de gozar de todos los

derechos que le proporcionaba el juscivitatis (derecho de ciu-

dadanía).

Teniendo una clara delimitación de lo que significaba la

persona y su diferenciación sucinta con el término ciudada-

no, cabe destacar que hoy día el concepto básico de persona y

ciudadano no difiere diametralmente del término concebido

por el imperio romano, ya que los no ciudadanos, en el caso

particular de la República Dominicana, impera la regla de que

estos no son individuos susceptibles de contraer derechos de

carácter político —como elegir y ser elegido—; no obstante,

dicha limitante no aliena ningún derecho de carácter social,

humano, cultural o de otra índole, como aquellos que detalla y

siempre ha propugnado el derecho natural, reglamentado por

un carácter enteramente moral. En constituciones como las de

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

180

Perú (1993), que en su artículo 30 y siguientes, define quiénes

son ciudadanos y qué derechos son susceptibles de ejercer los

mismos, siendo semejantes a los preceptos de nuestra Ley Su-

prema en su artículo 21 y siguientes.

Cabe destacar que la jurisprudencia ha establecido diver-

sas posiciones con respecto a términos como el de persona y

hombre-ser humano; tal es el caso de una de las decisiones

de la Corte Constitucional colombiana, en su Sentencia No.

C-591/95, que ha dicho lo que sigue:

“El concepto de persona en todas las legislaciones, es pro-

ducto de una creación técnico jurídica que no puede con-

fundirse con el concepto mismo de ser humano, pues, el

concepto de persona hace referencia a la facultad que se le

da al ser humano de contraer obligaciones y adquirir de-

rechos. En la doctrina no existe unanimidad sobre el mo-

mento en que comienza el ser humano a ser persona. Por

eso, hay legislaciones en las que se reconoce la personalidad

a partir de la concepción, mientras la colombiana, siguien-

do la corriente alemana, solo reconoce que se es persona a

partir del nacimiento. Tesis ésta que, en la práctica, no pre-

senta problemas. Pues, el hecho del nacimiento es de fácil

determinación, mientras que demostrar la concepción, y el

tiempo de la misma, crea una serie de problemas que, en

determinado momento, pueden atentar contra la seguridad

jurídica”.

En el caso de la República Dominicana, haciendo una

comparación entre lo dispuesto en la legislación y jurispru-

dencia colombiana, se puede ver que se diferencian en razón

de que a través de la lectura del artículo 37 de nuestra Cons-

titución, los derechos de los seres vivos inician desde la con-

cepción, disposición que se ratifica mediante la disposición de

Ensayos sobre Temas Constitucionales

181

nuestro Código Civil, de que aquel que ha sido concebido al

momento de abrirse la sucesión, es susceptible de heredar (ar-

tículo 725).

Por otra parte, Kelsen, citado por la Corte Constitucio-

nal colombiana en la sentencia antes mencionada, explica la

diferencia existente entre las terminologías persona y hombre

desde el punto de vista jurídico, así:

“La distinción entre el hombre, tal como lo define la ciencia

de la naturaleza, y la persona como concepto jurídico, no

significa que la persona sea un modo particular del hom-

bre, sino, por el contrario, que estas dos nociones definen

objetos totalmente diferentes. El concepto jurídico de per-

sona o de sujeto de derecho expresa solamente la unidad

de una pluralidad de deberes, de responsabilidades y de de-

rechos subjetivos, es decir, la unidad de una pluralidad de

normas que determinan estos deberes, responsabilidades y

derechos subjetivos. La persona denominada “física” desig-

na el conjunto de normas que regulan la conducta de un

solo y mismo individuo. La persona es el “soporte” de los

deberes, de las responsabilidades, de los derechos subjetivos

que resultan de estas normas, o más exactamente, el punto

común al cual deben ser referidas las acciones y las omisio-

nes reguladas por estas normas. Podemos decir también que

la persona física es el punto central de un orden jurídico

parcial compuesto de normas aplicables a la conducta de un

solo y mismo individuo.

En su sentencia, la CCC sigue esbozando:

“Así se comprende fácilmente por qué habría sido más exac-

ta la redacción del artículo 14 de la Constitución, diciendo

“todos los hombres tienen derecho al reconocimiento de su

personalidad jurídica”. El ser persona es, precisamente, el

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

182

tener personalidad jurídica. Desde el momento de su naci-

miento, el hombre es persona, tiene personalidad jurídica.

Tiene un estado civil, atributo de la personalidad”.

En vista de lo establecido por la Corte Constitucional co-

lombiana, se puede resaltar que para hoy día, se tiene el criterio

de que todo hombre es susceptible de ser considerado una per-

sona, en donde hombre es el ser perteneciente a la naturaleza,

y persona es el ser susceptible de tener derechos y adquirir obli-

gaciones; por lo que el mismo poseerá, mediante su viabilidad,

la capacidad jurídica de goce y posterior ejercicio para ser un

ente jurídico en la sociedad, y por tanto, sus Derechos Funda-

mentales inician a ser identificados por el simple hecho de su

naturaleza humana.

II. Generaciones de Derechos Fundamentales

Tal como esboza el introito del presente escrito, los de-

rechos como tales han existido como una virtud inherente a

la calidad de ser humano de los individuos desde el inicio de

nuestros tiempos, como parte de una norma moral enraizada

en nuestro ser. Sin embargo, no fue hasta 1979 que el jurista

checo Karel Vasak (1929-2015), propugnó por la división de

los derechos humanos en tres grandes generaciones, por me-

dio de su ensayo “Pour une Troisième Génération des Droits de

l’Homme”. El mismo inició con dicha clasificación por la in-

fluencia recibida de :omas H. Marshall, en su ensayo intitu-

lado “Ciudadanía y clase social” (1950), siendo este quien em-

pezó a hablar acerca de una categorización en derechos civiles,

políticos y sociales.

Ensayos sobre Temas Constitucionales

183

Los Derechos Humanos per se, siempre han existido como

una norma moral con la que todos los seres vivos nacemos y

desarrollamos la capacidad de discernimiento y razonamiento

dialéctico que nos da la interacción con el medio en el cual nos

desempeñamos. No obstante, la llamada “Ley Natural”, según

afirma José Joaquín Ugarte G. (1979), es la concepción que

tiene el hombre de su propia ley, dictando los mismos como

principios prácticos de aplicación, que lo hacen susceptible

de actuar de forma determinada y analizar a cuáles principios

debe ajustarse, funcionando la misma como la forma propia

en la cual cada individuo debe dirigirse en sus actuaciones hu-

manas. Un ejemplo del reconocimiento dado y la fortaleza de

este concepto dentro del Derecho y la Filosofía del Derecho,

es el uso que le dieron los jueces que dictaron sentencias con-

denatorias contra algunos líderes del régimen nazi, juzgados

en un tribunal en Núremberg, ubicado en Baviera, Alemania,

por crímenes cometidos contra la Humanidad. Dicho tribunal

basó su sentencia en cuanto a las disposiciones de un “Códi-

go Moral” no escrito, tomando en consideración el concepto

generalizado de lo moralmente razonable, de lo cual cada ser

humano tiene conocimiento, siempre y cuando no sea decla-

rado enajenado o débil de espíritu.

Basado en ese precedente histórico-jurídico, se puede

considerar que empezó a ser necesario determinar por escrito

aquello que es considerado como “moralmente conocido” por

la humanidad, siendo esta una de las razones por las cuales sur-

ge la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas, en donde

su órgano rector esbozó por escrito, en nombre de los estados

signatarios, un consenso en cuanto a la relevancia de la deter-

minación precisa de los Derechos Humanos y la fomentación

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

184

de un convenio internacional para su ejecución. Por eso, el

trabajo de Vasak tomó arraigo y permitió que los Derechos

Fundamentales tuviesen un origen y denominación más claros

para su aplicación y especificidad, de la cual se verá su relevan-

cia y determinación en los temas y subtemas subsiguientes,

que evocan la importancia de dicha clasificación en su sentido

histórico, jurídico y social, tomando en cuenta y delimitando

los mismos de la siguiente manera, a saber:

1.

Primera Generación: derechos civiles y políticos;

2.

Segunda Generación: derechos sociales, económicos y

culturales; y

3.

Tercera Generación: derechos de solidaridad o de los

pueblos.

III. Primera Generación de Derechos

Fundamentales. S. XVIII y XIX

Los llamados derechos civiles y políticos surgen en el

Siglo XVIII, los cuales toman fuerza durante el intermedio

entre el socialismo y el capitalismo, la declaración de inde-

pendencia de los Estados Unidos (1776) y la Revolución

Francesa (1789). No obstante dichos eventos trascendentales

para el sistema garantista de derechos, según aduce Belarmi-

nio Ramírez, ya a finales del siglo XVII existieron vestigios de

lo que fue un posible reconocimiento de derechos de carácter

Primera Generación

S. XVIII y XIX

Segunda Generación

S. XIX y XX

Tercera Generación

S. XX y XXI

Ensayos sobre Temas Constitucionales

185

civil y político a través de la Revolución Liberal Burguesa de

Inglaterra (1689).

Los mismos entran dentro del marco del Constituciona-

lismo Clásico, época en la cual se caracterizó por contar con

corrientes que procuraban la protección de la dignidad huma-

na, en donde el Estado debía mantenerse al margen y respetar

una serie de derechos y libertades individuales pertenecientes a

los seres humanos, de manera que pudiere crearse una esfera de

equilibrio entre la sociedad y los estados, en razón del absolu-

tismo que había precedido a la Humanidad en épocas anterio-

res. La primera generación de derechos fundamentales se rigió

por los derechos civiles y políticos, en donde se perseguía que

los estados y sus gobiernos dieran un lugar dentro del sistema

a la sociedad, procurando que la misma tuviese garantías espe-

cíficas en cuanto a la protección de sus necesidades e intereses.

Hechos como las revoluciones acontecidas en Inglaterra, la in-

dependencia de los Trece Estados de América y la Revolución

de 1789, marcaron el punto de inflexión hacia los derechos

civiles y políticos, como se verá en lo que sigue.

Bill of Rights 1689

Independencia de los

Estados Unidos de América

1776

Revolución Francesa

1789

Hechos históricos que contienen a los llamados Derechos de Primera Generación. Gráfico del Autor.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

186

a. Declaración de Derechos del 13 de Febrero

de 1689, “Bill of Rights”

La declaración de derechos dada en la Inglaterra medie-

val, durante el curso de la llamada “Revolución Gloriosa”,

surge dentro del contexto de reinstauración del catolicismo

por parte del Papa Inocencio XI (1611-1689), durante el rei-

nado de Guillermo III de Orange (1689-1702). Antes del

establecimiento del Bill of Rights en la Inglaterra de ese en-

tonces, durante el reinado de Carlos I (1625-1649), era de

conocimiento público que los ciudadanos fueron víctimas de

actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades, que de-

venían en una violación no únicamente a la integridad, sino

al derecho a la libertad, siendo dichos individuos víctimas

de la violencia de sus superiores, en donde se verificaban he-

chos tales como arrestos arbitrarios, extorsión a las familias

mejor acomodadas, a las cuales les advertían, según esboza

Matthias von Hellfeld, que en caso de no obtemperar a sus

pedimentos económicos, estos irían por ante la justicia o se-

rían puestos prisioneros de la corona. Por tales razones, y

convirtiéndose en evidente el daño causado a los individuos

ingleses de aquella época, se redactó un documento denomi-

nado “Petition of Rights” (1628) en donde se reglamentaba

fundamentalmente lo siguiente:

1-

La forma arbitraria en la que se realizaban los arres-

tos;

2-

Que todos los detenidos fueran procesados en un pe-

ríodo de tiempo prudente por un tribunal;

3-

Reducción de tributos no establecidos y/o aproba-

dos por el parlamento;

Ensayos sobre Temas Constitucionales

187

4-

Acuartelamiento de soldados en casas de particula-

res;

5- Limitaciones en la Ley Marcial.

Siendo el “Petition of Rights” uno de los documentos de

tipo constitucional más famosos, se pueden comparar sus dis-

posiciones con el concepto contemporáneo de la Tutela Ju-

dicial Efectiva prevista en el artículo 69 de la Constitución

dominicana, haciendo énfasis en lo que prescribe el numeral

3, que textualmente dice lo siguiente, a saber:

“Artículo. 69.3. Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda

persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del de-

bido proceso que estará conformado por las garantías mínimas

que se establecen a continuación:

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada

como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por

sentencia irrevocable”.

Mediante las disposiciones previstas en esta primera parte

de lo que sería la reglamentación de los derechos en la Inglate-

rra de finales del siglo XVII, podemos ver cómo el Parlamen-

to de aquella época otorgó importancia tácita al respeto de la

tutela judicial efectiva y el debido proceso de Ley, además de

que restringió los poderes otorgados a través de la Marcial Act

–Ley Marcial-, en donde los cuerpos de protección o militares

poseían facultades extraordinarias, que eran de una forma tal

que propiciaban los conflictos que terminaron en guerras fo-

mentadas por las Fuerzas Armadas de Inglaterra. En cuanto a

la regulación de los encarcelamientos arbitrarios por parte de

las autoridades, fue una de las disposiciones más importantes

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

188

tomadas por el Parlamento, en razón de que, de manera tácita,

se instituyó la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso o

Due Process, como un derecho constitucional, que no obstan-

te delimitarlo como uno que protege de manera instintiva la

libertad y la dignidad humana, se constituye en uno de los

primeros antecedentes de positivización del debido proceso de

ley, del cual hoy gozan diversas naciones de nuestro hemisfe-

rio, tal como sucede en la Constitución Política Mexicana, que

en su artículo 14, párrafo 2, aduce lo siguiente:

“(…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propie-

dades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante

los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las

Leyes expedidas con anterioridad al hecho (…)”.

En la Constitución Política de la República Chilena, el

debido proceso de ley se encuentra consagrado en su artícu-

lo 19;en la Constitución de la Nación Argentina, en su ar-

tículo 18;en la Carta Política del Perú, en el artículo 139.3.

La Ley Suprema de la República Bolivariana de Venezuela lo

contempla en su artículo 49. Esos ordenamientos, que expre-

san e instituyen dicha figura jurídica, muestran la incidencia

que continúan teniendo Cartas como la Petición de Derechos

de la Inglaterra de 1628, en ordenamientos jurídicos contem-

poráneos, que superan la barrera generacional del siglo XX y

trascienden a la era del Siglo XXI.

Es de trascendencia determinar que los derechos antes

mencionados tienen una vital importancia en la regulación del

sistema democrático de los países y constituyen un garantismo

fundamental para los ciudadanos de las naciones, en los cuales

se contemplan de manera explícita. Es común que el ser hu-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

189

mano, ya sea por conciencia determinada por la Ley Natural

o por el Contrato Social que constituye a la población en el

Soberano por encima del Estado, sepa y haga valer el hecho de

que el sistema jurisdiccional debe estar regido por una serie de

pautas que se conviertan en la garantía judicial de aquellos que

habrían de ser sometidos por comisión de hechos que conlle-

ven castigos, ya sean por contravenciones, delitos o crímenes, o

en algunos casos, por delitos políticos, inclusive. Cabe destacar

que sin una positivización de dicha tutela efectiva y debido

proceso en las constituciones, las naciones bien podrían escu-

darse en la ausencia de las mismos para degollar la democracia,

martirizando los derechos que protege el debido proceso de

Ley, corroyendo la dignidad humana.

Ya para el año 1689 se promulga la Declaración de Dere-

chos o Bill of Rights Inglés, que se constituyó en el documento

íntegro que incluyó, además de las disposiciones previstas en la

Petición de Derechos de 1628, otras garantías de tipo constitu-

cional, que forman parte del precedente de lo que hoy conoce-

mos como derechos civiles y políticos, declarando limitaciones

expresas y convirtiéndose en una barrera contra los abusos co-

metidos por la Corona. Los firmantes de la misma esbozan lo

siguiente, una vez enunciadas sus peticiones, a saber:

“(…) Por todo ello tienen la completa confianza de que S. A.

R, el Príncipe de Orange terminará la liberación del Reino, ya

tan avanzada gracias a él y que impedirá, en lo sucesivo la vio-

lación de los derechos y libertades antes enumerados, así como

cualquier otro ataque contra la religión, derechos y libertades

(…)”.

Dejando claro los mismos que su intención principal fue

la de proteger las libertades y los derechos de su nación.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

190

b.

Declaración de Independencia de las 13

Colonias Inglesas de Norteamérica del 4 de

Julio de 1776 “e Unanimous Declaration

of the irteen United States of America”.

El 7 de Junio de 1776, Richard Henry Lee (1732-1794),

juez durante la entonces colonia británica de Virginia, dio a

conocer sus ideales independentistas a través de una resolu-

ción, en donde expresó al Congreso la necesidad de solicitar a

la Corona mayores oportunidades a favor de las Trece Colonias

Británicas en América. Dicha resolución se constituyó en el

precedente de la redacción de la Declaración de Independen-

cia de los Estados Unidos de América, en donde se convoca-

ron a figuras tales como :omas Je;erson (1743-1826), John

Adams (1735-1826), Benjamín Franklin (1706-1790), Roger

Sherman (1721-1793) y Robert R. Livingston (1746-1813),

para la presentación formal de las quejas dirigidas a la Corona

Británica.

Para el Semanario Político, económico y literario del 12

de diciembre 1821, la Declaración de Independencia de las

Trece Colonias Británicas en América, estuvo dividida en seis

partes fundamentales:

1.

Introducción; 2. Preámbulo; 3. Acusación; 4.

Denuncia; 5. Conclusión; y 6. Firmas.

En la parte introductoria de dicha Declaración, los decla-

rantes esbozan la capacidad y derecho que poseen las naciones

de tomar partido de sus prerrogativas derivadas de la Ley Na-

tural de “disolver los vínculos políticos que los han ligado a otro”,

facultad que ha sido, según los suscribientes, por la naturaleza

Ensayos sobre Temas Constitucionales

191

y “el Dios de esa naturaleza”, constituyéndose en causas explí-

citas y valederas para dicha separación. A continuación, esboza

la que podría ser la representación más clara en cuanto a Dere-

chos Humanos podemos referirnos, y es el primer documento

histórico, según versión del Semanario antes mencionado, en

donde se reconocen los derechos “más fundamentales”, delimi-

tando algunos del siguiente modo:

“(…) Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verda-

des: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados

por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos

están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad (…)”

Se destacan además en dicho párrafo, como derechos fun-

damentales inherentes al ser humano: la vida, la libertad y la

felicidad, incluyendo en esta última una sucesión de factores

inmanentes al término felicidad, subjetivizando el mismo en

una serie de derechos consustanciales a este derecho, por lo

que el mismo resulta ser una delimitación clara de los demás

derechos que habrían de irse convirtiendo en legítimos a lo

largo de las posteriores generaciones de derechos fundamen-

tales. Continúa estableciendo el derecho a la Revolución, en

virtud de la cual, las naciones deben garantizar el respeto de

sus derechos y una vez los mismos empiezan a ser vulnerados,

cuentan con la potestad de “reformarla” o inclusive, abolirla.

Mediante dicha premisa, las colonias independentistas esta-

blecieron mediante un documento escrito, el derecho del cual

fueron poseedores para que sus garantías naturales no fuesen

violentadas, o fuese una “destructora de esos derechos” por parte

de la Corona Británica. Es evidente el pensamiento demócrata

que tenían los firmantes en la redacción de dicha Declaración,

al esbozar que:

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

192

“ (…) cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, diri-

gida invariablemente al mismo objetivo, evidencia el designio

de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es

su deber derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas

para su futura seguridad y su felicidad (…)”

Salvaguardas que garantizan la libertad y la seguridad de

sus conciudadanos, al no verse sujetos a naciones que podrían

imponer acciones en su contra, para el beneficio único de

quien les ordena, como sucedió en efecto, en las trece colonias

británicas de América, que acusaron al rey de Gran Bretaña

e Irlanda, Jorge III (1760-1801), de responder a los intereses

de su nación e instaurar una “absoluta tiranía”, en donde no

aportaba aquiescencia para la promulgación y establecimiento

de las leyes más elementales para las colonias, constituyéndose

en motivos suficientes de los otros tantos para abdicar, estable-

ciendo:

“(…) Debemos, por tanto, someternos a la necesidad que

anuncia nuestra separación, y tratarlos como al resto del género

humano: enemigos en la guerra y amigos en la paz”.

Declarando entonces a dichas colonias en Estados Libres

e independientes y sin ningún tipo de lazo o vinculación po-

lítica con Gran Bretaña, según se lee en el texto de Decla-

ración de Independencia redactado por el Congreso General,

como salvaguarda de derechos inherentes al ser humano, como

la vida, la libertad y la felicidad, sirviendo como la carta de

presentación para las posteriores campañas presidenciales de

la entonces proclamada independiente nación, siendo el eje

central para dar a conocer la potestad de los pueblos de poder

velar por sí mismas por la garantía de sus derechos fundamen-

tales, y siendo personalmente responsables de sus derechos y

Ensayos sobre Temas Constitucionales

193

consecuencias, en razón del Código Moral que rige el sistema

natural de ser humano, constituido en derecho positivo.

Posteriormente, dicho texto fue transcrito por las demás

naciones del mundo, en busca de ser garantes personales de sus

propias faltas y triunfos.

La proclamación de independencia de dichas colonias

devino en una corriente independentista y de carácter liberal

para otros países de la región, que hicieron uso de su derecho

soberano de no continuar adheridos a los preceptos de nacio-

nes distantes, separándose de su metrópoli, siendo Haití el país

del continente americano subsecuente en liberarse de su matriz

en 1804, seguido de México, en 1810, Paraguay y Venezuela,

en 1811, Argentina, en 1816, Chile, en 1818, Colombia, en

1819, Perú, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica,

Guatemala y Panamá en 1821, República Dominicana, por

segunda ocasión, en 18441, constituyéndose dicha declaración

en el ejemplo de revolución liberal, en vista del concepto de

soberanía inherente a los territorios, de velar por sus propios

intereses, sin tener que responder a algunos de carácter parti-

cular.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos

de América cumplió con su objetivo filosófico de adoctrinar

e inducir a la cultura liberal, como en efecto sucedió, cuya

trascendencia no solo repercutió en los habitantes de las trece

colonias antiguamente británicas, sino que la corriente demó-

crata se condujo por todo el continente americano, creando la

esfera subjetiva alrededor del reconocimiento de los derechos

mencionados en el preámbulo de su declaración, dando a co-

1 Tomando en cuenta la Independencia Efímera de 1822.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

194

nocer a todas las colonias de la región, a través de sus pensa-

mientos, el derecho natural dictado por un Ser superior, que

tienen los nacionales, no solo en cuanto a la libertad que se

viola al individuo como ente individual, sino la que pertenece

a la sociedad en su conjunto, la cual, según sus principios,

puede ser obtenida incluso por la Revolución.

c.

Declaración de los Derechos del Hombre

y del Ciudadano del 26 de Agosto de 1789

“Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen”

El 26 de Agosto de 1789, se promulgó, dentro del marco

de la Revolución Francesa, la llamada “Declaración de los De-

rechos del hombre y del Ciudadano”, documento suscrito por

parte de los Representantes del Pueblo Francés, en donde se

persiguió la protección solemne del conjunto de derechos con-

naturales, “inalienables y sagrados del hombre”, como cons-

tante recordatorio para el gobierno francés de las libertades y

derechos que estos debían garantizar a los ciudadanos, en vista

de aquello previsto por la Ley Natural y lo moralmente tole-

rable. La misma prevé, entre sus 17 artículos, derechos tales

como la libertad e igualdad, y por demás, esboza que el Estado

debe tener como propósito fundamental la protección expresa

de los derechos inalienables e imprescriptibles del hombre, ins-

tituyendo la soberanía como un derecho inherente a las nacio-

nes, y remarca el debido proceso y la tutela judicial, la libre co-

municación y pensamiento y derechos como el de propiedad.

En su artículo 4, toma fuerza la premisa popular de que

los derechos de cada uno terminan donde empiezan los de

Ensayos sobre Temas Constitucionales

195

otros, aunque hoy día se ve que cientos de personas se escudan

en dicha frase; no obstante ello, puede asegurarse que la misma

se deriva del artículo antes mencionado, al expresar que “la

libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a lo

demás”, lo que se constituye en una garantía y prevención al

abuso que pudieren tener algunos sobre la aplicación de sus

derechos.

En general, esta Declaración presenta una serie de dere-

chos que hoy día podrían parecer simples y hasta poco respe-

tables, en razón de que la generación de hoy día ha gozado de

ellos a lo largo de su vida sin embargo, es importante resaltar

que para su época, significó un hecho trascendental y permitió

que derechos y deberes conocidos solo en la conciencia del

hombre, fundamentados en el iusnaturalismo, pasaren a ser

parte explícita de las legislaciones subsiguientes, mostrando la

necesidad de que el Estado no pueda hacer uso de su poder

despótico en favor único de sus intereses, pasando dichos de-

rechos sociales y políticos, de lo moral a lo material, y destru-

yendo la cultura estamentaria imperante, dándole por demás

significancia absoluta a las leyes naturales.

IV.

Segunda Generación de Derechos

Fundamentales. S. XIX y XX

La segunda generación de Derechos Fundamentales

engloba los llamados derechos económicos, sociales y cultura-

les, los cuales se desarrollan y marcan el comienzo del Consti-

tucionalismo Social, que nace con las revoluciones nacionalis-

tas y socialistas del siglo XX. Según Carlos Villán Durán, estos

derechos fueron escritos por vez primera en Rusia, durante el

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

196

año 1918, en el marco de la revolución rusa, con la promul-

gación de la “Declaración rusa de los derechos del pueblo tra-

bajador y explotado”, que se fundamenta en el pensamiento

filosófico del socialismo, en donde se busca la abolición de la

“explotación del hombre por el hombre” y el desarrollo de un

sistema en donde todos, a través del acceso a derechos como

el trabajo, salarios dignos, educación, sufragio, participación

activa y pasiva dentro de los procesos electorales, el descanso,

la jubilación y otros, puedan convertirse en entes susceptibles

de generar bienestar a sus naciones, propiciando el desarrollo

económico e intelectual en sus ciudadanos, mediante el reco-

nocimiento de esos derechos.

En esta época, además de la explotación del hombre a su

prójimo, se procuró el aniquilamiento de las clases sociales para

la incentivación de la creación de una única clase social. Es de

notable reconocimiento cómo dicha declaración se contrapo-

ne con los logros obtenidos durante la primera generación de

derechos, en donde los individuos obtuvieron conquistas que

les garantizaban legislativamente su dignidad, en el cual, en

lugar de que ellos trabajasen para el Estado, el Estado sería el

ente sobre el cual descansaría la responsabilidad de obrar en

favor del individuo, no pensando únicamente en los gober-

nantes, lo que pudo haberse constituido en un aniquilamiento

de las conquistas democráticas obtenidas en años posteriores,

como las acontecidas en las declaraciones inglesas, la Indepen-

dencia de Estados Unidos y las consecuencias de la Revolución

Francesa, convirtiéndose en una clara contraposición con lo

expuesto.

Con la ascendente industrialización de las naciones, en

donde los obreros fueron sobreexplotados, efecto de la con-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

197

flagración por el reconocimiento de los derechos económicos,

sociales y culturales, los mismos se basan en la protección a

los individuos y en un ofrecimiento real de sus garantías. No

obstante lo expuesto, durante esta segunda generación inició

la llamada constitucionalización de los derechos humanos, que

podrían empezar a llamarse Derechos Fundamentales, por la

positivización de la cual estaban siendo susceptibles y empeza-

ron a ser reconocidos por los diversos estados, siendo la Cons-

titución Mexicana la “Primera Constitución Social del Siglo

XX” consecuencia directa de la Revolución de 1910, seguida

de constituciones de países como la Unión Soviética (1918),

Alemania (1919), Austria (1920), Polonia (1921), Yugoslavia

(1921), España (1931), convirtiéndose en las primeras cons-

tituciones sociales, las cuales instituyeron que se dejase atrás

el tono filosófico y subjetivo que hasta entonces poseían los

derechos humanos.

En el caso de la República Dominicana, derechos como el

del trabajo, la alimentación, la seguridad social, la educación

y la salud, se encuentran consagrados en los artículos 51, 54,

59, 60, 61, 62 y 63, partes integrantes del Título II de los

Derechos, garantías y deberes fundamentales, Sección II de los

Derechos Económicos y Sociales.

Los Derechos de segunda generación son víctimas de las

condiciones sociales, políticas y económicas de los estados, por

tanto, la garantía al respeto y el eficaz ejercicio de los mismos,

tienen una sujeción directa con el crecimiento y desarrollo que

tenga el Estado en el cual se reconocen los mismos, lo cual

provoca consecuencias directas sobre los beneficiarios, porque

¿cómo puede un ciudadano ejercer su derecho económico al

trabajo, si habita en un país en donde las oportunidades labo-

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

198

rales son escasas? El derecho existe, está positivizado y recono-

cido por la Constitución, y sin embargo, al individuo por sí

mismo, le es difícil ejercerlo si el Estado no crea la eventuali-

dad de que suceda, ya sea por carencia económica o exceso de

personas capaces de trabajar. Lo mismo acontece con derechos

como el de la seguridad social, el derecho a la salud, derecho

a poseer un techo y derecho a la alimentación; todos ellos de-

penden de las posibilidades económicas del Estado, siendo este

el garante del ejercicio directo de los mismos y, por consecuen-

cia, transformando la subjetividad del mismo en donde, en

este caso, los ciudadanos no poseen la prerrogativa directa de

ejercerlos o no, sino que su ejercicio está vinculado a las polí-

ticas públicas implementadas por los gobiernos para asegurar

su existencia.

Los mismos proclaman y se enorgullecen del reconoci-

miento de esos derechos, pero en países subdesarrollados,

como la República Dominicana, se deben ejecutar medidas

especiales para su eficaz ejecución.

a. Declaración Universal de los Derechos

Humanos del 10 de diciembre de 1948

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es

promulgada a raíz de la Asamblea de las Naciones Unidas,

el 10 de diciembre de 1948, como consecuencia de la Se-

gunda Guerra Mundial, redactada por una comisión desti-

nada para estos fines, presidida por Anna Eleanor Roosevelt

y compuesta por personalidades de distintas naciones que

formaron parte de las Naciones Unidas, como René Cassin,

Charles Malik, Hernán Santa Cruz, entre otros; y redactada

Ensayos sobre Temas Constitucionales

199

por John Peters Humphrey. La misma encontró inspiración

en las disposiciones establecidas por la Declaración de los

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Car-

ta de San Francisco de 1945, cuyos redactores buscaron el

sentido más pragmático para alcanzar un acabado más efec-

tivo para su aprobación, a los fines de que la misma fuese

fácilmente adaptable a las diversas formas de gobierno del

mundo. La misma consta de 30 artículos, que recogen las

diversas conquistas alcanzadas por el hombre a lo largo de

los años, incluyendo derechos de tipo político, civil, social,

económico y cultural, detallando en uno de sus consideran-

dos el papel para la cual fue dictada la misma y su relevancia

en el sistema de derecho de las naciones, estableciendo lo

que sigue:

“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegi-

dos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea

compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y

la opresión”.

Constituyéndose dicha declaración en un precedente his-

tórico en materia de derecho, ya que conlleva la unificación de

48 naciones que votaron en favor de su aprobación, en donde

se destaca el nivel de compromiso que asumieron los estados al

reconocer los derechos y libertades fundamentales de los indi-

viduos. A pesar de que la misma no es inmediatamente vincu-

lante y de obligatorio cumplimiento, algunas constituciones,

como las de Argentina (art. 75) y España (art. 10), establecen

su obligatoriedad. En la Ley Suprema de República Domini-

cana, el artículo 74, numeral 3, prevé:

3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos hu-

manos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

200

jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmedia-

ta por los tribunales y demás órganos del Estado;

La presente declaración se constituyó en una de las mues-

tras más fehacientes del reconocimiento de los derechos huma-

nos por parte de las naciones que han ratificado su contenido

constitucionalmente, salvo disposiciones especiales por parte

de los distintos países, ya que según establece la doctrina y

aduce Belarminio Ramírez, los derechos fundamentales se en-

cuentran positivizados por parte de algunas naciones mediante

legislaciones que bien pudieren ser leyes de carácter constitu-

cional, o por leyes nacionales o supranacionales.

V. Tercera Generación de Derechos

Fundamentales. S. XX y XXI

Al igual que sucede con los derechos de segunda genera-

ción, dígase los económicos, sociales y culturales, los derechos

conocidos como de solidaridad o los derechos de los pueblos,

dependen directamente del Estado y la capacidad que tenga

este de hacer posible su libre ejercicio. Elías Estrada López dice

que “los derechos de tercera generación suponen una mayor par-

ticipación por parte del gobierno para lograr que efectivamente

sean respetados, en muchos de los casos implican una intervención

positiva a diferencia de los de primera generación, que general-

mente exigen del gobierno una abstención, es decir que se limite

a respetarlos”.

Los derechos de esta generación se caracterizan funda-

mentalmente por garantizar cuestiones de tipo supranacional.

Los mismos son de reciente reconocimiento y devienen como

Ensayos sobre Temas Constitucionales

201

consecuencia del auge de la búsqueda de la paz en el mundo y

protección de todo lo que nos rodea.

Son resultado de la actividad realizada en asuntos de

Derechos Humanos realizada al culminar la Segunda Guerra

Mundial y se solidifican con la Declaración Universal de los

Derechos de los Pueblos del 4 de julio de 1976 en la ciudad

africana de Argel. La Carta de Argel expone, en su parte intro-

ductoria, las razones que motivaron a la proclamación de la

misma. Estuvo suscrita por diversas naciones del mundo que

pertenecen a una época donde el neocolonialismo o imperia-

lismo manifestaba su presencia en territorios foráneos, a través

de su primacía económica o su posicionamiento militar, sien-

do este uno de los principales motivos de su redacción:

“… nos hemos reunido en Argel para proclamar que todos los

pueblos del mundo tienen el mismo derecho a la libertad, el

derecho de liberarse de toda traba extranjera, y de darse el go-

bierno que elijan; el derecho, si están sojuzgados, de luchar por

su liberación, y el derecho de contar en su lucha con el apoyo de

otros pueblos” (1976).

Dicha declaración es una reafirmación al derecho a la Re-

volución que implícitamente se proclamó 200 años atrás, en la

Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776),

al esbozar que a través de la proclamación de los Derechos

de los pueblos, estos pueden libremente “con las armas en las

manos”, buscar y proteger su derecho legítimo de libertad, por

encima de los designios de cualquier potencia extranjera que

pretendiera imponerse sobre la soberanía de una nación. Por

demás, cabe destacar que uno de los derechos a los que le apor-

tamos mayor importancia y significación jurídico-política es el

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

202

reconocido derecho a la autodeterminación, consagrado en la

misma declaración, en su artículo 5, que reza:

“Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a

la autodeterminación. Él determina su status político con toda

libertad y sin ninguna injerencia exterior”.

Siendo la autodeterminación un derecho de carácter fun-

damental, Carmen Gloria Pérez Villa dice que “este derecho no

es otra cosa que la facultad que posee todo pueblo de disponer

libremente sobre los aspectos básicos para su desarrollo como tal,

esto es, sobre el aspecto político, económico, social y cultural”. Po-

dría considerarse que la autodeterminación por sí misma es la

piedra angular del concepto general de Derechos de Solidari-

dad y de los Pueblos, en razón de que por el respeto mismo

de las decisiones políticas, económicas y culturales que tomen

las naciones, que repercutan directamente sobre ellas mismas,

sin afectar de manera directa o indirecta sobre terceros, traen

como consecuencia y devienen en sí los demás derechos que

conforman esta generación, dígase el derecho a la paz; derecho

a la independencia económica y política; derecho a la identi-

dad nacional; derecho a una cultura propia; derecho a justicia

internacional; derecho al uso de las nuevas tecnologías, y todos

los demás derechos que se deriven del respeto a estos enume-

rados, ya que con la autodeterminación y el debido respeto a

las decisiones particulares de los estados, garantizan la protec-

ción de los demás derechos, siempre dentro del marco de los

demás, sobre todo de aquellos civiles y políticos de la primera

generación.

La autodeterminación, como parte integrante y principio

del Derecho Internacional, no obstante ser considerada ade-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

203

más como derecho fundamental y un eje central de los dere-

chos de solidaridad y de los pueblos, es rechazada por algunos,

según Fernando

J.

Pérez, en el periódico El País: “Las normas

supremas de los países occidentales rechazan esta figura. Solo Etiopía

y el país caribeño de San Cristóbal y Nieves la recogen legalmente

en sus textos”. El preámbulo del texto constitucional de Etiopía

muestra el compromiso que asume su Estado “con un libre y pleno

ejercicio del derecho de autodeterminación”, siendo estas dos na-

ciones y el microestado de Liechtenstein, los únicos que hoy día

reconocen la autodeterminación. Existen otros estados, como es

el caso de Francia, en donde su Carta Magna veta, mediante cláu-

sula de intangibilidad, al declarar que “Ningún procedimiento de

revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la

integridad del territorio”, frenando la posibilidad de cualquier in-

tento de secesión, según han esbozado algunos autores en deter-

minadas ocasiones. A pesar de haber sido incluido como derecho

fundamental, el mismo no está debidamente definido en cuanto

a su interés práctico, ya que fue creado con el fin de cesar el es-

tatus colonial o de sometimiento a opresión de algunas naciones

y no precisamente para las naciones independientes o libremente

asociadas. Tampoco se debe confundir la autodeterminación con

el concepto de secesión, ya que el objetivo de la determinación

no radica en la separación de un segmento del Estado y posterior

creación de uno nuevo, sino en el derecho de cada nación a elegir

su forma de organización política y resolver sus cuestiones sin in-

jerencia. Carmen Gloria Pérez Villa dice que “lo importante aquí

es que justamente cada pueblo decida esto, o sea, la organización po-

lítica que quiere darse y que es capaz de asumir, su estructura social,

la lengua que quiere hablar, la creación cultural que le satisface y que

le es original, etc.”, radicando la autodeterminación en la libertad

absoluta que tiene el Estado de ejercer su soberanía en la forma

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

204

y tiempo que mejor convenga a sus intereses y los del pueblo

soberano y no como una posibilidad abierta de segmentar un

Estado por intereses de índole particular.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, es visto el

interés general de propiciar en la sociedad de finales del siglo

XX y siglo XXI, de crear la base mundial para sentar los prece-

dentes generales, para garantizar la soberanía e independencia

de los estados, dando rienda suelta a las posibilidades. Dicha

decisión es acertada, en razón de que la organización política y

demás cuestiones no tienen que adaptarse a un único sistema,

sino que cada nación, ya sea por cultura o ubicación geográfi-

ca, debe tener su organización adaptada a sus fines específicos,

lo que permite un libre desenvolvimiento de sus labores y ob-

jetivos.

VI. Nueva generación de derechos fundamentales.

S. XXI

La clasificación realizada por Vasak acerca de los Derechos

Fundamentales, contempla solo tres generaciones; sin embar-

go, dada la evolución constante en la cual se encuentra nuestra

sociedad, aspectos como las tecnologías de la información y

comunicaciones, se hallan en un vertiginoso crecimiento, que

para la época de dicha división no existían. Según algunos au-

tores, existe una cuarta, quinta y sexta generación de derechos,

inclusive.

Durante el siglo XXI, las tecnologías de la información

y las comunicaciones son parte fundamental para respaldar el

desarrollo eficiente de los Derechos Fundamentales, convir-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

205

tiéndose las mismas en un canal de carácter esencial que debe

ser garantizado por todas las naciones del mundo. Hoy día,

se hallan derechos como el acceso a la informática; acceso a la

sociedad de la información; el uso del espectro radioeléctrico

y servicios satelitales; la educación en materia de nuevas tec-

nologías; la autodeterminación informativa; el habeas data y

la seguridad digital. Constituyéndose en una serie de derechos

que se convierten en una manera de relanzar el sentido de los

expuestos en generaciones anteriores, sobre todo cuando el uso

de las redes sociales y el ámbito digital y cibernético en gene-

ral, han mostrado una proliferación de la difusión de las ga-

rantías fundamentales con las cuales los distintos países deben

cumplir de manera independiente como sujetos del Derecho

Internacional.

Con la prevalencia de los medios de información tecnoló-

gicos tales como Facebook, Instagram, Twitter, miles de millones

de personas, día a día, tienen acceso a las redes automáticas de

la información, en donde se divulgan cantidades incontables

de datos de carácter no científico, con enfoque empírico-per-

sonal, siendo informaciones que en su mayoría carecen de base

legal-científica, “nutren” todos los días a los y las jóvenes que

invierten un alto porcentaje de su día navegando a través de

internet. Lo mismo deviene en provocar en aquellos que hacen

uso de dichos medios como forma de mantenerse al tanto del

acontecer mundial, en donde además, el amarillismo permite

que se extravíe el sentido de lo allí reproducido. Entonces, el

enfoque fundamental que se pretende darle al presente plan-

teamiento radica en el hecho de que no obstante hoy día tener

mayor acceso a informaciones y tener una amplia y diversa

gama de fuentes, no menos cierto es que dicha era está basada

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

206

en un falso acontecer intelectual y un no verídico valor por los

derechos fundamentales de los individuos.

Si bien es cierto que han surgido corrientes que dicen es-

tar a favor de derechos tales como la igualdad y la libertad de

expresión, los mismos se han encargado de ofertar una idea

difusa acerca de la verdadera significancia de dichos derechos,

creando un idealismo imaginario, que se constituye en procla-

mas carentes de valor científico y filosófico. Dichas prácticas

contribuyen con la desinformación y la proliferación de datos

que violentan derechos tales como el deber de garantizar un

ambiente sano, debiendo considerarse el ámbito digital, como

parte general del medio ambiente, ya que gran parte de la po-

blación invierte un gran número de horas en la navegación

virtual.

Por otra parte, se deben tomar en cuenta otros factores

esenciales para la garantía de los derechos fundamentales en el

mundo, en razón de que factores como la economía, en ocasio-

nes devienen en un detrimento de la tutela de los derechos y en

la garantía de la dignidad humana. Por tanto, la crisis económi-

ca es parte fundamental a tomar en cuenta a la hora de analizar

el estado de los Derechos Fundamentales en esta era, ya que en

países en vías de desarrollo, los ciudadanos cuentan con me-

nores garantías para la protección de derechos básicos, como

son el acceso al agua potable y servicios sanitarios eficientes, lo

que según Nicolás Angulo Sánchez, coloca al ser humano en

una posición de vulnerabilidad que lo incapacita de ejercer y

defender sus derechos, por lo que esta nueva era de derechos

fundamentales supone necesariamente que los gobiernos de

cada nación centren sus fuerzas en desarrollar el garantismo y

protección de los mismos, ya que la mayor tarea para un efecti-

Ensayos sobre Temas Constitucionales

207

vo ejercicio de los Derechos Fundamentales descansa sobre los

estados, teniendo los mismos que desarrollar políticas públicas

que fomenten el desarrollo económico, permitiendo que la so-

ciedad sea pilar fundamental de dicho desarrollo a través del

fomento de nuevas formas de generación de recursos, como

serían la creación de micro, pequeñas y medianas empresas que

dinamicen la economía nacional, pudiendo tratar de emular a

la tercera economía del mundo, Japón, y enlazar sectores como

las industrias, manufactureros y productores, que garanticen el

auge constante y el movimiento de las divisas.

Otro de los retos de los estados para alcanzar una garantía

absoluta para el acceso a los derechos fundamentales radica

en la disminución sistemática de la brecha digital, en donde

todavía hoy, millones de personas no cuentan con el acceso

rutinario a las vías tecnológicas de comunicación (teléfono,

internet). En nuestra región, existen datos de que “hay 363

millones de personas, un 57 % del total, que no utilizan Internet

pese a tener cobertura para ello, frente al 33 % -207 millones- que

sí lo hacen”, siendo los de mayor índice países como Guate-

mala, R.D., Costa Rica, Chile y Haití. Una sociedad mejor

comunicada e inclusiva, indefectiblemente, con el buen uso

que debería dársele a la internet, contribuiría con la difusión

de información relativa a las conquistas fundamentales de las

cuales son dueños los individuos, no únicamente como ciu-

dadanos y personas pertenecientes a su país, sino como seres

humanos que poseen una serie de derechos inalienables e im-

prescriptibles, lo que fomentaría y propiciaría una tutela más

efectiva, ya que ciudadanos informados se constituyen en un

ente con voz válida para la protección de sus derechos y cortar

con la brecha digital que todavía existe en pleno siglo XXI,

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

208

contribuyendo con un Estado como el que se espera para este

siglo, el Estado Social y Democrático de Derecho que esbozan

las constituciones modernas.

a. Declaración de derechos humanos

emergentes de 2007

Esta constituye la Declaración de Derechos más reciente,

aprobada en la conferencia de Monterrey, en el Marco del Foro

Mundial de las Culturas, como una respuesta a las nuevas ne-

cesidades que han surgido con el pasar del siglo, consecuencia

directa de la globalización y los “cambios políticos, sociales,

ideológicos, culturales, económicos, tecnológicos y científicos”

de los que han sido sujetos los individuos durante esta época

y en respuesta además de las corrientes sociales que surgen a

través de la movilización y transformación constante de los

valores y principios sociales. Por tales motivos, dichos derechos

emergentes se dividen a su vez en tres dimensiones, entre las

cuales se destacan los nuevos derechos que antes no habían

estado reconocidos de manera explícita, dígase los derechos a

una renta básica, migrar, a una muerte digna y el respeto a la

orientación sexual; y los derechos extendidos, que se derivan

de los ya existentes, pero con modificaciones amplificativas,

como es el caso del derecho al matrimonio homosexual y dere-

cho al voto de los inmigrantes.

La proclamación de estos derechos es consecuencia de la

sublevación de las personas en cuanto al respeto de su dignidad

humana, tratando de sostener, en todos los aspectos y ámbitos

sociales, la igualdad y el respeto a la totalidad de derechos,

provocando un sinnúmero de movimientos sociales que pro-

pugnan por el respeto de los derechos fundamentales, sobre

Ensayos sobre Temas Constitucionales

209

todo de aquellos que tienen mayor impacto social, como la

libertad de expresión y la igualdad, derechos estos que se han

extendido con el uso de las redes sociales, pero que sin embar-

go, han coaccionado otros, por lo que propiciar un balance se

constituye en una necesidad esencial para los estados democrá-

ticos del mundo.

b. Las TIC en la Nueva Generación de

Derechos Fundamentales

La sociedad del siglo XXI cuenta con un espacio ciber-

nético tan amplio o más que en el que interactúa día a día en

su espacio físico, constituyéndose el mismo en un ambiente

que ha de ser susceptible de entrar en el marco de regulación

de los derechos constitucionalmente reconocidos, sobre todo

a partir del reconocimiento de derechos tales como el dere-

cho al acceso a la información, siendo las nuevas tecnologías

la vía más amplia y de fácil acceso que esta sociedad posee,

por su carácter principal de inmediatez. Las tecnologías de la

información y comunicaciones se han constituido, desde su

concepción, en un canal efectivo para la proliferación de otros

derechos fundamentales como lo es el de la comunicación. Por

lo tanto, con el auge del espectro cibernético se ha desarrollado

una nueva era de derechos, que según el Instituto de Dere-

chos Humanos Bartolomé de las Casas, puede ser denominada

como “los derechos humanos de la era tecnológica y la sociedad

global”. Del mismo modo, hace mención de conceptos tales

como “ciberciudadanía” y “teledemocracia”, que vienen a ser

una redimensión de términos tradicionalmente conocidos, lo

que deviene en una necesidad inequívoca de transformación y

adecuación de los derechos ya alcanzados durante el curso de

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

210

la historia de positivización de los derechos fundamentales, a

los fines de que tanto el espectro espacial como el virtual pue-

dan ser espacios debidamente reglados por las normativas del

mundo, para que estos no se encuentren regidos netamente

por un derecho consuetudinario prenormativo, desarrollado

evidentemente por la necesidad constante de protección a las

garantías mínimas que requiere una persona en el espacio vir-

tual en el que se desenvuelve.

Es importante que las naciones del mundo creen las bases

legales para convertirse en garantes efectivos de cada uno de

los usuarios de las nuevas tecnologías, en donde tanto los de-

rechos ya reformados y adecuados a los nuevos tiempos, como

los pertenecientes a la primera, segunda y tercera generación,

formen parte fundamental del quehacer social de los seres hu-

manos en las horas de navegación invertidas, no únicamente

para protegerlos, sino para que sirva de medio de información

y/o educación en lo concerniente a los derechos fundamenta-

les que les pertenecen.

Conclusiones

A lo largo de la historia, la humanidad ha sido objeto de

una serie de transformaciones que la han convertido en un

ente maleable en cuanto a los deseos de las grandes fuerzas

que en cada época histórica han regido la vida política y social

del hombre. Lo mismo ha sido motivo de que las garantías

connaturales del hombre que este, por su propia naturaleza,

considera poseer, hayan sido desvirtuadas de manera tal que

segmentos de la sociedad hayan vivido durante años innume-

rables considerándose desmerecedores de ciertas condiciones

Ensayos sobre Temas Constitucionales

211

de vida que en la especie, y desde el punto de vista de las nor-

mas naturales, son inalienables e inherentes a su condición de

ser humano. Siendo esta parte consustancial al ser, la sociedad

misma se encargó de construir el camino del “deber ser” hacia

el “ser”.

Durante el tránsito del Estado Liberal, escudado en la teo-

ría de orden liberal de laissez faire, empezó el reconocimiento

de los derechos individuales, a la par con etapas que consti-

tuyen la primera generación de derechos fundamentales, en-

marcado fundamentalmente en la Revolución Francesa. Teoría

enlazada con la esencia natural de los derechos de Primera Ge-

neración, es decir, los civiles y políticos, en donde el Estado,

más que ser un precursor y garantista, se constituye en un ente

pasivo, que tiene el deber de dar paso a la libertad individual

y trabajar en pos de los intereses de la colectividad. Luego del

Estado Liberal, la sociedad atraviesa cambios que lo encami-

nan hacia el Estado Social, en donde se engloban los caracteres

de los derechos de segunda generación, como una procura de

la mejoría del bienestar de la sociedad. Pero dicha evolución

resulta indetenible en estos pueblos que cada vez más se hallan

mejor documentados y se empieza a notar el sinnúmero de ne-

cesidades existente, siendo indetenible la evolución hacia una

sociedad mucho más moderna, inclusiva y respetable, en don-

de los fines del Estado sean más significativos que el mero inte-

rés de lucro, o el establecimiento de ventajas estamentarias, en

donde factores como “la protección efectiva de los derechos de

las personas”, la dignidad humana, la justicia social, la libertad

individual, la soberanía popular y la separación de los poderes,

significan la evolución indetenible hacia el Estado del Siglo

XXI, es decir, el Estado Social y Democrático de Derecho, en

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

212

donde por encima de toda fuerza, legislación, sistema político,

gobierno, partido, movimiento, tenga que, por obligación ex-

presa de nuestras normas constitucionales, garantizar el debido

respeto a los Derechos y Deberes Fundamentales, en donde

más que el reconocimiento de nuevos derechos, las grandes

masas procuren la ejecución efectiva y prudente, bajo el marco

de una tutela judicial efectiva y un debido proceso eficiente,

en donde factores como la igualdad, cultura, soberanía y liber-

tad se consagren en el actuar de todos y cada uno de los entes

sociales susceptibles de hacerlo cumplir, desde la institución

más encumbrada del gobierno central, hasta el ciudadano más

humilde de cada nación.

Cuando las naciones inicien la asimilación de dichos

conceptos, se podrá avanzar y alcanzar los ideales soñados del

Estado tridimensional que se impulsa en nuestro siglo XXI,

en donde los derechos fundamentales positivizados en las

distintas constituciones y legislaciones del mundo, sean una

conquista permanente y realizable en el accionar social de

los países, donde para ello, se deberán continuar impulsando

los avances tecnológicos para que el conocimiento teórico de

dichas garantías se convierta, en el sentido más pragmático

de la palabra, en verdadero saber social para los individuos y

los convierta en entes intelectualmente capaces de perseguir

sus derechos, que lo constituyan en seres verdaderamente co-

nocedores de sus derechos y sean veedores para conquistar

un auténtico Estado Social y Democrático de Derecho que

pueda subsistir en más allá de un pliego y se llene de realismo

y veracidad.

Ensayos sobre Temas Constitucionales

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