Evolución del derecho de propiedad en la Constitución dominicana

• Páginas: 89-113
• Fecha: 01 Agosto 2020
• Fecha de publicación: 01 Agosto 2020
• Materia: Derecho Constitucional

EVOLUCIÓN DEL

DERECHO DE PROPIEDAD

EN LA CONSTITUCIÓN

DOMINICANA

Alba Luisa Beard Marcos

Jueza del Tribunal Constitucional

RESUMEN

Se aborda el tema de la evolución del derecho de propiedad inmobiliaria en la

Constitución de la República Dominicana, con la nalidad de brindar al lector

cual ha sido el tratamiento dado al derecho de propiedad sobre los bienes in-

muebles, por el constituyente, así como por las diversas asambleas revisoras

que se han formado, luego del año 1844, fecha en que se constituyó la Repú-

blica Dominicana.

PALABRAS CLAVE

Derechos Fundamentales. Estado Social Democrático de Derecho. Derecho

de propiedad. Propiedad inmobiliaria. Ecacia del derecho fundamental de

propiedad en la doctrina constitucional. Aportes convencionales y doctrinales.

Constituyente. Precedentes. Jurisprudencia. Tribunal Constitucional domini-

cano.

EXORDIO

Es incuestionable que el constituyente originario dominicano y las posteriores

asambleas revisoras tuvieron el propósito de revestir de relevancia constitu-

cional el derecho de propiedad inmobiliaria, el que, desde el año 1963, al ser

incluido en el apartado intitulado “Relaciones Económicas y Ético-Sociales”

fue consagrado como derecho social.

La consideración del derecho de propiedad inmobiliaria como derecho

fundamental social y económico fue reintroducida y reiterada ya de forma ex-

92 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

presa en el orden constitucional actual,

consagración que sustenta especial valor en

el Estado dominicano, instituido como un

Estado Social y Democrático de Derecho

conforme el artículo 7 de la Carta Magna,

pues como parte integrante de la Consti-

tución económica dominicana, garantiza la

propiedad privada, la inversión extranjera,

e incrementa una segura interacción entre

los individuos, las instituciones y organis-

mos estatales, así como a los operadores

privados del comercio inmobiliario, debido

a la seguridad que ofrece la referida inser-

ción como un derecho fundamental, cues-

tiones estas que evidentemente aportan

en la dinámica social, económica y política

de la nación como eje fundamentales de la

economía y la calidad de vida de los habi-

tantes y por ende de la materialización del

Estado Social Democrático de Derecho

que consagra la Carta Fundamental.

I. Consagración constitucional del

derecho de propiedad inmobiliaria

como un derecho fundamental: una

mirada histórica

1.1. Surgimiento de los derechos

fundamentales

Para analizar la evolución constitucio-

nal del derecho de propiedad inmobilia-

ria en la República Dominicana, primero

como derecho individual-ciudadano, y

luego como derecho fundamental, resul-

ta pertinente conocer y estudiar de forma

sintetizada, el origen y surgimiento de los

derechos fundamentales y enmarcar allí el

lugar del derecho de propiedad dentro de

este proceso.

La expresión derechos fundamentales

surge en Alemania, y es utilizada por vez

primigenia en la efímera Constitución ale-

mana del 20 de diciembre de 1848, en la

que se habla de los “Derechos Fundamen-

tales del Pueblo Alemán”.1

El término volvería a ser utilizado en

la Ley Fundamental de Bonn de 1949, y a

partir de ese momento, los derechos fun-

damentales serían asentados y acogidos no

solo en el derecho constitucional alemán,

sino en los tratados internacionales, y de

allí constitucionalizado por la mayoría de

los Estados del mundo.

En este orden, resulta ineludible seña-

lar que la terminología compuesta de dere-

chos fundamentales era desconocida en el

ordenamiento constitucional dominicano

hasta la reforma constitucional de 20102,

constitución en la que también es adoptada

la cláusula del Estado Social y Democrático

de Derecho hoy vigente, concepto ligado a

valores, principios, derechos y normas fun-

damentales que obligan a los poderes pú-

blicos a promover las condiciones para que

la libertad e igualdad del individuo sean una

realidad.3

Los derechos fundamentales son con-

tenido decisivo de toda constitución y para

demostrar su valor para los textos sustan-

tivos vale recordar la disposición conteni-

da en la Declaración de los Derechos del

1 “Enciclopedia de losofía y teoría del derecho.

Vol. I”. Fabra Zamora, Jorge Luis; Rodríguez Blan-

co, Verónica. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

UNAM. México. 2015. P. 1571

“Curso de Derecho Constitucional”. Pérez Royo,

Javier. Editorial Marcial Pons. Madrid, España.

2010. P.183

Jorge Prats, Eduardo. P.16

2 “Derecho Constitucional”. Jorge Prats, Eduardo. P. 29

3 “Nuevas tendencias. Derecho Constitucional y el Dere-

cho Procesal Constitucional”. Sergio J. Cuarezma Terán,

Rafael Luciano Pichardo. Instituto de Estudio e Investiga-

ción Jurídica (INEJ). 2011. P. 360

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 93

Hombre y del Ciudadano de 1789: “no

hay Constitución cuando no están garan-

tizados los derechos del hombre”, aunque

como anteriormente señalamos, en este

momento histórico no podemos aun ha-

blar de derechos fundamentales, sino más

bien de “ámbitos de libertad que el Estado

reconoce al ciudadano”, que pasan de ser

privilegios otorgados al clero y a la nobleza,

a ser garantías que el poder ofrece a todos

sus súbditos4.

Estas libertades públicas o libertades

individuales, son los hoy considerados

derechos fundamentales de primera gene-

ración, que “representaron y –siguen re-

presentando- una conquista decisiva, pues

trazan un ámbito efectivo de autonomía

individual e implican que el poder está al

servicio de los hombres, y no al revés, como

era la tónica en los Estados conocidos hasta

entonces.5”

La limitación en la extensión de este

trabajo no nos permite ampliar el proceso

de como los derechos individuales se con-

virtieron en lo que hoy conocemos como

derechos fundamentales, sin embargo, es

importante resaltar que cada ordenamien-

to, interprete iusfundametal, e incluso doc-

trinario, dene y caracteriza los derechos

fundamentales con sus propias palabras,

sin embargo, en el sustrato de todas estas

deniciones encontramos siempre elemen-

tos comunes.

4 “Teoría del Estado Constitucional”. Núñez Rivero,

Cayetano, Goig Martínez, Juan Manuel; Núñez Martínez,

María. Editorial Universitas. UNED. Madrid, España.

2010. Pp. 278-279.

Al respecto ver también la obra “Principios de Derecho

Publico y Constitucional”, de la autoría de Maurice Hau-

riou, P. 100-107. Editorial Comares. Granada, España.

2003.

5 “Derecho Constitucional”. Santaolalla Lopez, Fernando.

Editorial Dykinson. Madrid, España. 2004. P. 82.

En este orden, Luigi Ferrajoli ofrece

en dos de sus obras sendas deniciones

bastante ilustrativas en cuanto a qué cons-

tituyen los derechos fundamentales, de-

niendo a estos como “… los derechos ads-

critos por un ordenamiento jurídico a todas

las personas físicas en cuanto tales, en

cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de

obrar.6”, agregando en su obra “Derechos

Fundamentales” que estos son “por tanto,

indisponibles e inalienables”.

Para Javier Pérez Royo, “… los derechos

fundamentales son los derechos naturales

constitucionalizados democráticamente.”,

pues según este importante doctrinario

del derecho constitucional, estos derechos

“Son (…) al mismo tiempo expresión de la

naturaleza humana y de la técnica del hom-

bre, esto es, naturales y artificiales”.7

Fernando Santaolalla Lopez los de-

ne como “los derechos básicos, los más

elementales que pueden corresponder a

los hombres (…) derechos que merecen una

garantía especial, por cuanto afectan a las

facetas más esenciales de la vida personal y

social de los individuos”8.

Para el Tribunal Constitucional Espa-

ñol, por ejemplo, los derechos fundamen-

tales “… son derechos subjetivos, derechos

de los individuos no sólo en cuanto dere-

chos de los ciudadanos en sentido estricto,

sino en cuanto garantizan un status jurídico

o la libertad en un ámbito de la existencia.”

Y es que ha descifrado el máximo interpre-

te constitucional del reino de España que

estos “… son elementos esenciales de un

orden objetivo de la Comunidad nacional,

en cuanto esta se configura como marco de

6 “Derechos y garantías”. Ferrajoli, Luigi. Editorial

Trotta. 2004. Pp. 37-38.

7 Pérez Royo, Javier. Ibíd. P. 195.

8 “Santaolalla Lopez, Fernando. IBID. P. 460.

94 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

una convivencia humana justa y pacífica,

plasmada históricamente en el Estado de

Derecho y más tarde, en el Estado social de

Derecho o en el Estado social y democrático

de Derecho.”9

1.2. Consagración del derecho de

propiedad en el surgimiento

del constitucionalismo

Con el paso de la Edad Media a la Edad

Moderna, la extensión y masicación de las

ideas de los teóricos de la ilustración, y la

victoria de los movimientos independentis-

tas y revolucionarios tanto en el viejo como

en el nuevo mundo, se produjeron una se-

rie de transformaciones que generaron una

modernización en todas las facetas de la

existencia humana, en especial en la estruc-

tura social y las interrelaciones de las per-

sonas, que se proyectó de forma palpable

y material en los derechos y libertades, lo

cual igualmente devino en el surgimiento

del denominado Estado Liberal, dejándo-

se atrás las concepciones absolutistas del

Estado Monárquico, y asumiéndose, entre

otros, el pensamiento de Locke, Hobbes,

Montesquieu y Jean Jacques Rousseau.

Estas concepciones integraban la no-

ción de la separación de poderes, los idea-

les de libertad e igualdad, así como la idea

de la propiedad en su más amplio sentido,

como la capacidad del individuo tanto so-

bre su persona como sobre sus bienes, y el

paso del Estado de naturaleza al de socie-

dad para la protección y salvaguarda de su

integridad física, libertades y tierras.10

9 Sentencia núm. STC 21/81 reiterado en la 25/81 de

14 de julio de 1981.

10 Núñez Rivero, Cayetano, Goig Martínez, Juan Mnuel;

Núñez Martínez, María. IBID. P. 278.

Ya en la considerada primera declara-

ción de derechos de la época moderna, esta

es, la “Declaración de Derechos del Buen

pueblo de Virginia”, se plasmaba y recono-

cía la existencia de los derechos del “goce

de la vida y de la libertad, con los medios

de adquirir y poseer la propiedad…”, dere-

cho que en la Declaración de los Derechos

del Hombre y del Ciudadano, proclamada

en París el 26 de agosto de 1789 fue cata-

pultado, al establecerse en el artículo 2 de

la misma que “La finalidad de cualquier

asociación política es la protección de los

derechos naturales e imprescriptibles del

Hombre. Tales derechos son la libertad, la

propiedad, la seguridad y la resistencia a la

opresión.”

Tal como expone Danilo Zolo en su

análisis titulado: “Libertad, Propiedad e

Igualdad en la Teoría de los Derechos Fun-

damentales a propósito de un ensayo de

Luiggi Ferrajoli”, el derecho de propiedad

fue reivindicado en el curso de la revolu-

ción industrial y en el proceso de desarrollo

del capitalismo, entre el siglo XVII y XVI-

II, por parte de la naciente burguesía in-

dustrial, contraponiéndose a la “propiedad

feudal” y al poder arbitrario del soberano11.

Por esa razón, este autor arma que, “… la

defensa de la propiedad privada no es

sólo uno de los elementos cardinales de

la revolución burguesa, sino que está

presente, al mismo nivel que cualquier

otro derecho civil, en la totalidad de los

documentos constitucionales inspirados

por la doctrina liberal, comenzando

“Curso de Derecho Constitucional”. Álvarez Conde, En-

rique. Editorial tecnos. Madrid, España. 2008. P. 596

11 Cf. Danilo, Zolo. “Libertad, Propiedad e Igualdad”, en

Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello. Los Fundamentos

de los Derechos Fundamentales. Madrid, editorial Trotta,

2001, p.87.

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 95

por la Declaración de los Derechos del

Hombre y del Ciudadano de 1789. Sólo

mucho más tarde, en la Constitución de

Weimar de 1919, se introducirían las

primeras limitaciones a esta institución

y se haría referencia a las obligaciones

de los propietarios, además de a sus

derechos, sin por ello contradecir, en

lo más mínimo, los principios de la

economía de mercado12”.

Igualmente, el carácter “inviolable”

y “sagrado” del derecho de propiedad se

consagró en el artículo 17 de la Declara-

ción de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano, el cual establece: “Artículo 17.

Siendo inviolable y sagrado el derecho de

propiedad, nadie podrá ser privado de él,

excepto cuando la necesidad pública, le-

galmente comprobada, lo exige de manera

evidente, y a la condición de una indemni-

zación previa y justa.”

Poco tiempo después, en un documen-

to no menos célebre, el “Bill of Rights” o

“Declaración de Derechos”, de los Estados

Unidos de la América del Norte de 1791,

en su enmienda V, también se reconoció el

derecho a la propiedad privada como uno

de los derechos esenciales de las personas y

los ciudadanos, al establecerse: “Enmienda

V. Debido proceso, Non Bis In Ídem, au-

to-incriminación, propiedad privada: Na-

die estará obligado a responder de un delito

castigado con la pena capital o de otro de-

lito infame a menos que un gran jurado lo

acuse, a excepción de los casos que se pre-

senten en las fuerzas navales o terrestres, o

en la milicia nacional cuando se encuentre

en servicio actual en tiempo de guerra o pe-

ligro público; tampoco se juzgará a persona

alguna dos veces con motivo del mismo de-

12 Ibíd., p. 88.

lito, el cual conlleve la pérdida de la vida o

algún miembro; ni se le compelerá a decla-

rar contra sí misma en ningún juicio crimi-

nal; ni se le privará de la vida, la libertad o

la propiedad sin el debido proceso legal; ni

se tomará propiedad privada para uso pú-

blico sin una justa indemnización”.

La concepción liberal del derecho de

propiedad, que se reejó en las citadas de-

claraciones de derechos y de igual forma en

el Código Civil napoleónico francés - cuyo

artículo 544 lo consideró como “un dere-

cho absoluto”- evolucionó y experimentó

transformaciones fruto de las críticas que

recibió dicha institución jurídica, así como

por las nuevas corrientes doctrinales y -

losócas que surgieron posteriormente al

triunfo de las revoluciones burguesas fran-

cesa y americana.

Contra la concepción liberal, indivi-

dualista y absoluta del derecho de propie-

dad, surgieron teorías formuladas por pen-

sadores de gran inuencia como el francés

Pierre Joseph Proudhon, quien en su obra

“La Propiedad es un robo”, publicada entre

1840 y 1842, desplegó serias y virulentas

diatribas a esta concepción del derecho de

propiedad, proponiendo una especie de

régimen jurídico medio entre la propiedad

privada y el comunismo.

Asimismo, Karl Marx, con sus obras El

Manifiesto Comunista, publicada el 21 de

febrero de 1848, y El Capital, cuyo pri-

mer tomo se publicó en 1867, formuló una

teoría crítica sobre la explotación de los

trabajadores y la propiedad privada de los

medios de producción, la cual inuyó no-

tablemente en los regímenes jurídicos del

derecho de propiedad en Rusia, parte de

Europa y los países socialistas, así como en

las llamadas “democracias populares”.

De igual manera, en 1911, el autor

francés León Duguit, a partir de una se-

96 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

rie de conferencias pronunciadas en la

Facultad de Derecho de la Universidad

de Buenos Aires, desarrolló el concepto

de la “función social de la propiedad”, el

cual fue asumido por una serie de autores

y constituciones. En virtud de dicho con-

cepto, el derecho a la propiedad individual

y “absoluta” propio del constitucionalismo

liberal, es contrapuesto al interés general, a

la división de los latifundios para distribuir

la tierra en pequeñas propiedades, aunque

no fue abolido o suprimido ni llega a con-

gurarse como un derecho de propiedad

colectivo13.

Es innegable que el derecho de pro-

piedad fue piedra angular y factor inicial

determinante de la doctrina constitucional

liberal, lo cual promovió que en gran parte

de las constituciones liberales de los siglos

XVIII y XIX fuese garantizada expresa-

mente como un derecho “inviolable y sa-

grado”, siendo la relevancia socio-política

de este derecho tal, que en los primeros

textos del incipiente sistema constitucio-

nal, este derecho se consideró absoluto, y

se convirtió en el eje troncal del nuevo sis-

tema político, siendo incluso instaurado el

denominado sufragio censatario, conside-

rándose la propiedad de bienes inmuebles

como criterio determinante para el ejerci-

cio y disfrute del derecho al sufragio pasivo

y activo14, asunto que como expondremos

13 El concepto “función social” de la propiedad formulado

por Duguit, se incluyó primero en América que en Europa

luego de la Segunda Guerra Mundial, en las constituciones

de Guatemala (1946, art. 90), Colombia (1945, art.30),

Ecuador (1946, art. 183), Panamá (1946, art.45, Bolivia

(1947, art.17). Cf. Susana T. Ramella. “Propiedad en Fun-

ción Social en la Constitución de 1949”. [ En línea] Revis-

ta de Historia del Derecho, Núm. 35, 2007, pp.297-354.

Argentina, disponible: el 28 de octubre de 2019, https: //

dialnet. Unirioja.es

14 “Derecho Constitucional” 4ta Edición. Molas, Isidre.

Editorial tecnos. Madrid, España. 2009. P. 328

en lo adelante, también sucedió en la Repú-

blica Dominicana.

1.3. Evolución del derecho de pro-

piedad inmobiliaria en el texto

constitucional dominicano.

Como es sabido, la independencia de la

República Dominicana se produjo el 27 de

febrero de 1844, pero incluso desde antes

de la proclamación de este gesta histórica,

los pobladores de lo que luego se converti-

ría en la nación dominicana, analizaban la

relevancia del derecho de propiedad sobre

las tierras como derecho subjetivo y ciuda-

dano, y lo valoraban como eje central de la

necesidad de instaurar un Estado libre y

soberano.

En este orden, en la propia Acta o Ma-

niesto “de los Habitantes de la Parte del

Este de la isla antes Española o de Santo

Domingo”, del 16 de enero de 1844, pri-

mer documento jurídico que inspiro la in-

dependencia nacional, se plasmó que,

“… los pueblos de la parte anteriormen-

te española de la isla de Santo Domingo

(…) han resuelto separarse para siempre

de la República haitiana para proveer a su

seguridad y a su conservación, constituyén-

dose, según los antiguos límites, en Estado

libre y soberano. Las leyes fundamentales

de ese Estado garantizarán el régimen de-

mocrático, asegurarán la libertad de los

ciudadanos aboliendo para siempre la es-

clavitud y establecerán la igualdad de los

derechos civiles y políticos sin miramientos

para con las distinciones de origen y naci-

miento. Las propiedades serán inviolables

y sagradas…”15 (El subrayado es nuestro)

15 “Maniesto de los pueblos de la parte del este de la isla

antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 97

Con este trasfondo histórico jurídico,

es adoptada el 6 de enero de 1844 la pri-

mera Carta Magna, y es consagrado allí - y

como veremos, así fue reiterado en cada

una de las modicaciones del texto sustan-

tivo - el derecho de propiedad inmobiliario

como una garantía o cláusula de limitación

del accionar del incipiente Estado, plas-

mándose en el artículo 21 de nuestra pri-

migenia Constitución que “Nadie puede

ser privado de su propiedad sino por cau-

sa justificada de utilidad pública, previa

la correspondiente indemnización a juicio

de peritos.”, a lo cual habría que agregar la

disposición contenida en el artículo 20 del

propio texto, en el sentido de que “No se

impondrá jamás la pena de confiscación de

bienes”.

La adopción del derecho de propiedad

inmobiliaria como uno de los derechos

personales y ciudadanos, vino aparejada de

la imperante concepción de la época, que

entendía que el derecho al sufragio activo y

pasivo (derecho a elegir y ser elegible), ve-

nia determinado por la calidad de ser pro-

pietario de bienes, y en ese sentido se esta-

bleció en el propio texto constitucional que

para ser “Tribunado” y también para ser

miembro del denominado Consejo Con-

servador, que eran los órganos legislativos

de la época, además de estar en el goce de

los derechos civiles y políticos, y alcanzar

una determinada edad, se requería “Ser

propietario de bienes raíces”16, a lo cual

debemos agregar que fue igualmente esti-

su separación de la República haitiana”. 16 de enero de

1844, en Archivo General de la Nación, Documentos

para la Historia Dominicana, Colección E. Rodríguez

Demorizi, volumen I. Santo Domingo> Editora Montal-

vo, 1944. Pp. 7-17.

16 Artículos 48 y 66 de la Constitución del 6 de noviem-

bre de 1844.

pulado en el artículo 160 de la primera ley

de leyes que “Para ser sufragante (SIC) en

las Asambleas primarias es necesario (…)

Ser propietario de bienes raíces, o empleado

público u oficial de ejército de tierra o mar”

consagrándose en tal sentido el denomina-

do voto censitario.

Asimismo, para la regulación del dere-

cho de propiedad, el legislador dominicano

dictó la Ley sobre Bienes Nacionales, del

2 de julio de 1845, que dividió la tenencia

y propiedad de la tierra en “propiedad del

Estado y propiedad de particulares”, y esta

última, a su vez, la subdividió, en cuanto a

lo rural, en terrenos comuneros y no comu-

neros. De la misma forma, desde antes de la

independencia, regia el código civil francés

(aun sin traducir al castellano), ante lo cual

la propiedad en términos generales era re-

gida por sus disposiciones.17

La Constitución de 1844 tuvo una

vigencia de 10 años y en la primera mo-

dicación sustantiva acaecida en la joven

república, la consagración del texto rela-

tivo al derecho de propiedad se mantuvo

básicamente igual, estableciéndose en el

artículo 14 de la misma que “La propiedad

es inviolable; ninguno puede ser despojado

de la menor porción de ella, sino por vía de

apremio o pena legal, o por causa justifi-

cada de utilidad pública, y mediante una

previa y justa indemnización a juicio de pe-

ritos.”, a lo cual se agregó en la parte in ne

del articulado que “En caso de guerra, esta

indemnización puede no ser previa.”

En esta misma dirección, fue manteni-

do el voto censitario pues fue consignado

en el artículo 31 de la norma de normas

vigente que “Para ser sufragante (SIC) en

17 Al respecto ver “Estudio sobre la Propiedad Inmobi-

liaria en la República Dominicana”. Ruiz Tejada, Manuel

Ramón. Editora del Caribe, Ciudad Trujillo. S/f. P. 27

98 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

las Asambleas primarias, es necesario (…)

ser propietario de bienes raíces, empleado

público, oficial del ejército de tierra o mar,

patentado por el ejercicio de alguna profe-

sión o industria, profesor de alguna ciencia

o arte liberal o arrendatario por seis años

de un establecimiento rural en actividad

de cultivo”, criterio que fue establecido

de forma aún más estricta para el ejercicio

del derecho al sufragio pasivo, pues tanto

para optar por ser diputado, senador o pre-

sidente de la República, se requirió como

criterio determinante “Ser propietario de

bienes raíces”18.

Aunque una de las características del

constitucionalismo dominicano ha sido la

inestabilidad y escasa permanencia tem-

poral de los textos sustantivos adoptados,

esto ha incidido mínimamente en que la

denición y elementos en la conguración

del derecho de propiedad haya sido varian-

te, pues como veremos, los elementos y

consagración de este derecho en el texto

fundamental ha mantenido su esencia y

contenido.

En tal orden, en diciembre de 1854,

con escasos meses de haber sido proclama-

da y adoptada una modicación de nuestra

carta fundamental, hubo una nueva modi-

cación a la norma sustantiva, y en el artí-

culo 8 de esta se estableció que “La Cons-

titución garantiza y asegura los derechos

naturales y civiles de libertad, de igualdad,

seguridad y propiedad de todos los domi-

nicanos”, siendo reiterado e incluido en el

numeral 15 del texto de este artículo, de

forma literal y textual, la conguración del

derecho de propiedad consignado por la

constitución previa, del propio año 1854,

sin ninguna variación.

18 Ver artículos 43, 49 y 70 de la Constitución de 1854.

Asimismo, fue mantenido como crite-

rio determinante tanto para el sufragio acti-

vo como pasivo el ser “propietario de bienes

raíces”, lo cual fue establecido en el ámbito

del sufragio activo en los artículos 11 y 14

del texto constitucional, y en los artículos

18 y 29 en lo relativo al sufragio pasivo.

Esta concepción del derecho de pro-

piedad, tanto en su denición como en su

criterio determinante para el disfrute y ejer-

cicio del derecho al sufragio pasivo y activo,

se mantuvo básicamente invariable durante

toda la primera República, es decir, hasta la

anexión a España y la gesta patriótica de la

Guerra de la Restauración, pues en térmi-

nos generales este texto fue reiterado en la

más avanzada Constitución de la época, la

Constitución de Moca de 1858, constitu-

ción de corte liberal de muy corta vigencia,

y que fue objeto de “anulación” por parte

de Pedro Santana en el propio año 1858,

quien mediante decreto instauró la consti-

tución de diciembre de 185419.

Pasada la anexión, y recobrada la sobe-

ranía patria, fue proclamada en 1865 una

nueva modicación del texto constitucio-

nal, donde si bien se mantuvo el contenido

esencial del derecho ciudadano y/o indi-

vidual de propiedad, nalmente se abolió

el requerimiento de ostentar la calidad de

propietario para optar y lograr posiciones

públicas.

En este orden, en el artículo 20 de la

Constitución de 1865, reiterando la his-

tórica denición del derecho de propiedad

que había imperado en el constitucionalis-

mo dominicano, se estableció que “La pro-

piedad queda garantizada, y en consecuen-

19 “Constitucionalismo y Procesos Políticos en la Repúbli-

ca Dominicana”. Espinal, Flavio Darío. Colección Docu-

mentos, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

2001. P.77

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 99

cia, ninguno puede ser privado de ella, sino

por causa justificada de utilidad pública,

con justa, previa y segura indemnización a

juicio de peritos.”, texto que fue mantenido

en la carta magna de 1866 en su artículo

21, con la salvedad incluida en el propio

artículo, y que ya estaba presente en textos

constitucionales previamente analizados,

de que “En caso de guerra esta indemniza-

ción podrá no ser previa”.

Este texto también se mantuvo en la

Constitución de 1872, aunque en esta re-

forma, especícamente en el artículo 11 de

la misma, fue nueva vez introducido como

criterio o requerimiento determinante para

el ejercicio del sufragio activo y pasivo el

“ser propietario de bienes raíces”.

Esta sería la última vez en que se es-

tablecería como requerimiento para el

disfrute de derechos políticos el derecho

de propiedad de bienes pues a partir de la

Constitución de 1874, fue eliminado el

mismo.

Asimismo, la definición y caracteri-

zación del derecho de propiedad en los

términos en que se consignó en la Cons-

titución de 1865, fue mantenido hasta la

Constitución de 1875, experimentando

en el texto constitucional en esta reforma

una sustancial variación, que fue retira-

da y mantenida en las constituciones de

1877, 1878, 1879, 1880, 1887, 1896

y 1907.

La nueva concepción del derecho de

propiedad inmobiliario en la norma su-

prema de la nación fue consignada con

una estable redacción, en primer lugar,

como un derecho ciudadano de los do-

minicanos (1877, 1878, 1879, 1880,

1887, 1896) y luego como derecho

para todos los habitantes de la República

(1907), al establecerse en el artículo 11

de la carta magna que,

“La Nación garantiza a los dominica-

nos:(…)

3. La propiedad con todos sus dere-

chos: esta solo estará sujeta a las contribu-

ciones decretadas por la autoridad legislati-

va; a la decisión judicial; y para ser tomada

por causa de utilidad pública, previa in-

demnización y juicio contradictorio.”

En la última reforma constitucional de

este periodo (1908), previo a la primera

ocupación norteamericana (1916-1924),

se mantuvo fundamentalmente la concep-

ción imperante del derecho de propiedad,

experimentando su texto normativo míni-

mas variaciones terminológicas, y el mismo

se reiteró en el artículo 6 del texto cons-

titucional como garantía a los habitantes

de la República en el sentido de que “La

Nación garantiza (…) La propiedad con to-

dos sus derechos, sin más restricciones que

las contribuciones legalmente establecidas,

las decisiones de los Tribunales, o la de ser

tomada por causa de utilidad pública, pre-

via justa indemnización pericial, o cuando

haya discrepancia en la estimación, por jui-

cio de Tribunal Competente.”

Como es sabido, durante la primera

ocupación de nuestro territorio por parte

de los Estados Unidos, la República Domi-

nicana experimentó un resquebrajamiento

de su soberanía, y fue regida y gobernada

mediante órdenes ejecutivas. Asimismo,

y concomitantemente con esta situación,

esta ocupación signicó para el régimen

de tenencia y propiedad de tierras y bienes

inmuebles una importante transformación,

pues fue en este momento en que llega al

ordenamiento y ámbito jurídico dominica-

no el denominado Sistema Torrens de re-

gistro inmobiliario, con sus características

y elementos, asunto que si bien no incidió

de forma directa sobre la conguración

100 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

constitucional de este derecho, ni es el ob-

jeto central de este trabajo, es imposible

soslayar e imprescindible de señalar.

En este orden, recobrada nueva vez

la independencia y libre determinación

nacional, en 1924 fue retomado el orden

constitucional dominicano, y en la nueva

constitución adoptada en este periodo de

emancipación patria, fue consignado el de-

recho de propiedad inmobiliaria como uno

de los derechos individuales “inherentes a

la personalidad humana” (artículo 6 de

la Constitución de 1924) estableciendo

como una garantía frente a la injerencia es-

tatal que,

“7. El derecho de propiedad: La expro-

piación solo podrá efectuarse por causa de

utilidad pública, debidamente justificada,

y previo el pago de justas indemnización.

En caso de siniestro, epidemia o guerra in-

ternacional, la indemnización podrá no ser

previa.”

La caracterización del derecho de

propiedad en estos términos e incluso en

el mismo articulado (art. 6 numeral 7),

se mantuvo en esencia en las reformas a

las cartas magnas de 1927, 1929, 1934,

1942 y 1947, introduciéndose variaciones

minúsculas en su texto, en donde por ejem-

plo la parte inne del artículo en lo relativo

a la indemnización previa, se sustituyo lo

relativo a siniestros, epidemia o guerra in-

ternacional, por la terminología de casos de

calamidad pública como única causa de que

la indemnización no fuese previa, y en el

caso de la Constitución de 1947 se agregó

la prohibición a“… la confiscación general

de bienes, salvo como pena a las personas

culpables de traición o espionaje en favor

del enemigo en tiempo de guerra con nación

extranjera”.

Paradójicamente, y aun estando la re-

pública bajo el imperio de un régimen au-

toritario y dictatorial como lo fue la tiranía

de Rafael Leónidas Trujillo, en el texto

constitucional de 1955, que se mantuvo en

las constituciones de 1960 y 1961, llega

a la ley de leyes el término “Derechos Hu-

manos”, y al desglosarse cuales derechos

componían el catálogo de estos atributos

inherentes a las personas, se integra entre

estos el derecho de propiedad.

Aunque la redacción de la consagra-

ción del derecho de propiedad se man-

tuvo igual a lo establecido en la Cons-

titución de 1947, resulta trascendente

conocer como fueron concebidos y defi-

nidos los derechos humanos en esta nue-

va modificación de la norma de normas

dominicana, pues indudablemente lo allí

establecido significó un importante avan-

ce – aunque como sabemos únicamente

en términos formales – al establecerse

que “Se reconoce como finalidad princi-

pal del Estado la protección efectiva de

los derechos de la persona humana y la

‹creación y mantenimiento de los medias

que le permitan perfeccionarse progresi-

vamente dentro de un orden de libertad

individual y de justicia social, compatible

con el orden público, e1 bienestar general

y los derechos de todos.”

Como previamente señalamos, si bien

este texto se mantuvo en la norma sustan-

tiva de 1961, como parte del proceso de

reinserción a la vida democrática, en adi-

ción al enunciado normativo supraindicado

fueron integradas a la norma constitucional

varias disposiciones, dirigidas a abrir la po-

sibilidad de que los ciudadanos pudiesen

recuperar o ser indemnizados frente al abu-

so de poder, o para establecer la posibilidad

de que el Estado pudiese implementar una

reforma agraria, con lo cual puede consi-

derarse que se inicia aquí la consideración

del derecho de propiedad como derecho

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 101

afectado o supeditado por los intereses so-

ciales.

En total concordancia con lo anterior,

la Constitución democrática de 1963 – y

que puede considerarse la primera Cons-

titución con cláusulas propias del Estado

Social de Derecho – consignó en su artí-

culo 22 que si bien el Estado reconoce y

garantiza el derecho de propiedad “… co-

moquiera que esta debe servir al progreso

y bienestar del conglomerado, la expropia-

ción podrá tener lugar par causa de interés

social mediante el procedimiento que será

organizado por la ley”.

La permanencia y vigencia de este

texto fue corto, y luego de un periodo de

inestabilidad política, derrocamientos y

guerra civil, en la Constitución de 1966

(reformada en 1994 y 2002), y que es la

ley de leyes de mayor vigencia en la historia

constitucional dominicana, se consignó el

derecho de propiedad con una redacción

esencialmente similar a las constituciones

1934,1942 y 1947, al establecerse el de-

recho de propiedad en el artículo 8 entre

los derechos de la persona humana de la

siguiente manera,

“Art. 8.-Se reconoce como finalidad

principal del Estado la protección efecti-

va de los derechos de la persona humana

y el mantenimiento de los medios que le

permitan perfeccionarse progresivamente

dentro de un orden de libertad individual

y de justicia social, compatible con el or-

den público, el bienestar general y los de-

rechos de todos. Para garantizar la reali-

zación de esos fines se fijan las siguientes

normas:

13.-EI derecho de propiedad. En con-

secuencia, nadie puede ser privado de ella

sino por causa justificada de utilidad pú-

blica o de interés social, previo pago de su

justo valor determinado por sentencia de

Tribunal competente. En casos de calami-

dad pública, la indemnización podrá no

ser previa. No podrá imponerse la pena de

confiscación general de bienes par razones

de orden político.”

Con esta evolución histórica, llegamos

nalmente a la consagración actual del de-

recho de propiedad en los términos y en

el marco del Estado Social y Democrático

de derecho que hoy impera en la Repúbli-

ca Dominicana, protegido como derecho

fundamental de carácter social y econó-

mico, conforme dispone el artículo 51 de

la carta sustantiva, y objeto de un especial

tratamiento por el órgano encargado de

la protección de estos derechos y máximo

intérprete de la Constitución, asunto que

analizaremos y comentaremos en el próxi-

mo apartado.

II. Ecacia del derecho fundamental de

propiedad en la doctrina del Tribu-

nal Constitucional dominicano.

2.1. Noción de derecho de propie-

dad inmobiliaria, desarrollado

por el TCRD

Con la modicación y proclamación en

el año 2010 de la Carta Magna, se instau-

ra en República Dominicana un Tribunal

Constitucional (en lo adelante “TCD”),

con la expresa nalidad, según lo dispuesto

en el artículo 184 del texto constitucional

de “garantizar la supremacía de la Consti-

tución, la defensa del orden constitucional

y la protección de los derechos fundamen-

tales”, añadiendo este artículo en su parte

in ne que “Sus decisiones son def initivas e

irrevocables y constituyen precedentes vin-

culantes para los poderes públicos y todos

los órganos del Estado.”

102 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

Con la creación de este “… órgano

constitucional autónomo e independien-

te, situado en el vértice de la organización

política del Estado, en posición de paridad

con el resto de los poderes y órganos prima-

rios establecidos en la Constitución…”20,

la República Dominicana se insertó en el

concierto de naciones que asumieron las

concepciones Kelsenianas de control de

constitucionalidad y protección de dere-

chos fundamentales, pues fue Hans Kelsen

quien vislumbró, y dio forma y sentido a

la necesidad de encargar a un ente “… in-

dependiente... de cualquier otra autoridad

estatal... la anulación de los actos incons-

titucionales – esto es, a una jurisdicción o

Tribunal Constitucional.”, y de este modo

promover y materializar “… un reparto del

poder entre diferentes órganos, no tanto

para aislarlos recíprocamente, sino para

permitir un control reciproco de los unos so-

bre los otros.”21

La Constitución dominicana dene en

términos generales las atribuciones de esta

corporación constitucional, y le encarga

a la misma la facultad para conocer como

máximo garante de la constitucionalidad:

1) las acciones directas de inconstituciona-

lidad contra las leyes, decretos, resolucio-

20 Milton Ray Guevara en la Conferencia “Ejecución de

las Sentencias del Tribunal Constitucional”, en ocasión del

XXII encuentro de presidentes y magistrados de Tribuna-

les y Salas Constitucionales de América Latina. 17 de junio

de 2016, Distrito Federal, México. Disponible en web: ht-

tps://www.tribunalconstitucional.gob.do/sobre-el-tc/

pleno/magistrados/milton-l-ray-guevara/conferencias/

conferencia-ejecuci%C3%B3n-de-las-sentencias-del-tri-

bunal-constitucional-en-ocasi%C3%B3n-del-xxii-en-

cuentro-de-presidentes-y-magistrados-de-tribuna-

les-y-salas-constitucionales-de-am%C3%A9rica-latina/

21 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la Cons-

titución (La Justicia Constitucional). Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de

México. México, 2011. P. 45-46.

nes y ordenanzas, a instancia del Presiden-

te, de una tercera parte de los miembros

del Senado o la Cámara de Diputados y

de cualquier persona con interés legítimo

y jurídicamente protegido; 2) Del control

preventivo de los tratados internacionales

antes de su raticación por el órgano le-

gislativo; 3) Los conictos de competencia

interorganicos, a instancia de uno de sus

titulares; y 4) Cualquier otra materia que

disponga la ley22.

Asunto que en función del manda-

to sustantivo consignado en el precitado

artículo fue completado por el legislador

orgánico mediante la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales (en lo adelante

“LOTCPC”) núm. 137-11, agregándose

a las ut supra competencias señaladas, las

atribuciones de revisar la conformidad con

la Constitución de las decisiones jurisdic-

cionales denitivas e irrevocables, y de las

sentencias de los distintos tipos de amparo

congurados por la ley de procedimientos

constitucionales, así como la facultad de

ordenar la suspensión de estas en ciertos

casos23.

22 Ver artículo 185 de la CRD.

23 Si bien la ley 137-11 solo previó que el Tribunal Cons-

titucional podrá ordenar la suspensión de la ejecución de

las sentencias objeto del recurso de revisión de decisión

jurisdiccional, esta corporación constitucional ha esta-

blecido y extendido jurisprudencialmente la adopción de

este mecanismo de protección cautelar de derechos fun-

damentales a las decisiones de amparo. En este orden, por

ejemplo, en la sentencia núm. TC/0179/14, del catorce

(14) de agosto de dos mil catorce (2014), el Tribunal

Constitucional sostuvo que:

“La jurisprudencia constitucional del Tribunal ha identifi-

cado en materia de suspensión de ejecución de sentencias

de amparo, casos -no limitativos- en los que se caracteriza

algunas circunstancias excepcionales que justificarían la

referida suspensión. Estos casos, hasta el momento, entre

otros, son los siguientes: 1. Cuando se trate de la preserva-

ción del cuerpo del delito en un proceso penal pendiente de

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 103

Este órgano, cuyas decisiones “… se

traducen en verdaderas normas jurídicas

que hacen parte del derecho positivo en

nuestro ordenamiento jurídico y fuente di-

recta del derecho con carácter vinculante”24,

ha dictado numerosas decisiones en aras de

proteger, congurar y caracterizar la con-

cepción actual que del derecho de propie-

dad hace la ley de leyes.

En tal dirección, en el año 2012, en

uno de sus primeros abordajes sobre el

derecho de propiedad, y al denir y con-

ceptualizar este derecho, este interprete

sustantivo sostuvo que este constituye “…

el derecho exclusivo al uso de un objeto o

bien, aprovecharse de los benef icios que

este bien produzca y a disponer de dicho

bien, ya sea transformándolo, distrayén-

dolo o transfiriendo los derechos sobre los

mismos” 25, agregando en el año 2013 de

forma puntual y expresa sobre el derecho

de propiedad inmobiliaria que este de-

recho “… puede ser definido, de manera

general, como el derecho exclusivo de una

persona (salvo el supuesto de copropiedad)

al uso y disposición de un bien inmueble, e

implica la exclusión de terceros del disfrute

o aprovechamiento de dicho inmueble, a

menos que su propietario lo haya consenti-

do.” (Los subrayados son nuestros)

Para nuestro máximo guardián del tex-

to constitucional, el derecho de propiedad

fallo definitivo (Sentencia TC/0089/13 del 4 de junio de

2013). 2. Cuando se trate de la preservación de la seguri-

dad jurídica y el orden institucional de agrupaciones polí-

ticas, en los casos de sentencias rendidas por tribunales in-

competentes o con irregularidades manifiestas (Sentencia

TC/0231/13 del 29 de noviembre de 2013). 3. Cuando

se trate de inmuebles incautados durante un proceso de

investigación penal en curso, por tráfico ilícito de drogas.”

(Sentencia TC/0008/14 del 14 de enero de 2014)

24 Sentencias TC/0093/13 y TC/0319/15.

25 Sentencia TC/0088/12

“… es un derecho de fuerte configuración que

implica un poder directo e inmediato sobre

las cosas, se encuentra dentro de los dere-

chos económicos y sociales y está protegido

por el Texto Sustantivo como una garantía

integral del patrimonio privado frente a los

poderes públicos.”26, derecho que para esta

sede constitucional “… es un derecho casi

absoluto, limitado sólo por el carácter so-

cial del mismo”, alcance y relevancia cons-

titucional que según este colegiado implica

que “… una vez el bien ha sido transferido

y entrado al patrimonio de una persona na-

tural o jurídica […] dicho derecho no puede

ser vulnerado, por tratarse de un derecho le-

gítimamente adquirido”, lo cual trae como

consecuencia e impone que “el Estado tiene

el deber de garantizar y proteger los dere-

chos adquiridos, sobre todo cuando ese de-

recho recae sobre terrenos registrados.”27

Este Tribunal ha explicado que el al-

cance de la responsabilidad del Estado

respecto a los bienes inmuebles titulados

es tal, que “… el Certificado de Título y su

registro cuentan con la garantía absoluta

del Estado y cuanto publicita, en princi-

pio, se presume exacto, cuestión que hace

imperativo que se dilucide toda situación

que implique una inexactitud.”, lo cual se

proyecta en el criterio jurisprudencial de

que “…el Estado está reputado como pro-

pietario originario de todos los terrenos […]

y vela porque sea respetada la titularidad

que el Estado otorga a cada propietario.”,

lo que a su vez igualmente se exterioriza en

que éste “… tiene la más legítima y acaba-

da vocación para intervenir válidamente

en cualquier estado de causa en que se en-

cuentre un proceso que se esté agotando en

26 Sentencia TC/0053/14

27 Sentencia TC/0585/17

104 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

ocasión de una litis sobre derecho registra-

do que se origine o involucre de manera di-

recta el proceso de saneamiento”28, asunto

que este Tribunal concretiza en que “… es

una de las atribuciones esenciales del abo-

gado de Estado, como ente que representa

al Estado dominicano en la Jurisdicción In-

mobiliaria, velar por el irrestricto respeto de

la titularidad de los derechos inmobiliarios

registrados y, para ello, puede emitir váli-

damente todas las providencias que consi-

dere para cumplir con esa potestad.” (Los

subrayados son nuestros)

Respecto a la función social como lími-

te y factor modulador de este derecho, el

TCD ha sido enfático, entendiendo que el

carácter individual y patrimonial del dere-

cho de propiedad no puede sobreponerse a

los intereses colectivos, medioambientales

y sociales, pues para esta corte constitu-

cional si bien “… el artículo 51 lo reconoce

indicando que toda persona tiene derecho

al goce, disfrute y disposición de sus bienes,

también establece que la propiedad tiene

una función social que implica obligacio-

nes.”, añadiendo que “… Es justamente este

elemento el que justifica la imposición de

una serie de límites, más o menos intensos,

que inciden directamente sobre el ejercicio

de dicho derecho.”29

Uno de los aspectos relativos a la pro-

tección del derecho de propiedad inmo-

biliario al cual este Tribunal ha dedicado

gran cantidad de decisiones ha sido a la

vía jurisdiccional correcta para enfrentar

cualquier trasgresión al mismo, desarro-

llando en primer lugar que “... el aboga-

do del Estado, siempre y cuando no haya

contestación al derecho de propiedad,

28 Sentencia TC/0209/14

29 Sentencia TC/0125/18

puede –y de hecho debe– autorizar el des-

alojo de un inmueble cuyo disfrute este

siendo limitado por la presencia de intru-

sos u ocupantes ilegales”30, sosteniendo

de forma reiterativa en cuanto al uso de la

vía del amparo como camino procesal para

dilucidar la titularidad de un inmueble que

tales asuntos no son competencia de esta

jurisdicción pues las “…cuestiones relati-

vas a un derecho real registrado […] deben

ser resueltas por la justicia ordinaria en

cuyo ámbito competencial se encuentra la

solución de estos aspectos.”31, sosteniendo

igualmente en otra de sus decisiones que

“…“al tratarse de dos partes que alegan ser

titulares de la propiedad de un inmueble

registrado, corresponde […] remitir a la

jurisdicción inmobiliaria en atribuciones

ordinarias, competente para determinar

cuál es el real y efectivo titular de la pro-

piedad”32.

Para este TCD, cuando la litis o disputa

gira en torno a la titularidad del derecho de

propiedad, estamos en presencia de

“… una cuestión de mera legalidad que

debe ser resuelta por la jurisdicción ordina-

ria, puesto que su solución requiere de un

debate mayor y más profundo, así como

del agotamiento de una fase probatoria

que resulta ajena a la fisonomía sumaria

del amparo. En este sentido, este colegiada

estima (sic) que la jurisdicción inmobiliaria

ordinaria cuenta con las herramientas pro-

cesales para el debate y la instrucción de

medidas probatorias adecuadas para esa

tarea, por lo que constituye la vía judicial

más afín para obtener de manera efectiva la

30 Sentencia TC/0555/16

31 Sentencia TC/0050/16

32 Sentencia TC/0075/13

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 105

protección de los derechos fundamentales

cuya vulneración se invoca»33.

El criterio previamente esbozado, de

apoderamiento de la vía ordinaria para el

reclamo y protección del derecho funda-

mental, no ha sido óbice para establecer

que en los casos en que “la parte accionan-

te no persigue el reconocimiento del derecho

de propiedad […], sino lo que procura es la

restitución de su derecho de uso, goce, dis-

frute y disposición […] la acción de amparo

[es] la vía efectiva para lograr tales propósi-

tos”.34, pues según esta sede “… la vía efec-

tiva para restituir un derecho fundamental

conculcado, como resulta el derecho de pro-

piedad, es la acción de amparo”35 cuando

se trata de un inmueble debidamente titu-

lado, protegido por las garantías que esta

inscripción otorgan y cuya titularidad no es

objeto de debate.

La extensión de este trabajo no nos

permite desarrollar de forma más amplia

la gran cantidad de precedentes y criterios

que sobre este derecho fundamental ha

dictado y jado este Tribunal, sin embar-

go, entendemos imperativo en el marco de

estas líneas al menos referirnos a una serie

de decisiones que respecto a dos temas que

por su especial trascendencia e importan-

cia deben ser someramente expuestas, uno

es el relativo a la expropiación y la potes-

tad expropiatoria del Estado como límite

del derecho de propiedad (art. 51.1 de la

Constitución), y el otro es la promoción al

acceso a la propiedad titulada (Art. 51.2 de

la Constitución).

En este orden, en la sentencia

TC/0261/14 este colegiado constitu-

33 Sentencia TC/0605/15

34 Sentencia TC/0101/15

35 Sentencia TC/0102/13

cional denió y desarrollo el concepto de

expropiación y la forma del ejercicio de

esta potestad estatal; en la decisión núm.

TC/0724/18 explicó el concepto de de-

claratoria de utilidad pública y concretizo

lo relativo al requerimiento del pago previo

del justo valor del inmueble; en la decisión

núm. TC/0053/14 enfatizó que la expro-

piación sin previo pago de justo valor se re-

serva únicamente a situaciones anómalas o

excepcionales, como el estado de emergen-

cia o estado de defensa; en la decisión núm.

TC/0401/16 desarrolló que no procede

ordenar pago por vía del amparo en cum-

plimiento cuando no se ha determinado

valor o precio del inmueble, y que el pago

voluntario por parte del Estado solo proce-

de previa autorización de la presidencia de

la República o cuando el monto esté con-

signado en el presupuesto, por lo cual solo

procede ordenar el pago por vía del amparo

cuando no hay contestación del precio y/o

avalúo del inmueble expropiado (Senten-

cias TC/0194/14 y TC/0724/18).

Asimismo, esta sede constitucional ha

establecido claros criterios respecto a las

trasgresiones y ocupaciones antijurídicas

de propiedad por parte del Estado, así como

respecto a las expropiaciones por vía de he-

cho, ordenando por ejemplo en la senten-

cia TC/0045/16 y TC/0377/17 la des-

ocupación de terrenos por parte del Estado

ante una reciente ocupación, y sosteniendo

en la sentencia TC/0059/16 que, aun tra-

tándose de una expropiación por vía de he-

cho, no procede ordenar el pago pues debe

demostrarse ocupación violenta, reconoci-

miento de crédito denitivo por la vía juris-

diccional e incumplimiento de tal decisión

por el Estado, por lo cual, aun tratándose

de este tipo de expropiación –por vía de he-

cho – el pago solo puede ser consecuencia

de la no contestación y reconocimiento de

106 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

los montos adeudados por parte del propio

Estado. (Sentencia TC/0224/19)

Por su parte, y en lo relativo al acceso

y promoción de la propiedad inmobilia-

ria titulada, este plenario ha abordado en

sus sentencias 0036/12, TC/0098/12,

TC/0506/15 y TC/0160/18 la impor-

tancia de este mandato constitucional-gu-

bernamental, así como de la obligación

del Estado de garantizar este acceso a los

parceleros, agricultores y trabajadores del

campo, haciendo extensiva tal protección a

favor de sus sucesores.

III. Coherencia y conformidad del orde-

namiento legal con el mandato cons-

titucional en materia de derecho de

propiedad.

Un análisis de la evolución de la regula-

ción constitucional del derecho de propie-

dad en la República Dominicana, implica

analizar la conformidad, armonía y concor-

dancia de las normas legales e incluso infra

legales sobre la materia con el texto sustan-

tivo.

En tal dirección, en el presente apar-

tado, nos ocuparemos de examinar y expo-

ner, de manera sucinta, cómo el sistema de

registro inmobiliario previsto en la actual

legislación, resulta coherente con el texto

constitucional, asunto que como ya expu-

simos, se encuentra bajo la protección y

égida del Estado, quien lo garantiza y reco-

noce como tal.

La historia da cuenta de que el 1 de

julio de 1920, a raíz de la invasión militar

norteamericana (1916-1924), fue dictada

y puesta en vigencia por las fuerzas ocupan-

tes la Orden Ejecutiva núm. 511 publicada

en la Gaceta Ocial núm. 3138, denomi-

nada Ley de Registro de Tierras, la cual

introdujo al país el antes referido Sistema

Torrens de registro inmobiliario. Esta Or-

den Ejecutiva, tuvo una larga vigencia, que

se extendió hasta que fue promulgada por

el Congreso Nacional la ley núm. 1542, so-

bre Registro de Tierras, del 11 de octubre

del año 1947

La repetida Orden Ejecutiva, en su ar-

tículo primero disponía que “La presente

Orden Ejecutiva se denomina “Ley de Re-

gistro de Tierras”, al desarrollar su objeto,

en este propio articulo se consignaba que

la misma tenía “… el fin de registrar sin de-

mora, todas las tierras ubicadas dentro de’

territorio de la República Dominicana, y el

deslinde, mensura de los terrenos comune-

ros. Ambas operaciones se declaran de Or-

den Público”.

La esencia de este artículo, fue mante-

nido en la posterior Ley 1542, también en

su artículo primero, con una ligera varia-

ción en el sentido de incluir como objeto de

la norma las mejoras, los derechos reales y

la partición de los terrenos comuneros, así

como la depuración de los títulos de accio-

nes de pesos que se reeran a esos terre-

nos, veamos el texto:

Art. 1. “La presente ley se denominará

Ley de Registro de Tierras, y tendrá por ob-

jeto registrar todos los terrenos que forman

el territorio de la República, las mejoras

construidas o fomentadas sobre los mismos,

y los otros derechos reales que puedan afec-

tarlos; el deslinde, mensura y partición de

los terrenos comuneros y la depuración de

los títulos de acciones de pesos que se refie-

ran a dichos terrenos. Estas operaciones se

declaran de interés público”.

Como se observa, tanto en la orden eje-

cutiva 511 de 1922, como en la derogada

ley 1542 de 1947, se le dio un carácter y

jerarquía de orden e interés público al de-

recho de propiedad inmobiliaria, cuestión

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 107

esta entendible, pues como hemos dicho,

todos los terrenos que conforman el te-

rritorio de la República dominicana, per-

tenecen al Estado que es su detentador y

propietario originario, exceptuándose de

estos terrenos aquellos sobre los cuales un

particular, persona física o jurídica, exhiba

un Certicado de Titulo a su favor.

Mas de 60 años después, y atendiendo

a las diversas necesidades del sistema inmo-

biliario, fue derogada la ley 1542 de 1947

y en su lugar promulgada la ley 108-05 del

año 2005, cuya aplicación inició en el año

2007, y que fue objeto de una modicación

en el mismo año mediante la Ley No. 51,

del 23 de abril de 2007.

Esta nuevo marco legislativo inicia

con una serie de principios reguladores

sobre los cuales se sustenta actualmente

el registro inmobiliario dominicano y por

consiguiente el derecho de propiedad in-

mobiliaria, dentro de los cuales resulta

trascendente mencionar, en primer orden

el Principio III, que establece que “El Es-

tado Dominicano es el propietario origina-

rio de todos los terrenos que conforman el

territorio de la República Dominicana. Se

registran a nombre del Estado dominicano

todos los terrenos sobre los que nadie pue-

da probar derecho de propiedad alguno”,

y asimismo, el Principio IV de la misma ley

que dispone que “Todo derecho registrado

de conformidad con la presente ley es im-

prescriptible y goza de la protección y ga-

rantía absoluta del Estado”.

Lo anterior debe ser analizado a la luz

del artículo 51 de la Constitución domini-

cana, que – reiteramos – dispone que “El

Estado reconoce y garantiza el derecho de

propiedad. La propiedad tiene una función

social que implica obligaciones. Toda perso-

na tiene derecho al goce, disfrute y disposi-

ción de sus bienes”.

Como podemos observar, al ser el Esta-

do el propietario originario de los terrenos

que conforman el territorio de la República

Dominicana, salvo que las personas físicas

o jurídicas puedan probar que tienen la ti-

tularidad del terreno, es al mismo Estado

que le corresponde garantizar esa propie-

dad privada, y es que la única manera desde

el año 1922 - fecha en que se implementó

el Sistema Torrens de registro inmobiliario

- para obtener un certicado de título por

primera vez, que avale el derecho de pro-

piedad sobre determinado terreno, es me-

diante el procedimiento de saneamiento,

que no es más que, la prescripción adqui-

sitiva que ocurre cuando, cumplidos una

serie de requisitos y formalidades - a cargo

de la persona física o jurídica reclamante

- ante los órganos de la Jurisdicción Inmo-

biliaria, se benecia a un particular del de-

recho de propiedad mediante la expedición

del certicado de título que lo hace titular

del terreno de que se trate, vericándose

la prescripción extintiva contra el Estado

mismo.

De otro lado, ha sido congurada la

institución del Abogado del Estado ante la

jurisdicción inmobiliaria desde la Orden

Ejecutiva del año 1922, como garante de

los terrenos del Estado y los certicados de

títulos que recaen sobre los terrenos regis-

trados, función esta que ejerce mediante las

diversas atribuciones que la ley le ha confe-

rido, como la de ejecutar lo decidido por

los jueces de la jurisdicción inmobiliaria,

ordenar desalojos por la vía administrativa

y el otorgamiento de fuerza pública en los

casos previstos por ley, siendo este órgano

un auxiliar imprescindible para la protec-

ción del derecho de propiedad registrado.

El artículo 11 de la indicada ley 108-

05, precisa y subraya que “El Abogado del

Estado es el representante del Estado ante la

108 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

Jurisdicción Inmobiliaria.”, lo cual permite

armar que siendo el Estado el propietario

originario de todos los terrenos que con-

forman el territorio de la República Domi-

nicana, y existiendo el derecho de privatizar

esos terrenos mediante el procedimiento

del saneamiento, reclamación que se efec-

túa frente al Estado mismo, y siendo que la

Constitución de la República en su artículo

51 establece que el Estado reconoce y ga-

rantiza el derecho de propiedad, es claro

entonces que se conjugan en este aspecto,

las normas adjetivas atenientes a la materia,

con la conguración constitucional sobre

el derecho de propiedad, como uno fun-

damental, cuestión que se hace efectiva a

través de la gura del abogado del Estado,

quien a su cargo tiene la materialización de

los decidido por los jueces de los tribunales

inmobiliario, el desalojo administrativo y el

otorgamiento de fuerza pública, con la na-

lidad de garantizar el derecho de propiedad

inmobiliaria como derecho fundamental.

IV. Aportes convencionales y de la doc-

trina internacional sobre el derecho

de propiedad inmobiliaria

4.1. Breve panorámica histórica

Como consecuencia de las corrientes

jurídicas y políticas que aoraron en el Siglo

XIX y que se extendieron notablemente en

el Siglo XX, el concepto clásico de derecho

de propiedad sobre la tierra que prevaleció

en el Estado liberal, que emergió producto

de las revoluciones burguesas francesa y

americana, experimentó evidentes trans-

formaciones que se llegaron a plasmar en

algunas de las denominadas constituciones

«sociales», como la Constitución de Méxi-

co de 1917; en Rusia, con el Decreto sobre

la Tierra, aprobado por el II Congreso de

Sóviets de Diputados, Obreros, Soldados y

Campesinos del 8 de noviembre de 1917,

el cual abolió la propiedad privada y dispu-

so la redistribución de los terrenos entre

los campesinos, así como en la Constitu-

ción de Weimar de 1919 en Alemania, en

la cual se establecieron limitaciones al de-

recho de propiedad, entre otras.

Esto es lo que explica que el conteni-

do del derecho de propiedad variara y se

extendiera hasta el grado de que, si bien

la «Declaración Universal de los Derechos

del Hombre», votada el 10 de diciembre

de 1948 por la Asamblea General de las

Naciones Unidas, reconocía el derecho de

propiedad a toda persona, ésta no se pro-

nunció sobre el alcance y el sentido que de-

bía darse al término.

Sin embargo, en igual sentido se puede

considerar que el derecho a la propiedad

inmobiliaria también ha sido reconocido

de forma implícita en algunos instrumentos

jurídicos internacionales sobre derechos

humanos, como la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, que en su artí-

culo 25.1 consigna el derecho a la vivienda

como un derecho inherente a toda persona

al establecer que “Toda persona tiene de-

recho a un nivel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia, la salud y

el bienestar, y en especial la alimentación,

el vestido, la vivienda, la asistencia médica

y los servicios sociales necesarios», asunto

que es igualmente plasmado en el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales, suscrito el 16 de diciem-

bre de 1966, en su artículo 11.1, el cual

también reconoció el derecho a la vivienda

como un derecho humano, aseverando que

“ Los Estados Partes en el presente Pacto

reconocen el derecho de toda persona a un

nivel de vida adecuado para sí y su familia,

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 109

incluso alimentación, vestido y vivienda

adecuados, y a una mejora continua de las

condiciones de existencia. Los Estados Par-

tes tomarán medidas apropiadas para ase-

gurar la efectividad de este derecho, recono-

ciendo a este efecto la importancia esencial

de la cooperación internacional fundada en

el libre consentimiento».

Evidentemente que este reconoci-

miento histórico que ha tenido el derecho

a la propiedad privada y el derecho a la vi-

vienda en los instrumentos jurídicos inter-

nacionales sobre derechos humanos más

trascendentales, ha inuido para que cada

vez más los Estados reconozcan estos dere-

chos como fundamentales en sus respecti-

vas constituciones, sobre todo en aquellos

que se denen como Estados Sociales y

Democráticos de Derecho.

4.2. Consagración del derecho de

propiedad inmobiliaria en el

continente europeo

Tal como sucedió en el sistema univer-

sal de derechos humanos, la Asamblea Con-

sultiva Europea, reunida en Estrasburgo

en 1949 no citó el derecho a la propiedad

entre los derechos fundamentales del hom-

bre, en virtud de que no hubo un acuerdo

sobre la naturaleza de ese derecho36.

No obstante, más de cinco décadas

después, el 7 de diciembre del año 2000,

la Carta de los Derechos Fundamentales

de la Unión Europea, en su artículo 17,

36 Cf. Luis Moisset de Espanés. “Notas sobre el concepto

y límites de la propiedad en el derecho comparado”. [ En

línea] Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales

de Córdoba. Argentina, Disponible el 28 de octubre de

2019, http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/

artnotasconceptolimitepropiedad p. 3.

reconoció el derecho a la propiedad como

un derecho fundamental de las personas,

al disponer: «Artículo 17. 1. Toda persona

tiene derecho a disfrutar de la propiedad de

sus bienes adquiridos legalmente, a usar-

los, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie

puede ser privado de su propiedad más que

por causa de utilidad pública, en los casos

y condiciones previstos en la ley y a cam-

bio, en un tiempo razonable, de una justa

indemnización por su pérdida. El uso de los

bienes podrá regularse por ley en la medida

que resulte necesario para el interés general.

2. Se protege la propiedad intelectual.»

Debido a las diversas teorías que sur-

gieron en Europa sobre la naturaleza del

derecho de propiedad y su función en la

sociedad, conforme al autor Moisset de

Espanés, la doctrina reconoce tres concep-

ciones distintas sobre el derecho de propie-

dad: «1. La concepción liberal, que confiere

preeminencia a los intereses individuales de

los propietarios. 2. La concepción social,

que modera los poderes de los propietarios

y los obliga a tener muy en consideración el

interés de los terceros y de la sociedad. 3. La

concepción «marxista» o «comunista», que

exalta el interés colectivo, restringe la pro-

piedad privada, y solo acuerda sobre las

cosas un señorío muy limitado»37.

4.3. Protección del derecho de pro-

piedad inmobiliaria en el he-

misferio americano

En lo que respecta a los instrumentos

jurídicos internacionales que reconocen

el derecho de propiedad, o el derecho «a»

la propiedad en América, tenemos que la

37 Ibíd., p. 19

110 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

Convención Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre, aprobada en la Nove-

na Conferencia Internacional Americana,

en Bogotá, Colombia, en 1948, en su ar-

tículo XXIII, también reconoce el derecho

a la propiedad de la manera siguiente: «Ar-

tículo XXIII. Toda persona tiene derecho a

la propiedad privada correspondiente a las

necesidades esenciales de una vida decoro-

sa, que contribuya a mantener la dignidad

de la persona y del hogar».

Asimismo, otro de los principales ins-

trumentos jurídicos internacionales sobre

Derechos Humanos en América, la Con-

vención Americana sobre Derechos Huma-

nos o Pacto de San José, suscrita el 22 de

noviembre de 1969, en San José, Costa

Rica, en su artículo 21, igualmente con-

sagra el derecho «a» la propiedad como un

derecho humano, al disponer: «Artículo 21.

Derecho a la propiedad. 1. Toda persona

tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La

ley puede subordinar tal uso y goce al in-

terés social. 2. Ninguna persona puede ser

privada de sus bienes, excepto mediante el

pago de indemnización justa, por razones

de utilidad pública o de interés social y en

los casos y según las formas establecidas

por la ley.»

Como habrá podido apreciarse, el de-

recho a la propiedad inmobiliaria como tal,

no se encuentra previsto de manera expre-

sa en ninguna de las declaraciones, cartas

y convenciones de derechos humanos que

hemos citado, sino que lo está de manera

implícita, por cuanto el término «propie-

dad», evidentemente, se emplea para iden-

ticar el señorío o dominio jurídico sobre

las cosas corporales en sentido general,

sean estas de carácter inmobiliario o mobi-

liario, salvo la Carta de los Derechos Fun-

damentales de la Unión Europea del año

2000, que también protege la «propiedad

intelectual», derecho que corresponde a

los derechos de propiedad «inmateriales»,

que son derechos que han sido reconocidos

en tiempos más recientes.

Pero más que conocer los textos con-

vencionales sobre este derecho, resulta

relevante conocer qué han establecido los

intérpretes iusfundamentales regionales y

supranacionales sobre este derecho, y en lo

que a nuestro hemisferio se reere, la Cor-

te Interamericana de Derechos Humanos.

En tal sentido, al interpretar el dere-

cho de propiedad según lo consignado en

el Pacto de San José, en su sentencia del

6 de mayo de 2008, sobre el caso “Salva-

dor Chiriboga vs Ecuador”, este juzgador

sostuvo que en su jurisprudencia ha desa-

rrollado “… un concepto amplio de propie-

dad que abarca, entre otros, el uso y goce

de los bienes, definidos como cosas mate-

riales apropiables, así como todo derecho

que pueda formar parte del patrimonio de

una persona. Dicho concepto comprende

todos los muebles e inmuebles, los elemen-

tos corporales e incorporales y cualquier

otro objeto inmaterial susceptible de valor.”,

agregando al referirse al derecho de pro-

piedad inmobiliaria y al interés social como

su límite que “… El derecho a la propiedad

no es un derecho absoluto, pues en el artí-

culo 21.2 de la Convención se establece que

para que la privación de los bienes de una

persona sea compatible con el derecho a la

propiedad debe fundarse en razones de uti-

lidad pública o de interés social, sujetarse al

pago de una justa indemnización, practicar-

se según los casos y las formas establecidas

por la ley y efectuarse de conformidad con

la Convención.”, sosteniendo igualmente

que “… un interés legítimo o general basado

en la protección del medio ambiente como se

observa en este caso, representa una causa

de utilidad pública legítima”.

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 111

Estos criterios jurisprudenciales tie-

nen su origen en la sentencia Caso de la

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni

Vs. Nicaragua, del 31 de agosto de 2001

- reiterados en la sentencia sobre el Caso

Yarce y otras Vs. Colombia, del 22 de no-

viembre de 2016 - donde ya esta Corte ha-

bía desarrollado que según “El artículo 21

de la Convención Americana reconoce el

derecho a la propiedad privada. A este res-

pecto establece: a) que “[t]oda persona tiene

derecho al uso y goce de sus bienes”; b) que

tales uso y goce se pueden subordinar, por

mandato de una ley, al “interés social”; c)

que se puede privar a una persona de sus

bienes por razones de “utilidad pública o

de interés social y en los casos y según las

formas establecidas por la ley”; y d) que

dicha privación se hará mediante el pago

de una justa indemnización.”, sosteniendo

igualmente en este fallo que el concepto de

bienes se reere a todas las cosas materia-

les apropiables, así como a todo derecho

que pueda formar parte del patrimonio de

un ser humano, subrayando que “… dicho

concepto comprende todos los muebles e

inmuebles, los elementos corporales e incor-

porales y cualquier otro objeto inmaterial

susceptible de tener un valor.”

Otra consideración jurisprudencial de

gran relevancia fue establecida por la Cor-

te Interamericana en su sentencia sobre el

caso “Comunidad Indígena Yakye Axa Vs.

Paraguay” del 17 de junio de 2005, donde

al analizar y valorar una alegada violación

al derecho de propiedad sostuvo que “…

el derecho de propiedad consagrado en la

Convención Americana no puede interpre-

tarse aisladamente, sino que debe hacerse

tomando en cuenta el conjunto del sistema

jurídico en el que opera, considerando tanto

el derecho nacional como el internacional”,

sosteniendo que en función del artículo

29 del Pacto de San José, al momento de

ser sometido y juzgado un asunto por esta

Corte, debe evaluarse el régimen jurídico

vigente en el Estado parte del proceso.

En este último caso referido, se en-

contraban en contraposición derechos

comunitarios de propiedad (comunidad

indígena), frente a derechos particulares,

respecto a los cuales el Estado había deci-

dido dar preponderancia a los últimos, ne-

gando a los habitantes originarios la exten-

sión territorial pretendida.

En este caso, donde indudablemente

estamos en presencia de una limitación de

origen social del derecho de propiedad de

los particulares, la Corte fue enfática en se-

ñalar que “… cuando la propiedad comunal

indígena y la propiedad privada particular

entran en contradicciones reales o aparen-

tes, la propia Convención Americana y la

jurisprudencia del Tribunal proveen las

pautas para definir las restricciones admi-

sibles al goce y ejercicio de estos derechos,

a saber: a) deben estar establecidas por ley;

b) deben ser necesarias; c) deben ser pro-

porcionales, y d) deben hacerse con el fin de

lograr un objetivo legítimo en una sociedad

democrática.”, concluyendo en que con la

negativa del Estado de reconocer los dere-

chos colectivos de los indígenas, se ha vio-

lentado el derecho de propiedad de estos

últimos, pues “… se podría estar afectando

otros derechos básicos.”.

En términos generales, debido a la pro-

pia naturaleza de este órgano de protección

de los derechos fundamentales frente a las

actuaciones del Estado y por el propio ca-

rácter del mismo, salta a la vista en la juris-

prudencia referida que ante esta sede las

violaciones al derecho de propiedad están

ligadas y atadas a otras violaciones de de-

rechos fundamentales, lo cual nos permite

armar que la dimensión y fundamenta-

112 • Anuario 2019 Tribunal Constitucional

lidad de este derecho social y económico

es tal, que se proyecta de forma transversal

sobre el propio ejercicio de los denomina-

dos derechos fundamentales de primera

generación o libertades públicas, siendo

un elemento determinante en el disfrute

del derecho a la vida y la dignidad humana.

BIBLIOGRAFÍA

Doctrina

Álvarez Conde, Enrique. “Curso de Dere-

cho Constitucional”. Editorial tecnos.

Madrid, España. 2008.

Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello. Los

Fundamentos de los Derechos Fun-

damentales. Madrid, editorial Trotta,

2001

Conferencia “Ejecución de las Sentencias

del Tribunal Constitucional”, en oca-

sión del XXII encuentro de presidentes y

magistrados de Tribunales y Salas Cons-

titucionales de América Latina. 17 de

junio de 2016, Distrito Federal, México.

Disponible en web: https://www.tribu-

nalconstitucional.gob.do/sobre-el-tc/

pleno/magistrados/milton-l-ray-gue-

vara/conferencias/conferencia-ejecu-

ci%C3%B3n-de-las-sentencias-del-tri-

bunal-constitucional-en-ocasi%-

C3%B3n-del-xxii-encuentro-de-pre-

sidentes-y-magistrados-de-tribuna-

les-y-salas-constitucionales-de-am%-

C3%A9rica-latina/

Fabra Zamora, Jorge Luis; Rodríguez

Blanco, Verónica. “Enciclopedia de

losofía y teoría del derecho. Vol. I”.

Instituto de Investigaciones Jurídicas.

UNAM. México. 2015.

Ferrajoli, Luigi. “Derechos y garantías”.

Editorial Trotta. Madrid, España.

2004.

Espinal, Flavio Darío. “Constitucionalis-

mo y Procesos Políticos en la Republica

Dominicana”. Colección Documen-

tos, Ponticia Universidad Católica

Madre y Maestra. 2001

Hauriou, Maurice, “Principios de Derecho

Publico y Constitucional”, Editorial

Comares. Granada, España. 2003

Jorge Prats, Eduardo. “Derecho Consti-

tucional”. Editorial Ius Novum. San-

to Domingo, República Dominicana.

2012

Kelsen, Hans. La garantía jurisdiccional

de la Constitución (La Justicia Cons-

titucional). Instituto de Investigacio-

nes Jurídicas, Universidad Nacional

Autónoma de México. México, 2011

Molas, Isidre. Derecho Constitucional”

4ta Edición. Editorial tecnos. Madrid,

España. 2009

Núñez Rivero, Cayetano, Goig Martínez,

Juan Manuel; Núñez Martínez, María.

“Teoría del Estado Constitucional”.

Editorial Universitas. UNED. Madrid,

España. 2010.

Pérez Royo, Javier. “Curso de Derecho

Constitucional”. Editorial Marcial

Pons. Madrid, España. 2010.

Ruiz Tejada, Manuel Ramón. “Estudio

sobre la Propiedad Inmobiliaria en la

República Dominicana”. Editora del

Caribe, Ciudad Trujillo. S/f

Santaolalla López, Fernando. “Derecho

Constitucional”. Editorial Dykinson.

Madrid, España. 2004.

Constitución y legislación

Constitución de la República Dominica-

na. 2015

Leyes

Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario

Anuario 2019 Tribunal Constitucional • 113

Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimien-

tos Constitucionales

Ley núm. 1542 de 1947, de Registro de

Tierras

Jurisprudencia Dominicana

Tribunal Constitucional de la República

Dominicana

Sentencia núm. TC/0036/12

Sentencia núm. TC/0098/12

Sentencia núm. TC/0088/12

Sentencia núm. TC/0075/13

Sentencia núm. TC/0093/13

Sentencia núm. TC/0102/13

Sentencia núm. TC/0053/14

Sentencia núm. TC/0194/14

Sentencia núm. TC/0209/14

Sentencia núm. TC/0319/15

Sentencia núm. TC/0506/15

Sentencia núm. TC/0605/15

Sentencia núm. TC/0050/16

Sentencia núm. TC/0059/16

Sentencia núm. TC/0045/16

Sentencia núm. TC/0101/15

Sentencia núm. TC/0555/16

Sentencia núm. TC/0585/17

Sentencia núm. TC/0125/18

Sentencia núm. TC/0160/18

Sentencia núm. TC/0724/18

Sentencia núm. TC/0224/19

Jurisprudencia Internacional

Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos

Sentencia sobre el caso “Comunidad Ma-

yagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nica-

ragua”, del 31 de agosto de 2001

Sentencia sobre el caso “Comunidad Indí-

gena Yakye Axa Vs. Paraguay” del 17

de junio de 2005

Sentencia sobre el caso “Yar c e y o t r a s V s . C o -

lombia”, del 22 de noviembre de 2016

Sentencia sobre el caso “Salvador Chiribo-

ga vs Ecuador”, del 6 de mayo de 2008