Evolución de la legalidad en la Administración pública dominicana

 
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"Evolución de la legalidad en la Administración pública dominicana"

Rosina de la Cruz

Abogada, miembro de número de la Comisión de Ciencias Jurídicas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

rosidelacruz9905@outlook.com

En esta ocasión especial, como decía una canción que fue mi favorita hace algún tiempo, con grave riesgo de falta de palabras para decir lo que he de decir y sin tener la gracia y habilidad para la oración del Martin Fierro, estoy ante ustedes, agradecida, humilde y emotiva.

Agradecida, en primer término, no solo porque es de bien nacidos ser agradecidos —y yo lo soy—, sino porque al recibirme en esta investidura han elevado ustedes a las categorías de actitud y aptitudes mi gusto por el estudio del derecho, por la discusión jurídica oral o escrita, por el litigio en toda materia. Siempre creí que lo que hacía estaba en la naturaleza de las cosas.

Que las hayan colocado ustedes en esas dos categorías altamente halagüeñas justifica y explica mi agradecimiento a esta institución, que las ha considerado parte de mi bagaje intelectual, de mi patrimonio inmaterial, familiar y personal. Mis más profundas gracias

Agradezco profundamente y de manera particular al magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, que me ha patrocinado en este emprendimiento. Creo sinceramente que sin su perseverancia no hubiera llegado a este momento.

Humilde, porque no creí que pudiera llegar tan lejos; ni en mis aspiraciones más ambiciosas esperé este momento, que además de ser un reconocimiento es un estímulo, un impulso para seguir adelante; es también una gran responsabilidad, porque, como se sabe, un gran honor se acompaña de una gran responsabilidad, y si, como me han informado, soy la primera mujer llamada a esta Comisión Jurídica, colocan ustedes sobre mis hombros una gran carga que asumo con el corazón contento y de buen ánimo, porque me obliga a ser portavoz de las mujeres dominicanas, que cada día aportan y apuestan, por cualesquiera de los medios a su alcance lo que sea necesario por un futuro mejor para su familia y para nuestra patria.

No puedo pasar por alto decir que valoro profundamente esta distinción en momentos en que muchas mujeres dominicanas sufren en carne propia la epidemia de la violencia más cruda y sangrienta que lleva todos los días al hospital o al camposanto una o más mujeres segadas en la flor de la vida y que dejan en la orfandad niños que crecerán marcados por la tragedia.

En este momento, como cualquier otro en que nos encontremos reunidos hombres y mujeres, es bueno y útil que nos detengamos a pensar en las causas de esta violencia que diezma las familias y en los medios y políticas educativas, sociales, políticas y culturales que debemos poner para detenerla, corregirla y eliminarla.

Emotiva, por la presencia de todos ustedes, amigos, familiares y colegas que me han hecho el honor de acompañarme en esta singular ocasión. Tengo muy presente los inconvenientes y molestias que este desplazamiento haya podido causarles. Gracias del alma.

Es emotiva porque están hoy aquí conmigo Raúl, mi esposo, que desde que nos casamos ha sido y es el primer lector de mis escritos y quien por su particular condición de científico los corrige, a quien agradezco además la claridad de exposición que algunos me reconocen, pues hasta que el asunto no está claro para él, el material no está listo para ser impreso. Están mis tres hijos: Raúl Eduardo, Alejandra Natalia y Raquel Amelia, quienes desde su nacimiento no solo han traído alegrías, angustias y la experiencia de la convivencia familiar, en la cual nos hemos educado todos juntos como padres e hijos; también han compartido desde su infancia las preocupaciones por la Justicia, el estudio y el trabajo. Están mis dos nietos, Juan Alfonso y Marcelo Javier, quienes han traído juventud, renovación y alegría a nuestras vidas; están doña Elsa y mis hermanos: Eva, Carmen Providencia, Rosa Josefina, Juan Antonio, Sabrina, Rosa Julia, Yngrid, Manuel Alberto y Carolina, que me han mostrado siempre un afecto sin debilidades y una solidaridad a toda prueba.

Esta ocasión es emotiva también porque físicamente hay grandes ausentes: aquí y ahora, me gustaría tener a papacito, a mi mamá, a mis primos Gladys y Darío Rojas que tanto me estimularon, protegieron y consintieron; a todos mis tíos y tías que fueron muchos y que ya partieron de este mundo, quienes física, moral, material e intelectualmente contribuyeron a mi formación, me apoyaron y compartieron conmigo para que me realizara como persona, para los cuales guardo un recuerdo imperecedero; también están ausentes de esta ocasión Salvador Jorge Blanco, Asela Mera de Jorge, Margarita Tavares Vidal y Francisco Porfirio Veras Toribio (tío Lilo), con quienes tengo una inmensa deuda de gratitud por el afecto y estímulo que siempre me dispensaron. Su recuerdo es muy grato a mi corazón.

Por ellos, por todos ustedes y por mí, hoy estamos reunidos en regocijo en esta casa para compartir inquietudes intelectuales que guardan estrecha relación con los fines de la institución.

INTRODUCCIÓN

El tema que he sometido a la presidencia de esta honorable comunidad, para compartir en esta ocasión, es "Evolución de la legalidad en la Administración pública dominicana", porque me pareció de importancia y utilidad, sobre todo en las actuales circunstancias, en las que muchos creen que la ley es la panacea de todos o casi todos los problemas nacionales y sin que se verifique no solo el contenido del texto aprobado, sino también el del texto derogado, o el del texto propuesto .

El mandato de la ley es que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ahora bien, ¿ese mandato es igualmente imperativo para la Administración pública?

Todos deseamos saber en qué pie estamos parados en lo que al funcionamiento legal de la Administración se refiere, porque no pocas veces nos parece que esta se conduce sin ninguna Ley.

No se me escapa que todos tenemos una idea más o menos precisa de que la legalidad protege al ciudadano en el ejercicio de sus derechos, tampoco se me escapa que el ejercicio de la existencia de la legalidad, su examen, es decir, el control de la legalidad, es menos conocido aun cuando la utilización correcta de ese control permite hacer el necesario equilibrio entre los derechos individuales y el interés general que representa la Administración pública, que conduce a una forma más democrática de vida en sociedad.

Parecería peregrino decir que el control de la legalidad impone un equilibrio necesario entre el interés particular, individual que está afectado por una decisión administrativa que él entiende le perjudica, y el interés general, que comprende a todos los habitantes de una nación cualquiera.

Impone este equilibrio porque no se trata de enemigos en un campo de batalla, en que uno pierde y otro gana; se trata de una gradación entre intereses en pugna, que conviene deslindar con el más alto sentido de equidad porque de ello depende la sobrevivencia del interés público. Es la conciliación entre los intereses particulares y el interés general, que aquí llamamos público.

Para lograr ese equilibrio es necesario, además de vivir en y por la legalidad, conocer la mecánica del control de la legalidad, para lo cual es necesario responder las siguientes interrogantes: ¿cómo se hace ese control?; ¿cómo se ponen en marcha?, ¿cómo se inician los procesos de control de la actividad administrativa?; pero además ¿sobre qué actividad de la Administración recae ese control de legalidad?

Por ello es necesario también que los ciudadanos sepan que existen vías jurídicas, administrativas y jurisdiccionales que pueden constreñir la autoridad pública a actuar dentro de los límites precisos que impone la legalidad.

Ahora bien, ese conocimiento conlleva el surgimiento y desarrollo de una cultura de la legalidad, que todos los autores coinciden en definir como un conjunto de valores, normas, percepciones y actitudes que el individuo tiene hacia las leyes y las instituciones que las ejecutan.

Podemos afirmar que existe una cultura de la legalidad difundida entre los miembros de la colectividad cuando, más allá del contenido de las normas vigentes, de la tradición o familia jurídica a la que pertenecen, incluso de si se respetan o no los contenidos característicos de un estado de derecho, estos ajustan su comportamiento a las mismas porque les reconocen un grado aceptable de legitimidad (reconocen cierto valor a las normas e instituciones vigentes).

Esta observancia de las normas, conviene advertirlo, obedece en parte al elemento coercitivo en manos del Estado, pero no se agota en sí mismo porque la sola fuerza nunca es un elemento suficiente para alcanzar la legitimidad. Solo un cierto grado de adhesión voluntaria a las normas, una cierta cultura de la legalidad, explica la permanencia en el tiempo de los ordenamientos jurídicos respaldados por la fuerza del Estado.

En resumidas cuentas, podemos decir que existe una "cultura de la legalidad cuando las normas son efectivamente observadas. Es decir, cuando las autoridades y los ciudadanos adecuan su actuación a las reglas que norman la convivencia colectiva."

De acuerdo con Godson, "una cultura de legalidad implica que la cultura o forma de pensar dominante en la sociedad coincide con el Estado de derecho. Es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige por parte de los ciudadanos una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales. Otra forma de definirla es como la creencia compartida de que cada persona tiene la "responsabilidad individual" de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho.

La cultura de la legalidad, por lo tanto, está vinculada a los principios que las personas tienen respecto a la ley y a los organismos encargados de ejecutarla.

Dichos valores se traducen en la cultura de la gente, que puede estar apegada o no a lo establecido en el orden jurídico. Hay...

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