La expropiación en la República Dominicana

 
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"La expropiación en la República Dominicana"

Ángel Lockward

Abogado, autor, exministro, exembajador de la República, exmiembro de la Junta Monetaria.

alockwardm@gmail.com

RESUMEN.

Se analiza la necesidad de una ley de procedimiento de expropiación que ponga fin al actual procedimiento lento, tortuoso e ineficaz de la Ley 1494.

PALABRAS CLAVES:

Expropiación, indemnización, expropiado, derecho de propiedad, Tribunal Superior Administrativo, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Constitución, República Dominicana.

La expropiación es una institución insertada en nuestra historia constitucional desde 1844 y reservada, junto a la propiedad, como garantía de un derecho fundamental en la Constitución del 2010, que ha tenido poco respeto y recibido mala protección de parte de nuestra jurisprudencia hasta las primeras sentencias del Tribunal Constitucional que ratificaron decisiones de la jurisdicción administrativa. Sin embargo, los abogados y, más aun, el ciudadano común siguen incrédulos: pocos creen que el pago del bien expropiado se reciba alguna vez.

Son la Carta de Filadelfia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta última en 1789, las primeras normaas modernas que, al consagrar el derecho de propiedad, establecen la institución de la expropiación, al considerar que"siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella, sino en caso de evidente necesidad pública, debidamente justificada y previa una justa indemnización".

Es Napoleón, por ley del 8 de marzo de 1810, quien configura las normas procesales que configuran la garantía del derecho de propiedad frente al Estado con ocasión de expropiaciones forzosas, sacándola de la competencia de los tribunales ordinarios y llevándola al Concejo de Estado y que, mediante una ley, esta se ejecutara a través de sentencias.

En nuestro caso, la Constitución de Cádiz, a la que asistieron dos diputados locales, contiene esta disposición interesante:

Artículo 172.1. No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular, ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado y se le dé el buen cambio a vista de hombres buenos.

La Independencia efímera, por su naturaleza, no produjo cambios en la cultura creada por esta norma avanzada de la metrópoli; si bien esta Constitución, por los eventos en España, colapsó, el régimen de protección a la propiedad se afianzó en las constituciones posteriores, como fueron las de 1837 y 1845, que prohibieron las confiscaciones:"no se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes …nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento judicial que no se ejecutará sin previa indemnización regulada por el juez con intervención del interesado".

La invasión haitiana coloca al país en la cultura jurídica francesa, que es recogida en la Constitución de 1844 de la manera siguiente:

Art. 21: Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización a juicio de peritos.

Art. 20: No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes.

Independientemente de su cumplimiento, normativamente esa institución constitucional de garantía de la propiedad privada ha variado poco en la Constitución actual.

Artículo 51. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, d conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.

A lo largo de los siglos XIX y XX, sin embargo, la institución constitucional de la expropiación fue sistemáticamente violada y, con frecuencia, a pesar de estar prohibida, en la práctica se confundió con la confiscación.

La norma reguladora de esta institución de más larga aplicación es la Ley 480, que es una Orden Ejecutiva del gobernador militar de Santo Domingo, Snowden, del 20 de mayo de 1920, que establece el dominio eminente y reguló el procedimiento de expropiación que más tarde, en 1943, pasó a ser reglado por la Ley 344-43, modificada posteriormente por varias disposiciones, como han sido las leyes 1639/48, 4421/56, 4671-57, 471-64, 486-64, 700-74, 108-05, 13-07 y 51-07; sobre ella cursa en el Senado de la República un proyecto de modificación.

CONCEPTOS SOBRE LA EXPROPIACIÓN:

Antes de abordar el tema desde el ángulo doctrinal, conviene recordar que el punto del que parte nuestra normativa positiva es de un Gobierno militar de ocupación que tras casi cuatro años de administración en el marco de un programa de obras públicas, que concesiona en todo el país, dicta la Orden Ejecutiva que define a la persona física o jurídica, a la propiedad como su objeto, mueble o inmueble, y cualquier derecho sobre ella; el propietario, que es la persona moral o física a quien se expropia, y al demandado como la persona en contra de quien se incoan las acciones.

La orden, establece que"La expresión dominio eminente significa el derecho de expropiar propiedades para usos públicos" y se aplicará a favor de obras construidas para los fines siguientes: carreteras y caminos, parques, fortificaciones, campamentos militares, faros y semáforos, edificios públicos, cementerios, muelles, diques, puentes, canales y vías de aguas, desagües, acequias, malecones, cloacas, viaductos y accesorio, represas, líneas de telégrafos y teléfonos, ferrocarriles, urbanos, embarcaderos, plantas para proveer agua, gas o electricidad, para energía o luz, líneas de tubos de petróleo, obras de minas, obras accesorias en mercados, mataderos, almacenes y todas las obras en conexión con ellos, y de todas las demás obras de utilidad pública.

El procedimiento de expropiación, entonces, no lo iniciaba la Administración, sino los particulares beneficiados por concesiones para construir u operar las obras públicas, que debían presentar la solicitud de expropiación a los tribunales ordinarios.

En la actualidad, como hemos visto, la expropiación en el país continúa siendo una institución constitucional, potestativa de la Administración, que deja a los tribunales, normalmente: a) establecer el precio cuando no hay acuerdo; b) ordenar el pago, cuando no se ha realizado; c) fijar los importes por lucro cesante; d) fijar el monto de los daños y perjuicios, y f) revertir la expropiación cuando se dan las causales.

Antes de pasar a considerar los conceptos que nos ofrece la doctrina sobre la expropiación conviene leer la definición que de ella da el legislador español, cuando señala que expropiación es:

Cualquier forma de privación singular de la propiedad o de derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o entidades a que pertenecen, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio;

Como se evidencia, cualquier afectación imperativa de la autoridad, a una o varias partes de las facultades propias de la propiedad, inmobiliar o mobiliar, constituye una expropiación, para lo cual no es necesario que sea plena.

Esta es:

Una institución más de las previstas por el ordenamiento jurídico, tanto constitucional como legalmente que produce la transferencia de la propiedad del particular al Estado y desapropia a aquel de su derecho. Su característica más resaltante es que no hay en ella acuerdo de voluntades, sino que su mismo fundamento la potestad expropiatoria le otorga la suficiente eficacia jurídica para que cumplido...

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