Federica Tortorella

• Páginas: 297-320

Nació el 12 de marzo de 1993 en Frosinone, Italia. Hija de pa-

dre italiano y madre dominicana, decidió estudiar Derecho

por su gran interés en el derecho constitucional, las ciencias

jurídicas y políticas. Actualmente, cursa esta carrera en la Universidad

Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Federica Tortorella

Pseudónimo: Dike

298

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

“Participar en el Primer Concurso sobre Ensayos

Constitucionales ha sido una experiencia sumamente

enriquecedora. Considero excelente la oportunidad que

tuve de ser parte de esta propuesta tan innovadora,

original e interesante, que me ha permitido mejorar

mis capacidades de investigación e incrementar mis

conocimientos en una rama del Derecho tan compleja

y actual. Exhorto a todos los estudiantes de Derecho a

participar en las próximas ediciones de este concurso, para

sumarse a esta iniciativa que se propone contribuir con

la difusión de temas constitucionales en la comunidad

dominicana.”

“La República Dominicana es un Estado social y democrático de

derecho, organizado en forma de república unitaria, fundado en

el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el

trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de

los poderes públicos”.

El artículo mencionado es el séptimo consagrado en la

Carta Magna de República Dominicana, y es la pieza cla-

ve para comprender las bases del Estado dominicano, sus

fundamentos y principios.

Como se arma en los primeros tres artículos de la Consti-

tución, República Dominicana es una república libre, indepen-

diente, donde el pueblo ejerce la soberanía, que es inviolable,

de forma directa o representativa. El hecho de que el pueblo

participe en todos los asuntos del Estado, atribuye al mismo los

caracteres de democrático y social.

El concepto de Estado democrático en República Domi-

nicana nace en 1844, con la promulgación de la primera Cons-

Importancia del Tribunal Constitucional

para el desarrollo del Estado social

y democrático de derecho

300

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

titución. Se comienza así a denir el concepto de “democracia

representativa”, que fue fundamental para el planteamiento de

los derechos y deberes de los ciudadanos, el comienzo del desa-

rrollo de los mecanismos para favorecer el reconocimiento de la

soberanía popular y su aplicación. Se caracteriza por la separa-

ción de poderes, que por consecuencia obliga la presencia de re-

presentantes votados por el pueblo, los cuales toman decisiones

en los varios ámbitos que afectan a la sociedad. Se favorece así el

surgimiento de la participación ciudadana mediante la creación

de los partidos políticos, se entiende que se debe garantizar la

transparencia y objetividad de los procesos electorales, reconocer

y delimitar las competencias de los órganos de los tres poderes

que trabajan para lograr un n común: alcanzar el crecimiento y

desarrollo de un Estado democrático, independiente, soberano

y unitario.

Por otra parte el Estado social está directamente relacionado

con el Estado liberal, en virtud de que tiene como nalidad crear

las garantías necesarias para el cumplimiento de las disposiciones

dictadas por el Estado democrático y para fortalecer los servicios

para la colectividad.

El Estado social implica “la protección de los estratos socia-

les bajos y la protección de los débiles y menesterosos”.1 También

anhela garantizar la libertad individual y la participación efectiva

del ciudadano, para poder así considerarlo “como individuo y

como ser social”;2 tiene como objetivo asegurar la libertad indi-

vidual deniendo sus garantías sociales3 y brindar los servicios

1 Jorge Prats, E. (2010). Derecho constitucional, Vol. I, Santo Domingo: Ius Novum, p.

676.

2 Ibid., p. 677.

3 Constitución dominicana 2010, capítulo II, “De las garantías a los derechos fundamen-

tales”, desde el artículo 68 al 73.

301

Ensayos sobre Temas Constitucionales

básicos y los medios para satisfacer las necesidades de cada indi-

viduo para que pueda vivir dignamente: un trabajo4, asistencia

médica5, seguridad social,6 entre otros.

El concepto de Estado “social y democrático” ha sido intro-

ducido en la Constitución dominicana mediante la reforma de

2010. Se basa en el hecho de que “no es posible disfrutar de la

libertad sino es en el marco de un orden de justicia social”.7

El mismo resulta como el conjunto de varios principios

consagrados en el Estado de derecho, el Estado constitucional,

el Estado democrático y el Estado social. Lo que ocurre con estas

tipologías de Estado es que se complementan y la adopción de

una trae como consecuencia la aceptación de ciertas disposicio-

nes de las otras.

Según Carlos Gaviria Díaz, ex presidente de la Corte Cons-

titucional de Colombia, el Estado de derecho es “un conjunto

de normas para el ejercicio institucional en el que poco impor-

tan las personas que conforman un país”8, y según el congresista

Gustavo Petro, “supone una sociedad igualitaria donde las di-

ferencias sociales son relativamente pequeñas”.9 Es así que, por

ejemplo, se crea el nexo entre Estado de derecho, que garantiza

la existencia de leyes, y el Estado social, que tiene como mi-

sión defender y promover los derechos de todos los individuos

y evitar la exclusión de las clases sociales. Cabe mencionar que

4 Ibíd., artículo 62.

5 Ibíd., artículo 61.

6 Ibíd., artículo 60.

7 Jorge Prats (2010), p. 676.

8 Anónimo. “¿Existe alguna diferencia entre el Estado de derecho y el Estado social de

derecho?”, Noticiero Caracol, 27 de junio de 2006. Recuperado desde http://www.

caracol.com.co

9 Loc. Cit.

302

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

el Estado democrático se reeja en todos los Estados que prevén

la participación ciudadana en asuntos de política pública, ar-

mando así la soberanía de la colectividad,10 mientras el Estado

constitucional es aquel que arma la supremacía de la Consti-

tución,11 a la disposición y el respeto de los derechos12 y deberes

fundamentales,13 rearmando el principio de la democracia par-

ticipativa en cada momento.

Analizando las deniciones de estos conceptos, se pueden

entender los rasgos que caracterizan al Estado social democrá-

tico y, en particular, entender por qué la Constitución consagra

derechos, deberes, garantías y valores, como la supremacía de la

Constitución o la división de los poderes.

Volviéndose un Estado social-democrático, República Do-

minicana enfrenta un cambio radical (y el proceso aun no ha ter-

minado). En un país donde la democracia representativa había

sido protagonista de toda la organización del Estado hasta aquel

momento, se pasa así a una democracia de tipo participativa,

donde el Estado social democrático arma su compromiso de

establecer derechos y deberes de los ciudadanos, de garantizar

su tutela, y de incrementar la participación de los mismos en la

toma de decisiones que tienen que ver con las políticas públicas.

Se puede armar que mediante la nueva Carta Magna se

proporcionan las medidas para implementar un tipo de Estado

“moderno”, que no solamente acepta e incrementa la soberanía

del pueblo, sino que se basa en la aplicación de medidas para que

el mismo derecho pueda ser ejercido correctamente. Esto así,

10 Constitución Dominicana 2010, artículo 2.

11 Ibíd., artículo 6.

12 Ibíd., artículos 37- 67.

13 Ibíd., artículo 75.

303

Ensayos sobre Temas Constitucionales

porque “El Estado social y democrático de derecho orienta su

accionar a la construcción de una sociedad más justa, equitativa

e igualitaria, donde el n supremo y último del Estado es servirle

al ciudadano”.14 De esta manera se puede deducir que el Estado

se encuentra completamente comprometido con el concepto de

democracia participativa y que, mediante la Ley de Leyes, pro-

cura imponer las bases para su desarrollo.

En este contexto, el rol de la Constitución es de mediadora

entre el individuo y los órganos que conforman los tres poderes.

Facilitando las normas que regulan las acciones de estos últimos,

se propone mantener denidas las competencias de cada uno de

ellos, sancionar las entidades en caso de que no cumplan con sus

preceptos y favorecer la difusión de sus propias leyes. Es cargo

del Tribunal Constitucional aplicar las leyes establecidas por la

Carta Magna, velar por su cumplimiento y defenderlas.

El concepto de Tribunal Constitucional fue planteado, por

primera vez, por Hans Kelsen, uno de los principales teóricos de

la democracia del siglo . Su teoría se basaba en que, para pro-

mover la supremacía de la Constitución, el Estado debía servirse

de un órgano distinto y separado que pudiera contar con proce-

dimientos diferenciados. En uno de sus libros armó: “Defensor

de la Constitución signica en el sentido originario del término,

un órgano cuya función es defender la Constitución contra las

violaciones (...)”.15 En efecto, esta es la principal función que

hoy día sigue teniendo este tribunal.

14 Ramírez Morillo, B. (2010). Derecho constitucional dominicano-(Estado social de derecho

y procedimiento constitucional). Santo Domingo: Fundación de Estudios Sociopolíticos,

Jurídicos y Económicos (FESJE), p. 155.

15 Kelsen, H. (1995). ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, trad. Roberto Brie.

Madrid: Tecnos, p. 27.

304

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Kelsen fue motivo de inspiración para el surgimiento de los

primeros tribunales de garantía constitucional en Europa. El pri-

mer Tribunal Constitucional en el mundo fue creado en Checo-

slovaquia en 1920, junto al Alto Tribunal de Austria.16 En países

tales como España, Italia y Alemania –donde este órgano surgió

solamente una década después‒ mediante la difusión del con-

cepto de supremacía de la Constitución y los demás principios

de Kelsen se pudo llegar a la consolidación del sistema de control

concentrado, inuenciado en parte por el judicial review y el

concepto de control constitucional creados, a partir de 1787, en

Estados Unidos.

En el caso de América Latina, el primer “intento” de crear

un Tribunal Constitucional se originó, en 1965, en Guatemala.

Este se caracterizaba por el hecho de que se reunía solamente

cuando fuese necesario y por la procedencia de sus miembros,

que eran un conjunto de magistrados de diversas instancias.

Analizando los tribunales constitucionales de América La-

tina, se puede notar que al comienzo se caracterizaban por un

poder limitado y algunos eran respaldados por otro poder: unos

ejemplos son el Tribunal Constitucional que se creó en Ecuador

en 1945, que resultaba dependiente del Poder Legislativo, y el

Tribunal de Bolivia, creado en 1967, que era considerado parte

del Poder Judicial.

Debido a que los acontecimientos políticos marcaron pro-

fundamente gran parte de los países de este territorio, han sido

frecuentes los casos en que las labores de las cortes constituciona-

les sufrieron una suspensión temporal o denitiva: se destaca en

16 Tatem Brache, Y. (2010. 16 de mayo). “El Tribunal Constitucional y su rol trascenden-

te”. Diario Libre.

305

Ensayos sobre Temas Constitucionales

este contexto el Tribunal de Garantías Constitucionales de Chile,

que a causa del golpe de Estado de Pinochet fue privado de su

autoridad y, sucesivamente, reintegrado, manteniendo ciertas ca-

racterísticas dictatoriales (completamente desaparecidas al día de

hoy).

Mediante varias reformas constitucionales aprobadas en el

siglo  se sintió la necesidad de crear o volver a instituir los

tribunales constitucionales, en calidad de órganos autónomos o

como salas pertenecientes a la Corte Suprema (como en el caso

de Costa Rica). El primer Tribunal Constitucional completa-

mente autónomo y que más se parecía al prototipo europeo fue

el peruano, constituido en 1979.

El número de miembros que conforman los varios tribuna-

les constitucionales de Latinoamérica oscila, generalmente, entre

los cinco y los trece jueces: casi siempre se elige un número impar

para evitar empates durante las votaciones. No obstante no sea

parte de Latinoamérica, cabe mencionar que el Tribunal Cons-

titucional español posee doce miembros. Los jueces que confor-

man este tribunal son elegidos por algún órgano principal, sea el

Consejo Nacional de la Magistratura ‒como en el caso de Repú-

blica Dominicana‒17 u otra institución. Volviendo a mencionar

España, los magistrados son nombrados por el rey mediante el

“Real Decreto”, con base en las propuestas proporcionadas por

las Cortes Generales, el Gobierno (presidente, vicepresidente y

ministros) y el Consejo General del Poder judicial.18 En Bolivia,

el Tribunal Constitucional Plurinacional posee cinco miembros

17 Constitución dominicana 2010, artículo 182.

18 Constitución española de 1978, artículo 159.

306

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

electos por el pueblo,19 mientras que en Perú es el Congreso el

que selecciona los jueces.20

El Tribunal Constitucional dominicano fue creado median-

te la entrada en vigor de la nueva Constitución reformada del

26 de enero de 2010. Denido como “el órgano supremo de in-

terpretación y control de constitucionalidad (...)”,21 es conside-

rado parte de las altas cortes del país, junto al Tribunal Superior

Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Constituido por trece

miembros, los cuales son designados por un período de nueve

años por el Consejo Nacional de la Magistratura, se encuentra

reglamentado por la Ley Orgánica núm. 137-11 y la Constitu-

ción.

Los jueces que conforman el Tribunal Constitucional son

elegidos con base en los mismos requisitos de los miembros

de la Suprema Corte de Justicia: deben ser dominicanos de

nacimiento u origen, tener no menos de 35 años y no más de

75, ser licenciados o doctores en Derecho, hallarse en pleno

ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber ejercido por

lo menos doce años la profesión de abogado, la función de juez

o haber impartido cátedras universitarias.22 A los miembros se

les pide dedicación exclusiva a la carga asignada,23 y no están

sujetos a mandato imperativo ‒ sus decisiones no son inuen-

ciadas por ninguna imposición‒; no pueden optar por ningún

otro cargo electivo público durante los nueve años ni tampoco

ser reelectos.

19 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (207), del 6 de julio de 2010, artículo

20, numeral 7.

20 Constitución política del Perú de 1993, artículo 201.

21 Ley Orgánica núm. 137-11, artículo 1.

22 Ibíd., artículo 13.

23 Ibíd., artículo 16.

307

Ensayos sobre Temas Constitucionales

La misión del Tribunal Constitucional es garantizar el cum-

plimiento de la Constitución y su supremacía, trabajando según

los valores que lo denen: justicia, transparencia, integridad, in-

novación, independencia, compromiso social, ecacia.24

Justicia: Según la descripción dada por el artículo 184 de la

Carta Magna, se puede deducir que el Tribunal Constitucional

es la entidad pública destinada a velar por el cumplimiento de

la ley constitucional y a tomar medidas justas contra todos los

acontecimientos que puedan perjudicarla. Las atribuciones del

Tribunal Constitucional son descritas en el artículo 185 de la

Constitución y son: manejar y prevenir las acciones indirectas

de inconstitucionalidad, favorecer el control preventivo de los

tratados internacionales antes de su raticación por el Presidente

actuar contra los conictos de competencia entre los poderes

públicos y todo lo que disponga la ley.

Cuando se habla de inconstitucionalidad, hay que mencio-

nar el artículo 5 de la Ley Orgánica, que introduce al concepto de

justicia constitucional. Como el mismo la dene, “es la potestad

del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial de pronunciarse

en materia constitucional en los asuntos de su competencia”. Se-

gún el artículo 188, el Poder Judicial tiene capacidad de conocer

la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su

conocimiento.

Para aclarar esto, es más que debido denir los dos sis-

temas de constitucionalidad existentes: el método difuso de

control (en inglés judicial review) y el método concentrado de

control, ambos incluidos en la ley orgánica. En el primer caso,

el control de constitucionalidad puede ser ejercido por cual-

24 http://tribunalconstitucional.gob.do/sobre-el-tc, consultado el 3/11/12.

308

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

quier órgano del Poder Judicial25 de forma indirecta, es decir

que en el medio de un proceso de cualquier naturaleza se puede

reivindicar la violación de algún derecho fundamental; en el

segundo caso, se reconoce que para la acción directa de incons-

titucionalidad se necesita un solo órgano en especíco, sea la

Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Constitucional, para

que controle y maneje estos casos. En República Dominica-

na, ambos sistemas coexisten debido a que no es inusual incu-

rrir en episodios de inconstitucionalidad durante los procesos

(control por vía incidental).

Según el tiempo de su aplicación, el control de constitu-

cionalidad puede ser preventivo ‒en el caso de que se actúe y se

formule la acusación de inconstitucionalidad de una ley antes de

su entrada en vigor‒ o sucesivo, en si la intervención se realizara

sucesivamente. En este caso, cabe mencionar el artículo 53 de

la ley orgánica que otorga poder al Tribunal Constitucional “de

revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la au-

toridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad

al 26 de enero de 2010”.26

El sistema de justicia constitucional se rige por ciertos prin-

cipios como la accesibilidad, la gratuidad y la favorabilidad,

mencionados en el artículo 7 de la ley orgánica en cuestión, que

se imponen como las bases para fomentar el correcto desenvol-

vimiento de la labor del Tribunal Constitucional, que debe “ga-

rantizar la supremacía, integridad y ecacia y defensa del orden

constitucional, su adecuada interpretación y la protección efec-

tiva de los derechos fundamentales”.27

25 Ley núm. 137-11, artículo 52.

26 Ibíd., artículo 53.

27 Ibíd., artículo 5.

309

Ensayos sobre Temas Constitucionales

El control de constitucionalidad ejercido por el Tribunal

Constitucional no se limita a las leyes, decretos y ordenanzas

establecidas en el territorio nacional: abarca también los trata-

dos internacionales. El Tribunal tiene la obligación de vericar

la constitucionalidad de dichos tratados en un plazo de treinta

días desde su recepción, que ocurre antes de que los mismos

sean sometidos a la aprobación por el Congreso.28 Además, las

decisiones del Tribunal Constitucional tienen efecto vinculante,

es decir, que sus decisiones inuyen directamente en las disposi-

ciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Otra función del Tribunal es la resolución de los conictos

de competencia. Como se describe en el artículo 59 de la ley or-

gánica, este se encarga de resolver, entre otros, los litigios entre él

mismo y los poderes del Estado, y eventuales problemas puedan

surgir entre los poderes públicos.

Siempre en este contexto, hay que hacer referencia al rol de

intérprete de la Constitución al momento de dictar sentencias.

Estas pueden ser “de desestimación o rechazo que descartan la

demanda de inconstitucionalidad (...)”,29 o pueden ser emitidas

para “que declaren expresamente la inconstitucionalidad parcial

de un precepto”.30 Además, mediante las sentencias interpreta-

tivas aditivas “se busca controlar las omisiones legislativas in-

constitucionales entendidas en sentido amplio, como ausencia

de previsión legal expresa de lo que constitucionalmente debía

haberse previsto o cuando se limitan a realizar una interpreta-

ción extensiva o analógica del precepto impugnado”.31

28 Ibíd., artículo 56.

29 Ibíd., artículo 47.

30 Ibíd., párrafo I.

31 Ley núm. 137-11, artículo 47, párrafo II.

310

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Se puede así deducir que el Tribunal cumple con la función

de hacer explícitos todos los mandatos incluidos en la Constitu-

ción interpretando los preceptos que puedan parecer opuestos o

ilógicos.

Transparencia: Este aspecto caracteriza cada acción del Tri-

bunal Constitucional. Las leyes regulan todo lo que tiene que

ver con este órgano y su labor, deniendo los procedimientos

y pasos a seguir para que pueda cumplir con su función, y es-

pecicando las características y modalidades de elección de los

miembros de la institución, sean jueces32 o funcionarios de los

órganos de apoyo.33

La transparencia es un requisito fundamental, no solamente

para el Tribunal Constitucional, sino para todas las instancias de

cualquier institución. Es parte de los principios que el Estado

social propone para regular el desenvolvimiento de los asun-

tos políticos y públicos, y también parte del compromiso que el

Tribunal tiene con la colectividad: trabajar sin descanso para no

solamente garantizar el cumplimiento de su función, sino para

favorecer el manejo correcto de toda actividad en la institución

y, nalmente, brindar un servicio constitucionalmente correcto,

eciente y justo.

Integridad: Por integridad se entiende la capacidad que el

Tribunal posee de reglamentar sus órganos de apoyo, de forma

independiente y autónoma, siempre en un marco constitucio-

nal y moralmente reconocido. Este término se reere también

al vínculo entre la entidad en cuestión y la Constitución, cuya

integridad y aplicación deben ser aseguradas y amparadas.

32 Ley núm. 137-11, Título I, Capítulo II: “Integración del Tribunal Constitucional.

Prerrogativas y régimen de incompatibilidades”.

33 Ibíd., artículo 34.

311

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Innovación: El Tribunal Constitucional es una novedad.

Mejor dicho, lo es en República Dominicana, ya que en otros

Estados existen organismos similares desde el siglo . Tratándo-

se de algo nuevo, busca mantenerse al día y tener conocimiento

de las necesidades y ocurrencias que afectan a la institución y al

país. Además, se esfuerza en encontrar soluciones ecaces para

su desarrollo.

Independencia: Como queda establecido por el artículo 3

de la Ley 137-11, el Tribunal Constitucional está sometido so-

lamente a la ley orgánica que lo reglamenta, la Constitución y

a las normas que integran el bloque de constitucionalidad. Es

un órgano “extra poder” y su función consiste en supervisar los

demás poderes mediante la acción de constitucionalidad.

Compromiso social: Este valor tiene fundamento en la

Constitución y sus artículos 2 y 7, que denen el Estado domi-

nicano como social y democrático y consciente de que la sobe-

ranía es ejercida por el pueblo. El Tribunal Constitucional tiene

como meta proteger la Constitución, facilitar el conocimiento

de la misma y así jugar un papel fundamental en la promoción

del derecho constitucional en todo el país,34 mediante concursos

y otras iniciativas.

Ecacia: Para que el Tribunal Constitucional cumpla con

su cargo de institución reguladora y sancionadora de todos los

actos contra la Ley de Leyes y, sobre todo, para que el ciudadano

pueda recurrir al mismo para preservar sus propios derechos, la

ley orgánica establece los llamados “procedimientos constitucio-

nales”.35

34 Ley núm. 137-11, artículo 35.

35 Ibíd., Título II, “De los procedimientos constitucionales”.

312

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Cuando se habla de procedimientos constitucionales hay

que citar el artículo 25.1 de la Convención Americana de Dere-

chos Humanos, que arma:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o

a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales

competentes, que la ampare contra actos que violen sus dere-

chos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o

la presente convención.

Mediante este artículo se establecen las bases para el plan-

teamiento e incorporación de los procedimientos constituciona-

les en las legislaciones de varios países. El mismo ha sido fuente

de inspiración para los legisladores y reeja la necesidad de desa-

rrollar los medios para la creación de un Estado social y demo-

crático que pueda ofrecer la tutela judicial efectiva.

En República Dominicana, los recursos que la ley establece

son el hábeas data,36 el hábeas corpus37 y la acción de amparo.38

Hábeas data: La razón de existencia de este tipo de recurso

reside en la necesidad de proteger al ciudadano de la divulgación

de datos personales, frecuentemente facilitados para tener acce-

so a ciertos servicios (manejo de cuentas bancarias por internet,

solicitud de informaciones, etc.). De esta manera el recurrente

exige conocer todas las bases de datos, sean públicas o privadas,

que contienen informaciones acerca del mismo y así vericar su

existencia, solicitar su actualización, eliminación o recticación.

Hábeas corpus: Este recurso nace en defensa del artículo 40

de la Carta Magna, que establece la libertad y seguridad personal

36 Ibíd., artículo 64.

37 Ibíd., artículo 63.

38 Ibíd., artículo 65.

313

Ensayos sobre Temas Constitucionales

como derechos del ciudadano. El mismo “es una garantía consti-

tucional para evitar que alguien sea detenido arbitrariamente”.39

Se puede recurrir al hábeas corpus cuando se entiende y se tienen

pruebas de que una persona ha sido privada de su libertad de

forma ilícita o sin debidas razones.

La acción de amparo: Quizás el más complejo entre los

tres procedimientos, el de amparo es, en síntesis, “el derecho de

que disfruta cualquier individuo para reclamar la intervención

efectiva de los tribunales del orden judicial o del orden admi-

nistrativo, a n de ser amparados en el disfrute y ejercicio de los

derechos y garantías que le son reconocidos constitucionalmente

por cualquiera de las vías ordinarias de procedimiento”.40

Se propone como una institución destinada a promover la

aplicación del concepto de supremacía de la Constitución y lo

hace mediante la protección de todos los derechos fundamenta-

les del individuo, con excepción de los que son amparados por el

hábeas data y el hábeas corpus.

Como menciona el licenciado Eduardo Jorge Prats en uno

de sus artículos:

Un verdadero Estado democrático es aquel que, a partir del

reconocimiento de la igualdad formal y material de las perso-

nas, permite la construcción de una nueva ciudadanía basada

en la igualdad de derechos y en la igualdad de acceso a dere-

chos y bienes sin los cuales la persona no puede desarrollar

una vida digna y plena.41

39 Camargo, P. P. (2007). Tratado de derecho internacional público. Bogotá: Leyer, p. 191.

40 Pellerano Gómez, J. M. (1990). Constitución y política. Santo Domingo: Capeldom,

p.256.

41 Jorge Prats, E. (2007). “Hacia la consolidación del Estado social y democrático de

derecho”, Revista Global, (4)16, Santo Domingo, mayo-junio.

314

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

República Dominicana está atravesando un momento de-

licado y fundamental para completar su proceso de transfor-

mación y convertirse en un Estado social democrático o, mejor

dicho, está completando el proceso de adaptación al nuevo sis-

tema.

En un contexto jurídico en que se siente la necesidad de

incrementar la ecacia de los preceptos de la nueva Carta Magna

y todo lo que implica el desarrollo de un Estado social democrá-

tico, el Tribunal Constitucional es uno de los ejemplos concretos

de los avances del Estado y se presenta como protagonista para

llevar a cabo este proceso gradual que conducirá al país hacia la

consolidación de un sistema renovado y más democrático.

El Estado social-democrático se caracteriza, entre otros, por

una actitud que va “contra las pasiones mayoritarias del momen-

to y garantiza los derechos de las mayorías contra los intereses

de las minorías poderosas o inuyentes”.42 Así se entiende la

existencia de la tutela judicial efectiva y del artículo 68, el cual

arma que la Carta Magna “garantiza la efectividad de los de-

rechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y

protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener

la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o

deudores de los mismos (...)”.

El sentido de la existencia del Tribunal Constitucional resi-

de, primeramente, en la necesidad de certicar la tutela judicial

de los derechos consagrados por la Ley de Leyes43 y velar por

el cumplimiento de todas las disposiciones estipuladas por la

misma. Además, “tiene la responsabilidad de irradiar una inter-

42 Jorge Prats (2010), p. 316.

43 Constitución dominicana 2010, Título II, Cápitulo I “De los derechos fundamentales”.

315

Ensayos sobre Temas Constitucionales

pretación de los derechos fundamentales que deberá ser incor-

porada en el conjunto de decisiones de los demás tribunales, en

benecio de una tutela judicial efectiva”.44 La forma para poder

cumplir con estas disposiciones es aplicar los procedimientos

constitucionales incluidos en la Ley Orgánica núm. 137-11 y la

Constitución.

Otra razón de existencia del mismo se funda en la suprema-

cía de la Constitución y la necesidad de proteger y garantizar sus

funciones, según lo establecido por la ley. Mediante el artículo 6

de la Carta Magna se consagra su carácter absoluto, que la vuel-

ve aun más parte fundamental del Estado. Sin la Ley de Leyes

el Estado social y democrático de derecho no podría sobrevivir:

solamente existiría una agrupación de individuos sin derechos ni

deberes, condenados a vivir en un estado de anarquía, de duda

y de ignorancia.

Al Tribunal Constitucional se debe también el control ejer-

cido para promover la eciencia, la transparencia y la legalidad

en la conducta de los órganos estatales. Provee a la resolución de

conictos que surgen entre los mismos y dene así una nueva

forma de ejercer el poder del Estado, vericando que las demás

instituciones respeten la supremacía de la Constitución y no

conspiren ni actúen contra la misma.

Mediante el estudio de la Carta Magna, se puede notar que

la misma proporciona todo lo necesario para poder cumplir con

la formación y el respeto del Estado social y democrático: favo-

rece leyes que regulan la labor de los tres poderes, normas que

establecen derechos y deberes del individuo, también facilita el

conocimiento de los recursos que el ciudadano y la colectividad

44 Tatem Brache, Y. (2010)

316

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

tienen a disposición para ser oídos y considerados, otorgando al

Tribunal Constitucional un papel primordial, dado que se ocupa

de la efectiva aplicación de estos conceptos.

El lazo entre el Tribunal Constitucional y el desarrollo del

Estado social y democrático de derecho consiste en que el mis-

mo, en calidad de órgano extra poder, tiene múltiples funciones:

establece un equilibrio entre los varios poderes, para que estos

puedan operar en su propio ámbito y así evitar conictos de

competencias; interpreta la Constitución, rearmando su carác-

ter absoluto y fundamental emitiendo sentencias válidas en todo

el territorio; se propone proteger y garantizar los derechos fun-

damentales, apoyando así una de las disposiciones principales

del Estado social; además promueve valores como la democracia,

la transparencia, la constitucionalidad y se maniesta en calidad

de defensor de los principios estipulados por la Constitución,

velando por su cumplimiento. Estas funciones, por cierto, son

vitales para la supervivencia del Estado social y democrático de

derecho, debido a que se ocupan directamente de preservar las

características que lo denen.

Como armara el Dr. Milton Ray Guevara, “una democra-

cia constitucional sin tribunal constitucional es como una pri-

mavera sin ores”.45 En efecto, un Estado social y democrático

sin Tribunal Constitucional no podría existir: la Constitución

no tendría ningún tipo de protección, se incurriría en acciones

de inconstitucionalidad, los conictos de competencias estarían

a la orden del día y no se lograría respetar la supremacía de la

Carta Magna; el concepto de democracia se vería afectado por la

45 Ray Guevara, M. (2012, 26 de enero). “Discurso pronunciado en la Audiencia Solemne

de instalación del Tribunal Constitucional”. Aula Magna Universidad Autónoma de San-

to Domingo.

317

Ensayos sobre Temas Constitucionales

falta de las garantías de los derechos fundamentales y todo lo que

tiene que ver con la participación ciudadana y su protección: no

existiría equilibrio entre los poderes, ni control en la realización

de los objetivos para lograr la democracia efectiva.

Debido a que “el desarrollo democrático, social y económi-

co constante solo es posible con seguridad jurídica”,46 el Tribunal

de Garantías Constitucionales se presenta, no solamente como

defensor de la ley sino más bien como promotor del cumpli-

miento de sus principios, y así contribuye al respeto de las dispo-

siciones del Estado social y democrático de derecho.

Sean de Latinoamérica, de Europa, Asia, África o Nortea-

mérica, los tribunales constitucionales tienen un mismo objeti-

vo: la interpretación y defensa jurisdiccional de la Constitución

a través de procedimientos contenciosos constitucionales, según

lo establecido por la ley, para poder así rearmar, en cada mo-

mento, la supremacía de la Constitución y la efectividad del Es-

tado social y democrático. El Tribunal Constitucional pretende

reglamentar, promover y aplicar leyes y derechos que pertenecen

a cada ciudadano: solamente mediante la monopolización del

control de constitucionalidad se puede obtener un verdadero

Estado social y democrático, el cual para aplicar sus principios

necesita de esta entidad de carácter supremo para evitar el libre

albedrío, y así mantener la integridad de los valores fundamen-

tales del Estado.

La creación del Tribunal Constitucional permite establecer

y mantener el principio de que todos deben obedecer la ley y,

46 Jiménez Peña, R. (2012, 9 de diciembre). “El Tribunal de Garantías Constitucio-

nales”, Listín Diario. Consultado el 31/10/12, disponible en: http://pgr.gob.do/

Portal/Contents/Documentos/Revistas/20110430-Revista-Ministerio-Público-an-

no-5-No-19-Abril-2011.ashx

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

al mismo tiempo, logra garantizar que esa ley sea conforme a la

Constitución; igualmente, ayuda a mantener uniformidad en los

valores fundamentales del Estado y en sí constituye la esencia del

Estado social y democrático, actuando como promotor y defen-

sor del mismo.

Así que el Tribunal Constitucional, mediante sus compe-

tencias, los valores que lo caracterizan y los principios que lo

rigen, representa el cambio hacia un Estado social y democrático

que cuenta con la Constitución en calidad de protagonista junto

a sus preceptos. De esta manera, nace el concepto de democracia

constitucional, sostenido por la Carta Magna y, en particular,

por su artículo 6.

En República Dominicana, la consagración de este órgano

representa un gran avance hacia la consolidación de un Estado

más democrático, orientado a la ejecución, garantía y promoción

de los intereses de la colectividad y del individuo, caracterizado

por la supremacía de la Constitución y los mecanismos para su

protección. El mismo “está llamado a convertirse en una institu-

ción de una solidez a toda prueba, que aliente la transparencia,

honestidad y seriedad de las decisiones que se adoptan colecti-

vamente”,47 y se propone como herramienta para la efectiva im-

plementación de un Estado social y democrático, representando

así el punto de partida para la concretización de los principios de

este último y de todo lo establecido por la nueva Ley de Leyes.

47 Tatem Brache, Y. (2010. 16 de mayo). “El Tribunal Constitucional y su rol trascendente”.

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