Formulacion precisa de cargos, ejercicio de la defensa

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"Formulación precisa de cargos y ejercicio de la defensa (I de II)"

Rosalía Sosa Pérez

El acceso al ejercicio de la defensa plantea uno de los mayores retos que puede confrontar un Estado democrático, ya que se trata del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos ante su poderosa intervención como ente regulador de la convivencia humana.

Esta función reguladora es ejercida por el Estado dominicano a través del Derecho Penal, el cual responde a una necesidad de protección contra aquellas personas que pueden poner en cuestionamiento la convivencia pacífica de la comunidad; a estos electos se le reconoce la facultad de ejercer la coerción penal y el control social, potestad que éste tiene de castigar a quienes violen los mandatos penales fundamentales.

Esta situación aparenta colocar al imputado en una posición desigual frente al accionar del Estado en el ejercicio de castigar. Este derecho del Estado no es absoluto, tiene sus límites, porque el procesado no puede quedar desprovisto de protección de forma tal que se vea imposibilitado de defenderse ante las imputaciones del Estado.

De ahí es que surge el sistema de garantías y las autolimitaciones a la maquinaria estatal en el ejercicio del jus puniendi, mediante el reconocimiento de sus derechos fundamentales nadados en el texto constitucional, en virtud de los cuales se le concede el acceso a un debido proceso.

El debido proceso de ley como mecanismo instrumental de la Constitución, no puede ser concebido como un conjunto de normas estáticas sino como un mecanismo dinámico basado en la resolución del conflicto entre el ciudadano (que supuestamente ha violado el orden penal) y el Estado.

Si la Constitución se respeta, el sistema deberá enmarcarse en la protección de esa persona, sujeto pasivo frente al Estado en la relación procesal penal, poniendo sus garantías en movimiento ante cualquier acto invasivo del Estado. No asimilar esta afirmación como válida es convertir a la Constitución en la afirmación de Ferdinand Lasalle, en un documento escrito, en un pedazo de papel con valor racional histórico o académico, en otras palabras, una pura y simple declaración de buena fe.

El ejercicio del derecho a la defensa es un elemento clave del procesal penal garantista y democrático. En cualquier etapa del proceso, la persona que se encuentra frente a la maquinaria de la justicia penal deberá ser tutelado en su derecho a través del debido proceso. En su acepción unís amplia, debido

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