La Función Jurisdiccional en el Estado Constitucional de derecho

• Páginas: 129-137
• Fecha: 01 Marzo 2018
• Fecha de publicación: 01 Marzo 2018
• Materia: Derecho Constitucional

LA FUNCIÓN

JURISDICCIONAL

EN EL ESTADO

CONSTITUCIONAL

DE DERECHO

Roberto Medina Reyes

Magister en Derecho de la Regulación Económica

yenDerechoAdministrativodelaPonticia

Universidad Católica Madre y Maestra

RESUMEN:

La función jurisdiccional en el Estado Constitucional de Derecho obliga a los

jueces a garantizar los valores, principios y derechos fundamentales a través

del sometimiento de las actuaciones de los demás poderes públicos al orde-

namiento constitucional. De ahí que en la actualidad, la función de los jueces

no solo consiste en aplicar y ejecutar fonográficamente las normas, sino que

estos tienen el deber de adoptar los medios más idóneos y adecuados a las

necesidades concretas de protección a cada cuestión planteada, a los fines

de garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los

derechos fundamentales. Esta nueva función del poder judicial obliga a la

implementación de un conjunto de principios, con el objetivo de asegurar la

legitimidad de sus actuaciones, pues, en la medida en que los tribunales son

más discrecionales en los procesos judiciales, en esa misma medida deben

establecerse mecanismos de contrapeso que disminuyan la posibilidad de su

desviación.

PALABRAS CLAVE:

Función jurisdiccional, jueces, Estado Constitucional de Derecho, Estado Legislati-

vo, derechos fundamentales, supremacía constitucional.

En la actualidad, los jueces son los principales garantes del ordenamiento

constitucional, por lo que sus funciones no se encuentran limitadas a la repro-

ducciónfonográca delas normas.Es decir,que lafunción jurisdiccionalva

más allá de la aplicación de las leyes, pues los jueces están constitucionalmente

obligados a garantizar la protección efectiva de los derechos e intereses de las

personas (artículo 8 de la Constitución)1. Esta nueva concepción de la función

1 Según este artículo, “es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona,

el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria,

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jurisdiccional arrastra nuevas prerrogati-

vas, que sobrepasan la concepción antigua

del juez como un simple ejecutor de las le-

yes.Para Jorge Prats, históricamente se

han mantenido dos posturas acerca de

la función jurisdiccional y de la posición

constitucional del poder judicial den-

tro del conjunto de poderes del Estado:

(i) La que niega la calidad de poder del

Estado a la función jurisdiccional y la su-

bordina a los demás poderes públicos; y,

(ii) La que configura al conjunto de tri-

bunales como un verdadero poder dentro

de los órganos del Estado y cuya función

radica en la garantía de los derechos fun-

damentales2. La distinción entre estas

dos concepciones es fundamental para

entender la posición del poder judicial

en el Estado Constitucional de Derecho.

La función jurisdiccional en el Estado

legislativo.

La concepción de la jurisdicción como

un simple aplicador de las leyes se deriva de

la ideología de la Revolución francesa, que

sobredimensiona el poder legislativo sobre

los demás poderes públicos. Para los revo-

lucionarios franceses, la ley es la expresión

de la voluntad general, por lo que el cuer-

po legislativo es el encargado de formar el

contrato social que permite garantizar los

derechos subjetivos de cada uno de los in-

dividuos que conforman la sociedad. Por

esta razón, Jean-Jacques Rousseau concen-

tra todo el poder político en la autoridad

legislativa, congurando el órgano juris-

equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad in-

dividual y de justicia social, compatibles con el orden pú-

blico, el bienestar general y los derechos de todos y todas”.

2 Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitucional. Volu-

men II. Santo Domingo: Ius Novum. 2012, p. 551.

diccional como un simple conservador de

las leyes y del poder legislativo3.

Este planteamiento de Rousseau se

encuentramarcadoporlasarmacionesde

Montesquieu, al considerar este que de los

tres poderes públicos, el de juzgar es, en

cierta manera, nulo. En efecto, para Mon-

tesquieu “hay en todo Estado tres clases

de poderes: el poder legislativo, el poder

ejecutivo de los asuntos que dependen del

derecho de gentes y el poder ejecutivo de

los que dependen del derecho civil”4. De

estaarmación sedesprendequeelpoder

judicial es una potestad ejecutiva de aplica-

ción de las leyes, por lo que constituye una

manifestación directa del poder ejecutivo.

Las ideas de Montesquieu y Rousseau

son las bases de todas las teorías que nie-

gan la potestad normativa de los tribunales,

pues estos disuelven la función jurisdiccio-

nal a una dependencia del poder ejecutivo.

Por esto, en la concepción revolucionaria

francesa, los poderes públicos quedan re-

ducidos a dos: el poder legislativo y el po-

der ejecutivo, el cual comprende dos ramas

particulares: la administración y la justicia.

AsíloestableceCazales,alarmarque“en

toda sociedad política, solamente existen

dos poderes, aquel que hace la ley y el que

la hace ejecutar. El poder judicial, por mu-

cho que de él hayan dicho varios publicis-

tas, solo es una simple función, ya que con-

siste en la aplicación pura y simple de la ley.

La aplicación de la ley es una dependencia

del poder ejecutivo”. En términos similares

se expresa Mounier, al señalar que “el po-

der judicial es tan solo una emanación del

3 rousseau, Jean-Jacques. El contrato social. Madrid:

Proyecto Ánfora. 2001.

4 Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Madrid: Tecnos.

2002, p. 107.

Anuario 2017 Tribunal Constitucional • 133

poder ejecutivo, que tiene que ponerlo en

actividad y vigilarlo constantemente”5.

Estas ideas, como bien señala Cris-

tóbal Rodríguez, se manifestaron de mu-

chas maneras en nuestro proceso de cons-

trucción constitucional6, de modo que es

posible encontrar en el sistema judicial do-

minicano las ideas del pensamiento revolu-

cionario francés, incluyendo el dogma de

la soberanía de la ley. Un ejemplo de esto

es el artículo 120 de la Constitución de

1844, que establece lo siguiente: “La po-

testad de aplicar las leyes en las causas civi-

les y criminales, pertenece exclusivamente

a los Tribunales, salvo lo que la ley pueda

establecer respecto a algunos derechos po-

líticos”. Por su parte, el artículo 122 señala

que “los Tribunales y Juzgados no pueden

ejercer otras funciones, que las de juzgar y

hacer que se ejecute lo juzgado”. Así pues,

es evidente que en la primera constitución

dominicana, la función jurisdiccional se

encontraba condicionada a la ejecución de

lo establecido en las leyes, por lo que dicha

función se reducía a una actuación mera-

mente ejecutiva.

La constitucionalización de la sobe-

ranía de la ley y, por consiguiente, de la

concepción del juez como un mero ins-

trumento de aplicación de la voluntad

legislativa se mantuvo en nuestro orde-

namiento constitucional hasta 1908. Y

es que la reforma de 1908 le atribuyó a la

Suprema Corte de Justicia la competen-

cia de “decidir en último recurso sobre la

constitucionalidad de las leyes, decretos

5 Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., pp. 553-554.

6 rodríguez, Cristóbal. La tradición francesa en la prime-

ra constitución dominicana. Disponible en: http://acen-

to.com.do/2015/opinion/8297932-la-tradicion-fran-

cesa-en-la-primera-constitucion-dominicana/, última

visita en fecha 9 de agosto de 2016.

y reglamentos en todos los casos que sea

materia de controversia judicial entre las

partes” (artículo 63.5 de la Constitución

de 1908). A partir de ese momento, el po-

der judicial deja de ser un simple aplica-

dor de las reglas abstractas formuladas por

las leyes, pues adquiere la facultad de exa-

minar la inconstitucionalidad de la norma.

Así lo reconoció, en varias ocasiones, la

Suprema Corte de Justicia, al señalar que

“todo tribunal ante el cual se alegue la

inconstitucionalidad de una ley, decreto,

reglamento o acto, como medio de defen-

sa, tiene competencia y está en el deber de

examinar y ponderar dicho alegato como

cuestión previa al resto del caso”7.

Sin embargo, si bien la Constitución

de 1908 es la primera en advertir sobre la

nueva forma de ver la función de los jue-

ces, no es hasta la Constitución de 1994

que comienza a consolidarse el Estado

Constitucional de Derecho en la Repúbli-

ca Dominicana, al dotar a la fórmula de la

supremacía constitucional de herramien-

tas prácticas para su vigencia y, en con-

secuencia,seproduceuncambiosigni-

cativo en la estructura del poder judicial.

Decimos esto, pues la Constitución de

1994 reconoce un conjunto de prerroga-

tivas a favor de los jueces, que otorgan una

nueva connotación a la función jurisdic-

cional. Veamos:

(i) La Constitución de 1994, al con-

sagrar en su artículo 46 que “son

nulos de pleno derecho toda ley,

decreto, resolución, reglamento

o actos contrarios a la Constitu-

ción”, subordina el principio de

legalidad, al que se encontraban

sujetos los órganos del Estado, al

7 SCJ, Sentencia de fecha 16 de diciembre de 1983, B.J.

877.3876.

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principio de constitucionalidad.

Deesta manera,como bienarma

Enrique Álvarez Conde, la Cons-

tituciónsecongura como norma

jurídica suprema, en auténtica

fuente de derecho y delimitado-

ra de las restantes, por lo que esta

aparece como parámetro de validez

del orden normativo legal del Esta-

do8. Esto, como explicaremos más

adelante,conerealosjueceslafa-

cultad de interpretar los preceptos

constitucionales;

(ii) El artículo 63 de la Constitución

de 1994 reconoce la autonomía

administrativa y presupuestaria de

la Suprema Corte de Justicia, órga-

no a través del cual se ejerce el po-

der judicial. De modo que a través

del precitado artículo, la Asamblea

Revisora asegura la capacidad de

autoorganización y autoadminis-

tración de la Suprema Corte de

Justicia, a n de que esta pueda

cumplir con sus obligaciones sin

interferencias de ningún otro po-

der del Estado. De igual forma, se

garantiza la libertad de dicho órga-

no, al momento de elaborar su pre-

supuesto;

(iii) La Asamblea Revisora de 1994

modica la forma de designación

de los miembros de la Suprema

Corte de Justicia, así como de los

demás jueces que conforman el po-

der judicial. Y es que, desde 1844

hasta la reforma de 1994, los nom-

8 Citado por garcía toMa, Víctor. Teoría del Estado y

Derecho Constitucional. Lima: Palestra Editores. 2008,

p. 152.

bramientos de todos los jueces del

poder judicial estaban a cargo del

poder legislativo. Pero, a partir de

la Constitución de 1994, se crea el

Consejo Nacional de la Magistratu-

ra, con la responsabilidad de desig-

nar los jueces miembros de la Su-

prema Corte de Justicia (artículo

64.1). De igual forma, el artículo

67 de esa Constitución reconoce

como una atribución exclusiva de

dicho tribunal “elegir los Jueces de

las Cortes de Apelación, del Tribu-

nal de Tierras, de los Juzgados de

Primera Instancia, los Jueces de

Instrucción, los Jueces de Paz y sus

suplentes, los Jueces del Tribunal

Contencioso Tributario y los Jue-

ces de cualesquier otros tribunales

del orden judicial creados por ley”;

y, por último,

(iv) La reforma de 1994 instaura la

acción directa de inconstituciona-

lidad por ante la Suprema Corte

de Justicia, como una garantía del

principio de constitucionalidad

(artículo 67.1). En cuanto a este

aspecto, la Suprema Corte de Jus-

ticia ha juzgado que “al consagrar

la Asamblea Revisora de la Carta

Magna de 1994 el sistema de con-

trol concentrado de constitucio-

nalidad, y al abrir la posibilidad de

que el Poder Ejecutivo, los presi-

dentes de las Cámaras del Congre-

so Nacional o una parte interesada,

pudieran apoderar directamente a

la Suprema Corte de Justicia para

conocer de la constitucionalidad

de las leyes, es evidente que no se

está aludiendo a la ley en sentido

estricto, esto es, a las disposicio-

Anuario 2017 Tribunal Constitucional • 135

nes de carácter general y abstracto

aprobadas por el Congreso Na-

cional y promulgadas por el Poder

Ejecutivo, sino a la norma social

obligatoria que emane de cualquier

órgano de poder reconocido por la

Constitución y las leyes, toda vez

que el artículo 46 de la Constitu-

ción no hace excepción ni distin-

ción al citar los actos de los poderes

públicos que pueden ser objeto de

una acción en nulidad o inconsti-

tucionalidad”9. De esta manera,

todas las personas y órganos que

ejercen potestades públicas que-

dan sometidos a la Constitución,

por lo que la función del juez muta

a la protección efectiva de los dere-

chos y principios constitucionales.

Estos cambios en la función juris-

diccional responden a los temores de la

sociedad americana sobre el poder om-

nímododellegisladorparamodicarla

Constitución. Para el juez Marshall “hay

solo dos alternativas demasiado claras

para ser discutidas: o la Constitución con-

trola cualquier ley contraria a aquella, o la

legislatura puede alterar la Constitución

mediante una ley ordinaria. Entre tales

alternativas no hay términos medios: o la

Constitución es la ley suprema, inaltera-

ble por medio ordinarios, o se encuentra

al mismo nivel que las leyes, y de tal modo,

como cualquiera de ellas, puede refor-

marse o dejarse sin efecto, siempre que al

Congreso le plazca. Si es cierta la primera

alternativa, entonces una ley contraria a la

Constitución no es ley; si, en cambio, es

9 SCJ, Sentencia de fecha 6 de agosto de 1998, publicada

en “Diez años de jurisprudencia”. República Dominicana.

2007, p. 14.

verdadera la segunda, entonces las cons-

tituciones escritas son absurdos intentos

del pueblo para limitar un poder ilimitable

por naturaleza”.

Frente a esto, la posición asumida por

la Corte Suprema de los Estados Unidos

en la sentencia Marbury v. Madison, de

1803, se resume en lo siguiente: “Si una

ley se opone a la Constitución, si ambas,

una ley y la Constitución, son aplicables

a un caso particular, por lo que el Tribu-

nal debe decidir ese caso de conformidad

con la ley, sin tener en cuenta la Consti-

tución, o de acuerdo con la Constitución,

sin tener en cuenta la ley, el Tribunal

debe determinar cuál de esas normas en

conflicto es aplicable al caso. Esta es la

esencia verdadera de la obligación de los

jueces”10.

En efecto, a partir de Marbury v.

Madison, los jueces dejan de ser simples

repetidores de las disposiciones legales,

pues adquieren la facultad de determi-

nar cuál es la solución más apropiada,

la interpretación más correcta, para ga-

rantizar los derechos y principios cons-

titucionales. Es decir, que se reconoce

la potestad de los tribunales, de contro-

lar las actuaciones de los demás poderes

públicos a través de las declaraciones de

inconstitucionalidad de las leyes, decre-

tos, resoluciones, reglamentos y actos

contrarios a la Constitución, por lo que

la función jurisdiccional, como simple

aplicación de la ley, deja de existir y, en

consecuencia, el poder judicial adquiere

la responsabilidad de garantizar el orde-

namiento constitucional. Sin embargo,

esto no quiere decir que el poder judicial

se sitúa arbitrariamente sobre los demás

10 Muñoz Machado, Santiago. Constitución. Madrid:

Iustel. 2004, p. 52.

136 • Anuario 2017 Tribunal Constitucional

poderes públicos, sino que su función re-

cae en la protección de la supremacía de

la Constitución a la cual quedan someti-

dos todos los poderes del Estado, inclu-

yendo el mismo poder judicial.

Ahora bien, es importante aclarar que

si bien las ideas del juez Marshall se pro-

dujeron en 1803, no es hasta las constitu-

ciones de Weimar y austríaca de 1919 y

1920, respectivamente, que se positiviza

el control judicial de la constitucionalidad

de las leyes. Estas constituciones propul-

saron directamente la formación de las

constituciones contemporáneas, como es

el caso de las latinoamericanas, por lo que

estas heredaron, como una función del

poder judicial, el deber de controlar per-

manente la constitucionalidad del ordena-

miento jurídico. Por esto, en estas nuevas

constituciones, como bien señala Jorge

Reynaldo Vanossi, “queda encerrada la

idea del Estado de Derecho en la realidad

de un Estado Constitucional”11. Esto, sin

duda alguna, es lo que se observa en la

Constitución de 1994, así como en sus re-

formas posteriores.

1. La función jurisdiccional en el Estado

Constitucional de Derecho.

La Constitución del 26 de enero de

2010 reconoce expresamente el Estado

Constitucional de Derecho, al consagrar

la Constitución como norma suprema y

fundamento del ordenamiento jurídico del

Estado (artículo 6). Este artículo coloca

la Carta Magna en una posición jerárqui-

camente superior a las demás normas que

integran el sistema jurídico, de modo que

11 Citado por garcía toMa, Víctor. Teoría del

Estado y Derecho Constitucional. Lima: Palestra

Editores. 2008, p. 153.

el poder judicial tiene el deber de preferir

la Constitución antes que una norma de

rangolegal,cuandosesusciteunconicto

entre la norma legal y un precepto consti-

tucional.

Así lo reconoce el Tribunal Consti-

tucional, al señalar que “el principio de

supremacía constitucional establecido en

las disposiciones del artículo 6 de la Cons-

titución de la República consagra el carác-

ter de fuente primaria de la validez sobre

todo el ordenamiento jurídico dominica-

no, cuyas normas infraconstitucionales

deben ceñirse estrictamente a los valores,

principios, reglas y derechos contenidos

en la Carta Magna. Por tanto, las disposi-

ciones contenidas en la Constitución, al

igual que las normas que integran el blo-

que de la constitucionalidad, constituyen

el parámetro de constitucionalidad de to-

das las normas, actos y actuaciones produ-

cidos y realizados por todas las personas,

instituciones privadas y órganos de los po-

deres públicos”12.

De ahí que la función jurisdiccional

en el Estado Constitucional de Derecho

no solo consiste en aplicar y ejecutar las

leyes, sino que conlleva el deber de garan-

tizar los derechos fundamentales a través

del sometimiento de las actuaciones de

los demás poderes públicos a las disposi-

ciones constitucionales, por lo que en la

actualidad,lafunciónjudicialsecongura

como una verdadera garantía de los dere-

chos e intereses legítimos de los ciuda-

danos. Esta función de garantía judicial,

como bien explica Jorge Prats, se encuen-

tra formulada de manera expresa en el artí-

culo 69 de la Constitución, que consagra

12 TC. Sentencia de fecha 12 de septiembre de 2013, No.

TC/0150/13.

Anuario 2017 Tribunal Constitucional • 137

el derecho fundamental a la tutela judicial

efectiva13.

Es por esta razón que en un Estado

Constitucional de Derecho los jueces no

están condicionados a la aplicación fono-

gráca de las normas, sino que, además,

poseen la facultad de adoptar los medios

más idóneos y adecuados a las necesidades

concretas de protección a cada cuestión

planteada,alosnesde garantizarlaefec-

tiva aplicación de las normas constitucio-

nales y de los derechos fundamentales. En

palabras del Tribunal Constitucional, “una

correcta aplicación y armonización de los

principios de efectividad y de favorabili-

dad, consagrados en los numerales 4) y 5)

del artículo 7 de la Ley No. 137-11, pudie-

ran, en situaciones muy específicas, facul-

tar a que este Tribunal aplique una tutela

judicial diferencial, a los f ines de tomar las

medidas específicas requeridas para salva-

guardar los derechos de las partes en cada

caso en particular”14.

Así las cosas, es evidente que el po-

der judicial no constituye un poder nulo,

como señaló en su momento Montes-

quieu, sino que es el órgano que hace

realidad la supremacía constitucional y,

en consecuencia, la protección de los

derechos fundamentales. Es esta nueva

función del poder judicial que obliga a la

implementación de un conjunto de prin-

cipios éticos que permitan asegurar la

legitimidad de las actuaciones judiciales,

pues, si bien es cierto que la Constitución

otorga la facultad al juez de controlar los

demás poderes públicos y de arrogarse

13 Jorge Prats, Eduardo. Op. cit., p. 559.

14 TC, Sentencias TC/0073/13 del 7 de mayo de 2013;

TC/0064/14 del 21 de abril de 2014; TC/0197/13

del 31 de octubre de 2013; y, TC/0147/15 del 1 de

julio de 2015.

ciertas potestades, en caso de inactividad

de los mismos, no menos cierto es que sus

decisiones deben otorgarse dentro de un

marco de observancia de los parámetros

jadosporlaConstitución.

En definitiva, la nueva función juris-

diccional en el Estado Constitucional de

Derecho no significa en lo absoluto que

el poder judicial no se halle vinculado al

ordenamiento constitucional, sino todo

lo contrario. Al tener una mayor respon-

sabilidad como garante de la supremacía

constitucional, sus funciones deben res-

petar plenamente los derechos fundamen-

tales, los principios y valores constitucio-

nales, así como las atribuciones otorgadas

por el constituyente a los demás poderes

estatales.

Bibliografía:

Jorge Prats, Eduardo. Derecho Constitu-

cional. Volumen II. Santo Domingo:

Ius Novum. 2012.

Montesquieu. Del espíritu de las leyes. Ma-

drid: Tecnos. 2002.

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