El funcionamiento de la justicia

 
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"El funcionamiento de la justicia"

Rosina de la Cruz

El texto de un afiche que figura en casi todos los tribunales y que textualmente dice así:

Misión y Visión del Poder Judicial.

"MISIÓN: Nuestra misión es administrar justicia par resolver conflictos y garantizar los derechos de las personas, consolidar la paz social y el desarrollo de la democracia dentro del marco del Estado de Derecho".

"VISIÓN: Lograr una mejor justicia, compromiso de todos, confiable y coherente, que responda y garantice la seguridad jurídica del ciudadano y el respeto de los derechos humanos". "Nuestra visión se basa en tres aspectos fundamentales":

"Independencia económica y política" "Justicia rápida y eficaz". "Fácil acceso y gratuidad de la Justicia".

Los mercadólogos han impuesto esta forma de exposición pública para las empresas. ¿Tiene el Poder Judicial necesidad de reafirmar con criterios mercadológicos cual es su función en la vida pública y privada de la Nación?

Si a estas alturas de vida republicana no se ha entendido cual es el papel de la función jurisdiccional del Estado, estamos fritos, hay que cerrar el país, porque si al ciudadano promedio, a los abogados y a los jueces hay que hacerle esa lección, ya es tarde para eso.

Pero lo más grave es que es en los tribunales donde esos afiches se encuentran. ¿Qué clase de jueces y abogados tenemos que es necesario recordarles la importancia de la justicia y para que sirve?

Pero finalmente, ¿por qué hay que emplear criterios mercado lógicos en una profesión que es de discreción y reserva? ¡Y que todo el mundo sabe para qué está establecida desde la fundación de la República!

De conformidad con ese anuncio, los tres grandes ejes sobre los que se asienta la justicia son:

  1. Independencia económica y política.

    Este eje, está incompleto, debería ser autonomia económica e independencia política y personal. Entendiendo la autonomia económica como la imposibilidad para el Poder Ejecutivo de introducir modificaciones y/o reducciones a los montos necesarios para el funcionamiento del servicio público de la Justicia y la facultad para la Suprema Corte de Justicia de discutirlas y justificarlas en el Consejo Nacional de Desarrollo, para su aprobación por el Congreso.

    Ahora bien, nuestras propias debilidades institucionales han obligado a incluir en las partidas presupuestarias del Poder Judicial, fondos para la construcción, reparación y equipamiento de los distintos tribunales del país, porque si se deja esa actividad al Poder Ejecutivo, construye edificios infuncionales sin consultar a los que los van a utilizar, con pérdida de espacios útiles, incomodidades, exceso de gastos y lujos impropios de la reserva y discreción de la Justicia, sin que sea necesario para preservarlas, utilizar muebles incómodos y de mala calidad [1].

    La independencia política es relativa, porque como se ha discutido en todos los foros, el órgano que nombra a la Suprema Corte de Justicia es un órgano político, lo que no ha sido obstáculo para que la Suprema Corte de Justicia se haya desligado, con sus excepciones naturalmente, de la servidumbre política.

    Ahora, el eje de la independencia personal de los jueces, que está consagrado en la Ley de Organización Judicial, hay que reforzarlo yeso sólo se consigue cuando la carrera judicial sea una de las opciones de los mejores estudiantes de las Universidades.

    Cuando el estudio del Derecho no sea sólo para ser abogado; que desde jóvenes,

    los estudiantes decidan ser jueces; para lo cual se hace necesario un esfuerzo conjunto de las universidades y la Suprema Corte de Justicia en ese sentido para que no haya como dicen los economistas, una "selección adversa" en la que los que no dan para otra cosa sea el material para ejercer la función jurisdiccional.

    Pero es necesario evitar toda tentación de autoritarismo; que no se hagan denuncias o declaraciones a la prensa respecto de la actuación de los jueces.

    Que no se sancione disciplinariamente a los jueces por dictar una sentencia que desagrade a alguien, salvo que en su elaboración hayan intervenido elementos extrajurídicos, que colidan con la ética y la Ley de Carrera Judicial.

    Que la prensa no sea el termómetro para medir el conocimiento jurídico de un juez.

    Que no se hagan declaraciones públicas de intervención de la Suprema Corte de Justicia, cuando un juez dicta una sentencia.

    Para que los jueces no miren, con miedo, hacia la Suprema Corte cada vez que van a dictar una sentencia.

  2. Justicia rápida y eficaz. Esta es una aspiración que todos tenemos, pero que todavía no se ha convertido en realidad yeso por muchas razones: no se sabe cuantos jueces para cámaras civiles y comerciales se necesitan, porque no se ha hecho el estudio actuarial

    correspondiente, aunque se sabe que por cada seis mil habitantes, se necesita un juez.

    Porque la facultad de crear tribunales corresponde al Poder Legislativo que no le pregunta a nadie donde se necesita una corte de apelación o un tribunal de primera instancia.

    Y por eso encontramos departamentos judiciales que siguen una línea jurídica incoherente y apegada a los intereses de los habitantes del departamento de que se trata.

    Se hace necesaria una coordinación atinada, entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial para evitar disparidades y evitar gastos inútiles, pues hay lugares donde el Juzgado de Primera Instancia lo abren para limpiarlo y donde no se producen conflictos civiles o comerciales, ni hay crímenes que juzgar, que tal vez encuentren mejor solución con jueces itinerantes o con el nombramiento de más jueces en el tribunal de primera instancia en los Distritos Judiciales más grandes para que conozcan de los asuntos litigiosos de los lugares en que se producen menos conflictos.

    También puede considerarse ampliar la competencia del Juzgado de Paz, en los lugares de menor población o menor litigiosidad.

    De igual modo, hay Cortes de Apelación en Departamentos Judiciales en los cuales el volumen de trabajo no justifica la existencia de una Corte de...

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