Gabriel Andrés Podestá Ornes

• Páginas: 197-223

Nació en la ciudad de Santo Domingo, capital de la Repúbli-

ca Dominicana. Eligió el derecho como su profesión, pues

desde muy temprana edad sintió una ardiente pasión por la

justicia, el respeto de las normas y la igualdad. Es una carrera que con-

juga de manera perfecta sus hábitos favoritos: la lectura, la escritura y

la argumentación.

Actualmente, cursa sus estudios en la Universidad Iberoamericana

(UNIBE) y perla su ejercicio profesional futuro en derecho administra-

tivo. Entiende que sin lugar a dudas, a su generación le ha tocado vivir

en días muy retadores, la competencia es más ardua que nunca. Sin em-

bargo, lejos de sentirse desalentado, insta a que todos nos enfoquemos en

prepararnos de forma metódica y fuerte para poder lograr aquellas metas

que nos hemos impuesto, no tan sólo a nivel local sino más aún, buscan-

do trascender y siendo dignos embajadores de nuestra patria.

Gabriel Andrés Podestá Ornes

Pseudónimo: Jean Jacques Rousseau

198

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

“Participar en el Primer Concurso sobre Ensayos

Constitucionales del Tribunal Constitucional de la

República Dominicana signicó una nueva experiencia,

de más está decir que positiva, pues inculcó tanto en mí

como en mis compañeros, el estudio y la investigación

de temas académicos. Además, fue un renacer de la

esperanza en las instituciones de mi patria, pues es de

esta manera que se involucra y se alienta a la juventud a

seguir adelante y a progresar”.

El Tribunal Constitucional

con el propósito de lograr

algo más que un pedazo de papel

Era el eminente jurista Ferdinand Lasalle (2003) quien ex-

presaba en su obra ¿Qué es una Constitución? la realidad

de la existencia de dos postulados constitucionales, con-

trapuestos el uno al otro. Llamó al primero “la Constitución

material”, razonando que esta era el efectivo reparto social del

poder, mientras que ‒opuesta a esta‒ se encontraba “la constitu-

ción formal”, la cual describió como un simple pedazo de papel

y, como tal, simplemente una utopía y cción.1

Esta problemática que presenta la Constitución era tanto

una realidad en la Alemania que vio vivir a Lasalle, como lo es

en República Dominicana, en la cual hoy vivimos y nos desa-

rrollamos como personas. Pero antes de proceder a hacer cual-

quier postulado, es necesario denir la Constitución. ¿Qué es,

en efecto, la Constitución? El doctrinario Riccardo Guastini nos

ayuda a distinguir los signicados otorgados a la palabra: “a) la

Constitución es todo ordenamiento político liberal; b) la Cons-

1 Lasalle, Ferdinand (2003). ¿Qué es una Constitución? Bogotá: Panamericana Editorial.

200

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

titución es un conjunto de normas jurídicas, en cierto sentido

fundamentales, que caracterizan e identican todo ordenamien-

to; c) la Constitución es el documento que tiene ese nombre o

un nombre equivalente; y d) la Constitución es un particular

texto normativo dotado de ciertas características formales”.2 De

tales signicados elementales podemos deducir que la Constitu-

ción rige el ordenamiento de un determinado Estado.

Pero entonces, siendo la Constitución la que expresa de

qué forma debe regirse un Estado, ¿cómo lograr que la mis-

ma sea respetada y que no llegue a convertirse en un pedazo

de papel? Mediante el presente trabajo, pretendemos probar

la necesidad de un Tribunal Constitucional para consagrar y

tornar en realidad el enunciado que encontramos en el sépti-

mo artículo de nuestra Constitución vigente: “La República

Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, or-

ganizado en forma de república unitaria, fundado en el respeto

de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo,

la soberanía popular y la separación e independencia de los po-

deres públicos”.3 Presentaremos apología a la importancia del

Tribunal Constitucional para el desarrollo del Estado social y

democrático de derecho.

Para poder entender de manera cabal la necesidad e impor-

tancia de un pilar incólume como el Tribunal Constitucional

para el desarrollo del Estado social y democrático de derecho,

debemos dar ciertas pinceladas de trasfondo histórico. Es nece-

sario abarcar a priori, el porqué de un tribunal constitucional en

los diversos países del continente europeo.

2 Guastini, R. (2001). Estudios de teoría constitucional. México: UNAM.

3 Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del año 2010.

201

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Si queremos hablar de antecedentes de la jurisdicción cons-

titucional de la libertad, como la ha consagrado el jurista Mauro

Capelletti, es imprescindible mencionar la destacada sentencia

emitida por el juez Marshall, presidente de la Suprema Corte

de los Estados Unidos de América, en el caso Marbury v. Ma-

dison en el año 1803. En la misma se da inicio al denominado

control constitucional, enmarcado bajo el postulado de judicial

review of legislation (revisión judicial de la legislación). Con este

hito, quedaba abierta la facultad a los tribunales de dirimir entre

conictos que se presenten por una ley que sea contraria a la

Constitución.

Pérez Royo (2002) señala que “los tribunales constitucio-

nales nacen en los países donde se hacía difícil el tránsito de Es-

tados liberales a Estados democráticos”.4 Dicho de manera más

llana, a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, los

Estados europeos comenzarían a darse cuenta de la necesidad

que había de crear organismos que controlaran e impusieran lí-

mites a los poderes establecidos y, al mismo tiempo, les proveye-

ran garantías efectivas a los individuos. Ante tal situación, nacen

dos corrientes: el constitucionalismo, posteriormente seguido

del nacimiento de los tribunales constitucionales, y el derecho

internacional de los derechos humanos.5 Es como reacción a un

ambiente y época tan hostil a los derechos humanos, como el de

las guerras mundiales, bajo el cual nacen los tribunales consti-

tucionales. Su misión era salvaguardar los derechos humanos y

ofrecer garantías judiciales palpables a los individuos que sintie-

ran que sus derechos estaban siendo violentados.

4 Pérez Royo, J. (2002). Curso de derecho constitucional. Madrid, Barcelona : Marcial Pons.

5 Tatem Brache, Y. (2012, 16 de mayo). “El Tribunal Constitucional y su rol trascendente”.

Periódico Diario Libre.

202

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

El pionero en cuestión de tribunales constitucionales fue

el destacado jurista Hans Kelsen, quien en su libro ¿Quién debe

ser el defensor de la Constitución? resalta lo siguiente: “Defensor

de la Constitución signica, en el sentido originario del térmi-

no, un órgano cuya función es defender la Constitución contra

las violaciones (…) como toda norma, también la Constitución

puede ser violada solo por aquellos que deben cumplirla”6. Di-

cha declaración vino dada en el contexto de una polémica que

había surgido en la época respecto a cuál poder debería ostentar

la facultad de salvaguardar la Constitución: el Legislativo, el Eje-

cutivo o el Judicial.

Favoreau recuenta de forma magistral cómo fueron surgien-

do los distintos tribunales constitucionales a lo largo del tiempo

en los diversos Estados del mundo. Empieza con la creación del

Tribunal Constitucional checoslovaco y el Alto Tribunal Cons-

titucional de Austria, en el año 1920. Posteriormente, se crea

el Tribunal de Garantías Constitucionales de España en el año

1931; en el año 1948, el Tribunal Constitucional italiano; el

Tribunal Constitucional alemán, en el año 1949 y, el Tribunal

Constitucional yugoslavo en el año 1963. En el continente ame-

ricano, el nacimiento de este tipo de tribunales dilató un poco en

el tiempo. Fue en el año 1979 cuando nació el Tribunal Cons-

titucional de Perú; el chileno en el año 1980; Costa Rica, en el

año 1989, creó la Sala Constitucional de su Suprema Corte de

Justicia, y Honduras en el año 2001.7

6 Kelsen, H. (1995). ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Madrid: Tecnos.

7 Monroy Cabra, M. G. (2004). “Necesidad e Importancia de los tribunales constitucionales

en un Estado social de derecho”. En Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano,

tomo 1. Montevideo: Fundación Konrad Adenauer.

203

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Nos dice el constitucionalista Cristóbal Rodríguez (2011)

que:

(…) la casi totalidad de los países que han trillado el cami-

no de la consolidación democrática y de la vigencia efectiva

del sistema de derechos y libertades fundamentales; donde la

idea de la supremacía constitucional y de razonable equilibro

entre los poderes ha pasado a formar parte de la cotidianidad

política, han tenido en el Tribunal Constitucional una de las

principales fuentes de impulso.8

Esto se puede traducir en entender el Tribunal Constitucio-

nal como una de las principales conquistas del Estado social y

democrático de derecho; aquel que lo concretiza. Aquellos países

donde se ha instaurado este organismo sirven como evidencia

el y segura de esta realidad.

Es que, como bien lo declara el artículo constitucional 184,

al referirse a las decisiones del Tribunal Constitucional: “Sus deci-

siones son denitivas e irrevocables y constituyen precedentes vin-

culantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Por ende, los órganos del Estado se ven obligados y constreñidos a

regirse y acatar las decisiones tomadas por un órgano independien-

te y autónomo como el Tribunal Constitucional. De tal manera,

se vela por la concretización de que las entidades gubernamentales

accionen en el ámbito de lo permitido constitucionalmente. Algo

que, sin lugar a dudas, contribuye signicativamente a la realiza-

ción del Estado social y democrático de derecho.

La importancia de los tribunales constitucionales ha sido

declarada, de manera sintetizada, por algunos de los juristas más

8 Rodríguez Gómez, C. (2011). Constitución comentada, segunda edición. Santo

Domingo: Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

204

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

versados sobre la materia constitucional. Mauro Cappelletti con-

sagra:

Parece que ningún país europeo que salga de alguna forma de

régimen no democrático o de una tensión interna importante

puede encontrar mejor respuesta a la exigencia de reaccionar

contra demonios pasados, y posiblemente para impedir su

vuelta, que la de introducir la justicia constitucional en su for-

ma de Gobierno (…) Esta es la razón por la cual los tribunales

constitucionales se están imponiendo en los países orientales

europeos tras la caída del Muro de Berlín: Polonia, Hungría,

Repúblicas Checas y Eslovaca.9

Por otro lado, el español Javier Pérez Royo (2002) dice acer-

ca de estos:

Son una institución vigorosa, que no solo no se ha difumi-

nado con el paso del tiempo, sino que se ha ido convirtiendo

en una institución cada vez más importante en el Estado

constitucional democrático. En los países europeos que tie-

nen Tribunal Constitucional la historia de la democracia y

la de la justicia constitucional han ido juntas, alimentándo-

se la una de la otra. Esta es la razón por la que el Tribunal

Constitucional es una institución de sólido prestigio, con

una aceptación muy amplia tanto en la opinión especializa-

da como en la opinión pública en general: de hecho, suele

ser una de las instituciones mejor valoradas en todas las en-

cuestas.10

El jurista Eduardo Jorge Prats se reere al respecto en su

edición comentada de la “Ley Orgánica del Tribunal Constitu-

cional y de los Procedimientos Constitucionales”, expresando:

9 Cappelletti, M, en Pérez Royo (2002), p. 923.

10 Pérez Royo (2002).

205

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Este es el máximo y último intérprete de la Constitución, a n

de “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del

orden constitucional y la protección de los derechos funda-

mentales” (artículo 184 de la Constitución). Y es que, si bien

es cierto que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder

Judicial pueden y deben interpretar y aplicar la Constitución,

solo las decisiones del Tribunal Constitucional, en tanto su-

premo intérprete de la Constitución, “constituyen preceden-

tes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos

del Estado” (artículo 184 de la Constitución).11

Las declaraciones mencionadas resaltan la evidente efecti-

vidad de los tribunales constitucionales en aquellos Estados en

donde han sido instaurados; han logrado el propósito para el

cual fueron creados en primer lugar, consolidados como institu-

ciones de freno a los poderes públicos.

La Constitución, al determinar el reparto del poder, nos

ofrece un elemento necesario para poder hablar de Estado como

tal. Es así que debemos entender que el Estado debe ser Estado

de derecho o nada. Las teorías modernas del Estado hablan de

la necesidad de que el Estado sea un Estado de la democracia

y de los derechos fundamentales o, en caso contrario, no sería

Estado.12

Una de las características esenciales que debe tener una

constitución es el elemento de control o limitante al poder. Este

control podrá ser realizable y exigible a través de un órgano es-

11 Jorge Prats, E. (2011). Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales. Santo Domingo: Ius Novum.

12 Vives Antón, T. (2005). Defensa de un pedazo de papel. En Derechos, justicia y Estado

constitucional, Vol. 4, María José Añón y Pablo Miravet Bergón (Eds.). Valencia: tirant

lo Blanch.

206

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

pecializado, la jurisdicción constitucional. La relación existente

entre la Constitución y el Tribunal Constitucional ha sido expli-

cada por Manuel Aragón Reyes (1999):

Hablar de Constitución tiene sentido cuando se la concibe

como un instrumento de limitación y control del poder. Efec-

tivamente, el control es un elemento inseparable del concepto

de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo,

es decir, si se pretende que la Constitución se realice, en ex-

presión bien conocida de Hesse; o dicho en otras palabras,

si la Constitución es norma y no mero programa puramente

retórico. El control no forma parte únicamente del concepto

político de la Constitución, como sostenía Schmitt, sino de

su concepto jurídico, de tal manera que solo si existe control

de actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza

normativa y sólo si forma parte del concepto de Constitución

puede ser entendida ésta como norma.13.

El Tribunal Constitucional es el que hace las normas cons-

titucionales exigibles en la vida cotidiana del ciudadano y de la

ciudadana. La misión ulterior de este organismo es la de permitir

lo consagrado en el artículo 6 de la Constitución dominicana:

asegurar y garantizar la supremacía de la Constitución. Hans

Kelsen, quien ‒lo establecimos anteriormente‒ fue uno de los

pioneros en temas de una jurisdicción especializada constitucio-

nal; decía que “la justicia constitucional desempeña una función

de protección ecaz de la minoría contra el avasallamiento de la

mayoría, cuyo dominio solo es soportable en la medida en que se

ejerce jurídicamente” (p. 924).14 El rol de dicha institución debe

13 Aragón Reyes, M. (1999). Constitución y control de poder. Bogotá: Universidad

Externado de Colombia.

14 Kelsen, H. Citado por Pérez Royo (2002).

207

Ensayos sobre Temas Constitucionales

ser la de establecer los límites y alcances de las acciones de las ins-

tituciones estatales y armadas en el cumplimiento de su deber.15

El Tribunal Constitucional actúa como el interprete último

y máximo de la Constitución sobre cuál debe ser el alcance de las

libertades y derechos conferidos y consagrados en la misma, asi-

mismo debe velar por su preservación,16 mas no único en aque-

llos países que tienen un control de constitucionalidad mixto

como es el caso de República Dominicana.17 Javier Pérez Royo

(2002: 925) ha confeccionado una lista de aquellas característi-

cas que él entiende debe tener todo tribunal constitucional:

1. Como órgano único, en el que se concentra la interpreta-

ción denitivamente vinculante de la Constitución.

2. Como un órgano jurisdiccional, aunque no integrado en

el poder judicial. El hecho de ser un Tribunal que actúa a

instancia de parte y que obtiene información, la procesa y

la traduce en una sentencia, como lo hacen los tribunales

de justicia, se adecua muy bien a su naturaleza defensiva.

3. Su composición tiende a reejar el compromiso entre

la mayoría y la minoría que presidió la aprobación de la

Constitución.

4. Su competencia básica consiste en el control de consti-

tucionalidad de la ley y, por lo tanto, en imponer a la

mayoría parlamentaria que la aprueba el respeto del pacto

constituyente.

5. Sus competencias adicionales van en la misma dirección:

protección de los derechos fundamentales, esto es, defen-

sa del individuo y de la sociedad frente al Estado; protec-

15 Rodríguez Gómez (2011).

16 Rodríguez Gómez (2011).

17 Ver artículos 184 y 188 de la Constitución dominicana, los cuales establecen el control

concentrado en manos del Tribunal Constitucional y el control difuso en manos de los

tribunales que conforman el Poder Judicial.

208

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

ción de la distribución territorial del poder y por lo tanto

de la existencia de minorías territoriales; protección de

la división de poderes, esto es, protección de la sociedad

frente a la concentración indebida de poder en uno de los

órganos del Estado.18

El tercer punto se reere a que este “tiende a reejar el com-

promiso entre la mayoría y la minoría que presidió la aprobación

de la Constitución”; esto lo hace en el apego al sistema demo-

crático. El Estado democrático es aquel que presenta mecanis-

mos para la inclusión de las minorías y para la participación de

estos grupos minoritarios. Al Tribunal Constitucional reejar en

su composición las minorías y las mayorías, se adhiere al tipo de

Estado bajo el cual ha sido diseñado: un Estado democrático.

Ha llegado a ser enmarcado dentro de un carácter me-

ramente negativo, pues se encarga de sacar del ordenamiento

aquellas leyes, decretos, reglamentos y normas que contravengan

disposiciones constitucionales.

El control de normas es la única competencia natural del Tri-

bunal Constitucional, esto es, la única competencia que tie-

nen todos los tribunales constitucionales sin excepción (…) el

control de normas es una competencia general, una conditio

sine qua non para la existencia del órgano. Dicho en otras pa-

labras: el Tribunal Constitucional nace para garantizar la su-

premacía de la Constitución frente a la ley. Se trata, por tanto,

de la única competencia que el Tribunal Constitucional no

puede no tener. 19

18 Pérez Royo (2002).

19 Pérez Royo, J. (2010). Curso de derecho constitucional, duodécima edición. Madrid:

Marcial Pons.

209

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Sin embargo, su rol no se limita a este ámbito negativo,

pues tiene un rol positivo preponderante, ya que sirve como

garantía efectiva a la Constitución y de la vigencia del Estado

democrático y social de derecho. Es un intérprete de la Consti-

tución, determinando su real signicado y alcance. Dice Pérez

Royo: “(…) diseñar un instrumento, a n de imponer a los po-

deres del Estado desde el exterior, por así decirlo, el respeto a la

voluntad del constituyente. En esto, en última instancia, es en lo

que consiste el Tribunal Constitucional”.20

Ahora bien, conviene, antes de continuar, dar una deni-

ción amplia y cabal de lo que quiere decir que un Estado sea

democrático, social y de derecho. El jurista constitucionalista

Eduardo Jorge Prats nos presenta el punto neural de este tipo de

Estado contentivo de estos tres caracteres, al comentar el artículo

7 de la Constitución:

La fórmula del Estado social y democrático de derecho indica

que el Estado no sólo está basado en el respeto de los derechos

fundamentales y la separación e independencia de los poderes

(Estado de derecho) ni en la soberanía popular (Estado de-

mocrático) sino que también procura el respeto a la dignidad

humana, que solo puede lograrse allí donde se remueven los

obstáculos a la plena igualdad de todos los dominicanos, lo

cual implica sobre todo la garantía de los derechos sociales y la

referencia social de todos los derechos fundamentales (Estado

social).21

Estos tres elementos se han desarrollado a lo largo de la his-

toria de la humanidad; primero aparece el Estado de derecho,

20 Pérez Royo (2010)

21 Jorge Prats, E. (2011). Constitución comentada, segunda edición. Santo Domingo:

FINJUS.

210

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

luego surge el Estado democrático y, por último, ha surgido el

Estado social.

El movimiento constitucionalista, como tal, nace con el

constitucionalismo liberal, tanto en el continente americano

como en el europeo, con las sucesivas revoluciones norteameri-

canas en 1776, y la francesa en el 1789.22 De conformidad con

este movimiento liberal, la Constitución debe contener como

mínimo: una ordenación sistemática y racional de la comunidad

política a través de un documento escrito y en este se deben de-

clarar las libertades y los derechos, así como jarse los límites al

poder político.23 Básicamente, enmarca el respeto a los derechos

fundamentales del ciudadano, enunciado en el documento cús-

pide de la Revolución francesa: La Declaración de los Derechos

del Hombre y del Ciudadano, y se aferra a la teoría de Locke y

Montesquieu, en cuanto a la separación de poderes. Así nace el

Estado de derecho.

El Estado democrático inicia a la par del derecho al sufra-

gio. Se les otorga la facultad a los ciudadanos y a las ciudadanas

de elegir a sus representantes en el gobierno. Entonces, la fun-

damentación del Estado pasa a reposar en la soberanía popular.

Ante la crisis que sufre históricamente el Estado democrático,

desembocando en la Segunda Guerra Mundial, surge el Estado

social.24

El Estado liberal ‒esto es democrático y de derecho‒ es

esencialmente un Estado abstencionista, pues no realiza ningu-

22 Jorge Prats, E. (2010). Derecho constitucional, volumen 1, tercera edición. Santo

Domingo: Ius Novum.

23 Gomes Canotilho, J. (2000). Direito Constitucional e Teoria da la Constitucao. Coimbra:

Almedina.

24 Garrorena, A. (1984). El Estado español como Estado social y democrático de derecho.

Madrid: Tecnos.

211

Ensayos sobre Temas Constitucionales

na acción positiva para garantizar los derechos sociales y eco-

nómicos a los estratos sociales más desfavorecidos, sino que se

limita a no interferir25y a abrir la posibilidad del derecho a la

propiedad privada. Las constituciones de Querétaro, en 1917, y

de Weimar, en 1919, son las primeras en enunciar tal cosa como

un constitucionalismo social. Se va introduciendo, entonces, la

necesidad de que el Estado intervenga con el n de asegurar los

derechos sociales y económicos. El Estado debe regular e inter-

venir en la economía, a los nes de lograr una igualdad real.

Ahora bien, en su obra magistral El costo de los derechos, los

constitucionalistas modernos Stephen Holmes y Cass Sunstein

(2011) presentan su argumento de que no hay tal cosa como

derechos que no requieran de la intervención social del Estado.26

La realización plena de los derechos sólo puede llegar a darse

cuando existe una inversión estatal. Tanto los denominados de-

rechos de primera generación como los de segunda generación,

se nutren del aporte económico que se les dedique. Su enuncia-

do esencial es que “los derechos cuestan”; el derecho a la libertad

requiere de una entidad policial atenta a cualquier agelo que

pudiera surgirle a este, así como el derecho a la educación re-

quiere de construcción de escuelas y capacitación de maestros.

De la determinación detallada provista sobre los caracteres

que conforman el Estado social y democrático de derecho, se

puede llegar a una conclusión bastante certera en cuanto al rol

del Tribunal Constitucional para garantizar que este sea una rea-

lidad. Debe ser la jurisdicción encargada de garantizar la división

y freno a los poderes, de asegurar el respeto a la soberanía popu-

25 Jorge Prats. (2010).

26 Holmes, S. & Sunstein, C. (2011). El costo de los derechos. Buenos Aires: Siglo veintiuno

Editores.

212

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

lar, así como determinar que el cumplimiento de las disposicio-

nes constitucionales que versan sobre derechos humanos requie-

re de un aporte económico del Estado. Por dicha razón, resulta

importantísima la disposición del artículo 184 constitucional, al

establecer que las decisiones de este tribunal serán vinculantes

para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

El tratadista Eduardo Álvarez Conde hace consideracio-

nes de gran importancia sobre la naturaleza de los tribunales

constitucionales, desde el momento en que empezó su surgi-

miento. Nos dice que:

• La justicia constitucional surge como reacción ante la

crisis del concepto clásico de la Constitución. Se acepta

que la Constitución deje de ser una simple declaración de

principios y se convierta directamente en aplicable.

• La justicia constitucional es consecuencia del principio

de la supremacía de la Constitución, por lo cual la doc-

trina ha dicho que solo es posible en aquellos sistemas

políticos dotados de Constitución rígida.

• La justicia constitucional debe ser considerada como una

manifestación del Estado de derecho, en cuanto supone

la consagración del principio de legalidad constitucional,

la tutela de los derechos y libertades y la aceptación del

principio de división de poderes, tanto en su aspecto ho-

rizontal como vertical.27

Las acotaciones recién citadas son merecedoras de un aná-

lisis profundo por separado. En primer lugar, y como ya hemos

establecido a priori, la reacción que dio lugar a la creación de tri-

bunales constitucionales en diversas partes del mundo, buscaba

27 Álvarez Conde, E. (2000). Curso de derecho constitucional, volumen II, tercera edición.

Madrid: Tecnos.

213

Ensayos sobre Temas Constitucionales

eliminar aquella antigua concepción de la Constitución como

un simple pedazo de papel y hacer que las disposiciones cons-

titucionales fueran respetadas y fueran aplicables. Como bien

señala Pérez Royo (2010):

(…) la anomalía histórica que está detrás de él (el Tribunal

Constitucional) es una anomalía democrática o, mejor dicho,

una anomalía en el proceso de transición a la democracia en

determinados países. Por eso, el Tribunal Constitucional no

existe en todos los países europeos, sino únicamente en aque-

llos que tuvieron excepcionales dicultades para transitar del

Estado liberal del siglo  al Estado democrático del siglo

.28.

El Tribunal Constitucional busca desarraigar aquellos vesti-

gios existentes de autoritarismo y monarquía que imperaban en

la sociedad y mentalidad de los siglos  y anteriores, y susti-

tuirlos ‒en su lugar‒ por ideas y razonamientos democráticos y

de derecho.

Por segunda parte, el segundo elemento mencionado por

Álvarez Conde es el de lograr la supremacía de la Constitución.

Elemento este de vital importancia, pues el artículo sexto de la

Constitución dominicana expresa que “todas las personas y los

órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Cons-

titución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurí-

dico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto,

resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.29

Como bien señala al respecto Jorge Prats en su comentario a

dicho artículo: “el pueblo que se ha dotado a una Constitución,

28 Pérez Royo (2010)

29 Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del 2010, Art. 6.

214

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

está sometido a ella (…). Por eso, en un Estado con Consti-

tución normativa, el único soberano es la Constitución”.30 Es

decir, que una vez se declara que la Constitución es la norma

suprema, ella misma se autolegitima, la democracia ha decidido

ponerse bajo su imperio. El Tribunal Constitucional viene a ser

guardián de esta supremacía, a servir como ente asegurador del

efectivo imperio y respeto a la Constitución.

El tercer punto señalado por Álvarez Conde es que el Tri-

bunal Constitucional es una manifestación del Estado de de-

recho, pues asume la tutela de los derechos y la división de los

poderes. Y es que, efectivamente, como se ha venido diluci-

dando, el Tribunal Constitucional cumple con la función de

asegurar a la ciudadanía que se le respetarán sus derechos y

que, en caso contrario, tiene una jurisdicción constitucional a

la cual acudir. Este punto se ve resaltado con las declaraciones

que emitieron algunos de los jueces integrantes del Tribunal

Constitucional dominicano en días recientes. El presidente del

mismo, Milton Ray Guevara, expresó “que la ciudadanía sabe

que no se le pueden violar impunemente sus derechos funda-

mentales, porque ya la gente sabe donde tiene que ir”. Por su

parte, la magistrada Ana Isabel Bonilla declaró: “El Tribunal

Constitucional no es una justicia élite encerrada en una bur-

buja para conocer los casos de los altos intereses, porque esta-

mos para servir desde el ciudadano más humilde en la reivin-

dicación de sus derechos hasta el más encumbrado. Queremos

hacer realidad de que real y efectivamente los ciudadanos son

iguales ante la ley”.31

30 Jorge Prats (2011). Constitución comentada.

31 Declaraciones recogidas por el periódico El Caribe, de fecha 3 de noviembre de 2012,

p. 6.

215

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Ahora bien, la jurisdicción constitucional no puede igno-

rar que detrás de ella existe un proceso de legitimación políti-

ca. Existe una realidad política que ha venido a ser organizada

por la Constitución y sobre la cual, muchas veces, deberá emi-

tir decisión el Tribunal Constitucional. El hecho de que se le

presenten problemas políticos no signica que los mismos no

puedan ser resueltos de forma jurídica. Es Francisco Tomás y

Valiente quien se ha referido a la temática de la política y su

relación con la jurisdicción constitucional; el mismo expresa

que:

La realidad política es conictiva y el Tribunal Constitucio-

nal, que resuelve en forma jurídica conictos de contenido

siempre político, no puede hacerse nunca la ilusión de estar

situado, ante la opinión pública, por encima de contiendas

que él mismo ha de juzgar. Su posición es eminente, la propia

de un juez. Pero su imparcialidad objetiva y la independencia

de criterio de sus magistrados no son garantía intangible a los

ojos de muchos, porque afectando sus resoluciones a temas

claves de la organización del Estado y de la esfera de libre

acción de los ciudadanos en la sociedad, es inevitable que los

conictos salpiquen al órgano que las resuelve. Lo esencial es

que la politización del litigio jurídico y del paralelo debate

social no inuya en la resolución del Tribunal. Lo imposible

es que la sentencia, adoptada con plenitud de independencia,

satisfaga a todos los contendientes, es decir, a quienes litiga-

ron como partes procesales y a quienes lo hicieron libre, pero

desinteresadamente, en el gran foro de los medios de comu-

nicación.32

32 Tomás y Valiente, F. (1999). “La Constitución y el Tribunal Constitucional”. En La

jurisdicción constitucional en España, Tribunal Constitucional. Madrid: Centro de Estudios

Constitucionales, Citado por Monroy Cabra, M. (2004) en “Necesidad e importancia

de los tribunales constitucionales en un Estado social de derecho” (Anuario de Derecho

Constitucional Latinoamericano, tomo 1. Montevideo: Fundación Konrad Adenauer).

216

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

En su trabajo “Necesidad e importancia de los tribunales

constitucionales en un Estado social de derecho”33, Marco Mon-

roy Cabra aborda las características del Tribunal Constitucional,

a la par con las misiones que este debe proponerse. Ambos aspec-

tos son recogidos en la siguiente cita:

a. Deende la Constitución. Ha dicho la doctrina que

Constitución y Tribunal Constitucional son categorías

interdependientes.34 García Enterría35 arma que una

Constitución sin Tribunal Constitucional que imponga

su interpretación y la efectividad de la misma en los casos

cuestionados es una Constitución herida de muerte.

b. La justicia constitucional vela por la protección de los de-

rechos fundamentales de las personas y el sistema demo-

crático.

c. El Tribunal Constitucional vela por el mantenimiento del

núcleo duro de los derechos fundamentales que garantiza

en condiciones de igualdad la Constitución.

d. La justicia constitucional es uno de los elementos esencia-

les del Estado de derecho que hoy conlleva el principio de

constitucionalidad, porque la Constitución es la norma

suprema. Van Der Meersch36 ha señalado: no existe Esta-

do de derecho sin Tribunal Constitucional.

e. La justicia constitucional es un poder de cierre del propio

sistema. La justicia constitucional garantiza la supremacía

de la Constitución. Además, se asegura la limitación y

sujeción del poder al derecho.

33 Monroy Cabra, M. (2004). “Necesidad e importancia…”.

34 Leibholz, G. (1964). Conceptos fundamentales de la política y teoría de la Constitución.

Madrid: Instituto de Estudios políticos. Citado por Monroy Cabra en “Necesidad e

importancia”.

35 García Enterría, E. (1985). La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional.

3ra. edición. Madrid: Civitas.

36 Van Der Meersch, W.J. (1986). Prefacio de Droit Public de Velu, J. (Bruselas: Bruylant).

217

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Si vamos a abogar por un órgano que garantice la Consti-

tución, debemos entender la misma como la normativa que se

encuentra en la cúspide de la pirámide kelseniana, es la norma

suprema, llamada a empapar todas las demás normas que por

vía de consecuencia son inferiores. Decía el mismo Kelsen, sin

embargo, que “la Constitución expresa, jurídicamente, el equili-

brio de las fuerzas políticas en un momento determinado”.37 Es

decir, consagra el principio de división de los poderes. Pero en

el Estado democrático esta división no signica separación, sino

más bien, control de uno sobre el otro.

Bajo este entendimiento, la función del Tribunal Consti-

tucional es la de hacer que se respete ese equilibrio de fuerzas

que ha determinado el constituyente y al consagrar la división

de poderes, velar porque la misma sea real. Busca preservar el

equilibrio de poderes y las atribuciones que se le han conferido

constitucionalmente a cada uno de estos.

La existencia de un Estado de derecho presupone la limi-

tación de poder, la garantía de los derechos fundamentales y la

supremacía de la Constitución. El Tribunal Constitucional es

el órgano encargado de garantizar los propósitos del Estado de

derecho. En virtud de esto, el presidente del Tribunal Constitu-

cional de España, Manuel García Pelayo, armó que la función

de este tribunal es la de “perfeccionar la vigencia del Estado de

derecho en el que se constituye la nación española”.38

Por otra parte, resulta necesario analizar los efectos de las sen-

tencias emitidas por el Tribunal Constitucional con la nalidad

37 Kelsen, H. (1928). “La garantie jurisdictionelle de la Constitution (la justice

constitutionelle)”. En Revue de Droit Public et de la Science politique en France et a

l’Etranger, Vol. 45, París.

38 García Pelayo, M. (1981). El status del Tribunal Constitucional. En Revista Española de

Derecho Constitucional, No. 1, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

218

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

de convencernos de la importancia neurálgica del mismo para el

desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Sus efectos

normativos son tres: efecto erga omnes, efecto de la cosa juzgada y

efecto de vinculación en relación con los poderes públicos.

El efecto erga omnes quiere decir que las sentencias del Tri-

bunal Constitucional surten efecto hacia todas las personas, no

como suele pasar en los juicios ordinarios donde la decisión solo

produce efectos inter partes. Sus decisiones tienen fuerza de ley,

porque actúa como un verdadero destructor de leyes.39 Una vez

el Tribunal ha decidido, declarando la inconstitucionalidad de

una ley, la misma no puede ser insertada de nuevo dentro del

ordenamiento jurídico.

El efecto de la cosa juzgada va de la mano con esto último. Este

carácter se le atribuye a la parte dispositiva de la sentencia, quedan-

do, entonces, prohibido volver a litigar sobre lo declarado por el juez

constitucional mediante sentencia. Toda vez que el objeto asunto de

controversia ha quedado decidido, no puede volvérsele a plantear

al Tribunal Constitucional. Esto solo ata al Tribunal en cuanto a la

parte dispositiva de la sentencia y no a las motivaciones en sí, pues

entonces el mismo Tribunal no pudiera cambiar su jurisprudencia y

esto echaría por el suelo la función creadora e integradora del Tribu-

nal Constitucional e impediría la actualización de la Constitución

por la vía de la jurisdicción constitucional.40

Al respecto de estos dos efectos recién explicados, debe de-

ducirse que el Tribunal Constitucional ejerce un poder extraor-

dinario41 porque:

39 Jorge Prats, E. (2010).

40 Jorge Prats, (2011).

41 Jorge Prats, (2010).

219

Ensayos sobre Temas Constitucionales

A diferencia del juez ordinario, no solo puede enjuiciar leyes,

sino que el fundamento jurídico de sus sentencias representa

una forma de legislación; pero, al mismo tiempo, a diferencia

del legislador, que tan solo dicta enunciados normativos, el

Tribunal se comporta como un verdadero juez; esto es, in-

terpreta y argumenta. Si puede decirse así, la justicia consti-

tucional dicta sentencias con fuerza de las leyes y leyes con el

alcance interpretativo de las sentencias.42

Sobre el último de los efectos, relativo a su vinculación con

los poderes públicos, toda vez que un asunto ha quedado decidi-

do por el Tribunal Constitucional, su decisión es de obligatoria

aplicación para los poderes públicos. Nos dice el jurista Cristóbal

Rodríguez,43 reriéndose a la envergadura de esta tarea, citando

a su vez a Hart, que “un tribunal supremo tiene la última palabra

al establecer qué es derecho y, después que lo ha establecido, la

armación de que el Tribunal se equivocó carece de consecuen-

cias dentro del sistema”44; de ahí que dicha facultad tan amplia

debe ser ejercida con extrema cautela y aferrándose en todo mo-

mento a los principios y normativas constitucionales.

El Estado social y democrático necesita de un pilar incó-

lume que sea su aliado procurando el desarrollo de este y qué

mejor que el Tribunal Constitucional, encargado de la interpre-

tación constitucional, así como de garantizar la supremacía de

ésta. Es la misma Constitución la que declara, en su artículo 7,

que la República Dominicana es un Estado social y democrático

de Derecho; el resto de las disposiciones constitucionales se ven

42 Betegón, J. et al. (1997). Lecciones de teoría de derecho. Madrid: McGraw Hill. Citado

por Jorge Prats (2010).

43 Constitución comentada. Segunda edición. Santo Domingo: FINJUS. Artículo 184.

44 Hart, H.L.A. (1961). El concepto del derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

permeadas por esta, por lo cual podemos concluir que como el

Tribunal Constitucional está llamado a garantizar la supremacía

constitucional, por vía de consecuencia también tiene la tarea

de asegurar que República Dominicana dirija sus pasos hacia el

acercamiento, cada vez más, al Estado social y democrático de

derecho que arma ser.

La jurisdicción constitucional garantiza tangiblemente que

la Constitución se torne en más que un simple pedazo de papel.

Aquella frase célebre con la cual comenzamos, citada contem-

poráneamente por el doctor Joaquín Balaguer, debe ser nuestro

mayor temor. La Constitución se concretiza, se vuelve “realiza-

ble” cuando va de la mano con el Tribunal Constitucional. Este,

pues, es el que permite un pleno desarrollo del Estado social y

democrático de derecho, al ser sus decisiones vinculantes con los

poderes públicos y teniendo estas un efecto erga omnes.

Me permito concluir con aquella frase del presidente de la

Corte Suprema de los Estados Unidos, Charles Evans Hughes,

emitida en el contexto de la necesidad de una instancia que de-

termine el signicado del derecho en caso de controversia: “vivi-

mos bajo una Constitución; mas, la Constitución es lo que los

jueces dicen que es”.45

45 Carrillo Flores, J. A. (1971). La Suprema Corte de los Estados Unidos. México: Fondo

de Cultura Económica. Citado por Cristóbal Rodríguez en la Constitución comentada

de la FINJUS.

Bibliografía

Álvarez Conde, E. (2000). Curso de derecho constitucional, volumen II,

tercera edición. Madrid: Tecnos.

Aragón Reyes, M. (1999). Constitución y control de poder. Bogotá:

Universidad Externado de Colombia.

Betegón, J. et al. (1997). Lecciones de teoría de derecho. Madrid: McGraw-

Hill.

Carrillo Flores, J. A. (1971). La Suprema Corte de los Estados Unidos.

México: Fondo de Cultura Económica.

Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero

del año 2010.

Constitución de la República Dominicana comentada (2011), segunda

edición. Santo Domingo: Fundación Institucionalidad y Justicia

(FINJUS).

García Enterría, E. (1985). La Constitución como norma y el Tribunal

Constitucional. 3ra. edición. Madrid: Civitas.

García Pelayo, M. (1981). “El status del Tribunal Constitucional”. En

Revista Española de Derecho Constitucional, No. 1. Madrid: Centro

de Estudios Constitucionales.

Garrorena, A. (1984). El Estado español como Estado social y democrático

de derecho. Madrid: Tecnos.

222

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Gomes Canotilho, J. (2000). Direito Constitucional e Teoria da la

Constitucao. Coimbra: Almedina.

Guastini, R. (2001). Estudios de teoría constitucional. México: UNAM.

Hart, H.L.A. (1961). El concepto del derecho. Buenos Aires: Abeledo-

Perrot.

Holmes, S. & Sunstein, C. (2011). El costo de los derechos. Buenos

Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Jorge Prats, E. (2011). Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Santo

Domingo: Ius Novum.

Jorge Prats, E. (2010). Derecho constitucional, volumen 1, tercera edición.

Santo Domingo: Ius Novum.

Kelsen, H. (1928). “La garantie jurisdictionelle de la Constitution (la

justice constitutionelle). En Revue de Droit Public et de la Science

politique en France et a l’Etranger, Vol. 45, París.

Kelsen, H. (1995). ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? Madrid:

Tecnos.

Lasalle, F. (2003). ¿Qué es una Constitución? Bogotá: Panamericana

Editorial.

Leibholz, G. (1964). Conceptos fundamentales de la política y teoría de la

Constitución. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.

Monroy Cabra, M. G. (2004). “Necesidad e importancia de los tribunales

constitucionales en un Estado social de derecho”. En Anuario de

Derecho Constitucional Latinoamericano, tomo 1. Montevideo:

Fundación Konrad Adenauer. UNAM.

Pérez Royo, J. (2002). Curso de derecho constitucional. Madrid, Barcelona:

Marcial Pons.

Pérez Royo, J. (2010). Curso de derecho constitucional, duodécima edición.

Madrid: Marcial Pons.

Prieto Sanchís, L. (2009). Justicia constitucional y derechos fundamentales,

segunda edición. Madrid: Trotta.

Tatem Brache, Y. (2012, 16 de mayo). El Tribunal Constitucional y su rol

trascendente. Periódico Diario Libre.

223

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Tomás y Valiente, F. (1999). “La Constitución y el Tribunal Constitucional”.

En La jurisdicción constitucional en España, Tribunal Constitucional.

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.

Van Der Meersch, W. J. (1986). Prefacio de Droit Public de Velu, J.

Bruselas: Bruylant.

Vives Antón, T. (2005). “Defensa de un pedazo de papel”. En Derechos,

justicia y Estado constitucional, Vol. 4, María José Añón y Pablo

Miravet Bergón (Eds.). Valencia: Tirant lo blanch.