En la guerra, la verdad es la primera baja. Juan Miguel Castillo Pantaleón, www.almomento.net

• Páginas: 231-238

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EN LA GUERRA, LA VERDAD ES

LA PRIMERA BAJA*

La frase con que se titulan estas líneas, atribuida al senador

norteamericano Hiram Johnson y dicha hace más de un siglo,

calza perfectamente en toda situación en la que a propósito de un

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versión creada y no acerca de la realidad. Es una técnica dialéctica

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A propósito de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional

sobre nacionalidad, ha resultado alucinante observar cómo un

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masas, han arrastrado a la discusión, cuando no el “debate” sobre

la sentencia, para que gire alrededor de la versión distorsionada

del contenido de la misma.

Para el éxito de su estrategia, cuentan con dos grandes aliados:

la ignorancia y la premura a que nos somete la vida contemporánea.

La primera tiene su origen en una condición que afecta a la masa;

la segunda, de las consecuencias de la vida moderna, que nos

obliga a las urgencias inmediatas. Como el tiempo no alcanza para

leerse una sentencia de 101 páginas, el ciudadano promedio, el

que sabe leer y lee periódicos impresos o digitales, que de por sí

es una minoría, entre redes sociales y el torrente de “versiones”

que inundan la radio y la televisión, apenas puede escapar de

la manipulación. Otros les instruyen sobre qué ver. La versión,

pues, sustituye la realidad. Una morralla en la que caben todos:

ingenuos y no tan ingenuos. Por ello, repito, resulta alucinante

leer, ver y escuchar todo este ruido en el que la verdad, como dijo

Hiram Johnson, ha sido la primera baja. Por ello, coloquemos unas

gotas de colirio en los ojos y reparemos en los hechos y realidades.

* Castillo Pantaleón, Juan Miguel. Publicado en almomento.net, el 27 de

octubre de 2013.

27 DE OCTUBRE DE 2013

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LA SENTENCIA 168-13. ANTOLOGÍA DE UNA DEFENSA ESENCIAL

Diez mentiras: Basta con leer o escuchar esta ofensiva de

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y falacias, que pueden ser resumidas en las siguientes:

1. La sentencia aplica retroactivamente la ley; 2. La sentencia

“desnacionaliza” dominicanos; 3. La sentencia convierte en

apátridas a los haitianos nacidos en RD; 4. La decisión es

contraria a la Constitución y a la Ley Orgánica del TC porque

su decisión en materia de amparo es contraria a los derechos

humanos de la peticionaria, quien “salió peor de lo que entró”;

5. La sentencia desafía el efecto vinculante de las decisiones de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); 6.La CIDH

puede “revocar” la sentencia del TC y reconocer la nacionalidad

dominicana de los hijos de extranjeros ilegales nacidos en RD; 7.

La sentencia vulnera derechos humanos de todos los haitianos

nacidos en RD por el efecto vinculante y extensivo a otras

personas en similar situación; 8. La sentencia afecta a cientos de

miles de personas;9. La sentencia producirá expulsión masiva de

personas;10. La sentencia desnacionaliza al extinto líder político

José Francisco Peña Gómez y a todos los hijos de inmigrantes.

Diez verdades: Estas falacias resultan trituradas por los

siguientes hechos y realidades incontestables:

1. No hay retroactividad en una sentencia que lo que hace

es determinar la ley aplicable en el momento en que surge el

derecho reclamado. Desde el año 1929 y de forma invariable,

el texto constitucional ha establecido, MUY CLARAMENTE,

que la NACIONALIDAD DOMINICANA POR NACIMIENTO

NO LE CORRESPONDE A LOS HIJOS DE EXTRANJEROS

EN TRÁNSITO. Si el reclamante nació hijo de personas en

tránsito en el país con posterioridad al año 1929, sencillamente

NUNCA HA SIDO DOMINICANA POR JUS SOLIS. Cuando una

sentencia establece que al momento de su nacimiento el marco

legal vigente no le atribuye derecho a la nacionalidad, no hace

más que DECLARAR una situación conforme a la Constitución

y a la ley de entonces, NO CONSTITUIR UNA SITUACIÓN

NUEVA, por lo que NO CABE AQUÍ HABLAR DE APLICACIÓN

RETROACTIVA DE LA LEY.

2. La sentencia no “desnacionaliza” a nadie. TODA

PERSONA DE PADRES CONOCIDOS TIENE DERECHO A LA

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27 DE SEPTIEMBRE DE 2013

NACIONALIDAD DE SUS ORÍGENES. TODA la jurisprudencia

de la Suprema Corte de Justicia en materia de Casación, así como

en materia constitucional, ha establecido claramente que se

considera “extranjero en tránsito” a TODO EXTRANJERO QUE

HA INGRESADO O NO HA SIDO DOTADO DE RESIDENCIA

LEGAL EN RD, LO CUAL INCLUYE A LOS INMIGRANTES

ILEGALES. Por lo tanto, a la peticionaria o cualquier hijo

de extranjeros en igual circunstancia no les corresponde la

nacionalidad dominicana por jus solis. El hecho de ser dotado

de un acta de nacimiento que contenga menciones irregulares o

contrarias a la ley o el hecho de la permanencia prolongada en

el territorio nacional no atribuye la nacionalidad dominicana, ya

que la ilegalidad, la irregularidad documentaria o la permanencia

ilegal no generan derechos. Lo ilegal no genera lo legal.

3. No existe posibilidad de apatridia cuando no se concede

indiscriminadamente la nacionalidad dominicana al hijo de

extranjero en tránsito nacido en RD. Si los padres de nacido en

RD son conocidos, esa persona en modo alguna queda apátrida,

puesto que tiene derecho a la nacionalidad de sus padres por

jus sanguinis. En el caso haitiano, como en el caso de muchos

otros extranjeros, su Constitución, al igual que la dominicana,

privilegia el jus sanguinis. Es un principio de sujeción perpetua

que conecta al individuo al Estado de sus ascendientes. La regla

queda claramente establecida en el art. 20.2 de la Convención

Americana de Derechos Humanos: “ 2. Toda persona tiene derecho

a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene

derecho a otra.” Una interpretación contraria a este texto conduce

a violar el derecho del hijo de extranjero a quien se le impondría

otra nacionalidad, potencialmente supresora de su derecho a la

nacionalidad de sus padres en caso de que su Constitución de

origen no permita la doble nacionalidad, lo cual es contrario a

lo dispuesto en el art. 20.3 del la misma Convención: “3. A nadie

se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a

cambiarla.”

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la sentencia del TC es contraria los derechos humanos de la

peticionaria, porque alegadamente salió del procedimiento de

amparo “peor de lo que entró”, uno se pregunta si quienes lo

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LA SENTENCIA 168-13. ANTOLOGÍA DE UNA DEFENSA ESENCIAL

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fue rechazada su acción de amparo por el primer juez, el cual

se negó ordenar que le entregaran su acta de nacimiento en la

Junta Central Electoral) el TC revocó la sentencia y ordenó a la

Junta entregársela, no obstante adolecer de irregularidades.

Fue complacida. Pero si la pretensión era que la reconocieran

como dominicana, (aunque constitucional y legalmente no le

corresponde esa nacionalidad), alegando que “si no, le violan

derechos humanos”, es preciso preguntarse, entonces: ¿Ser

haitiano es un perjuicio? ¿Ser haitiano es inhumano? Queda,

pues, un sustrato de desprecio y prejuicio por la nacionalidad

haitiana escondido en esa indigna presunción.

5. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) no tienen efecto vinculante en el Derecho

Interno dominicano. El Senado de la República ha expedido

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NUNCA HA RATIFICADO EL RECONOCIMIENTO DE LA

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internacionales o las declaraciones de tales compromisos son una

atribución exclusiva del Poder Legislativo. Tanto la Convención

de Derecho de los Tratados de la Habana, como la de Viena, son

claras en establecer que la competencia para declarar la sujeción

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designados por el derecho interno. La RD nunca debió sentarse

en el banquillo de la CIDH y esta es la hora en que aún sigue

victimizada ante ese foro que no es reconocido siquiera por sus

principales sustentantes económicos, los Estados Unidos de

Norteamérica y Canadá y que una gran cantidad de países de

América tampoco la reconoce, como lo son Venezuela, Jamaica,

Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Guyana,

San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Esta jurisdicción ha sido denunciada como un escenario de

hegemonía política regional, lo que ha provocado también el

anuncio de retiro de su reconocimiento por el Ecuador y Bolivia,

tal como en su momento hizo Perú.

6. Decir que la CIDH va a “revocar” la sentencia del TC y

decidir sobre la nacionalidad dominicana es desconocer los

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principios más elementales del Derecho Internacional Público.

República Dominicana es una nación libre e independiente de

todo poder extranjero. Su marco Constitucional y legal encuadra

a las instituciones públicas como únicos y legítimos poderes para

aplicación de su orden interno. TODO el Derecho Internacional

Público y Privado y la jurisprudencia internacional reconocen

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los temas de independencia de poderes externos, sino a campos

de estricto derecho interno relativos a aspectos medulares

y delicados del Estado, que están íntimamente ligados a las

esencias de la nación y sin cuya preservación y protección, la

existencia misma del Estado carece de sentido o puede resultar

amenazada. Es la autodeterminación que en ciertas materias se

ejerce. Estas materias son llamadas del “dominio reservado del

Estado”. El Derecho Internacional, tanto Público como Privado,

RECONOCEN DE MANERA UNÁNIME que la nacionalidad

y la migración son materias del estricto dominio reservado del

Estado.

7. Ha resultado alucinante ver y escuchar, incluso desde

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sentencia del TC “afectará a cientos de miles de personas”. ¿De

dónde salen esas cifras? ¿Quién las contó? Nadie ha presentado

un censo o alguna clase de datos estadísticos al respecto, y las

cifras avanzadas por las autoridades de la Junta Central Electoral,

órgano que tiene el control de todo el sistema de registro de

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de casos, los cuales, según ese organismo, están siendo atendidos.

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imaginario el análisis no tiene sentido.

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que la sentencia producirá expulsión masiva de personas.

BASTA LEER SU DISPOSITIVO PARA COMPROBAR QUE ES

EXACTAMENTE TODO LO CONTRARIO. La sentencia ordena

a las autoridades migratorias proveer un estatus migratorio a

la peticionaria y a todo otro extranjero en igual situación, hasta

que se implemente el Plan Nacional de Regularización que

dispondrá el manejo y procedimiento en este tipo de casos,

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LA SENTENCIA 168-13. ANTOLOGÍA DE UNA DEFENSA ESENCIAL

colocando cada caso individual o por familia en la categoría

migratoria correspondiente o facilitándole una vía expedita a la

naturalización.

         

sentencia desnacionaliza al extinto líder político José Francisco

Peña Gómez y a todos los hijos de inmigrantes”. Hasta donde

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en materia constitucional Don Julio Genaro Campillo Pérez,

corroborado documentalmente por la propia Junta Central

Electoral, el fallecido líder había sido declarado por padres

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absurdum con la que parece se pretende apalancar un apoyo de

tipo político a la crítica.

10. Finalmente, el más extravagante de los sinsentidos

de los críticos de la sentencia 168-13 es su aborrecimiento a la

humanitaria y generosa disposición del TC que hace extensivo

su mandato a la Junta Central Electoral y a la Dirección General

de Migración de que entreguen las actas de nacimiento en similar

situación y de que se otorgue un estatus migratorio temporal

a cualquier extranjero en igual condición. ¿Ahora resulta que

esa generosidad perjudica y viola derechos humanos? ¿Y qué

cosa es lo que pretenden, que se viole la Constitución y la ley y

que estos extranjeros permanezcan en una vulnerable situación

migratoria e indocumentados? Si eso proponen quienes se dicen

defensores de los derechos humanos de los migrantes haitianos y

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esa postura como “defensores” más bien los perjudica.

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jurídica incontrovertible. Todos los poderes públicos han

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una sociedad organizada y respetuosa de la institucionalidad. Es

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Queda un gran desafío por delante: PONER EN PRÁCTICA LOS

POSTULADOS DE LA SENTENCIA, pues dentro del marco de

la Constitución, aunque declarados irregularmente, los nacidos

en RD hijos de personas no residentes legales siguen siendo

extranjeros.

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Algunos de estos extranjeros nacidos en RD no conocen

otra realidad que la dominicana. Resulta imperativo que los

mismos puedan insertarse legal y plenamente, respetando

los mecanismos establecidos por las leyes para acceder a la

nacionalidad dominicana, como se hace en cualquier parte del

mundo. Esos extranjeros deben estar alertas, para no convertirse

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fondos o para servir a propósitos contrarios a la soberanía

nacional; propósitos que parecen perseguir resolver un problema

regional humanitario de un Estado fallido a costa de la República

Dominicana.

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