Habeas Data. Artículo 70

• Páginas: 871-883
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

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HABEAS DATA.

ARTÍCULO 70

Artículo .- Hábeas data. Toda persona tiene derecho a una acción judicial

para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros

o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación,

exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos,

conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información

periodística.

ASPECTOS GENERALES

Palabras claves:

A. Regulación y alcance del habeas data

B. El habeas data opera también en los registros privados, incluyendo

los registros de las empresas con respecto a sus trabajadores

A. Aspecto general: Regulación y al-

cance del habeas data. Sentencia

TC/0024/13

a) El hábeas data es una garantía consti-

tucional a disposición de todo individuo,

la cual le permite acceder a cualquier

banco de información, registro de datos y

referencias sobre sí mismo, sin necesidad

de explicar razones, a la vez que puede

solicitar la corrección de esa información

en caso de causarle algún perjuicio; es

por ello que nuestra Constitución en su

artículo 70, dispone: “Toda persona tiene

derecho a una acción judicial para conocer

de la existencia y acceder a los datos que de

ella consten en registros o bancos de datos

públicos o privados y, en caso de falsedad o

discriminación, exigir la suspensión, recti-

ficación, actualización y confidencialidad

de aquéllos, conforme a la ley. No podrá

afectarse el secreto de las fuentes de infor-

mación periodística”.

b) Esta garantía está caracterizada por su

doble dimensión: 1) una manifestación

sustancial, que comporta el derecho a acce-

der a la información misma que sobre una

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persona se maneja; y 2) una manifestación

de carácter instrumental, en tanto permite

que la persona, a través de su ejercicio,

proteja otros derechos relacionados a la

información, tales como: el derecho a la

intimidad, a la defensa de la privacidad, a

la dignidad humana, la información per-

sonal, el honor, la propia imagen, la iden-

tidad, la autodeterminación informativa,

entre otros. Desde esta óptica, opera como

un verdadero mecanismo de protección de

los derechos fundamentales.

c) En estos mismos términos se expresa el

artículo 64 de la referida ley 137-11, al

establecer que: “Toda persona tiene dere-

cho a una acción judicial para conocer de

la existencia y acceder a los datos que de

ella consten en registros o bancos de datos

públicos o privados y en caso de falsedad o

discriminación, exigir la suspensión, recti-

ficación, actualización y confidencialidad

de aquéllos, conforme la ley. No podrá

afectarse el secreto de las fuentes de infor-

mación periodística. La acción de hábeas

data se rige por el régimen procesal común

del amparo”, de manera que estamos en

presencia de una modalidad de amparo

particular y con características propias.

d) En ese sentido la Corte Constitucional

de Colombia, en sus Sentencias T-176,

de 1995, T-657, de 2005, y T-067, del

primero (1) de febrero de dos mil siete

(2007), ha establecido que: “[…] el de-

recho al hábeas data resulta vulnerado en

los eventos en que la información conteni-

da en un archivo de datos (i) sea recogida

de forma ilegal, (ii) sea errónea, (iii) o

verse sobre aspectos reservados de la esfera

personal del individuo”.

B. Aspecto general: El habeas data ope-

ra también en los registros privados,

incluyendo los registros de las em-

presas con respecto a sus trabajadores.

Sentencia TC/0157/13

10.2.5. Sobre el particular, la Declaración

de Principios sobre la Libertad de Expre-

sión, en su Principio 3 reconoce que toda

persona tiene el derecho a acceder a la

información sobre sí misma o sus bienes en

forma expedita y no onerosa, ya esté conte-

nida en bases de datos, registros públicos o

privados y, en el caso de que fuere necesario,

actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.

10.2.6. Como se aprecia, este derecho no es

solo para acceder y proteger los datos que

se encuentran en bancos de datos o burós

de créditos previamente autorizados para

su operación por la ley, sino que alcanza

también la protección de datos que sobre

una persona se encuentren en cualquier

registro, público o privado. Es decir, esta

protección se extiende a los datos que

existan almacenados sobre una persona,

independientemente del carácter u origen

de los datos o del tipo de registro o banco

de datos.

10.2.7. En este sentido, el derecho de há-

beas data incluye la posibilidad de acceder

a los datos que de una persona consten en

los registros de su empleador, así como a

obtener su corrección.

10.2.8. Sobre el particular, la Corte Cons-

titucional de Colombia, ha dicho que:

Existe la obligación general de diligencia

en la administración de datos frente a la

historia laboral del empleado por parte de

las entidades públicas y privadas, teniendo

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en cuenta que ésta también se constituye

como uno de los objetos del derecho fun-

damental al hábeas data”. Asimismo, ha

establecido dicha Corte que “la garantía de

acceder a la información constituye una de

las manifestaciones del derecho al hábeas

data y a la autodeterminación informática,

por cuanto está dirigida a que los usuarios

puedan “conocer, actualizar y rectificar

las informaciones en archivos y bancos de

datos”, que para el caso serían las informa-

ciones recogidas por los empleadores (públi-

cos o privados), respecto a los trabajadores

que se encuentran bajo su dependencia.”

(Sentencia T-718/05).

10.2.9. En este sentido, en los registros

laborales de las instituciones y empresas

se encuentra una cantidad importante de

informaciones

personales de sus empleados,

relativas al desarrollo de su relación laboral,

como pueden ser promociones, aumentos de

salario, reconocimientos, amonestaciones,

suspensiones e incluso la terminación de

esa relación laboral, sus razones y su forma,

es decir, desahucio, despido, entre otras;

y los errores o imprecisiones que puedan

constar en su historial laboral pudiendo

afectarles otros derechos consagrados en la

Constitución.

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Palabras claves:

1. Necesidad de demostrar que la información registrada es incorrecta

2. No procede solicitar eliminar información a quien no la emitió

3. No procede entrega de información que busca identificar servidores públicos

que introdujeron datos en un registro

4. No procede entrega de informaciones que no tienen carácter personal

5. Posibilidad de presentar habeas data: personas morales

6. Procede reconstruir información en vista del deber de custodia y

conservación de documentos que tiene la Administración pública

7. Validez de entrega: documentos producidos en el proceso penal

1. NECESIDAD DE DEMOSTRAR QUE LA INFORMACIÓN

REGISTRADA ES INCORRECTA

CRITERIO:

No procede la acción de habeas data que pretende

eliminar un dato de un registro público cuando el solicitante no ha

demostrado que dicha información personal está registrada de forma

incorrecta. La facultad de corrección y actualización de datos que

tiene el solicitante mediante el habeas data no es absoluta.

SENTENCIA

TC/0220/18

—Precedente reiterado sin mencionar en las sentencias

TC/0690/18 y TC/0070/22—

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CRITERIO 2:

No basta alegar la existencia de un supuesto perjuicio a

raíz de los datos que consten en un registro, sino que la información

que se pretende rectificar o suprimir debe afectar ilegítimamente los

derechos de la persona, afectación que se materializa cuando existe

falsedad, discriminación, error o inexactitud en la información, o

bien cuando se inobservan los principios de calidad, licitud, lealtad,

seguridad y finalidad en su tratamiento.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un agente

pensionado de la Policía Nacional acudió a la jurisdicción constitucio-

nal mediante una acción de habeas data para que se le ordene a dicha

institución que elimine el término “retiro forzoso” del expediente y

solo quede lo relativo a la pensión por antigüedad en el servicio.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

i. En lo concerniente a lo señalado preceden-

temente, nos permitimos indicar que si bien

es cierto que la acción de hábeas data se erige

como una vía de tutela para que el ciudada-

no reclame no solo la entrega de los datos

que de ella se contenga en registros o bancos

de datos públicos o privados, sino que por

demás exija la corrección y actualización de

los mismos, no menos cierto es que la facul-

tad de corrección y actualización no tiene

un carácter absoluto, por cuanto la misma

solo se materializa cuando el individuo

aporta las pruebas necesarias que permitan

comprobar la existencia de una violación al

principio de veracidad, principio este que

prohíbe recopilar, procesar y hacer circular

informaciones falsas o equivocadas.

j. Cónsono con lo antes expresado, cabe

precisar que en relación con el carácter

no absoluto que tiene la facultad de

corrección y actualización en el proceso

de hábeas data, la Corte Constitucional

de Colombia ha prescrito en su Sentencia

T176A/14 que: La Corte Constitucional

ha sido reiterativa en sostener que el ha-

beas data es un derecho fundamental que

habilita al titular de información personal

a exigir, de la administradora de sus datos

personales, una de las conductas indicadas

en el artículo 15 de la Constitución: “co-

nocer, actualizar, rectificar, o una de las

conductas reconocidas por la misma Corte

como pretensiones subjetivas de creación

jurisprudencial: autorizar, incluir, supri-

mir y certificar. La facultad de suprimir de

las bases de datos información personal, no

es de carácter absoluta, ni procede en todo

momento ni circunstancia. Por el contrario,

se trata de una facultad que únicamente

se activa cuando el administrador de las

bases de datos ha quebrantado uno de los

principios de la administración de datos.

k. Cónsono con lo antes indicado, debemos

precisar que en el presente caso, la condición

de baja por retiro forzoso que consta en el

expediente de personal del señor Hermó-

genes Díaz Montero, ha sido fijado por la

Dirección General de la Policía Nacional

en aplicación directa de lo que disponían

los artículos 81 y 82 de la Ley núm. 96-04,

Orgánica de la Policía Nacional.

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m. Por otro parte, en el expediente del

presente proceso no se verifica la existencia

de ningún tipo de acto, administrativo o

judicial, donde se pueda retener de forma

directa o tácita la situación de que ha

operado un cambio que amerite la modifi-

cación o corrección de la condición en que

se produjo el retiro del señor Hermogenes

Díaz Montero de la Dirección General

de la Policía Nacional; de ahí que en el

caso de la especie no pueda comprobarse la

existencia de una violación al principio de

veracidad.

n. En vista de las consideraciones anteriores,

es criterio de este tribunal constitucional

que la Segunda Sala del Tribunal Supe-

rior Administrativo obró correctamente

al dictar la Sentencia núm. 030-2017-

SSEN-00197, el cuatro (4) de julio de

dos mil diecisiete (2017), donde procedió

a rechazar la acción de hábeas data fun-

damentado en el hecho de que la condición

de retiro forzoso del señor Hermógenes

Díaz Montero se hace en aplicación de lo

prescrito en la ley…

2. NO PROCEDE SOLICITAR ELIMINAR INFORMACIÓN A QUIEN

NO LA EMITIÓ

CRITERIO:

No procede la acción de habeas data para solicitar

eliminar o corregir una información personal a quien no la emitió.

SENTENCIA TC/0099/20

Resumen del caso: El conflicto se origina cuando a una persona que

había sido seleccionada para trabajar en una empresa le fue comuni-

cado que su nombre apareció en un listado de personas objetadas por

la empresa EDEESTE. Al enterarse de dicha información, la persona

solicitó tanto a EDEESTE como a la CDEEE una certificación en

la que se haga constar los detalles de dicho listado. Las instituciones

respondieron indicando que no habían emitido ningún informe o

listado en el que aparezca su nombre, pero la persona afectada no

quedó conforme y acudió a la jurisdicción constitucional mediante

una acción de habeas data para que le suministraran dicho informe.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

g) De lo antes expuesto, este plenario ha

comprobado que de acuerdo con las certi-

ficaciones antes descritas, emitidas tanto

por EDEESTE como por la CDEEE, estas

entidades ofrecen la información respecto

a los datos personales requeridos por el

accionante, en el sentido de que en el expe-

diente personal del señor Amaurys Galarza

Sánchez no reposa ninguna tacha o ante-

cedente, ni falta disciplinaria o amonesta-

ción, y que además no han suministrado

ningún informe de depuración sobre este,

donde se especifique que no puede formar

parte de proyectos financiados por el Banco

Mundial, de lo que se desprende que los

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Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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correos alegados por el accionante no fueron

emitidos por personas autorizadas.

h) De todo lo antes expuesto, ha sido

comprobado que las entidades EDEESTE

y CDEEE, a través de sus departamentos

correspondientes como Recursos Humanos

y de Acceso a la Información Pública,

dieron respuesta al accionante respecto de

sus datos personales que reposan en sus

concernientes archivos, por lo que, a juicio

de esta corporación, quedan satisfechos los

requerimientos de derecho a la información

personal reclamados a través de la presente

hábeas data, por lo que procede rechazar la

presente acción de amparo.

3. NO PROCEDE ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE BUSCA

IDENTIFICAR SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTRODUJERON

DATOS EN UN REGISTRO

CRITERIO:

No procede la acción de habeas data que busca acceder

a informaciones tendentes a identificar a funcionarios o servidores

públicos que en el ejercicio de sus funciones introdujeron datos en

un registro oficial (en este caso, el impedimento de entrada al país

de una persona). No se procura el acceso a información personal.

SENTENCIA TC/0051/19

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

fue objeto de un impedimento de entrada a la República Dominicana.

Ante esta situación, la persona afectada solicitó varias informaciones

a la Dirección General de Migración y otras instituciones vinculadas

a la seguridad e investigación de hechos delictivos con el objetivo

de conocer las causas del impedimento de entrada, así como los

funcionarios o servidores que colocaron dicho impedimento. Ante

la negativa de entregarle algunas de las informaciones solicitadas, la

persona acudió a la jurisdicción constitucional mediante una acción

de habeas data.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

11.7. Para determinar la procedencia o no

de la pretensión de la parte recurrente es

importante analizar primero la naturaleza

y relevancia de la información solicitada.

Sobre este punto vemos que la información

que se solicita no es en relación con el señor

Raymond Salgado, sino sobre personas que,

en ejercicio de la función pública que le

ha sido encomendada, han gestionado y

registrado la información entregada al se-

ñor Raymond Salgado. Es decir, se trata de

una información que excede el ámbito de

protección del hábeas data en la medida en

que no se trata de “datos que de ella consten

en registros” –como exige el artículo 70 de

la Constitución- sino, por el contrario, se

trata de informaciones sobre personas que

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trabajan para el Estado en el desarrollo de

esa tarea concreta.

11.8. Es así que la decisión de no admitir la

entrada al país del señor Raymond Salgado

es una decisión del Estado dominicano y no

de ninguno de sus servidores en particular,

de forma tal que cualquier acción que en el

marco de un hábeas data decidan empren-

der los recurrentes a los fines de corregir

dicha información debe hacerse contra el

Estado dominicano mismo. Y es que una

vez registrada esta información en las ins-

tituciones nacionales correspondientes, es

el Estado el único responsable de la misma

frente al particular.

11.9. En definitiva, este tribunal considera

que la información solicitada por los recu-

rrentes no entra en el ámbito de protección

de la garantía constitucional del hábeas

data…

4. NO PROCEDE ENTREGA DE INFORMACIONES QUE NO TIENEN

CARÁCTER PERSONAL

CRITERIO:

No procede la acción de habeas data para solicitar

informaciones sobre terceros que no revisten carácter personal.

SENTENCIA TC/0478/15

—Precedente reiterado en la sentencia TC/0475/18—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una persona

solicitó al Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

informaciones sobre dos personas con respecto a los permisos y

contratos que tenían para acceder a un canal de agua. Ante la negativa

de la institución, la persona acudió a la jurisdicción constitucional

mediante una acción de habeas data para obtener dicha información.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

j. En el presente caso, el accionante en

amparo lo que pretende es que se le entre-

guen documentos que atañen a los señores

Leoncio Pimentel, César Jerónimo Pimen-

tel, Miguel Antonio Pimentel Jiménez,

Sócrates de Jesús Pimentel y el Lic. Juan

Ramón Estévez Belliard. Las informacio-

nes requeridas son las siguientes: el histo-

rial cronológico de pagos por concepto de

servicios o suministros del caudal de agua,

los documentos presentados a la junta o

los contratos de arrendamiento, así como

las multas que les hayan sido impuestas. k.

Como se observa, el accionante y actual re-

currente, señor José Rafael Diloné Estévez,

pretende obtener mediante el hábeas data

informaciones que conciernen a terceros,

pretensión que escapa del ámbito del hábeas

data, ya que la misma fue prevista para

garantizar la obtención de informaciones

vinculadas a la persona que acciona.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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5. POSIBILIDAD DE PRESENTAR HABEAS DATA: PERSONAS

MORALES

CRITERIO:

La acción de habeas data puede ser incoada tanto por

personas físicas como por personas morales. Con esta decisión, el TC

aplicó los preceptos constitucionales por encima de la Ley núm. 172-

13 sobre datos de carácter personal que excluía a las personas morales

para acceder a una acción de habeas data.

SENTENCIA TC/0404/16

CRITERIO 2:

El habeas data es la vía efectiva para conocer la obtención,

rectificación y eliminación de informaciones asentadas en un

registro oficial.

CRITERIO 3:

Para exigir mediante la acción de habeas data que se

eliminen, corrijan, actualicen, aclaren o rectifiquen los datos negativos

que consten sobre una persona en algún registro —ya sea público o

privado—, se debe determinar que la fuente que dio origen a la información sea

ilegítima o que la información carezca de verosimilitud.

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que una empresa

había solicitado una serie de informaciones —inherentes a su razón

social— a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo,

y le fueron negadas. La empresa afectada acudió a la jurisdicción

constitucional mediante una acción de habeas data, la cual fue

inadmitida por vía efectiva (art. . de la Ley núm. -), por lo

que procedió a interponer un recurso de revisión ante el Tribunal

Constitucional.

56 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; MARTÍNEZ RAMÍREZ, Fabiola; FIGUEROA MEJÍA, Giovanny A.

Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional, tomo I. UNAM: México. p. 352.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

Fundamentos del criterio 1:

k. Los textos citados (artículo 70 de la

Constitución y artículo 64 de la Ley núm.

137-11) protegen, como se ha dicho, el de-

recho a la autodeterminación informativa,

el cual contiene un instituto de garantía de

los derechos a la intimidad, al honor y al

pleno disfrute de los restantes derechos de

los ciudadanos. Por ello se dice que es en sí

mismo un derecho fundamental. El objeto

de protección de este derecho no se reduce

sólo a los datos íntimos de la persona, sino

a cualquier tipo de dato personal, sea o no

íntimo, cuyo conocimiento o empleo por

terceros pueda afectar a sus derechos, sean

o no fundamentales, porque su objeto no es

sólo la intimidad individual, sino los datos

de carácter personal.56

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l. En relación con el tema nodal de quienes

pueden interponer la acción de hábeas

data, resulta ineludible recordar que en

nuestro ordenamiento jurídico existe la Ley

núm. 172-13, sobre Protección de Datos

de Carácter Personal (que regula el hábeas

data), la cual establece, en sus artículos 4.4

y 6.1, lo siguiente: Artículo 4. Restriccio-

nes. El régimen de protección de los datos

de carácter personal no aplicará: [...] 4. A

los tratamientos de datos referidos a per-

sonas jurídicas, ni a los archivos de datos

personales que se limiten a incorporar los

datos de las personas físicas que presten sus

servicios en aquellas, consistentes en sus

nombres y apellidos, las funciones o puestos

desempeñados, así como la dirección postal

o electrónica, teléfono y número de fax

profesionales. Artículo 6. Definiciones. A

los efectos de la presente ley y su aplicación,

se asumen los siguientes conceptos: 1. Afec-

tado o interesado: Toda persona física cuyas

informaciones sean objeto del tratamiento

de datos, así como todo acreedor, sea éste

una persona física o jurídica, que tiene o

ha tenido una relación comercial o de tipo

contractual con una persona física para el

intercambio de bienes y servicios, donde la

persona física es deudora del acreedor…

m. Como se observa, los textos recién citados

excluyen o limitan a las personas jurídicas

el uso del hábeas data.

n. Sin embargo, si nos detenemos en la

letra del texto constitucional más arriba

transcrito, “toda persona” –sin discrimi-

nar entre las físicas y las jurídicas– tiene

derecho a ejercer la acción de hábeas data,

se encuentra legitimada activamente para

ello. Asimismo, tampoco podemos –ni

debemos– negar que esta acción –si bien

es autónoma, como hemos visto– supone

una garantía constitucional que responde

a los mismos presupuestos procesales que

la acción de amparo, remedio procesal por

antonomasia para amortizar cualquier

violación o amenaza de violación a los

derechos fundamentales, cuyos titulares

pueden ser personas físicas o morales.

o. Así, pues, aunque este derecho de acceso

a la información personal se encuentre

estrechamente vinculado al ser humano, ya

que envuelve aspectos propios del derecho

fundamental a la intimidad y al honor

personal, debe entenderse que la facultad

de ejercer la acción de hábeas data es exten-

siva a las personas jurídicas, pues al ser estos

entes titulares de derechos y obligaciones y,

en especial, titulares también de derechos

fundamentales, pueden beneficiarse de esta

garantía constitucional para tutelar dicho

derecho.

Fundamentos del criterio 2:

s. No es ocioso precisar que la acción cons-

titucional de hábeas data supone la acción

idónea para la protección efectiva del dere-

cho fundamental a la autodeterminación

informativa contenido en el artículo 44.2

de nuestra Carta Magna…

u. En la especie, al tratarse tanto de la

obtención, rectificación y eliminación de

informaciones asentadas en el registro

mercantil de la sociedad comercial Boreo,

S. R. L., datos estos que constan en un

registro oficial, como es la Cámara de Co-

mercio y Producción de Santo Domingo,

Inc., entendemos que el juez a-quo, al

inadmitir la acción de hábeas data por

la existencia de otras vías, incurrió en un

error procesal.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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v. Y es que, si bien es cierto que la Tercera

Sala de la Cámara Civil y Comercial del

Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional, en ocasión de la demanda en

nulidad de la que se halla apoderada, se

encuentra facultada para conceder dicha

tutela, no menos cierto es que esta no es

la vía efectiva para la eficaz protección

del derecho fundamental relativo a la

autodeterminación informativa, pues la

vía del hábeas data es la efectiva frente a

dicho proceso ordinario para procurar la

entrega de la documentación contentiva de

las informaciones, así como para la rectifi-

cación y eliminación de datos asentados en

el registro mercantil de la parte recurrente.

w. En efecto, dicha efectividad se desprende

de los principios de celeridad y economía

procesal, ya que al tenor de las disposiciones

esbozadas en los artículos 68 y 69.1 de la

Constitución dominicana, las cuales deben

extrapolarse a la administración de justicia

en el ánimo de garantizar una tutela judi-

cial efectiva, se debe optar por soluciones

procesales menos onerosas respecto al uso

del tiempo y recursos, máxime cuando nos

encontramos ante un proceso que comulga

con el régimen del amparo, el cual se carac-

teriza por ser preferente, sumario, gratuito

y no sujeto a formalidades.

x. Por tanto, someter a la parte recurrente

a un proceso judicial ordinario –más

prolongado y costoso– por encima de la

acción constitucional de hábeas data, para

tutelar el derecho de autodeterminación

informativa, no es lo más viable para la

entrega de las informaciones solicitadas, ni

mucho menos, para la rectificación y supre-

sión de datos, pues tomando en cuenta los

principios de efectividad y favorabilidad

consagrados en el artículo 7 de la Ley núm.

137-11, Orgánica del Tribunal Constitu-

cional y de los Procedimientos Constitucio-

nales, se impone revocar la Sentencia núm.

052-2014…

[…] la acción que nos ocupa supone la

única vía eficaz para solicitar la entrega,

rectificación y reformación de los datos per-

sonales de Boreo, S. R. L., parte recurrente

en revisión constitucional y accionante en

hábeas data, no mediante un amparo ni

–mucho menos– mediante un proceso ante

la justicia ordinaria.

Fundamentos del criterio 3:

dd. Ahora bien, para eliminar, corregir,

actualizar, aclarar o rectificar los datos

negativos que consten sobre una persona en

algún registro –ya sea público o privado–,

el juez de habeas data debe asegurarse de

que tal información, al momento en que

fue establecida o en que se hayan ratificado

los motivos por los que fue implantada,

provenga de una fuente ilegitima o carente

de verosimilitud, para así, ipso facto, com-

probar que su mantenimiento se traduce en

una violación al derecho fundamental de

autodeterminación informativa.

ee. Sobre los presupuestos a tomar en cuenta

para demostrar la carencia de legitimidad

de la información cuya rectificación o elimi-

nación se procura, se ha decantado la Corte

Colombiana en su Sentencia T-263/10, del

diecinueve (19) de abril de dos mil diez

(2010), al establecer que: En cuanto a la

carga de la prueba al momento de solicitarse

la rectificación, la Corte ha desarrollado dos

hipótesis. Por regla general, quien la pre-

tende debe demostrar que los hechos no son

ciertos o se muestran de forma parcializada.

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

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Esto ocurre cuando la información en cues-

tión verse sobre circunstancias concretas y

determinadas. Sin embargo, cuando quiera

que se trate de hechos notorios, afirmaciones

o negaciones indefinidas, se le exime de este

deber a la persona que solicita la rectifica-

ción. En estos dos últimos casos, debido pre-

cisamente a la indefinición, la carga de la

prueba se traslada a quien haya difundido

la información.

ff. En efecto, respecto de las solicitudes

hechas por la parte accionante, tendentes

a la rectificación y eliminación de infor-

maciones que afectan su registro mercantil,

es preciso recordar que, en la especie, es

incontrovertible la existencia ante los

tribunales de justicia ordinaria de una

demanda en nulidad de las operaciones

jurídicas y trámites en virtud de los cuales

la Cámara de Comercio alteró la data

mercantil de la accionante; en tal sentido,

al existir una contestación seria en cuanto

a la verosimilitud de dichas informaciones

y la consecuente carencia de elementos

probatorios que permitan constatar que la

variación que sufrió la indicada informa-

ción es ilegítima, en la especie no es posible

observar una violación a los derechos fun-

damentales de la entidad Boreo, S. R. L.,

por lo que sus solicitudes de rectificación y

eliminación de datos carecen de méritos.

6. PROCEDE RECONSTRUIR INFORMACIÓN EN VISTA DEL DEBER

DE CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS QUE TIENE

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CRITERIO:

Se vulnera el derecho de autodeterminación informativa

con la negativa por parte de una institución pública (en este caso, la

Policía Nacional) de entregar una certificación de informaciones que

deben constar en su registro, pero alegan la ocurrencia de un incendio

para no entregar dicha información al solicitante. Procede reconstruir

la información en vista del deber de custodia y conservación de

documentos que tiene la institución.

SENTENCIA TC/0057/19

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que un miembro

pensionado de la Policía Nacional solicitó a esa institución una

certificación de informaciones personales relativas a su pensión.

Ante la ausencia de respuesta de la Policía Nacional, el miembro

pensionado acudió a la jurisdicción constitucional mediante la

acción de habeas data.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

k. Las razones que le impidieron a la

parte accionada entregar la información

solicitada fueron ofrecidas luego de la in-

terposición de la indicada acción, con base

en un incendio ocurrido en los archivos de

la Dirección Central de Asuntos Legales de

la Policía Nacional, donde se encontraba

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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guardada, el veintiséis (26) de julio de dos

mil quince (2015).

l. En respuesta al planteamiento de la parte

accionada, cabe aclarar que el indicado

siniestro no constituye una circunstancia

válida que lo exima del cumplimiento de la

entrega de la información solicitada, pues

dicha institución tiene el deber de custodia

y conservación de los documentos contenidos

en los archivos a su cargo, por lo que en la

especie se hace necesario que tome las medidas

de lugar para restablecer las informaciones

requeridas y no ocasionar afectación a dere-

chos fundamentales por la negativa de sumi-

nistrarlas bajo el alegato de que no reposan

en sus archivos o que fueron destruidos. En

este punto, conviene señalar que la Ley núm.

200-04, en su artículo 4, dispone claramente

que, para cumplir con el deber de informa-

ción, las máximas autoridades de los órganos

del Estado y entes públicos “están obligadas

a establecer una organización interna, de tal

manera que se sistematice la información de

interés público, tanto para brindar acceso a

las personas interesadas, como para su publi-

cación a través de los medios disponibles”.

m. De manera que la denegación de res-

puesta por parte de la Dirección General

de la Policía Nacional vulnera no sólo el

derecho a la autodeterminación informa-

tiva, sino también a la buena administra-

ción y al debido proceso administrativo en

perjuicio del accionante.

o. En atención a las consideraciones expues-

tas, este Tribunal Constitucional decide

acoger la acción interpuesta por el señor

Lucas Odalis Ferrera Concepción y, en con-

secuencia, procede ordenar a la Dirección

General de la Policía Nacional y a su titular,

realizar la reconstrucción de la información

solicitada, por todos los mecanismos posibles,

ya sea con los archivos digitalizados o con

las personas y/o áreas que intervinieron en

el procedimiento para la emisión y ejecución

del indicado acto administrativo. Una vez

reconstruida la documentación, que deberá

ser realizada en el plazo de cuatro (4) me-

ses contados a partir de la notificación de

la presente decisión, se ordena la entrega

inmediata de la información solicitada por

el accionante, señor Lucas Odalis Ferrera

Concepción.

7. VALIDEZ DE ENTREGA: DOCUMENTOS PRODUCIDOS EN EL

PROCESO PENAL

CRITERIO:

Los documentos producidos (por los jueces, el Ministerio

Público o la contraparte) en un proceso penal solo deben estar a

disposición de las partes involucradas, porque son las únicas que

tienen derecho a acceder a dicha información.

SENTENCIA TC/0024/13

—Precedente reiterado en las sentencias TC/0475/18, TC/0175/20

y TC/0079/22—

Resumen del caso: El conflicto se origina debido a que, en medio

de una investigación penal, el Ministerio Público realizó vistas

con las partes y posteriormente le fue solicitada la entrega de las

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022) Art. 70 | 883

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informaciones que se trataron en dichas vistas junto con el dictamen

rendido. Ante la negativa de la procuradora fiscal de entregar lo

solicitado, la parte afectada acudió ante la jurisdicción constitucional

en materia de habeas data para que se ordene la entrega inmediata de

dichos documentos.

Fundamentos relevantes del Tribunal

Constitucional:

f) Es preciso resaltar que en el desarrollo de

un proceso penal se producen varios tipos de

documentos, unos generados por las partes,

otros por la investigación y las decisiones

que adoptan las autoridades que forman

parte de los órganos públicos, a cargo de

los cuales está encomendada la responsabi-

lidad de decidir las cuestiones que les son

sometidas en el transcurso del proceso; estos

documentos son de uso de los jueces, del

Ministerio Público, y están estrechamente

relacionados y de fácil acceso a las partes,

como los documentos de la especie.

g) Desde esta perspectiva, los documentos

relacionados a una investigación de la cual

un ciudadano es parte de un proceso penal,

como los que dieron lugar a la acción de

hábeas data por la negativa del Ministerio

Público será que fueran entregados, com-

portan una vinculación con el ciudadano

que hace imprescindible acceder a este tipo

de información.