I. Sobre la Constitución y el constitucionalismo

• Páginas: 39-76
• Autor: José Alejandro Ayuso

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1. Constitución y exclusión social

El recordado intelectual y padre jesuita José Luis Alemán

escribió: “Si queremos desterrar el populismo necesitamos ciu-

dadanos conscientes de sus derechos y deberes. Una sociedad

dual sólo es justicable por la extrema pobreza de parte de sus

componentes y es increíblemente costosa”. Esta lúcida sentencia

a propósito de la nueva Constitución proclamada el 26 de enero

del año 2010 que incluye un extenso catálogo de derechos eco-

nómicos y sociales, culturales, deportivos y medioambientales

que el Estado estará en la obligación de proteger y tutelar.

Al respecto, comparto con el amable lector algunas de las in-

teresantes ideas y propuestas del destacado jurista y gran amigo

Eric Raful en su ensayo titulado Democracia: La lucha contra la

exclusión social. El autor entiende que las orientaciones norma-

tivas de estos derechos constitucionalizados “deberán servir de

guía para la inauguración de procesos en las relaciones entre la

población y la sociedad política que incidan en la superación de

la marginalidad, la cual constituye el factor de mayor incidencia

en el fenómeno de exclusión social. Se trata de un gran reto,

I. SOBRE LA CONSTITUCIÓN

Y EL CONSTITUCIONALISMO

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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inédito en nuestra tradición jurídica, para viabilizar el salto a un

régimen democrático social en cuyo tránsito el derecho deberá

jugar un papel fundamental”.

Luego de los avances de una reforma procesal penal de acento

garantista que experimentamos desde hace un lustro, también

ahora la lucha contra la exclusión social deviene tarea consti-

tucional con la consagración en el nuevo texto de garantías a

los derechos fundamentales. Sin embargo, para el Lic. Raful “La

consagración del garantismo presupone que para que los dere-

chos sean tales, estos no deben meramente existir y ser exigibles,

sino que la tutela de los mismos debe de estar garantizada en

términos jurídicos e institucionales”. Entonces surge la interro-

gante: ¿Qué hacer para que estos mecanismos sean en realidad

ecaces?

Comparto con el Lic. Raful que para ello se necesita una

toma de conciencia democrática de actores institucionales y de

la sociedad: “Este empoderamiento, tanto de la población como

de los actores institucionales, es imprescindible para la construc-

ción de una ciudadanía capaz de ejercer los derechos, pues todos

sabemos que cuando los derechos no se ejercen, no se reclaman,

es como si no existieran”. (Igual sucede con los deberes funda-

mentales cuando no se conocen, ni se cumplen).

Si bien la nueva Constitución mantiene el control difuso en

la justicia constitucional en todo el ordenamiento jurisdiccional,

concuerdo con el Lic. Raful en que con el recién creado Tribunal

Constitucional “la República Dominicana tiene ante sí una gran

oportunidad para que la justicia comience a tutelar derechos so-

ciales fundamentales cuya resolución incida en el combate de la

desigualdad y la marginalidad. Si tomamos el referente de Co-

lombia podríamos observar la gran labor a favor de los derechos

sociales que la jurisdicción constitucional viene realizando pues

hoy en día de cerca de 1,200 casos que conoce anualmente el

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José Alejandro Ayuso

tribunal constitucional, el 60% tiene que ver con reclamaciones

relativas a derechos sociales”.

2. De la Constitución y el Quijote

Albacete, España.- En aquel momento me encontraba en

un lugar de La Mancha cuyo nombre es Albacete, apacible

ciudad que bien pudo ser uno de los escenarios donde Don

Quijote, en compañía de su el escudero Sancho Panza, luchó

contra molinos de viento (por cierto, la electricidad de esta re-

gión lo suple la energía eólica), y amó de manera pródiga a su

bella Dulcinea.

Pese a que el genial maestro Juan José Solozábal arma, más

en serio que en broma, que “algunos tontos creen que todo está

en la Constitución, y no, todo está en el Quijote de Cervan-

tes”, formaba parte de un amplio y diverso grupo de juristas,

abogados, jueces, militares y policías, magistrados del Ministerio

Público y otros funcionarios judiciales, quienes participamos en

el Curso de Especialidad en Derecho Constitucional de la Re-

pública Dominicana cuya parte presencial se desarrolla del 5 al

16 de julio de 2010 en la Universidad de Castilla-La Mancha,

UCLM.

Esta oportuna iniciativa del Comisionado de Apoyo a la

Reforma y Modernización de la Justicia, que en ese momento

recaía en la persona del eciente funcionario y actual magistra-

do del Tribunal Constitucional Dr. Lino Vásquez Sámuel, tiene

por objetivo primordial capacitar a los operadores del sistema

nacional de administración de justicia mediante el estudio por-

menorizado de los nuevos preceptos que incluye la nueva Cons-

titución promulgada el pasado 26 de Enero. Para ello la UCLM,

catalogada una de las mejores en derecho público en toda la

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El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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Unión Europea, es muy pertinente porque incluye en su profe-

sorado a destacados juristas expertos en Derecho Constitucional

quienes, a su vez, fungieron como asesores de la Presidencia de

la República en el último proceso de reforma. Son los casos de

los codirectores del curso Don Marcos Francisco Massó Garrote

y Don José Luis García Guerrero, e incluye una conferencia del

Excmo. Sr. Dr. Manuel Aragón Reyes, magistrado del Tribunal

Constitucional español.

Luego de una interesante ponencia introductoria al consti-

tucionalismo criollo por parte del entonces Vicepresidente de

la Suprema Corte de Justicia Dr. Rafael Luciano Pichardo, la

primera cátedra magistral estuvo a cargo del eminente consti-

tucionalista español arriba citado Juan José Solozábal, quien nos

deleitó a todos no tan sólo por la profundidad y lucidez de sus

análisis sobre los derechos fundamentales (a los que dene como

“la proyección positiva de la dignidad de la persona”), sino que

además nos hizo reír a mandíbula batiente con sus frecuentes y

simpáticas ocurrencias, como ésta de un torero de apellido Gue-

rra que también era conocido por sus salidas: “Eso no se puede,

y además es imposible”.

3. La España constitucional

Albacete, España.- El 15 de julio del 2010 hacía 12 días que

me encontraba en la plácida ciudad de Albacete donde participé

en un interesante curso de especialización en derecho constitu-

cional que impartió la prestigiosa ciudad Universidad de Casti-

lla-La Mancha. En este breve tiempo sucedieron en esta nación

europea dos acontecimientos de gran trascendencia histórica,

uno de índole jurídico-político y el otro deportivo, que pretendo

comentar y enlazar en lo adelante.

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José Alejandro Ayuso

El primero tuvo todo que ver con el contenido académico que

me trajo esta vez a la madre patria, y lo es la sentencia del “su-

premo intérprete” de la Constitución española sobre el Estatuto

de Autonomía de Cataluña, cuya decisión de declarar inconstitu-

cional varios artículos del mismo, entre los que se destaca el que

reclama el concepto de “nación” para esta comunidad, ha suscitado

no sólo intensas reacciones y debates públicos en los medios de

comunicación, sino que además fue objeto de una concurrida ma-

nifestación de protesta el pasado sábado 11 en las calles de Barce-

lona, la que sin proponérselo desbordó viejas reivindicaciones de

soberanía e independencia que se consideraban sepultadas.

El Tribunal Constitucional creado por la Constitución española

de 1978 (y que en 32 años sólo ha sido modicada en una sola

ocasión -1992- para permitir a los ciudadanos de la Unión Europea

el derecho a ser elegibles en las elecciones municipales), ante un

recurso interpuesto por un grupo de diputados del Partido Popular

(PP), ha declarado “Que la Constitución no conoce otra nación que

la española”, ya que en su artículo 2 declara “la indisoluble unidad

de la Nación española”, concepto recuperado de los Constituyentes

de Cádiz del 1812 y que, a su vez “reconoce y garantiza el derecho a

la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”.

Como para rearmar la certeza de que España sigue siendo

una, he tenido la agradable oportunidad de haber sido testigo

y partícipe de un hecho histórico para esta nación de gran tra-

dición deportiva, cuya selección conquistó por vez primera un

Mundial de Fútbol al vencer en el de Sudáfrica 1 a 0 al comba-

tivo equipo de Holanda. La roja, compuesta por jugadores anda-

luces, vascos, castellano-manchegos, madrileños, catalanes y de

otras nacionalidades, por un lado ha desplegado en la cancha un

juego elegante y efectivo con el que han demostrado que son los

mejores del mundo. Por el otro se les ha visto abrazados y emo-

cionados oyendo el himno español, así como celebrando junto

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El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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a todo el pueblo de esa gran nación que se lanzó a las calles de

Madrid a recibir a sus titanes.

4. De la Constitución nominal a la normativa

La nación dominicana ha adoptado la idea liberal democrática

de Constitución heredada de la Declaración Francesa de los Dere-

chos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la que dispone una do-

ble función normativa mínima: reconocer y garantizar el ejercicio

de los derechos fundamentales y determinar y regular la organiza-

ción política mediante la separación de los poderes. Sin embargo

y a grandes rasgos, vemos que el desarrollo histórico de la idea

normativa de Constitución en Europa ha pasado por etapas donde

sus efectos de legitimación jurídica del orden político sólo sirvieron

como instrumento de maximización del poder establecido.

Desde la segunda guerra mundial hasta le fecha, la gran ma-

yoría de los países europeos han evolucionado hacia lo que el

maestro Juan José Solozábal denomina un “constitucionalismo

genuino”, el cual se maniesta por una cultura que manies-

ta “una convicción sobre la necesidad de limitar el poder”, así

como de establecer “una visión instrumental del Estado como

ordenación al servicio de determinados objetivos, como es hacer

posible el ejercicio por parte de los ciudadanos de sus derechos

fundamentales”.

Ahora se imponen algunas interrogantes: ¿Ha alcanzado la Re-

pública Dominicana este estadio de verdadero constitucionalismo

sólo por el hecho de tener una Constitución moderna y avanzada?

¿Están conscientes las mayorías de que deben conocer y cumplir

sus deberes para ejercer y exigir sus derechos? ¿Está el Gobierno

del Estado preparado para garantizar los derechos en condiciones

de igualdad y para ver controlado su poder omnímodo?

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José Alejandro Ayuso

Al efecto, Ferdinand Lasalle distinguía la Ley Fundamental

del Estado como está escrita en una “hoja de papel”, de esa otra

“formada por la suma de factores reales y efectivos que rigen en

la sociedad” y que, en el caso del país dominicano actual, aún

parecen no coincidir. Se echa de ver que la vigente reformada

en el 2010 salta al estadio superior de Estado Constitucional de

Derecho sin que se haya vericado en la práctica un verdadero

Estado de Derecho donde imperara el respeto a la ley.

Por su parte, si bien libertades democráticas y derechos so-

ciales formales han sido plasmados constitucionalmente, con

énfasis revolucionario en la profunda revisión del 1963, su apli-

cación contrasta con la actual decisión de convertirlos todos en

derechos fundamentales que, desde el punto de vista material,

son una proyección de la dignidad de la persona con todas las

garantías jurídicas para su efectividad y exigibilidad.

Según la tipología constitucional de Karl Loewenstein, la

Constitución dominicana sería por el momento de carácter “no-

minal”, pues no regula la vida política real ni produce la concor-

dancia entre los presupuestos sociológicos y culturales, por lo

que en términos efectivos la realidad social no permite su apli-

cación y sólo tiene un valor educativo. No obstante, la realidad

socio-política es dinámica y la Constitución puede convertirse

en una de tipo “normativa” que de hecho se cumpla y sea vivida

por los titulares y los destinatarios del poder. El constituciona-

lismo español podría arrojarnos mucha luz sobre cómo se opera

esta transición democrática.

5. La Constitución normativa

La última entrega culminó con el planteo de que la Cons-

titución vigente, según la tipología de Karl Loewenstein, debe

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pasar de ser nominal porque no regula la vida política real ni

produce la concordancia entre los presupuestos sociológicos

y culturales que permitirían su aplicación, a ser normativa, la

que de hecho se cumple y es vivida por los titulares y los des-

tinatarios del poder. Sin embargo, aún el constitucionalismo

nominal tiene un alto valor educativo que, según el maestro

Solozábal, debe ser aprovechado como un instrumento de so-

cialización política, que produce la integración en el sistema

de sus componentes.

Para iniciar este proceso de educar al pueblo al mejor esti-

lo del Profesor Juan Bosch, lo primero que surge es aplicarle

metodología de la enseñanza a los principios constitucionales

que regulan los poderes públicos y el ordenamiento político del

Estado, así como a los valores, derechos, deberes y garantías fun-

damentales que norman la vida en sociedad en un país civilizado.

Esto con el objetivo de que la Constitución se convierta, al decir

de Laura Tamames, en una gran palanca social al hacer de ella el

nexo o pacto de unión de todos los ciudadanos, para que al co-

nocerla, y ver re!ejados en ella sus sueños y deseos, puedan sen-

tirse parte del cuerpo político, miembros potencialmente activos

de la nación, y no sólo instrumentos pasivos de una democracia

formal que permite el derecho a votar cada 4 años.

La aplicación de este enfoque pedagógico vehicularía el cono-

cimiento y el cumplimiento de la Constitución por gobernantes

y gobernados como prerrequisito del desarrollo humano, lo que

deviene en empresa muy interesante, pero harto compleja. Ante

todo porque se considera la Constitución como un libro hermé-

tico e inescrutable, reservado a eruditos, juristas y políticos pro-

fesionales. También la profusa referencia a tecnicismos jurídicos

requiere de reconocidas capacidad y competencia profesionales

para acometer la complicada tarea de hacerlos comprensibles y

asimilables al ciudadano de a pie.

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José Alejandro Ayuso

Por demás, y como bien apuntaba mi querido padre ido a des-

tiempo Juan José Ayuso: “Las fallas de la instrucción y la edu-

cación en sus diferentes niveles conciernen también a lo cívico.

El dominicano promedio carece de formación como ciudadano,

y si no se le forma como uno consciente de sus derechos pero

igual en conciencia de sus deberes, es poco posible que el país

pueda concitar y ejercer el propósito nacional de su desarrollo

democrático, como en efecto”.

En esta lógica didáctica que reivindica el maestro Solozábal,

la Constitución opera como un vehículo de socialización de sus

valores, por lo que los autores de la española del 1812 prescribían

su enseñanza en las escuelas, y la de Weimar en la Alemania del

1919 establecía que los alumnos recibieran su ejemplar al termi-

nar su escolarización. En el caso de la dominicana del 2010, des-

de la Fundación Equidad, Inc. asumimos el reto y redactamos

Nuestra Constitución. Guía para entender la Constitución Domini-

cana, una versión del texto de fácil comprensión que produzca

un acercamiento de la Ley de leyes a la vida real de la mayoría.

6. A propósito del 166 aniversario de la Constitución

Resulta oportuno reconocer que la Constitución fundacional

de la República Dominicana, proclamada el 6 de noviembre del

1844, estableció claramente no sólo el principio de supremacía

de la norma constitucional sobre toda otra de carácter adjeti-

vo, sin importar de quien ésta emane, sino también su garan-

tía mediante el control jurisdiccional de la constitucionalidad

en la variante del sistema americano o difuso. En su artículo

35 disponía que “No podrá ninguna ley contraria ni a la letra

ni al espíritu de la Constitución; en caso de duda, el texto dela

Constitución debe siempre prevalecer”; y en el 125, que ningún

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Tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos y

reglamentos de administración general, sino en tanto que sean

conforme a las leyes”.

Sin embargo, de esa fecha a esta parte se constata lo difícil

que ha sido para gobernantes y gobernados hacer la Constitu-

ción de obligado y ecaz cumplimiento, hasta el extremo de que

en un momento histórico fue catalogada como “un pedazo de

papel”, nada más y nada menos que por un Presidente de la Re-

pública que, junto a sus funcionarios¸ había jurado ante Dios y

el pueblo dominicano “cumplir y hacer cumplir la Constitución

y las leyes” (juramento que en la práctica consuetudinaria de los

gobiernos ha resultado huero, por acción u omisión).

Para la doctrina mayoritaria en el país, la constitución vigente

es el texto de 1844 con las reformas parciales sufridas en redacción,

numeración y estructuración (Pellerano Gómez), por lo que técni-

camente “El programa constitucional de San Cristóbal se ha man-

tenido, en toda su signicación, como norma de derecho político

de la República” (Peña Battle). De las 38 reformas hechas a la fecha,

“han sido más bien obras de retoque que una ruptura con el orden

establecido en 1844” (Amiama). Así, la inestabilidad política que

ha sufrido el país “no se ha traducido una inestabilidad constitucio-

nal si por ella entendemos cambios completos de Constitución…”

(Jorge Prats).

No obstante, resulta incuestionable que las “reformas consti-

tucionales emprendidas por razones oportunistas…desvalorizan

el sentimiento constitucional” en la norma que regula en proce-

so político (Loewenstein), lo que ha ocurrido en varias ocasiones

a lo largo de nuestra historia republicana con un tema de alta

relevancia política como es el de la reelección presidencial, el

eterno tópico del constitucionalismo dominicano.

Con la reciente, profunda y pactada (en términos político

partidarios) reforma del 2010, que ha dotado el país de una larga

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José Alejandro Ayuso

Constitución de 272 artículos, con una moderna organización

del Estado y un amplio catálogo de derechos fundamentales, la

aspiración de los gobernados sería, primero, que la misma sirva

para instrumentar la real transformación de una sociedad ca-

racterizada por la desigualdad y la injusticia y, segundo, que sea

efectiva para imponer límites al ejercicio del poder político de

turno mediante la sujeción de sus actos a la Norma Suprema.

Cuando esto ocurra, entonces viviremos en un Estado Social y

Democrático de Derecho.

7. Por el retorno a la constitucionalidad

El constitucionalismo contemporáneo requiere la existencia

de instrumentos que garanticen la ecaz aplicación de la Cons-

titución en tanto norma jurídica, sea mediante el control judicial

ejercido por los tribunales ordinarios, o bien, también, por una

jurisdicción especializada como el Tribunal Constitucional, TC,

esta última una de las novedades institucionales más signica-

tivas de la reforma del 2010 que mantuvo ambos sistemas de

control: el difuso y el concentrado.

Si bien en el país ya contamos con este tipo de garantías ju-

rídicas plasmadas en la Norma Suprema, resulta evidente que

carecemos de una “cultura constitucional”, pues la Constitución

democrática también descansa, al decir del catedrático y magis-

trado del TC español Manuel Aragón Reyes, sobre “garantías

sociales”, esto es, “en la aceptación popular de la Constitución”

que se logra mediante la “educación constitucional”.

En el país tenemos, pues, por delante el reto de instaurar una

cultura política democrática en gobernantes y gobernados, condi-

ción indispensable para la consolidación del “constitucionalismo

garantista” que preconiza el eminente jurista italiano Luigi Ferrajoli.

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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¿Pero cómo hacerlo en una nación dónde muchos líderes po-

líticos excusan su comportamiento populista, deshonesto e ilegal

en la “debilidad de las instituciones” que ellos tienen el mandato

popular de fortalecer”? ¿Cómo lograrlo si los miembros del Po-

der Legislativo se dan un “autogolpe” para no ejercer el obligado

contrapeso al Ejecutivo presidencialista? ¿Cómo avanzar en esta

dirección si lo que se ve es que se “interpretan” las normas consti-

tucionales de manera convenenciera y antojadiza? Pero también,

¿cómo lograrlo con ciudadanos poco instruidos en el ejercicio de

sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, los que a su

vez reciben tan mal ejemplo de quienes les gobiernan?

Luce que, en su momento, se produjo un relativo entusiasmo

en la ciudadanía provocado por la amplia y profunda reforma a

la Constitución que ha propuesto la construcción de un Estado

Social y Democrático de Derecho “fundado en el respeto de la

dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la so-

beranía popular y la separación e independencia de los poderes

públicos” (artículo 7). Si se entendía que el traje constitucional

“nos quedaba grande”, también hubo la expectación de que nos

sirviera de hoja de ruta hacia la transformación social y el desa-

rrollo humano.

Sin embargo, en este 2011 el sentimiento de la ciudadanía es

más bien de frustración ante el sistemático zarandeo a que están

siendo sometidas las disposiciones constitucionales destinadas

a asegurar tanto el pluralismo democrático como la participa-

ción de las minorías políticas y sociales en la consecución de los

consensos nacionales sobre temas trascendentes para el forta-

lecimiento institucional: cuando el constituyente exigió el voto

de dos tercios de los presentes para las leyes orgánicas pretendía

excluir la hegemonía de un grupo parlamentario con simple ma-

yoría, y obligar así a un pacto político para ampliar la legitimidad

del acto legislativo.

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José Alejandro Ayuso

En la actualidad se echa de ver que el constitucionalismo do-

minicano padece unos de sus peores momentos históricos, ra-

zón por la que la sociedad civil, los empresarios y la oposición

anuncian recurrir a una acción directa en inconstitucionalidad.

Pero quizá se justicaría además otra revuelta popular, esta vez

pacíca, por el retorno a la constitucionalidad.

8. La cultura constitucional

En los últimos meses se ha constatado que tenemos por de-

lante no sólo el reto de instaurar una cultura política democrá-

tica que se lleve a su paso las aún vigentes mentalidad y práctica

del caudillismo, el despotismo ilustrado y la concepción mesiá-

nica de quienes llegan al poder a representar al pueblo, sino tam-

bién el de instaurar una “cultura de la Constitución” porque “el

imperio de la ley es principio de cultura” como bien apunta el

renombrado jurista español Pablo Lucas Verdú. Y queda claro

que históricamente en el país lo que impera es la violación de

todo lo que se llame reglas de conducta, lo que incluye “la norma

suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”

(artículo 6) que es la Constitución.

Los tres elementos del Estado en la teoría clásica son el

pueblo, el poder y el territorio. Para el eminente jurista alemán

Peter Häberle, “La Constitución es una parte de la cultura y

forma si se quiere (en realidad tiene que formar) un “cuarto¨

elemento”, lo que signica que no “es sólo el orden jurídico

para los juristas y para que éstos puedan interpretar las reglas

antiguas y nuevas. La Constitución también sirve esencial-

mente como guía para los no juristas: para los ciudadanos”,

ya que “no es sólo texto jurídico o una obra normativa, sino

también la expresión de una situación cultural, instrumento de

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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autorepresentación del pueblo, espejo de su patrimonio cultu-

ral y fundamento de sus esperanzas”.

Para Häberle la cultura constitucional no es más que “la suma

de actitudes e ideas, de experiencias subjetivas, escala de valo-

res y expectativas subjetivas y de las correspondientes acciones

objetivas tanto al nivel personal del ciudadano como al de sus

asociaciones, al igual que al nivel de órganos estatales y al de

cualesquiera otros relacionados con la Constitución, entendida

ésta como proceso público”.

Como arma el destacado constitucionalista y profesor

Eduardo Jorge Prats, “La cultura constitucional se cultiva a tra-

vés de la pedagogía constitucional en las escuelas”, por lo que el

artículo 63.13 hace obligatoria le enseñanza de la Constitución

en los centros docentes públicos y privados ¨con la nalidad de

formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y

deberes¨. Y esta educación constitucional, prosigue el autor, no

puede consistir en una explicación técnica de los textos consti-

tucionales sino, y sobre todo, en la transmisión de los principios

ideológicos fundamentales que la informan.

Y concluye: “La importancia de la cultura en la Constitu-

ción y de la Constitución como cultura obligan a asumir la

teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. Si asumi-

mos los valores, principios y derechos constitucionales como

conquistas culturales, ello impide que las normas constitucio-

nales !uctúen arbitrariamente de una reforma o interpretación

constitucional a otra, lo cual hace predecible y controlable el

funcionamiento de las instituciones, reduce la tensión entre

gobernantes y gobernados, matiza la naturaleza antagonista de

la lucha por el poder y refuerza el Estado Constitucional me-

diante un sistema espontáneo, general y duradero de adhesión

a la norma”. Lograr esto último sí constituiría una verdadera

revolución democrática.

53

José Alejandro Ayuso

9. Soberanía de la Constitución

Desde la época universitaria cuando iniciaba mis estudios

de derecho en la Universidad Pedro Henríquez Ureña hace ya

pronto 40 años, el recordado profesor Julio Brea Franco nos ex-

plicaba que, según la teoría general del Estado, este constaba de

tres elementos: el pueblo, el gobierno (el poder) y el territorio.

Hoy día para el eminente jurista alemán Peter Häberle la cultura

debe formar un “cuarto” elemento. Pero además cuestiona que

en la tríada clásica no tenga cabida, como parte de la cultura, la

Constitución, que a su entender, debe ser el “primer elemento”

del Estado o, al menos, uno esencial.

En las últimas décadas la doctrina jurídica, sobre todo la

europea, se ha ocupado de la “relativización” que ha operado

en el concepto tradicional de soberanía del Estado, entendida

esta como un “cheque en blanco” a los estados para organi-

zar sus estructuras políticas y jurídicas sin ninguna injerencia

externa. Esta entrega hará un breve análisis de la dimensión

hacia el derecho interno de este proceso de transformación

de la soberanía que ha conformado el actual Estado Consti-

tucional, así como las consecuencias de esta modulación para

adaptarse al proceso de integración a esquemas con vocación

supranacional.

En su célebre obra El derecho dúctil (Trotta, 2009), el expresi-

dente del Tribunal Constitucional italiano Gustavo Zagrebelsky

sostiene que, tomando en cuenta la naturaleza de las constitu-

ciones democráticas en la época del pluralismo (que sólo prevén

las condiciones para facilitar determinado proyecto de vida co-

mún en vez de imponerlo), se “ha considerado posible sustituir,

en su función ordenadora la soberanía del Estado (y lo que de

exclusivo, simplicador y orientador tenía de por sí) por la sobe-

ranía de la Constitución”.

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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El lúcido jurista arma que la idea de un Derecho creado

exclusivamente por el Estado y puesto exclusivamente a su ser-

vicio, sea el Derecho Público interno o el Derecho Internacional,

anclada ésta en la noción tradicional de soberanía de la “persona”

estatal, en la actualidad “ya no puede reconocerse con aquella

claridad como realidad política operante”, debido a ciertos “fac-

tores demoledores de la soberanía” que, desde nales del siglo

pasado “actúan vigorosamente” como “fuerzas corrosivas” de la

misma, tanto interna como externamente, a saber:

“el pluralismo político y social interno, que se opone a la idea misma

de soberanía y de sujeción: la formación de centros de poder alternati-

vos y concurren tes con el Estado, que operan en el campo político, eco-

nómico, cultural y religioso, con frecuencia en dimensiones totalmente

independientes del territorio estatal; la progresiva internacionaliza-

ción, promovida a veces por los propios Estados, de “contextos” que

integran sus poderes en dimensiones supraestatales, sustrayéndolos

así a la disponibilidad de los Estados particulares; e incluso la atri-

bución de derechos a los individuos, que pueden hacerlos valer ante

jurisdicciones internacionales frente a los Estados que pertenecen”.

Si bien se mantiene el alcance jurídico internacional de la

soberanía en su doble principio de igualdad formal entre los

Estados y no intervención en los asuntos internos (artículo 3

constitucional), la opción por “un Estado abierto al Derecho In-

ternacional y a la integración” (Häberle) “contradice el carácter

absoluto del dogma de la soberanía estatal” (Zagrebelsky).

10. La Constitución económica

A propósito del debate público sobre cuál es el modelo econó-

mico nacional, resulta pertinente referir al término constitución

económica que caracteriza la regulación del orden económico que

55

José Alejandro Ayuso

hace el constitucionalismo posterior a las dos guerras mundiales,

y que complementaría la constitución política en tanto estatuto

jurídico fundamental de los poderes públicos y de las relaciones

entre el Estado y los ciudadanos que habitan un territorio.

La Norma Fundamental dominicana consagra en su artículo

217 que “el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del

desarrollo humano”, concepto este último elaborado y utiliza-

do por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

PNUD, para medir el avance económico, social, político, cul-

tural y tecnológico de los países. El mismo implica que el gasto

público del Estado debe estar encauzado a ampliar las opciones

de las personas y fortalecer las capacidades humanas para llevar

al máximo posible lo que las personas pueden y quieren ser y

hacer en la sociedad.

Este régimen debe estar fundamentado en el crecimiento eco-

nómico, que es la medida del bienestar de la población y del éxito

de las políticas económicas a través del aumento, en un período

de tiempo determinado, de la producción de bienes y servicios

de una sociedad, cuyo valor monetario representa el Producto

Interno Bruto, PIB. No obstante, también se establece como

fundamento “la redistribución de la riqueza y la justicia social,

en un marco de libre competencia e igualdad de oportunidades”

para asegurar la producción de bienes y servicios de calidad.

Del artículo 218 al 222 la Constitución establece los prin-

cipios rectores del régimen económico que establecen su con-

tenido básico, por lo que está prohibida cualquier actuación

en su contra de parte de los poderes públicos y de los ciuda-

danos. En apretada síntesis, la iniciativa económica privada

es libre y el Estado la fomentará mediante la creación de po-

líticas públicas al efecto.

Por su parte, todas las empresas, dominicanas o extranjeras,

deberán respetar las leyes y las decisiones de los jueces dominica-

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El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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nos, y tanto la actividad empresarial privada como la del Estado

reciben el mismo trato legal, sin privilegios ni para el gobierno

ni para los particulares. El Estado reconoce que debe integrar

el sector informal de la economía al circuito legal, así como y

darle un tratamiento favorable a las micro, pequeñas y medianas

empresas, porque estas crean empleos y producen ingresos para

los más necesitados.

La constitución económica también prescribe el régimen mo-

netario y nanciero de la nación, cuya regulación corresponde

a la Junta Monetaria como órgano superior del Banco Central.

Para modicar el régimen de la moneda y la banca, la ley re-

quiere para ser aprobada una mayoría calicada de las 2 /3 par-

tes de la totalidad de los diputados y senadores, a menos que

sea iniciada por el Poder Ejecutivo en cuyo caso se considera

una ley orgánica y sólo necesita el voto favorable de las 2/3 de

los presentes.

Por igual, contempla el régimen de las nanzas públicas me-

diante la reglamentación de la Ley de Presupuesto de ingresos y

gastos que maneja el Estado, e incluye el nanciamiento reque-

rido, el cual debe ser “realizado en un marco de sostenibilidad

scal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible

con la capacidad de pago del Estado”.

11. Poderes Salvajes

En principio, hablar de dictadura de la mayoría sería un oxí-

moron, gura literaria que consiste en combinar dos conceptos

contradictorios para formar un tercero que resultaría absurdo,

aunque metafóricamente válido. Sin embargo, la interesante lec-

tura del último libro del maestro Luigi Ferrajoli, eminente jurista

italiano y uno de los más lúcidos teóricos del constitucionalismo

57

José Alejandro Ayuso

garantista y global, presenta sólidos e irrebatibles argumentos

para acercar y darle sentido a estos dos términos que, como ve-

remos en cierta praxis política, no son en esencia contrapuestos.

Poderes Salvajes. La crisis de la democracia constitucional (Mi-

nimaTrotta, 2011), a pesar de analizar la convulsa y zarandeada

Italia de Berlusconi, a mi entender presenta elementos que con-

curren a la realidad política actual de la República Dominicana,

a pesar de la distancia institucional que las separa: ya en 1948 la

nación europea se dotó de una Constitución normativa y de un

Tribunal Constitucional para garantizar su supremacía, en un

régimen parlamentario que permitió un desarrollo sociopolítico

en consonancia con las naciones vecinas.

Como bien arma el prologuista de la obra Perfecto Andrés

Ibañez, magistrado del Tribunal Supremo español de orientación

progresista, la misma parte de la premisa de que la democracia

política y los derechos fundamentales efectivamente garantiza-

dos son categorías indisociables que deben ser complementarias,

lo que también es aplicable para el presente y el porvenir de la

incipiente democracia constitucional criolla.

La tesis de Ferrajoli es que está en curso un proceso de des-

constitucionalización del sistema político italiano, producto de la

pretensión de que el consenso popular es la única fuente de legi-

timación del poder político. El autor cita con crudeza las razones

de esta crisis: porque no se soporta el pluralismo político y cons-

titucional; por la desvalorización de las reglas; por los ataques a

la separación de los poderes, a las instituciones de garantía, a la

oposición parlamentaria, a la crítica y a la prensa libre; en de-

nitiva, por el rechazo del paradigma del estado constitucional de

derecho como sistema de vínculos (límites y controles) legales

impuestos a cualquier poder.

En apretada síntesis, ese poder del pueblo de tomar y de le-

gitimar las decisiones políticas de manera directa o a través de

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

58

representantes que, a juicio de Ferrajoli, es la democracia formal

o procedimental, exige la integración de límites sustanciales y

de contenido que representan “la esfera de los indecidible”: los

derechos fundamentales y el sistema de principios que integran

la democracia política impuestos en las constituciones.

Además, arma que la democracia puede no sobrevivir al

ser siempre posible en principio la supresión por mayoría, con

métodos democráticos, de los métodos democráticos mismos. Y

pone como ejemplo que en el siglo pasado fascismo y nazismo

se apoderaron del poder por vías legales y luego se lo entregaron

democrática y trágicamente a un jefe que suprimió la democra-

cia”. Este también fue el método utilizado por Trujillo.

Parece que ambas naciones comparten una cultura política

que se apoya en el populismo para reducir la democracia al ejer-

cicio del voto para la formación de la voluntad popular encarna-

da en un líder carismático, y una realpolitik con la que hay que

pactar para no acabar estrellado en el estado de cosas. Entonces,

¿cuál futuro para nuestra democracia constitucional?

12. El constitucionalismo heroico

No muchos pueblos han defendido con las armas su Cons-

titución como la República Dominicana en el 1963, a raíz de

que fuese quebrantada con el derrocamiento del presidente Juan

Bosch a 7 meses de tomar posesión. Luego de una dictadura de

31 años donde la voluntad omnímoda de Trujillo la redujo a un

“pedazo de papel”, con el ascenso al poder del Partido Revolu-

cionario Dominicano, PRD, la nación se dotó de una Constitu-

ción moderna que, 48 años antes, sentaba las bases del Estado

Social y Democrático de Derecho que todavía hoy es una aspi-

ración nacional en los hechos.

59

José Alejandro Ayuso

En síntesis, la Constitución de 1963 fue desconocida por el

golpe militar del 25 de septiembre de ese año. La lucha por la vi-

gencia de esa Norma Fundamental llevó a los patriotas domini-

canos a la revolución constitucionalista del 24 de Abril de 1965,

que devino guerra patria en defensa de la soberanía nacional por

la invasión de Estados Unidos de cuatro días después.

Hace unas horas terminé de leer Caamaño en Europa (1966-

1967), última obra del guerrillero de Caracoles, héroe nacional

y prolíco historiador ido a destiempo Ing. Hamlet Hermann:

muy bien escrita, con una prosa ágil y un estilo novelado de pre-

sentar los hechos y documentos históricos que hace su lectura

!uida e interesante. Al narrar las incidencias de la intrahistoria

que parte de “la deportación diplomática” del Coronel Consti-

tucionalista hasta su “desaparición” (viaje a Cuba), se encuentran

numerosas alusiones al constitucionalismo heroico que impreg-

nó las acciones de los patriotas que lucharon por retornar a la

vigencia la Constitución de 1963.

Por los frecuentes viajes de Caamaño a otras capitales europeas,

Hermann relata que en febrero del 1967 el Mayor General Enri-

que Pérez y Pérez, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas,

envía una comunicación al Embajador en Londres mediante la

cual le informa que a los agregados militares les “está prohibido

por la Constitución” ausentarse de su sede diplomática “sin la au-

torización de esta Secretaría de Estado, de la cual dependen”.

El presidente provisional Héctor García Godoy había, de

manera expresa y escrita, dispensado al Coronel Caamaño de

este requisito, y la reacción del héroe de abril fue más que elo-

cuente: “A mí me tocó el honor de gurar a la cabeza de un

movimiento histórico que se hizo en defensa de la Constitución

de la República, suena ridículo pues mencionar precisamente la

Constitución a la hora de amenazarme con ser cancelado como

ocial de las FFAA”.

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

60

Sobre la polémica decisión del expresidente Bosch de mar-

charse voluntariamente del país en los turbulentos nales de

1966, y contrario al silencio culpable de la prensa de la época,

el vespertino El Nacional editorializaba que, si bien “el profesor

Bosch necesitaba descanso, como todos los hombres”, advertía

que “si aquí los que pueden hacer algo por el pueblo se echan

a descansar en estos momentos, ¡Dios nos ampare!”. Por ello,

Bosch se negaba a dar entrevistas a este periódico, por lo que

expresa el autor que “Sorprendía esta discriminación…contra el

medio de comunicación que más y mejor se identicaba con los

principios de la constitucionalidad”.

13. La Constitución como norma jurídica suprema

A pesar de que sólo en la amplia y profunda reforma del 2010

se incluyó por vez primera en la historia republicana de la nación

dominicana el término norma suprema en la Constitución, está claro

que ya la fundacional del 6 de noviembre de 1844 establecía esta

supremacía normativa en su artículo 35: “No podrá hacerse ninguna

ley contraria ni a la letra ni al espíritu de la Constitución; en caso de

duda, el texto de la Constitución debe siempre prevalecer”.

Al respecto, el recordado jurista Wellington Ramos Messina,

armó que, a pesar de que “en nuestro país, desde la proclama-

ción de su primera Constitución, siguiendo la tradición de los

tribunales norteamericanos, se ha reconocido y consagrado con

mayor o menor énfasis la supremacía de la norma constitucional

sobre toda otra de carácter adjetivo, sin importar de quién ésta

emane, siempre fue difícil hacerla efectiva…No obstante, añade

que en los últimos años la Constitución ha dejado de ser “un

pedazo de papel” y “su carácter de norma suprema” ha imbuido

nuestro entorno jurídico.

61

José Alejandro Ayuso

Como bien nos explica el Dr. Manuel Aragón Reyes, pasado

magistrado del Tribunal Constitucional español, la Constitución

de esa nación se inscribe en la consideración de que es la norma

superior del ordenamiento, aplicable por la Administración y los

jueces, que vincula a los poderes públicos y a los ciudadanos y

que tiene en el Tribunal Constitucional su supremo intérprete y

defensor jurídico por lo que “el sometimiento del Estado al De-

recho es el sometimiento del Estado y del Derecho a la Consti-

tución”, razón por la que “la garantía de la libertad no residirá en

el principio de la legalidad, sino, verdaderamente, en el principio

de constitucionalidad…”

Ahora bien, cuando se trate de los 37 derechos fundamen-

tales consagrados en la Constitución, también el artículo 68 es-

tablece que los mismos “vinculan a todos los poderes públicos,

los cuales deben garantizar su efectividad…”. Para ello existen

“mecanismos de tutela y protección que ofrecen a la persona la

posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a

los sujetos obligados o deudores de los mismos”, por lo que será

admisible una acción de amparo “contra todo acto u omisión de

una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma

actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad maniesta

lesione, restrinja, altere, amenace” estos derechos (artículo 72).

Sin embargo, se echa de ver que muchas de las actuaciones

de las personas y de los órganos que ejercen potestades públicas

no “están sujetos a la Constitución” como quiere y manda su

artículo 6. Y es que esta superioridad normativa debe implicar el

principio de conformidad de todos los actos de los poderes pú-

blicos y de los particulares a la Constitución, bajo la sanción de

o ser declarados nulos por el TC u obtener la protección judicial

de los derechos fundamentales vulnerados.

Quede claro, como bien expresa el connotado constituciona-

lista Eduardo Jorge Prats, que “Las previsiones constitucionales,

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

62

por más abstractas, vagas, etéreas que nos parezcan, no son poesía

sino derecho puro y duro y, por tanto, obligatorio y vinculante.”

14. División de poderes y tributación

En la entrega anterior vimos como los actos de los órganos y

funcionarios públicos y de los particulares tienen la obligación de

respetar, en primer lugar, las disposiciones que contiene la Consti-

tución porque es la norma -regla de conducta- más importante de

la nación. Y luego, las demás leyes, decretos, reglamentos, resolu-

ciones administrativas, arbitrios municipales, sentencias judiciales

y demás actos de los poderes públicos que se suponen conformes

y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de leyes.

Una de las funciones esenciales de la Constitución es preser-

var la libertad y los derechos fundamentales de las personas, físi-

cas y jurídicas, en sus relaciones con el Estado, mediante técnicas

de división del poder político. Por ello tenemos tres poderes del

Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), independientes uno

del otro, que se complementan en sus actuaciones, pero que no

pueden usurparse las funciones porque estas actuaciones estarían

viciadas de nulidad por inconstitucionalidad, que para ello está

previsto el Tribunal Constitucional. Veamos un ejemplo de ac-

tualidad con el tema de la potestad tributaria.

La primera atribución constitucional del Congreso Na-

cional en materia legislativa es la de “Establecer los impues-

tos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo

de su recaudación e inversión (art. 93.1). Si bien el Ejecutivo

puede celebrar contratos que estipulen exenciones impositivas,

si el monto sobrepasa los doscientos salarios mínimos del sec-

tor privado deberán ser sometidos a la aprobación congresual

(art. 128.d).

63

José Alejandro Ayuso

Más adelante, en la parte dedicada a las nanzas públi-

cas, la Constitución establece que los principios del régimen

tributario son los de “legalidad, justicia, igualdad y equidad

para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el

mantenimiento de las cargas públicas” (art. 243), y que toda

reducción o exoneración de impuestos benecio de particula-

res, o su transferencia, también la debe aprobar el Congreso

(art. 244).

La lógica subyacente en esta repartición de funciones es

clara: si bien el Ejecutivo tiene el mandato constitucional de

manejar la Administración Pública en sentido general, y la ges-

tión tributaria en particular, no tiene atribuida la facultad ni

de crear impuestos ni de modicar el modo de su recaudación

porque violaría tanto la Constitución como el Código Tributa-

rio, ley especial que regula la materia y que se reputa conforme

a la Norma Suprema.

Si bien es un grave atentado contra el orden y la seguridad

jurídica que un acto administrativo-tributario ignore el princi-

pio de conformidad a la Constitución, el perjuicio se incrementa

cuando además vulnera derechos fundamentales, considerados

estos, como ha establecido el Tribunal Constitucional federal

alemán, en su doble vertiente de derechos subjetivos tradiciona-

les que pueden ser reclamados frente al poder público, y como

normas objetivas cuyo contenido debe “irradiar” todos los ámbi-

tos del ordenamiento.

Este efecto de irradiación de los derechos fundamentales so-

bre el ordenamiento jurídico obliga a todos y cada uno de los

poderes del Estado en el ámbito de sus funciones, los cuales

tienen el deber de garantizar y hacer más efectivos estos de-

rechos, nunca de transgredirlos. Cobrar más impuestos nunca

justicaría la adopción de normas irrazonables, ilegales e in-

constitucionales.

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

64

15. Acción de amparo y orden supranacional

La Constitución dominicana en su artículo 72 consagra el

derecho de toda persona física o moral a una acción de ampa-

ro para la protección inmediata de sus derechos fundamentales

cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omi-

sión de toda autoridad pública o de particulares. Por igual, la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, en

su art. 25.1, también establece este derecho a la garantía prefe-

rente del amparo que opera siempre y cuando haya que tutelar

inminentemente un derecho fundamental.

Por su parte, el artículo 70.1 de la Ley No.137-11 Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitu-

cionales, LOTCPC, expresa que la acción de amparo podría ser

admisible cuando no existan otras vías judiciales que permitan

de manera efectiva la protección del derecho fundamental invo-

cado, lo que fue raticado por sentencia del 21 de septiembre del

2011 de la Suprema Corte de Justicia, SCJ, en un caso relativo

a una estimación de ocio de la Dirección General de Impues-

tos Internos, DGII, no contra una Norma General como la 13-

2011 que viola derechos fundamentales tanto a los bancos que

operan en el país como a sus ahorrantes y que, por tanto, ha sido

accionada en amparo.

En la decisión antes citada, actuando en funciones de Tri-

bunal Constitucional y al tenor del art. 70 LOTCPC, la SCJ

determinó que la acción de amparo era improcedente porque

las vías judiciales ordinarias presentaban una tutela idónea y su-

ciente que permitían dar una solución adecuada y rápida a las

pretensiones invocadas por el agraviado.

Esto último no ocurriría en el caso de la especie en los térmi-

nos expresados por el reconocido especialista en la materia Dr.

Edgar Barnichta, para quien, en resumen, es un error jurídico

65

José Alejandro Ayuso

pretender que una vía inadmisible y larga como es un Recurso

Contencioso Tributario o Administrativo pueda constituir una

tutela efectiva para obtener la protección de los derechos funda-

mentales invocados contra una Norma General inconstitucio-

nal, de aplicación inmediata, causante de daños irreversibles y

cuyo incumplimiento implicaría sanciones.

En consecuencia, resulta que supeditar el amparo a que pri-

mero se agoten vías judiciales ordinarias que son inadmisibles o

inefectivas, sería ir en contra de lo que establece la Constitución

que no condiciona la acción de amparo. Pero también quebranta

las disposiciones de la CADH que instaura un verdadero orden

supranacional junto a las decisiones de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, CIDH, sobre la materia. 

Para evitar que la CIDH declare la antijuridicidad de una

decisión que vulneraría aspectos de este derecho que tienen je-

rarquía constitucional, el juez nacional debe operar un control de

convencionalidad para determinar la conformidad de su actua-

ción a estos preceptos que son normas supremas internas.

Al efecto, la jurisprudencia constante de la CIDH establece

que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado

artículo no basta con que los recursos existan formalmente, sino

que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse

a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea

sencillo y rápido en los términos del artículo 25 de la Conven-

ción, como lo es la acción de amparo.

16. ¿Conoces nuestra Constitución?

Con el objetivo de propiciar el desarrollo de una cultura de

respeto a la Constitución y a las leyes, en la Fundación Equidad

Inc. hemos preparado un libro de fácil lectura y comprensión

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

66

de la nueva Norma Suprema dominicana dirigida a jóvenes y

adolescentes y al público en general, con textos, diseños y no-

tas pedagógicamente redactados y articulados que explican de

modo fácil y entendible los aspectos más importantes de sus 277

artículos.

Nuestra Constitución. Guía para entender la Constitución Do-

minicana© está organizada en el orden de los diferentes títulos,

capítulos, secciones y artículos que la misma contiene, y los pre-

senta en dos grandes partes: una sobre los principios y valores de

la nación y los derechos y deberes fundamentales de las personas,

y otras sobre la organización y administración del Estado. Con

la valiosa colaboración inicial de la Comisión Permanente de

Efemérides Patrias del Ministerio de Cultura, del Banco Popu-

lar Dominicano y de Vicini, esta obra didáctica verá próxima-

mente la luz.

El punto de partida del equipo multidisciplinario que aco-

metió la tarea de pedagogía constitucional con el extenso texto

constitucional es que todos los funcionarios públicos al asu-

mir el cargo juran “cumplir y hacer cumplir la Constitución

y las leyes”. Ya desde 1884, cuando fue fundado un Estado

libre e independiente con el nombre de la República Domi-

nicana, se estableció que la Constitución es la ley principal

para organizarnos como sociedad y que está por encima de las

demás leyes, por lo que también se le denomina Ley de Leyes

o Norma Suprema.

Las leyes son reglas de conducta cuyo cumplimiento es

obligatorio para que todos podamos vivir en paz y alcance-

mos tanto el bienestar de cada uno como el de todos. Por

tanto, y para evitar abusos que nos afecten como personas, la

Constitución dispone que todo acto contrario a la misma será

declarado nulo y no podrá ser válido para nadie, sea una ley

del Congreso, un decreto del Presidente, una sentencia de un

67

José Alejandro Ayuso

tribunal, una resolución de un Ayuntamiento, o un contrato

entre particulares.

La Constitución también establece que el Estado dominica-

no cuenta con tres elementos esenciales: nosotros, el pueblo, con

las creencias y costumbres que nos identican, nos asemejan y

nos diferencian de los demás pueblos; nuestro territorio nacio-

nal, y el gobierno que nos representa. Como una de las funciones

esenciales de la Ley de Leyes es limitar el poder de las personas

que ejercen en nombre del pueblo las funciones públicas, nos go-

biernan tres poderes separados e independientes: el Legislativo,

el Ejecutivo y el Judicial.

Es importante saber que el Estado se fundamenta en el res-

peto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección

real y efectiva de 37 derechos y el cumplimiento de 12 deberes

fundamentales que corresponden a las personas, que deben ser

garantizados y vigilados por las autoridades del Estado. En suma,

si leemos y entendemos nuestra Constitución, esta se convierte

en una poderosa herramienta ciudadana de transformación so-

cial, participación democrática e institucionalización política.

17. Constanza en mi corazón

Hacia nales de 2011 recibí una llamada del buen amigo Ro-

berto Adames, ido muy a destiempo, para invitarme a participar

en el evento Ciudadanía y Garantías Constitucionales, actividad

con motivo de celebrarse en noviembre el día nacional de la

Constitución Dominicana. La misma contaba con los auspicios

del Honorable Colegio de Abogados de la Republica Domini-

cana y esta Seccional Constanza, que preside el colega Adames,

del Comité Municipal de Fiestas Patrias y Municipales, presidi-

do por el distinguido munícipe Wady Brea, y por el Honorable

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

68

Ayuntamiento Municipal de Constanza, cuyo Alcalde Muni-

cipal es el destacado empresario y dirigente político Don Juan

Agustín Luna Lora.

Luego de muchos años de no visitar el impresionante valle

de Constanza, apacible y fresco lugar que frecuenté en mi niñez

por los lazos de amistad de mi padre Juan José con el munícipe

“constancero” y periodista Wady Mansur, llegué a esta antesala

del paraíso terrenal y desembarqué en casa del amigo Roberto,

a quien conocí el pasado año mientras participábamos en un

postgrado sobre Derecho Constitucional en la Universidad de

Castilla-La Mancha en Albacete, España, estudios que hemos

continuado para obtener un Máster en la materia por esa pres-

tigiosa casa de altos estudios europea. Desde entonces, también

hemos compartido la común ación por la poesía que se “despa-

labra” y que se vive.

Luego de ponernos al día, coordinar la jornada y beber café

en compañía de su amable esposa, nos dirigimos al lugar del

evento académico que se llevó a cabo el 9 de noviembre de 2011

en los salones del Multiuso Cultural de Constanza, y grata fue

nuestra sorpresa al encontrarnos con un numeroso público com-

puesto no sólo de abogados y funcionarios judiciales, sino ma-

yoritariamente por representantes de todos los segmentos de la

sociedad de este municipio.

Luego de las breves alocuciones protocolares de rigor, tocó el

turno de exponer al colega Adames, con ocinas abiertas tanto

en Constanza como en Santo Domingo desde donde ejerció con

mucho talento y sentido ético la profesión, quien compartió con

el auditorio sus conocimientos técnicos sobre las nuevas garan-

tías constitucionales que tiene el ciudadano para defender sus

derechos ante las violaciones de parte de los funcionarios pú-

blicos, e instó a los presentes, con su oratoria combativa y con-

vincente, a utilizarlos para mejorar la convivencia social entre

69

José Alejandro Ayuso

gobernantes y gobernados y construir un efectivo Estado Cons-

titucional de Derecho.

Acto seguido tocó el turno de exteriorizar mis ideas sobre

el concepto de norma jurídica suprema que consagra nuestra

Constitución desde la reforma del 2010, y del papel fundamen-

tal que jugará el Tribunal Constitucional para que sus precep-

tos sean de obligado cumplimiento por los poderes públicos, so

pena de nulidad de sus actos.

Al terminar el evento sucedió algo inesperado: me fue entre-

gada una resolución del Ayuntamiento Municipal en la que me

reconocieron como Visitante Distinguido de Constanza, inmere-

cida honra que agradezco en el alma. Más tarde en la noche la

proverbial hospitalidad se vistió de cena en compañía de nuevos

amigos que también llevo en mi corazón.

18. Constitución, negocios y medio ambiente

Hace cerca de un par de décadas el excelso y recordado Don

Rafael Herrera editorializó, en uno de tantos de antología, que

la protección del medio ambiente y de los recursos naturales

podía erigirse en “una dictadura ecológica” que impidiera el

progreso industrial y comercial, así como el desarrollo econó-

mico, social y humano de una nación. Abogaba esta clarivi-

dente y tenaz pluma del periodismo criollo que lo importante

era compatibilizar los negocios y el medio ambiente, evitar los

extremos de todo o nada.

Para la época, la consciencia colectiva de conservar el equili-

brio ecológico tomaba forma institucional en el país mediante la

declaratoria de parques nacionales y áreas protegidas vedadas a

cualquier tipo de explotación empresarial. Sin embargo, en oca-

siones no quedaban claros los criterios con que se satanizaban

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

70

proyectos de inversión a ser instalados en áreas donde lo impres-

cindible era determinar, técnicamente, si el impacto medioam-

biental podría tener algún tipo de remedio que compensara los

benecios potenciales para la geografía humana.

Siguiendo la tendencia global en la materia, pocos años des-

pués el país se dotó de una moderna legislación (Ley 64-00) y de

una Secretaría de Estado, hoy Ministerio, institución encargada

de velar por la protección del medio ambiente y de los recursos

naturales que, hoy por hoy, ha establecido mecanismos regu-

latorios que controlan el impacto negativo de la instalación de

todo tipo de negocios en el país, mediante el otorgamiento de

diversos tipos de licencias y permisos medioambientales.

Por igual, la reforma constitucional del 2010 consagró como

fundamentales los “derechos colectivos y del medio ambiente”.

Por igual, el deber del Estado de garantizar que “Toda persona

tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso

y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un am-

biente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el de-

sarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje

y de la naturaleza”.

A nivel global el debate entre si los negocios y medio am-

biente son “enemigos o aliados”, como ha escrito Cristina

García-Orcoyen en el Observatorio Medioambiental, nace de

que, tradicionalmente, la relación de la industria y del mun-

do empresarial con el medio físico ha sido “de olvido cuando

no de indiferencia”, sin olvidar el interés depredador de los

gobiernos y empresarios que contemplan la naturaleza y la

biosfera “como una fuerte inagotable de recursos” o “un su-

midero…para desechos”.

Esta antinomia mantiene su vigencia en la medida en que

el concepto de desarrollo sostenible presenta tres caras: el creci-

miento económico, la preservación del entorno, pero también

71

José Alejandro Ayuso

el desarrollo social que obliga a buscar formas cientícamente

creativas para armonizar estos tres elementos.

Es por ello que surge la responsabilidad social y medioam-

biental como un valor corporativo que ya no sólo es patrimonio

de las industrias denominadas “sucias” por sus niveles de to-

xicidad y contaminación. Esta representa el compromiso em-

presarial de “minimizar las presiones sobre el medio ambiente

hasta un nivel en el que las capacidades de regeneración de los

recursos naturales permitan su salvaguarda y explotación pro-

ductiva”. Porque para toda empresa, “el éxito económico sólo

será posible si éste va acompañado de un impacto medioam-

biental y social positivo”.

19. Pedagogía constitucional

El derecho de toda persona a una educación integral y de

calidad es uno de los fundamentales del amplio catálogo de de-

rechos sociales y económicos que contempla la Constitución. El

gobierno del presidente Danilo Medina ha cumplido el reclamo

ciudadano de presupuestar el 4% del PIB para nanciar la fun-

ción educativa del Estado, que incluye la “erradicación del anal-

fabetismo” (art. 63.3) como una de sus obligaciones esenciales.

Sin embargo, entiendo que estaría incompleta esta revolución

educativa si no incluye la enseñanza en las escuelas de la ideo-

logía que informa los preceptos de la Norma Suprema pactados

para organizar la sociedad, como una materia obligatoria a ser

impartida a los estudiantes desde temprana edad.

La experiencia de otras naciones muestra un incremento

en la instrucción del ciudadano en cuanto al debido respeto

a la ley y a la institucionalidad, lo que se traduce en mayores

niveles de conciencia cívica y de exigencia a los funcionarios

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

72

públicos que al asumir el cargo juran “cumplir y hacer cum-

plir la Constitución y las leyes”.

Al efecto, el artículo 63.13 constitucional dispone que: “Con

la nalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de

sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación

pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la forma-

ción social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los de-

rechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los

principios de convivencia pacíca.

Con la responsabilidad de viabilizar el cumplimiento de esta

disposición de la Carta Magna, el presidente del Tribunal Cons-

titucional Don Milton Ray Guevara ha hecho pública su soli-

citud al Presidente de la República de instruir a las autoridades

“para que en el sistema educativo se haga obligatoria la enseñan-

za de la Constitución a partir del 2015”.

Para estos nes opino que es necesario desarrollar los instru-

mentos de pedagogía constitucional para formar, primero a los

profesores y, luego, que estos tengan la preparación para enseñar

a los alumnos lo que ya conocen bien. Se destaca la obra Cons-

titución para niños que ha publicado y divulgado ampliamente la

Cámara de Diputados, resumen muy bien logrado con ilustra-

ciones que ayudan al entendimiento de los textos.

También en la Fundación Equidad Inc. publicamos Nuestra

Constitución. Guía para entender la Constitución Dominicana, li-

bro de fácil lectura y comprensión de la Norma Fundamental

proclamada en el 2010 dirigida a jóvenes y adolescentes y al pú-

blico en general, con textos, diseños y notas pedagógicamente

redactados y articulados que explican los aspectos más relevantes

de sus 277 artículos.

De acuerdo con la armación del magistrado presidente del

TC de que “Aquí se ha avanzado enormemente en el respeto a la

Constitución, decir lo contrario sería tapar el sol con un dedo”.

73

José Alejandro Ayuso

20. Conforme a la Constitución

El Ministerio de Industria y Comercio, MIC, emitió en 11

de febrero del 2013 la Resolución núm. 22 mediante la cual, el

órgano regulador de la comercialización de combustibles deri-

vados del petróleo y del gas natural dispuso mecanismos de su-

pervisión y control para conjurar prácticas violatorias a la Cons-

titución y a las leyes que rigen el sector. Por igual estableció

un régimen sancionador para los violadores de las regulaciones

tendentes a la libre y sana competencia en este sector.

Para sorpresa de los operadores que actúan de conformidad

con la normativa aplicable, la Asociación Nacional de Detallis-

tas de Combustibles, Inc., Anadegas, accionó ante el Tribunal

Constitucional para que esta Alta Corte declarare “la inconsti-

tucionalidad y nulidad de la Resolución 22-13”, por alegadas

violaciones a varios artículos de la Carta Magna

La Asociación de Mayoristas de Productos Derivados del

Petróleo realizó una intervención voluntaria en este proceso de

control constitucional de la norma emitida por el MIC y conclu-

yó que, con la exposición de sus argumentos, “ha quedado de-

mostrado que se trata de una norma administrativa que además

de guardar perfecta cohesión con la Constitución Dominicana,

resulta útil, lógica y razonable”. Coincidente la opinión técnica

del Ministerio cuya resolución fue cuestionada al raticar que

“no se había producido ninguna infracción en perjuicio de una

norma sustantiva de la Constitución”.

En este tenor, el pasado 20 de febrero el máximo órgano de

control constitucional de la nación adoptó, por el voto mayori-

tario requerido, la Sentencia TC/0010/15 que rechazó la acción

directa de inconstitucionalidad de Anadegas “al no haberse ve-

ricado ninguna de las violaciones invocadas por la parte accio-

nante…por lo que se declara “conforme con la Constitución de

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

74

la República” la Resolución 22-13. Al respecto se destacan dos

razonamientos jurídicos, a saber.

Uno, el que fundamenta la “exclusividad contractual” de los

detallistas con los distribuidores al por mayor de combustibles

derivados del petróleo y el gas natural como “un mecanismo de

protección del uso de marcas en los procesos de distribución y

venta” de estos productos, “así como un mecanismo que procura

que el consumidor nal disponga de esos bienes con la calidad

y características que trae consigo una marca determinada”. Por

tanto, el TC estimó que esta Resolución, lejos de violar los dere-

chos fundamentales a la libertad de empresa y la libre competen-

cia, lo que busca es proteger los derechos por igual fundamenta-

les a la propiedad intelectual y a los consumidores.

El otro se encuentra en el voto salvado del magistrado pre-

sidente del TC Don Milton Ray Guevara, cuyas razones para

justicar el rechazo a la presunta violación en la que incurrió

el MIC a los principios de legalidad y de reserva de ley fueron

distintos a los de la mayoría: las sanciones que prevé la Resolu-

ción 22-13, que incluso conlleva la cancelación de las licencias

emitidas por el MIC, está basada en que su ley orgánica 290-66

“le da facultad para hacerlo”.

Para volver al orden constitucional este mercado de interés na-

cional estratégico, sólo falta que el Tribunal Superior Administra-

tivo levante la medida cautelar que suspende su aplicación. Luego

el MIC deberá encargarse de imponer sanciones a los operadores

que la violen en desmedro de los consumidores, que somos todos.

21. Aprender de los maestros

Toledo, España.- Esta columna la escribo desde esta ciu-

dad histórica, maravillosa y calurosa (¡temperaturas que lle-

75

José Alejandro Ayuso

gan hasta 42 grados Celsius!) que data de antes de Cristo,

fue inmortalizada por el pintor El Greco y es Patrimonio

de la Humanidad desde 1986. El motivo de mi visita no es

turístico, ya que conocí sus encantos hace unos 25 años en

compañía de mi querida madre Luz Delna de Ayuso y del

entrañable compadre Martín J. Santos Casado, en la época

que estudiaba en Francia y venía con frecuencia a la madre

patria de vacaciones.

En el 2015 regresé aquí en calidad de estudiante de la tercera

edición del Curso de Postgrado Justicia Constitucional, interpre-

tación y aplicación de la Constitución, que organiza la Universi-

dad de Castilla-La Mancha, UCLM, en la Facultad de Cien-

cias Jurídicas y Sociales de Toledo. El objetivo del evento es

“profundizar en el desarrollo de una oferta académica altamente

especializada, orientada a juristas de Europa e Iberoamérica,

combinando una perspectiva teórico-práctica y un enfoque ba-

sado en la integración y el intercambio de experiencias, ideas

y opiniones, creando un foro académico, partiendo de que los

profesores asumen la orientación y coordinación de cada sesión,

pero dando protagonismo a los concursantes”.

En el 2010 ya tuve la oportunidad de participar en las clases

de maestría en Derecho Constitucional de la UCLM, esa vez en

el recinto de la apacible ciudad de Albacete, donde conocí el ele-

vado nivel académico del profesorado de esta alta casa de estu-

dios que, de pasada, también ofrece este Máster Universitario en

la sede de la Ponticia Universidad Católica Madre y Maestra,

PUCMM, en Santo Domingo. De nuevo tuvimos en este Curso

catedráticos de la talla de Francisco Javier Díaz Revorio, José

Luis García Guerrero, Marcos Massó Garrote, Marina Gascón

Abellán, Enrique Belda Pérez-Pedrero, María Elena Rebato,

María Luz Martínez Alarcón y Jesús López de Lerma Galán,

al que se une el célebre autor de varias obras de referencia en la

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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materia Luis Prieto Sanchís y el interesante lósofo del derecho

Alfonso García Figueroa.

A este gran elenco de la UCLM se unieron otros profesores

de máximo prestigio en España y otros países de Europa e Ibe-

roamérica, tales como el profesor de la Universidad de Alicante

Manuel Atienza Rodríguez, Néstor P. Sagüés y Roberto Garga-

rella de la Universidad de Buenos Aires, Antonio López Casti-

llo de la Universidad Autónoma de Madrid, Lucio Pegoraro de

la Universidad de Bolonia, Roberto Rómboli de la Universidad

de Pisa, y Miguel Carbonell de la UNAM en México.

Por igual catedráticos y magistrados de Altas Cortes como

Eduardo Espín Templado y Perfecto Andrés Ibáñez del Tribu-

nal Supremo español, Eduardo Ferrer Mac-Gregor de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos, Hermógenes Acosta

del Tribunal Constitucional dominicano, Andrés Ollero Tas-

sara del TC español, Eloy Espinosa-Saldaña del TC de Perú y

Luis López Guerra del Tribunal Europeo de Derechos Huma-

nos, entre otros profesores de la UCLM y de otras acreditadas

universidades españolas.

Sin dudas que durante estas tres semanas de inmersión aca-

démica los participantes obtuvimos, en perspectiva compara-

da, la problemática actual y las nuevas tendencias de la justicia

constitucional.