III. Sobre las garantías de los derechos fundamentales

• Páginas: 107-119
• Autor: José Alejandro Ayuso

107

38. Derechos fundamentales en conicto

Justicia y medios de comunicación. El conicto a la luz del

constitucionalismo (Editora Dalis, 2010) es el título de la

reciente e interesante obra de la Dra. Katia Miguelina Ji-

ménez Martínez, a la sazón jueza de la Primera Sala de la Corte

de Apelación del Distrito Nacional y hoy magistrada del Tribu-

nal Constitucional. El prólogo es autoría del destacado jurista

Cristóbal Rodríguez Gómez, quien sintetiza como uno de los

problemas que derivan de la inadecuada regulación de la publi-

cidad en el derecho penal la aparición de los “juicios paralelos”,

cuya in!uencia mediática condiciona a la opinión pública sobre

la resolución de un proceso en curso, lo que a su vez presiona el

criterio de los jueces.

En la presentación del libro, la pasada magistrada de la Suprema

Corte de Justicia, SCJ, Miriam C. Germán Brito resume en “el dere-

cho a no ser condenado en un juicio fuera de los tribunales” esta con-

frontación entre derechos fundamentales (las libertades de expresión

e información) y las “garantías mínimas” al derecho a la tutela judicial

efectiva y al debido proceso en un Estado Constitucional.

III. SOBRE LAS GARANTÍAS DE LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

108

Si bien reconoce que “la publicidad del proceso penal obe-

dece a la idea del control popular sobre la manera de adminis-

trar justicia”, tal y como lo consagra la Constitución en su ar-

tículo 69.4, la autora compendia su tesis en que “la incidencia

de los mass media afecta el debido proceso de ley y a la función

judicial” en la medida en que “la satisfacción de las legítimas

demandas informativas de los medios y de la opinión pública

no pueden menoscabar los derechos fundamentales a la pre-

sunción de inocencia, a un debido proceso y a un juez indepen-

diente e imparcial”.

La doctrina más defendida por reputados constituciona-

listas se reere al “carácter con!ictual” de los derechos fun-

damentales (García Moreno) que, con frecuencia, entran en

colisión. Para el profesor Tomás Bastarreche Bengoa, si bien

un derecho no impera sobre el otro sino que se delimitan entre

sí, es de rigor una “ponderación casuística que pasa por los va-

lores en juego”. Por su parte, el maestro Solozábal apunta que

es difícil establecer una “jerarquía axiológica” de los distintos

derechos fundamentales, y que es necesario ver caso por caso la

prevalencia de uno sobre el otro.

Para la autora, que con demostrado rigor cientíco y con la

observación empírica de casos concretos analizó y sopesó los va-

lores subyacentes en este con!icto, “no puede ser invocado el

derecho constitucional de libertad de información si con él se

afectan o ponen en peligro otros derechos de igual rango” esta-

blecidos en el citado art. 69 de la Constitución. Una prevalencia

absoluta de la llamada “libertad de prensa” distorsiona el ejerci-

cio de la función judicial en perjuicio de los imputados, mientras

el ejercicio periodístico no asuma el principio de que toda perso-

na es inocente hasta tanto se declare su culpabilidad.

Sin embargo, a falta de una solución vía “la autorregulación

ética” de los medios de comunicación, la propuesta de la autora

109

José Alejandro Ayuso

para armonizar estos derechos en con!icto pasa por una regu-

lación legal expresa que, como en Francia, preserve el debido

proceso sin limitar en extremo la libertad de información.

39. La reglamentación de los derechos fundamentales

Diversos sectores de la vida pública nacional han adelan-

tado alertas sobre potenciales vulneraciones a la Constitución

dominicana en los Anteproyectos de Ley de Libre Expresión

y Medios de Comunicación y en Ley General de Audiovisua-

les y Espectáculos Públicos que, sin lugar a dudas, constituyen

un aggiornamento de las viejas legislaciones (aún vigentes) que

regulan estas materias, ante el uso extendido de las cambiantes

tecnologías de la información y de la comunicación (las deno-

minadas TICs).

Sin embargo, se constata además que por la fecha de su pro-

mulgación estas leyes también son preconstitucionales, por lo

que para su ejercicio legislativo aplican las nuevas disposiciones

del artículo 74 constitucional que establece los principios de re-

glamentación de los derechos y garantías fundamentales, como

es el caso del artículo 49 que consagra el derecho a la libertad de

expresión e información que se pretende reglamentar.

El maestro Juan José Solozábal destaca que, los derechos

fundamentales, sobre todos los que describen el ámbito, “in-

controlable en principio”, de la libertad individual, reciben

esta denominación debido a su carácter preestatal, al ser an-

teriores y superiores al Estado, que no los otorga conforme a

sus leyes, sino que los reconoce y protege como dados antes

que él. Y sentencia que es “en la protección de estos dere-

chos que el Estado encuentra consolidada la justicación de

su existencia”.

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

110

Al efecto, y sin pretender cuestionar ni la probidad ni el ex-

pertise del equipo de redactores de ambos anteproyectos de ley,

es doctrina consolidada y jurisprudencia constante que los dos

principios cardinales que rigen la reglamentación de los dere-

chos, deberes y garantías constitucionales son el de legalidad,

que en términos genéricos implica laexigencia de una norma

jurídica para ello, y el de razonabilidadque signica que las re-

glamentaciones (leyes y reglamentos) deberán ser razonables, y

sólo jar condiciones y limitaciones adecuadas al espíritu y a la

letra de las normas constitucionales.

Para el eminente y recordado jurista argentino Don Ger-

mán Bidart Campos, el estándar jurídico de la razonabilidad

ha venido a constituirse en un sinónimo deconstitucionalidad,

pues lo razonable es lo ajustado a la Constitución, no tanto a la

letra como a su espíritu, y lo irrazonable es lo que conculca la

Constitución, lo anticonstitucional.

El artículo 49 constitucional, ordinal 2, cumple a caba-

lidad con ambos principios de reglamentación al establecer

que “Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Consti-

tución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garan-

tías fundamentales, respetando su contenido esencial y el

principio de razonabilidad” que, como vimos, impide que

los mismos sean alterados, extinguidos o degradados por la

norma legal. También el ordinal 3 de este mismo artículo

contiene límites sustanciales al citado ejercicio de reglamen-

tación cuando establece la “jerarquía constitucional” de los

tratados relativos a derechos humanos y, por lo tanto, su

“aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás

órganos del Estado”.

Y es que los derechos de libertad, como el de la expresión e

información, imponen al Estado un deber de abstención para

permitir a su titular “actuar libremente”.

111

José Alejandro Ayuso

40. El Defensor del Pueblo

Casi una década después de haber sido creada por ley, el

constituyente del 2010 requirió que esta importante institución

defensora de los derechos fundamentales fuese elevada a rango

constitucional para nalmente abocarse a darle vigencia. Al efec-

to, una comisión especial de la Cámara de Diputados ha hecho

pública una convocatoria para que, formalmente, los ciudadanos

y la sociedad civil que así lo deseen presenten candidaturas a los

cargos de Defensor del Pueblo y de Primer y Segundo Adjunto.

En los términos del artículo 192 de la Constitución, la Cá-

mara baja escoge tres ternas y las somete al Senado que, a su vez,

elegirá uno para cada puesto. También prevé un mecanismo que

obliga a las cámaras legislativas a nombrar estas autoridades al

otorgarle a la Suprema Corte de Justicia la facultad de la esco-

gencia de las ternas o de la elección, indistintamente, si la Cá-

mara de Diputados o el Senado no cumplieren con el mandato

en los plazos que señala el párrafo del citado artículo 192.

Defensor del Pueblo es el nombre que recibe la institución

guardiana de los derechos fundamentales en muchos países de

Iberoamérica, cuyo origen se remonta a Suecia, país donde se

introdujo hace dos siglos (en 1809) el Ombudsman (“el que abo-

ga por otro”). En la segunda mitad del siglo XX se instituyó por

toda Europa y en muchos países de América Latina y el Caribe.

Hoy día en cerca de un centenar de países funciona el Defensor

del Pueblo.

En síntesis, es una institución pública, independiente y autó-

noma de los poderes públicos, cuya función principal es contri-

buir a salvaguardar la ecacia de los derechos fundamentales de

la persona consagrados en los artículos 37 al 67 de la Constitu-

ción relativos a los derechos civiles y políticos, a los económicos

y sociales, a los culturales y deportivos y a los derechos colecti-

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

112

vos y del medioambiente, en caso de que sean vulnerados por

funcionarios u órganos del estado o por prestadores de servicios

públicos o particulares.

A pesar de que las resoluciones emitidas por el Defensor del

Pueblo carecen de fuerza ejecutoria, si en sus investigaciones

concluye que el funcionario público ha cometido actos u omi-

siones que comprometen su responsabilidad, deberá remitir el

asunto a la Procuraduría General de la República para los nes

correspondientes. De ahí la importancia de que las personas que

sean designadas en estos puestos estén revestidas de reconocidas

e incuestionables autoridad moral y reputación profesional.

En lo personal, endosé públicamente la candidatura del Dr.

Luis Schecker Ortiz para ser designado Defensor del Pueblo,

por su integridad moral a toda prueba y su permanente lucha

por la defensa del Estado de Derecho en el país. Para Primer

Adjunto, estoy convencido de que la Dra. Sonia Díaz Inoa supe-

ra con creces las calicaciones requeridas, tanto por su especiali-

dad académica en la materia, como por su intachable y fructífera

trayectoria de más de dos décadas como alta funcionaria pública

en los tres poderes del Estado.

41. Efecto irradiante de los derechos fundamentales

Las normas que garantizan los derechos fundamentales pre-

vistos en la Constitución tienen una doble dimensión: la subjeti-

va que permite a toda persona reclamar ante los poderes públicos

cuando le son violados sus derechos, y la objetiva que considera

los derechos como normas cuyo contenido debe irradiar todos

los ámbitos del ordenamiento jurídico.

Para el destacado constitucionalista español Miguel Presno

Linera, 2005, “este efecto de irradiación afecta las tres funciones

113

José Alejandro Ayuso

del Estado”: la protección de los derechos fundamentales debe

orientar la función de legislar, la actuación del ejecutivo en el

ámbito de sus funciones y la interpretación e aplicación de reglas

por parte del juez. Esta obligación resulta clara en el enunciado

del artículo 68 constitucional: “…Los derechos fundamentales

vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garan-

tizar su efectividad en los términos establecidos por la presente

Constitución y por la ley”.

Si bien el sometimiento de todos los poderes a la Constitu-

ción implica no lesionar la esfera individual o institucional pro-

tegida por los derechos fundamentales, también entraña el deber

de contribuir a optimizar la efectividad de tales derechos y de los

valores que suman, aún cuando no exista una pretensión subje-

tiva de parte de una persona para que se le ampare un derecho

conculcado.

Al establecer que “El Estado se fundamenta en el respeto a

la dignidad de la persona y se organiza para la protección real

y efectiva de los derechos fundamentales que le son inheren-

tes” (art. 38), la Constitución coloca estos derechos como el eje

insoslayable sobre el cual deben girar todas las normas del or-

denamiento jurídico, derechos que son de aplicabilidad directa

e inmediata al no requerir de intervención legislativa como con-

dición para su ecacia.

En cuanto a la creación de derecho, al legislador en su labor

normativa le está prohibido desconocer la ecacia de los dere-

chos fundamentales en las regulaciones que aprueba y, en po-

sitivo, también debe desarrollarlos de la manera más favorable

para su observancia, respetando la técnica del contenido esencial

que sólo le permite jar sus límites en los estrictos términos que

precisa la Constitución.

Ese contenido de los derechos fundamentales que constituye

un límite a la competencia del legislador para regular su ejerci-

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

114

cio, es esencial no por ser el contenido mínimo o imprescindible

del derecho, sino que es indisponible al legislador quien, al con-

cretar la denición abstracta de cada derecho, debe encuadrarse

siempre en los términos y con el alcance que los consagra la

Constitución.

Ahora bien, ¿quién es el legislador de los derechos funda-

mentales? El artículo 112 constitucional reserva a la ley orgánica

el desarrollo de estos derechos para que, en los términos del TC

español, esta cumpla la función de someter la regulación direc-

ta de los derechos a la “democracia de consenso”. Ergo, tengan

presente los legisladores que modicar el Código Penal implica

garantizar los derechos fundamentales a la libertad individual,

a la seguridad e integridad de las personas y a la tutela judicial

efectiva y al debido proceso, extensivos a los previstos en los tra-

tados internacionales sobre derechos humanos que tienen “jerar-

quía constitucional” (art. 74.3).

42. Deberes constitucionales

Un buen amigo y profundo jurista argumenta que las socie-

dades donde el Estado no garantiza a la mayoría sus derechos

fundamentales, los deberes también fundamentales plasmados

en la Constitución deberían pasar a un plano secundario. Sin

embargo, el cumplimiento de los deberes constitucionales ga-

rantiza las condiciones propicias para que podamos disfrutar de

nuestros derechos fundamentales. En suma, entre el ciudadano y

las autoridades del gobierno del Estado es mutua la responsabi-

lidad de garantizar la ecacia de los derechos y la de vigilar por

el cumplimiento de los deberes.

La Constitución reformada en el 2010 contiene en su artículo

75 un total de 12 deberes fundamentales de las personas (los de-

115

José Alejandro Ayuso

rechos suman 37), que “determinan la existencia de un orden de

responsabilidad jurídico y moral”. ¿Conocemos los deberes que

estamos compelidos a cumplir? Vamos a ver.

El deber No. 1 consagra el imperio de la Constitución y las

leyes, y el respeto a las autoridades designadas para su protec-

ción. El 2 nos obliga, a partir de los 18 años, a participar de los

procesos electorales y ejercer al derecho a votar por la opción

política de nuestra preferencia. El 3 consiste en prestar nuestros

servicios civiles y militares en caso en que sean requeridos por

la Patria para su defensa y conservación. Según el 4 tenemos el

deber de prestar de manera obligatoria otros servicios para el

bien colectivo entre los 16 y 21 años.

Como No. 5 debemos proteger la soberanía nacional y no

participar en actividades que pueden perjudicar la estabilidad y

la independencia de la República. Tampoco asociarnos con na-

cionales y/o extranjeros en contra del interés nacional. El deber

6 es pagar los impuestos establecidos por la ley de manera pro-

porcional a los ingresos (en principio, quienes más ganan, más

pagan) para poder nanciar las inversiones que realiza el Estado

para el bien colectivo.

Tenemos, No. 7, el deber de trabajar en un ocio o empleo

que elijamos libremente y con el producto de ese trabajo man-

tener nuestra familia, garantizar su bienestar y contribuir a que

la sociedad progrese. El 8 es que debemos asistir a los estableci-

mientos educativos para recibir la educación obligatoria.

El 9 consiste en el deber de cooperar con el Estado, de

acuerdo con las posibilidades individuales, para la asistencia

y seguridad sociales. El 10 que debemos actuar conforme al

principio de la solidaridad social en situaciones que pongan

en peligro la vida o salud de las personas. El 11 establece

que para vivir en un ambiente limpio y sano tenemos la res-

ponsabilidad de proteger el medio ambiente y los recursos

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

116

naturales, así como de contribuir a la difusión de la cultura

dominicana.

El 12 es el deber de promover el fortalecimiento y la calidad

de la democracia, el respeto del patrimonio público y mantener

la vigilancia para asegurar un ejercicio transparente y honesto de

la función pública por parte de las autoridades del gobierno del

Estado.

Queda claro que superar la carencia de formación ciudadana

de las y los dominicanos pasaría por conocer y exigir sus dere-

chos, pero también por tener consciencia de, y cumplir con, sus

deberes constitucionales.

43. Las garantías constitucionales

Me pregunta un joven que contempla iniciar estudios de De-

recho que cómo funcionan los mecanismos de reparación cuan-

do las personas son víctimas de violaciones a uno de los 37 de-

rechos fundamentales contenidos en la Constitución. Le explico

que la ley más importante de todas también prevé garantías para

que podamos disfrutar del pleno ejercicio de nuestros derechos.

El Estado pone a nuestra disposición mecanismos de vigilancia

y protección para que podamos ejercerlos completamente. En

consecuencia, todas las personas tenemos derecho a obtener la

protección de un juez para reclamar ante él que sean reparados

los daños que ha podido causar la violación de nuestros derechos.

El debido proceso se reere al conjunto de garantías que

aseguran, ante los tribunales, el respeto de tus derechos fun-

damentales como persona. Entre otros, tenemos el derecho a

obtener una administración de justicia a puertas abiertas, rápida

y gratuita; a ser considerado inocente hasta que se pruebe tu

culpabilidad; a un juicio público, oral y contradictorio donde se

117

José Alejandro Ayuso

oigan los argumentos de las personas con respeto al derecho de

defensa (decir tus argumentos y exigir tus derechos); y que to-

das las garantías del debido proceso para reclamar mis derechos

fundamentales pueden ser aplicadas a con!ictos entre personas

o con organismos del Estado.

Si alguna institución tiene datos personales tuyos, puedes

acudir a los tribunales para obligarla a hacértelos saber. En caso

de que las informaciones no sean ciertas y que te afecten de ma-

nera personal, también puedes exigir que sean corregidos. Esta

garantía constitucional se conoce con el nombre de hábeas data.

Si te llevan preso a la Policía Nacional sin que seas atrapado

violando la ley, tienes derecho a acudir ante un juez o tribunal

para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva y rápida si

tu detención es legal o no. Esta garantía constitucional se cono-

ce como hábeas corpus.

Si alguna autoridad pública viola alguno de tus derechos, por

ejemplo, si atenta contra tu integridad física, es decir que te gol-

pean e insultan, o te tratan de forma inferior por tu color, por ser

mujer o por ser hombre, por ser joven o por ser pobre o por el

lugar donde vives, la Constitución te reconoce el derecho a una

acción de amparo para reclamar ante los tribunales la protección

inmediata de los derechos fundamentales conculcados.

Hemos visto que la Constitución dominicana contempla los

mecanismos para hacer valer nuestros derechos fundamentales

ante los poderes del Estado. Sin embargo, podrían incluirse en

la lista otros derechos y garantías del mismo tipo que están pre-

vistos en leyes sobre materias especícas como la civil, la penal y

la de trabajo. Lo que nunca podrá ocurrir es que alguna otra ley

limite el contenido y el alcance de estos derechos y garantías que

nos corresponden como seres humanos.

También debe saber, el futuro abogado, que todos los tra-

tados y acuerdos internacionales rmados y raticados por el

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

118

Estado dominicano con otros países en los que se reconocen los

derechos de todos los seres humanos, forman parte de las dis-

posiciones de la Constitución, es decir que se consideran textos

constitucionales y son aplicables como una ley en nuestro país.

44. Un nuevo derecho fundamental

El Tribunal Constitucional ha establecido en su sentencia

TC/0322/14 un nuevo derecho fundamental que se une a los 37

que establece la Constitución y a los demás que se integran al

ordenamiento jurídico nacional vía el orden supranacional que

constituye el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Este “derecho al buen gobierno o a la buena administración”

constituye “un derecho fundamental nuevo entre nosotros”, que

se encuentra implícitamente en el texto de nuestra Constitución

en los artículos 138, 139, y 146, los cuales se han concretizado

legalmente en la ley orgánica la Ley No. 107-13 sobre los De-

rechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración

Pública y los Actos y Procedimientos Administración.

Como muy bien apunta el destacado constitucionalista

Eduardo Jorge Prats, la entrada en vigor de esta ley constituye

“una de las más recientes reformas cuasi constitucionales que

hemos experimentado …la que produce un verdadero giro co-

pernicano en las relaciones de las personas con la Administra-

ción…, en la medida que, como el mismo legislador lo declara

en los considerandos de la referida ley, “en un Estado Social

y Democrático de Derecho los ciudadanos no son súbditos, ni

ciudadanos mudos, sino personas dotadas de dignidad huma-

na…A partir de esta premisa de una Administración orientada

hacia la persona y la protección de sus derechos, como quiere y

mandan los artículos 7 y 8 de la Constitución, la Ley 107-13, en

119

José Alejandro Ayuso

sus artículos 3 y 4, concreta y desarrolla un ordenamiento jurídi-

co-administrativo a favor del administrado”.

A juicio del TC, este “derecho a la buena administración”

debe considerarse como uno “dimanante de las obligaciones

puestas a cargo de la Administración Pública por la Constitu-

ción de la República y otras normas”. Y concuerdo con Jorge

Prats en que “hay que aplaudir esta sentencia histórica pues, al

reconocer el rango fundamental del derecho a la buena adminis-

tración establecido por la Ley 107-13, otorga la posibilidad de

tutelar este derecho, cuando este requiere protección inmediata,

mediante la garantía fundamental de la acción de amparo ante

la jurisdicción contencioso-administrativa”.

Toca ahora que los funcionarios públicos de todos los pode-

res del Estado dominicano respeten y garanticen el ejercicio de

este derecho fundamental por parte de los administrados, que

incluye ser tratado con imparcialidad, respeto y eciencia por las

autoridades.