Importancia del Tribunal Constitucional para el desarrollo de un Estado social y democrático de derecho

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Importancia del Tribunal Constitucional

para el desarrollo de un Estado social y

democrático de derecho

Durante varios años, en nuestro ordenamiento jurídico

la tutela de la justicia constitucional fue conferida solo

al Poder Judicial, que se encargaba simultáneamente

con las funciones que le confería la Constitución, de conocer las

excepciones de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su

conocimiento, garantizando, de esta forma, la supremacía de la

Constitución. La forma más concreta de garantizar esta supre-

macía de la Constitución es a través del mecanismo del control

constitucional, que, tal y como señala Pérez Royo, es una “garan-

tía constitucional que salvaguarda la normativa constitucional

frente a los atentados producidos por los actos estatales incons-

titucionales”.1 Esta garantía ordinaria queda inaugurada en la

sentencia Marbury v. Madison, emitida por la Corte Suprema

de los Estados Unidos en el año 1803, cuando el juez Marshall

estableció:

1 Eduardo Jorge Prats, Derecho constitucional, Vol. I. Santo Domingo: Ius Novum, 2010.

p. 418.

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

hay solo dos alternativas demasiado claras para ser discutidas:

o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquella, o

la legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley

ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o

la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios or-

dinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de tal

modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse

sin efecto, siempre que al Congreso le plazca. Si es cierta la

primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitu-

ción no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces

las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo

para limitar un poder ilimitable por naturaleza.2

En nuestro ordenamiento jurídico, la Asamblea Revisora de

la Carta Magna del 14 de agosto de 1994, al establecer en el artí-

culo 46 que “son nulas de pleno derecho toda ley, decreto, resolu-

ción, reglamento o actos contrarios a esta Constitución”, apertura

el control difuso de constitucionalidad, mediante el cual todos los

tribunales, en el curso de una controversia judicial, contienen la

competencia de juzgar la cuestión de constitucionalidad, instau-

rada como medio de defensa por una de las partes; sin embargo,

esta excepción o medio de defensa de la declaración de inconstitu-

cionalidad solo tiene un efecto relativo y limitado al caso de que se

trate. Así lo ha estatuido la Suprema Corte de Justicia al establecer,

en varias ocasiones, que “todo tribunal ante el cual se alegue la

inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, como

medio de defensa, tiene competencia y está en el deber de exa-

minar y ponderar dicho alegato como cuestión previa al resto del

caso”.3 No obstante, la Constitución de 1994, a través del artículo

2 Ibídem.

3 Ibíd.,p. 447. S.C.J. 16 de diciembre de 1983. B.J. 877.3876; S.C.J. 17 de diciembre

de 1987. B.J. 924.2969.

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

67, inciso 1, instaura la acción de inconstitucionalidad por vía

directa ante la Suprema Corte de Justicia, que tenía el deber de

garantizar a toda persona, a través de la acción directa, su derecho

a establecerse en vigilante de la conformidad de las leyes, decretos,

resoluciones y actos, en virtud del principio de la supremacía de la

Constitución. De esta manera lo ha interpretado la Suprema Cor-

te de Justicia al establecer que al “consagrar la Asamblea Revisora

de la Carta Magna en 1994, el sistema de control concentrado de

la constitucionalidad, al abrir la posibilidad de que el Poder Eje-

cutivo, los presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o

una parte interesada, pudieran apoderar directamente a la Supre-

ma Corte de Justicia, para conocer de la constitucionalidad de las

leyes, es evidente que no está aludiendo a la ley en sentido estricto,

esto es, a las disposiciones de carácter general y abstracto aproba-

das por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecu-

tivo, sino a la norma social obligatoria que emane de cualquier

órgano de poder reconocido por la Constitución y las leyes pues,

aparte de que el artículo 46 de la Constitución no hace excepción

ni distinción al citar los actos de los poderes públicos que pueden

ser objeto de una acción en nulidad o inconstitucionalidad”.4 Esta

acción de inconstitucionalidad por vía principal, que prevalece en

la mayoría de los países de Europa, da lugar a que la ley, decreto,

resolución o actos en cuestión, sean declarados inconstitucionales

y anulados como tales, por una única jurisdicción y de manera

erga omnes, es decir, válida para todo el mundo.

En República Dominicana hemos adoptado el modelo lati-

noamericano del control de constitucionalidad basado en un sis-

tema mixto, ya que al consagrar en las constituciones latinoame-

4 Suprema Corte de Justicia, Diez años de Jurisprudencia. República Dominicana, 2007,

p. 14. S.C.J. 6 de agosto de 1998.

144

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

ricanas el principio de la supremacía constitucional, este permi-

tió un sistema de control de constitucionalidad, tanto de carácter

difuso como concentrado. No obstante, aunque en nuestro país

era posible la aplicación de una acción de inconstitucionalidad,

de manera principal por ante la Suprema Corte de Justicia, el

control de constitucionalidad estaba solo bajo la supervisión del

Poder Judicial, para ambos sistemas, por lo que no se desarro-

llaba el criterio europeo de la separación extrema de los poderes

que consideraba “que cualquier sistema de control judicial de la

constitucionalidad de la leyes era atentatorio contra el principio

de la soberanía del Parlamento, que se basaba en la preeminen-

cia del legislador sobre los demás poderes del Estado”.5 Por esta

situación, países latinoamericanos como Guatemala, que fue el

primer país que introdujo en su ordenamiento interno -a través

de la Constitución de 1995-, un tribunal constitucional, con el

nombre de Corte de Constitucionalidad, establecen un tribunal

especializado para ese n, independientemente de los poderes

del Estado, cuyas decisiones son vinculantes para los poderes pú-

blicos y los órganos del Estado, permitiendo así una reducción

de las atribuciones del Poder Judicial al momento del control de

constitucionalidad, ya que -tal y como estableció Lord Acton,

en el 1887-, el poder tiende a corromper y el poder absoluto

corrompe absolutamente”, por lo que de esta manera se evita el

monopolio de una determinada jurisdicción.

La Constitución de República Dominicana de fecha 26 de

enero de 2010, consagra en su artículo 7 que:

(…) República Dominicana es un Estado social y democrá-

tico de derecho, organizado en forma de república unitaria,

fundada en el respeto de la dignidad humana, los derechos

5 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 437.

145

Ensayos sobre Temas Constitucionales

fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación

e independencia de los poderes públicos.

Para mantener la armonía entre un Estado social y demo-

crático de derecho y los principios que le sirvieron de fundamen-

to al momento de constituirse la sociedad dominicana en nación

libre e independiente, es necesario un sistema robusto de justicia

constitucional efectivo e independiente que garantice la supre-

macía de la constitución, la defensa del orden constitucional y

la protección de los derechos fundamentales. En esto radica la

importancia fundamental del Tribunal Constitucional, ya que

sus decisiones son vinculantes para los poderes públicos y todos

los órganos del Estado, estableciendo así un mecanismo jurisdic-

cional a través del cual se garantice la coherencia y unidad de la

jurisprudencia constitucional, evitando la utilización de los mis-

mos en perjuicio del debido proceso y la seguridad jurídica.6 Por

consiguiente, durante el desarrollo del ensayo presentaremos la

importancia del Tribunal Constitucional desde tres perspectivas

esenciales: primera, conocer detalladamente la fórmula comple-

ja de la cláusula del Estado social y democrático de derecho que,

en principio, se fundamenta en la razón básica de que el Estado

y la Constitución son el producto de la voluntad del pueblo,

en donde reside exclusivamente la soberanía y de quien emanan

todos los poderes del Estado, por lo que el Estado es, ante todo,

democrático; y ese Estado democrático se funda en la igualdad

de todos los ciudadanos, los cuales son iguales en derechos, por

lo que este Estado democrático constituido es uno cuya función

esencial es la protección efectiva de dichos derechos, alrededor

6 Considerando noveno, Ley núm. 131-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los

Procedimientos Constitucionales. G.O. 10622.

146

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

del cual se organiza, es decir, en un Estado de derecho. Este Esta-

do democrático de derecho debe procurar una igualdad material

de las personas que permita el goce efectivo de sus derechos,

sin discriminación, sin exclusión, sin pobreza ni marginalidad,

por lo que es necesario que el Estado sea también un Estado

social7; y de esa fórmula proviene entonces el Estado social y

democrático de derecho consagrado por nuestra Constitución

en el artículo 7; segunda, la instauración del Tribunal Consti-

tucional como un órgano supremo de interpretación y control

de la constitucionalidad, autónomo de los poderes públicos y

de los demás órganos del Estado -un extra poder-, y sobre todo

su inuencia en el desarrollo de un Estado social y democráti-

co de derecho; tercera y última, un análisis comparativo de las

sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, y cómo estas

decisiones se encuentran encaminadas a garantizar el desarrollo

de un Estado social y democrático de derecho y los principios

esenciales mediante los cuales se fundamenta la consagración de

la sociedad dominicana.

7 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 544.

Cláusula del Estado social y

democrático de derecho

La denición de Estado no es una tarea sencilla, ya que su

conceptualización puede desarrollarse de diversos enfo-

ques sobre su naturaleza o nalidad. Podemos encontrar

diversidad de deniciones; verbigracia, Aristóteles concebía el

Estado como una sociedad perfecta; Rousseau, como la asocia-

ción política libremente fundada por los partícipes del contrato

social; Kant, por otro lado, concebía al Estado como una reu-

nión de hombres que viven bajo leyes jurídicas; Kelsen lo identi-

ca como una ordenación de la conducta humana; y por último

Marx, para quien el Estado es un instrumento de dominación de

clases.8 De estas deniciones, podemos establecer que el Estado

es una organización social, económica y política, creada por una

agrupación humana o un conjunto de instituciones involunta-

rias para el ordenamiento de la conducta, que como un titular

abstracto y permanente del poder, puede regular la vida social

para desarrollar una situación de convivencia en la forma más

8 Vladimiro, Naranjo Mesa. Teoría constitucional instituciones políticas, 7ma. edición. p. 72

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

elevada, pero también en ciertas circunstancias, puede ser un

instrumento de dominación de clase o un obstáculo para la li-

bertad individual. El Estado debe procurar la protección efectiva

de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la

obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de for-

ma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de

libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden

público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, tal

y como establece el artículo 8 de nuestra Constitución del 26 de

enero de 2010.

El artículo 7 de la Constitución del 26 de enero de 2010

consagra que República Dominicana es un Estado social y de-

mocrático de derecho, organizado en forma de república unita-

ria. La formalización del Estado social y democrático de derecho

tiene como primera consagración constitucional la Ley Funda-

mental de Bonn, en Alemania, y es el resultado de la acumu-

lación de elementos diferentes, comenzando por un Estado de

derecho liberal, prosiguiendo con la democratización del sufra-

gio y culminando con la consagración del Estado social. Exis-

ten ciertas características que nos permiten distinguir un Estado

social y democrático de derecho, y que son necesarias para su

comprensión:9

A) Un amplio catálogo de derechos fundamentales, haciendo

especial énfasis en aquellos de carácter social, político, eco-

nómico y humano.

B) Un sistema de protección y tutela de los derechos funda-

mentales, con una presencia profusa y activa de las diversas

garantías constitucionales.

9 Vidal Potentini, Trajano. Manual de derecho constitucional dominicano. 1ra. edición.

Santo Domingo: Ediciones Jurídicas Trajano Potentini, 2010. p. 263

149

Ensayos sobre Temas Constitucionales

C) La previsión de órganos constitucionales en capacidad de

garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. En

esta característica encontramos la función del Tribunal

Constitucional y su contribución con el desarrollo del Esta-

do social y democrático de derecho que más adelante anali-

zaremos más detalladamente.

D) La redimensión de la democracia en el contexto constitu-

cional, procurando una participación más activa y directa

de los ciudadanos en la toma de decisiones.

E) La incorporación de mecanismos de participación popular,

por ejemplo, referendo, plebiscito o iniciativa legislativa po-

pular.

F) El imperio de la ley como garantía de la seguridad jurídica

y del no abuso y arbitrariedad de los poderes públicos.

G) El equilibrio y contrapeso de los poderes del Estado.

H) La dignidad humana basada en el respeto de los principios y

valores constitucionales, que hemos mencionado anterior-

mente, tales como la igualdad, la equidad, la justicia social,

la solidaridad y la libertad.

I) La intervención del Estado en los problemas sociales, con

el objetivo de priorizar y garantizar el interés y bienestar

colectivo sobre el interés particular.

Por consiguiente, la cláusula del Estado social y democráti-

co de derecho es un elemento esencial del Estado que le permite

la independencia y colaboración de las ramas del poder público

para la ejecución de sus nes esenciales, tales como la garantía de

los derechos fundamentales y la separación e independencia de

los poderes públicos. De esta manera lo ha concebido la Corte

150

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Constitucional de Colombia al establecer el alcance y la conno-

tación del concepto referido, al estatuir que:

(…) se trata de una denición ontológica del Estado, de suer-

te que el concepto de Estado social de derecho no es una cua-

lidad accesoria del Estado, sino parte de su esencia misma. La

concepción clásica del Estado de derecho no desaparece, sino

que viene a armonizar con la condición social del mismo, al

encontrar en la dignidad de la persona el punto de fusión. Así,

a la seguridad jurídica que proporciona la legalidad se le suma

la efectividad de los derechos humanos que se desprende del

concepto de lo social. El respeto por los derechos humanos,

de un lado, y el acatamiento de unos principios rectores de la

actuación estatal, por otro lado, constituyen las consecuencias

prácticas de la losofía del Estado social de derecho. En este

sentido, el concepto de Estado social de derecho se desarrolla

en tres principios orgánicos: legalidad; independencia y cola-

boración de las ramas del poder público para el cumplimiento

de los nes esenciales del Estado; y criterios de excelencia.10

Por otro lado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo

de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela ha corrobo-

rado esta conceptualización del Estado social y democrático de

derecho al establecer que:

(…) él persigue la armonía entre las clases, evitando que la

clase dominante, por tener el poder económico, político o

cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales,

impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la

ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posi-

bilidad de redimir su situación. A juicio de esa Sala, el Estado

social debe tutelar a personas o grupos que en relación con

otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurí-

10 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia núm. C-449/92 del 9 de julio

del 1992. http://www.banrep.gov.co/régimen/resoluciones/Sentencia%20C-449-92.pdf

151

Ensayos sobre Temas Constitucionales

dica, a pesar del principio del Estado de derecho liberal de la

igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya

que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones

iguales. El Estado social para lograr el equilibrio interviene

no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo

a los asalariados ajenos del poder económico o político, sino

que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las

relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna

que puede denominarse la constitución económica tiene que

verse desde una perspectiva esencialmente social. El Estado

social va a reforzar la protección jurídica-económica o social

de debilidad, y va a aminorar la protección de los fuertes. El

Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus inte-

reses amparados en la Constitución, sobre todo a través de los

tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que

su libertad no sea una carga para todos…11

El Estado social y democrático de derecho ‒estableciendo

una conceptualización más detallada‒ tiene como objeto revertir

las situaciones de inequidad a las que se ven enfrentados determi-

nados grupos de personas, garantizando los derechos fundamen-

tales de los individuos en la lógica de un sistema democrático,

donde el poder constituyente recae sobre la soberanía popular.

No obstante, para comprender mejor esta cláusula, es necesario

estudiar por separado cada uno de los principios fundamenta-

les que la componen, los cuales se encuentran interrelacionados

y contribuyen con el ordenamiento político-constitucional del

Estado.

11 Vidal Potentini, Manual de derecho… Cit. Sentencia núm. 85 de la Sala Constitucional

del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Expediente núm. 01-1274, de fecha 24 de

enero del 2002. http://www.tsj.gov.ve/index.shtml.

El Estado Social

El Estado social surge luego de la crisis del Estado libe-

ral, con el objetivo de evitar las desigualdades materiales

existentes entre las personas; permite que el Estado pase

de ser un ente pasivo ‒que tenía por objeto evitar que el poder

del Estado pudiera interferir en las libertades y derechos de las

personas‒ a tener un rol activo, promoviendo las garantías de

los derechos económicos, sociales y culturales, resguardando los

derechos civiles del individuo, así como también la consagración

de mecanismos de distribución de riqueza a través del salario, el

ejercicio de los derechos colectivos y de un conjunto de protec-

ciones sociales orientadas hacia el bienestar del individuo. Este

rol activo del Estado surge con la necesidad de un incremento de

la protección de las necesidades humanas por la transformación

de un “espacio vital dominado” a un “espacio vital efectivo”, ya

que todos requerimos que el Estado nos garantice un mínimo de

“procura existencial”.12

12 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 590.

154

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

El Estado social tiene como fundamento la responsabilidad

de garantizar las prestaciones básicas a la nación, distribuyendo

los bienes y servicios necesarios para lograr una vida digna y de-

cente. Para García Pelayo, el Estado social tiene su fundamento

“en el intento de adaptación de las condiciones sociales de la

civilización industrial y post-industrial con sus nuevos y comple-

jos problemas, pero también con sus grandes posibilidades técni-

cas, económicas y organizativas para enfrentarlos”13 Sin duda al-

guna, a través de este principio el Estado tiene la responsabilidad

de establecer diversos métodos y mecanismos para garantizar la

concertación y armonía de los intereses sociales; así lo establece

la Constitución en su artículo 8, cuando consagra que:

(…) es la función esencial del Estado la protección efectiva

de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y

la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de

forma igualitaria, equitativa y progresista, dentro de un marco

de libertad individual y de justicia social, compatibles con el

orden público, el bienestar general y los derechos de todos y

todas.14

El Estado social consagrado por la Constitución tiene tres

dimensiones fundamentales: 1) la referencia social de los dere-

chos fundamentales, a través de la cual se proclama el disfrute

real y efectivo de todos los derechos fundamentales por el mayor

número de personas; 2) la vinculación social del Estado, es decir,

que el Estado se obliga a atender las necesidades de las personas,

a través de la protección de los derechos del individuo, preocu-

13 Ibídem. Citando a M. García Pelayo, Las transformaciones del Estado contemporáneo.

Madrid, Alianza, 1997.

14 Constitución de la República Dominicana de 2010, Art. 8.

155

Ensayos sobre Temas Constitucionales

pándose, al momento de la repartición de lo producido, de la

equidad y de la justicia social; y, por último, 3) la obligación del

Estado de articular la sociedad sobre bases democráticas es lo

que permite que el Estado social no solo participe pasivamente

como recipiendaria de bienes y servicios, sino que, a través de

sus organizaciones, tome parte activa, tanto en la formación de

la voluntad general del Estado como en la formulación de las po-

líticas distributivas y de otras prestaciones estatales, permitiendo

que el Estado social solo pueda ser un Estado democrático de

derecho.15

15 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 597

El Estado democrático

El Estado social es un Estado democrático, ya que los in-

dividuos participan en los bienes económicos, sociales y

culturales, así como también en la formación de la volun-

tad política del Estado y en el proceso de distribución de dichos

bienes. Este principio es esencial en todo el sistema constitu-

cional, y recae sobre la soberanía popular, que reside exclusiva-

mente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes.16 Este

principio se hace ecaz en tres momentos: el momento de la

fundamentación del poder, el de la participación en el poder y

el de la organización y funcionamiento de los poderes públicos.

El principio democrático actúa como principio de legitimación

originaria del sistema en la medida en que solo la referencia al

consentimiento fundacional de los gobernados legitima todo el

orden de autoridades del Estado y todo el orden de prescripcio-

nes del derecho, incluida la propia Constitución.

16 Constitución de la República Dominicana de 2010, Art. 2

158

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Por otro lado, actúa como un principio de participación,

pues es preciso, a través de la intervención de los ciudadanos

en las tareas estatales o de la designación de quienes las reali-

zan, como se logra esa conexión referencial entre gobernados

y decisiones de gobierno, ya que es precisamente el objetivo del

reconocimiento como derechos de los ciudadanos, no solo de

elegir y ser elegidos, sino también el de decidir sobre los asuntos

que se les proponga mediante referendo y el ejercer el derecho de

iniciativa popular. Por último, podemos encontrar este principio

como un principio de organización de poder, ya que tanto las

instituciones públicas que realizan la democracia en el Estado,

como aquellas organizaciones que, a pesar de no ser instituciones

públicas, tienen una evidente relevancia en ese ámbito y deben

ajustar su organización y funcionamiento al principio democrá-

tico.17

17 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 547.

El Estado de derecho

El Estado de derecho tiene su origen en la doctrina alema-

na y su concepción original puede rastrearse en Bocken-

forde y Kant.18 Este principio es también conocido como

Estado constitucional, ya que consiste en la sujeción de la activi-

dad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme

a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el fun-

cionamiento responsable y controlado de los órganos del poder,

el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y

no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los

derechos individuales, sociales, culturales y políticos.19 Su objeti-

vo principal es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades,

con una separación de los poderes cuyas facultades deberán estar

siempre sujetas al principio de la legalidad como expresión de

la voluntad popular e identicada con un sistema político de

18 Antonio-Carlos Preira, Estado de derecho. Madrid, 2003. p. 19.

19 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 559; Valadés, Diego. Problemas constitucionales del

Estado de derecho. Buenos Aires, Astrea, 2004.

160

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

raíz liberal y democrática;20 es decir, que este principio es el que

establece la supremacía de la Constitución, como una norma

suprema y como fundamento del ordenamiento jurídico del Es-

tado, mediante la cual todas las personas y los órganos que ejer-

cen potestades públicas están sujetos a los principios y derechos

consagrados en ella.

El Estado de derecho conlleva como base para su congu-

ración, diversas características que nos permiten comprender

mejor su conceptualización. Ellas son: a) el reconocimiento y

consagración de un catálogo de derechos y libertades, con los co-

rrespondientes mecanismos y órganos para garantizar y proteger

su ejercicio; b) el imperio de la ley como fundamento del ejer-

cicio del poder; c) la interdicción de la arbitrariedad de los po-

deres públicos y su respetiva responsabilidad; d) la separación y

control de los poderes, con la creación de órganos que viabilicen

su accionar; e) El sometimiento de la administración al derecho,

a las leyes y al control jurisdiccional de los tribunales, garanti-

zando con ello la noción de seguridad jurídica como elemento

propulsor de la competitividad y el desarrollo industrial, y f) la

conguración de la ley como expresión de la voluntad general.21

De estas características, podemos inferir que este principio

hace alusión al gobierno de las leyes, en contraposición al go-

bierno de los hombres. Es decir, que el gobierno del Estado se

sujeta a la propia normativa que este produce, por lo que las

actuaciones de las autoridades, los gobernantes, los funcionarios

públicos, deben estar supeditadas a esas mismas normas, pero

sobre todo que dichas normar deben de reejar la voluntad ge-

neral, ya que han sido ejercidas por el pueblo por medio de sus

20 Vidal Potentini. Manual de derecho… p. 253.

21 Vidal Potentini, Manual de derecho… p. 253.

161

Ensayos sobre Temas Constitucionales

representantes; es, por consiguiente, cuando las instituciones

públicas o el Estado en su conjunto actúan con apego a las leyes,

y de manera muy particular a la Constitución; este se ampara

en el principio de que quienes hacen las leyes tienen también la

obligación de respetarlas.22

Finalmente, el Estado de derecho consagrado por la Cons-

titución dominicana contiene un conjunto de principios, tales

como: la juridicidad, ya que la Constitución, en el artículo 6,

no solo establece la supremacía de la Constitución, sino tam-

bién arma la esencial juridicidad del ordenamiento estatal; la

constitucionalidad, porque ‒tal y como se estableció anterior-

mente‒ todo Estado de derecho es un Estado constitucional que

presupone la existencia de una Constitución que sirva de orden

jurídico-normativo fundamental y que vincule a todos los pode-

res públicos; los derechos fundamentales, ya que el objetivo de

todo Estado de derecho y de sus instituciones básicas se centra

en la prestación de lograr una suciente garantía y seguridad

para los llamados derechos fundamentales de la persona huma-

na;23 la división de poderes es acogida por el Estado de derecho

como un objetivo objetivamente estructural, fundamento del

Estado en el artículo 7 de la Constitución; y, por último, la ga-

rantía de la administración autónoma local, ya que la autonomía

municipal es la base de una democracia descentralizada y la idea

de Estado de derecho está indiscutiblemente asociada a la idea

de descentralización administrativa como límite al poder unita-

rio y conformador del Estado y como forma de separación entre

Estado y sociedad civil.

22 Ramírez Morillo, Belarminio. Derecho constitucional dominicano: Estado social de derecho

y procedimiento constitucional. República Dominicana, 2010. p. 215.

23 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 579.

162

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Al analizar por separado cada uno de los principios que com-

ponen la cláusula de un Estado social y democrático de derecho,

podemos establecer que este prioriza los derechos fundamenta-

les, incorpora nuevos derechos y al mismo tiempo, identica los

procedimientos que garantizan que estos derechos sean reales,

posibles y alcanzables por los ciudadanos. No obstante, en la ac-

tualidad no solo se habla de un Estado compuesto por estos tres

principios, sino que se ha establecido la idea de un Estado con

un fuerte contenido normativo y una garantía jurisdiccional de

la misma para poder lograr los objetivos esenciales pautados por

un Estado social y democrático de derecho; por consiguiente, se

habla de un neoconstitucionalismo que ha sido denominado por

varios doctrinarios, como Miguel Carbonell, como un Estado

constitucional ampliado, fruto del proceso de convergencia entre

el derecho constitucional y el derecho internacional de los dere-

chos humanos, que ha permitido crear un modelo institucional

que busca hacerse cargo de un mundo más integrado en el que

se han asentado las bases de un derecho común internacional.

Esta idea de un Estado constitucional ampliado es una respuesta

a las limitaciones de los sistemas nacionales para dar respuestas

efectivas a los desafíos de la realidad actual.

En un Estado constitucional ampliado, el sistema interna-

cional aporta normas, estándares, y medios de protección para

el cumplimiento de los nes propios de la estructura política

social que, en muchas ocasiones, no han sido adecuadamente

contemplados en el ámbito interno, por lo que no diere del

Estado social y democrático de derecho, sino que viene a ser una

nueva versión de este. El Estado constitucional ampliado conlle-

va la instauración de un órgano de justicia creado con la misión

especial de garantizar al respeto a la Carta Magna, es decir, un

órgano supremo de interpretación y control de constitucionali-

163

Ensayos sobre Temas Constitucionales

dad, ya que la norma constitucional goza de mayor respeto en

los países donde existe un tribunal constitucional. En esto radica

la importancia de un órgano supremo cuyos precedentes sean

vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del

Estado.

El Tribunal Constitucional y su influencia

en el desarrollo de un Estado social y

democrático de derecho

El Tribunal Constitucional es el órgano supremo instaura-

do para “garantizar la supremacía de la Constitución, la

defensa del orden constitucional y la protección de los de-

rechos fundamentales”.24 Este surge como respuesta a una “ano-

malía democrática, o mejor dicho, a una anomalía en el proceso

de transición a la democracia de determinados países; es por esto

que el Tribunal Constitucional es una institución vigorosa, que

no solo se ha difuminado en el paso del tiempo, sino que se ha

ido convirtiendo en una institución cada vez más importante en

el Estado constitucional democrático. En los países europeos y

latinoamericanos que han implementado el Tribunal Constitu-

cional, la historia de la democracia y de la justicia constitucio-

nal han ido juntas, alimentándose la una de la otra. Esta es la

razón por la que el Tribunal Constitucional es una institución

de sólido prestigio, con una aceptación muy amplia, tanto en la

opinión especializada como en la opinión pública en general: de

24 Constitución de la República Dominicana de 2010. Artículo 184.

166

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

hecho suele ser una de las instituciones mejor valoradas en todas

las encuestas”;25 y es que, en un Estado social y democrático

de derecho que se caracteriza por ser un Estado constitucional

fundado en el principio de la supremacía constitucional, es ne-

cesario un órgano independiente del Poder Judicial que goce de

supremacía interpretativa respecto de este y de los demás poderes

y órganos del Estado, que no solo se reeja en el carácter vincu-

lante de sus sentencias, sino también en el hecho de conferirle

un monopolio del control concentrado de la constitucionalidad

de los actos estatales, así como también en la competencia exclu-

siva para conocer sobre los conictos de competencia entre los

poderes públicos.26 Estas características permiten otorgarle un

enfoque diferente al respeto que debe tenérsele a la Carta Magna

y, sobre todo, a los medios de garantías utilizadas para su protec-

ción; y de esta manera lo señala César Landa, expresidente del

Tribunal Constitucional peruano, al establecer:

Así, la fuerza normativa de la Constitución fundada en el

principio de la supremacía constitucional (…) no es solo un

cambio de posición jerárquica de las normas, sino que lleva a

replantear la manera de entender el Derecho, la jurispruden-

cia, la propia jurisdicción y el rol de la judicatura.27

Por consiguiente, podemos establecer que el Tribunal Cons-

titucional es un órgano supremo constitucional de única instan-

cia, de carácter permanente, independiente e imparcial, que tie-

25 Pérez Royo, Javier. Curso de derecho constitucional. 4ta. Edición. Madrid, 1997.

26 Jorge Prats, Eduardo. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los

Procedimientos Constitucionales. Santo Domingo: Ius Novum. p.18.

27 Nash Rojas, Claudio. Ensayo sobre el Estado social y democrático de derechos en Chile. Tan

lejos, Tan cerca. Universidad de Chile, Chile. cnash@derecho.uchile.cl. César Landa, ex

presidente del Tribunal Constitucional peruano.

167

Ensayos sobre Temas Constitucionales

ne por función esencial la interpretación y defensa jurisdiccional

de la Constitución, con exclusión del ejercicio de competencias

de jurisdicción ordinaria, actuando a través de procedimientos

contenciosos constitucionales referentes como núcleo esencial a

la constitucionalidad de las normas de rango inferior a la Cons-

titución y la distribución vertical y horizontal del poder estatal,

agregándose generalmente la protección extraordinaria de los

derechos fundamentales, que actúan con base en razonamientos

jurídicos y cuyas sentencias tienen valor de cosa juzgada.28 Es

necesario aclarar que el Tribunal Constitucional es dueño del

procedimiento constitucional, por lo que puede congurar li-

bremente su procedimiento, y esto se debe a su autonomía pro-

cesal, ya que:

(…) en el Estado constitucional y democrático de derecho,

ante la existencia de vacíos o deciencias en las normas pro-

cesales constitucionales, la autonomía procesal se congura

como una necesidad inexorable del Tribunal Constitucional,

que a través de la interpretación constitucional y la argumen-

tación jurídica integra y concretiza las disposiciones constitu-

cionales a n de alcanzar los nes esenciales de los procesos

constitucionales, que al nal es garantizar la primacía de la

Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitu-

cionales.29

En un Estado social y democrático de derecho convertido

en un Estado constitucional ampliado, es necesario un sistema

robusto de derechos fundamentales sobre las bases de los siste-

mas constitucionales e internacionales, en donde la normativa

28 Vidal Potentini, Manual de derecho… p. 310.

29 Jorge Prats, Eduardo. Comentarios… p. 19; César Landa, Autonomía procesal del

Tribunal Constitucional. México, UNAM, 2008.

168

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

y la praxis judicial interna actúen tanto en sede constitucional

e internacional; por lo que las atribuciones del Tribunal Cons-

titucional no solo se limitan en el control de constitucionali-

dad, sino también en un control de convencionalidad, ya que

un Estado social y democrático de derecho debe constituir un

Estado cooperativo con la comunidad internacional; y de esta

forma se encuentra plasmado en nuestra Constitución, en el ar-

tículo 26, cuando establece que “la República Dominicana es

un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la

cooperación y apegado a las normas de derecho internacional”.

El control de convencionalidad es ejercido para controlar la legi-

timidad de las normas constitucionales, a la luz de los convenios

internacionales de derechos humanos suscritos y raticados por

el país, es decir, que es un mecanismo que debe ser aplicado

por un órgano especializado, mediante el cual se desarrolla una

comparación entre las normas internas y las normas adquiridas

por convenios internacionales, con el n de evitar incongruen-

cias entre ambas normas, y sobre todo, que les sean otorgadas a

esas normas internacionales un efecto útil, para que a su vez sean

posibles y alcanzables por los ciudadanos.

La Constitución de República Dominicana, en el ar-

tículo 185, numeral 2, establece que es una atribución del

Tribunal Constitucional el control preventivo de los tratados

internacionales antes de su raticación por el órgano legislati-

vo, por lo que es una nalidad de este órgano constitucional

garantizar la supremacía y defensa de las normas de derecho

internacional vigentes en nuestro país y, sobre todo, garantizar

que estas normas sean de “aplicación directa e inminente por

los tribunales y demás órganos del Estado”.30 El control de

30 Constitución de la República Dominicana de 2010. Art. 74.3.

169

Ensayos sobre Temas Constitucionales

convencionalidad no se contradice con la supremacía consti-

tucional o el control constitucional, ya que la misma Consti-

tución, en su artículo 74, numeral 3, le otorga rango consti-

tucional a las normas del derecho internacional, al establecer

que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos

humanos, suscritos y raticados por el Estado dominicano,

tienen jerarquía constitucional (…)” y, por consiguiente, los

poderes públicos deben interpretar y aplicar estas normas y

sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular

de los mismos;31 la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos ha corroborado lo establecido anteriormente, al estatuir

que, al momento de raticar un tratado internacional como la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus jueces

también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque

el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado

por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, ob-

jetos y n. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial

deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino

también de convencionalidad ex ocio entre las normas inter-

nas y la Convención Americana”.32

El control de convencionalidad ejercido por el Tribunal

Constitucional es de gran importancia para el desarrollo de un

Estado social y democrático de derecho, ya que este permite

que las normas internacionales sean más exigibles y justiciables

para los ciudadanos, permitiendo garantizar la efectiva tutela

de estos derechos y, sobre todo, el respeto a los mismos, ya

31 Ibíd. Art. 74.4

32 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 46. Sent. Cit. Corte I.D.H. Caso Trabajadores

Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Sentencia de 24 de noviembre de

2006, Serie C núm. 158, párr. 128.

170

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

que “toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no

esté asegurada no existe Constitución, porque sin garantía los

derechos fundamentales no son derechos”;33 es por esto que el

Tribunal Constitucional juega un rol esencial en un Estado de-

mocrático constitucional sustentado en tres pilares esenciales:

“a) los valores supremos, como los ideales máximos de toda

sociedad; b) los principios fundamentales, como los criterios

rectores del orden jurídico y político del Estado, y c) los dere-

chos fundamentales y garantías constitucionales, como la va-

lorización de la dignidad humana y los límites supremos del

poder del Estado”.34

El Estado está obligado a garantizar, de manera efectiva, los

derechos de los ciudadanos a través de mecanismos de control

y protección, para asegurar la más amplia y efectiva observación

de todas las normas, derechos, garantías o principios en defensa

de las personas y, sobre todo, en defensa de su dignidad humana,

ya que en el Estado social y democrático de derecho se asume

una serie de libertades y derechos fundamentales que no solo se

busca que se encuentren plasmados en un texto constitucional,

sino que es necesario que se aseguren; y así lo ha estipulado el

constituyente al plasmar, en el artículo 68 de la Constitución,

que esta:

(…) garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a

través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a

la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus dere-

chos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos.

Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes pú-

33 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789. Art. 16.

34 Rivera S., José Antonio. “El amparo constitucional contra sentencias judiciales con

autoridad de cosa juzgada” en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. 2003,

p. 213.

171

Ensayos sobre Temas Constitucionales

blicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los térmi-

nos establecidos por la presente Constitución y por la Ley.35

Es necesario que estos mecanismos de control y protec-

ción a los cuales se encuentran sometidos todos los poderes

públicos, estén guiados por una idea básica dictada por un ór-

gano supremo que sea jurisdiccionalmente competente para

conocer, de una manera especial y exclusiva, la materia de lo

contencioso constitucional, para asegurar el sistema de valo-

res y principios en que reposa todo el ordenamiento constitu-

cional. Las decisiones del Tribunal Constitucional, como he-

mos establecido anteriormente, son denitivas e irrevocables y

constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos

y todos los órganos del Estado, por lo que el Tribunal Constitu-

cional tiene la facultad de la supremacía interpretativa respecto

de esos poderes, permitiendo así la instauración de un siste-

ma unitario entre las jurisdicciones competentes del control

de constitucionalidad, tales como el Tribunal Constitucional y

el Poder Judicial, al momento de la interpretación y aplicación

del conjunto normativo que compone la materia de lo conten-

cioso constitucional. Este sistema unitario de interpretación es

esencial al momento de garantizar la ecacia de los derechos

de los ciudadanos y, de esta manera, lo ha estipulado la Corte

Constitucional de Colombia, al estatuir que:

“… se requiere, entonces, una acción conjunta dentro de la

jurisdicción que imprima un sentido de unidad no solo en la

interpretación sino en la aplicación del conjunto normativo

existente, a la luz de los principios y valores que emanan

de la Constitución, cuya nalidad, en sí misma, ha de ser

35 Constitución de la República Dominicana de 2010. Art. 68.

172

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

la prevalencia y ecacia de los derechos y garantías de los

asociados”.36

El Estado social tiene como eje medular los derechos sociales,

que les permiten a sus titulares exigir no tanto una abstención del

Estado, como ocurre con los derechos de libertad, sino más bien

una actuación positiva de esta a los nes de lograr su consecución,37

es decir, que se trata de derechos que no establecen una obligación

de no hacer para el Estado, que se caracteriza en la abstención por

parte del Estado de realizar determinadas acciones, sino más bien,

son derechos que se caracterizan por obligar al Estado a realizar

prestaciones positivas, tales como asegurar la educación, sostener

el patrimonio cultural, proveer servicios de salud, entre otros; y en

caso de que el Estado no actúe en pro de estos derechos, está la po-

sibilidad de declarar inconstitucional una omisión legislativa, que

posteriormente trataremos con detalle. Sin la garantía de estos de-

rechos sociales no existiría un Estado social basado en el objetivo

de evitar las desigualdades materiales existentes entre las personas

y, por consiguiente, no existiría un gobierno caracterizado por ser

un Estado social y democrático de derecho. Los derechos sociales

se encuentran consagrados en la Constitución de República Do-

minicana y, por tanto, son derechos fundamentales que deben ser

garantizados a los nes de lograr su plena efectividad; el Estado

tiene la responsabilidad de reconocer a la sociedad civil, como un

sujeto relevante para plantear nuevos derechos y, sobre todo, como

un ente de supervisión de la autoridad y de los órganos de control

y protección, por lo que es necesario que el Estado otorgue atri-

36 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia núm. SU.846/200. www.

asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/850072.DOC

37 Jorge Prats, Eduardo. Derecho constitucional, volumen II. p.122.

173

Ensayos sobre Temas Constitucionales

buciones a un órgano especializado, para que tenga la potestad de

velar por la protección de estos derechos y, sobre todo, garantizar

mecanismos a la sociedad civil para una garantía efectiva de esos

derechos sociales.

El Tribunal Constitucional, como una jurisdicción consti-

tucional especializada, tiene la potestad de conocer las acciones

directas de inconstitucionalidad, en única instancia, sobre las vio-

laciones por parte del Estado de estos derechos sociales, por lo

que la sociedad civil puede acudir, de manera directa, a través de

los mecanismos de garantía de estos derechos, al Tribunal Cons-

titucional para obtener una sentencia vinculante para todos los

poderes del Estado, lo que permite una mayor protección de estos

derechos, ya que al momento de surgir una violación por parte

del Estado a uno de los derechos sociales, estaría en juego la im-

parcialidad del Poder Judicial, porque sería apoderar al Estado de

conocer una demanda en contra de sí mismo; por tal razón, es

necesaria la protección de un órgano independiente del Estado, en

este caso el Tribunal Constitucional, que aseguré una protección

efectiva de esos derechos y una decisión que sea otorgada basada

en los principios rectores del sistema de justicia constitucional, los

cuales son: la accesibilidad, celeridad, efectividad, constituciona-

lidad, favorabilidad, gratuidad, inconvalidabilidad, inderogabili-

dad, informalidad, ociosidad y, por último, supletoriedad.

Finalmente, el Tribunal Constitucional contiene dos atri-

buciones más que son esenciales para el desarrollo de un Es-

tado social y democrático de derecho, basado en lo estipulado

por la Constitución de la República Dominicana, en el artículo

185, numerales 3 y 4, al establecer que el Tribunal Constitu-

cional será competente para conocer en única instancia de los

conictos de competencia entre los poderes públicos, a instan-

174

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

cia de uno de sus titulares; y que será competente de cualquier

otra materia que disponga la ley.38 “El Tribunal Constitucional

tiene la facultad de resolver los conictos de competencia de

orden constitucional entre los poderes del Estado, así como los

que surjan entre cualesquiera de estos poderes y entre órganos

constitucionales, entidades descentralizadas y autónomas, los

municipios u otras personas de derecho público, o los de cua-

lesquiera de estas entre sí, salvo aquellos conictos que sean

de la competencia de otras jurisdicciones, en virtud de lo que

dispone la Constitución o las leyes especiales”.39 es decir, que

el Tribunal Constitucional es competente para conocer de los

procesos de competencia que puedan surgir entre los órganos

del Estado, ya que cada uno de los poderes, o más concreta-

mente, órganos constitucionales poseen atribuciones propias

que solo él y no cualquiera de los otros órganos puede ejer-

cer40; por consiguiente, el Tribunal Constitucional debe velar

por la resolución de competencia de estos conictos, prote-

giendo así el principio de un Estado democrático de derecho,

con el objetivo de garantizar la supremacía de la constitución.

Por otro lado, podemos señalar “la declaratoria de los estados

de excepción y los actos adoptados durante los mismos estarán

sometidos al control de constitucionalidad”,41 es decir, que es

una atribución del Tribunal Constitucional controlar la consti-

tucionalidad de los actos de las autoridades durante los estados

de excepción.

38 Constitución de la República Dominicana de 2010. Artículo 185, numerales 3 y 4.

39 Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales. Art. 59.

40 Jorge Prats, Eduardo. Comentarios… p. 19. Ángel Gómez Montoro. El conicto entre

órganos constitucionales. Madrid: Centro de Estudiosos Constitucionales, 1992.

41 Constitución de la República Dominicana de 2010. Art. 266, numeral 5.

175

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene la potestad

de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posteriori-

dad a la fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Cons-

titución, en los siguientes casos:

1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucio-

nalidad una ley, decreto, reglamento, resolución y ordenanza;

2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Cons-

titucional; y, por último, 3) cuando se haya producido una

violación de un derecho fundamental, siempre que concurran

y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la vio-

lación haya tomado conocimiento de la misma; b) que se haya

agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía juris-

diccional correspondiente y que la violación no haya sido sub-

sanada; y c) que la violación al derecho fundamental sea im-

putable de modo inmediato y directo a una acción y omisión

del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos

que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo,

los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.42

Estas atribuciones especiales del Tribunal Constitucional

permiten priorizar la participación social y el bienestar colectivo

dentro de un ámbito de respeto a las normas jurídicas estable-

cidas, garantizando la protección efectiva de los derechos fun-

damentales y la supremacía de la Constitución, componentes

esenciales en un Estado social y democrático de derecho.

Desde esta segunda perspectiva, podemos establecer de una

manera resumida los aspectos esenciales que hemos analizado

42 Ley núm.137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales. Art. 53.

176

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

anteriormente, mediante los cuales el Tribunal Constitucional

inuye directamente en el desarrollo de un Estado social y de-

mocrático de derecho:

1. Permite el desarrollo de la democracia, otorgándole

la titularidad del poder a la sociedad como encargada

del poder constituyente y de la justicia constitucional,

a través de la supremacía interpretativa respecto de la

Constitución y los demás poderes y órganos del Es-

tado, que con el carácter vinculante de sus sentencias

permite obtener un monopolio del control concentra-

do de la constitucionalidad de los actos estatales, ga-

rantizando así la supremacía de la Constitución.

2. Incentiva al respeto que debe existir a la Constitución,

y a los medios de garantías utilizados para su protec-

ción, otorgando a la sociedad un medio directo para

exigir la protección de sus derechos y, sobre todo, una

manera más clara de entender el derecho, la jurispru-

dencia, la propia jurisdicción y el rol de la judicatura,

que deben actuar siempre apegados a lo estipulado por

esta norma suprema.

3. Permite establecer un procedimiento constitucional,

que al momento de vacíos en las normas constitucio-

nales consagradas por un Estado social y democrático

de derecho, logra completar esas deciencias, a los -

nes de garantizar la supremacía de la Constitución y la

vigencia efectiva de los derechos constitucionales.

4. Establece un sistema robusto de los derechos funda-

mentales sobre las bases de los sistemas constitucio-

nales e internacionales, a través de un control de con-

177

Ensayos sobre Temas Constitucionales

vencionalidad de los tratados internacionales, y de un

control preventivo de dichos tratados, que permite

establecer una armonía entre la normativa interna y

externa, pero sobre todo, permite el desarrollo de un

Estado cooperativo, que es esencial en un Estado social

y democrático de derecho.

5. Implanta un mecanismo de control y protección efec-

tivo para garantizar los derechos de los ciudadanos,

asegurando las libertades y los derechos fundamenta-

les asumidos por un Estado social y democrático de

derecho.

6. Instaura un sistema unitario de interpretación de la

Constitución, que es vinculante para los órganos en-

cargados del control de constitucionalidad, tanto para

el control concentrado como para el control difuso, y

que sobre todo permite la prevalencia y ecacia de los

derechos y garantías de los ciudadanos.

7. Habilita una acción directa de inconstitucionalidad,

en única instancia, para la omisión o incumplimiento,

por parte del Estado, de la protección de los derechos

sociales, que son esenciales en el desarrollo de un Esta-

do social; por lo que le garantiza a la sociedad civil una

manera directa e imparcial de acudir en protección de

sus derechos fundamentales en contra del Estado.

8. Establece un mecanismo de garantía para las atribu-

ciones de cada uno de los poderes del Estado, a través

de su facultad de resolver los conictos de competen-

cia de orden constitucional, permitiendo una división

efectiva de los poderes del Estado, ya que cada órgano

178

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

constitucional posee atribuciones que son inherentes a

sus funciones.

9. Instaura un medio de revisión de las sentencias que po-

nen n a la actuación judicial, cuando estas ponen en

peligro la supremacía de la Constitución, permitiendo

que exista un control en el aspecto jurisdiccional, que

asegure los principios constitucionales consagrados

por un Estado social y democrático de derecho.

10. Permite priorizar la participación social y el bienestar

colectivo dentro de un ámbito de respeto a las normas

jurídicas establecidas, garantizando la protección efec-

tiva de los derechos fundamentales y la supremacía de

la Constitución.

El Tribunal Constitucional emite sus decisiones a través

de sentencias constitucionales, que son emitidas en ocasión del

control concentrado y abstracto. Estas sentencias están someti-

das a las mismas exigencias que las dictadas por los tribunales

ordinarios, con la excepción del carácter sui generis del proceso

de control concentrado de constitucionalidad. Este proceso, a

diferencia de otros, implica que la litis trabada engloba no la

aplicación de una ley al caso material, sino el enjuiciamiento

de la ley misma.43 A continuación, analizaremos algunas de las

sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y, sobre todo,

indicaremos cómo estas decisiones se encuentran encaminadas

a garantizar el desarrollo de un Estado social y democrático de

derecho y los principios esenciales mediante los cuales se funda-

menta la consagración de la sociedad dominicana.

43 Jorge Prats, Eduardo. Derecho… p. 466.

Análisis de las sentencias dictadas

por el Tribunal Constitucional y su influencia

en el desarrollo de un Estado social

y democrático de derecho

Sentencia TC/0003/12. Referencia: Control preventivo de

constitucionalidad del “Convenio Constitutivo del Fondo Mul-

tilateral de Inversiones II (FOMIN II)” y del “Convenio de Ad-

ministración del Fondo Multilateral de Inversiones II”, ambos de

fecha nueve (9) de abril del año dos mil cinco (2005).

Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional de-

cide sobre la petición realizada por el presidente de

la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández, en

cumplimiento de la disposición del artículo 185, numeral 2, y lo

establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Constitu-

ción, del sometimiento al control preventivo de constitucionali-

dad por ante el “Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral

de Inversiones II (FOMIN II)” y el “Convenio de Administra-

ción del Fondo Multilateral de Inversiones II”, ambos de fecha

nueve (9) de abril del año dos mil cinco (2005), a los nes de

garantizar la supremacía de la Constitución. Esta petición se rea-

lizó primero a la Suprema Corte de Justicia, que posteriormente,

180

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

una vez conformado el Tribunal Constitucional, le hizo entre-

ga formal de los expedientes pendientes de decisión en materia

constitucional, de los cuales había sido apoderada de conformi-

dad con la Disposición Transitoria Tercera de la Constitución;

por lo que el Tribunal Constitucional procede a declarar confor-

me con la Constitución de la República ambos convenios.

A través de esta decisión, el Tribunal Constitucional ejerce

su función como un órgano supremo que tiene como objetivo

fundamental la supremacía de la Constitución, ejerciendo un

control automático y obligatorio, ya que ningún tratado pue-

de perfeccionarse en la esfera internacional sin antes someterse

al control previo de constitucionalidad. Esto permite que exista

una consonancia entre las normas nacionales e internacionales,

y sobre todo evita que exista un conicto entre ambas normas,

cumpliendo con uno de los principios esenciales para el desarro-

llo de un Estado social y democrático de derecho. En el presente

caso, como ambos convenios fueron declarados conforme a la

Constitución, corresponde al Congreso Nacional raticar dichos

tratados, si hubiera sucedido lo contrario, es decir, que los con-

venios no hubieran sido declarados conformes con la constitu-

ción, la raticación no hubiera podido ser efectuada.

Sentencia TC/0006/12. Referencia: Solicitud de medida

cautelar incoada por el Partido Nacional de Veteranos y Civi-

les (PNVC) en fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil doce

(2012).

Esta sentencia fue emitida debido a que el Tribunal Cons-

titucional fue apoderado para conocer de una demanda en revi-

sión y suspensión de ejecutoriedad de la Sentencia núm. TSE-

181

Ensayos sobre Temas Constitucionales

012-2012 dictada por el Tribunal Superior Electoral; según los

alegatos de la parte demandante mediante la sentencia recurrida

en revisión y suspensión, se le negó al demandante, el Partido

Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), el derecho a participar

aliado y con candidaturas comunes con el Partido Revoluciona-

rio Dominicano (PRD) en las elecciones nacionales del 20 de

mayo de 2012; y que, al mismo tiempo, violó a dicha entidad

partidaria los derechos fundamentales relativos a la libre asocia-

ción y al libre sufragio. De esta sentencia analizaremos detalla-

damente el considerando esencial emitido por el Tribunal Cons-

titucional, y sobre todo los votos salvados emitidos por varios

magistrados del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional declara inadmisible, por carecer

de objeto, la demanda en suspensión de ejecución de la senten-

cia interpuesta por el Partido Nacional de Veteranos y Civiles

(PNVC), en fecha 19 de marzo del 2012, contra la sentencia

núm. TSE-12-2012, dictada por el Tribunal Superior Electoral

en fecha 9 de marzo de 2012, debido a la siguiente considera-

ción: “ante tal situación, es incuestionable que la demanda que

nos ocupa carece de objeto de interés, porque resulta imposible

evitar la ejecución de lo que ya fue ejecutado, sin violentar el

principio de preclusión aludido”. El principio de preclusión se

entiende como la pérdida o extinción de una facultad o potestad

procesal, debido a que determinados actos procesales deben co-

rresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de

los cuales no pueden ser efectuados, y de ejecutarse carecen de

ecacia; en el presente caso el Tribunal Constitucional ha con-

siderado que el demandante ha perdido la facultad de solicitar

la suspensión de la ejecución de las medidas establecidas en la

sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral, debido a

182

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

que esas medidas ya fueron ejecutadas por la Junta Central Elec-

toral, y por consiguiente es imposible ordenar la suspensión de la

ejecución de una medida que ha sido ejecutada. A través de esta

decisión el Tribunal Constitucional busca, entre otras cosas, un

logro oportuno de la tutela jurisdiccional, pero sobre todo una

correcta aplicación y protección de los derechos fundamentales,

que es un eje medular en un Estado social y democrático de

derecho.

Empero, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional

rechazó la demanda en revisión y suspensión de la sentencia emi-

tida por el Tribunal Superior Electoral, basado en el principio

de preclusión aludido, no menos cierto es que varios magistra-

dos del Tribunal Constitucional ejercieron su derecho al voto

salvado y al voto disidente y, por consiguiente, establecieron va-

rios criterios que no fueron valorados por el pleno del Tribunal

Constitucional y que, a mi entender, establecen preceptos cons-

titucionales que contribuyen con el desarrollo del Estado social

y democrático de derecho, por lo que es necesario analizarlos:

El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal

Constitucional, basa su voto salvado en el principio de que “el

argumento del Tribunal, expresado precedentemente, se con-

traería a señalar, después que se ha ejecutado una sentencia, que

se ha extinguido el derecho y, por ende, las posibilidades de re-

clamar su respeto. Ese argumento de naturaleza eminentemente

civilista, es perfectamente válido en materia de vías de ejecución

del derecho común. Sin embargo, en materia constitucional,

aceptarlo pura y simplemente sería como darle un portazo en el

rostro al que reclamó el respeto de su derecho en la jurisdicción

constitucional y se crearía un precedente nefasto para la protec-

ción de los derechos fundamentales”. Por otro lado, estableció

183

Ensayos sobre Temas Constitucionales

que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, entre sus prin-

cipios rectores, incluye el de la inconvalidabilidad señalando:

“La infracción de los valores, principios y reglas constituciona-

les, esta sancionada con la nulidad y se prohíbe su subsanación

o convalidación”. Es decir, que la ejecución de una sentencia no

borra per se una infracción constitucional.

Por otro lado, el magistrado Lino Vásquez Sámuel, a través

de su voto salvado, establece que “la mayoría de los honorables

Jueces que componen este Tribunal Constitucional, han concu-

rrido con el voto mayoritario en la dirección de declarar inadmi-

sible la citada solicitud de medida cautelar sin previamente no-

ticar a la contraparte, como medida de instrucción, los docu-

mentos y piezas que obran en el expediente, condición necesaria,

útil e indispensable para garantizar el principio de contradicción

y el sagrado derecho de defensa de las partes. Es por ello que me

permito exponer, con el debido respeto, las razones por las que,

a mi juicio, no se cumplió con las normas constitucionales rela-

tivas al debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva”.

En cuanto al caso, el magistrado Rafael Díaz Filpo, es-

tablece, a través de su voto disidente, que en el presente caso

“Estamos frente a un derecho de libertad de asociación que de

acuerdo a nuestra Constitución es un derecho fundamental,

y que los partidos políticos son el corazón de la Democracia,

y en la medida que los mismos se fortalecen, la democracia se

vuelve más efectiva. Cuando se ha comprobado que se han vio-

lentado derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional

puede fallar de manera extra petita con la nalidad de preservar

dichos derechos fundamentales, por su condición de garante

“Supremo” de los derechos fundamentales en la República Do-

minicana”.

184

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Finalmente, podemos establecer que los dos votos salva-

dos y el voto disidente realizado por los magistrados del Tribu-

nal Constitucional, aunque están orientados con perspectivas

diferentes, buscan un objetivo en común, que es una protec-

ción y una preservación efectiva de los derechos fundamen-

tales, así como también la garantía del debido proceso por

parte del Tribunal Constitucional, en su condición de órgano

supremo de protección de la constitución y de dichos dere-

chos. Estas críticas realizadas por los magistrados contribuyen

con la armonía que debe existir entre las jurisprudencias cons-

titucionales y la doctrina jurídica; así lo establece García De

Enterría, al estatuir que “dentro de esa exigencia cualicada

de justicación de las decisiones del Tribunal Constitucional

se sitúa el papel de la crítica. Como para ninguna otra juris-

prudencia, es aquí necesario un diálogo permanente entre el

Tribunal y la doctrina jurídica, un diálogo franco y abierto,

con elogios y censuras, con desarrollos y justicaciones gene-

rales, con reservas y advertencias. Jurisprudencia y doctrina

han de caminar conjuntamente para que la legitimidad de la

primera se aance y se arme, presentándose como la expre-

sión inequívoca y autorizada de la Constitución y de sus valo-

res fundamentales”.44

Sentencia TC/0010/12. Referencia: Recurso de revisión de

amparo. Recurrentes: Procuraduría General de la República y

Ministerio de Interior y Policía. Recurrido: señor José Alfredo

Montas Villavicencio.

44 Jorge Prats, Eduardo. Comentarios… p. 68. Eduardo García de Enterría y Tomás-

Ramón Fernández. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Lima-Bogotá, Palestra-

Temis, 2006.

185

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional decide

sobre una demanda en revisión de un recurso de amparo, in-

terpuesto por el Ministerio de Interior y Policía, debido a que

éste se negó a devolver al recurrido, señor José Alfredo Montás

Villavicencio, una pistola de su propiedad, la cual fue entregada

voluntariamente en ocasión del conocimiento de una denuncia

por violación intrafamiliar. De esta sentencia analizaremos dos

interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional que es-

tablecen una ampliación del derecho de propiedad, y sobre todo,

una limitación al momento de aplicar este derecho patrimonial

fundamental sobre un arma de fuego, ya que es un instrumento

susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la integri-

dad personal, y el derecho a la vida; por otro lado, analizaremos

la facultad otorgada por la Convención Interamericana para pre-

venir y erradicar la violencia contra la mujer, al Ministerio de

Interior y Policía o al Ministerio Público de incautar cualquier

arma de fuego que posee un imputado hasta que sea dictada una

sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada.

En el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que

“la referida revocación de la licencia de porte de arma de fuego,

es injusticada porque desconoce el principio de presunción de

inocencia y el debido proceso, en perjuicio del recurrido, señor

José Alfredo Montás Villavicencio, y en este sentido ordena que

se restablezca la vigencia de la licencia revocada, hasta que se

dicte sentencia denitiva e irrevocable en relación a la denuncia

por violencia intrafamiliar”. Sin embargo, también establece que

“es razonable y correcto que el Ministerio Público mantenga la

incautación del arma de fuego hasta que el proceso penal de

referencia termine con una sentencia denitiva e irrevocable”.

De lo anteriormente expuesto, podemos señalar que el Tribunal

186

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Constitucional como órgano supremo debe velar por la protec-

ción de los principios consagrados por un Estado social y demo-

crático de derecho, especialmente por el principio de presunción

de inocencia, el debido proceso, y el derecho de propiedad que

tiene todo ciudadano; empero, existen ciertos casos en que el

Tribunal Constitucional como responsable de la protección del

orden constitucional, debe limitar ciertos derechos para asegurar

la protección de otros de mayor importancia para la sociedad;

es lo que denominó “la libertad limitada de los ciudadanos”, es

decir, que en el presente caso, el Tribunal Constitucional tiene

la obligación, no solo de respetar lo estipulado por la norma

internacional sobre la incautación de armas de fuego en ocasio-

nes determinadas, sino que debe limitar el derecho de propiedad

que tiene el recurrido sobre el porte de su arma de fuego, para

garantizar la seguridad nacional, la integridad personal, y el de-

recho a la vida. Por esto el Tribunal Constitucional procede a

ordenar que le sea otorgado nuevamente el permiso de tenencia

de armas de fuego al recurrido; sin embargo, acoge parcialmen-

te, la demanda en revisión del recurso de amparo realizado por

el Ministerio de Interior y Policía, por lo que rechaza la solicitud

de devolución del arma de fuego por los criterios anteriormente

analizados.

Sentencia TC/0011/12. Referencia: Expediente No. 030-12-

00003, relativo a la acción de amparo incoada por Gary Gresko,

S.A., contra la Dirección General de Migración.

En este caso, el Tribunal Constitucional fue apoderado para

conocer de un recurso de amparo incoado por la sociedad co-

mercial Gary Gresko, debido a una supuesta violación del dere-

187

Ensayos sobre Temas Constitucionales

cho fundamental de acceso a la información pública por parte

de la Dirección General de Migración, al negarse a expedirle una

certicación donde constaran las entradas y salidas del país de los

señores Amal Fabiani y Jean Claude Fabiani, desde el año 2004 a

la fecha, y si la primera se encontraba en el país en fecha 12 de

mayo del 2007. En el presente caso, el Tribunal Constitucional

se encontró con el choque de dos derechos fundamentales, por

lo que debió ponderar entre el derecho fundamental del acceso a

la información y el derecho a la intimidad y el honor.

El Tribunal Constitucional estimó “que la divulgación no

consentida de datos contenidos en los registros de la Dirección

General de Migración resulta un ejercicio desproporcionado del

derecho a la información, que vulnera el núcleo esencial del de-

recho fundamental a la dignidad, la integridad, la intimidad y el

honor de las personas registradas, cuando carezca de incidencia

en asuntos de interés colectivo y concierna a personas cuya rele-

vancia pública no haya sido alegada ni tampoco establecida”; por

consiguiente, consideró que el Tribunal Superior Administrativo

realizó una correcta interpretación al establecer las limitaciones

prescritas en los aludidos artículos 2 y 18 de la referida Ley 200-

04; mientras que, en cambio, la entidad recurrente en revisión

no probó la relevancia social de los señores Amal Fabiani y Jean

Claude Fabiani, ni la naturaleza pública o eventual incidencia

de la información requerida en los intereses colectivos, ni tam-

poco respaldó sus pretensiones en una base legal que justicara

el quebrantamiento de la condencialidad inherente a dichas in-

formaciones. A través de lo analizado anteriormente, podemos

establecer que la función del Tribunal Constitucional no es sólo

garantizar la supremacía de la constitución y los derechos funda-

mentales, sino que también tiene la potestad de ponderar la je-

188

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

rarquía de estos derechos, y asegurar una correcta interpretación

de los mismos, asegurando así un Estado fundado en el respeto

de los derechos fundamentales, mediante los cuales se encuentra

organizado el Estado social y democrático de derecho.

SENTENCIA TC/0050/12. Referencia: Expediente No. TC-

01-20120024, relativo a la acción directa en inconstituciona-

lidad incoada por la sociedad Inversiones Bretaña, S.A. contra

el párrafo único del artículo 382 del Código de Procedimiento

Civil.

Como hemos señalado, anteriormente, el Tribunal Consti-

tucional habilita una acción directa de inconstitucionalidad con-

tra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas,

que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma sustantiva.

En el presente caso, el Tribunal Constitucional fue apoderado de

una acción directa de inconstitucionalidad incoado por la socie-

dad comercial Inversiones Bretaña, S.A., en contra del párrafo

único del artículo 382 del Código de Procedimiento Civil. El

Tribunal Constitucional procedió a declarar inconstitucional el

párrafo único de dicho artículo por transgredir el derecho fun-

damental al juez imparcial instituido en el artículo 69.2 de la

Constitución de la República Dominicana; artículo 10 de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Orga-

nización de las Naciones Unidas (ONU); artículo 8 de la Con-

vención Americana de los Derechos Humanos y artículo 14 del

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Según el

criterio del Tribunal, “si la prestación de una anza, como con-

dición previa para conocer de la recusación judicial, constituye

un obstáculo o traba procesal para el ejercicio pleno y efectivo

189

Ensayos sobre Temas Constitucionales

del derecho fundamental al juez imparcial, constituye, además,

una norma legal discriminante que solo afecta al litigante en ma-

teria civil y comercial, quien tiene que prestar una anza para

poder ejercer la recusación judicial, mientras que a los litigantes

en otras materias del derecho (penal, laboral, etc.) no se les re-

quiere del cumplimiento de dicha nalidad…” Como podemos

apreciar, el Tribunal Constitucional a través de esta decisión res-

guarda una correcta aplicación de la justicia constitucional, para

asegurar la supremacía de la constitución de normas sustantivas

que pueden ser contrarias a la misma, permitiendo el desarrollo

de un Estado organizado en un sistema normativo uniforme.

Finalmente, vemos cómo las sentencias analizadas anterior-

mente se basan en interpretaciones realizadas por el Tribunal

Constitucional, con el objetivo de asegurar la supremacía de la

Constitución, garantizando una correcta aplicación y protección

de los derechos fundamentales, con el n de alcanzar un bienes-

tar colectivo, en busca de un mejor desarrollo del Estado domi-

nicano. Por esto, con la instauración del Tribunal Constitucional

en República Dominicana, a través de la Constitución del 26 de

enero de 2010, hemos dado un gran paso para la conformación

y el desarrollo de un verdadero Estado que se caracterice por los

principios de ser un Estado social y democrático de derecho.

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