Importancia del Tribunal Constitucional para el desarrollo del Estado social y democrático de derecho

• Páginas: 37-82

Introducción

El proceso histórico que ha dado como resultado el reco-

nocimiento, positivización y consagración del valor nor-

mativo y supremo de la Constitución, nos ha obligado a

experimentar cambios en nuestro ordenamiento jurídico, gracias

a las ideas del constitucionalismo moderno del siglo , que han

impactado no tan solo a los países desarrollados, sino también a

los países en vías de desarrollo. En la presente reexión, preten-

demos entender y explicar el trasfondo histórico que sienta las

bases del orden constitucional moderno, así como la importan-

cia de la aparición del Tribunal Constitucional en nuestro país,

su papel en el proceso transitorio del Estado liberal al Estado

social y democrático de derecho, propósito primigenio de la re-

forma constitucional de 2010. (Pérez Sánchez, 2010).

I.

Del Estado liberal al Estado social

y democrático de derecho

Una vez los revolucionarios burgueses del siglo 

rompen con el sistema de gobierno de la monarquía

absoluta, instauran un Estado liberal y declaran un con-

junto de derechos mínimos que no podrán ser vulnerados por

el ejercicio del poder político. De manera tal que el constitu-

cionalismo emergente de la Teoría del contrato social, reforzada

por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), consistía en un pacto

colectivo llamado Constitución política, en el cual los ciudadanos

otorgan el poder público a una clase gobernante (en calidad de

mandatario, toda vez que la soberanía residía en el pueblo), que

lo ejercería respetando y garantizando a los ciudadanos el pleno

disfrute de estos derechos consagrados en el Bill of Rights, así

como en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del

Ciudadano, a los cuales el estudio histórico del derecho consti-

tucional ha denominado “derechos de primera generación” (las

libertades públicas y los derechos civiles y políticos). Luego de

que la declaración de 1789 enunciara derechos en los primeros

once artículos, se detuvo en el 12 a proclamar: “La garantía de

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza

pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en benecio

de todos (…)”.

De eso se trataba el contractualismo, pero también este Es-

tado liberal se funda en el “principio de la separación de los po-

deres” que tuvo como máximo exponente al barón de “Mon-

tesquieu (1689-1755)”, que declaraba lo pernicioso que era el

hecho de que todo el poder público (los poderes del Estado)

residieran en el monarca, lo que constituía un régimen absolu-

tista al estilo Luis XIV (1643-1715), quien declaraba: “L’Etat,

c’est moi”, manifestando la necesidad de que el poder político

sea dividido en tres grandes poderes –funciones– dirigidos por

distintos órganos: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el

Poder Judicial. Se establecía así un efectivo “sistema de pesos y

contrapesos” que impediría el exceso de poder por parte de las

autoridades, en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. La

declaración francesa de 1789 sentenciaría más adelante, la aco-

gida de los postulados de dicha teoría al enunciar en su artículo

16: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté

asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene

Constitución”.

El modelo Laissez faire, laissez passer buscaba la menor in-

tervención por parte del Estado, para que el individuo pudiera

realizar sus nes, lo que es entendible debido a los grandes trau-

mas provocados por su pasado reciente, en virtud de que cada

vez que el Estado se inmiscuía en la vida de las personas, era

en detrimento de sus derechos. El transcurso del tiempo arrojó

como resultado la inconsistencia de los postulados del libera-

lismo clásico, fundados política, social e institucionalmente en

la “Teoría del autogobierno colectivo”, y económicamente, en

la “Teoría de la mano invisible” “economía de libre mercado”

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

sostenida por Adam Smith (1723-1790), las cuales rechazaban

de plano la idea de la más mínima intervención o planicación

central por parte del Estado.

(…) La inestabilidad de la democracia liberal, producto

de la Primera Guerra Mundial, así como las luchas de las clases

populares y grupos socialistas por sus reivindicaciones sociales,

políticas y económicas, dieron al traste con una renovación de la

“Teoría general del derecho y del Estado”, y su papel, que sería

“el desplazamiento del Estado liberal de derecho hacia el Esta-

do social y democrático de derecho”, que constituiría “(…) una

auténtica revolución, el más importante cambio de paradigma

operado en el constitucionalismo moderno, tanto en el plano de

la teoría como en el de la práctica”. (Rodríguez Gómez, 2012).

Este pensamiento enriqueció la denición de “democracia”, toda

vez que entendía que la democracia no era solo política –elegir y

ser elegido–, sino que también se extendía al ámbito económico

y social. (Lassalle, 2002).

Se concluyó en la necesidad –y en la aceptación– de que el

Estado no fungiera como un simple ente observador o pasivo

de la realidad social y económica del pueblo, sino que, más

bien, interviniera en los problemas de carácter social y eco-

nómico con la implementación de programas y acciones para

garantizar los derechos de segunda generación (los derechos

económicos, sociales y culturales) que tuvieran su importante

exhibición en el Pacto Interamericano de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales de 1966. Derechos estos que no se

vieron garantizados bajo la democracia liberal, por lo que se

encontró pertinente que el Estado, con todo su poderío eco-

nómico e institucional, debía participar en la búsqueda del

perfeccionamiento y desarrollo de la nación garantizando el

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

pleno disfrute de estos derechos, como son el derecho a la sa-

lud, educación, trabajo, descanso, recreación, seguridad social,

alimento, vivienda, protección a los más vulnerables, disfrute

de un medioambiente sano, entre otros, palpados por el omni-

presente derecho a la dignidad humana. Conforme lo establece

el jurista Emiliano Borja Jiménez, el “Estado social”, fundado

en la idea del Estado de bienestar o Estado intervencionista, “se

identica más con la conquista de las condiciones mínimas de

la subsistencia material, moral y cultural –dignidad humana–

que con las pretensiones del respeto a las libertades fundamen-

tales”. (Pérez Sánchez, 2010).

Para el Estado social y democrático de derecho –en lo ade-

lante E.S.D.D.–, es de vital importancia el concepto de “igual-

dad de oportunidades”, así como el fortalecimiento de la capa-

cidad recaudadora del Estado, la creación de un conjunto de

instituciones políticas y jurídicas para garantizar dicha igualdad

de oportunidades, así como las condiciones mínimas de subsis-

tencia. Este modelo acaba con la lucha del capitalismo y el socia-

lismo, instituyendo una media, como arma el jurista Ramírez

Morillo: “El Estado social de derecho procura una convergencia,

de modo que el desarrollo económico venga acompañado de de-

sarrollo humano”.

Este pensamiento social democrático, constituía las bases

del desarrollo humano para nuestra nación y, a pesar de las nu-

merosas reformas constitucionales, no se había podido codicar

los principios, valores, derechos e instituciones del E.S.D.D.,

como lo explica el Dr. Leonel Fernández, cuando arma que:

… nuestras reformas constitucionales no respondían a un

proyecto de nación, sino a los intereses particulares de un mo-

mento determinado; se requería el que con la participación

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

de toda la sociedad, a través de sus organizaciones represen-

tativas, se llegase al diseño de un modelo constitucional que

se correspondiese con nuestra aspiración de ser una nación

moderna. (González-Trevijano, 2012).

En nuestro país, la conversión formal y expresa del Estado

liberal al social y democrático de derecho, no se hace sino con

la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Al expresar

en su artículo 7 “La República Dominicana es un Estado social

y democrático de derecho…”, rompe con el liberalismo clásico

del que era partícipe el constitucionalismo dominicano, al mo-

mento que instaura un sistema para garantizar la supremacía de

la Constitución: la creación del Tribunal Constitucional –en lo

adelante TC– órgano supremo de interpretación y control de la

constitucionalidad. Es importante precisar que estos regímenes

de derecho no son excluyentes unos de otros, sino que son con-

quistas graduales, las cuales hacen aportes importantes a nuestro

actual orden constitucional.

II.

Pertinencia del Tribunal Constitucional para

el desarrollo de nuestro E.S.D.D.

En las discusiones de la reforma constitucional de 2010 se

planteó el problema de que si el control de la constitucio-

nalidad debía seguir residiendo en la Suprema Corte de

Justicia o si se le debía crear una cuarta sala que fungiera como

la Sala Constitucional, o que si, por el contrario, se debía crear

un nuevo órgano, totalmente desvinculado del Poder Judicial,

como sería un consejo constitucional –al igual que en Francia– o

un tribunal constitucional, como en el resto de Europa conti-

nental y gran parte de Latinoamérica.

El debate de la legitimidad del Poder Judicial para controlar

la constitucionalidad está abierto, en virtud de que esto entraña

la limitación del poder y, de una manera u otra, transgrede los

postulados de la teoría de la separación de los poderes. Esta fun-

ción, a pesar de ser eminentemente jurisdiccional, no es judicial,

sino más bien política, lo que ha llevado a los países del Viejo

Continente a delegarla en un órgano, no tan solo liberado de la

Suprema Corte de Justicia –en lo adelante SCJ–, sino desligado

y por encima de todos los demás poderes del Estado, por lo que

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

muchos lo han considerado como un órgano suprapoder, y es el

Tribunal Constitucional. En Estados Unidos de Norteamérica,

reconocer la facultad del Poder Judicial para controlar la consti-

tucionalidad de las leyes y las actuaciones, fue más fácil que en

los países europeos, los que, como ya hemos mencionado, esta-

ban traumatizados por los remanentes del viejo régimen.

En República Dominicana, por mucho tiempo este control

residió en manos de la Suprema Corte de Justicia, órgano supre-

mo del Poder Judicial que no supo legitimar su poder –como

lo hiciera la Corte Suprema de los Estados Unidos–, en virtud

de la incongruencia e incoherencia maniesta al momento de

administrar la justicia constitucional, según lo establece el pro-

fesor Lic. Franklin E. Concepción en su trabajo de investigación

titulado “El precedente constitucional en la República Domini-

cana”.

El 1° de septiembre de 1995, la SCJ, en atribuciones

constitucionales, denió la noción de parte interesada en los

siguientes términos: “…para ser parte interesada era nece-

sario: gurar como parte en una instancia administrativa o

judicial o haber sido perjudicado con la ejecución de un acto

emanado de uno de los poderes públicos en ejecución de una

ley considerada inconstitucional”.1 Más adelante, los nue-

vos integrantes de la SCJ, mediante sentencia dictada el 6 de

agosto de 1998, ampliarían signicativamente este concepto

al establecer que:

(…) debe entenderse por parte interesada, aquella que gure

como tal en una instancia, contestación, o controversia de ca-

rácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un

1 Sentencia del 1 de septiembre de 1995 de la S.C.J.

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposi-

ción legal pretendidamente inconstitucional, o que justique

un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido,

o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de

la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requiere que

la denuncia sea grave y seria.2

En estos términos, cualquiera podría ser una parte interesa-

da y, en tal virtud, con capacidad y calidad para actuar en justicia

constitucional, con el simple hecho de “ser un denunciante de

una inconstitucionalidad grave”, lo que constituía un paso de

avance en el fortalecimiento de la justicia y en el desarrollo del

Estado social y democrático de derecho.

Diez años más tarde, en fecha 18 de diciembre de 2008, los

mismos integrantes de la SCJ, emitieron una sentencia en la cual

dan un salto olímpico –y por demás antojadizo–, de retroceso

constitucional al declarar la inadmisibilidad de una acción en

inconstitucionalidad bajo las siguientes premisas:

Considerando, que, ciertamente, como ha sido alegado en la

especie, el Poder Ejecutivo estaba en el deber ineludible de so-

meter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional,

de conformidad con nuestra normativa constitucional; que,

sin embargo, cuando se demanda la inconstitucionalidad o

la nulidad de uno de los actos comprendidos en el artículo

46 de la Carta Magna por el no cumplimiento de un trámite

que debió ser agotado por ante el Poder del Estado correspon-

diente, sólo puede hacerlo el mismo órgano o poder a quien la

propia Constitución le atribuye esa competencia.

Considerando, que, en consecuencia, siendo una potestad ex-

clusiva del Senado de la República y de la Cámara de Dipu-

2 Sentencia del 6 de agosto de 1998 de la S.C.J.

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

tados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones

en inconstitucionalidad en cuestión, solamente los presiden-

tes de esas cámaras pueden ser considerados, al tenor del ar-

tículo 67 inciso 1, de la Constitución de la República, como

parte interesada y, por lo tanto, con calidad para ejercer dicha

acción.3

Lo cierto es que nuestro ordenamiento jurídico-constitu-

cional necesita que se abran plenamente las puertas de las “ac-

ciones populares”; desconocerlas es –a nuestro modo de ver la

justicia constitucional– una denegación de justicia. La acción

no es solamente autónoma e independiente del derecho, sino

que “se podría decir que el n de la acción es poner en marcha

el aparato jurisdiccional del Estado”. (Jiménez Meza, 1999). Y si

no recae en la colectividad dirigida por un mismo objeto y n,

¿de qué Estado social y democrático de derecho estaríamos ha-

blando? ¿De uno en el que el pueblo ha enajenado su soberanía?

Para nosotros, es simplemente inconcebible; además de que la

Constitución no lo prohíbe, queremos recordar que los nortea-

mericanos lo hicieron sin mucho texto.

Podemos ver el Voto No. 0484-94, emitido por la Sala

Constitucional costarricense, en el cual expresó:

(...) En cuanto a la capacidad de los accionantes para promo-

ver esta acción de inconstitucionalidad, que alegan la exis-

tencia de intereses difusos que atañen a la colectividad en su

conjunto, en su condición de ciudadanos en el pleno uso de

sus facultades, estima esta sala que se hallan legitimados en los

términos del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Consti-

tucional, por cuanto en virtud de la naturaleza del asunto no

existe lesión individual y directa, y en el caso particular los

3 Sentencia del 18 de diciembre de 2008 de la S.C.J. (subrayado del autor).

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

mismos no alegan un agravio subjetivo y directo provocado

por la norma cuya inconstitucionalidad invocan, sino que ac-

túan en defensa del equilibrio económico del país, que de no

atenderse en esta vía carece de un procedimiento adecuado

para defender intereses superiores (…).

Volviendo a nuestro análisis cronológico de las sentencias

constitucionales de la SCJ, consideramos que este “bajadero ju-

rídico”, rebuscado en perjuicio de la sociedad y, por demás, en

perjuicio de la justicia constitucional, consistió en una analogía

de la “Teoría de la nulidad relativa”, propia del derecho civil

–y no del constitucional‒, donde estas nulidades (en este caso

inconstitucionalidad), solo podrían ser invocadas por la parte a

la que la ley intenta proteger, haciendo entender que al imponer

dicha formalidad el mandato de la Constitución intenta prote-

ger a los congresistas, y no a la sociedad; al representante y no al

representado.

En los votos disidentes de los magistrados Ana Rosa Bergés

Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Aníbal Suárez, se

verica una interpretación más conforme con la Constitución,

al conrmar que:

…Actuando como Corte Constitucional no puede abando-

nar ni restringir el concepto de parte interesada que ha sido

consagrado y mantenido a partir de la sentencia que fuera

pronunciada el 8 de agosto de 1998… En tal virtud, somos de

opinión que en la especie el tribunal debió declarar admisibles

las acciones de que se trata y abocarse al conocimiento del

fondo de las mismas, a n de determinar su procedencia o no,

ya que a nuestro juicio no existe ninguna causa que determine

su inadmisibilidad.4

4 Sentencia del 18 de diciembre de 2008 de la S.C.J. (subrayado del autor).

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

Los parámetros de uno de los tests jurídicos, a propósito del

cambio del precedente vinculante, es desarrollado por Edgar Car-

pio Marcos, quien “en síntesis” establece que para que un cambio

radical del precedente no amenace su “legitimidad”, es necesario,

entre otras cosas, 1ro. Que el Tribunal Constitucional no actúe de

manera coyuntural, sometido a fuertes premisas sociales o políti-

cas. 2do. Que las razones que sirvieron de base a dicho criterio no

se encuentren vigentes ni sean incompatibles con el sistema actual.

3ro. Que exista un nuevo argumento, signicativo y determinante.

4to. Que el benecio del nuevo criterio sea nítidamente superior al

perjuicio que causare a la credibilidad de la autoridad y la seguri-

dad jurídica. 5to. Que no se corresponda con los cambios sociales,

políticos y económicos. (Carpio Marcos, 2007).

En el caso de la especie, la SCJ no cumplió con ninguno

de estos presupuestos; no puede subsumirse siquiera en una de

estas premisas, por lo que al reprobar dicho examen el resultado

sería la “ilegitimidad” del cambio del precedente, así como la ile-

gitimidad de la institución para impartir justicia constitucional.

Estas acciones populares deben tener algún respaldo por parte de

alguna autoridad; este es el caso perfecto del “talón de Aquiles”

en el sistema de pesos y contrapesos del Estado liberal. Por una

parte, el Ejecutivo no observa el cumplimiento de una formali-

dad constitucional ante el Legislativo, que teniendo el derecho y

el deber de denunciar su inobservancia, simplemente no lo hace,

y cuando el mandatario del Pacto Fundamental acude a la ceni-

cienta –Poder Judicial‒ para que sacie la sed de justicia, este se la

deniega. Sin embargo, al nal del cuento, la concepción amplia

de parte interesada recobró su vigencia.

Pero vayamos un poco más lejos: nuestro sistema de justicia

se fundamenta en un carácter “especialista”. Partiendo de esto,

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Ensayos sobre Temas Constitucionales

¿podría un tribunal del orden civil impartir una plena justicia pe-

nal?, o ¿un tribunal del orden laboral impartir una sana y buena

justicia administrativa? No, inclusive nuestro ordenamiento está

lo sucientemente acomodado a las especializaciones, que acepta-

mos como buenas y válidas las respuestas “no estoy especializado

en el área; estoy especializado en tal área del derecho”, a propósito

de las jornadas evaluativas para la integración de los jueces de las

altas cortes.5 En tal sentido, y sin dejar de reconocer los conoci-

mientos de muchos de nuestros jueces en materia constitucional,

¿podrían jueces del orden civil, penal, laboral, de tierras, etc.

administrar e impartir una plena, sana y merecida justicia consti-

tucional? Consideramos que no. Esto armó el eminente jurista

Eduardo Jorge Prats cuando la justicia constitucional residía en

manos de la SCJ ‒y de manera difusa en los tribunales ordinarios,

como en la actualidad‒,“(…) la norma constitucional es interpre-

tada exegéticamente, literalmente, desconociendo no solo los más

modernos métodos de interpretación constitucional sino incluso

las antiguas técnicas interpretativas del modelo positivista dog-

mático”. (Jorge Prats, 2005).

Esperemos que algunos juristas no insistan en que una sala es-

pecial en la SCJ satisfaga la justicia constitucional, en virtud de que

se cumpliría con el requisito de especialidad. Queremos decirles que

sería tan independiente en el ejercicio de sus funciones, como la

irreal independencia que existe entre el Poder Ejecutivo y la función

scalizadora, controladora y electoral del Ministerio Público, la Cá-

mara de Cuentas y la Junta Central Electoral, respectivamente.

El juez constitucional no puede aplicar la justicia de manera

salomónica para satisfacer a todos, sino que debe satisfacer el in-

5 Ver las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura para la elección de los jueces a

integrar las altas cortes, año 2012.

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

terés programático de la Constitución. El juez constitucional solo

está ligado al bloque de constitucionalidad; si a alguien no podría

fallarle, sería a la Constitución. Convencida toda la comunidad

jurídica constitucional de la inseguridad jurídica a la que se en-

cuentra expuesto el pueblo, retoman fuerzas vigorosas las ideas de

un tribunal constitucional. No caprichosamente dijo el magistra-

do juez presidente del TC dominicano, en su discurso inaugural,

“la legitimidad de nacimiento del Tribunal Constitucional deberá

ser su legitimidad de funcionamiento”. (Ray Guevara, 2012).

Por otra parte, el argumento de que el Poder Judicial carece

de legitimación democrática, también arroparía al Tribunal Cons-

titucional, no tan solo en virtud de que los jueces no son elegidos

por el voto popular, sino que, en adición, son electos mediante el

mismo procedimiento, conforme las mismas reglas y por el mismo

órgano constitucional, que es el Consejo Nacional de la Magistra-

tura, en consonancia con el artículo 179 constitucional.

Otro argumento a favor de quienes fomentaron la aparición

del Tribunal Constitucional era la limitación de las funciones,

prácticamente, la de conocer las acciones de inconstitucionali-

dad; esto así, con la nalidad de que no sea entorpecida la labor

del control de la constitucionalidad, que reviste una mayor im-

portancia y trascendencia social y política, e impedir que otras

funciones le resten ecacia y eciencia. (Pérez Sánchez, 2010).

La Constitución social es un proyecto de nación que no

puede ser realizado por la Suprema Corte de Justicia, sino por

un órgano encomendado a tales efectos, como el Tribunal Cons-

titucional. Pero para entender el porqué del TC y la necesidad

del mismo para nuestro ordenamiento jurídico, debemos hacer

un examen más acabado de los fundamentos socio-jurídicos, y

su responsabilidad en el Estado social y democrático de derecho.

III.

El principio de la separación

de los poderes en el E.S.D.D.

Lo primero que debemos determinar es qué posición

interinstitucional ocupa el Tribunal Constitucional en

nuestro ordenamiento jurídico o, más bien, cuál es la po-

sición del Tribunal Constitucional con respecto a los tres pode-

res del Estado. Para ello necesitamos hacer un esquema mental

de la administración del poder político, como ha sido concebi-

do desde los pensamientos de Montesquieu, quien concibiera al

poder del Estado fraccionado en tres: Poder Legislativo, Poder

Ejecutivo y Poder Judicial. Poderes que son de la misma esfera y

que, según esta teoría, se encontraban en la cúspide del ordena-

miento de un Estado, pero ahora aparece el Tribunal Constitu-

cional como un órgano que se sitúa por encima de estos, y que

muchos han llamado un órgano suprapoder. ¿Cómo pasó esto?

El honorable magistrado del Tribunal Constitucional domi-

nicano, Dr. Hermógenes Acosta de los Santos, a la vez que cita al

jurista Javier Pérez Royo, arma:

Por otra parte, estamos en presencia de un tribunal cuya exis-

tencia no responde a una causa normal, sino más bien a una

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Tribunal Constitucional de la República Dominicana

anomalía histórica propia de determinados países de Europa

continental. Dicha anomalía histórica consiste, según Pérez

Royo, en las dicultades que tuvieron los países donde existe

dicho órgano en transitar del Estado liberal del  al Esta-

do democrático del siglo . De manera que la existencia del

Tribunal Constitucional, en sus orígenes, es propia de países

en los cuales la instauración del Estado democrático y cons-

titucional tuvo signicativas dicultades para establecerse y

desarrollarse. (Acosta de los Santos, 2010).

En primer lugar, debemos de reconocer que los países de

Latinoamérica –entre ellos República Dominicana‒ también

se enmarcan en las características propias de los países europeos

a que hace referencia el párrafo anteriormente citado, en la

imposibilidad de materializar la traslación del Estado liberal al

social y democrático de derecho. En eso radica la labor primi-

genia del Tribunal Constitucional, que se contrae a garantizar

la supremacía del nuevo orden constitucional, manifestándole

al poder político (al interpretar la norma constitucional) en

qué consiste el nuevo marco –el social y democrático de dere-

cho‒ sobre el cual deben actuar, conforme a lo que establece

el Código Constitucional; es decir, cuáles son las nuevas reglas

del juego.

El Dr. Pérez Sánchez maniesta, al referirse al Tribunal

Constitucional:

…es la pieza clave, esencial, del funcionamiento del sistema

de pesos y contrapesos que supone la democracia, a n de que

exista un verdadero estado constitucional de derecho, donde

impere el rigor de la ley, con el propósito de alcanzar la igual-

dad de los ciudadanos. (Pérez Sánchez, 2010).

55

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Para el Estado liberal era suciente la concepción tri-

partita clásica de la división de los poderes para el funcio-

namiento del sistema de pesos y contrapesos. Pero el Estado

moderno, y más aun el compromisario de una Constitución

programática y económica, nos han permitido ver lo com-

pleja que ha devenido dicha teoría en busca del perfecciona-

miento del Estado. Arma el Dr. E. Jorge Prats (2012) que:

“la mejor manera de limitar al poder era mediante la distri-

bución del poder político entre los distintos detentadores del

poder…”. Por lo que, en primer lugar, se integran institucio-

nes y/o descentralizan funciones, como la función de control,

scalizadora, electoral, etc. Este fraccionamiento no implica

ningún supra-posicionamiento, postura esta que no satisface

las colosales exigencias del Estado social y democrático de

derecho, el cual le impone la supra-posición de un eje central

–Tribunal Constitucional‒ que viene a reforzar el equilibrio

existencial del sistema de pesos y contrapesos y, en concreto,

a “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del

orden constitucional y la protección de los derechos funda-

mentales”.6

Sin ánimo de restarle mérito o violentar la memoria de uno

de los más grandes e inuyentes pensadores del siglo , nos

atrevemos a armar que Charles Louis de Secondat, señor de la

Brède y barón de Montesquieu, aceptaría con los brazos abiertos

la idea de un tribunal constitucional como complemento de su

desarrollada “teoría de la división de los poderes”, en virtud de

que el Tribunal Constitucional (o el control de la constituciona-

lidad) no es propio del Estado liberal –con excepción del sistema

6 Constitución política de la Rep. Dom. Art. 184

56

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

de EE.UU.7‒, sino que es propio del proceso de transición del

Estado liberal hacia un Estado social y democrático de derecho.

Para ser más claros, la tesis que intentamos sostener es que

la teoría de la separación de los poderes del E.S.D.D. ‒y más aún

para los países que adoptaron con mayor rmeza la vertiente de

“límites funcionales” y no la de “pesos y contrapesos”‒ incluye

la aparición de un tribunal constitucional complementando el

sistema democrático. Esto así, ya que para pasar del absolutismo

al Estado liberal se debió fraccionar el poder político en tres;

ahora, para pasar del Estado liberal al E.S.D.D, se le impone a

dicho fraccionamiento el supra-posicionamiento de un tribunal

constitucional garante de la transformación.

En tal virtud, el ya mencionado artículo 16 de la declaración

francesa de 1789 establecía que sin separación de poderes no hay

Constitución. Para nuestros nes, dicho artículo rezaría de la

manera siguiente: “Toda sociedad en la que la garantía de los

derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes deter-

minada “y supra-controlada”, no tiene Constitución social”. En

ese mismo tenor, arma el magistrado juez presidente del Tribu-

nal Constitucional: “Por ello, he planteado en varios escenarios

que una democracia constitucional sin Tribunal Constitucional

es como una primavera sin ores”. (Ray Guevara, 2012).

7 El Prof. Hermógenes Acosta de los Santos explica magistralmente cómo en los Estados

Unidos de Norteamérica, era totalmente aceptado y plausible por la clase política, el

hecho de que el Poder Judicial ostente el control de la constitucionalidad, y durante este

Estado liberal del siglo XIX, se dictaron varias sentencias que declararon inconstitucionales

algunas leyes, incluyendo el caso más relevante e importante que pronunció por primera

vez la inconstitucionalidad de una ley federal, caso Madbury vs. Madison.

IV.

Papel del Tribunal Constitucional

en el desarrollo del E.S.D.D.

Por todos es reconocida la importancia de la institucionali-

dad para el desarrollo de una nación; el nivel de la misma

dentro de los organismos del Estado determina el fracaso

o el éxito, en cuanto al bien jurídico que regula, deende, s-

caliza, promueve o garantiza, entre otras funciones propias del

Estado. Si las instituciones no funcionan, no podremos resol-

ver ninguno de nuestro problemas como nación organizada; es

por ello que debemos de analizar la inuencia que puede, o más

bien, debe tener el Tribunal Constitucional en el fortalecimiento

de la institucionalidad con miras al desarrollo del Estado social y

democrático de derecho.

A. El Tribunal Constitucional y la supremacía de la

Constitución en el E.S.D.D.

La mayor conquista del constitucionalismo ha sido la del

reconocimiento, positivización y consagración del valor nor-

58

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

mativo y supremo de la Constitución, esto es ‒en cuanto a lo

normativo‒ la aptitud que tiene la Constitución para ser invo-

cada como norma y, por otra parte –en cuanto a lo supremo‒ la

capacidad de prevalecer ante un conicto con cualquier norma

del ordenamiento jurídico. “Los derechos no necesitan una ley

especial que los desarrollen para ser invocados, sino que con el

hecho de que esté en la Constitución es suciente”. (Acosta de

los Santos, 2010). A esto se suma que las constituciones actuales

poseen un grado normativo superior a las anteriores, incrustan-

do una serie de principios y derechos “implícitos” que rigen el

orden constitucional y, aun no estén estrictamente positivizados,

podrían ser invocados y prevalecer sobre las demás. El Tribunal

Constitucional Federal alemán dispuso en su sentencia BverfGE

31, 229 (sobre derecho de autor y libro escolar) que:

… el interés general por un acceso ilimitado a los bienes

culturales justica que la obra protegida, luego de su apari-

ción, puede ser utilizada –sin aprobación del autor–, en colec-

ciones para las iglesias, escuelas y en clases; ello no implica que

el autor deba poner a disposición su obra sin remuneración

alguna. (Schwabe, 2009).

En países como el nuestro, donde la autoridad pública

tiene una tradicional práctica de actuar al margen de la ley, se

confunde la concepción originaria de Lassalle sobre “Constitu-

ción escrita-pedazo de papel”. Este eminente pensador explicaba

que en todos los países existían dos constituciones: una escri-

ta-papel, y otra real –que era la práctica–, pero esto no consti-

tuye un cheque en blanco para irrespetar y desconocer la norma.

Lo que se desea explicar es que las constituciones sociales son

“programáticas”, a propósito de un ideal de justicia, lo que no

quiere decir que es de imposible cumplimento, sino que el poder

59

Ensayos sobre Temas Constitucionales

público debe hacer todo lo posible para realizarlo; “la Constitu-

ción programática es aquella en la que el aspecto ideológico o

losóco es preponderante en su estructura y contiene un pro-

grama ideológico muy denido y de amplia proyección” (Lassa-

lle, 2002).

En tal virtud, el papel del Tribunal Constitucional es hacer

que la Constitución real –el actuar constante de las autoridades

y los particulares– se asemeje cada vez más a la Constitución

escrita ‒programática‒ y al ideal de esta. “De nada sirve lo que

se escriba en una hoja de papel, si no se ajusta a la realidad, a

los factores reales y efectivos del poder” (Lassalle, 2002). Un

fenómeno que ejemplica la anomalía de tener una Constitu-

ción social y programática en manos de un tribunal que no en-

tiende su ideología, es el caso de Alemania y la Constitución de

Weimar, la cual fue una de las primeras constituciones sociales

y considerada dentro de las más avanzadas de la época. Resultó

que al nal, “las normas sociales consagradas en la Constitu-

ción de Weimar fueron, sin embargo, transformadas en meras

fórmulas programáticas por una jurisprudencia liberal (…)”

(Jorge Prats, 2012). Esto pone en evidencia que es cierto que

la Constitución no es más que un pedazo de papel si no tene-

mos un órgano que se encargue de interpretarla y garantizar la

supremacía de la misma.

Vale decir que cuando nos referimos a la Constitución, no

lo hacemos limitativamente al texto constitucional, sino que,

más bien, nos referimos a todo el bloque de constitucionalidad

integrado por la Constitución, convenios internacionales que

versen sobre derechos humanos y el debido proceso, rmados y

raticados por el Congreso, así como por la doctrina jurispru-

dencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la

60

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

costumbre constitucional y, ahora, los precedentes vinculantes

del Tribunal Constitucional.

Por otro lado, si bien es cierto que podríamos armar que

tenemos un ordenamiento jurídico moderno en virtud de la nueva

Constitución, todo el bloque de constitucionalidad ‒y a esto le

añadimos el desborde de la constitucionalización de los procesos y

de las materias reguladas por el derecho‒, no menos cierto es que

el grueso de las disposiciones legales que nos regulan, así como la

práctica y el accionar constante del poder político fueron forjados

bajo el viejo esquema constitucional, los cuales son susceptibles

de ser puestos a prueba –constitucionalidad‒ por ante el Tribunal

Constitucional para vericar su vigencia dentro del actual Estado

social y democrático de derecho. Por eso, la importancia del TC en

este aspecto, es ser un depurador de los actos y normas del poder

político que entrarán al nuevo ordenamiento jurídico fundado en

el constitucionalismo moderno, para que a partir de allí se cumpla

con el mandato del Código Constitucional, en el que todos esta-

ríamos de acuerdo en que, si no se violentara, la nación alcanzaría

–en un plazo relativamente corto‒ altos índices de desarrollo hu-

mano, justicia social, equidad, seguridad jurídica, etc., conforme

lo han establecido los reiterados informes elaborados por la Oci-

na de Desarrollo Humano (ODH) del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), en República Dominicana.

B. El Tribunal Constitucional y la defensa del orden

constitucional en el E.S.D.D.

La Carta Política de una nación no ordena tan solo al Tribu-

nal Constitucional, manda al Legislativo, al Ejecutivo y al Judi-

61

Ensayos sobre Temas Constitucionales

cial, así como a los ciudadanos de dicha nación. Es por ello que,

en principio, todos los poderes para honrar el nuevo Contrato

Social ‒reforma constitucional‒, deben actuar conforme a la

Constitución y dentro del marco que ella les imponga; no es sino

en las desviaciones, desnaturalizaciones e incumplimiento de la

Norma Constitucional donde entra el TC, con su importante

labor de reorientar y garantizar los postulados, objetivos y nes

pactados con el nuevo pacto fundamental, desde su preámbulo,

pasando por su parte normativa, reconocedora de derechos, or-

gánica y, por último, por su parte reformadora y transitoria, a

reprochar al poder político sus condiciones reñidas con el orden

constitucional, para que no se repita el “fenómeno Weimar”.

El incumplimiento de la norma –constitucional y legal‒

en el trascurso de la historia ha dado como resultado que se

acumulen grandes tensiones entre los representados y repre-

sentantes, lo que ha traído como consecuencia rebeliones, re-

voluciones, sublevaciones y conictos que subvierten el orden

constitucional. Las conquistas sociales propias del E.S.D.D.

son alcances logrados por las clases populares, alcances de reco-

nocimiento y no de materialización, pero la premura por ma-

terializarlos, debe de ser la prioridad del poder político en aras

de atenuar estos tipos de eventos que alteran el orden consti-

tucional. Las protestas cada vez son más, y el curso de la histo-

ria –incluso la historia contemporánea– nos advierte de cómo

acaban estas relaciones. “¿Andarán dos juntos si no estuvieren de

acuerdo?”; tarde o temprano, se romperán las relaciones para

dar paso a la renovación de múltiples postulados y a la reinte-

gración de premisas desnaturalizadas por los representantes en

el ejercicio del poder público. Según el jurista constitucional

Belarminio Ramírez Morillo, “la revolución es el acto por el

62

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

que se rompe la constitución, cesando su vigencia, y aquel en

virtud del que cambia la norma fundamental hipotética del

orden estatal”. (Ramírez Morillo, 2010).

¿O será una revolución “a palos”, o será una revolución “a

sentencias vinculantes” del TC?; dependerá de la atenuación y

erradicación de las tensiones sociales satisfaciendo la sed de jus-

ticia constitucional, aquella que limita el ejercicio arbitrario y

excesivo del poder por parte de los gobernantes. Las revoluciones

no tienen su origen en las actuaciones injustas de los particula-

res, y aun en aquellos casos seguirán siendo dirigidas en contra

de los representantes, quienes han sido encomendados para im-

partir justicia social, igualdad y equidad.

Lo cierto es que la aparición del TC como garante del nue-

vo orden constitucional, destinado a garantizar el cumplimiento

programático de la Constitución, así como la realización de los

derechos fundamentales y el progreso y perfeccionamiento del

ejercicio del poder político, constituye el inicio del n del uso

de la fuerza y el derramamiento de sangre como herramientas

revolucionarias. Las revoluciones están destinadas a realizarse

por sentencias; miremos el caso de los países desarrollados, las

sentencias reconocedoras de derechos son verdaderamente las

victorias más sanas por parte de las clases populares. ¿Qué es-

tamos esperando de los cañeros pensionados, los dominicanos

de ascendencia haitiana, del contribuyente en general? ¿Que se

indigne con carácter irreversible, con consecuencias mayúsculas?

Como dijera monseñor Blanchet:

Cuando una regla impuesta no es sino la expresión de un in-

terés particular, interés del hombre, interés de clases, interés

de partido, no es más que una forma inhumana de opresión.

Entonces es la fuerza la que obra con apariencia de legalidad,

63

Ensayos sobre Temas Constitucionales

y el hombre no tiene por qué inclinarse ante la fuerza, sea cual

sea, y cualquiera que pudiera ser el rostro que muestre.

El TC tiene como objetivo desfasar la concepción marxista

sobre el Estado de que es un instrumento de clases, y demostrar

que “el Estado es un instrumento cuyo n es promover el bien

general de la sociedad”. (Lassalle, 2002).

Por otra parte, ¿podría ser víctima el orden constitucional

del mismo poder político? Por supuesto, los artículos que inau-

guran nuestra Carta Magna establecen lo siguiente:

Artículo 1. Organización del Estado. El pueblo dominicano

constituye una Nación organizada en Estado libre e indepen-

diente…

Artículo 4. Gobierno de la nación y separación de poderes.

El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano,

democrático y representativo.

Cualquier atentado a estas disposiciones constituye una

subversión del orden constitucional, así que todo acto tendente

a enajenar la independencia de la República, a instaurar un go-

bierno eclesiástico, a concentrar el poder en una sola persona, a

prolongar un mandato indenidamente, desconociendo los pa-

rámetros de democracia política, se engloba dentro del conjunto

de actuaciones a las que debe de estar alerta el TC para garanti-

zar el orden constitucional, pudiendo sesionar ‒inclusive‒ en el

extranjero.

64

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

C. El Tribunal Constitucional y la protección de los

derechos fundamentales en el E.S.D.D. (A la luz

de la dignidad humana)

El Tribunal Constitucional constituye el instrumento más

idóneo para garantizar y dar una valía sustancial al conjunto de

derechos fundamentales; esto así, al tenor del principio que es-

tablece que “no hay derechos sin garantías”, pero no cualquier

tipo de garantías, sino que son garantías idóneas y efectivas para

materializarlos. Precisamente, las instituciones destinadas a tales

efectos son, por un lado, el defensor del pueblo, scalizador de

la vigencia de estos derechos, y el TC, garantizador del respeto y

realización de los mismos.

La dignidad humana es el eje transversal del programa del

Estado social y democrático de derecho, es un principio que

subyace en todos los derechos económicos, sociales y culturales,

como base fundamental que sostiene los parámetros mínimos de

subsistencia material y moral.

La cláusula del Estado social remite pues a un redimensiona-

miento del concepto de dignidad que, en la medida en que se

dene por la consideración del ser humano como un n en

sí mismo ‒a cuya realización ha de propender todo el instru-

mental de la organización del Estado‒ demanda la interven-

ción del poder público para hacer efectivas las condiciones

materiales y espirituales mínimas que garanticen, no sólo la

vida, sino también el desarrollo de la misma en condiciones

de dignidad”. (Rodríguez Gómez, 2012).

El derecho esencial del Estado liberal es el derecho a la vida,

su respectiva inviolabilidad y la libertad; por otra parte, los de-

65

Ensayos sobre Temas Constitucionales

rechos esenciales del Estado social son la dignidad humana y el

derecho a la educación que, en suma, constituirían el derecho a

una “vida digna”. El marco normativo de este principio inicia en

el artículo 5 constitucional, que lo sentencia como el fundamento

de la Constitución, pasando por el artículo 8 visto como la fun-

ción esencial del Estado, para luego ser denida en el artículo 38 y

desplazarse implícitamente por los artículos 50 al 63 comprendi-

dos bajo toda la rúbrica “De los derechos económicos y sociales”,

así como por todo el bloque de constitucionalidad, por lo que

la Constitución constituye una fuente directa de estos derechos

fundamentales, los cuales pueden ser invocados ante lo autoridad

pública, la cual tendrá la obligación de reconocerlos y realizarlos.

No obstante, estos derechos que aparecen como nuevos, y

que son los que nos interesan del E.S.D.D., son reconocidos

en una manera atenuada, con respecto a las libertades públicas

y derechos civiles y políticos, los cuales no ven otra limitación

que el ejercicio de otros derechos; los de segunda generación se

ven además limitados por asuntos económicos, la inexistencia de

políticas públicas ecaces, etc. ¿Cómo pasa esto? Las respuesta

es simple, Constitución programática, idealista. La propia Cor-

te Interamericana de los Derechos Humanos ha reconocido en

cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, que no

tiene el mismo régimen de cumplimiento por parte del Estado,

que la razón de los eminentemente políticos es el carácter pro-

gramático de los mismos, por lo cual los estados solo están obli-

gados a garantizar dichos derechos en la medida de lo posible.

Por otra parte, el Pacto Interamericano de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales, establece en su artículo 2.1:

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se com-

promete a adoptar medidas, tanto por separado como me-

66

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

diante la asistencia y la cooperación internacionales, especial-

mente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los

medios apropiados, inclusive en particular la adopción de

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí

reconocidos.

Podemos ver que estos derechos no están echados a la entera

discrecionalidad de la autoridad pública, sino que están sujetos a

un conjunto de principios que los garantizan en cierta medida.

Dice el eminente jurista constitucional, Dr. Eduardo Jorge Prats,

que estos derechos tienen un núcleo intangible.

¿Qué integra este núcleo básico? Un derecho de asistencia so-

cial a mujeres embarazadas o madres en desamparo, educación

primaria, secundaria y técnica estatal gratuitas, un mínimo de

adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad,

la incapacidad y vejez, alimentos, vestimenta y, en la medida

de lo posible, alojamiento adecuado para los pobres, asisten-

cia médica y hospitalaria gratuita y la creación de centros y

organismos especializados para la corrección y erradicación

de los vicios sociales, forman parte del núcleo esencial de los

derechos sociales”. (Jorge Prats, 2012).

Estamos totalmente de acuerdo con el eminente jurista,

pero agregándole que el TC debe de vigilar el carácter progre-

sivo del programa, el poder público debe hacer lo posible por

cumplir con sus obligaciones mínimas e ir avanzado y aumen-

tado el concepto de condiciones mínimas, hasta alcanzar una

verdadera justicia social, erradicar los males que afectan a la

sociedad, la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la violencia,

las enfermedades como la tuberculosis, el aislamiento, el des-

67

Ensayos sobre Temas Constitucionales

amparo, etc.; el TC debe ser scalizador de los actos tendentes

a disminuir o a retrasar irrazonablemente el cumplimiento de

estos derechos.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, So-

ciales y Culturales (Protocolo de San Salvador) establece en su

preámbulo, que vale decir que forma parte del bloque de consti-

tucionalidad, lo siguiente:

Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia

de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los

derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes catego-

rías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuen-

tra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona

humana, por lo cual exigen una tutela y promoción perma-

nente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás

pueda justicarse la violación de unos en aras de la realización

de otros. (citado por Quinche Ramírez, 2010).

Por otra parte, otro principio que refuerza y garantiza es-

tos derechos es el “principio de no retroceso social”, que obliga

al poder político a “que los derechos sociales y económicos,

una vez obtenido un determinado grado de realización, pasan

a constituir simultáneamente una garantía institucional y un

derecho subjetivo”. Un ejemplo de la vulneración a este prin-

cipio sería que, luego de que la educación superior en nuestro

país es gratuita, se privatice la Universidad Autónoma de Santo

Domingo, dejando en un limbo a un gran número de estu-

diantes.

Tal vez el poder político no esté consciente de las implica-

ciones y alcances de la Cláusula Social y, más aun, de la creación

de un tribunal constitucional, órgano permanente garante y s-

68

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

calizador de la constitucionalidad de los actos, y es que, como

arma el Dr. Cristóbal Rodríguez Gómez (2012):

en el ordenamiento constitucional propio del Estado social,

el reconocimiento de que la persona tiene derechos implica

que el Estado está en la obligación de realizarlos (…)En otras

palabras, la cláusula del Estado social refuerza no sólo el catá-

logo formal de los derechos sociales fundamentales, sino que

impone una exigencia moral al Estado de trabajar para su pro-

gresiva realización, a riesgo de ver socavada una de las bases de

su propia legitimidad.

V.

Relevancia de las funciones del

Tribunal Constitucional para el

fortalecimiento del E.S.D.D.

La función práctica del Tribunal Constitucional es admi-

nistrar la justicia constitucional y es competente, en vir-

tud de la Constitución y su ley orgánica, para:

1) Conocer de las acciones directas en inconstitucionalidad

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y orde-

nanzas.

Esta es la esencia del TC, conocer, a posteriori, de la confor-

midad o no con los parámetros constitucionales de las actuacio-

nes del poder público, bajo un esquema concentrado y de única

instancia, con fuerza vinculante, como lo son los precedentes

constitucionales. El momento es conveniente para que reexio-

nemos sobre el precedente constitucional, y así entender la re-

levancia de este magníco tribunal. La importancia del carácter

vinculante que le otorga la propia Constitución de la República

a las sentencias emanadas del TC, viene a ser crucial para nuestro

ordenamiento jurídico, dado su origen de derecho romano-ger-

mánico que, en principio, rechazaba la idea de que el juez crea

70

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

derecho, por lo que a los jueces sólo les son vinculantes las leyes,

no así la jurisprudencia emanada de un tribunal superior.

En el derecho común ‒establece el magistrado Alarcón‒

que:

La “ultrastoriograa”, más allá del tradicional servilismo hacia

la voluntad del legislador, reconoce a este alto tribunal ‒re-

riéndose a la SCJ‒ “un poder creador de derecho” a través

de sus interpretaciones, extensivo a todos los tribunales, con

lo que se asegura la coherencia del sistema de justicia y la

consonancia jurisprudencial.” (Alarcón, Los recursos del proce-

dimiento civil, 2010).

Como podemos ver, el poder creador de derecho por parte

de los jueces, antecede al Tribunal Constitucional, por lo que

viene a ser pertinente que si la Corte de Casación es depositaria

de dicha prerrogativa, más aun la debería poseer el TC, como al

efecto lo hace.

Si la SCJ, así como cualquier tribunal del orden inferior,

o el propio TC, no observa o aplica el precedente obligatorio

creado por la misma jurisprudencia constitucional, al resolver

un caso posterior que tenga supuestos fácticos analógicos, vul-

neraría el derecho fundamental de la igualdad, ya que con esta

actitud le otorgaría la categoría de injusticia a un trato diverso

frente a dos individuos o situaciones jurídicas idénticas (Con-

cepción, 2010), partiendo de que esto tocaría, sensiblemente, el

derecho a la seguridad jurídica que el ordenamiento jurídico les

debe garantizar a los ciudadanos.

Estos precedentes son los garantes de la estabilidad de un

sistema jurídico, como lo estableció el célebre jurista anglosajón,

sir William Blackstone: “… el derecho sin equidad, aunque duro

71

Ensayos sobre Temas Constitucionales

y desagradable, es mucho más deseable para el bien público que

la equidad sin derecho, (…) nuestros tribunales establecerían

tantas reglas de acción como diferencia de capacidad y senti-

miento existe entre los seres humanos”. (Citado por Alarcón, Los

recursos del procedimiento civil, 2010).

Los principios de igualdad y seguridad jurídica se ven vul-

nerados por un sistema judicial desorganizado donde cada juez

se convierte en un cuasi-legislador, al desbordar los parámetros

de la interpretación y llegando a la desnaturalización de la nor-

ma, por lo que este precedente vinculante del TC viene a saciar

esa sed de seguridad jurídica. Entendemos que es de derecho,

que dentro de los debates jurídicos que tenemos en los salones

de clases, o al esperar el turno para hacer un depósito de docu-

mentos, todos allí tengamos un criterio diferente de lo que es

irracional, o de lo que no se justica, pero no es de derecho que

así actué el conglomerado que integra el sistema judicial. Por lo

que armar que el precedente vinculante de las sentencias del

Tribunal Constitucional violenta el principio de independencia

judicial será un error, en virtud del carácter de “cosa juzgada

constitucional y ergaomnibilidad” de dichos pronunciamientos,

que tiene un efecto de creación, modicación o derogación de

normas. Sería como armar entonces, que el carácter vinculante

de la ley violenta la independencia del juez, o más aún, como la

misma es parte del Bloque de Constitucionalidad, que el carác-

ter vinculante de la Constitución violenta dicha independencia,

lo cual es un absurdo.

Nos remitimos a la pregunta de profesor Franklin E. Con-

cepción. “¿Es más democrático que cada juez aplique el derecho

a su manera, sin sujetarse a un criterio común, o en cambio,

que hay un criterio unicado de manera vinculante?” Preferimos

72

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

que haya una posición rme por parte del sistema judicial que

nos salve del azar, o de la injusticia, ya que esto, incluso, incen-

tivaría a ampliar el poder discrecional del juez, de aquello que

el legislador ha puesto a su discrecionalidad, a que ejerza su dis-

crecionalidad en cuanto al criterio que habría de aplicar, lo cual

inclusive incentivaría la corrupción en el sistema judicial. Por

otro lado, “un rasgo peculiar de todo precedente constitucional

es que puede ser modicado, cuando tenga argumentos sucien-

tes para considerar que está errado”. (Concepción, 2010). Esto

reconociendo el carácter evolutivo del derecho, y en aras de que

no se petrique el ordenamiento jurídico, per omnia saecula sae-

culorum, toda vez que un precedente inaplicable podría provocar

injusticias en las decisiones de un caso.

El criterio puede ser variado con una justicación razonable

que se funde en la lógica y el derecho. El carácter vinculante no

constituye un obstáculo para el fortalecimiento del derecho, ni

de la labor del TC para el desarrollo del E.S.D.D.; el criterio vin-

culante solo ata al tribunal que la dictó en la medida en que esta

no vea razones justicadas para cambiarlo. ¿Cómo y cuándo lo

debe cambiar? El tiempo, los argumentos y la prudencia del juez

determinarán si se acoge al criterio o si se aparta. Armamos que

será más fácil para los jueces –y órganos públicos en general‒,

apartarse de la ley que del precedente, porque para desvincularse

de la una lo podría hacer en virtud de la Constitución, pero para

apartarse de la otra, solo lo podrían hacer en virtud de la razón

lógica, jurídica y de aceptación general.

Por otro lado, otra función del TC es la de:

2) Conocer del control preventivo de los tratados interna-

cionales antes de su raticación por el órgano legislativo.

73

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Este es el sistema a priori, que en nuestro ordenamiento

jurídico sólo aplica para los tratados internacionales. La impor-

tancia de esto radica fundamentalmente en la existencia de dos

soberanías; cuando una ley emanada por el Congreso entra al

ordenamiento jurídico, está sujeta a que se demande su incons-

titucionalidad, y posiblemente se declare inconstitucional. Esto

solo tiene efecto en el país, vinculado a sus poderes y haciendo

inaplicable la norma en un mismo ordenamiento, sin más. Esto

es un reejo de lo incontrovertible de la supremacía del derecho

constitucional sobre el derecho adjetivo.

Lo que sí es controvertido, es el tema del derecho interno

y el derecho internacional. A propósito de los tratados inter-

nacionales, donde existen varias fuerzas soberanas no sujetas al

mismo control, existe el peligro de que el Estado contraiga un

compromiso que luego deba incumplir porque una sentencia del

Tribunal Constitucional así lo ordena. ¿Sería tan simple como en

el primer caso? Entendemos que no. Max Sorenses, reriéndose

a la supremacía del derecho internacional, arma que:

(…) puesto que la primacía surge del hecho de que el Estado

queda obligado por el derecho internacional, esa primacía es

clara y se evidencia por la regla bien establecida de que un Es-

tado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno

para disculpar la falta de cumplimento de sus obligaciones

internacionales, o para escapar de las consecuencias de ella”.

Esto así en virtud de la seguridad jurídica y por el hecho de

que ya hay envueltos intereses sujetos a otra soberanía. El traba-

jo del TC en esta parte es garantizar la soberanía constitucional

de la nación, en virtud de que la misma reconoce y acepta en

su ordenamiento jurídico los tratados debidamente rmados y

raticados por el Congreso.

74

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

No obstante, en algunas legislaciones existe el control cons-

titucional a priori para la ley –o algunas leyes en especial‒ pero

esto, según establece el jurista Hermógenes Acosta de los Santos,

es un examen general que siempre será abstracto, porque no se

estaría aplicando a un caso en concreto. Recomendamos para

el ordenamiento jurídico dominicano, el establecimiento del

control preventivo de algunas leyes que versen sobre materias

especiales, que tengan un impacto signicativo en la sociedad,

como las que actualmente se le presentan al Código Penal y que

impactan el derecho a la libertad de expresión y/o la violencia de

género, y que permita al TC garantizar los nes para los cuales

ha sido encomendado.

Tenemos otra función no menos importante del TC, que

es la de:

3) Conocer los conictos de competencia entre los poderes

públicos, a instancia de uno de sus titulares.

Bienvenido sea a la teoría de la separación de los poderes el

Tribunal Constitucional. ¿Podría esta facultad recaer sobre uno

de los tres poderes? De pleno derecho estaría un tanto viciada,

si quisiera conocer de ella se la auto-otorgaría; en cambio, si le

es mucha molestia se lo impondría a otro órgano. Estos con-

ictos no solo pueden ser horizontales, sino también verticales

y descentralizados, opina el magistrado Alarcón, quien sostiene

que “la creciente complejidad del Estado como aparato y como

institución de derecho público, requiere una progresiva diferen-

ciación interna de funciones y procedimientos, legitimándose y

justicándose la propia existencia del mismo ‒del Estado‒ en

la medida en que se fortalecen las instituciones…”. (Alarcón,

2002).

75

Ensayos sobre Temas Constitucionales

Ciertamente, el progreso común de los pueblos, añadiéndo-

le las responsabilidades asumidas por el Estado con la inserción

de la cláusula social, requiere de la creación –por el momento‒

constante de instituciones para realizar sus nes, instituciones

que en principio deberían de actuar bajo los postulados de la

“colaboración armónica”, como lo establece la Constitución co-

lombiana en su artículo 113: “Los diferentes órganos del Estado

tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para

la realización de sus nes”. Sin embargo, esto no siempre es así,

por lo que aquí debe entrar el Tribunal Constitucional para reo-

rientar los postulados constitucionales y legales.

Por si toda esta responsabilidad fuera poca para un órgano

en nuestro ordenamiento jurídico, nuestra carta fundamental es-

tablece que el mismo está facultado para:

4) Conocer cualquier otra materia que disponga la ley.

La Constitución no pretende limitar las facultades del TC,

sino que, más bien, al insertar una cláusula de competencia re-

sidual, reconoce que habrá asuntos, tal vez, no previsibles en el

momento o en debate, pero que, por su naturaleza, será idóneo

que lo conozca el TC. Al momento de la entrada en vigencia de

la nueva constitución, no se estaba totalmente de acuerdo en

cuanto a la inuencia del mismo en el ámbito jurisdiccional, lo

cual fue subsanado ‒en virtud de este apartado número cuatro

que permite a la ley ampliar sus atribuciones‒ con la aprobación

de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y

de los Procedimientos Constitucionales, la cual en su artículo 53

establece:

Revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. El Tri-

bunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las deci-

76

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

siones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de

la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de

enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia

de la Constitución, en los siguientes casos:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitu-

cional una ley, decreto, reglamento, resolución u orde-

nanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal

Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental.

La ley limita el acceso a la jurisdicción constitucional, en

virtud del principio, por demás constitucional, de ecacia. Si

todas las demandas pararan ante el TC, ¿qué sería de este y de

su gran labor? ¡Pero qué bueno! Y aprovechamos para hacer una

crítica: es que el criterio no fue el inconstitucional fundamento

de la cuantía económica. Somos de la postura de que si existe

un interés constitucional para el TC, o casacional para la SCJ,

como lo establece el magistrado Edynson Alarcón, deben estar

abiertas ambas jurisdicciones de justicia para conocer el caso, sin

importar la cuantía del mismo.

VI.

Consideraciones finales sobre el Tribunal

Constitucional para con el E.S.D.D.

Conamos que el Tribunal Constitucional no incurriría

en el error de reconocer como absolutos los derechos y

libertades, como bien estableció el alcance y contenido

del derecho que tiene una persona que adquiere un arma de fue-

go, al establecer en la Sentencia TC/0010/12:

El derecho de propiedad está reconocido por el artículo 51 de

la Constitución de la República como un derecho patrimonial

fundamental. Sin embargo, cuando dicho derecho recae so-

bre un arma de fuego, como ocurre en la especie, su ejercicio

está condicionado y limitado, por tratarse de un instrumento

susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la inte-

gridad personal y el derecho a la vida. Dichas limitaciones

están establecidas en una ley especial y de orden público, (…)

es necesario estar provisto de una licencia expedida por el

Ministerio de Interior y Policía, conforme a las condiciones

previstas en la referida Ley No. 36. En ese sentido, la falta

de obtención de dicha licencia o la revocación de ésta implica

considerables restricciones a dicho derecho. En este orden de

ideas, resulta evidente que el tribunal que dictó la sentencia

recurrida incurrió en un error al no advertir las limitaciones

78

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

y condicionamientos a que está sometido el referido derecho.

(Procurador General de la República Vs. José Alfredo Mon-

tás, 2012).

Nos libra así el TC de una interpretación absolutista de los

derechos que solo generarían un Estado de anarquía.

Por otro lado, tampoco abogamos para que incurra en el

error de reconocer un poder excesivo, arbitrario y absoluto,

como ejemplicó al limitar el poder tributario en la Sentencia

TC/0033/12, al decretar:

La disposición del artículo 7 de la Ley No. 2569 de 1950, y

sus modicaciones, sobre Impuesto a las Sucesiones y Do-

naciones, que establece un pago para los sucesores residentes

en el exterior de un 50% superior al porcentaje que paga

un dominicano residente en el país, no resulta conforme al

principio de igualdad instituido en el artículo 39.1 de la

Constitución de la República ni al artículo 24 de la Conven-

ción Interamericana sobre Derechos Humanos, al consignar

una situación tributaria que establece una diferenciación en

el pago, penalizando económicamente al sucesor que reside

en el exterior, quien tiene que pagar más que el residente en

el país, lo cual constituye una discriminación en función al

lugar de residencia, violando igualmente el artículo 243 de

la Constitución de la República, que consagra los principios

constitucionales de igualdad y equidad tributaria”. (Acción

directa en inconstitucionalidad Juan José Dalmasí Duluc y

Comp., 2012).

Nos libera así el TC de una interpretación absolutista de las

prerrogativas del legislador y la administración que solo gene-

raría un Estado autoritario. Ambos extremos serían igualmente

perjudiciales para una sociedad, más bien el TC busca ser un

79

Ensayos sobre Temas Constitucionales

agente “conciliador de los intereses individuales y colectivos

para que en el seno de la organización social coexistan la libertad

y la autoridad”. (Ramírez Morillo, 2010).

Hemos visto que es de vital importancia la presencia de un

tribunal constitucional para el desarrollo y perfeccionamiento

del E.S.D.D. Ha sido el comisionado por la norma suprema

para garantizar el tránsito del Estado liberal al Estado social y

democrático de derecho. El trabajo será más sencillo para este si

se convierte en un difusor ‒y educador‒ de la norma constitu-

cional, el conocimiento de la importancia de la Carta Magna y

del TC; debe ser la primera tarea del mismo, para más adelante

fungir como benefactor que, mediante sentencias justas, traiga

regocijo al pueblo dominicano.

¡Oh, Tribunal Constitucional! ¡Tenéis tantas funciones en

el marco del constitucionalismo social! ¡Eres constituyente, eres

scalizador, eres controlador, eres garantizador, eres transforma-

dor, eres reformador, eres difusor, eres educador, eres legislador

negativo, eres creador de derecho, eres benefactor, eres rector,

eres conciliador, eres estabilizador, eres legitimador, eres unica-

dor…! Partiendo del postulado de que “las instituciones no son

otra cosa que un conjunto de reglas relativas a un mismo ámbito

o a un mismo objeto” (Duverger, 1982), así como el conjunto

de personas que la componen, el problema del TC puede ser que

los magistrados que lo integran se consideren simples jueces or-

dinarios del Poder Judicial. ¡Ay, de los integrantes de este majes-

tuoso órgano! ¡Ay, de la suerte que correrá la nación, si estos no

ejercitan su capacidad para reconocer derechos y avances en los

mecanismos democráticos, así como en forma de participación

del pueblo en pleno siglo ! Insistimos en que los norteameri-

canos no necesitaron mucho texto.

80

Tribunal Constitucional de la República Dominicana

¡Aferraos a los valores con los cuales se han comprometi-

do a echar su andanza: “justicia, ecacia, compromiso social,

transparencia, integridad, innovación e independencia”, para

que lleven a cabo la misión de “garantizar la supremacía de la

Constitución, la defensa del orden constitucional, el respeto a la

dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fun-

damentales para consolidar el Estado social y democrático de

derecho”! ¡Sean“un órgano al servicio de la sociedad, de recono-

cida legitimidad nacional e internacional, cuya labor contribuya

a generar una cultura de respeto a la Constitución y a incidir en

el comportamiento democrático de los poderes y de las institu-

ciones”! (Tribunal Constitucional Rep. Dom.).

Concluimos diciéndole al Tribunal Constitucional que “la

felicidad es al ciudadano, lo que el bien común es a la sociedad;

así mismo, que aprender a vivir mejor es para los ciudadanos lo

que el desarrollo humano es para las sociedades”.

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