Imposible. Editorial, El Nacional

• Páginas: 1217-1218

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2 DE NOVIEMBRE DE 2014

IMPOSIBLE*

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

(CIDH) ha emplazado a República Dominicana a acatar la

Sentencia de la Corte Interamericana, una condena imposible

de cumplir porque vulnera el inviolable principio de soberanía

nacional. Aunque ese fallo se basa en supuestas deportaciones de

dominicanos y haitianos de origen dominicanos de hace 15 años,

su alcance abarca la obligatoriedad de reconocer nacionalidad

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irregulares.

Más grave aún es que la referida sentencia suplanta el rol del

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la Constitución de la República, al derogar artículos referidos al

alcance de la nacionalidad dominicana.

Uno de los comisionados, al emplazar al Gobierno

dominicano a acatar ese adefesio jurídico, advierte que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos no tendría razón de ser

si cada Estado o Gobierno interpreta los tratados internacionales

como se le antoja.

Esa advertencia sería válida para propios magistrados de esa

corte que no deberían creerse con superpoderes que le otorgan

prerrogativa para derribar de un plumazo la Constitución Política

de un Estado e invalidar prerrogativas de sus poderes públicos.

El comisionado Felipe González insiste en señalar

que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional causa

la desnacionalización o apatridia de extranjeros hijos de

indocumentados, pero ignora de manera intencional que el

Congreso votó una ley que permite que las personas afectadas

por ese fallo regularicen su situación migratoria.

* Editorial, El Nacional, 2 de noviembre de 2014.

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LA SENTENCIA 168-13. ANTOLOGÍA DE UNA DEFENSA ESENCIAL

Aunque la Corte Interamericana condena a República

Dominicana por casos episódicos ocurridos entre 1999 y 2000, lo

que se ordena en ese fallo es la inhabilitación total de la jerarquía

jurídica del jus sanguinis (derecho de sangre) en el otorgamiento

o reconocimiento de la nacionalidad dominicana para que, en

virtud del jus solis (derecho de suelo), todo hijo de inmigrante

indocumentado sea reconocido prima facie como dominicano.

El Gobierno debe reiterar su rechazo total y frontal a esa

sentencia imperial y aberrante, en virtud del principio de que

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no se disuelve por mandato de un órgano supranacional ni de

nadie.