SOBRE LA (IN)COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CIVIL RESPECTO DE RECURSOS DE APELACIÓN

 
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"SOBRE LA (IN)COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CIVIL RESPECTO DE RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ONAPI"

Ricardo José González Rodríguez

Abogado asociado de la firma Jiménez Cruz Peña.

rgonzalez@jcpdr.com / ricardogonzalezr@gmail.com

RESUMEN:

Se examina la vigencia y pertinencia de la competencia de la jurisdicción civil en grado de apelación, en el marco de la Constitución dominicana de 2010, para conocer de los recursos interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por el director general de la ONAPI.

PALBRAS CLAVES:

Competencia funcional, jurisdicción civil, acto administrativo, ONAPI, derecho administrativo, propiedad industrial, República Dominicana.

El pasado 10 de septiembre de 2014, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (la Corte) dictó la sentencia núm. 775-2014, que rechazó un recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución núm. 0086-2013 rendida por el director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (en lo adelante la ONAPI) en fecha 12 de agosto de 2013. Posteriormente, mediante sentencia núm. 641-2014, de fecha 4 de octubre de 2014, la Corte decidió favorablemente un recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución núm. 00131-2013, rendida por el mismo funcionario en fecha 18 de octubre de 2013.

Lo trascendental de las sentencias arriba indicadas es que, antes de conocer el fondo del asunto, la Corte evaluó y declaró su competencia para estatuir y juzgar sobre la apelación contra 22las actuaciones de la ONAPI, volviendo sobre sus pasos y dejando sin efecto un criterio recientemente asumido según el cual, por aplicación del artículo 165 de la Constitución dominicana de 2010, se declaraba incompetente rationae materiae para conocer de dicha apelación y remitía a las partes a proveerse por ante la jurisdicción especializada en materia administrativa, esto es, el Tribunal Superior Administrativo.

En ambas sentencias (775-2014 y 641-2014), la Corte esbozó los siguientes razonamientos comunes para fundamentar sus decisiones:

(i) Que si bien durante algún tiempo mantuvo el criterio de que ese tribunal no tenía competencia de atribución para examinar las apelaciones judiciales contra las resoluciones de la Dirección General de la ONAPI, un estudio más pausado del artículo 165 constitucional revela que constituye un error generalizar y ordenar, sin discriminar, que todo cuanto provenga de ese despacho tenga que ser enviado a la mencionada jurisdicción especializada.

(ii) Que los únicos supuestos en que el tribunal debe abortar la cognición de proceso y remitir a las partes a que se provean en sede administrativa son aquellos en los que la ONAPI emita pronunciamientos decisorios en el marco de la interactuación de la administración y los administrados (v.gr. denegación de registro de marcas o de concesión de patentes en ausencia de litigio entre actores privados), no así a propósito de eventos contenciosos desde el seno mismo de la ONAPI y que a la postre degeneren en controversias judiciales.

(iii) Que la jurisdicción contencioso-administrativa no está pensada para zanjar desencuentros entre particulares en defensa de sus intereses, sino para encaminar actuaciones contra los actos de la administración presuntamente violatorios de la Constitución y de las leyes.

(iv) Que en el caso en cuestión lo que se planteaba era una clara contraposición de intereses privados y comerciales, no de índole administrativa.

Corresponde pues examinar si estos argumentos responden a la teoría de los actos administrativos y a la lógica jurídica y si resultan adecuados a la normativa legal dominicana.

La base legal sobre la cual la Corte, hasta el año 2013 y nuevamente ahora, ha justificado su competencia de atribución para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones dictadas por el director general de la ONAPI es el artículo 157 numeral segundo de la Ley núm. 20-00, el cual, copiado textualmente, dispone lo siguiente:

La resolución del director general agota la vía administrativa y será ejecutoria. Esta resolución podrá ser recurrida por ante la corte de...

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