Introducción

• Páginas: xv-xvi
• Autor: Geovanny Nina Cruz

ÍNDICE

xv

INTRODUCCIÓN

La sociedad dominicana ha vivido una evolución en la consagración y protección

de los derechos fundamentales a partir de la reforma constitucional promulgada

el 26 de enero de 2010. Pasamos de ser un Estado de derecho para convertirnos en un

Estado Social y Democrático de Derecho, siendo el objetivo principal la protección

efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los

medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva,

dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el

orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Para lograr este objetivo aspiracional se ha ampliado el catálogo de derechos fun-

damentales y se han creado órganos constitucionales para el control y vigilancia

de estos derechos. Entre estos órganos podemos resaltar la creación del Tribunal

Constitucional, que tendría a su cargo el control jurisdiccional, y el Defensor del

Pueblo, que persigue el control institucional. Ambos están llamados a garantizar la

supremacía de la constitución y protección de los derechos fundamentales en sus

distintas atribuciones.

A partir de la instalación del Tribunal Constitucional en el año 2012, este comenzó

su labor de intérprete de nuestro texto fundamental y, a través de sus decisiones, ha

realizado importantes aportes que han impactado directamente en la forma en que

se ejercen estos derechos, específicamente en lo que tiene que ver con la prestación

de servicios públicos que debe realizar el Estado dominicano en beneficio de las

personas. Estas sentencias constituyen, sin lugar a dudas, una fuente de derecho, ya

que su contenido es definitivo y vinculante y debe ser acatado por todos los poderes

públicos.

El Defensor del Pueblo, en su rol de contribuir a salvaguardar los derechos fun-

damentales de las personas y los intereses colectivos y difusos, en caso de que sean

violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos

o particulares que afecten intereses colectivos y difusos, debe no solo conocer y ha-

cerse eco de las sentencias o interpretaciones que realiza el Tribunal Constitucional,

Derechos Fundamentales del Ciudadano ante la Administración Pública,

Visión del Tribunal Constitucional Dominicano (2012-2022)

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sino que también debe difundirlas y usarlas como compendio ampliado del texto

previsto en la Constitución, debido a que dichas decisiones integran el bloque de

constitucionalidad.

El presente texto, fruto de una colaboración institucional entre el Defensor del Pue-

blo y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, tiene como objetivo

principal empoderar al ciudadano para que a través de su lectura o consulta pueda

inmediatamente conocer la interpretación que ha tenido el Tribunal Constitucional

sobre todos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Podrá,

asimismo, identificar el contenido relevante de la decisión sin tener que manejar los

aspectos técnicos jurídicos de la sentencia y, asimismo, podrá ver el contexto en el

cual se produjo dicha decisión.

En adición a lo anterior y, unido al rol de difusión y educación desde la perspectiva de

los derechos fundamentales que tienen a su cargo tanto el Defensor del Pueblo como

el Tribunal Constitucional, el conocimiento y manejo de las sentencias relevantes

que dicta este último le aporta a ambas instituciones una valiosa herramienta para el

desempeño de sus funciones y la consecución no solo de las reivindicaciones de los

derechos fundamentales que hayan sido vulnerados por parte de la administración

pública, sino que además pueden usarse como mecanismos de prevención, ya que

su conocimiento previo puede influir en las decisiones que tome la administración

pública, sin necesidad de llegar a judicializarse el conflicto suscitado.