Introducción

• Páginas: 15-20
• Autor: Domingo Gil

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INTRODUCCIÓN

Con la Constitución estadounidense de 1787 y la fran-

cesa de 1791 se produjo el advenimiento de una nueva era en

el derecho constitucional, pues estas normas supremas no sólo

reglamentaron la estructura política del Estado, sino que, al

mismo tiempo, incluyeron, como parte de su contenido, la

materia relativa a los derechos humanos como prerrogativas

inherentes a las personas. Vistos así, los derechos humanos

comenzaron a funcionar como reales mecanismos de protec-

ción de los particulares frente al omnímodo poder del Estado.

A partir de esa concepción, la Constitución se convierte

en una norma jurídica, lo que signica que ella se ubica dentro

del sistema de fuentes y sirve, por ende, para dar solución a las

controversias jurídicas. Se entiende, por tanto, que la Consti-

tución, además de ser norma para el legislador, lo es para las

personas, pudiendo ser tomada como regla material para la

solución judicial o administrativa de conictos, sin necesidad

de acudir a la norma adjetiva si, como ocurre a veces, ella da

solución por sí sola a la litis planteada, si fuere el caso.

Aunque Francia se quedó rezagada en la aplicación

práctica de esta concepción, en Estados Unidos la naturaleza

normativa de la Constitución se impuso desde muy temprano,

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ya que desde la célebre sentencia Marbury vs. Madison, de

1803, los tribunales de ese país se arrogaron el derecho de

controlar, por la vía difusa, la constitucionalidad de los actos

del gobierno, dentro de los parámetros determinados por la

ley fundamental, concibiéndola como una norma jurídica de

aplicación inmediata. Se dio así un gran salto: del estado de

derecho legislativo al estado de derecho constitucional.

Entendida así, la Ley Fundamental está llamada a im-

pregnar con su contenido normativo todo el ordenamiento

jurídico del Estado-nación, lo que conduce a la constituciona-

lización del ordenamiento jurídico, es decir, a la sumisión a la

Constitución de todo lo jurídicamente regulado, permeado

en su totalidad por el contenido normativo de esta. Ello no

sólo signica que la validez de todo el ordenamiento jurídico

infraconstitucional esté condicionada a la conformidad de este

a la Norma Fundacional del Estado, sino que, además, toda la

normativa de carácter adjetivo opera como si se tratase de una

aplicación práctica, concreta o especíca de la Constitución.

Exagerando un poco los términos, es como si la normativa in-

fraconstitucional funcionase respecto de la Ley Fundamental

como lo hace el reglamento frente a la ley general que concre-

tiza, especicando los detalles de su aplicación.

Este fenómeno se verica de manera concreta en el dere-

cho social, con el reconocimiento de los derechos de los traba-

jadores por una norma de carácter sustantivo, la Constitución

mexicana de 1917. Se inaugura así el proceso de constitucio-

nalización de los derechos de los trabajadores. La doctrina

considera que esta ha sido la primera norma fundamental de

un estado moderno en reconocer derechos económicos y so-

ciales en favor de las personas, adelantándose en mucho a las

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grandes declaraciones o convenios relativos a estos derechos.

El artículo 123 de esa Constitución contiene –como se sabe–

un extensísimo catálogo de derechos de los trabajadores (de

incuestionable valor fundamental, por su origen), los cuales

van desde el derecho al trabajo hasta el derecho de los trabaja-

dores a la seguridad social (como derecho particular de los asa-

lariados), pasando por derechos básicos (la jornada máxima de

trabajo, el salario mínimo y su protección, la igualdad salarial,

la higiene, la seguridad y la salud en los centros de trabajo, el

derecho sindical, el derecho a la huelga, etc.) y otros que, por

no ser básicos (desde la perspectiva clásica), son considerados

como verdaderas conquistas laborales, como la participación

en las utilidades de la empresa, la capacitación laboral y la

asistencia médica para los trabajadores y sus familiares, entre

otros.

Cabe destacar, asimismo, la Constitución soviética de

1918. Esta carta fundamental no contiene un catálogo de

derechos sociales fundamentales debido a que estaba referida

a la República Socialista que nació con la revolución rusa de

1917, la cual descansó, como nes esenciales del Estado, en la

«abolición de toda explotación del hombre por su prójimo»,

el «aniquilamiento total de la división de la sociedad en clases»

y la «organización socialista de la sociedad», lo que condu-

ce –como proclama la propia letra de dicha Constitución– a

la abolición de la explotación de la fuerza de trabajo ajena

y, por consiguiente, a una concepción distinta a la adoptada

por el derecho social en los países occidentales. Ello es así si

se entiende –de conformidad con lo allí declarado– que los

medios de producción son propiedad de la «República obrera

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y campesina de los Soviets», lo que explica la adopción de

numerosas disposiciones con el «n de garantizar la plenitud

del Poder a favor de las clases trabajadoras».

En este grupo de leyes fundamentales pioneras es nece-

sario mencionar la Constitución de Weimar de 1919, la cual

siguió a las constituciones anteriores en el reconocimiento de

derechos sociales. Entre estos encontramos algunos derechos

básicos de los trabajadores, como la protección del trabajo, la

libertad de asociación, las condiciones de trabajo y el derecho

a la seguridad social, entre otros.

Esas normas sustantivas marcaron el inicio de la consti-

tucionalización de los derechos sociales fundamentales en los

ordenamientos internos de los Estados modernos. Se trata,

por lo general, de disposiciones de carácter abierto (propias

de las constituciones) que son reguladas por normas adjetivas

(leyes, reglamentos, resoluciones, etc.).

A ese amplio catálogo debemos sumar el derecho de la

práctica, sobre todo la jurisprudencial, derivado de normas

generales (escritas o no) para consignarlas como derechos so-

ciales. Los avances han sido enormes, sobre todo en la práctica

de la justicia constitucional, la de los países y la de los órganos

de justicia supranacionales.

En el caso especíco de la seguridad social, ese proceso se

inició en Alemania, en 1881, cuando, ante el temor al auge

del socialismo, el emperador alemán Guillermo I alegó y con-

fesó, el 17 de noviembre de ese año, ante el Parlamento de

su país: «La curación de los males sociales no ha de buscarse

exclusivamente por el camino de la represión de las activida-

des socialdemócratas, sino simultáneamente por el estímulo

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positivo en bien de los trabajadores». Esa idea explica el hecho

de que, a partir de entonces, el canciller Otto Bismarck, con-

traviniendo los postulados del liberalismo y favoreciendo el

intervencionismo de Estado, impulsara una profunda reforma

social que desembocó en las primeras leyes sobre el seguro

social en favor de los trabajadores asalariados: una ley sobre el

seguro de enfermedad (de 15 de junio de 1883), una ley sobre

los accidentes de trabajo (de 6 de julio de 1884) y una ley de

invalidez y vejez (de 22 de junio de 1889). Sobre la base de

lo así planteado, y a la luz de la situación que vivía Alemania

en la segunda mitad del siglo XIX, Jean-Jacques Dupeyroux

sostiene que el nacimiento del seguro social se debió a causas

de orden económico (debido al paso del estado agrario al es-

tado industrial, que se precipitó en Alemania en la segunda

mitad del siglo XIX), ideológico (en el siglo XIX, Alemania era

el hogar de un pensamiento socialista vivo y muy diverso),

político (ante el empuje del socialismo, que llevó a doce dipu-

tados socialistas al parlamento alemán, Bismarck emprendió

una tradicional política de represión pero, al mismo tiempo,

de reformas sociales destinadas a detener la inuencia de los

socialistas) y jurídico (esta reforma se dio bajo la inuencia

de algunos precedentes de la legislación de Prusia, donde ya

habían sido adoptadas algunas medidas relativas al seguro

obligatorio).

En nuestro país, ese paso se dio con la Constitución de

1 de diciembre de 1955, la primera que concibió la seguri-

dad social como un derecho constitucional, aunque fue la

Constitución de 1942 la primera norma sustantiva nuestra

en emplear el término seguros sociales. Con esas normas

sustantivas se inició en nuestro país un proceso que parece

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haberse reforzado con el tiempo, el cual es merecedor de estu-

dio, no sólo como proceso histórico, sino, sobre todo, como

realidad social y jurídica, a n de vericar si las disposiciones

constitucionales sobre la materia, entendidas como mandatos

de optimización, se han materializado o se han quedado en

la mera letra de la Constitución, sin concreción real alguna,

como negando el proceso mismo, si partimos del criterio de

que la verdadera constitucionalización del derecho sólo fue

posible –como armaba Favoreu– cuando las normas cons-

titucionales «empezaron a explorar los yacimientos de reglas

susceptibles de ser aplicadas a los individuos o usadas por

ellos», y que, además, eso sólo se produce «en los países donde

funciona un sistema de justicia constitucional».

En el presente trabajo pretendo hacer un breve estudio

de todo ese proceso, partiendo, como puede apreciarse, de la

constitucionalización del derecho y de la seguridad social (capí-

tulo I), para concluir con el estudio de la normativa adjetiva

dominicana sobre la seguridad social, a la luz, como telón de

fondo, de la primera parte (capítulo (II).