IV. Consecuencias normativas de la constitucionalización del derecho electoral dominicano

• Páginas: 239-244
• Autor: José Alejandro Ayuso

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Coincido con algunos destacados juristas, en que los prin-

cipios introducidos en la profunda reforma del 2010 a la

Constitución en general, y al Sistema Electoral (Títu-

lo X) en particular, han producido una constitucionalización del

derecho electoral que tiene incidencia en el actual proceso de

reforma legislativa. Veamos.

Como se sabe, la supremacía de la Constitución implica, que

en tanto “norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídi-

co del Estado”, toda otra norma infra constitucional no puede ser

contraria a la misma, so pena de nulidad de pleno derecho (art. 6).

Ahora bien, la Constitución posee una estructura normati-

va que, como indica el profesor Eduardo Jorge Prats1, distingue

tres bloques típicos de normas constitucionales: (1) las reglas,

principios y valores; (2) los derechos fundamentales y las garantías

institucionales; y (3) las normas de organización.

A los nes de este análisis, sólo nos detendremos en el primer

bloque con especial interés en distinguir entre los principios y

1 JORGE PRATS, Eduardo: Derecho Constitucional, Volumen I, Ius Novum, Santo

Domingo, 2013, p. 228.

IV.

CONSECUENCIAS NORMATIVAS DE LA

CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO

ELECTORAL DOMINICANO

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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las reglas. Para Gustavo Zagrebelsky, la distinción es “que las

normas legislativas son prevalentemente reglas, mientras que las

normas constitucionales… son prevalentemente principios…a

grandes rasgos, (es) distinguir la Constitución de la ley”2.

a. Los principios constitucionales aplicables

En palabras de Jorge Prats “los principios son estándares ju-

rídicamente vinculantes derivados de exigencias de “justicia”,

de “equidad”, de “igualdad”, de la “dignidad humana”, mientras

que las reglas son normas vinculantes con un contenido mera-

mente funcional”3.

Por su parte, la doctrina denomina fenómeno de la constitu-

cionalización del Derecho a que “la incidencia de la Constitución

determina que todo el sistema jurídico tenga que adaptar sus

contenidos a los principios constitucionales” y, como también

la norma suprema “dene el marco en el cual tendrán lugar los

desarrollos normativos y jurisprudenciales…”4, entiendo que

este fenómeno es aplicable a la reforma legislativa del sistema

electoral.

El cuestionamiento que se impone ahora es: ¿existen princi-

pios constitucionales a los cuales el legislador tendrá que prestar

adhesión para modicar el actual régimen electoral?; ¿aplicaría

el catálogo de los derechos fundamentales o existen derechos

constitucionales especícos aplicables al régimen electoral?

Veamos, de manera sucinta, los casos de la organización de

las elecciones por la Junta Central Electoral, JCE, así como el

2 ZAGREBELSKY, Gustavo: El Derecho Dúctil, editorial Trotta, Madrid, España,

2009, p. 110.

3 JORGE PRATS, Eduardo: Derecho Constitucional, Volumen II, Ius Novum, Santo

Domingo, 2013, p. 206

4 JORGE PRATS, Eduardo: Op. cit. Pp. 81-82.

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José Alejandro Ayuso

de los partidos políticos que en la reforma del 2010 se estrenan

como instituciones con relevancia constitucional.

Manda el art. 211 a la JCE a celebrar unas elecciones garan-

tizando “la libertad, transparencia, equidad y objetividad” de las

mismas, mientras el párrafo IV del art. 212 indica que la JCE

“velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción

a los principios de equidad y de libertad en el desarrollo de las

campañas y transparencia en la utilización del nanciamiento”.

El “Derecho a la libertad y seguridad personal” (art. 40 cons-

titucional) es un derecho fundamental con aplicabilidad directa

y cuyo contenido esencial (los bienes jurídicos protegidos, para

simplicar) debe ser respetado por la norma electoral. Los de-

más son principios constitucionales que, según Robert Alexy:

“…los principios son normas que ordenan que algo sea realizado

en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas

y reales existentes. Por lo tanto, “…son mandatos de optimiza-

ción que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente

grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo de-

pende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas”5.

No obstante, recordar las palabras de Zagrebelsky, pasado

magistrado del Tribunal Constitucional italiano, de que “sólo los

principios desempeñan un papel propiamente constitucional, es

decir, “constitutivo” del orden jurídico” (op. cit, p. 110).

b. La reforma electoral constitucional

Por su parte, el artículo 216 constitucional reza así: “Artículo

216.- Partidos políticos. La organización de partidos, agrupaciones

y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios estable-

5 ALEXY, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, 2da. edición, editorial Centro

de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España, 2008, Pp. 67-68.

LA SOBERANÍA DE LA CONSTIT UCIÓN

El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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cidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben

sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia,

de conformidad con la ley”.

A este respecto, cabe resaltar que la normativa electoral en pro-

ceso de reforma está compelida a respetar e integrar en su conteni-

do las normas de la tutela judicial efectiva y el debido proceso (art.

69 constitucional) cuando del contencioso electoral se trate. Estas

normas instituyen una de las garantías a los derechos fundamen-

tales, la cual ha sido reforzada por el constituyente por el numeral

2 del art. 138 en tanto reeran a resoluciones y actos administrati-

vos. Esta última norma es parte del contenido esencial del derecho

a la buena administración creado, de manera pretoriana, por el Tri-

bunal Constitucional dominicano en su sentencia TC/0322/14.

En cuanto al nanciamiento de los partidos políticos, soy de

opinión que el régimen legal de los partidos políticos como re-

ceptores de fondos públicos y privados tiene que hacer acopio

del art. 146 constitucional, norma que proscribe y condena toda

forma de corrupción en los órganos del Estado y, por extensión,

a los órganos constitucionales.

Así, la falta de una rendición de cuentas apropiada sobre el

uso de los fondos públicos que reciben los partidos políticos

ante la JCE violaría el principio de transparencia con que tienen

que funcionar estos, según mandato del art. 216 constitucional.

Además, esta vulneración podría acarrear, para sus directivos,

persecuciones penales por sustracción de caudales en provecho

propio o de terceros de conformidad con la ley.

También el citado art. 216 establece otro principio que debe

normar el funcionamiento de los partidos que es el respeto a la

democracia interna, consustancial a uno de los nes esenciales

de los partidos políticos: “1)Garantizar la participación de ciu-

dadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al

fortalecimiento de la democracia”.

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Habría que ponderar si en el debate sobre si las primarias de

los partidos políticos deben realizarse con el padrón universal

o con el interno de cada organización, cuál de estas fórmu-

las garantizaría con mayor ecacia el derecho de participación

política de la ciudadanía. De hecho, este debe ser el principal

criterio a la hora de que el legislador decida uno u otro método,

aunque también está dejar esa decisión a los partidos políticos

quienes la deberán tomar en base a la misma ponderación.

Debido a una cultura política que históricamente no ha pro-

hijado la autorregulación de los partidos políticos, ni tampoco el

respeto por sus estatutos internos, estimo que para cumplir el

mandato del art. 216, numeral 2 de la Constitución que manda

a estas agrupaciones a “contribuir, en igualdad de condiciones, a

la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando

el pluralismo político, mediante la propuesta de candidaturas a los

cargos de elección popular”, resulta imperativo que dicho proceso

interno sea organizado y dirigido por la JCE.

Para concluir, tanto la modicación a la ley electoral 275

de 1997 como la ley de partidos políticos en tanto normativa

base del derecho electoral debe estar, como éste, impregna-

da, orientada y optimizada por todo el corpus constitucional,

con énfasis por el respeto a los valores supremos de libertad e

igualdad, a los derechos y garantías fundamentales de la per-

sona y a la dignidad humana, pilares del Estado Democrático

y de Derecho que construimos día a día como ordena y manda

nuestra Constitución.

Bibliografía

1. ALEXY, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, 2da. edición,

editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,

Madrid, España, 2008.

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El patriotismo constitucional en tiempo de globalización y pluralismo

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2. JORGE PRATS, Eduardo: Derecho Constitucional, Volumen I,

Ius Novum, Santo Domingo, República Dominicana, 2013.

3. ZAGREBELSKY, Gustavo: El Derecho Dúctil, editorial Trotta,

Madrid, España, 2009.