IV. Procedimientos constitucionales

• Páginas: 313-335
• Autor: José Alejandro Vargas Guerrero

4.1 Generalidades

Los procedimientos constitucionales son regulados por la

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedi-

mientos Constitucionales, número 137-11, publicaba en la

Gaceta Oficial número 10622, de fecha quince (15) de junio

de dos mil once (2011).

Los procedimientos constitucionales inician tal como ad-

mite el artículo 4 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal

Constitucional, a saber:

- Del control concentrado de constitucionalidad,

ejercido a través de lo que el art. 37 de la LOT-

CPC denomina acción directa de inconstituciona-

lidad, así como a través del control preventivo de

constitucionalidad de los tratados internacionales

y los conflictos de competencia, mediante el depó-

sito de una instancia en la Secretaría del Tribunal

Constitucional.

- El recurso de revisión constitucional de las sentencias

de amparo y el recurso de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales, mediante el depósito de

los mismos en la Secretaría del tribunal que dictó la

sentencia recurrida.

- Las solicitudes de medidas cautelares, mediante el

depósito de las mismas en la Secretaría del tribunal

que dictó la sentencia recurrida o en la Secretaría del

Tribunal Constitucional.

Los expedientes se reciben en la Secretaría General,

que verifica su composición para que estén completos y los

314 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

identifica con un número. En la actualidad el formato de

numeración es el siguiente: «TC-01-2021-0001», serie en la

que: TC es la abreviatura de Tribunal Constitucional; «01» co-

rresponde a la clave del procedimiento, seguido del año y el

número de entrada del procedimiento de que se trate. Hasta

ahora el Tribunal ha reservado nomenclatura para doce (12)

procedimientos, que son los siguientes:

01 Acción de inconstitucionalidad

02 Control de constitucionalidad de acuerdos, tratados y convenios internacionales

03 Conicto de competencia

04 Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

05 Recurso de revisión constitucional de amparo

06 Amparo directo ante el Tribunal Constitucional

07 Demanda en suspensión de ejecución de sentencia

08 Recurso de casación declinado por la Suprema Corte de Justicia

09 Incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional

10 Solicitud de corrección de error material

11 Revisión de sentencias del Tribunal Constitucional

12 Liquidaciones de astreintes

13 Medidas cautelares en materia de acción directa de inconstitucionalidad

Los procedimientos se conocen de acuerdo con su ingre-

so, aunque el orden de asignación puede ser modificado por el

Pleno a propuesta de uno de los jueces, o por el presidente (sin

aprobación del Pleno), en los casos que considere de urgencia.

El expediente declarado de urgencia será asignado de manera

aleatoria a una las comisiones operativas o al presidente. El

juez apoderado del expediente deberá presentar el proyecto de

sentencia al Pleno en el más breve plazo posible.

315

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Una vez ingresado el Pleno podrá asignar directamente el

expediente declarado de urgencia al juez que esté apoderado

de la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia re-

currida en revisión para que este proceda al examen de ambos

conjunta o separadamente.

Tras la elaboración de los proyectos de sentencia por la

comisión asignada, el juez coordinador o el presidente los

remite a la Secretaría para inclusión en la agenda del Pleno,

donde son conocidos con quórum mínimo de nueve (9) jue-

ces, de acuerdo al orden de recepción, si bien tienen carácter

preferente de los recursos constitucionales de revisión de sen-

tencia de amparo y las solicitudes de medidas cautelares, así

como los asuntos que hayan quedado pendientes de las sesio-

nes anteriores del Pleno.

Los proyectos son deliberados y votados de la manera si-

guiente:

- Los debates se iniciarán con el turno del juez ponen-

te, que presenta al Pleno el proyecto de sentencia

para su deliberación y votación. Finalizado el turno

del juez ponente, el presidente otorga la palabra a los

demás jueces en el orden que lo soliciten. El juez po-

nente podrá responder a cada una de las objeciones

en particular tan pronto sean formuladas o, conjun-

tamente, al término de ellas.

- A solicitud de un juez, previo a la discusión de un ex-

pediente, su conocimiento puede ser diferido y agen-

dado para una próxima sesión.

- Agotados los turnos, el presidente cerrará los debates

y someterá a votación el proyecto de sentencia pre-

sentado por el juez ponente, que se considerará apro-

bado cuando cuente con un mínimo de nueve (9)

316 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

votos favorables. En caso contrario, será sometido de

nuevo a una próxima sesión del Pleno, en un plazo

no mayor de un (1) mes. Todos los jueces presentes

en la deliberación tienen la obligación de votar a fa-

vor o en contra del proyecto.

- El Pleno puede aprobar una tesis distinta a la desarro-

llada en el proyecto original. A esos fines, designa un

nuevo juez ponente que redacta un nuevo proyecto

de sentencia si el juez originalmente apoderado soli-

cite su desapoderamiento.

- Si el proyecto de sentencia no obtiene la votación

mínima requerida para su aprobación, se remite a

la comisión operativa de origen, salvo que el Pleno

decida enviar el proyecto a una comisión especial o

someterlo a una nueva discusión y votación.

- Las modificaciones aprobadas por el Pleno, sea por

consenso o por votación, serán incorporadas por el

juez ponente en la redacción final de la sentencia.

* * *

SUMARIO

Los procedimientos constitucionales son regulados por la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, número 137-11, publicaba en la Gaceta

Oficial número 10622, de fecha quince (15) de junio de dos

mil once (2011).

Los procedimientos constitucionales inician tal como admi-

te el artículo 4 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal

Constitucional, a saber:

317

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

- Del control concentrado de constitucionalidad, ejercido a

través de lo que el art. 37 de la LOTCPC denomina acción

directa de inconstitucionalidad, así como a través del control

preventivo de constitucionalidad de los tratados internacio-

nales y los conflictos de competencia, mediante el depósito de

una instancia en la Secretaría del Tribunal Constitucional.

- El recurso de revisión constitucional de las sentencias de

amparo y el recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales, mediante el depósito de los mismos en la

Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida.

- Las solicitudes de medidas cautelares, mediante el depó-

sito de las mismas en la Secretaría del tribunal que dictó la

sentencia recurrida o en la Secretaría del Tribunal Constitu-

cional.

Los procedimientos se conocen de acuerdo con su ingreso,

aunque el orden de asignación puede ser modificado por el

Pleno a propuesta de uno de los jueces, o por el presidente

(sin aprobación del Pleno), en los casos que considere de

urgencia.

4. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

4.1 Conceptualización

Se ha hecho referencia previa a que el control de consti-

tucionalidad es un método para sostener la constitucionalidad

de las normas, efectivizando el principio de supremacía cons-

titucional, de manera tal que la norma suprema conserve su

posición rectora del ordenamiento.

Las sociedades actuales se califican como posmodernas, un

peculiar tipo organizativo caracterizado por el uso extensivo

de la tecnología para producir, almacenar y transmitir cono-

cimientos en un contexto de pluralismo266 e institucionaliza-

ción cuyo referente ideal sería la Europa de la segunda mitad

del siglo XX267.

266 Sería admisible considerar un sistema jurídico pluralista cuando existan grupos

humanos sujetos de derechos, con autoridades internas tanto como con normas

y procedimientos propios, capaces de elegir sus autoridades, de crear un orde-

namiento particular y con la facultad de hacer valer sus decisiones mediante

el uso de fuerza pública, como propone Raúl Llasag en su obra «Jurisdicción y

Competencia en el Derecho Indígena o consuetudinario (Anuario de Derecho Cons-

titucional Latinoamericano. Tomo II, 2006, pp. 749—749). En estos términos,

no es posible hablar de pluralismo jurídico en la República Dominicana actual,

comenzando por la inexistencia de descendientes indígenas agrupados en colecti-

vidades, requisito inicial ubicado entre los previamente señalados como exigibles

por la doctrina para definir un sistema pluralista. Es claro, sin embargo, que el

concepto inicial de pluralismo fue adquiriendo matices hasta desembocar en el

reconocimiento de sistemas normativos no estatales, que incluyen ordenamientos

culturales regulables por la religión, la costumbre y otras variadas formas, que sin

reconocimiento oficial permiten, no obstante, el reconocimiento de una realidad

jurídica en la que coexistan diferentes conjuntos de normas con el potencial de

causar conflictos entre ellos.

267 BAUMAN (Zygmunt), Teoría sociológica de la posmodernidad, en Espiral, México,

Universidad de Guadalajara, vol. II, núm. 5, enero—abril, ISSN1665—0565, 1996,

pp. 81—102 (81).

320 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Se trata de sociedades no conocidas anteriormente, en las

que reina, cuando menos ideológicamente, la diversidad y la

diferencia como valores centrales, aspectos que tocan de lleno

en la jurisdicción constitucional como decisora de conflictos

entre la administración y los particulares, entre los particula-

res o entre órganos constitucionales. Como sostiene Bell268,

estas sociedades posindustriales (que aquí se toman, con cri-

terio restringido y salvando sus peculiaridades, como posmo-

dernas), generan problemas de dirección política frente a los

cambios culturales confrontados con las tradiciones.

Bazán269, hace una descripción que nos parece interesan-

te transcribir aquí, sobre lo que se consideran Estados consti-

tucionales modernos legítimamente establecidos. En este tipo

de estructuras resulta que su actividad está sujeta a las normas

aprobadas por la carta magna, se caracterizan por presentar una

subordinación clara al principio de legalidad. Sin embargo, la

subordinación referida no ocurre respecto de «… cualquier ley

sino a la ley surgida de un procedimiento legítimo y de acuerdo con

las pautas constitucionalmente fijadas en el marco democrático».

De allí que en las sociedades modernas, posmodernas

o posindustriales –como prefiera decirse que para el caso de

análisis opera de manera similar– el papel jugado por las

constituciones es siempre estelar, imprescindible si se quiere,

dado que la consagración del actual catálogo de derechos

fundamentales con carácter particularmente progresivo con-

secuentemente exige la creación de un sistema activo de pro-

tección de esos derechos.

268 BELL (Daniel), El advenimiento de la sociedad posindustrial, Madrid, Alianza Edito-

rial, 1976, p. 23.

269 BAZÁN (Víctor) (coord.), Desafíos del Control de Constitucionalidad, Buenos Aires,

Ediciones Ciudad Argentina, 1996, p. 46.

321

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Es cierto que el derecho de las sociedades posmodernas

ha evidenciado decisivo impacto sobre derechos particular-

mente vinculados al mercado, como el derecho de los con-

sumidores o usuarios (cuya designación ha significado «un

proceso de especificación de los derechos realizada a partir a

partir de la diferencia de determinados grupos sociales»270);

sobre la protección de grupos vulnerables y la creación de

políticas identitarias. Pero no solamente allí se observan el

importante cúmulo de cambios actualmente en curso tan-

to en las sociedades como en el derecho, como sucede, por

ejemplo, con la igualdad, que ha dejado de ser una exigencia

de asimilación al trato estatal uniformizado en virtud del

cual se suponía que la ley es igual para todos para transfor-

marse en un reclamo activo de reconocimiento e integración

de la diferencia. Pero, en general, a lo que se alude aquí no

es a impactos sectorizados en tales o cuales derechos, sino a

la transformación actual de todos los sistemas normativos

(moral, ética y derecho) sobre los que la posmodernidad,

como transformación del orden anterior, ha impactado con

evidentes resultados.

Como se ha revelado en la doctrina especializada interna-

cional respecto del punto, el constitucionalismo, si se le mira

como «movimiento filosófico—político», ha realizado… una

de las mayores revoluciones en la dialéctica y conflictiva relación

entre sociedad y Estado, justificó su origen y desarrollo en la afir-

mación y protección de la dignidad de la persona271.

270 PECES-BARBA MARTÍNEZ (Gregorio) et al. Historia de los derechos fundamentales,

Tomo IV, Siglo XX, volumen V, Cultura de la paz y grupos vulnerables, Libro II,

2014, p. 765.

271 HARO (Ricardo), Constitución, Poder y Control, Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Doctrina Jurídica, Núm.

16, 2008, p. 140.

322 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

De allí se admite que la norma fundamental no pue-

de, ni debe ser reformada con frecuencia, aunque constan-

temente deba ser interpretada para afirmar su validez. Por

tanto, la vía de adecuación de la Constitución a la cam-

biante evolución de las sociedades modernas pasa por la

interpretación constitucional como método de solución

a los conflictos jurídicos suscitados en ocasión de normas

constitucionales. A grandes rasgos la situación precedente

es la que impera en los Estados Unidos de América, con una

Constitución que ha sufrido veintisiete modificaciones en

más de 200 años de existencia.

En Europa, sin embargo, a pesar de la rigidez de las cons-

tituciones post revolucionarias el mecanismo de reforma no

estaba pensada como una institución jurídica, sino como una

institución política, cuya finalidad era hacer imposible la re-

forma, a fin de que no se pudiera utilizar esa vía para volver al

antiguo régimen.

Constituye ejemplo de esto la Constitución española

de 1812 (la de Cádiz), que trató de ser reformada en 1837

y simplemente no se pudo, pues la reforma era solamen-

te posible si ocurría una afortunada serie de condiciones,

que incluían: haber transcurrido 8 años desde su entrada en

vigor, la reforma era propuesta por escrito firmado por 20

diputados; se realizaba una triple lectura con intervalo de 6

días, con deliberación y votación al final de la última lectura,

se determinaba si había lugar al otorgamiento de poderes es-

peciales para hacer la reforma, se determinaba a cuál diputa-

ción había que otorgar poderes especiales para hacer aprobar

la reforma, poderes que habrían de ser otorgados por las jun-

tas electorales de provincia y, al fin, todo era sucesivamente

aprobado con mayoría de dos tercios.

323

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

A partir de ello los procedimientos de reforma constitu-

cional en Europa se tornaron flexibles, de manera que, si el

ordenamiento jurídico comienza con la ley, al ser la Constitu-

ción parte del ordenamiento, a lo sumo es una ley más que no

requiere procedimiento especial y distintivo de reforma. Pero

el siglo XX trajo para Europa nuevas ideas en torno al concep-

to de Constitución y sus garantías. Todas las constituciones

aprobadas en la parte occidental de dicho continente desde

mediados de ese siglo han sido constituciones rígidas.

El constitucionalismo contemporáneo se enfoca en el es-

tablecimiento del modelo de Estado constitucional como la

forma de gobierno idónea y, al mismo tiempo, fortalece los

mecanismos garantistas jurisdiccionales272.

Vistas desde esa óptica, las garantías de derechos son un

medio de perfeccionamiento social, en la medida en que, apli-

cándose, viabilizan el resarcimiento de las vulneraciones de

derechos y con ello, en cierto modo ilegitimizan el uso de la

fuerza, propiciando el retorno a la armonía social.

4.1.1 Concepto y fundamento del «control de

constitucionalidad»

Uno de los autores más comentados respecto del con-

trol constitucional es Aragón Reyes273, quien explica de

manera suficiente que el control constitucional no es re-

ducible al concepto político de Constitución, sino que se

272 CELOTTO (Alfonso), «La justicia constitucional en el mundo: formas y modelos»,

en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 1, enero-junio,

2004, pp. 3-46 (14).

273 ARAGÓN REYES (Manuel), Constitución, Democracia y Control, México, Instituto

de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002,

p. 81.

324 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

funda en un concepto jurídico, […] «de tal manera que

sólo si existe control de la actividad estatal puede la Cons-

titución desplegar su fuerza normativa, y sólo si el control

forma parte del concepto de Constitución puede ser enten-

dida esta como norma».

Visto así, el control constitucional es el método que

mantiene o sostiene la constitucionalidad de las leyes, en-

cargándose de hacer efectivo el principio de supremacía

constitucional, al otorgar los mecanismos efectivos para

garantizar la supremacía constitucional. En otras palabras,

para que la norma suprema conserve su supremacía, se re-

quiere de la existencia de procesos destinados a sostener en

toda su integridad las normas del ordenamiento jurídico.

Así, como pone de relieve Fix—Fierro274, el valor del prin-

cipio de supremacía constitucional descansa sobre el hecho

de que la Constitución es la síntesis del sistema normativa,

situándose por encima del ordenamiento y dando validez

formal a «… todas las demás normas que por eso se han

llamado secundarias …».

Para resultar el punto se recuerda que Aragón Reyes,

citando a Dworkin, es partidario de entender y hablar de

la Constitución […] «cuando se la concibe como un ins-

trumento de limitación y control del poder»,275 explicando

entonces que en el Estado Social y Democrático de Dere-

cho el control constitucional se redimensiona porque es

precisamente el tipo de Estados en el que se manifiesta una

recíproca «socialización del Estado y estatalización de la

274 FIX-FIERRO (Héctor), (ed.), A la puerta de la Ley. El Estado de dere-

cho en México, México, CIDAC—Cal y Arena, 1994, p. 10.

275 ARAGÓN REYES (Manuel), Constitución… op. cit., Introducción: sobre la necesidad

de una teoría del control constitucionalmente adecuada, p. 81.

325

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

sociedad», es decir, se incrementa el contacto entre el Es-

tado y los ciudadanos, resultando de ello que la Constitu-

ción se mantendrá vigente tanto como tenga la capacidad

de ser efectiva.

El control sobre los poderes públicos es algo que ya se

encuentra, aunque con otros nombres, en las formas polí-

ticas más antiguas, que reaparece, después de un cierto de-

clive, en la organización medieval y que se expande con el

Estado moderno.

El control constitucional debe entenderse como parte

íntima y central en cualquier caracterización de las democra-

cias constitucionales. Este peculiar sistema político, fruto de

la expansión de las constituciones escritas y de la consagra-

ción de derechos fundamentales, es dirigido en la cúspide por

una institución caracterizada como Tribunal Constitucional o

como sala o corte constitucional, dependiendo del grado de

autonomía que se le confiera.

La «función» de justicia constitucional así atribuida

tiende a controlar tanto la actividad del legislador (lo que

se hace a través de la acción directa de inconstitucionalidad,

típica del modelo continental o europeo), como supervigilar

y garantizar la vigencia de derechos fundamentales (median-

te la alegación de vulneración de derechos por vía difusa,

ante el juez apoderado de una causa, o mediante el amparo

y la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales en

materia de amparo, de acuerdo a las disposiciones de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimien-

tos Constitucionales, número 137-11). De manera tal que

subsiste entre nosotros, como en otros lugares que no viene

al caso citar ahora, el doble sistema de control constitucio-

nal: político y judicial.

326 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

4.2 Modelos de control y procedimientos constitucionales

El ejercicio de la función de control constitucional se realiza

mediante dos sistemas, como acepta tradicionalmente la doc-

trina, a saber: control político y control jurisdiccional. Se habla

también de control preventivo (antes de la puesta en vigor de la

norma), de control represivo (posterior a la puesta en vigencia de

la norma) y de control ocasional (asimilable al sistema o modelo

de control difuso). Se alude, también, al «control concreto de

constitucionalidad», asumido como el examen de constituciona-

lidad de la ley aplicada a un caso ´concreto’ o específico, lo que

usualmente desemboca en la ´cuestión de constitucionalidad´.

(a) En cuanto al control político, o europeo para darle

territorialidad, se fundamenta en el entendimiento de la ley

como expresión de la voluntad general276, de manera que al ser

esta sancionada por el Parlamento o Congreso como cuerpo

democrático por antonomasia. El modelo supone que los jue-

ces son autoridades creadas, de manera que no pueden tener

autoridad para negarse a la aplicación de la ley o para anularla.

Se caracteriza por adscribirse a un órgano de composi-

ción electiva—democrática, que ejerce sus labores con carác-

ter eminentemente preventivo –puesto que el control de la

ley debe realizarse antes de su entrada en vigor— y, por lo

general, existe una función consultiva de los jueces al órgano

que decide la inconstitucionalidad.

El fundamento para sostener que sea un órgano político el

que controle la supremacía constitucional es el de que un órga-

no de esta clase puede lograr que los poderes públicos se man-

tengan dentro de los límites de sus respectivas competencias,

276 VANOSI (Jorge Reynaldo), Introducción a los sistemas de control de la constitucionali-

dad, Buenos Aires, en La Ley, T. 1980, p. 87.

327

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

trazadas por la Constitución. Por ello, un sector de los revolu-

cionarios franceses de 1789 incorporó esta idea en el proyecto

de Constitución francesa cuyo artículo 10, Capítulo XV, creaba

un gran jurado nacional, para garantizar a los ciudadanos con-

tra la opresión del poder ejecutivo del legislativo y ante el cual

podrá recurrir todo ciudadano perjudicado.

(b) En cuanto al control jurisdiccional, que como se ha he-

cho alusión es originario del derecho anglosajón, con influen-

cia derivada de las decisiones del juez inglés Eduard Coke en

el caso «omas Bonham», de 1610, acogido por los jueces

norteamericanos desde 1657, de acuerdo con lo señalado por

Fix-Zamudio.277 Se reitera y amplía criterio más adelante.

Este sistema depende de la ocurrencia de un caso donde

se plantee la cuestión constitucional, de manera que, en prin-

cipio, la decisión tiene validez para las partes y el litigio que

resuelve; respondiendo a circunstancias excepcionales sujeta a

requisitos procesales diversos, entre ellos la demostración de

los perjuicios que al reclamante causa la norma (respondiendo

entonces a las características del sistema difuso de control de

constitucionalidad). Una segunda vertiente o proyección es el

sistema de control concentrado de constitucionalidad, encarga-

do, como se ha dicho, a un órgano denominado sala, corte

o Tribunal Constitucional y ejercido a través de la acción de

inconstitucionalidad (o acción directa de inconstitucionalidad).

La existencia de un tribunal que tenga por objeto aplicar

o imponer el principio de supremacía es más reciente y tiene

también en los Estados Unidos su patria de origen y hasta una

fecha de nacimiento, después de pocos años de la Declaración

277 FIX ZAMUDIO (Héctor), Latinoamérica: constitución, proceso y derechos humanos,

México, UDUAL, 1988, p. 145.

328 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

de Independencia. «El Tribunal Constitucional es una pieza

inventada de arriba a abajo por el constitucionalismo nortea-

mericano y reelaborada, en la segunda década de este siglo,

por uno de los más grandes juristas europeos, Hans Kelsen. Su

punto de partida es, como se comprende, que la Constitución

es una norma jurídica y no cualquiera sino la primera entre

todas, lex superior, que sienta los valores supremos de un orde-

namiento y que desde esa supremacía es capaz de exigir cuen-

tas, de erigirse en el parámetro de validez de todas las demás.

Desde el punto de vista del órgano al que pertenece el

control constitucional, puede ser difuso o concentrado – llama-

dos también, aunque no con acierto geográfico, americano y

europeo, respectivamente–.

Aunque son viables diferentes formas, grosso modo puede

referirse que en el primero el control se distribuye entre varios

órganos judiciales ordinarios, en tanto que en el segundo el

control se concentra en un único órgano judicial de posición

especial en el ordenamiento jurídico, denominado en nuestro

caso Tribunal Constitucional.

La existencia de control concentrado y control difuso da

lugar a la existencia de otra forma de control, la mixta, que

incluye partes de los dos sistemas descritos.

En el modelo concentrado o de acción directa, un órgano

constitucional diferenciado, en nuestro caso el Tribunal Consti-

tucional, se ocupa de establecer la constitucionalidad de la nor-

ma, a través de la acción de inconstitucionalidad y, allí donde se

acepta, de la cuestión constitucional (que, grosso modo, es el acto

del juez ordinario de consultar al Tribunal Constitucional sobre

la constitucionalidad de un asunto sujeto a su consideración).

En este tipo de control corresponde a los tribunales constitucio-

nales, además de la constitucionalidad de las normas, establecer

329

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

la constitucionalidad de los tratados y resolver los conflictos de

competencia entre órganos del Estado. Estos diferentes mode-

los suponen, por tanto, que la protección de la Constitución

involucra todos los medios, instrumentos e instituciones que el

Poder Constituyente ha estimado necesarios para mantener a los

poderes públicos dentro de los límites de sus atribuciones, lo que

permite un desarrollo armónico de sus actividades y repercute

en el respeto de los derechos fundamentales.

Una segunda clasificación sobre modelos de control, se-

gún Pichardo278, atiende a los órganos a los que corresponde

el poder del control constitucional; de acuerdo con la forma

en que se plantea y resuelve la cuestión de constitucionalidad;

y de acuerdo con los efectos que se derivan de la decisión ju-

dicial de la cuestión de constitucionalidad.

4.2.1 Parámetro del control de constitucionalidad

En todos los modelos referidos el parámetro de control de

la regularidad constitucional es la Carta Sustantiva, de manera

principal, y el bloque de constitucionalidad (como el conjun-

to de valores y reglas de valor constitucional, que integra ele-

mentos principales y marginales). Este bloque complementa

el texto de la Carta con normas internacionales que consagran

derechos fundamentales, la jurisprudencia constitucional, la

jurisprudencia internacional sobre derechos humanos (donde

se ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos), normas de «derecho comunitario»

(característico de Europa) y, en derecho francés, los derechos

278 LUCIANO PICHARDO (Rafael), La Justicia Constitucional, Santo Domingo, R.D.,

2004, p. 16.

330 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

contenidos en la declaración de derechos del hombre y del

ciudadano, de 1789, el preámbulo de la Constitución y los

principios fundamentales.

Las normas internacionales no referidas a derechos hu-

manos no forman parte del bloque de constitucionalidad,

cuando menos no lo acepta la jurisprudencia francesa tras la

decisión de 15 de enero de 1975, del Consejo Constitucional,

que rechazó controlar la conformidad de las leyes con los tra-

tados internacionales.279

4.2.2 Vicios imputables a la norma objeto de control

constitucional

La interposición de la acción se justifica en caso de

ocurrir la llamada «infracción constitucional», definida por

el artículo 6 de la Ley LOTCPC. Resulta ser, por tanto,

un mecanismo «de control abstracto» de la constituciona-

lidad y, tal como su designación indica, es concebible en

términos como «acción» y no como «recurso», al menos

en nuestro ordenamiento, puesto que no es un medio de

impugnación sino un derecho público subjetivo mediante

el que se ejerce una facultad limitativamente o individual-

mente conferida, con carácter público preeminente, cual lo

es preservar la supremacía de la Constitución en ocasión de

279 Es oportuno retener que el bloque de constitucionalidad se diferencia del bloque de

convencionalidad, encontrándose éste integrado por tratados y convenios ratificados

por los Estados y las sentencias de los órganos creados por dichos instrumentos inter-

nacionales; en el caso de Latinoamérica el BCV lo integran la convención americana

de derechos humanos, sus estatutos y reglamentos, otros tratados o convenios que

reconozcan y protejan derechos humanos, las Sentencias, Opiniones Consultivas de

la Corte Idh y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-

nos.

331

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

que esta haya sido contradicha por un acto que, se entien-

de, la vulnera o infringe.

La norma atacada en inconstitucionalidad ha de haber

incurrido en vicios tales como los siguientes:

— Vicios de forma o de procedimiento: «… los que se pro-

ducen al momento de la formación de la norma y se suscitan en

la medida en que esta no haya sido aprobada de acuerdo con la

preceptiva contenida en la Carta Sustantiva, lo cual genera una

irregularidad que afecta irremediablemente la validez y consti-

tucionalidad de la ley» (TC/0274/13, del 26 de diciembre de

2013, reiterada en TC/0258/21, de 31 de agosto de 2021).

— Vicios de fondo: que son «los que afectan el conteni-

do normativo de la norma impugnada, por colisionar con

una o varias de las disposiciones de la Carta Sustantiva»

(TC/0258/21, citada).

— Vicios de competencia: los cuales «se suscitan cuando la

norma ha sido aprobada por un órgano que no estaba faculta-

do para hacerlo. Es decir, cuando una autoridad aprueba una

ley, decreto, reglamento, resolución o acto sin que ninguna

disposición le asigne esta atribución o competencia para ac-

tuar de esa manera» (TC/0415/15, del 28 de octubre de 2015,

reiterada en TC/0258/21, citada).

En fin, de la combinación de los artículos 6 y 73 de la

Constitución Política de 2010, resulta que son nulos:

Primero: […] toda ley, decreto, resolución, reglamento o

acto contrarios a esta Constitución,

Segundo: […] de pleno derecho los actos emanados de

autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes

públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el

orden constitucional y toda decisión acordada por requisición

de fuerza armada.

332 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Tercero: Se tendrá por infringida la Constitución cuan-

do haya contradicción del texto de la norma, acto u omisión

cuestionado, de sus efectos o de su interpretación o aplicación

con los valores, principios y reglas contenidos en la Constitu-

ción y en los tratados internacionales sobre derechos humanos

suscritos y ratificados por la República Dominicana o cuando

los mismos tengan como consecuencia restar efectividad a los

principios y mandatos contenidos en los mismos.

Es decir, se requiere que la norma, acto u omisión cues-

tionado, sus efectos o su interpretación o aplicación contradiga

los valores, principios y reglas expresamente dispuestos por la

carta magna o por tratados internacionales. Se verán a seguidas

las peculiaridades del control concentrado y del control difuso.

* * *

SUMARIO

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

El control constitucional no es reducible al concepto político

de Constitución, sino que se funda en un concepto jurídico,

[…] «de tal manera que sólo si existe control de la actividad

estatal puede la Constitución desplegar su fuerza normativa,

y sólo si el control forma parte del concepto de Constitución

puede ser entendida esta como norma».

Es el método que mantiene o sostiene la constitucionalidad

de las leyes, encargándose de hacer efectivo el principio de su-

premacía constitucional, al otorgar los mecanismos efectivos

para garantizar la supremacía constitucional.

El ejercicio de la función de control constitucional se reali-

za mediante dos sistemas, como acepta tradicionalmente la

doctrina, a saber: control político y control jurisdiccional. Se

333

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

habla también de control preventivo (antes de la puesta en

vigor de la norma), de control represivo (posterior a la puesta

en vigencia de la norma) y de control ocasional (asimilable

al sistema o modelo de control difuso). Se alude, también,

al «control concreto de constitucionalidad», asumido como

el examen de constitucionalidad de la ley aplicada a un caso

´concreto´ o específico, lo que usualmente desemboca en la

´cuestión de constitucionalidad´.

(a) En cuanto al control político, o europeo para darle

territorialidad, se fundamenta en el entendimiento de la

ley como expresión de la voluntad general, de manera que

al ser esta sancionada por el Parlamento o Congreso como

cuerpo democrático por antonomasia. El modelo supone

que los jueces son autoridades creadas, de manera que no

pueden tener autoridad para negarse a la aplicación de la

ley o para anularla.

(b) En cuanto al control jurisdiccional, que como se ha hecho

alusión es originario del derecho anglosajón, con influencia

derivada de las decisiones del juez inglés Eduard Coke en

el caso «omas Bonham», de 1610, acogido por los jueces

norteamericanos desde 1657.

En todos los modelos referidos el parámetro de control

de la regularidad constitucional es la Carta Sustantiva,

de manera principal, y el bloque de constitucionalidad

(como el conjunto de valores y reglas de valor constitu-

cional, que integra elementos principales y marginales).

Este bloque complementa el texto de la Carta con normas

internacionales que consagran derechos fundamentales, la

jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia interna-

cional sobre derechos humanos (donde se ha reconocido la

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-

manos), normas de «derecho comunitario» (característico

de Europa) y, en derecho francés, los derechos contenidos

334 JOSÉ ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano,

de 1789, el preámbulo de la Constitución y los principios

fundamentales.

La interposición de la acción se justifica en caso de ocurrir la

llamada «infracción constitucional», definida por el artículo

6 de la Ley LOTCPC. Resulta ser, por tanto, un mecanismo

«de control abstracto» de la constitucionalidad y, tal como su

designación indica, es concebible en términos como «acción»

y no como «recurso».

La norma atacada en inconstitucionalidad ha de haber

incurrido en vicios tales como los siguientes: vicios de for-

ma o de procedimiento, vicios de fondo o vicios de com-

petencia.

El control concentrado o directo de constitucionalidad se

efectúa mediante la acción de inconstitucionalidad. Como

tal, se trata de un derecho subjetivo de carácter público, que

permite excitar la jurisdicción para que se pronuncie sobre

un conflicto de naturaleza constitucional.

Nace en los años 1920, con la creación del Tribunal Cons-

titucional de Checoslovaquia y el alto Tribunal Constitucio-

nal de Austria. Posteriormente España también creó su Tri-

bunal Constitucional en 1931 y a poco más de una década,

se continuó la corriente de crear Tribunales Constitucionales

en toda Europa. El elemento central de este sistema reside

que el control de constitucionalidad de las leyes y actos de

gobierno solo puede ser ejercido por un órgano ad—hoc y

autónomo, como es el Tribunal Constitucional.

En la República Dominicana consta en la Constitución de

1924, artículo 61.5. En 1994, como todavía no existía un

Tribunal Constitucional, el constituyente del artículo 67

puso a cargo de la Suprema Corte de Justicia conocer en úni-

ca instancia de la constitucionalidad de las leyes, a instancia

335

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LAS

GARANTÍAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES

del Poder Ejecutivo, de uno de los presidentes de las Cámaras

del Congreso Nacional o de parte interesada. Actualmente es

atribución del Tribunal Constitucional, que actuando por

vía directa en ejercicio del control concentrado se apoya en

el Art. 185.1 de la Constitución, como también atribución

de los jueces ordinarios y la Suprema Corte de Justicia, que

deben conocer la así llamada en el texto del Art. 188 de la

carta magna como «excepción de constitucionalidad».

Cuando se trata de control concentrado mediante acción di-

recta, la acción se presenta por escrito en la Secretaría del

Tribunal Constitucional, describiendo sus fundamentos «en

forma clara y precisa», esto es, indicando claramente el texto

o norma constitucional que se considera violado, escrito diri-

gido al presidente del Tribunal.

El presupuesto procesal de admisibilidad de la acción pasa

directamente por la motivación de las razones por las cuales se

considera que el texto impugnado transgrede la Constitución.