IV. Respecto del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales

15.

INTERPRETACIÓN DE LAS CAUSALES DE

REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE DECISIONES JURISDICCIONALES:

MI HER ÉTICA VISI ÓN DEL ARTÍ CULO 53 DE LA LOTCPC 1

Breve resumen de la sentencia TC/0202/13:

Esta sentencia fue dictada en el marco del recurso de revisión constitucional de decisiones ju-

risdiccionales contenido en el expediente número TC-04-2012-0046, interpuesto por la señora Ilsa

Reyes Sierra contra las sentencias números 19, dictada el dieciséis (16) de julio de mil novecientos

ochenta y siete (1987) por la Corte de Apelación de San Cristóbal, y 182, dictada el quince (15) de

febrero de dos mil doce (2012) por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia.

La mayoría resolvió la inadmisibilidad del recurso en cuanto a la sentencia número 19, debido

a que contra ella no procedía la revisión constitucional procurada ya que contra la misma se pre-

sentó un recurso de casación que derivó, entonces, en la sentencia número 182, también recurrida;

respecto d e esta últ ima –la se ntencia núm ero 182– se rechazó el recurso porq ue la Supre ma Corte

de Justicia no violó derecho fundamental alguno al emitir dicha decisión jurisdiccional.

No estuve de acuerdo con la decisión de la mayoría, en particular respecto de la segunda, de ahí que

disentí en torno a la declaración de admisibilidad de estos recursos y, pues, presenté mi herética visión

sobre la correcta interpretación y aplicación del artículo 53 de la LOTCPC, a los nes de examinar los pun-

tuales requisitos para la admisión del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.

Esta temprana, dilatada y reiterada posición particular se basa en los argumentos siguientes:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0202/13, del 13 de noviembre de 2013; la

decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal Constitucional

dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://tribunalsitestorage.blob.core.

windows.net/media/7627/sentencia-tc-0202-13-c.pdf; este criterio ha sido reiterado en

más de novecientas cuarentainueve (949) ocasiones, que van en aumento a la publicación de

esta obra. Se trata de una de mis más antiguas, heréticas y repetidas posiciones particulares;

de esas, en aproximadamente quinientas sesentaicuatro (564) ocasiones la reiteración

ha sido a través de votos salvados y en trecientos ochentaicinco (385) mediante votos

disidentes en los que se esbozan los detalles de cada caso en particular, pero conservando

el sustrato de mi interpretación sobre el artículo 53 de la LOTCPC. Algunas de tales

sentencias, por citarlas, son: TC/0209/13, TC/0210/13, TC/0084/14, TC/0401/14,

TC/0486/15, TC/0500/15, TC/0164/16, TC/0167/16, TC/0476/17, TC/0831/17,

TC/0264/18, TC/0408/18, TC/0190/19, TC/0256/19, TC/0131/20, TC/0160/20,

TC/0088 /21, TC/0150 /21, TC/002 9/22, TC/003 2/22, TC/00 74/23, TC/00 82/23, e tc.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

298

Voto disidente:

1. En la especie se ha interpuesto un recurso de revisión de

decisión jurisdiccional contra sentencias de la Corte de Apelación

de San Cristóbal y de la Suprema Corte de Justicia, bajo el alegato

de que la aplicación que hicieron dichos tribunales del artículo 456

del Código de Procedimiento Civil, vulneró el derecho de defensa

de la recurrente. La mayoría del Tribunal Constitucional decidió:

(i) inadmitir el recurso en contra de la sentencia de la Corte de

Apelación de San Cristóbal, utilizando como argumento que no

se habían agotado los recursos disponibles, por ser una sentencia

de apelación; y (ii) en cuanto a la sentencia de la Suprema Corte

de Justicia decidió admitir el recurso y rechazarlo, fundada en que

no se había violado derecho fundamental alguno.

2. Planteamos, por el contrario, en cuanto a la sentencia de

apelación, que la razón por la cual se declaró la inadmisibilidad

de la misma no es correcta, y que ésta debió ser declarada

inadmisible por la misma no ser violatoria a ningún derecho

fundamental; y en cuanto a la decisión de la Suprema Corte de

Justicia sostenemos que dicho recurso, en lugar de ser admitido

y rechazado, ha debido ser inadmitido. Justamente, las mismas

razones que condujeron al rechazo del recurso con respecto a la

sentencia de la Suprema Corte de Justicia, fundadas en el certero

reconocimiento de que en la especie no se había producido

violación a derecho fundamental alguno, han debido conducir

a la inadmisión del recurso con respecto a ambas sentencias,

conforme los términos del artículo 53 de la Ley n.º 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales. Y eso, que puede parecer –y acaso ser– una

sutileza, es, sin embargo, en todo caso fundamental.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

299

3. En esto va en juego la aplicación del referido artículo.

La opción de la mayoría nos parece no sólo errada sino, además,

riesgosa para el Tribunal Constitucional y, todavía más, para el

sistema dominicano de justicia, por las razones que explicaremos

a continuación.

I. SOBRE EL ARTÍCULO 53

4. El artículo 53 instaura un nuevo recurso, el de revisión

de decisión jurisdiccional y, al hacerlo, establece también, los

requisitos para su admisión.

A. Sobre el contenido del artículo 53

5. Dicho texto reza:

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010,

fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los

siguientes casos:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una

ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal

Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno

de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

300

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya

sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar

al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal

Constitucional no podrá revisar.

Párrafo. La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando

este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia

constitucional, el contenido del recurso de revisión justiﬁque un examen

y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá

motivar sus decisiones.2

6. Conviene detenerse en la redacción de estos párrafos.

Todos se reﬁeren a situaciones cumplidas, concretadas. No se

trata, pues, de que, por ejemplo, en la causal segunda (53.2), el

recurrente alegue que la decisión recurrida viola un precedente

del Tribunal Constitucional, sino de que, efectivamente “la

decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional”. Ni de

que, para poner otro ejemplo relativo a la causal tercera (53.3), el

recurrente alegue la violación de un derecho fundamental, sino

de que, efectivamente, “se haya producido una violación de un

derecho fundamental”.

7. Según el texto, el punto de partida es que “se haya

producido una violación de un derecho fundamental” (53.3) y, a

continuación, en términos similares: “Que el derecho fundamental

vulnerado se haya invocado (...)” (53.3.a); “Que se hayan agotado

todos los recursos disponibles (...) y que la violación no haya sido

2 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, pp. 27-28.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

301

subsanada” (53.3.b); y “Que la violación al derecho fundamental

sea imputable (...) con independencia de los hechos que dieron lugar

al proceso en que dicha violación se produjo (...)”3 (53.3.c).

8. Resaltamos, en efecto, particularmente respecto del 53.3

y de sus literales, la coherencia de su redacción, o bien “la lógica

interna de la norma (…), la uniformidad y precisión en el uso del

idioma”4. Reconocemos que el suyo no es el caso “criticable”5 de

un texto que titubea “entre el uso de uno y otro tiempo, combinando

ambos en un mismo artículo sin ninguna razón aparente”6, sino el

de uno que tiene lo que todo texto normativo debe tener: “una

estructura lógica y coherente que lo identiﬁque como tal y que, al

mismo tiempo, facilite su inteligibilidad”7. Vista su claridad, es,

pues, posible y pertinente hacer una interpretación literal del

mismo.

9. Es conveniente establecer que este recurso ha sido

“diseñado en base al modelo del amparo constitucional español, y

que la LOTCPC ha copiado casi literalmente de la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional español”8; nuestro artículo 53.3

proviene del artículo 44 español9, mientras que el párrafo

3 El subrayado es nuestro.

4 GUZMÁN ARIZA, FABIO J. El lenguaje de la Constitución dominicana. Academia

Dominicana de la Lengua – Gaceta Judicial, Editora Corripio, S. A.: Santo

Domingo, 2012, pp. 22-23.

5 Ibid., p. 77.

6 Ídem.

7 Ibid., p. 91.

8 JORGE PRATS, Eduardo. Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional

y de los procedimientos constitucionales, IUS NOVUM: Amigo del Hogar, Distrito

Nacional, 2011, p. 125. Dicha ley española fue modiﬁcada por la Ley núm. 6/2007.

9 Dice el artículo 44 español: “1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles

de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u

omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan

los requisitos siguientes:

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

302

del artículo 53 procede del artículo 50 de la referida ley

española10.

B. Sobre la naturaleza del recurso de revisión de decisión jurisdiccional,

consagrado en el artículo 53

10. Como hemos visto, el artículo 53 inicia estableciendo

que: “El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar

las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de

enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de la

Constitución en los siguientes casos (…)”.11

11. Interesa detenernos en estas primeras líneas suyas,

para derivar una primera cuestión: la facultad del Tribunal

Constitucional para revisar decisiones es, de entrada,

a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas

procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial.

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo

a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron

lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los que, en ningún caso, entrará

a conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la

vulneración del derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar

para ello”. (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concordancias, comentarios

y jurisprudencia. Editora COLEX, España, segunda edición, 2008, p. 182). Los

subrayados son nuestros.

10 Dice el artículo 50.1.b) español: “Que el contenido del recurso justiﬁque una decisión

sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional,

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución,

para su aplicación o para su general eﬁcacia, y para la determinación del contenido y

alcance de los derechos fundamentales”. (Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Concordancias, comentarios y jurisprudencia. Editora COLEX, España, segunda

edición, 2008, pp. 277- 278).

11 El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

303

limitada, pues opera solamente en relación con aquellas que

cumplan con tres requisitos, dos de carácter cualitativo –(i)

que sea una decisión jurisdiccional; y (ii) que la decisión haya

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada–,

y otro de carácter temporal –(iii) que la decisión recurrida

haya adquirido esta última calidad con posterioridad al 26 de

enero del 2010–.

12. A pesar de que las disposiciones señaladas no parecen

representar mayores diﬁcultades en su aplicación, entendemos de

suma importancia analizar el alcance de cada una, para determinar

cuáles son los límites que el constituyente y el legislador han

impuesto al Tribunal Constitucional con respecto a las decisiones

que podrá revisar. Analizaremos únicamente los requisitos (ii) y

(iii), relativos a la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ya

que, para este caso en particular, por su obviedad, no es relevante

el carácter de “jurisdiccional” de la decisión.

C. Un paréntesis necesario sobre la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, requerida para la admisión de los recursos de revisión de

decisión jurisdiccional

13. En cuanto al segundo requisito, referido en el

precedente numeral 11 –que la decisión haya adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada–, Tavares

explica de manera extensa cuándo una decisión adquiere la

autoridad de la cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto a

la autoridad de cosa juzgada señala que “mientras la sentencia

sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de recurso,

oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

304

provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es

ejercitado”12.

14. Posteriormente precisa que “[c]uando estos recursos

ordinarios han sido incoados infructuosamente, o cuando el plazo

para interponerlos ha expirado, se dice que la sentencia ha “pasado en

autoridad de cosa juzgada” o que ha “adquirido la autoridad de la

cosa juzgada”. Cuando no es susceptible de ser impugnada por

una vía extraordinaria de recurso, revisión civil o casación,

se dice que la sentencia es “irrevocable”13.

15. A forma de ejemplo señala que “una sentencia

contradictoria en primera instancia tiene inmediatamente autoridad

de cosa juzgada, pasa en autoridad de cosa juzgada y llega al

mismo tiempo a ser irrevocable si no es objeto de apelación en

el plazo correspondiente”14. Asimismo, dice que una sentencia

“llega a ser irrevocable cuando ya no puede ser impugnada

por ninguna vía extraordinaria, o cuando éstas hayan sido

ejercidas infructuosamente”15.

16. De igual forma pone el ejemplo de una sentencia dictada

en única instancia en defecto y explica que “una sentencia en

defecto en única o última instancia tiene de inmediato autoridad

de cosa juzgada, pasa en fuerza de cosa juzgada cuando no es

impugnada por oposición o cuando la oposición es desestimada, y

vendrá a ser irrevocable cuando los recursos extraordinarios

hayan sido desestimados”16.

12 TAVARES hijo, Froilán. Elementos de derecho procesal civil dominicano, vol. II, 8va.

Ed., 1998, p. 444.

13 Ídem. Las negritas y subrayados son nuestros.

14 Ibid., p. 445. Las negritas y subrayados son nuestros.

15 Ídem. Las negritas y subrayados son nuestros.

16 Ídem. Las negritas y subrayados son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

305

17. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir

en que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada adquirida por una sentencia no implica necesariamente

que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia. O

bien, implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de

la cosa irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida

por la Suprema Corte de Justicia. De hecho, como se ha dicho,

una sentencia dictada en primera instancia, si no es recurrida

dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada; asimismo, si se interpone

uno de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la

misma y el recurso es desestimado, también la decisión adquiere

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

18. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que

el hecho de que una decisión haya adquirido la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada no implica que se hayan agotado

todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se

trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.

19. En efecto, siempre conforme los términos de la Ley n.º

137-11, el requisito de que se hayan agotado todos los recursos

disponibles en el sistema legal es uno muy particular que solo

aplica para aquellos recursos de revisión que se interpongan

en virtud de la causal tercera establecida en el artículo 53 de

la Ley n.º 137-11 (artículo 53.3), es decir, en virtud de que

se haya producido la violación de un derecho fundamental; y

no aplica para las causales primera (artículo 53.1) ni segunda

(artículo 53.2) de revisión de decisiones jurisdiccionales; por lo

que de ninguna manera puede establecerse como un requisito de

carácter general para todos los recursos de revisión de decisiones

jurisdiccionales, como se hace en esta sentencia.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

306

20. El tercer requisito, al que nos referimos también en el

numeral 11 –que la decisión jurisdiccional haya adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad

al 26 de enero de 2010–, se encuentra contenido, como hemos

visto, tanto en el artículo 277 de la Constitución como en la

parte capital del artículo 53 de la Ley n.º 137-11.

21. De la lectura de dichos artículos debemos entender

que el requisito consiste en que la decisión haya adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad

al 26 de enero del 2010. Dichos textos, en efecto, no establecen

que la decisión debe haber sido dictada luego de la fecha indicada,

sino que la condición de autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada debe haber sido adquirida con posterioridad a esta

fecha. ¿Cuál es la importancia de esta precisión?

22. Efectivamente, tan pronto una decisión deﬁnitiva

es dictada por la Suprema Corte de Justicia adquiere

inmediatamente la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada; por lo cual, en ese escenario el momento en que se

dicta la sentencia y el momento en el que la misma adquiere la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es exactamente

el mismo. No obstante, y como explicamos previamente, una

decisión no adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada únicamente cuando es dictada por la Suprema Corte de

Justicia, pues existen otros escenarios en los cuales una decisión

puede adquirir dicha condición.

23. He ahí la importancia de identiﬁcar y distinguir estos

dos conceptos, garantizando su correcta y justa aplicación.

A forma de ejemplo, analicemos el caso de una decisión de

apelación que haya sido dictada en diciembre de 2009, recurrida

en casación en tiempo hábil y rechazado –este recurso– en el

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

307

2013. Si tomamos como referencia la fecha en que se dictó

la decisión de apelación, entonces esta, que ya adquirió la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, no podría ser

revisada por el Tribunal Constitucional, porque fue dictada

antes de enero de 2010. Sin embargo, si nos suscribimos a

la literalidad de los textos referidos y tomamos en cuenta el

momento en que la decisión de apelación adquirió la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, que fue cuando la Suprema

Corte de Justicia rechazó el recurso de casación, es decir, en

el 2013, entonces vemos que se trata de una decisión de una

Corte de Apelación que podría ser revisada por el Tribunal

Constitucional, siempre que cumpla con los demás requisitos

que veremos más adelante.

D. De vuelta con la naturaleza del recurso de revisión de decisión

jurisdiccional

24. Continuando con el análisis de la parte capital del

artículo 53, la parte inicial del texto plantea que el recurso será

posible “en los siguientes casos”, expresión que es obviamente

excluyente en el sentido de que tal posibilidad recursiva sólo será

posible en los casos que ella señala.

25. Este recurso es extraordinario, en razón de que no procede

para plantear cualquier cuestión, sino única y exclusivamente

aquellas dispuestas de manera expresa por dicho texto.

26. Este recurso es, además, subsidiario, en el caso

particular de la causal tercera establecida en el artículo 53.3, la

cual analizaremos posteriormente, en vista de que, como exige el

artículo 53.3.a), el derecho fundamental vulnerado debe haberse

incoado previamente en el proceso y, como plantea el 53.3.b),

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

308

deben haberse agotado todos los recursos disponibles sin que la

violación haya sido subsanada.

27. Y, sobre todo, este recurso “es claramente un recurso

excepcional”17, porque en él no interesa

ni debe interesar la disputa o conﬂicto que subyace al mismo, sino

únicamente si en la resolución de dicho conﬂicto se han vulnerado o

no derechos fundamentales. No es la administración de justicia lo que

interesa, sino que no haya fallos en el procedimiento de administración

de justicia en lo que a derechos fundamentales y libertades públicas se

reﬁere18.

28. Este recurso, en efecto, ha sido diseñado para ser

interpuesto cuando “falla la garantía de la protección de los

derechos, para corregir los errores que se pueden cometer en el

interior del sistema de protección de los derechos diseñado por el

constituyente”19.

29. Se trata de un recurso que, al tiempo de satisfacer

determinadas necesidades del sistema de justicia –sobre todo las

surgidas con la nueva estructura judicial e institucional prohijada

por la Constitución de 2010, particularmente por la entrada a

juego del Tribunal Constitucional y su rol como órgano de cierre

del sistema de justicia–, garantiza su integridad y funcionalidad.

Tal es la razón por la que, al tiempo de abrir esta posibilidad

recursiva, la misma, conforme su naturaleza excepcional, queda

sujeta a unas condiciones particularmente exigentes y rigurosas,

excepcionales en el universo normativo de dicha ley.

17 JORGE PRATS (Eduardo), ob. cit., p. 125. El subrayado es nuestro.

18 PÉREZ ROYO (Javier), Curso de Derecho Constitucional, en JORGE PRATS

(Eduardo), ob. cit., pp. 126-127. El subrayado es nuestro.

19 PÉREZ ROYO (Javier), Curso de Derecho Constitucional, en JORGE PRATS

(Eduardo), ob. cit., p. 126.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

309

E. Sobre el sentido del artículo 53 y la naturaleza de su contenido

30. Así, el artículo 53 establece, aparte de los requisitos

de admisibilidad enunciados previamente, las causales por las

que el recurso de revisión de decisión jurisdiccional puede ser

admitido. Estas son independientes entre sí; constituyen llaves

que abren por separado la posibilidad de que una decisión sea

revisada. Son tres:

31. La primera (53.1) es: “Cuando la decisión declare

inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento,

resolución u ordenanza”.

32. La segunda (53.2) es: “Cuando la decisión viole un

precedente del Tribunal Constitucional”.

33. En virtud de que al Tribunal todavía no se le han

presentado recursos de revisión de decisión jurisdiccional en

esos dos escenarios y de que la especie se reﬁere a la causal

establecida en el artículo 53.3, focalizaremos nuestra atención

en esta última, que es: “Cuando se haya producido una violación

de un derecho fundamental”. Aquí, el requisito es que se haya

producido la violación a un derecho fundamental. Así, antes de

analizar si se cumplen con los supuestos a los que este numeral

subordina la admisibilidad del recurso, es preciso veriﬁcar si, en

efecto, se produjo una violación a un derecho fundamental.

34. Si se veriﬁca que no se ha producido, no es necesario

continuar analizando los requisitos siguientes y el Tribunal

debe inadmitir el recurso. Como explicamos antes, no se trata

de veriﬁcar que el recurrente haya alegado la vulneración de un

derecho fundamental, sino de comprobar que, en efecto, se

produjo la vulneración a un derecho fundamental. Tales son

los términos del artículo 53, especialmente del 53.3; tal es,

pues, el sentido que debe observar el Tribunal. Si el Tribunal se

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

310

limitara a veriﬁcar que el recurrente haya alegado la violación de

un derecho fundamental, el recurso sería admisible con mucha

frecuencia, porque ésta es la alegación que usualmente formulan

los recurrentes para acceder al recurso. Tal situación contradiría

gravemente el propósito y la naturaleza del recurso y convertiría

a este recurso en uno ordinario.

35. Es discutible, ciertamente, que en fase de admisión

se proceda a comprobar la vulneración del derecho. En este

sentido, pensamos que, en todo caso, y especialmente cuando

se requiera el estudio y la ponderación de multiplicidad de

pruebas y documentos, el Tribunal tiene, siempre conforme los

términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del recurso,

la obligación de, por lo menos, veriﬁcar la existencia de alguna

evidencia que apunte a que hubo una vulneración de un derecho

fundamental o que dicha vulneración sea discutible. Lo que en

ningún caso puede hacer el Tribunal es admitir un recurso por

el simple hecho de que el recurrente “alega” que se le vulneró un

derecho, porque, como indicamos previamente, esto haría que el

recurso fuera admisible mucho más veces de lo que en realidad

es necesario en la justicia constitucional, retrasando procesos en

los que es necesario que el Tribunal se pronuncie para garantizar

la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos

fundamentales vulnerados.

36. Si, por el contrario, el Tribunal comprueba que se

produjo la violación a un derecho fundamental, tendrá, entonces,

que proceder a veriﬁcar que “concurran y se cumplan todos y

cada uno” –son los términos del 53.3– de los requisitos exigidos

para esta causal; a saber:

36.1. “a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya

invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

311

violación haya tomado conocimiento de la misma”. En este sentido,

el Tribunal tiene la obligación de veriﬁcar si el recurrente alegó

la violación que hoy pretende subsanar en el momento en que

tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, tal y como indica la

doctrina, no basta con que haya existido un proceso previo a la

interposición del recurso, del que hayan conocido los tribunales

ordinarios, sino que “a estos se les ha tenido que dar la oportunidad

efectiva de reparar la lesión de derechos denunciada, puesto que

son los ‘garantes naturales’ de los derechos fundamentales”20. Si se

comprueba que no se invocó, por mucho que se haya violado el

derecho en cuestión, no se cumplirá este requisito y el Tribunal

deberá inadmitir el recurso. Si, por el contrario, se veriﬁca el

cumplimiento de este requisito, el Tribunal deberá, entonces,

pasar a comprobar el requisito siguiente.

36.2. “b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles

dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación

no haya sido subsanada”. El Tribunal Constitucional español

ha establecido que esta exigencia tiene por objeto permitir que

los órganos jurisdiccionales puedan examinar y, en su caso,

corregir la lesión del derecho fundamental. Y, en este sentido, ha

precisado que no se trata de agotar “todos los recursos imaginables

en un examen de todo el ordenamiento procesal, sino aquellos que

pueden conducir a remediar la lesión (…)”21.

36.2.1. Si se veriﬁca que el recurrente no agotó los recursos

disponibles, no se cumple este requisito, el recurso debe ser

inadmitido y, como en el caso anterior, no es necesario continuar

el análisis de los demás requisitos. Si, por el contrario, el Tribunal

20 PÉREZ TREMPS, Pablo. Los procesos constitucionales. La experiencia española.

PALESTRA: Perú, 2006, p.125.

21 Tribunal Constitucional de España. STC del 2 de diciembre de 1982.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

312

comprueba el cumplimiento de este requisito, debe continuar,

entonces, con la veriﬁcación del siguiente. Como se aprecia, y ya

habíamos adelantado, el agotamiento de los recursos disponibles

no es un requisito general para todos los recursos de revisión que

se interpongan por ante el Tribunal Constitucional, sino que es

un requisito de admisibilidad para los recursos que se introducen

por la causal tercera, establecida en el artículo 53.3, es decir, que

“se haya producido la violación de un derecho fundamental”.

36.2.2. En relación con este articulo 53.3.b), es preciso

veriﬁcar dos situaciones: (i) si los recursos que existen dentro del

sistema legal han sido agotados por el recurrente; y (ii) si, aun

agotados dichos recursos, la violación no ha sido subsanada.

36.2.3. En este sentido, el requerimiento no se reﬁere a que

la sentencia provenga como resultado del último recurso posible

dentro del ordenamiento jurídico, sino que el recurrente haya

agotado los recursos disponibles y que, habiéndolos agotados,

la violación persista. Por tanto, si, por ejemplo, la violación se

produce por una actuación del tribunal de apelación, para que el

recurso de revisión contra esa decisión sea admisible, el recurrente

debe haber agotado previamente los demás recursos disponibles,

en ese caso, el recurso de casación y que, además, la decisión de este

último no haya subsanado la violación al derecho fundamental.

37. El tercer requisito que establece el artículo 53.3 es:

Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato

y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia

de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo,

los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

38. Lo anterior signiﬁca “que o bien en la sentencia recurrida

en revisión se violó el derecho fundamental o bien en dicha

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

313

sentencia no se corrigió la vulneración del derecho efectuada en otras

instancias”22. En otras palabras, este requisito se reﬁere a que el

órgano que dictó la decisión recurrida sea el responsable de que

se haya producido la violación, bien sea porque no la subsanó

cuando se le presentó, o porque haya producido la vulneración

directamente. Si el Tribunal comprueba que la violación no es

imputable en los términos de la ley, el requisito no se cumple,

el recurso debe ser inadmitido y, como en los casos anteriores,

no es necesario continuar con la comprobación del requisito

siguiente. Si, por el contrario, se veriﬁca el cumplimiento de

este requisito, esto, sin embargo, todavía no será suﬁciente para

admitir el recurso y debe determinar, entonces, lo que ordena el

párrafo del artículo 53.

39. El párrafo dice:

La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo

será admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere

que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional,

el contenido del recurso de revisión justiﬁque un examen y una decisión

sobre el asunto planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus

decisiones.

40. Este requisito “conﬁere una gran discrecionalidad al

Tribunal Constitucional a la hora de admitir la revisión”23, si bien

ella no puede asimilarse a la arbitrariedad.24

22 JORGE PRATS, EDUARDO. Ob. cit., p. 128.

23 Ibid., p. 129.

24 La ocasión es precisa para dejar constancia de que sobre la especial trascendencia o

relevancia constitucional, tanto sobre su sustrato como herramienta diseñada para

seleccionar los recursos de revisión constitucional –de amparo y de decisiones

jurisdiccionales– como en lo concerniente al tratamiento dado por la mayoría

del Tribunal Constitucional a este instituto procesal, también tengo una posición

particular reﬂejada en el voto salvado de la sentencia TC/0079/13, del 7 de mayo

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

314

41. En este sentido, la expresión “sólo será admisible”, lejos de

establecer que tal es el único requisito de admisibilidad contenido

en el artículo 53, conﬁrma, por el contrario, que los requisitos

que el mismo contiene se reﬁeren a la admisión del recurso. El

sentido de la expresión es que, aun satisfechos todos los anteriores

requisitos de admisibilidad, el recurso “sólo será admisible” si se

reúne, también, este último, el de la especial trascendencia o

relevancia constitucional. O bien, que los anteriores requisitos de

admisibilidad no son suﬁcientes sin este último.

42. En efecto, no nos parece razonable pensar que la

admisibilidad del recurso, a la que la Ley consagra un artículo

completo –el 53–, y una actuación particular –prevista en el 54,

como veremos más adelante–, esté referida únicamente, como

han planteado algunos, a lo que establece el párrafo del artículo

53. Recordemos, en este sentido, que esta exigencia es la misma

que la Ley hace en el artículo 100 para el recurso de revisión

constitucional de amparo, en cuyo caso, sin embargo, no consagra

un procedimiento particular para su admisibilidad, como sí hace

respecto de este recurso, para el cual exige la comprobación de

todos los requisitos establecidos en el 53.3, incluida, por supuesto,

la especial trascendencia o relevancia constitucional.

43. El signiﬁcado del párrafo del artículo 53 no pudo ser

mejor explicado por el académico y ex Magistrado del Tribunal

Constitucional español, Aragón Reyes:

de 2013, ulteriormente reiterado en las sentencias: TC/0086/13, TC/0182/13,

TC/0276/13, TC/0034/14, TC/0095/14, TC/0174/15, TC/0179/15 y

TC/0135/16; sin embargo, dicha posición no se esboza en esta obra por cuestiones

deontológicas, ya que en estos –los votos salvados y disidentes relativos al uso de la

especial trascendencia o relevancia constitucional– se tratan aspectos estrechamente

ligados a la temática de mi proyecto de tesis doctoral.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

315

La vulneración de derechos ya no será suﬁciente, por sí sola, para otorgar

(y antes, admitir) el amparo, sino sólo y exclusivamente si el caso posee

esa ‘especial trascendencia constitucional’, cuya justiﬁcación ‘expresa’

(así debe interpretarse) es carga que, en la demanda, ha de soportar el

recurrente (nuevo art. 49.1 LOTC), que habrá de entender, a partir de

ahora, que no le bastará con justiﬁcar que la vulneración de derechos

se ha producido, sino que su amparo sólo será admitido si justiﬁca

suﬁcientemente en la demanda la especial trascendencia constitucional

del asunto y así es apreciada por el Tribunal Constitucional25.

44. De manera que si, ﬁnalmente, el Tribunal aprecia que

se ha producido la violación a un derecho fundamental y que se

cumplen cada uno de los requisitos del artículo 53.3, incluido su

párrafo, procederá, entonces –y sólo entonces, vale subrayar–, a

admitir el recurso y, consecuentemente, a pronunciarse sobre el

fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo. Si el recurso es

acogido, el Tribunal revocará la sentencia recurrida; identiﬁcará

los derechos vulnerados, su violación y establecerá su criterio al

respecto; y, conforme los artículos 54.9 y 54.10 de la Ley n.º

137-11, remitirá el asunto al tribunal que dictó la sentencia

anulada para que conozca “nuevamente del caso, con estricto apego

al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación

del derecho fundamental violado”. Si el recurso es rechazado, el

Tribunal conﬁrmará la sentencia recurrida.

45. En ﬁn, que, en el orden previsto por el texto legal,

siguiendo la lógica de su estructura, el Tribunal determina,

primero, a cuál de los tres escenarios lo conduce el contenido del

25 ARAGÓN REYES, Manuel. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Revista Española de Derecho Constitucional, número 85, enero-abril 2009, p. 35.

En la más reciente modiﬁcación a esta ley, en 2007, se estableció la obligación, a

cargo del recurrente, de justiﬁcar expresamente la especial trascendencia constitucional

del asunto planteado. Los subrayados y las negritas son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

316

recurso. Colocado en el tercer escenario (53.3), procede entonces

a veriﬁcar los requisitos cuyo cumplimiento se exige para entrar

a este y, una vez en él, tomar las decisiones que correspondan.

46. No nos parece correcto operar en otro sentido.

Determinar, por ejemplo, que se cumple lo dispuesto en el

párrafo, respecto de la especial trascendencia y relevancia

constitucional, sin antes haber establecido que se cumple “la

causa prevista en el numeral 3)” –que “se haya producido una

violación de un derecho fundamental” – a la que está referido y

subordinado dicho párrafo.

47. Tampoco nos parece correcto veriﬁcar que se cumplen

los literales a), b) y c) del numeral 3) sin que antes se compruebe

el cumplimiento de lo que establece dicho numeral, es decir, que

“se haya producido la violación de un derecho fundamental”.

Operar de esa manera no solo contradice la lógica interna

del texto legal, sino que, además, por lo inútil, carece de sentido.

En efecto, ¿qué sentido tiene comprobar la invocación previa,

el agotamiento de los recursos disponibles y la imputabilidad

al órgano si no comprueba antes que es cierto el objeto de la

invocación, de los recursos y de la imputabilidad, es decir, que es

veraz la violación reclamada?

48. Aparte el sentido que ha dado al artículo 53 –del que

discrepamos en estas líneas–, la mayoría ha hecho dos reparos

fundamentales a nuestra posición: uno, que los referidos

requisitos no son de admisibilidad; y otro, que el Tribunal no

puede veriﬁcar que se haya producido la violación de un derecho

fundamentales –conforme lo establece el 53.3–, por lo que es

necesario subvertir la lógica del texto y veriﬁcar, entonces, sus

requisitos [53.3.a), 53.3.b), 53.3c) y párrafo] antes que la causal

a la que estos se subordinan. Ambos los veremos a continuación.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

317

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE REVISIÓN DE DECISIÓN

JURISDICCIONAL

49. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los

presupuestos de admisibilidad”26 del recurso.

50. La admisibilidad de un recurso o de una acción está

directamente relacionada con el cumplimiento de los requisitos

que ha establecido el legislador para interponerlos.

51. Conforme ha establecido el Tribunal Constitucional

de Venezuela, la “admisibilidad de la pretensión”, se encuentra

referida al cumplimiento de los requisitos legales (generalmente de

orden público) que permitan su tramitación. Por interpretación

en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se produce por

la insatisfacción de esas exigencias que impiden la continuación

del proceso, cuya implicación directa en el orden procesal lo

estatuye como de orden público, lo cual impide que se declare la

inadmisibilidad de la acción bajo un supuesto ajeno al establecido

expresamente en la ley y esta declaratoria de inadmisibilidad no

diﬁere (como en el caso de la admisibilidad), el análisis del fondo

de lo pretendido, sino que lo impide.27

52. En todo caso, la admisibilidad es asunto fundamental.

Más, en la jurisdicción de un Tribunal Constitucional,

usualmente el órgano de cierre del sistema de justicia. Poco

importa, en efecto, que los resultados concretos para quien

interpone el recurso sean prácticamente los mismos si el Tribunal

lo inadmite, que si lo admite y lo rechaza. Es mucho más lo que

está en juego: es el mandato de la ley, lo que en ningún caso es

26 JORGE PRATS, Eduardo. ob. cit., p. 122.

27 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sala Constitucional. Sentencia del

expediente 03-1886.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

318

algo menor; es la funcionalidad del recurso mismo, el objeto para

el que fue diseñado, el rol que tiene asignado; es la integridad de

la jurisdicción en la que está previsto que opere dicho recurso;

y es, con todo, la lógica de funcionamiento de todo el sistema.

53. Aunque con frecuencia no se reconozca, los usuarios

del sistema de justicia –nos referimos especíﬁcamente a los

abogados–, tienen la responsabilidad de contribuir, con sus

actuaciones, a su mejor funcionamiento. Es claro, sin embargo,

que en ningún caso pararán mientes para crear situaciones

donde en realidad no las hay y acceder a cualquier jurisdicción a

promover ante ellas cualquier tipo de recursos en defensa de sus

particulares intereses.

54. Ante esta realidad –universal, no sólo dominicana–, los

tribunales tienen la responsabilidad de evitar que tales actuaciones,

ejercidas con absoluta libertad, puedan distorsionar el sistema

o afectar su funcionamiento. La del Tribunal Constitucional es

aún mayor.

55. Sobre la admisibilidad de este tipo de recursos, el

Tribunal Constitucional de Perú ha explicado que

el proceso de amparo en general y el amparo contra resoluciones judiciales

en particular no pueden constituirse en mecanismos de articulación

procesal de las partes, mediante los cuales se pretenda extender el debate

de las cuestiones sustantivas y procesales ocurridas en un proceso anterior,

sea este de la naturaleza que fuere y que haya sido resuelto por los órganos

jurisdiccionales ordinarios, pues no constituye un medio impugnatorio

que continúe revisando una decisión que sea de exclusiva competencia

de la jurisdicción ordinaria, facultad que constituye la materialización

de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la

Constitución Política reconoce a este Poder del Estado; a menos que

pueda constatarse un proceder maniﬁestamente irrazonable, que no

es el caso. Que el amparo contra resoluciones judiciales requiere

como presupuestos procesales indispensables la constatación

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

319

de un agravio maniesto a los derechos fundamentales de las

personas que comprometa seriamente su contenido constitucionalmente

protegido (RTC n.º 02363-2009PA/TC); presupuesto básico sin el cual

la demanda resulta improcedente28.

56. En la raíz de todo esto se encuentra, también, la

naturaleza del propio Tribunal Constitucional. Como ha

señalado la doctrina, el Tribunal Constitucional no es una “súper

casación” de las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque

no es misión suya revisar la concepción jurídica causal de los

fallos de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho

ordinario objetivo, formal o material; si bien corresponde al

Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes públicos a la

más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en

tal virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales

ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.29

57. En efecto,

el Tribunal Constitucional no puede convertirse en juez supremo de

cualquier asunto, tanto por razones prácticas como institucionales. (…)

El Tribunal Constitucional, aunque resulte difícil delimitar su ámbito

material de actuación allí donde existe un recurso como el recurso de

amparo, debe limitar su campo de actuación evitando la tentación de

convertirse en un tribunal de justicia más, que revisa las decisiones de

los demás órganos, centrándose sólo en aquellas cuestiones que posean

mayor relevancia e interés constitucional y evitando innecesarias

tensiones institucionales.30

28 Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia relativa al expediente RTC n.º 03333-

2011-PA/TC, del 15 de septiembre de 2011, [en línea], https://www.tc.gob.pe/

jurisprudencia/2011/03333-2011-AA%20Resolucion.html. Las negritas y el

subrayado son nuestros.

29 Cfr. MARTÍNEZ PARDO (Vicente José), El recurso de amparo constitucional:

consideraciones generales, Revista Internauta de Práctica Jurídica, Es paña, núm. 8, 2001 .

30 PÉREZ TREMPS (Pablo), ob. cit., pp. 155-156.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

320

57. En todo esto va, además, la “seguridad jurídica” que

supone la “autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada” de

una decisión para las partes envueltas en un proceso, de modo

que, terminado un caso conforme las posibilidades que provee

la legislación, este no pueda ser revisado sino en casos muy

excepcionales.

58. En este sentido, el recurso de revisión de decisión

jurisdiccional modula el principio de la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite al

Tribunal Constitucional modiﬁcar una decisión que tenga este

atributo, a los ﬁnes de cumplir con su función de salvaguardar

los derechos fundamentales que sean violados en el marco de un

proceso jurisdiccional ordinario. Pero, eso sólo puede ocurrir,

como hemos visto, en los muy especíﬁcos y excepcionales casos

señalados. Esta es, en efecto, una posibilidad que no puede estar –y

no está– abierta para todos los casos, sino sólo para aquellos que,

superados los rigurosos ﬁltros que la ley impone, puedan acceder

a este recurso, ser admitidos por el Tribunal Constitucional y,

consecuentemente, ser conocidos y decididos por este.

59. Es lo que ocurre con el recurso de revisión de

decisión jurisdiccional, cuyas condiciones de admisibilidad son

establecidas por el artículo 53 y, por cierto, conﬁrmadas por el

artículo 54 de la misma ley.

A. Sobre el artículo 54 de la Ley n.º 137-11

60. El artículo 54 establece el procedimiento que rige

el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, que incluye

aspectos de admisibilidad que el Tribunal tiene que evaluar y

respecto de ellos decidir.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

321

61. El texto establece, incluso, una fase primera para

la admisión y una posterior para la decisión del recurso,

conforme los términos del artículo 54.5, que reza: “El Tribunal

Constitucional tendrá un plazo no mayor de treinta días, a partir

de la fecha de la recepción del expediente, para decidir sobre la

admisibilidad del recurso. En caso de que decida admitirlo deberá

motivar su decisión.”31 También, del artículo 54.6, que establece

que la admisibilidad será decidida “en Cámara de Consejo, sin

necesidad de celebrar audiencia”. Y el artículo 54.7, que dice: “La

sentencia de revisión será dictada por el Tribunal Constitucional en

un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la fecha de

la decisión sobre la admisibilidad del recurso.”32

62. En relación con la segunda fase, conviene retener lo que

establecen: el artículo 54.8, que expresa: “La decisión del Tribunal

Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto

del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que

la dictó.”33 Y el artículo 54.10, que dice: “El tribunal de envío

conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido

por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental

violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma

cuestionada por la vía difusa.”34

63. Sin embargo, el Tribunal decidió tomar ambas en una

sola sentencia, en cuya estructura atiende y resuelve, primero, la

admisibilidad del recurso y, luego, el fondo del mismo. Tal fue el

contenido de su decisión en la sentencia TC/0038/12 del trece

de septiembre de dos mil doce. En esta, el Tribunal reconoció que

31 LOTCPC, ob. cit., p. 29. El subrayado es nuestro.

32 Ídem. El subrayado es nuestro.

33 Ídem.

34 Ídem. Los subrayados son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

322

“debe emitir dos decisiones, una para decidir sobre la admisibilidad

o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para

decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia”35;

y, en aplicación de los principios de celeridad, de economía

procesal y de efectividad, resolvió decidir “la admisibilidad y el

fondo del recurso mediante una sola decisión”36.

64. Precisamente, el hecho de que el legislador haya

contemplado la necesidad de dos sentencias, una de

admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la

fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que

el Tribunal pondere y analice a fondo los requisitos o ﬁltros

creados por el legislador para admitir dicho recurso.

65. Así, conviene destacar que la salida del recurso –

una decisión “en relación del derecho fundamental violado”

(54.10) – es coherente con la entrada al mismo –que “se

haya producido una violación de un derecho fundamental”

(53.3) –. Veriﬁcada esta última para la admisión del recurso,

como planteamos, su decisión conduce a la única solución

posible, la ﬁjación del criterio del Tribunal con respecto a

la vulneración previamente identiﬁcada, en la que deberá

establecer los lineamientos a ser seguidos por el tribunal del

cual emanó la decisión inicialmente, para emitir su nueva

decisión, conforme los artículos 54.9 y 54.10, así como

todos los demás tribunales del país, para la interpretación,

aplicación y protección del derecho en cuestión.

35 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0038/12 del

13 de septiembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc003812

36 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

323

B. Sobre el tratamiento dado por el Tribunal Constitucional dominic ano al

artículo 53

66. Conviene, por supuesto, revisar el tratamiento que ha

dado el Tribunal Constitucional dominicano a este recurso.

67. Se puede apreciar que la posición que sustentamos en

este voto no es nueva para el Tribunal, por cuanto este la había

tomado, no en una sino en varias ocasiones. En efecto:

69.1. En su sentencia TC/0057/12 declaró inadmisible el

recurso, fundado en que no se cumplía con el requisito c) del

53.3, toda vez que

la aplicación, en la especie, de la norma precedentemente

descrita ha sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en

consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte de Justicia la

comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la

violación de un derecho fundamental.37

69.2. Asimismo, en su sentencia TC/0064/12 declaró

inadmisible el recurso, en virtud de que “el pedimento no es

un fundamento que tenga la trascendencia y la relevancia

constitucional suﬁcientes, al no constituir violación a algún

derecho tutelado por este tribunal”38. Es decir, no hay violación

a derecho fundamental ni, consecuentemente, relevancia o

trascendencia constitucional, por lo que se inadmite el recurso.

37 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0057/12, del

2 de noviembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc005712. Las negritas y subrayados son

nuestros.

38 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0064/12, del

29 de noviembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc006412 Las negritas y subrayados son

nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

324

69.3. De igual manera, en su sentencia TC/0065/12,

declaró inadmisible el recurso debido a que “en la especie ha

quedado comprobado la no vulneración del derecho de propiedad

alegado por las recurrentes, y al no existir la conculcación al derecho

fundamental invocado, el presente recurso de revisión constitucional

de decisiones jurisdiccionales deviene en inadmisible”.39

69.4. También, el Tribunal en su sentencia TC/0001/13

declaró inadmisible el recurso porque dicho caso no tenía

“especial trascendencia o relevancia constitucional, en razón de

que el tribunal que dictó la sentencia recurrida se limitó a declarar

la perención de un recurso de casación (…)”, y por tanto “no se

suscitó ninguna discusión relacionada a la protección de los derechos

fundamentales”40. Y

69.5. Igualmente, en su sentencia TC/0069/13, declaró

inadmisible el recurso, fundado en que en ese caso “no existe la

posibilidad de vulnerar derechos fundamentales, y por tanto el recurso

(...) no cumple con los supuestos de las decisiones jurisdiccionales a

las que se contrae el artículo 53”41.

69.6. Más recientemente, en su sentencia TC/0121/13

estableció que

al no constituir la omisión de estatuir un error puramente material,

no se veriﬁca violación alguna a los derechos fundamentales de los

recurrentes (…). En consecuencia, la interposición por parte de los

39 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0065/12, del

29 de noviembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc006512. El subrayado es nuestro.

40 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0001/13,

del 10 de enero de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc000113. El subrayado es nuestro.

41 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0069/13,

del 26 de abril de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc006913. El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

325

recurrentes de la revisión constitucional en la especie no cumple con la

normativa prevista en el citado artículo 53.3 de la Ley n.º 137-11, por

lo que procede inadmitir el recurso que nos ocupa42.

70. Hay que decir, sin embargo, que, junto a lo anterior,

el Tribunal ha dado un tratamiento diferente a la admisibilidad

del recurso en muchos otros casos, por lo hay que reconocer

que, si a precedentes vamos, el Tribunal los tiene en ambos

sentidos.

71. Conviene retener, en todo caso, que muchos de los

recursos que el Tribunal ha admitido, han sido rechazados por

no cumplir con lo que el 53.3 establece, es decir, que “se haya

producido la violación de un derecho fundamental”.

III. EL QUID DE LA PROHIBICIÓN DE REVISAR LOS HECHOS EN LOS RECURSOS DE

REVISIÓN DE DECISIÓN JURISDICCIONAL

72. Como avanzamos, una de las razones que ha guiado

a la mayoría en esta decisión se desprende de la prohibición de

revisar los hechos, consagrada en el artículo 53.3.c). Nos parece,

sin embargo, que ésta no es bien entendida.

73. Se ha dicho, en efecto, que el Tribunal no puede veriﬁcar

la violación de un derecho fundamental, como exige el 53.3,

porque no puede revisar los hechos, como consagra el 53.3.c).

74. Resulta interesante, por cierto, notar que este

planteamiento no cuestiona la pertinencia de comprobar, a la

entrada del recurso, que “se haya producido una violación de

42 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0121/13, del 4

de julio de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc012113. Los subrayados son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

326

un derecho fundamental”, sino que se resigna ante la supuesta

imposibilidad de hacerlo.

75. Resulta igualmente interesante –y hasta curioso–

apreciar que, sin que se aporte alguna explicación razonable, tal

imposibilidad no se considere para veriﬁcar la invocación previa

de la vulneración reclamada, ni para comprobar el agotamiento

previo de todos los recursos disponibles sin que la violación haya

sido subsanada, ni para establecer la imputabilidad inmediata

y directa al órgano jurisdiccional del que proviene la decisión

recurrida.

76. En relación con esto último, sin embargo, precisamos

que, por ejemplo, la comprobación de que el derecho de

defensa, cuya vulneración usualmente sirve de base a este

recurso, no se ha producido en vista de que la recurrente

participó en el proceso y defendió sus intereses, en nada se

diferencia de la comprobación de que el derecho vulnerado se

invocó previamente en el proceso ni de la comprobación de los

otros dos requisitos del 53.3. Cada una de estas actuaciones

se relaciona de la misma forma con los hechos. Ninguna de

aquellas implica la revisión de estos. Y lo mismo, pues, debería

considerarse a la hora de comprobar que “se haya producido una

violación de un derecho fundamental”.

77. En todo caso, como ya avanzamos y demostraremos en

estas líneas, esa imposibilidad no es tal, es una imposibilidad mal

entendida.

78. Por supuesto que el Tribunal no puede revisar los

hechos contenidos en el recurso. Pero no es eso lo que está en

juego aquí. Lo que está en juego, como en otros aspectos de este

artículo 53, es lo que se aprehende de esa norma, en este caso lo

que se entiende por revisar los hechos.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

327

79. La imposibilidad de revisar los hechos es coherente

con la naturaleza del recurso. Se trata de un recurso excepcional

y, en tal virtud, no es “un recurso universal de casación”43 ni,

como ha dicho el Tribunal Constitucional español, “una tercera

instancia”44 ni “una instancia judicial revisora”45. Este recurso,

en efecto, “no ha sido instituido para asegurar la adecuación de

las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos o a la idea

que acerca de estos tengan las partes”46. Hacerlo sería anacrónico

pues conllevaría que “los ámbitos constitucionalmente reservados

al Poder Judicial, de una parte, y al TC, de la otra, quedarían

difuminados”47.

80. En este sentido, el Tribunal Constitucional español

ha rechazado la “constante pretensión”48 de que mediante este

recurso se revisen íntegramente los procesos “penetrando en el

examen, resultado y valoración de las pruebas practicadas y justeza

o error del derecho aplicado y de las conclusiones alcanzadas

en las sentencias allí dictadas, erigiendo esta vía del amparo

constitucional en una auténtica súper instancia, si no en una

nueva casación o revisión.”49

43 FERNÁNDEZ FARRERES (Germán). El Recurso de Amparo según la Jurisprudencia

Constitucional; Marcial Pons: Madrid, 1994, p. 35.

44 Tribunal Constitucional de España; en: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Concordancias y jurisprudencia. Ob. cit., p. 221.

45 Ídem.

46 Tribunal Constitucional de España; en: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Concordancias y jurisprudencia. Ob. cit., p. 231. El subrayado es nuestro.

47 FERNÁNDEZ FARRERES (Germán), ob. cit., p. 310.

48 Tribunal Constitucional de España, sentencia STC 105/83, del 23) de noviembre

de 1983, en PORTERO MOLINA, José Antonio. Constitución y jurispr udencia

constitucional, séptima edición corregida y aumentada con jurisprudencia, Tirant Lo

Blanch: Valencia, 2012, p. 477. El subrayado es nuestro.

49 Ídem. El subrayado es nuestro.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

328

81. Así, ha reiterado la alta corte española que, en realidad,

en esta clase de recursos la función del T.C. se limitará a concretar si se

han violado o no los derechos o libertades del demandante, preservándolos

o restableciéndolos, más absteniéndose de cualquier otra consideración

sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales (…), porque (…) en

el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que

las dirigidas a restablecer o preservar los derechos o libertades por razón

de las cuales se formuló el recurso.50

82. Ha reiterado, asimismo:

La justicia constitucional de amparo no es, en modo alguno, una instancia

de revisión y por ello no es la actuación global de un determinado

órgano judicial en un determinado proceso objetivada en una Sentencia

también determinada lo que constituye el objeto del proceso de amparo

constitucional, sino tan solo aquellas violaciones de derechos y libertades

que tengan ‘su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un

órgano jurisdiccional’ (art. 44.1 de la LOTC). Es más: tales posibles

violaciones han de ser enjuiciadas ‘con independencia de los hechos que

dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron acerca de los que,

en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional51.

83. Como se aprecia, el sentido de la expresión “con

independencia de los hechos” es que, separadamente de los hechos

que explican el proceso, el Tribunal se limitará a veriﬁcar que

se ha producido la violación de un derecho fundamental y

que ella es imputable al órgano judicial del que proviene la

sentencia recurrida, sea porque la generó o sea porque no la

subsanó. Así, “con independencia de los hechos”, de ninguna

50 Ídem. El subrayado es nuestro.

51 Tribunal Constitucional de España, ATC 110/81, en FERNÁNDEZ FARRERES,

Germán. ob. cit., p. 312. Precisa este autor: “El ATC 110/81, f.j.1, entre los primeros

pronunciamientos sobre esta cuestión (con posterioridad, entre otros muchos, AATC

119/83, 359/83, 595/83, 20/84, 178/85, etc.)”.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

329

manera signiﬁca que el Tribunal ha de operar de espalda a los

hechos, sino que, de frente a ellos, focaliza su actuación en lo

relativo a la vulneración de derechos fundamentales que se le

presenta en el recurso.

84. El quid de la prohibición de revisar los hechos está en

que el Tribunal, en el marco del recurso, tiene que asumir –y

asume– como veraces y válidos “los hechos inequívocamente

declarados”52 en las sentencias recurridas mediante el recurso. El

Tribunal tiene que partir –y parte– de unos hechos que le son

dados y que no puede revisar, no puede modiﬁcar.

85. En este sentido, el órgano de cierre de la justicia

española ha subrayado que no es atribución suya la de “revisar

los hechos declarados probados y el derecho aplicado en la resolución

judicial impugnada”53, sino que, por el contrario, está obligado a

“partir de los hechos que dieron lugar al proceso declarados probados

por las Sentencias impugnadas (...)”54.

86. Como ha dicho Pérez Tremps,

el recurso de amparo es un recurso donde no se debate sobre elementos

fácticos sino sólo sobre cuestiones jurídicas, por más que estas se

proyecten siempre sobre hechos. Por tanto, casi en la totalidad de

las ocasiones, todo el sustrato fáctico del recurso de amparo viene

predeterminado en la vía judicial previa, sin que pueda revisarse en

amparo (...), de forma que, constando en las actuaciones, no procederá

realizar prueba alguna55.

52 FERNÁNDEZ FARRERES (Germán), ob. cit., p. 184.

53 FERNÁNDEZ FARRERES (Germán), ob. cit., p. 183. El subrayado es nuestro.

54 Tribunal Constitucional de España, Sentencia STC 2/82, en FERNÁNDEZ

FARRERES, Germán. ob. cit., p. 159.

55 PÉREZ TREMPS (Pablo), ob. cit., p. 285.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

330

87. Y en otra parte, aún más claramente, ha dicho el

destacado jurista español:

en los recursos de amparo contra actos y decisiones judiciales (...), el

Tribunal Constitucional ejerce un control de tipo casacional puesto

que no hay identidad de objeto entre el proceso judicial y el recurso de

amparo, sino sólo una revisión de aquel en lo que atañe al respecto a los

derechos fundamentales56.

88. Sin embargo, la prohibición de revisar los hechos no

puede implicar –y no implica– vendar los ojos del Tribunal a

la hora de resolver el recurso. Tal no es, ni puede ser, el sentido

de la norma. Si así fuera, el Tribunal tendría, entonces, que

renunciar a las comprobaciones que manda el artículo 53.3,

y resignar, por tanto, el cumplimiento de este requisito. El

Tribunal quedaría en la anacrónica situación de no poder

cumplir lo que la ley le exige y no poder ejercer “el control

constitucional de las resoluciones impugnadas en sede de garantía

de los derechos fundamentales”57.

89. En relación con esto, es ineludible retener que, como

también ha dicho el Tribunal Constitucional español,

la prohibición de ‘conocer’ de los hechos concierne a la acepción técnico-

procesal de este vocablo que alude a la atribución de competencia. No

se trata de prohibición de conocimiento en el sentido de ilustración o

análisis reﬂexivo de los antecedentes que puede resultar positivo e incluso

necesario para fundar la resolución58.

56 PÉREZ TREMPS (Pablo). ob. cit., p. 300.

57 Tribunal Constitucional de España, Sentencia STC 143/91, en FERNÁNDEZ

FARRERES (Germán), ob. cit., p. 184.

58 Tribunal Constitucional de España, Sentencia STC 46/82, en FERNÁNDEZ

FARRERES (Germán), ob. cit., p. 183. El subrayado es nuestro.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

331

90. Precisión que ha sido reiterada en STC 62/82 y STC

47/85 y en otras decisiones y que

resulta capital, por cuanto supone que el TC no puede revisar los hechos

de los que ha conocido el órgano judicial tal como los mismos han

quedado ﬁjados deﬁnitivamente en el correspondiente proceso. Es decir,

como se ha señalado en diferentes ocasiones (SSTC 54/84, 38/85, etc.),

la eﬁcacia del recurso de amparo se hace depender de la base o apoyo

que supone el respeto a los hechos que se hayan declarado probados por

los Tribunales ordinarios (…)59.

91. Al respecto, Pérez Tremps es claro nuevamente, cuando

aﬁrma que

una cosa es que el Tribunal Constitucional deba abstenerse de volver a

determinar los aspectos fácticos, ya ﬁjados por los Tribunales ordinarios,

o de revisar esa ﬁjación, y otra es que esos aspectos fácticos no sean

relevantes en el recurso de amparo para concluir si ha existido o no lesión

de derechos, pudiéndose, pues, valorar desde esta estricta perspectiva

jurídica. Dicho de otra manera, el que no puedan modiﬁcarse los hechos

declarados probados por los jueces y tribunales es diferente de que no

pueda modiﬁcarse la valoración jurídica de esos hechos, valoración que

está, en la mayor parte de los casos, en la base misma de la petición de

amparo60.

92. Como se aprecia, lo que no puede hacer el Tribunal es

“revisar los hechos declarados probados por el Juez ordinario, en lo

que toca a la existencia misma de tales hechos”61. O bien, lo que se

prohíbe

a este Tribunal es que entre a conocer de los ‘hechos que dieron lugar al

proceso’ cuando la violación del derecho fundamental, cometido por el

59 Ibid.

60 PÉREZ TREMPS (Pablo), ob. cit., p. 301. El subrayado es nuestro.

61 Tribunal Constitucional de España, Sentencia STC 50/91, en FERNÁNDEZ

FARRERES (Germán), ob. cit., p. 186.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

332

órgano judicial, lo sea ‘con independencia de tales hechos’ o, lo que es lo

mismo, lo que veda dicho precepto es el conocimiento de los hechos que

sustancian una pretensión ordinaria (penal, civil o administrativa), que

pudiera estar en conexión con una pretensión de amparo, nacida como

consecuencia de una violación por el órgano judicial de un derecho

fundamental; debiendo este Tribunal limitar, en tal caso, su examen

a los hechos que fundamentan esta última pretensión constitucional62.

93. En ﬁn, que una cosa es mirar los hechos y otra,

sustancialmente diferente, es revisarlos. Y es esto último lo que

se prohíbe hacer al Tribunal Constitucional. En este sentido,

el Tribunal Constitucional puede mirar los hechos y, desde esa

mirada, realizar las comprobaciones que sean pertinentes –entre

ellas, la fundamental de que se haya producido una violación de

un derecho fundamental–.

94. Todo esto adquiere mayor relevancia, cuando se atiende

la clara indicación de la realidad: tal como ha ocurrido en España

–según ha revelado el ex Magistrado del Tribunal Constitucional

español, Pérez Tremps–, también en nuestro país, las violaciones

a derechos fundamentales reclamadas en el marco de estos

recursos son usualmente procesales63, cuya comprobación es

objetiva y supone un riesgo mínimo, por no decir inexistente,

de que el Tribunal violente los límites y pase a revisar los hechos.

95. Así, la imposibilidad de revisar los hechos es una norma

mal entendida que ha conducido a una conclusión equivocada

-la imposibilidad de veriﬁcar la violación de un derecho

62 Tribunal Constitucional de España, Sentencia STC 59/90, en FERNÁNDEZ

FARRERES (Germán), ob. cit., p. 185.

63 Es eso, justamente, lo que se aprecia al analizar los recursos de revisión de decisión

jurisdiccional interpuestos ante el Tribunal Constitucional dominicano: de sesenta

y ocho (68) analizados al 9 de junio de 2014, en cincuenta y cinco (55) lo que se

invoca es la violación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

333

fundamental a la entrada del recurso- y, consecuentemente, a

desvirtuar sus requisitos de admisibilidad.

IV. SOBRE EL CASO CONCRETO

96. En la especie, la recurrente, Ilsa Reyes Sierra, argumenta

que la Corte de Apelación de San Cristóbal y la Suprema

Corte de Justicia violaron su derecho de defensa al aplicar

inadecuadamente el artículo 456 del Código de Procedimiento

Civil, argumento que planteó, sin éxito, en ambas jurisdicciones.

97. En cuanto a la sentencia de apelación, este Tribunal

sostuvo que la misma es inadmisible porque no se agotaron

los recursos disponibles, e indica que “la sentencia recurrida

fue dictada por la Corte de Apelación de San Cristóbal, en

atribuciones civiles y en materia de inquilinato, en la cual no está

prohibido el recurso de casación, recurso este que fue incoado

por la señora Ilsa Reyes Sierra (actual recurrente en revisión

constitucional), con la ﬁnalidad de que se subsanaran las alegadas

violaciones. En tal sentido, el recurso objeto de análisis carece de

interés y debe ser declarado inadmisible”.

98. Por todo lo expuesto previamente en este voto, disentimos

de este razonamiento y aﬁrmamos que la inadmisibilidad de

esta decisión no debe fundarse en tal razón, sino en el hecho de

que no se ha producido la violación a un derecho fundamental.

Y aunque este es el centro de nuestra disidencia, nos parece

necesario, sin embargo, que, al respecto, hagamos algunas otras

consideraciones y precisiones.

99. Recordemos, en este sentido, que la Corte de Apelación

de San Cristóbal dictó la Sentencia n.º 19 el 16 de julio de 1987.

Dicha sentencia, al momento de ser dictada obtuvo la autoridad

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

334

de la cosa juzgada por no existir más recursos ordinarios que

interponer contra ésta. Posteriormente, dentro del plazo

estipulado por la ley, la hoy recurrente interpuso un recurso de

casación –recurso extraordinario– por ante la Suprema Corte

de Justicia contra la decisión dictada en apelación, tal como

conﬁrma el Pleno al señalar que en el presente caso no estaba

“prohibido el recurso de casación, recurso este que fue incoado

por la señora Ilsa Reyes Sierra”. La Suprema Corte de Justicia,

en fecha 15 de febrero del 2012 dictó la Sentencia n.º 182, en

virtud de la cual desestimó el recurso de casación interpuesto

por la recurrente. Por tanto, en este momento –cuando la

Suprema Corte de Justicia rechaza el recurso de casación– es

que la sentencia dictada por la Corte de Apelación adquiere la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, porque, como

explicamos previamente, ya el recurso extraordinario disponible

fue interpuesto y desestimado.

100. Así, la sentencia dictada por la Corte de Apelación está

dentro de las decisiones jurisdiccionales que pueden ser revisadas

por el Tribunal Constitucional, porque tiene la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada y la adquirió con posterioridad

al 26 de enero de 2010. Por tanto, la decisión cumple con los

requisitos establecidos en la parte capital del artículo 53.

101. El Pleno del Tribunal determinó que el recurso era

inadmisible porque, por tratarse de una decisión de apelación,

se debía entender que no se habían agotado los recursos

disponibles, requisito que está establecido en el literal b)

del artículo 53.3. Como explicamos, este requisito no es de

carácter general, sino que solo aplica para los recursos que son

interpuestos en virtud de que se haya producido la violación

de un derecho fundamental, por lo que nos parece incorrecto

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

335

decidir la inadmisibilidad del recurso contra la sentencia de

la Corte de Apelación, fundado solo en esta razón. En todo

caso, si el Tribunal funda su decisión de inadmisión del

recurso contra la sentencia de apelación en el incumplimiento

del 53.3.b), ha debido abordar el análisis de la admisibilidad,

estableciendo, en primer lugar, si se cumplía con el requisito

general establecido en el 53.3, es decir, si ha habido violación

de un derecho fundamental. Si lo hubiera hecho así, habría

debido declarar inadmisible el recurso por el hecho de que la

decisión de apelación no violento derecho fundamental alguno,

como sostenemos en este voto, sin necesidad de continuar con

la evaluación de los requisitos siguientes.

102. No obstante lo anterior, entendemos necesario hacer

una precisión adicional. Si, como sostiene el Pleno, el recurso

contra la decisión de apelación cumplía con el requisito del

53.3, es decir, se invocó la violación de un derecho fundamental,

entonces no es correcto aﬁrmar que esa decisión de amparo no

era admisible por no haber agotado los recursos disponibles.

En efecto, en el presente caso, la violación alegada se produjo

como resultado de la sentencia de apelación, la cual fue recurrida

en casación, lo que evidencia que sí se agotaron los recursos

disponibles, que en este caso era el recurso de casación. De hecho,

como señalamos previamente, el Pleno aﬁrma que el recurso

disponible para agotar era el de casación “recurso este que fue

incoado por la señora Ilsa Reyes Sierra”. Asimismo, podemos

apreciar que la Suprema Corte de Justicia conﬁrmó la sentencia

de apelación, por lo cual no subsanó el derecho fundamental que

se alega vulnerado, cumpliéndose así el requisito del 53.3.b) de

que “se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de

la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

336

sido subsanada”. Como se aprecia, con respecto a la decisión de

apelación recurrida, se ha cumplido el requisito del agotamiento

de los recursos judiciales existentes, a pesar de lo cual el derecho

presuntamente vulnerado no fue restaurado. Es por todo esto

que, aún en la lógica del análisis que hace el Pleno en esta

sentencia, esta causa de inadmisibilidad no es sostenible.

103. Así pues, retomando nuestra línea argumentativa,

reiteramos que el recurso contra la decisión dictada por la Corte

de Apelación debió declararse inadmisible porque no cumplió el

requisito 53.3, es decir, porque la decisión recurrida no vulneró

el derecho fundamental que alegaba la recurrente y, en tal virtud,

debió correr la misma suerte que ha debido correr el recurso

contra la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, que

conﬁrmó la decisión de apelación.

104. Sostenemos esta posición ya que, tal y como explicó el

Pleno en su evaluación de fondo, para que se hubiese veriﬁcado

una violación a su derecho de defensa, la recurrente tendría

que haberse visto impedida de defenderse y de presentar

conclusiones en audiencia durante el proceso de apelación. No

obstante, a pesar de la notiﬁcación irregular, de acuerdo a las

pruebas analizadas y consideradas, la recurrente compareció,

solicitó las medidas que estimó de lugar y pudo defender sus

intereses, razón por la cual la irregularidad fue subsanada y no

se le causó agravio alguno ni, mucho menos, se le vulneró su

derecho de defensa.

105. Por lo anterior, al no cumplirse con el requisito

esencial previsto en el artículo 53.3 de la Ley n.º 137-11, es

decir, la violación de un derecho fundamental no era necesaria la

evaluación de los demás requisitos de admisibilidad establecidos

para este recurso y procedía declararlo inadmisible.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

337

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAGÓN REYES (Manuel), La reforma de la Ley Orgánica

del Tribunal Constitucional, Revista Española de Derecho

Constitucional, número 85, enero-abril 2009.

- FERNÁNDEZ FARRERES (Germán), El Recurso de Amparo según

la Jurisprudencia Constitucional, Marcial Pons, Madrid, 1994.

- GUZMÁN ARIZA (FABIO J.), El lenguaje de la Constitución

dominicana, Academia Dominicana de la Lengua, Gaceta Judicial,

Editora Corripio, S. A., Santo Domingo, 2012.

- JORGE PRATS (Eduardo), Comentarios a la ley orgánica del

Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, IUS

NOVUM, Amigo del Hogar, Distrito Nacional, 2011.

- MARTÍNEZ PARDO (Vicente José), El recurso de amparo

constitucional: consideraciones generales, Revista Internauta de

Práctica Jurídica, España, número 8, 2001.

- PÉREZ TREMPS (Pablo), Los procesos constitucionales. La

experiencia española, PALESTRA, Perú, 2006.

- PORTERO MOLINA (José Antonio), Constitución y jurisprudencia

constitucional, séptima edición corregida y aumentada con

jurisprudencia, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.

- TAVARES hijo (Froilán), Elementos de derecho procesal civil

dominicano, volumen II, octava edición, 1998.

16.

EL PUN TO DE PARTIDA DEL PLAZO PARA I NTERPONE R EL RECUR SO DE

REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE DECISIONES JURISDICCIONALES:

MI INT ERPRETACIÓN DEL ARTÍC ULO 54.1 DE LA LOTCPC 1

Breve resumen de la sentencia TC/0220/17:

Esta sentencia fue dictada en virtud del recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales contenido en el expediente número TC-04-2015-0232, interpuesto por los seño-

res Joan Manuel Martínez Zabala, Islander Isaac Batista Peña, José É. Amirkal García de la Rosa,

Hussein Nikzad Mendoza Rojas y José Edwin Jesús Rodríguez Rodríguez contra la sentencia nú-

mero 282 dictada, el veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), por la Sala Civil y Comercial

de la Suprema Corte de Justicia.

La mayoría del Tribunal decidió inadmitir el recurso de revisión constitucional de deci-

sión jurisdiccional porque fue interpuesto fuera del plazo prejado en el artículo 54.1 de la

LOTCPC .

Estuve conforme con la inadmisibilidad del recurso, pues considero que es la sanción pro-

cesal aplicable a la especie; sin embargo, me distancio de los motivos empleados por el acuerdo

mayoritario para retener tal inadmisibilidad, tanto en cuanto a la determinación del punto de

partida para el cómputo del plazo prejado para recurrir, dispuesto en el artículo 54.1 de la

LOTCPC, como en cuanto al verdadero motivo por el cual el recurso deviene en inadmisible, esto

es: el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 53 del mismo cuerpo normativo.

Mi reiterada posición está fundamentada en los argumentos que se presentan a continua-

ción:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0220/17, del 18 de abril de 2017; la

decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/17555/tc-0220-17_voto-lmpm.

pdf; criterio reiterado, entre otras, en la sentencia TC/0474/19, del 24 de octubre de

2019.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

340

Voto salvado:

1. En la especie, los recurrentes interpusieron un recurso de

revisión de decisión jurisdiccional contra la sentencia número

282, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

en fecha veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), en

virtud de la cual se declaró inadmisible el recurso de casación –

por no encontrarse presente el requisito establecido en el artículo

5, párrafo II, letra c) de la Ley n.º 3726, sobre el Procedimiento

de Casación, modiﬁcada por la Ley n.º 491-08– incoado contra

la sentencia número 839/13, dictada por la Segunda Sala de la

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito

Nacional.

2. El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso

interpuesto al considerarlo extemporáneo, por lo siguiente:

En la especie, se ha podido comprobar que la parte hoy recurrente, Joan

Manuel Martínez Zabala, Islander Isaac Batista Peña, José É. Amirkal

García De La Rosa, Hussein Nikzad Mendoza Rojas y José Edwin Jesús

Rodríguez Rodríguez, presentó su recurso de revisión ante la Secretaría

General de la Suprema Corte Justicia el dieciocho (18) de agosto de dos

mil quince (2015), es decir, cuando había transcurrido un (1) día,

adicional al plazo establecido por el citado artículo 54.1 de la Ley n.º

137-11 para la interposición del recurso de revisión contra la indicada

sentencia, que expresamente establece que el plazo no puede exceder

los treintas (30) días, por lo que el mismo se encontraba vencido, ya

que el último día hábil era el día diecisiete (17) de agosto de dos mil

quince (2015), tomando en cuenta que no se computa el primer día

de la notiﬁcación [miércoles quince (15) de julio de dos mil quince

(2015)] ni el último día del vencimiento del plazo [sábado quince (15)

de agosto de dos mil quince (2015)], ya que el mismo fue considerado

franco por este tribunal; al ser sábado el último día para recurrir, la

fecha indicada para recurrir era el día lunes diecisiete (17) de agosto

de dos mil quince (2015) y no dieciocho (18) del indicado mes y año,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

341

por lo que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa.

3. Estamos de acuerdo con que, en la especie, el recurso de

revisión de decisión jurisdiccional debe declararse inadmisible;

sin embargo, no estamos de acuerdo con la fundamentación

presentada por la mayoría para determinar la inadmisibilidad

del recurso.

4. Para exp licar nue stro salva ment o, ab ordar emos lo r elati vo

a algunos elementos a tomar en cuenta sobre el plazo para recurrir

en revisión constitucional las decisiones jurisdiccionales (I), para,

luego, exponer nuestra posición en el caso particular (II).

I. ALGUNOS ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA SOBRE EL PLA ZO

PARA RECURRIR EN REVISIÓN CONSTITUCIONAL LAS DECISIONES

JURISDICCIONALES

5. Somos de opinión que los requisitos de admisibilidad de

cualquier recurso deben ser evaluados en un orden especíﬁco y

procesalmente lógico, ya que la evaluación de uno hace innecesaria

la veriﬁcación de los demás. Es el caso particular de la interposición

oportuna de los recursos, requisito procesal primordial para la

admisibilidad de un recurso, y luego, de aquellos propios del

mismo, como sucede con aquellos que dimanan del artículo 53

de la Ley n.º 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y

de los procedimientos constitucionales, en el caso de la revisión

constitucional de las decisiones jurisdiccionales.

6. En este sentido, la LOTCPC establece en su artículo 54.1

que “El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado

en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

342

plazo no mayor de treinta días a partir de la noticación de

la sentencia”2.

7. Es decir, como requisito de admisibilidad inicial, se debe

veriﬁcar si el recurso de revisión de decisión jurisdiccional fue

interpuesto dentro de los treinta (30) días que siguieron a la

notiﬁcación de la decisión recurrida.

8. Así, conviene recordar la trayectoria que ha tenido el

tema del manejo del plazo del recurso de revisión de decisión

jurisdiccional en la doctrina jurisprudencial de este colegiado.

9. Al respecto, en la sentencia TC/0335/14 del 22 de

diciembre de 2014, el Tribunal, aplicando mutatis mutandis el

criterio al que arribó en ocasión del cómputo del plazo para

accionar en revisión constitucional de amparo –mediante

la sentencia TC/0080/12 del 15 de diciembre de 2012–, en

el sentido de que este es hábil y franco, en vista de que no

comprenderían parte del cálculo los días no laborables –lo que

lo hace hábil– conjuntamente con el día en que se materializa la

notiﬁcación y el día en que vence el plazo para recurrir –lo que

lo hace franco–, llegó al razonamiento de que:

Como requisito previo para la declaratoria de la admisibilidad de un

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, primero

se debe conocer si la interposición de dicho recurso contra la sentencia

dictada por la interposición del recurso de casación fue realizada dentro

del plazo que dispone la norma procesal, es decir dentro de los treinta

(30) días hábiles y francos que siguen a la noticación, conforme

a la ley y al precedente jado en la Sentencia TC/0080/12 del

quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012).3

2 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, p. 28. Las

negritas y subrayados son nuestros.

3 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0335/14, del

22 de diciembre de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

343

10. Cabe indicar que el criterio anterior fue asumido tomando

como referencia la sentencia TC/0080/12, la cual, como ya hemos

dicho, se dictó en el contexto de un recurso de revisión de sentencia

de amparo, en donde –atendiendo a su naturaleza expedita– el

plazo para recurrir en revisión de amparo –5 días– es muy corto.

11. Pero, no se hizo tardar la intervención de un cambio del

precedente, atendiendo a que el plazo para recurrir en revisión de

decisión jurisdiccional –30 días– establecido en el artículo 54.1 de

la LOTCPC es amplio, suﬁciente y garantista, por lo cual no debe

ser calculado como franco y hábil, sino como franco y calendario.

12. Al respecto, el citado cambio consta en la sentencia

TC/0143/15 del 1 de julio de 2015, donde el Tribunal

Constitucional estableció que:

El plazo previsto en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, Orgánica

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales,

para el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales,

no debe de ser interpretado como franco y hábil, al igual que el plazo

previsto en la ley para la revisión de amparo, en razón de que se trata

de un plazo de treinta (30) días, suﬁciente, amplio y garantista, para la

interposición del recurso de revisión jurisdiccional.

Este plazo del referido artículo debe ser computado de conformidad con

lo establecido en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil,

lo cual aplica en este caso, en virtud del principio de supletoriedad.

En efecto, el indicado artículo establece: “El día de la notiﬁcación y

el del vencimiento no se contarán en el término general ﬁjado por los

emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a

persona o domicilio”, de lo que se inﬁere que el plazo debe considerarse

como franco y calendario, por lo que este tribunal procede a variar el

criterio establecido en la Sentencia TC/0335/14.

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc033514. Las negritas y subrayados son

nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

344

En consecuencia, a partir de esta decisión el Tribunal establece que el

criterio ﬁjado en la Sentencia TC/0080/12, sobre el cómputo de los

plazos francos y hábiles solo aplica en los casos de revisión constitucional

en materia de amparo y que el criterio sobre el plazo para la

revisión constitucional de decisión jurisdiccional será franco y

calendario.4

13. En deﬁnitiva, el plazo –de 30 días– para recurrir en

revisión las decisiones jurisdiccionales debe ser calculado como

franco y calendario.

14. Por otra parte, es necesario recordar que el plazo de

referencia se activa o inicia a computarse a partir del momento

en que se notiﬁca la decisión jurisdiccional atacada, tal y como

precisan los términos de la parte in ﬁne del artículo 54.1 de la

LOTCPC. Pero, esta notiﬁcación, para que surta tal efecto,

debe estar dirigida a la parte contra la cual se pretende hacer

oponer ese computo, ya que la parte a requerimiento de quien

se hace una notiﬁcación no puede –ni de hecho debe– resultar

perjudicada por los efectos de su propia actuación.

15. Basta, como muestra, citar el criterio sostenido por la

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que

nadie puede excluirse a sí mismo una vía recursiva, al considerar

que:

Los plazos para el ejercicio de los recursos se inician cuando a la

parte contra quién corra el plazo se le notica la decisión recurrida,

o a partir del momento en que ésta se pronuncia, si se hace en su presencia,

no ocurriendo lo mismo cuando la noticación es realizada por

ella, pues esa noticación no puede ocasionarle perjuicio en cuanto

4 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0143/15, del 1

de julio de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc014315. Los subrayados y negritas son nuestros.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

345

al punto de partida de los plazos, en aplicación del principio de

que nadie se excluye a sí mismo una vía de recurso.5

16. Es decir que, cuando una decisión judicial es notiﬁcada

por una parte y esta misma es la que ejerce una vía recursiva, para

ﬁnes de determinar la admisibilidad de su recurso por cuestiones

del plazo no se le puede –ni debe– oponer su propia notiﬁcación

como punto de partida del plazo para recurrir, pues su actuación

no puede ir en detrimento suyo. En ese tenor, los casos que se

encuentren inmersos en este supuesto –en el cual no hay prueba

de que al recurrente se le haya notiﬁcado la sentencia, aunque este

la haya notiﬁcado– deben ser tomados como buenos y válidos en

cuanto al plazo, ya que no habría forma del Tribunal precisar a

partir de cuándo calcular el mismo, en vista de que nunca, en

términos procesales, se le ha notiﬁcado la decisión al recurrente.

17. Pues no se trata, conforme al contenido de la norma,

del momento en el cual se tomó conocimiento de la decisión

jurisdiccional –como tiende a suceder en materia de amparo–

para la apertura del plazo, sino de la formal notiﬁcación de la

misma a la parte a quien se le pretende oponer, en arreglo a lo

previsto en el artículo 54.1 de la LOTCPC.

18. Hechas las precisiones anteriores pasaremos a analizar

las particularidades del caso que nos ocupa.

II. SOBRE EL CASO PARTICULAR

19. Como hemos dicho, en la especie, estamos de acuerdo con

la decisión de la mayoría del Tribunal Constitucional, en cuanto

5 Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala. Sentencia número 20, del 11 de febrero de

2009, Boletín Judicial número 1179.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

346

a inadmitir el recurso de revisión de decisión jurisdiccional. Sin

embargo, salvamos nuestro voto en dicha decisión en vista de

que no compartimos los motivos que han dado lugar a la misma,

tal y como explicamos a continuación.

20. De acuerdo con la glosa documental que reposa en el

expediente, la decisión recurrida fue notiﬁcada a requerimiento

del licenciado Carlos H. Rodríguez, en su condición de abogado

de los recurrentes, Joan Manuel Martínez Zabala, Islander

Isaac Batista Peña, José E. Amirkal García De La Rosa, Hussein

Nikzad Mendoza Rojas y José Edwin Jesús Rodríguez Rodríguez,

mediante el acto número 992/15 de fecha 15 de julio de 2015,

instrumentado por Freddy Méndez Medina, alguacil ordinario

de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Nacional, a la entidad Seguros Sura, S. A.,

parte recurrida.

21. De igual forma, consta en el expediente el depósito

del presente recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional ante la secretaría general de la Suprema Corte

de Justicia el 18 de agosto de 2015. De lo cual se evidencia,

claramente, que el recurso fue interpuesto treinta y cuatro (34)

días después de notiﬁcada la sentencia por los recurrentes.

22. La mayoría del Tribunal indicó en la sentencia que:

En el caso de la especie, es veriﬁcable que la actuación mediante la

cual los recurrentes producen la notiﬁcación de la sentencia evidencia

efectivamente que estos habían tomado conocimiento de la misma

por otra vía, por lo que el plazo para para la interposición del recurso

empieza a correr desde la fecha en que se produjo dicha actuación.

23. Es decir, que el razonamiento al que ha arribado la

mayoría de este colegiado comprende que la notiﬁcación realizada

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

347

por los recurrentes les afecta en cuanto al inicio del cómputo del

plazo para recurrir, valiéndose en que, para recurrirla, en algún

momento, tomaron conocimiento de la misma.

24. Sin embargo, estimamos –tal y como ha precisado la

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia respecto a que

nadie puede excluirse una vía de recurso– que el hecho de que

los recurrentes hayan tomado conocimiento de la sentencia, por

la vía y en el momento que fuere y, en consecuencia, la hayan

notiﬁcado a la parte recurrida mediante el acto número 992/15,

no puede –ni debe– entenderse que este acto procesal habilitó el

plazo –de caducidad– a la parte recurrente y por ende, la misma,

se encontraba obligada a interponer su recurso, al igual que la

parte notiﬁcada –si así lo estimaba– dentro de los subsecuentes

treinta (30) días conforme lo prevé el artículo 54.1 de la

LOTCPC.

25. Y es que, en aplicación del principio de que nadie se

excluye a sí mismo una vía de recurso y que los plazos procesales

–como el establecido en el artículo 54.1 de la LOTCPC– corren

a favor de quien notiﬁca y en contra de a quien se le notiﬁca, a

la fecha de interposición del presente recurso (18 de agosto de

2015) los recurrentes disponían de tiempo hábil para interponer

el recurso, ya que conforme a la glosa procesal la sentencia

número 282, del 22 de abril de 2015, dictada por la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia, no le ha sido notiﬁcada.

26. Por todo lo expuesto anteriormente, es que entendemos

que el presente recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional fue ejercido oportunamente, ya que nunca

se inició el cómputo del plazo para tales ﬁnes, previsto en el

artículo 54.1 de la LOTCPC, razón por la cual el Tribunal

Constitucional debió reconocer la superación de este requisito

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

348

procesal universal en materia de recursos y debió adentrarse a

analizar la admisibilidad del recurso conforme a los términos de

los artículos 277 de nuestra Constitución y 53 de la LOTCPC.

27. Por otra parte, consideramos que la inadmisibilidad

del recurso de revisión de decisión jurisdiccional debió estar

motivada en el sentido de que el mismo no superó el requisito

de admisibilidad previsto en el artículo 53.3 de la LOTCPC,

en vista de que los recurrentes no demostraron que la Primera

Sala de la Suprema Corte de Justicia, al momento de aplicar

el artículo 5, párrafo II, letra c), de la Ley n.º 3726, sobre el

Procedimiento de Casación –modiﬁcada por la Ley n.º 491-

08–, para declarar inadmisible su recurso de casación, produjo

la violación de algún derecho fundamental de tales justiciables.

17.

PORMENORES DE LA EXTINCIÓN DEL RECURSO

DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE DECISIONES JURISDICCIONALES

POR LA MUERTE DEL RECURRENTE 1

Breve resumen de la sentencia TC/0364/17:

Esta sentencia fue dic tada en ocasión del recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales contenido en el expediente número TC-04-2015-0237, interpuesto por el señor

Jacinto José Saldaña Fortuna contra la sentencia número 67 dictada, el veintitrés (23) de julio de

dos mil catorce (2014), por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia.

La mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional decidió admitir el recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional y rechazarlo tras vericar que las Salas Reunidas de la

Suprema Corte de Justicia, cuando se aprestó a rechazar su recurso de casación, no incurrieron

en la violación de derecho fundamental alguno del recurrente.

No estuve de acuerdo con que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso y lo rechazara

aplicando su reiterada interpretación sobre el artículo 53 de la LOTCPC; pues, desde mi pers-

pectiva, en la especie procedía declarar la extinción del recurso de revisión constitucional de

decisión jurisdiccional por la muerte del recurrente, motivo que me llevó a disentir de la posición

mayoritaria y expresar lo siguiente:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0364/17, del 11 de julio de 2017;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/9819/tc-0364-17.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

350

Voto disidente:

1. En la especie, el recurrente interpuso un recurso de

revisión de decisión jurisdiccional contra la sentencia 67/2014,

dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia

el veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014), alegando

violación a los artículos 68, 69 incisos 2, 3, y 4 y artículo 74 de

la Constitución.

2. El Tribunal Constitucional decidió admitir el recurso, al

considerar que se veriﬁcan todos los requisitos de admisibilidad

establecidos en la norma, y muy particularmente en los literales

y párrafo del artículo 53.3 de la Ley n.º 137-11, Orgánica del

Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales; sin

embargo, al conocer el fondo de la cuestión, aunque advierte

el fallecimiento del recurrente, y aunque advierte además que

la muerte del imputado extingue la acción penal, conoce del

asunto bajo el argumento siguiente:

En relación a este aspecto civil, como se trata de acciones

relacionadas con derechos objeto de transmisión sucesoral,

la pena no recae en la persona del recurrente, sino en su

patrimonio, en consecuencia la aplicabilidad de la misma es

viable y no desaparece con la muerte del recurrente ya que por

su naturaleza civil y el carácter de universalidad, sobrepasa el

marco de lo individual y personal a diferencia de la condena

privativa de libertad, y las consecuencias que pudieran derivar de

tal imposición, recaen sobre el patrimonio que pudiera poseer el

extinto recurrente y la viabilidad de su ejecución estarán sujetas

a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil.

3. Concluye, en ﬁn, que “luego de analizar el caso que nos

ocupa, considera que, con su decisión, Las Salas Reunidas de la

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

351

Suprema Corte de Justicia, al rechazar el segundo recurso de casación,

no vulneró los derechos fundamentales alegados por el recurrente, que

tal decisión fue dada con apego a la ley y al derecho, por lo que se

rechaza el presente recurso de revisión y se conﬁrma la sentencia”.

4. Discrepamos de la decisión de la mayoría, porque

consideramos que, en la especie, el recurso debía declararse

extinto, en razón de la muerte del recurrente, sin necesidad de

veriﬁcar los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo

53.3 de la referida Ley n.º 137-11, los cuales –cabe advertir– no

fueron ponderados adecuadamente.

I. SOBRE LA EXTINCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DE DECISIÓN

JURISDICCIONAL

5. En la especie, tal y como ha explicado la mayoría en la

sentencia objeto de nuestra disidencia, el conﬂicto se origina en

ocasión de la compraventa de un inmueble que se negociaba entre

los señores Grace Amparo Moya y Jacinto José Saldaña Fortuna.

En el marco de la negociación la compradora, Grace Amparo

Moya, entendiendo que el vendedor, Jacinto José Saldaña Fortuna,

la había estafado, lo somete a la acción de la justicia.

6. Luego de recorrer varias instancias, las Salas Reunidas

de la Suprema Corte de Justicia, mediante la sentencia objeto

de revisión por el Tribunal Constitucional, rechaza un segundo

recurso de casación incoado por Jacinto José Saldaña Fortuna,

sobre el cual pesa –al momento de interponer el presente recurso-

una condena de un (1) año de prisión y una indemnización a

favor de la querellante, por la suma de cinco millones de pesos

dominicanos (RD$5,000,000.00), por los daños morales y

materiales ocasionados.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

352

7. Sin embargo, tal y como señala el Tribunal Constitucional,

el señor Jacinto José Saldaña Fortuna, falleció el diecinueve (19)

de enero de dos mil quince (2015).

8. La Ley n.º 137-11 no dispone nada relativo al procedimiento

a seguir en caso de fallecimiento de la parte recurrente; sin embargo,

conforme a lo previsto por el artículo 7.12 de dicha norma, que

describe el principio de supletoriedad como uno de los principios

rectores de los procedimientos constitucionales,

Para la solución de toda imprevisión, oscuridad, insuﬁciencia o

ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios

generales del Derecho Procesal Constitucional y sólo subsidiariamente

las normas procesales aﬁnes a la materia discutida, siempre y cuando no

contradigan los ﬁnes de los procesos y procedimientos constitucionales y

los ayuden a su mejor desarrollo.

9. En la especie, el recurso de revisión constitucional que

nos ocupa deriva de un proceso penal seguido a cargo de la parte

recurrente, por tanto, las reglas del proceso penal son las aﬁnes

para la solución del asunto que nos ocupa.

10. En tal sentido, el artículo 44 del Código Procesal Penal

ha dispuesto lo siguiente:

Art. 44. Causas de Extinción. La acción penal se extingue por:

1. Muerte del imputado;

2. Prescripción;

3. Amnistía;

4. Abandono de la acusación, en las infracciones de acción privada;

5. Revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando la

acción pública depende de aquella;

6. Aplicación del criterio de oportunidad, en la forma prevista por

este código;

7. Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento

penal, sin que haya mediado revocación;

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

353

8. Muerte de la víctima en los casos de acción privada, salvo que la

ya iniciada por ésta sea continuada por sus herederos, conforme lo

previsto en este código;

9. Resarcimiento integral del daño particular o social provocado,

realizada antes del juicio, en infracciones contra la propiedad sin

grave violencia sobre las personas, en infracciones culposas y en las

contravenciones, siempre que la víctima o el ministerio público lo

admitan, según el caso;

10. Conciliación;

11. Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso;

12. Vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento

preparatorio sin que se haya formulado acusación u otro requerimiento

conclusivo;

13. Pago del máximo previsto para la pena de multa, en el caso de

infracciones sancionadas sólo con esa clase de penas.

11. Tal y como se observa, la muerte del imputado produce

la extinción de la acción penal. De esta premisa, por aplicación del

principio de subsidiariedad, la consecuencia lógica de la muerte

del recurrente en revisión ante el tribunal constitucional, cuando

la decisión jurisdiccional impugnada deriva de una acción penal,

el Tribunal Constitucional, de la misma manera debe declarar la

extensión del recurso de revisión constitucional.

12. Pero, para conocer del recurso y dictar una sentencia

sobre el fondo de la cuestión, el Tribunal Constitucional alega

que, en relación al aspecto civil,

como se trata de acciones relacionadas con derechos objeto de transmisión

sucesoral, la pena no recae en la persona del recurrente, sino en su

patrimonio, en consecuencia, la aplicabilidad de la misma es viable

y no desaparece con la muerte del recurrente ya que por su naturaleza

civil y el carácter de universalidad, sobrepasa el marco de lo individual

y personal a diferencia de la condena privativa de libertad.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

354

13. Si bien estamos de acuerdo con este razonamiento, no menos

cierto es que, conforme a las reglas del propio Código Procesal Penal,

en el artículo 53, la “acción civil accesoria a la acción penal sólo puede

ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal”.

14. Extrapolando dicha regla al procedimiento constitucional

que nos ocupa, si se declara extinto el recurso, por vía de

consecuencia, lo que es accesorio, en este caso lo civil, no puede

ser conocido por este órgano constitucional, ni siquiera aún si los

sucesores del imputado que aceptan la sucesión intentan renovar la

instancia, en virtud de que, el proceso penal se reviste del principio

de personalidad de la persecución, sobre el cual dispone el artículo

17 del Código Procesal Penal, que

Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción

sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión

de un hecho punible con miras a obtener su colaboración o la entrega del

imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal.

15. Es por lo anterior que consideramos que, frente a la muerte

del recurrente en revisión de una decisión jurisdiccional dictada en

ocasión de un proceso penal, como el que nos ocupa, el recurso

debe ser declarado extinto.

II. SOBR E EL ARTÍC ULO 53 DE LA LE Y NÚMERO 13711

16. El artículo 53 de la Ley n.º 137-11 instaura un nuevo

recurso, el de revisión de decisión jurisdiccional y, al hacerlo,

establece también, los requisitos para su admisión.

17. Dicho texto reza:

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

355

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010,

fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los

siguientes casos:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una

ley, decreto,

reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno

de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la

vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido

subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar

al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal

Constitucional no podrá revisar.

Párrafo.–- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando

este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia

constitucional, el contenido del recurso de revisión justiﬁque un examen

y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá

motivar sus decisiones.2

18. Respecto de este asunto, queremos reiterar lo que hemos

venido advirtiendo de manera coherente.

2 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, pp. 27- 28.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

356

19. En la especie, el recurrente alega que hubo violación a los

artículos 68, 69 incisos 2, 3, y 4 y artículo 74 de la Constitución.

20. Para fundamentar la admisibilidad del recurso, el Pleno

determinó que se veriﬁcaban todos los requisitos dispuestos en el

artículo 53.3 de la referida Ley n.º 137-11; esto sin previamente

veriﬁcar que, en la especie, se aprecia vulneración a derechos

fundamentales.

21. Discrepamos de tal postura puesto que, tal y como hemos

explicado previamente, de conformidad con las disposiciones del

artículo 53.3 de la Ley n.º 137-11, el Tribunal Constitucional

debe admitir el recurso, pero fundado en la comprobación de

las violaciones invocadas. En efecto, el Tribunal Constitucional

debe primero veriﬁcar la vulneración a un derecho fundamental

y, a partir de esa veriﬁcación, continuar con la evaluación de los

requisitos posteriores.

22. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación

a algún derecho fundamental, se procederá a la veriﬁcación de

los requisitos establecidos en los literales a), b) y c), así como

el párrafo (especial trascendencia), todos del artículo 53.3. El

Tribunal siempre debe evaluar la concurrencia de estos cuatro

requisitos, luego de que veriﬁque la existencia de una vulneración

a un derecho fundamental, y no limitarse a indicar que el

recurrente los alegó o que eventualmente se podrían cumplir los

mismos.

23. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión

jurisdiccional es un recurso excepcional y extraordinario que

debe pasar por un ﬁltro para poder ser admitido. Por tanto,

la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible

para el buen funcionamiento de esta ﬁgura procesal

constitucional.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

357

24. Tal y como aﬁrmamos, la comprobación de la violación

a derechos fundamentales es una cuestión que determina la

admisibilidad del recurso, y no la evaluación de fondo del mismo.

Si se comprueba que ha habido violación alguna, entonces

procedería evaluar la concurrencia de los requisitos exigidos en

los literales a, b, c, y en el párrafo, del referido artículo 53.

25. En el presente caso, el Pleno, al analizar el fondo

de la cuestión, señala que no hubo vulneración a derechos

fundamentales, conclusión de la cual discrepamos, pues, como

hemos señalado, lo que procedía era declarar la extinción del

recurso, sin ni siquiera llegar al análisis del referido artículo 53. No

obstante, lo hace, y lo hace de manera inadecuada y no conforme

al sentido y previsión de la ley.

26. Por todo lo anterior, disentimos de la decisión dictada

por este Tribunal Constitucional.

18.

SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LOS

EFECTOS EJECUTIVOS DE UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL CON

AUTORIDAD DE LA COSA IRREVOCABLEMENTE JUZGADA 1

Breve resumen de la sentencia TC/0710/17:

Esta sentencia fue dictada respecto de la demanda en suspensión de sentencia contenida

en el expediente número TC-07-2017-0034, incoada por los señores Silverio Cruz y Bolívar Díaz

Franco contra la sentencia número 552 dictada, el doce (12) de oc tubre de dos mil dieciséis

(2016), por la Tercera Sala de la Suprema Cor te de Justicia.

El acuerdo mayoritario del Tribunal Constitucional decidió acoger las pretensiones de los

demandantes y, en consecuencia, suspender los efectos ejecutivos de la decisión jurisdiccional

estimando que la eventual ejec ución del desalojo respecto de la vivienda de los demandantes

puede tornarse en un daño irreparable.

Manifesté mi desacuerdo con el acogimiento de la susodicha demanda pues, contrario al

criterio asumido por la mayoría, estimo que en la especie no se encuentran presentes los presu-

puestos para conceder la suspensión de los efectos ejecutivos de una decisión jurisdiccional que

goza de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

Mi disidencia se está fundamentada en lo siguiente:

1 Voto disidente asentado en la sentencia TC/0710/17, del 8 de noviembre de 2017;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/15776/tc-0710-17_jpck.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

360

Voto disidente:

En la especie se ha interpuesto una demanda en

suspensión de ejecución de la sentencia número 552, dictada

por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el doce

(12) de octubre de dos mil dieciséis (2016), que rechazó el

recurso de casación interpuesto por los señores Silverio Cruz

Taveras y Bolívar Díaz Franco, contra la sentencia dictada por

el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el

10 de abril de 2015.

El Tribunal Constitucional procedió a acoger la demanda

y suspender la ejecución de la referida sentencia, hasta tanto

sea decidido el recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional interpuesto contra la misma.

Discrepamos de la decisión de la mayoría, muy especialmente

en razón de los motivos que justiﬁcaron la decisión, tal y como

exponemos a continuación:

I. EL RECURSO DE REVISIÓN Y LA DEMANDA EN SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN

DE DECISIÓN JURISDICCIONAL

1. El artículo 53 de la Ley n.º 137-11, Orgánica del Tribunal

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, consagra

el recurso de revisión de decisión jurisdiccional en los siguientes

términos:

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010,

fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los

siguientes casos:

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

361

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,

decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.2

2. Con el objeto de garantizar la efectividad de la sentencia

que emita el Tribunal Constitucional a raíz del apoderamiento

de este recurso, el legislador previó la posibilidad de que este

mismo Tribunal suspenda los efectos de la ejecución de la

sentencia impugnada, a solicitud de parte, en los breves términos

establecidos en el artículo 54.8 de la referida LOTCPC, a saber:

El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente

motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga

expresamente lo contrario.3

3. Como se observa, el legislador no se ocupó de establecer

el procedimiento a seguir en casos de demanda en suspensión,

ni las circunstancias relativas a su procedencia. Ha sido el

mismo Tribunal Constitucional el que ha ido perﬁlando el

procedimiento a seguir, así como los criterios de admisibilidad

de lo que se conoce como demanda en suspensión de ejecución

de decisión jurisdiccional.

4. En este sentido, conviene destacar la sentencia

TC/0039/12, mediante la cual, amparado en los principios de

autonomía procesal y de efectividad –en ocasión de los cuales

se le faculta a la regulación procesal constitucional en aquellos

aspectos que presenten vacíos normativos, a los ﬁnes de resolver

el problema concreto–, regula el procedimiento a seguir para

2 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, p. 27.

3 LOTCPC, ob. cit., p. 29.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

362

la interposición de la demanda en suspensión de ejecución de

decisión jurisdiccional.

5. Respecto de los criterios a determinar para la procedencia

de la referida demanda, el Tribunal Constitucional ha ido

desarrollando su jurisprudencia, entre las cuales destacamos la

sentencia TC/0255/13, que establece lo siguiente:

i) Para el otorgamiento de cualquier medida cautelar –incluida, por

supuesto, la suspensión de ejecución de una sentencia–, el tribunal ha

de considerar el señalado criterio de la naturaleza no económica de la

condenación, pero no solamente ese, sino también otros criterios a partir

de los cuales analizará los intereses en conﬂicto.

j) Estos otros criterios responden a que, como se indicó previamente, las

decisiones que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada tienen una presunción de validez y romper dicha presunción

– consecuentemente afectando la seguridad jurídica creada por estas–

sólo debe responder a situaciones muy excepcionales. Es decir, según

la doctrina más socorrida, la ﬁgura de la suspensión de las decisiones

recurridas no puede ser utilizada como una táctica para pausar,

injustiﬁcadamente, la ejecución de una sentencia que ha servido como

conclusión de un proceso judicial.

k) En la especie, la parte demandante procura la suspensión de una

resolución judicial cuya ejecución le ocasionaría un daño no económico,

en la medida en que le coartaría su derecho de libertad, según alega, “a

través de la persecución y ejecución de una prisión correccional impuesta

de manera injusta”.

l) Así pues, es necesario determinar, con un examen preliminar, si

el solicitante plantea argumentos que cuestionen, válidamente, los

fundamentos de la sentencia recurrida y si sus pretensiones justiﬁcan

que el tribunal adopte una medida cautelar que afectará, de

manera provisional, la seguridad jurídica que conlleva una decisión

jurisdiccional deﬁnitiva. Esta determinación es necesaria para evitar

que, en lugar de proteger un derecho, se afecte el derecho de una parte

a quien ya los tribunales le han otorgado ganancia de causa con una

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

363

sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, o bien

de un tercero que no fue parte del proceso. Para esto es preciso evaluar

las pretensiones del solicitante en cada caso.

m) En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha dicho que

cuando se examinan los intereses en conﬂicto se revela la existencia

de un interés general, en el entendido de que la efectividad de la

tutela judicial sólo se alcanza con la ejecutoriedad de toda sentencia

que sea ﬁrme y deﬁnitiva. Por esto, sólo en casos donde el solicitante

ha demostrado cuáles son sus pretensiones jurídicas –es decir, qué

pretende lograr con la suspensión y revocación de la sentencia

recurrida– y que éstas, aún analizadas sumariamente, parecen

razonables, dicho tribunal ha ordenado la suspensión como medida

precautoria.4

6. En ﬁn, que, de la referida decisión se inﬁere que, para la

procedencia de la suspensión, se requiere:

i) que el daño no sea reparable económicamente;

ii) que exista apariencia de buen derecho en las pretensiones de quien

busca que se otorgue la medida cautelar, y

iii) que el otorgamiento de la medida cautelar, en este caso, la suspensión,

no afecte intereses de terceros en el proceso.5

7. Es oportuno destacar que –de conformidad con la ley–

cuando el Tribunal Constitucional admite un recurso de revisión,

lo debe hacer luego de veriﬁcar que, en un proceso judicial que

ya culminó: 1. no se hayan subsanado –o se hayan cometido–

vulneraciones a derechos fundamentales; 2. se haya violado un

precedente constitucional; o 3. una norma se haya declarado

4 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0255/13, del

17 de diciembre de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc025513.

5 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

364

inaplicable por inconstitucional. Todo esto, siempre con el ﬁn

de garantizar la supremacía y el orden constitucional.

8. Otros criterios que podrían contribuir con la sana

administración de justicia constitucional, y que consideramos

que resultan adecuados para la solución de la petición que haga la

parte mediante este tipo de demandas, es la adopción de un test

tripartito en el cual se veriﬁque la concurrencia de los siguientes

criterios:

a. La ejecución de la sentencia podría vulnerar, a lo menos,

un derecho fundamental del demandante;

b. Con la adopción de la medida se garantizan ﬁnes

constitucionalmente válidos;

c. Es una medida necesaria e idónea para garantizar

los objetivos del recurso de revisión, y no exista otro

mecanismo menos lesivo para lograrlo.

9. A lo anterior, adicionalmente podría considerarse como

un criterio apto para contribuir a una decisión más adecuada,

sin vulnerar el principio de legalidad, el que la suspensión no

produzca perjuicio a los intereses sociales, como por ejemplo

aquellos casos en los que la suspensión afecte medidas estatales

que garantizan el bienestar general; o que con la suspensión se

pueda ver alterado el orden público.

10. Consideramos que, con criterios como estos el tribunal

garantiza una mínima laceración al principio de seguridad jurídica

que, como sabemos, se limita con estos tipos de procedimientos

en los que la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada se

ve afectada por la revisión que hace el Tribunal Constitucional

en razón del recurso de revisión que ha dado al traste con la

demanda en suspensión de la que es apoderado.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

365

II. SOBRE EL CASO CONCRETO

11. En la especie, el Tribunal Constitucional procedió

a acoger la demanda y suspender la ejecución de la referida

sentencia, hasta tanto sea decidido el recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto contra esta.

12. Para tomar esta decisión, el Tribunal Constitucional

ha insistido en que la misma procede, sin más análisis, cuando

con la demanda se procura la suspensión de ejecución de una

decisión jurisdiccional en virtud de la cual se va a realizar el

desalojo de una vivienda familiar, acción que pudiera causar

daños y perjuicios al núcleo familiar.

13. Disentimos de la decisión. Y es que en la especie, la mayoría

de este Tribunal no se detuvo a valorar siquiera los criterios de

admisibilidad establecidos en su propia jurisprudencia, asentada

claramente en el precedente de la sentencia TC/0255/13, antes

citada, en ocasión del cual la demanda en suspensión procede

cuando el daño no sea reparable económicamente, cuando exista

apariencia de buen derecho en las pretensiones de quien busca

que se otorgue la medida cautelar y cuando el otorgamiento de

la medida cautelar, en este caso, la suspensión, no afecte intereses

de terceros en el proceso.

14. Ninguno de esos criterios fue tomado en consideración,

ni se observaron en la especie, sino la sola posibilidad de que, al

tratarse de una sentencia que pudiera provocar el desalojo de una

vivienda familiar, a ésta, a la familia, pudiera causársele daños y

perjuicios irreparables.

15. Bajo esas consideraciones, más que garantizar el núcleo

familiar –cuya afectación no fue demostrada en el caso que

nos ocupa–, se estaría abriendo paso a una grave vulneración

al derecho de propiedad del demandado, afectando al mismo

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

366

tiempo la seguridad jurídica que debe revestir una decisión

ﬁrme que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, tal y como la que ha sido objeto de la presente demanda.

16. Además, somos abanderados del criterio de que la

suspensión de las decisiones recurridas no puede convertirse

en una herramienta para impedir que los procesos judiciales

lleguen a su conclusión, por lo que es necesario que se demuestre

fehacientemente la posibilidad de que ocurra un daño realmente

irreparable, lo cual no sucede en la especie.

17. Es por tales motivos que consideramos que, en la

especie, la demanda en suspensión debió ser rechazada y no

acogida, como ha decidido la mayoría de este Tribunal, motivo

por el cual hemos disentido de la presente decisión.

19.

CRÍTICAS A CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD

DEL RECURSO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL DE DECISIONES

JURISDICCIONALES, FIJADOS EN EL PRECEDENTE TC/0057/12 1

Breve resumen de la sentencia TC/0242/22:

Esta sentencia fue dic tada en ocasión del recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales contenido en el expediente número TC-04-2021-0040, interpuesto por la Di-

rección General de Impuestos Internos (DGII) contra la resolución número 417-2018 dictada,

el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018), por la Tercera Sala de la Suprema Corte de

Justicia.

La mayoría declaró admisible el recurso, lo rechazó en cuanto al fondo y, en consecuencia,

conrmó la decisión jurisdiccional recurrida; esto tras estimar que cuando la Tercera Sala de la

Suprema Corte de Justicia decidió declarar la perención del recurso de casación en base al pá-

rrafo II del artículo 10 de la Ley n.º 3726, sobre Procedimiento de Casación, no violentó derecho

fundamental alguno que pudiera derivar en la anulación del fallo.

No estuve de acuerdo con que el Tribunal Constitucional admitiera el recurso y lo rechazara

aplicando su reiterada interpretación sobre el artículo 53 de la LOTCPC; pues, desde mi perspec-

tiva, en la especie procedía declarar el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccio-

nal inadmisible.

Independientemente de lo anterior, estimo que para el Tribunal Constitucional entrar a co-

nocer el fondo del recurso debió referirse puntualmente a la vigencia del precedente TC/0057/12,

ya que, conforme a esa línea jurisprudencial, en estos escenarios se impone la inadmisibilidad

del recurso por incumplimiento del requisito previsto en el artículo 53.3.c) de la LOTCPC.

Las razones que incitan mi disidencia son las siguientes:

1 Voto disidente a incorporar en la sentencia TC/0242/22, del 4 de agosto de 2022;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://www.

tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc024222.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

368

Voto disidente:

1. En la especie, la parte recurrente, Dirección General de

Impuestos Internos (DGII), interpuso un recurso de revisión

constitucional contra Resolución n.º 417-2018, de fecha treinta

(30) del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), dictada

por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal

Constitucional (TC) consideró que el recurso era admisible al

cumplirse los requisitos del artículo 53.3 de la Ley n.º 137-11,

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos

Constitucionales, y lo rechazó al considerar que se no se aprecia

vulneración a derechos fundamentales.

2. Estamos completamente de acuerdo con que, en la

especie, no se ha puesto de maniﬁesto alguna violación a derecho

fundamental; sin embargo, estimamos oportuno dejar constancia

de nuestra posición particular respecto a los argumentos vertidos

por la mayoría para retener la admisibilidad del recurso, con la

cual no estamos contestes. Principalmente, retenemos nuestra

disidencia sobre como la mayoría decidió tratar el límite de

admisibilidad cuando un órgano jurisdiccional se limita a aplicar

la ley pura y simplemente —precedente planteado desde la

Sentencia TC/0057/12— en fase de fondo.

3. Para ﬁnes de estructura, este voto se encuentra dividido

de la siguiente manera: (i) Breves notas sobre una prolongada

y reiterada posición: mi interpretación sobre el artículo 53 de

la Ley n.º 137-11. (ii) Principales bondades de la sentencia

TC/0057/12. Una de las primeras decisiones emblemáticas del

TC sobre la admisibilidad del RRCDJ. (iii) La inimputabilidad de

violación a derechos fundamentales a los órganos jurisdiccionales

por decidir acorde a la normativa procesal vigente (interpretación

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

369

del artículo 53.3.c y aplicación de la sentencia TC/0057/12).

(iv) Breve paréntesis a la violación a las reglas procesales para

la modiﬁcación de criterios jurisprudenciales del TC y (v) en el

caso concreto.

I. BREVES NOTAS SOBRE UNA PROLONGADA Y REITERADA POSICIÓN: MI

INTERPRETACIÓN SOBRE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY NÚMERO 137-11

4. A modo de introducción, reiteramos—muy

brevemente—nuestra posición sobre el tratamiento de la fase

de admisibilidad bajo las disposiciones del artículo 53.3 de la

Ley n.º 137-11. En esta etapa, el Tribunal Constitucional debe

admitir el recurso, pero no fundado en la invocación de las

referidas violaciones, sino más bien en la comprobación de estas.

En efecto, el Tribunal Constitucional debe, primero, veriﬁcar la

vulneración a un derecho fundamental, no su simple alegación,

y, a partir de esa veriﬁcación, continuar con la evaluación de los

requisitos posteriores.

5. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación a un

derecho fundamental, procederá a la veriﬁcación de los requisitos

establecidos en los literales a), b) y c), así como en el párrafo

(especial trascendencia), todos del artículo 53.3. El Tribunal

siempre debe evaluar la concurrencia de estos cuatro requisitos,

luego de que veriﬁque la existencia de una vulneración a un

derecho fundamental, y no limitarse a indicar que el recurrente

los alego o que eventualmente se podrían cumplir los mismos.

6. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión

jurisdiccional es un recurso excepcional y extraordinario que

debe pasar por un ﬁltro para poder ser admitido. Por tanto,

la evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

370

para el buen funcionamiento de esta ﬁgura procesal

constitucional

7. Conforme a lo establecido en el artículo 53.3 de la Ley

n.º 137-11, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional

será admisible cuando se veriﬁque la vulneración de un derecho

fundamental. Por tanto, en el presente caso es preciso determinar

inicialmente si se produjo una violación a algún derecho

fundamental.

8. Dicho esto, procederemos a analizar de manera sucinta

las bases de admisibilidad presentadas a partir de la Sentencia

TC/0057/12, sus bondades, críticas y progreso a lo largo del

tiempo.

II. PRINCIPALES BONDADES DE LA SENTENCIA TC/0057/12. UNA DE LAS

PRIMERAS DECISIONES EMBLEMÁTICAS DEL TC SOBRE LA ADMISIBILIDAD

DEL RRCDJ

A. Génesis de una inadmisibilidad reiterada

9. En fecha 2 de noviembre de 2012, el Tribunal

Constitucional emitió la sentencia TC/0057/12, la cual ﬁjó un

criterio clave a la hora de evaluar la admisibilidad del recurso de

revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Grosso modo,

el quid de dicha decisión versa sobre una situación común y

frecuente: un conﬂicto de carácter civil que, recurrido hasta sede

casacional, fue declarado perimido por la Suprema Corte de

Justicia.

10. El artículo 10, párrafo II, de la Ley número 3726, de

Procedimiento de Casación, que regula el proceso a seguir para la

interposición y posterior procedencia del recurso extraordinario

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

371

de casación, por ante la Suprema Corte de Justicia, prescribe lo

años contados desde la fecha del auto que autorizó el emplazamiento,

sin que el recurrente haya depositado en la Secretaria el original del

emplazamiento, o si transcurriere igual plazo, contando desde la

expiración del término de quince días señalado en el artículo 8, sin que

el recurrente pida el defecto o la exclusión contra el recurrido, que diere

lugar a ello, a menos que, en caso de haber varias partes recurrentes o

recurridas, una de dichas partes haya pedido el defecto o la exclusión

contra las partes en falta.

11. Es decir, en casos de perención, la Suprema Corte de

Justicia se limita a hacer un sencillo cálculo matemático de lo

que prescribe la ley. Su ámbito de aplicación judicial se limita a

cumplir de manera expresa un mandato legislativo. La disputa

constitucional se circunscribe a si, en efecto, una decisión que

únicamente se limita a aplicar la ley puede incurrir en violación

de derechos fundamentales imputables al órgano jurisdiccional

que la dictó y ser admisible ante esta sede excepcional.

12. La solución a partir de la sentencia TC/0057/12 fue de

otorgar el tratamiento de inadmisibilidad al recurso de revisión

constitucional de decisión jurisdiccional que sean interpuestos

en esos supuestos. De manera sumaria, el artículo 53.3 de la

Ley n.º 137-11 tiene como requisito esencial que ocurra una

violación de un derecho fundamental, tal como explicado

anteriormente.2

13. La lógica esbozada es simple: este tipo de decisiones

no cumplen con los requisitos necesarios para interponer un

2 Este criterio se ha ampliado a lo largo de la jurisprudencia constitucional para

aplicarlo a situaciones de caducidad y de summa cassationis.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

372

recurso de esta naturaleza en su contra. En primer término, se

comprueba que el reclamo fundamental no puede ser invocado

durante el proceso [53.3.a)], porque la lesión cuya reparación

se reclama la ha producido una decisión judicial que pone ﬁn

al proceso —dígase, que no existía forma de exigirlo durante el

proceso—, por lo que este requisito es inexigible3. El segundo

requisito [53.3.b)] cuenta con el mismo criterio, pues no

puede recurrirse el mismo de manera previa—el reclamo nace

con la decisión que concluye el proceso—. Sin embargo, el

quid yace en que el tercer requisito [53.3.c)] no se cumple de

manera alguna; el daño reclamado no es atribuible al órgano

jurisdiccional, dado que actúa de manera estricta a lo que

esboza la ley.4

3 Hemos expresado nuestra posición al respecto en otras ocasiones. La mayoría acordó

dictar una sentencia para uniﬁcar el lenguaje divergente (sentencia TC/0123/18),

estableciendo que los indicados requisitos previstos en los literales “a”, “b” y “c” son

satisfechos o no cuando, de manera que, se optará por establecer que los requisitos

“son satisfechos” en los casos “cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles

contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca

en la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en

concreto”. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el lenguaje de que

son satisfechos o no los requisitos en cuestión, pues en realidad, para los casos “a”

y “b”, cuando la violación denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la

sentencia dictada en única o última instancia, dichos requisitos son de imposible

cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se cumplen o que se satisfacen, en

ese escenario, tales requisitos son imposibles de cumplir o satisfacer, por tanto,

resultan inexigibles para completar la fase de la admisibilidad del recurso, conforme

lo precisó la sentencia TC/0057/12, previamente citada.

4 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0057/12:

“La aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha sido apegada

a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es imputable a la Suprema Corte

de Justicia la comisión de una acción o una omisión cuya consecuencia haya sido la

violación de un derecho fundamental; por lo que, al no concurrir ninguno de los tres

requisitos previstos en el artículo 53.3 de la Ley número 137-11, el presente recurso es

inadmisible.”

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

373

14. El texto del Art. 53.3.c) de la LOTCPC detalla como

requisito en etapa de admisibilidad del RRCDJ:

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,

con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha

violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.5

15. Por tanto, debemos recalcar que la evaluación

exhaustiva de estos requisitos6 es imprescindible para el buen

funcionamiento de esta ﬁgura procesal constitucional, de manera

que si, ﬁnalmente, el tribunal aprecia que se ha producido la

violación a un derecho fundamental y que se cumplen cada

uno de los requisitos del artículo 53 (3), incluido su párrafo,

procederá, entonces —y solo entonces, vale subrayar—, a

admitir el recurso y, consecuentemente, pronunciarse sobre el

fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.

16. Una parte importante de la precitada evaluación es que

“sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión

del órgano jurisdiccional”. La Sentencia TC/0057/12 vino a dar

respuesta clara sobre este precepto, creando un límite de forma

categórica cuando el recurrente no persigue una falta atribuible

al órgano jurisdiccional, tal como aplicar la ley de manera plena

sin necesidad de entrar a un plano de interpretación. Al ser un

requisito de admisibilidad que habilita el acceso al RRCDJ,

bajo el principio de oﬁciosidad7, el TC debe hacer un análisis

5 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, pp. 27- 28.

6 Nos referimos a los listados en el artículo 53.3 a), b) y c).

7 Reza: “Oﬁciosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe

adoptar de oﬁcio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional

y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las

partes o las hayan utilizado erróneamente”. (LOTCPC, ob. cit., artículo 7.15)

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

374

previo de lo acaecido para determinar si existe (i) una violación

de derechos fundamentales y (ii) una imputabilidad al órgano

jurisdiccional de dicha violación. Esto último sin menoscabo a

que la parte recurrente lo presente dentro de su escrito recursivo

o no, pues es insuﬁciente que se invoquen dichos puntos, el TC

debe constatarlos plenamente.

B. Nuestra posición frente al precedente de la Sentencia TC/0057/12

17. El punto neurálgico de este voto es interpretar si con la

aplicación del criterio contenido en la sentencia TC/0057/12,

en cuanto a declarar inadmisibles los recursos de revisión de

decisiones jurisdiccionales por el 53.3.c), cuando la Suprema

Corte de Justicia resuelve el recurso de casación aplicando

la normativa procesal que se encuentra vigente, el Tribunal

Constitucional realiza un análisis sobre el fondo del recurso al

momento de analizar ese requisito de admisibilidad.

18. El fondo de un caso, especíﬁcamente en este tipo de

recursos, implica que el Tribunal Constitucional, tras comprobar

que el tribunal a quo al momento de resolver el caso violó derechos

fundamentales en el curso del proceso o refrendó violaciones a

derechos fundamentales previamente denunciadas y ocurridas

en la trayectoria del proceso –requisito de admisibilidad de la

parte capital del 53.3–, dimensionará en detalle esa violación, se

pronunciará sobre la suerte de la decisión jurisdiccional recurrida

e indicará al juez a quo como proceder para resolver el caso

cuando le sea devuelto y actúe como juez de envío encargado de

aplicar el precedente.

19. En admisibilidad, el legislador ha puesto la tarea de que

el Tribunal Constitucional veriﬁque “que en la sentencia recurrida

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

375

en revisión se violó el derecho fundamental o bien en dicha sentencia

no se corrigió la vulneración del derecho efectuada en otras instancias

jurisdiccionales”.8

20. Entonces, en el análisis de los requisitos del Art. 53.3

de la Ley n.º 137-11, el Tribunal Constitucional tiene que

hacer comprobaciones, indagaciones o averiguaciones dentro

de la sentencia recurrida y del proceso que le precede, que

necesariamente prejuzgan el fondo y aparentan tocar su sustrato,

pero no comportan como tal una revisión del fondo del asunto;

pues, si se ausculta bien, los requisitos de admisibilidad previstos

por el artículo 53 están estrechamente ligados a las cuestiones que

se ventilan en el fondo y, por eso, se producen interpretaciones

como la reﬂejada en la decisión objeto de este voto contra el

precedente TC/0057/12.

21. Si el Tribunal comprueba que la violación no es

imputable en los términos de la ley, el requisito no se cumple,

el recurso debe ser inadmitido y, como en los casos anteriores,

no es necesario continuar con la comprobación del requisito

siguiente. Si, por el contrario, se veriﬁca el cumplimiento de

este requisito, esto, sin embargo, todavía no será suﬁciente para

admitir el recurso y debe determinar, entonces, lo que ordena

el párrafo del artículo 53: la especial trascendencia o relevancia

constitucional del caso.

22. Esta es precisamente la bondad que crea la TC/0057/12,

dado que le otorga su verdadera naturaleza al recurso de revisión

constitucional de decisiones jurisdiccionales. Este recurso no

puede –ni jamás debe– admitirse en caso de que no ocurra

8 JORGE PRATS (Eduardo), Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

y de los procedimientos constitucionales, IUS NOVUM, Amigo del Hogar, Distrito

Nacional, 2011, p. 151.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

376

una vulneración de derechos fundamentales; si el Tribunal

comprueba que la violación no es imputable en los términos de

la ley, el requisito no se cumple.

C. Críticas formuladas al precedente en cuestión

23. A lo largo de la aplicación del criterio presentado a partir

de la Sentencia TC/0057/12, existen banderas en su contra. De

nuestra parte, no coincidimos con la interpretación brindada

por algunos, a lo cual nos referiremos en cada punto.

24. Para algunos, el precedente constitucional es una falta/

falla jurisprudencial, debido a que reduce el alcance del Art.

53.3(c) de la Ley n.º 137-11 y aclaran que en dicho apartado el

legislador busca imputar a un órgano jurisdiccional la comisión

u omisión de un hecho reprochable.

25. Sin embargo, dicho criterio se aparta de la naturaleza del

recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.

Si bien el mismo es parte de las herramientas constitucionales

disponibles, es un mecanismo de excepción. El recurso de revisión

constitucional de decisiones jurisdiccionales obedece a una serie

de formalismos y rigores que no responden a la ﬂexibilidad con

que se confeccionan los procesos de justicia constitucional.

26. La exégesis de este recurso es totalmente restrictiva. El

ﬁn del legislador no es abrir una brecha de recurrir de manera

abierta todos los casos que dicte la jurisdicción ordinaria; sino

poder proteger derechos fundamentales en escenarios muy

concretos donde el recurso pueda ser admitido y la sentencia

revisada. Esto es clave en la creación del recurso, pues se está

revisando una decisión revestida de la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, su misión no es revisar la concepción

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

377

jurídica causal de los fallos de los tribunales o examinar si se

adecuan al derecho ordinario objetivo, formal o material. Lo que

persigue es—estrictamente—la más exclusiva observancia de los

preceptos constitucionales y, en tal virtud, revisar la aplicación

o interpretación que los tribunales ordinarios han realizado de

tales normas fundamentales.

27. Otros son del criterio de variar el precedente por

dos razones: (i) Ya el Tribunal Constitucional ha admitido y

conocido el fondo de situaciones similares, y (ii) la jurisdicción

pudo cometer una violación a derechos fundamentales

mediante una aplicación incorrecta de la legislación. A modo

de ejemplo, el precedente TC/0659/189 es un caso donde el

Tribunal Constitucional decidió conocer el fondo de un recurso

que tenía como disputa principal la caducidad. Sin embargo,

este tipo de situaciones son distintas al criterio expresado por

la TC/0057/12, porque la mayoría pudo comprobar que la

caducidad pronunciada por la Suprema Corte de Justicia no fue

en apego a la ley y, en consecuencia, se trató de una violación

imputable a ese órgano jurisdiccional, por tanto, se procedió

a conocer el fondo y a anular la decisión recurrida. Somos

de criterio que este ejercicio de análisis a violación de derechos

fundamentales es ex ante a conocer el fondo del recurso—tal como

previó el legislador—. Los casos que son de aplicación del criterio

TC/0057/12 se limitan a aquellos donde tras veriﬁcar ese requisito

de imputabilidad del 53.3.c) se advierte que la norma procesal

9 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0659/18, del

10 de diciembre de 2018, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc065918/. En este caso, los argumentos

tornaron bajo la motivación de la sentencia que dio lugar a la inadmisibilidad, no

sobre la aplicación de la ley por parte del órgano jurisdiccional.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

378

se aplicó de forma correcta y, en consecuencia, no hay violación

alguna que imputar a la Suprema Corte de Justicia.

28. Algunos inﬁeren que la única manera de un tribunal

violentar derechos fundamentales es a través de la aplicación de la

ley, debido a que sería el órgano llamado a interpretar y emplear la

misma. Sin embargo, este punto se olvida de una noción fundamental

de los supuestos presentados por el artículo 53.3 de la Ley n.º

137-11. A primera vista, parecería que los requisitos presentados a

lo largo del precitado artículo son de fondo—efectivamente rozan

con el mismo y en otro proceso podrían considerarse de fondo—

pero en el caso del recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales, la parte capital indica que la interposición del

recurso está sujeta a que se haya producido la violación a un

derecho fundamental. La conﬁguración constitucional y legal dada

por nuestras autoridades normativas al recurso es un requisito de

admisibilidad y la comprobación de todos y cada uno de estos

requisitos es una cuestión de admisibilidad que revisa parámetros

que parecerían de fondo, pero no es resolver el fondo como tal.

III. LA INIMPUTABILIDAD DE VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES A

LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR DECIDIR ACORDE A LA NORMATIVA

PROCESAL VIGENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 53.3.C) Y APLICACIÓN

DE LA SENTENCIA TC/0057/12)

A. Reiteración de la TC/0057/12

29. El eje nodal de la Sentencia TC/0057/12 es el precedente

de que

[l]a aplicación, en la especie, de la norma precedentemente descrita ha

sido apegada a lo dispuesto por el legislador y, en consecuencia, no es

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

379

imputable a la Suprema Corte de Justicia la comisión de una acción

o una omisión cuya consecuencia haya sido la violación de un derecho

fundamental10.

30. El mismo ha sido reiterado o aplicado en numerosas

ocasiones, aunque de maneras distintas.

31. En la Sentencia TC/0001/13, en un caso de perﬁles

fácticos idénticos –perención del recurso de casación declarada

por la SCJ–, establece que:

En la especie, en consecuencia, no se suscitó ninguna discusión

relacionada a la protección de los derechos fundamentales ni a la

interpretación de la Constitución, cuestiones estas a las cuales está

referida la noción de especial trascendencia o relevancia constitucional;

ya que para declarar la perención de un recurso de casación por la

causa indicada sólo es necesario que el tribunal apoderado del mismo

determine si ha observado el plazo de tres (3) años previsto en el artículo

10, párrafo II de la Ley sobre Procedimiento de Casación.11

32. En dicho caso, el Tribunal Constitucional optó por

declarar la inadmisibilidad con un sentido distinto, basada en

el Párrafo del artículo 53, de que el asunto carecía de especial

trascendencia. Esto supone una variación –sin justiﬁcarlo– del

criterio asumido en el precedente de la Sentencia TC/0057/12.

Tal variación se reﬁere a que, advirtiendo que el juez había

declarado inadmisible un recurso por perención o caducidad,

entendió que por el hecho de que esa decisión revestía un mero

10 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0057/12, del

2 de noviembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc005712.

11 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0001/13,

del 10 de enero de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc000113.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

380

cálculo matemático, carecía de especial trascendencia o relevancia

constitucional, en vez de establecer que dicha sentencia, en

la medida en que se limitaba a aplicar la ley vigente –en este

caso procesal–, no comportaba una violación que se le pudiera

imputar al órgano jurisdiccional.

33. Luego, mediante la Sentencia TC/0663/17, se

abandonó dicho criterio y se adoptó inadmitir este tipo de

situaciones por no encontrarse conﬁgurado el supuesto detallado

en el artículo 53.3.c) de la LOTCPC12. Esto vino a reforzar el

alcance de la TC/0057/12, pues mantiene sus nociones y el TC

continúa aplicando el tratamiento a planos fácticos similares de

inimputabilidad al órgano jurisdiccional.

34. Sin embargo, esto no conduce a un cambio o abandono

del precedente TC/0057/12 conforme mandan los términos del

párrafo I, del artículo 31 de la Ley n.º 137-11, sino que comporta

otra alternativa por la cual también se podría inadmitir el recurso de

revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales en virtud de lo

establecido en el Párrafo del Art. 53, siempre que hayan concurrido

los requisitos del mismo, a saber Parte Capital (53.3) y los literales

a), b) y c), excluyentes entre sí. De modo que, ante la falta de un

cambio o abandono expreso del precedente, ambos subsisten.

Adicionalmente, podemos ver que el Tribunal Constitucional ha

12 Dijo “Esta última línea jurisprudencial [reﬁriéndose a la línea de la Sentencia

TC/0001/13] será abandonada a partir de la fecha de la notiﬁcación de esta sentencia y,

en este sentido, los recursos de revisión constitucional que se interpongan contra sentencias

que se limiten a declarar la comprobada perención o caducidad de un recurso de casación

serán declarados inadmisibles, bajo el fundamento de que las violaciones que se invocaren

no pueden ser imputables al órgano judicial que dictó la sentencia, en la medida que

dicho órgano se limita a aplicar una norma jurídica.” (Tribunal Constitucional de la

República Dominicana. Sentencia TC/0663/17, del 7 de noviembre de 2017, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc066317)

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

381

sido vacilante al momento de ﬁjar un criterio sólido para manejar

la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales. Más aún en aquellos casos donde la sentencia

recurrida ha declarado inadmisible el recurso de casación por

perención, caducidad o por la cuestión de los 200 salarios.

35. Una parte del precedente decide aplicar sin mayores

agravios el precedente TC/0057/12, pero en otros casos se

decanta por aplicar el criterio de la TC/0001/13; reiterado en las

sentencias de casos de perención TC/0400/14, TC/0135/1613 y

TC/0334/1614. Esta última hace una mezcla de criterios y un

empleo errado del precedente TC/0057/12, ya que lo utiliza

para declarar la inadmisión por especial trascendencia, cuando

este declara la inadmisión por el Art. 53.3.

36. En los escenarios de inadmisibilidad por caducidad,

han ocurrido las siguientes situaciones:

• El primero, con la sentencia TC/0401/1415 se declaró

admisible el recurso de revisión de decisión jurisdiccional

y se decidió el fondo;

• En segundo lugar, sin haberse abandonado el precedente

anterior, intervino la sentencia TC/0225/1516, que

13 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0135/16, del

29 de abril de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc013516. Esta decisión cita las sentencias TC/0001/13 y TC/0400/14.

14 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0334/16, del

20 de julio de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc033416. Esta decisión cita las sentencias TC/0057/12, TC/0001/13,

TC/0400/14, TC/0225/15 y TC/0525/15.

15 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0401/14, del

30 de diciembre de 2014, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc040114.

16 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0225/15,

del 19 de agosto de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc022515. Esta decisión cita las sentencias

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

382

inadmite el recurso por ausencia de especial trascendencia,

requisito del Párrafo del artículo 53, aplicando el criterio

establecido en la sentencia TC/0001/13;

• Más tarde, el precedente TC/0427/15 vuelve a conocer

el fondo del caso;

• En cuarto lugar, retoma el TC la línea de la inadmisión

por la ausencia de especial trascendencia conforme se

constata de la sentencia TC/0482/1517;

• Luego, mediante la sentencia TC/0514/1518, el TC se fue

más allá e innovo aplicando dos causas de inadmisión a

un recurso, pues se aprestó a declarar inadmisible tanto

por no estar presente el requisito del artículo 53.3.c),

como por la ausencia de la especial trascendencia.

• Luego, en sexto lugar, fue dictada la sentencia

TC/0525/1519, la cual retoma la línea de declarar el

recurso inadmisible por especial trascendencia;

• Después tenemos, en séptimo lugar, que mediante la

sentencia TC/0021/1620, además de declararse el recurso

TC/0001/13 y TC/0400/14.

17 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0482/15,

del 5 de noviembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.

do/content/sentencia-tc048215. Esta decisión cita las sentencias TC/0001/13 y

TC/0400/14.

18 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0514/15, del 10

de noviembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc051415. Esta decisión cita las sentencias TC/0057/12 y TC/0001/13.

19 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0525/15,

del 12 de noviembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.

do/content/sentencia-tc052515. Esta decisión cita las sentencias TC/0001/13,

TC/0400/14 y TC/0225/15.

20 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0021/16,

del 28 de enero de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.

do/content/sentencia-tc002116. Esta decisión cita las sentencias TC/0001/13,

TC/0400/14, TC/0225/15 y abandona el criterio de la TC/0401/14.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

383

inadmisible por la especial trascendencia, se abandona

el precedente primigenio en el sentido de conocer el

fondo del recurso contra una sentencia de caducidad

establecido en la sentencia TC/0401/14;

• En seguida, el colegiado continuó su tesis de inadmitir

por la ausencia de especial trascendencia al dictar la

sentencia TC/0120/1621 que en efecto inadmitió el

recurso de revisión por dicho motivo;

• Luego, el Tribunal volvió a repetir la historia del

precedente TC/0514/15, cuando al dictar las sentencias

TC/0201/16 y TC/0208/1622, procedió a declarar

inadmisibles los recursos de RRCDJ por dos causales,

esto es, artículo 53.3.c y Párrafo del artículo 53;

• Después, mediante la sentencia TC/0363/1623,

basándose en el criterio del precedente TC/0057/12,

inadmitió el recurso solamente por el artículo 53.3.c).; y

• Por último, aun consta el abandono expreso en el

precedente TC/0021/16 del criterio establecido en la

sentencia TC/0401/14, el Tribunal dictó la sentencia

TC/0432/16, en la cual conoció el fondo del RRCDJ.

21 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0120/16, del

26 de abril de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc012016. Esta decisión cita las sentencias TC/0001/13, TC/0400/14 y

TC/0225/15.

22 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencias TC/0201/16, del

8 de junio de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc020116; y TC/0208/16, del 14 de junio de 2016, [en línea], https://

www.tribunalconstitucional.gob.do/content/sentencia-tc020816. En estos tres

precedentes se citan las sentencias TC/0057/12 y TC/0001/13.

23 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0363/16, del 5

de agosto de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc036316. Esta decisión cita la sentencia TC/0057/12.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

384

• En la Sentencia TC/0438/18, el Tribunal optó por

inadmitir el recurso cuando la sentencia recurrida

declaró la caducidad del recurso de casación,

sin embargo, procedió a hacer un análisis de si

efectivamente la caducidad tenía lugar en la etapa de

admisión.

• En la Sentencia TC/0291/19, se decide conocer el fondo

del asunto, aunque se trata de una mera aplicación de

la ley. Sin embargo, esto debe a que se le imputa una

interpretación errónea de la norma a la Suprema Corte

de Justicia, no es ignorando o variando el criterio de

la TC/0057/12, ya que realiza el análisis previo de

inimputabilidad requerido.

• De igual manera, la Sentencia TC/0429/19 conoció

el fondo del recurso cuando el órgano jurisdiccional

se limitó a aplicar la ley. No obstante, la mayoría

detalló la inadmisibilidad por el Art. 53.3.c, aplicando

correctamente el criterio TC/0057/12 y procedió a

admitir los alegatos presentados mediante el Art. 53.2

de la LOTCPC. Un caso análogo ocurrió en la Sentencia

TC/0276/20, preservando la inadmisibilidad por el Art.

53.3.c.

• La decisión TC/0594/19 decidió conocer el fondo

al momento de analizar la mera aplicación de la ley,

apartándose del criterio de la TC/0057/12. Pero planteó

las razones por la cual no aplicaba ese precedente de

manera expresa, basándose en: “que emitió la decisión

en franca violación al derecho de defensa y debido proceso,

en razón de que nunca la fue notiﬁcada la caducidad del

recurso realizada por la contraparte”.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

385

37. En cuanto a las inadmisibilidades por la cuestión de la

summa cassationis (o el monto para acceder a la vía recursiva de

casación), la situación es la siguiente:

• La primera vez que el TC se reﬁrió a una cuestión de

200 salarios, declaró inadmisible el recurso por el

53.3.a) mediante la sentencia TC/0092/1324, porque el

recurrente no expuso los derechos fundamentales que

supuestamente se le habían vulnerado.

• Tiempo después, el TC mediante la sentencia

TC/0039/1525, trazó la línea jurisprudencial de

que el RRCDJ contra una sentencia que declaró

el recurso de casación inadmisible por la cuestión

de los 200 salarios es inadmisible por no satisfacer

el requisito del 53.3.c. Para arribar a tal criterio se

valió del precedente TC/0057/12 –enalteciéndolo

y robusteciendo su alcance–, en el sentido de que

la aplicación de la ley por parte del órgano judicial

no puede traducirse en una violación a derechos

fundamentales imputable a este.

• Luego, el Tribunal en un caso que exhibía el mismo perﬁl

declaró inadmisible el recurso por el 53.3 (parte capital)

mediante la sentencia TC/0279/1526, porque no se

24 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0092/13, del 4

de junio de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc009213.

25 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0039/15, del 9

de marzo de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc003915.

26 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0279/15, del

18 de septiembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc027915.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

386

precisaron los derechos fundamentales supuestamente

violados.

• Después el Tribunal Constitucional desarrolló otra doctrina,

un tanto errada, al admitir el recurso y conocer el fondo del

mismo, dándole un mal manejo al art. 53.3 para declarar la

admisibilidad del recurso y al precedente TC/0057/12 para

decidir en el fondo el rechazo del caso. Tal doctrina consta en

las sentencias TC/0322/1527, TC/0429/1528, TC/609/1529

y TC/0022/1630. Ninguna de estas sentencias precisa un

cambio del precedente TC/0039/15, al contrario, algunas

lo utilizan para complementar el fallo.

• Luego, el Tribunal retomó la línea de inadmitir

por el 53.3.c al dictar las sentencias TC/0047/16 y

TC/0071/1631.

27 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0322/15, del

30 de septiembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc032215. Esta decisión cita la sentencia

TC/0057/12 que establece el criterio de que la aplicación de la ley vigente –en este

caso procesal- por el órgano judicial no da lugar a violación a derechos fundamentales

imputables al mismo.

28 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0429/15, del

30 de octubre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc042915. Esta decisión cita la sentencia

TC/0057/12 y la sentencia TC/0039/15.

29 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/609/15, del

18 de diciembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc060915/. Esta decisión cita la sentencia

TC/0057/12.

30 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0022/16, del

28 de enero de 2016, [en línea], https://tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc002216. Cita la sentencia TC/0057/12 y la sentencia TC/0039/15.

31 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0071/16,

del 17 de marzo de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc007116. Ambas decisiones citan la sentencia TC/0057/12 y la

sentencia TC/0039/15.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

387

• Más tarde vuelve el TC a retomar el criterio de admitir

el recurso y conocer el fondo del caso, a tales efectos

constan las sentencias TC/0087/1632 y TC/0088/1633.

• Luego, el Tribunal emitió las sentencias TC/0112/1634,

TC/0347/1635, TC/0350/1636, TC/0365/1637,

TC/0390/1638, TC/429/1639, TC/0431/1640 y

32 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0087/16, del

8 de abril de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc008716. Esta decisión cita la sentencia TC/0057/12 y la sentencia

TC/0039/15.

33 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0088/16, del

8 de abril de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc008816. Esta decisión cita la sentencia TC/0057/12.

34 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0112/16,

del 22 de abril de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc011216. No hace referencia a ninguno de los precedentes en

este sentido.

35 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0347/16, del

28 de julio de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc034716. Esta decisión cita la sentencia TC/0057/12 y las sentencias

TC/0039/15, TC/0047/16 y TC/0071/16.

36 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0350/16, del

28 de julio de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc035016. Esta decisión cita la sentencia TC/0057/12 y la sentencia

TC/0039/15.

37 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0365/16,

del 5 de agosto de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc036516. Esta decisión cita la sentencia

TC/0057/12 y las sentencias TC/0039/15 y TC/0071/16.

38 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0390/16,

del 11 de agosto de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc039016. Esta decisión cita la sentencia TC/0057/12 y las

sentencias TC/0039/15, TC/0047/16 y TC/0071/16.

39 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/429/16, del

13 de septiembre de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc042916/. Esta decisión cita la sentencia

TC/0057/12 y la sentencia TC/0039/15.

40 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0431/16,

del 13 de septiembre de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

388

TC/0435/1641, en el sentido de inadmitir el recurso por

el Art. 53.3.c.

• En las sentencias TC/0123/18 y TC/0720/18 se utiliza

una mecánica de modiﬁcar el razonamiento utilizado

en el análisis de admisibilidad de los requisitos para el

artículo 53.342; sin embargo, aunque presentan un golpe

a lo decidido por la TC/0057/12, no comportan una

variación del criterio—aparte de la mención expresa de

que el Tribunal no está apartándose de dicho criterio—

dado que aún realiza un análisis de imputabilidad

al órgano jurisdiccional en fase de admisibilidad si

solamente se limitó a aplicar la ley.

• De igual forma, la Sentencia TC/0419/2143 menciona

expresamente el criterio de la TC/0057/12, aunque

usualmente no se describe en casos de summa cassationis.

Esto es un reforzamiento del precedente de cara al

tratamiento brindado por el tribunal.

do/content/sentencia-tc043116. Esta decisión cita la sentencia TC/0057/12 y la

sentencia TC/0022/16.

41 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0435/16, del

13 de septiembre de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc043516/. Esta decisión cita la sentencia

TC/0057/12 y las sentencias TC/0039/15, TC/0047/16 y TC/0071/16.

42 Las llamadas sentencias uniﬁcadoras: Tribunal Constitucional de la República

Dominicana. Sentencias TC/0720/18, del 10 de diciembre de 2018, [en línea],

https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/

sentencias/tc072018; y TC/0123/18, del 4 de julio de 2018, [en línea], https://

tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/

tc012318/.

43 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0419/21, del

24 de noviembre de 2021, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc041921/.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

389

38. Asimismo, aquellos casos que distan del objeto de este

análisis –sentencias TC/0524/1544 y TC/0348/1645– pero que

llamaron nuestra atención, hacen un mal manejo del artículo 53.3

y del precedente TC/0057/12, toda vez que declaran inadmisibles

por ausencia de especial trascendencia casos en los cuales la Suprema

Corte de Justicia lo que ha hecho es aplicar la ley –inadmitir la

casación por no alcanzar los 20 salarios mínimos que establece el

código de trabajo o inadmitir porque no se cumplió con el depósito

de la copia certiﬁcada de la sentencia recurrida en casación–, por

lo que previo a veriﬁcar si revisten especial trascendencia o no, el

Tribunal debió detenerse en veriﬁcar que efectivamente no había

derecho fundamental alguno cuya violación se le pueda imputar al

Poder Judicial.

39. Del análisis de las decisiones citadas en párrafos anteriores

se aprecia que, en distintos casos de 200 salarios, el TC ha inadmitido

el recurso en virtud de su precedente TC/0057/12 y sucedáneos, el

cual no ha dejado de aplicar en el caso de caducidad analizado aquí,

sino que en el mismo lo que ha ocurrido es que se ha incorporado

también el precedente de la TC/0001/13. De tal manera que el

precedente TC/0057/12 ha sido aplicado en todos los tipos de

casos, lo mismo si es de 200 salarios que si es de caducidad, lo

que no ocurre con la sentencia TC/0001/13, que ha sido aplicada

en tres (3) casos de caducidad y lo ha sido, conjuntamente con la

TC/0057/12.

44 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0524/15, del

12 de noviembre de 2015, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

content/sentencia-tc052415.

45 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0348/16, del

28 de julio de 2016, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc034816.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

390

40. Se han admitido y rechazado en el fondo algunas

disputas, en los cuales también se utiliza el citado precedente

TC/0057/12 para sustanciar un rechazo en el fondo que, en

puridad, comporta una inadmisión conforme a los términos

del artículo 53.3(c), ya que el móvil utilizado para rechazar es

que a la Suprema Corte de Justicia no se le pueden –ni deben–

imputar violaciones a derechos fundamentales por aplicar la ley

procesal vigente. En efecto, la Sentencia TC/0057/12 aporta una

solución que es válida en todos los escenarios analizados aquí.

41. Justamente por esto último, pensamos que, en realidad, la

solución en todos estos casos –incluyendo los relativos a caducidad

y perención– debería ser la misma: la contenida en la sentencia

TC/0057/12, es decir, la inadmisibilidad del RRCDJ. Esto así,

puesto que en todos estos casos de lo que se trata es de meros

cómputos, en unos casos de salarios y en otros casos de plazos, a

propósito de los cuales se produce la mera aplicación de una ley

procesal, que no conlleva a la violación de derechos fundamentales.

42. Además de lo anterior, hemos advertido que en este tipo

de casos donde la Suprema Corte de Justicia realice el cálculo

matemático y se concluya en la ausencia de especial trascendencia,

como sucede en los casos de perención o caducidad (en los cuales

la Suprema Corte de Justicia se limita a declarar la inadmisibilidad

por tratarse de una cuestión de cómputos de plazos), veriﬁcamos

que la misma no valora ni pondera más nada, sino que lo primero

que veriﬁca es el plazo y es tajante al declarar la inadmisión.

43. Adicionalmente, el precedente TC/0057/12 permite una

apertura para que, ante una equivocación por parte de la Suprema

Corte de Justicia al momento de estimar la cuantía o –por qué no– de

contabilizar los plazos –en casos de caducidad o perención–, se pueda

admitir el recurso porque estaríamos frente a una violación al debido

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

391

proceso y tutela judicial efectiva imputable al órgano jurisdiccional

debido a la incorrecta aplicación de la ley; lo que se diﬁcultaría

en el caso de que nos decantáramos por declarar inadmisible por

falta de especial trascendencia en temas como estos pues, con ello,

cerraríamos la posibilidad de que se analicen particularidades de

cada caso que podrían variar la suerte de los procesos.

44. En algunos casos, el precedente de la TC/0057/12

no se menciona, pero sigue aplicándose. Por ejemplo, las

Sentencias TC/0476/19, TC/0591/19 y TC/0398/21 decretan

la inadmisibilidad porque la Suprema Corte de Justicia se limitó

a aplicar la ley—sin embargo, los textos, aunque no detallan el

precedente de la TC/0057/12, lo reiteran y mantienen vivo.

IV. BREVE PARÉNTESIS EN TORNO A LA VIOLACIÓN DE LAS REGLAS PROCESALES

PARA LA MODIFICACIÓN DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

45. Este Tribunal Constitucional, cuenta con precedente

constitucional vinculante—stare decisis—, a partir del artículo

184 de la Constitución de la República Dominicana y el artículo

31 de la Ley n.º 137-11 y debe “garantizar la supremacía de la

Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de

los derechos fundamentales”; de ahí que, en efecto, para alcanzar

tales ﬁnes es que, tal vez con cierta vehemencia, también dicho

texto consagra que “sus decisiones son denitivas e irrevocables

y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos

los órganos del Estado”46. Esta es una ﬁgura un tanto distintiva en

sistemas legales distintos al método anglosajón—common law—,

46 LOTCPC, ob. cit., p. 21. Las negritas y subrayados son nuestros.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

392

la cual tiene tanto aspectos positivos como negativos; pero una

de las principales causas de apoyo es: la creación de estabilidad,

predicción, seguridad y respeto a expectativas preestablecidas

(i.e., próximos casos serían tratados de igual manera y de forma

eﬁciente).47

46. Lo mismo dice el artículo 31 de la Ley n.º 137-11,

orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos

constitucionales, cuando señala

Decisiones y los precedentes. Las decisiones del Tribunal Constitucional

son denitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes

para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

Párrafo I.- Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose de

su precedente, debe expresar en los fundamentos de hecho y de derecho de

la decisión las razones por las cuales ha variado su criterio.48

47. Y es que sus atribuciones están claramente detalladas en el

artículo 185 constitucional, cuando dice:

El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única

instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las

leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del

Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del

Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés

legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de los

tratados internacionales antes de su ratiﬁcación por el órgano legislativo;

3) Los conﬂictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia

de uno de sus titulares; 4) Cualquier otra materia que disponga la ley.49

47 WALDRON ( J.), Stare Decisis and the Rule of Law: A Layered Approach, New

York University School of Law Public, Law & Legal eory Research Paper Series

Working Paper n.º 11-75, 2011, p. 9.

48 Las negritas y subrayados son nuestros.

49 Constitución de la República Dominicana, 13 de junio de 2015, artículo 185; en:

CASTELLANOS KHOURY ( Justo Pedro), TEJADA (Leonor), (coordinadores).

La Constitución dominicana y sus reformas (1844- 2015), Editora Búho, Santo

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

393

48. Esas otras materias señaladas en el artículo 185.4)

constitucional se encuentran –por el momento– dispuestas en la Ley

n.º 137-11, exclusivamente, en lo que corresponde a los recursos de

revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, solicitudes de

suspensión de ejecución de decisiones recurridas en revisión y los

recursos de revisión constitucional en materia de amparo, conforme

a los artículos 53, 54.8 y 94 de la mencionada LOTCPC; ninguno

de los cuales funciona para impugnar las sentencias del Tribunal

Constitucional ni, mucho menos, para anularlas.

49. En tal sentido, ni el constituyente ni el legislador han

diseñado mecanismo alguno contra las decisiones tomadas por

el Tribunal Constitucional. No existe, pues, dentro de nuestro

ordenamiento jurídico, una normativa que permita la anulación ni

revocación de una sentencia de este colegiado constitucional; aun

cuando sea este órgano supremo de justicia constitucional que se

disponga a declarar la nulidad de sus propias decisiones.

50. La base jurídica de nuestra justicia constitucional dedica

algunas disposiciones a otorgar cierta autonomía a este colegiado

para alcanzar su misión de garantizar la supremacía constitucional;

tales como:

• El principio de constitucionalidad, establecido por el artícu-

lo 7.3 de la LOTCPC de la manera siguiente: “Corresponde

al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial en el marco de

sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integri-

dad y eﬁcacia de la Constitución y del bloque de constituciona-

lidad”50.

• El principio de oﬁciosidad, establecido por el artículo 7.11

Domingo, segunda edición, 2019, tomo II, p. 1536.

50 LOTCPC, artículo 7.3, ob. cit., p. 13.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

394

de la LOTCPC de la manera siguiente:

Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe

adoptar de oﬁcio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía

constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no

hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente.51

• El principio de autonomía procesal, acogido a través de la

sentencia TC/0039/12, del 13 de septiembre de 2012; esta

decisión, al respecto precisa que:

El principio de autonomía procesal faculta al Tribunal Constitucional

a establecer mediante su jurisprudencia normas que regulen el

proceso constitucional “… en aquellos aspectos donde la regulación

procesal constitucional presenta vacíos normativos o donde ella debe

ser perfeccionada o adecuada a los ﬁnes del proceso constitucional. La

norma así establecida está orientada a resolver el concreto problema

–vacío o imperfección de la norma– que el caso ha planteado y, sin

embargo, lo transcenderá y será susceptible de aplicación ulterior debido

a que se incorpora, desde entonces en la regulación procesal vigente.52

51. Sin embargo, sin ahondar mucho en el sustrato de estos

principios, es posible advertir que ellos no son tan elásticos o

ﬂexibles como para darle poder al Tribunal Constitucional a ﬁn

de proceder a anular sus propios fallos; ya que se trata de una

actuación que es a todas luces contraria a la naturaleza que la

Carta Política le conﬁere a dichas decisiones y los ﬁnes esenciales

de estos principios, primordialmente, apuntan a garantizar

la supremacía constitucional, es decir, esas disposiciones que

claramente diseñan el carácter deﬁnitivo e irrevocable de las

51 LOTCPC, artículo 7.11, ob. cit., p. 15.

52 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0039/12, del

13 de septiembre de 2012, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc003912.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

395

decisiones del Tribunal Constitucional.

52. En otras palabras, es, sin lugar a dudas, inconstitucional

que el Tribunal Constitucional se disponga a revisar, anular

o revocar una decisión que ha dictado de conformidad a la

Constitución y la LOTCPC; aún esto suceda en escenarios,

como ha caliﬁcado ya, muy excepcionales.

53. Ahora bien, y aquí abrimos un breve paréntesis, el

hecho de que el Tribunal Constitucional no pueda –ni deba–

anular sus decisiones no implica que desconozcamos su facultad

para hacer una distinción o distinguishing del precedente o

llevar a cabo un cambio, abandono u overruling de sus criterios

conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley n.º 137-

11. Queremos aprovechar, para precisar lo que acabamos de

decir: inobservar la naturaleza deﬁnitiva e irrevocable de las

decisiones del Tribunal Constitucional, para anularla, no

supone la puesta en práctica de alguna de las herramientas

anteriores –distinguishing u overruling–; sino la aplicación de

un fenómeno procesal totalmente distinto y que, por demás,

en la actualidad de nuestro ordenamiento jurídico es irreal,

inexistente e inconstitucional.

54. Este colegiado en sentencia TC/0217/18, del 19 de

julio de 2018, estableció que:

La técnica del distinguishing es un método donde el juez constitucional

considera que debe de dar una solución distinta a un caso fáctico

idéntico o similar al que estableció su criterio, y que amerita una

solución diferente, el cual debe expresar los fundamentos de hecho y de

derecho que motiva apartarse del criterio sin variarlo.53

53 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0217/18,

del 19 de julio de 2018, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc021718/.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

396

55. Esta técnica de la distinción o distinguishing viene

implementándose en este Tribunal Constitucional desde la

sentencia TC/0188/14, del 20 de agosto de 2014, que dispone:

(…) la técnica del distinguishing, es decir, la facultad del juez

constitucional de establecer excepciones al precedente constitucional por

existir, respecto de un caso, elementos particulares que ameritan una

solución diferente, sin que dicha circunstancia suponga la derogación

del precedente anterior. Esta técnica del distinguishing, derivada del

derecho constitucional norteamericano, ha sido empleada por otras

cortes y tribunales constitucionales del hemisferio, como el Tribunal

Constitucional de Perú y la Corte Constitucional de Colombia,

señalando esta última lo siguiente: en algunos eventos, el juez posterior

“distingue” (distinguishing) a ﬁn de mostrar que el nuevo caso es

diferente del anterior, por lo cual el precedente mantiene su fuerza

vinculante, aunque no es aplicable a ciertas situaciones, similares pero

relevantemente distintas, frente a las cuales entra a operar la nueva

jurisprudencia [Sentencia SU047/99, de la Corte Constitucional de

Colombia el veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y

nueve (1999)]. Esta técnica además, tendría asidero jurídico en el

ordenamiento dominicano en virtud del principio de efectividad que

le permite al juez constitucional el ejercicio de una tutela judicial

diferenciada cuando –como en la especie– lo amerite el caso [Art. 7.4;

Ley núm. 137-11 del dos mil once (2011)].

56. En resumidas cuentas, el distinguishing busca poder

indicar la no concurrencia de elementos o situaciones fácticas

para aplicar el precedente.54 Su uso, si es utilizado de manera

picaresca, puede ser peligroso. Principalmente por la razón que el

precedente se mantiene vigente, pero su aplicación se comienza

54 GASCÓN ABELLÁN (Marina). “Racionalidad y (Auto) Precedente. Breves

consideraciones sobre el fundamento e implicaciones de la regla del autoprecedente,”,

Teoría y Derecho, Revista de pensamiento jurídico, n.º 10, 2011, p. 143.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

397

a difuminar; no se puede utilizar como un medio “[…] para

esquivar la obligación de seguir el propio precedente habrá que

exigir que esté suﬁciente y cabalmente motivado”.55

57. Por el otro lado, tenemos al denominado overruling, una

técnica de hermenéutica constitucional que faculta al Tribunal

a conferir un giro a su jurisprudencia cuando hay notables y

especiales justiﬁcaciones para cambiar, abandonar o modiﬁcar

un precedente. Es una variación conceptual, tal como esboza la

Sentencia TC/0246/21:

lo que los sistemas anglosajones denominan overruling, que no es más

que cuando un órgano jurisdiccional con la atribución y facultad de

sentar precedentes abandona su antigua interpretación sobre una tema

asumiendo en lo posterior un nuevo criterio jurídico, que fue justamente

lo efectuado por esta corporación constitucional.56

58. Tal como justiﬁca Marina Gascón:

En resumen, la vinculación al propio precedente no es inexorable: es

perfectamente posible que un tribunal abandone su propio precedente.

Pero el abandono del precedente no puede hacerse sin más, sino que ha

de estar guiado por el principio de universalidad. Por consiguiente, el

cambio del precedente sólo estará justiﬁcado cuando se acredite que el

criterio de decisión precedente era erróneo o inadecuado y que el criterio

actual es en cambio el correcto y el que, por ello, se usará en el futuro.57

59. Al igual que con la ﬁgura del distinguishing, el overruling

debe manejarse con extrema cautela. Principalmente porque se

crea una inobservancia del autoprecedente:

55 Ibid., p. 144.

56 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0246/21,

del 30 de agosto de 2021, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/TC024621.

57 GASCÓN ABELLÁN (Marina), Ob. cit., p. 144.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

398

Los casos más evidentes e inaceptables tienen lugar cuando son los

propios altos tribunales que imponen la observancia de la regla del

autoprecedente los que se apartan de la misma. Este es el caso del

Tribunal Constitucional español, que pese a haber impuesto esta regla

haciendo de su vulneración un motivo para el amparo constitucional,

practica las sentencias overruling con demasiada alegría, y no sólo por

la cuestionable frecuencia con que se aparta de su línea jurisprudencial

anterior sino también por la deﬁcitaria justiﬁcación que de ello ofrece.

Las decisiones overruling sin una justiﬁcación adecuada son siempre

peligrosas, pero son mucho más peligrosas cuando las lleva a cabo un

alto tribunal. Más aún si ese alto tribunal es el mismo que ha creado la

regla de vinculación a los propios precedentes.58

60. Es que el precedente busca salvaguardar posiciones a

futuro, más allá que distintos criterios entre miembros de un

colegiado. El overruling sólo es válido si existen situaciones

especíﬁcas que lo ameriten.59 Es como propugnó Coney Barret:

Ausente una presunción en favor de mantener el precedente, y ausente

un sistema de opiniones escritas del cual dependa el stare decisis, las

nuevas mayorías pueden eliminar una decisión previa sin explicación.

Si sólo los votos contasen, y no existiese una deferencia al precedente o no

se requiera una razón para apartarse de él, una variación representaría

un acto abrupto de voluntad parecido a una decisión tomada por una

rama política. Pero en un sistema de precedente, una nueva mayoría

tiene la responsabilidad de explicar porque la visión constitucional de

sus predecesores estaba errada y presentar los motivos de porque la de

ellos captura mejor nuestra ley fundamental.60

58 Ídem.

59 RE (Richard M.), “Narrowing Supreme Court Precedent from Below” (December

8, 2015). 104 Georgetown Law Journal 921 (2016), UCLA School of Law Research

Paper n.º 15-51, disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2699607, p. 926

60 CONEY BARRET (Amy). “Precedent and Jurisprudential Disagreement”, Texas

Law Review, Vol. 91, n.º 7, 2013, p. 1722. Texto traducido.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

399

61. Ese es el punto neurálgico de funcionamiento de las

decisiones del Tribunal Constitucional, como se ha reconocido

en la Sentencia TC/0150/17:

Cabe apuntar que, en los sistemas constitucionales como el nuestro, el

precedente se constituye en obligatorio por la fuerza vinculante que supone

su doctrina, tanto en forma horizontal como vertical, caracterizándose así

la esencia de esta institución. La doctrina desarrollada por el Tribunal

Constitucional se produce a tenor de su labor resolutiva, integrando e

interpretando las leyes conforme a las disposiciones de la Constitución; en

ﬁn, ejerciendo el poder normativo que materializa con la extracción de

una norma a partir de un caso concreto.61

62. Para este colegiado no es un mandato solamente

jurisprudencial –como ha reconocido a lo largo de sus decisiones–

es un mandato legal expreso. El artículo 31 de la LOTCPC es

claro cuando menciona que:

Artículo 31.- Decisiones y los Precedentes. Las decisiones del Tribunal

Constitucional son deﬁnitivas e irrevocables y constituyen precedentes

vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

Párrafo I.- Cuando el Tribunal Constitucional resuelva

apartándose de su precedente, debe expresar en los fundamentos

de hecho y de derecho de la decisión las razones por las cuales ha

variado su criterio.

Párrafo II.- En los casos en los cuales esta ley establezca el

requisito de la relevancia o trascendencia constitucional como

condición de recibilidad de la acción o recurso, el Tribunal

debe hacer constar en su decisión los motivos que justican la

61 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0150/17, del 5

de abril de 2017, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc015017.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

400

admisión.62

63. Así las cosas, para el Tribunal Constitucional poder variar

sus criterios jurisprudenciales—que efectivamente constituyen

precedentes—deben seguir una de las vías mencionadas

anteriormente. Un fallo emitido sin tomar en cuenta las razones

para no aplicar el precedente se traduce en una inobservancia

más no su abandono o derogación. Esto equivale a una posible

falta jurisdiccional, pues las nociones argumentativas que

utilizan las partes fueron soslayadas sin una base detallada que

lo justiﬁque. En tal sentido, procederemos a analizar los puntos

que efectuó la mayoría en este caso y los puntos concretos de

nuestra disidencia.

V. SOBRE EL CASO CONCRETO

64. En la especie, la parte recurrente alega en síntesis que

con su decisión la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia

que pronuncia la perención del recurso de casación—bajo el

argumento que transcurrió el plazo de los tres años de la perención

presentado en la Ley de Procedimiento de Casación—incurrió en

la violación de sus derechos fundamentales. La mayoría decidió

admitir el recurso y rechazarlo al fondo, por no conﬁgurarse una

violación derechos fundamentales. Principalmente, porque

la sentencia impugnada es una del tipo declarativa ya que en función

de su contenido, se limita a hacer constar lo que de antemano ya ha

decidido el legislador, lo que no implica que por tratarse de una sentencia

de esa naturaleza la misma no pueda provocar violación de tipo y

orden constitucional, sin embargo, esta corporación constitucional, ha

62 LOTCPC, artículo 31, ob. cit., p. 21. Las negritas son nuestras.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

401

realizado una confrontación exhaustiva entre la sentencia impugnada

y los vicios que se le atribuyen y ha determinado que el recurrente no

lleva razón y que por el contrario, cuando la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia decide la perención del recurso de casación en base

al párrafo II del artículo 10 de la Ley 3726 sobre Procedimiento de

Casación, no violenta ningún derecho fundamental o del debido proceso

que pudiera dar como resultado la anulación del fallo atacado, sino

que al examinar los plazos procesales, dados a las partes involucradas

en los procesos de casación, veriﬁcó que se produjo una inercia en tales

actuaciones que de antemano el legislador ha penalizado con la ﬁgura

de la perención.

65. Sin embargo, si bien consideramos que, en efecto, no

se veriﬁca violación a los derechos fundamentales de la parte

recurrente, entendemos que, tal y como hemos explicado

previamente, de conformidad con las disposiciones del artículo

53.3 de la Ley n.º 137-11, el Tribunal Constitucional admite

o inadmite el recurso cuando se ha comprobado si se veriﬁca o

no la alegada violación. Por lo que en la especie resulta bastante

cuestionable la declaratoria de admisibilidad del recurso.

66. Entonces, sólo en el caso en que exista una violación

a algún derecho fundamental, se procederá a la veriﬁcación de

los requisitos establecidos en los literales a), b) y c), así como el

párrafo (especial trascendencia o relevancia constitucional), todos

del artículo 53.3.

67. Por otro lado, aún si se comprobara que hubo tal

violación, deben concurrir los requisitos previstos en los literales

“a”, “b” y “c” del referido artículo 53.3, como hemos señalado

antes. Al respecto, con relación a la concurrencia de esos

requisitos, la mayoría acordó dictar una sentencia para uniﬁcar

el lenguaje divergente (sentencia TC/0123/18). En efecto, se

acordó establecer que los indicados requisitos previstos en los

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

402

literales “a”, “b” y “c” son satisfechos o no, de manera que, se

optará por establecer que los requisitos “son satisfechos” en los

casos “cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra

la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado

se produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará

tomando en cuenta cada caso en concreto”63.

68. Si se ausculta bien, se podrá advertir que la “sentencia

para uniﬁcar” acordada por la mayoría del Pleno, traza la

existencia de un supuesto problema de lenguaje que no se

detiene a explicar y se reﬁere a su existencia como si fuera un

asunto de mera semántica, cuando en realidad no lo es, en virtud

de que –en puridad– los efectos que produce decir que algo está

satisfecho es igual a decir que se cumple; sin embargo, cuando

hablamos de inexigibilidad se da cuenta de que es improcedente

que se conjugue, pues estamos frente a un situación que carece

de elementos para que suceda o se conﬁgure.

69. Discrepamos de lo acordado por la mayoría al utilizar el

lenguaje de que son satisfechos o no los requisitos en cuestión,

pues en realidad, para los casos “a” y “b”, cuando la violación

denunciada se ha cometido en ocasión del dictado de la

sentencia dictada en única o última instancia, dichos requisitos

son de imposible cumplimiento. Así, se diga que los requisitos se

cumplen o que se satisfacen, en ese escenario, tales requisitos son

imposibles de cumplir o satisfacer, por tanto, resultan inexigibles

para completar la fase de la admisibilidad del recurso, conforme

lo precisó la sentencia TC/0057/12, previamente citada.

70. En ese orden, en vista de los criterios divergentes en

63 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0123/18, del

4 de julio de 2018, [en línea], https://tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc012318/.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

403

aquellos casos donde la violación denunciada se ha cometido

en ocasión del dictado de la sentencia dictada en única o última

instancia, creemos que la mayoría del Tribunal debió inclinarse

a reaﬁrmar los términos del citado precedente contenido en la

sentencia TC/0057/12, y establecer que si no se conﬁgura la

posibilidad de su cumplimiento, por tratarse de una violación

que no tiene vía recursiva que agotar y donde ser invocada, se

trata de requisitos de imposible cumplimiento y, como tal, son

inexigibles.

71. Sin embargo, la mayoría en esta ocasión decidió obliterar

el criterio planteado en la sentencia TC/0057/12 y reiterado

en las sentencias TC/0525/21, TC/0508/16, TC/0047/16,

TC/0039/15, inter alia. En este caso, ocurrió una casuística casi

idéntica al precedente original: la Suprema Corte de Justicia, a

través de una de sus salas, se limitó a aplicar el plazo de perención

que describe la ley. Más aún, la mayoría reconoce en el cuerpo de

la sentencia que la decisión atacada no es más que declarativa y

deriva un análisis de rechazo al fondo del caso.

72. El texto de la decisión hace dos técnicas que son bastante

similares/idénticas al formato de aplicación del precedente de

la sentencia TC/0057/12: en primer lugar, hace un conteo del

plazo a aplicar:

Sin embargo, ese no fue el motivo central que dio lugar al fallo atacado

ante esta sede constitucional, sino que la Tercera Sala de la Suprema

Corte de Justicia, procedió a realizar el debido conteo desde el momento

que se proveyó al recurrente del auto que lo autoriza a emplazar al

recurrido que fue en fecha diecisiete (17) de junio del año 2013, hasta

el momento que emite el fallo hoy impugnando que fue el treinta (30) de

enero del año 2018, y al realizar esa operación matemática, determinó

que el plazo de los tres (3) años otorgados al recurrente y recurrido en un

proceso de casación, para que cumplirán con los mecanismos procesales

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

404

que establecen los artículos 7 y 8 de la propia ley sobre procedimiento

de casación, no fueron aprovechados por las partes involucradas, por lo

que al comprobar tal situación, procedía, tal como obró, a declarar la

perención del recurso de casación.

73. En segundo lugar, determinó que no se violenta ningún

derecho fundamental por la aplicación del mandato normativo:

De ahí que, la sentencia impugnada es una del tipo declarativa ya que

en función de su contenido, se limita a hacer constar lo que de antemano

ya ha decidido el legislador, lo que no implica que por tratarse de una

sentencia de esa naturaleza la misma no pueda provocar violación de tipo

y orden constitucional, sin embargo, esta corporación constitucional, ha

realizado una confrontación exhaustiva entre la sentencia impugnada y

los vicios que se le atribuyen y ha determinado que el recurrente no lleva

razón y que por el contrario, cuando la Tercera Sala de la Suprema Corte

de Justicia decide la perención del recurso de casación en base al párrafo

II del artículo 10 de la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación, no

violenta ningún derecho fundamental o del debido proceso que pudiera

dar como resultado la anulación del fallo atacado, sino que al examinar

los plazos procesales, dados a las partes involucradas en los procesos de

casación, veriﬁcó que se produjo una inercia en tales actuaciones que de

antemano el legislador ha penalizado con la ﬁgura de la perención.

74. Como abordamos anteriormente, existen un sinnúmero

de opiniones donde el precedente de la TC/0057/12 ha sido

reiterado y los casos paradigmáticos donde se encuentran posibles

variaciones reaﬁrman una bondad: el criterio está vivo y es necesario

para pasar los ﬁltros del artículo 53.3.c de la LOTCPC. El ﬁn es

veriﬁcar si hay una falta imputable al órgano jurisdiccional en fase

de admisibilidad, no hacerlo así es una variación de precedente.

Precisamente esto fue lo que realizó la mayoría.

75. La fórmula adecuada para variar precedente —por

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

405

razones legales64 y por razones de legitimidad de las decisiones

del Tribunal Constitucional65— era aplicar la metodología

de objeto de cambio (overruling) que ya ha utilizado este

Tribunal Constitucional para variar el precedente vinculante —

tanto horizontal como vertical— que múltiples veces ha sido

reconocido y es la esencia del mismo. Dicha herramienta está

sujeta a la debida motivación. La mayoría se apartó del criterio

que ha sido reiterado en situaciones similares, sin la debida

motivación requerida para evitar la aplicación del criterio de la

sentencia TC/0057/12.

76. En resumidas cuentas, la mayoría procedió a aniquilar

y desvanecer del ordenamiento jurídico un precedente sin la

motivación requerida. Aunado a la grave afectación de seguridad

jurídica para los accionantes en justicia en lato sensu, no estamos

hablando de un precedente aislado y apartado. La sentencia

TC/0057/12 ha sido reiterada, nombrada y recalcada desde

la génesis de este colegiado. Es un criterio que ya presenta

una conﬁanza legítima a la suerte de un recurso de revisión

constitucional de decisiones jurisdiccionales sobre una sentencia

que únicamente se limitó a aplicar la ley sin incurrir en ningún

tipo de interpretación.

77. Era óbice, no solo mantener el criterio de la TC/0057/12

por ser un análisis objetivo de que es imputable al órgano

jurisdiccional, sino que se justiﬁcaran razones válidas para una

64 LOTCPC, artículo 31, ob. cit., p. 21.

65 Cfr. GASCÓN ABELLÁN (Marina), ob. cit.; Re, Richard M., Narrowing Supreme

Court Precedent from Below (December 8, 2015), 104 Georgetown Law Journal

921 (2016), UCLA School of Law Research Paper n.º 15-51, Disponible en SSRN:

https://ssrn.com/abstract=2699607; Amy Coney Barret, Texas Law Review, Vol. 91,

n.º 7, 2013, Precedent and Jurisprudential Disagreement.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

406

variación. Utilizando mecánicas expresas para la extirpación y

destrucción de un canon jurídico ya arraigado en la práctica

constitucional dominicana.

78. Por todo lo anterior, ratiﬁcamos nuestro

desacuerdo con el manejo dado por la mayoría a la cuestión de

la admisibilidad del recurso pues, insistimos, era imprescindible

que el Tribunal Constitucional comprobara la existencia de la

violación para admitir el recurso y proceder a realizar cualquier

otro análisis de derecho.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GASCÓN ABELLÁN (Marina), Racionalidad y (Auto) Precedente.

Breves consideraciones sobre el fundamento e implicaciones de la regla

del autoprecedente, Teorder, n.º 10, 2011.

- JORGE PRATS (Eduardo), Comentarios a la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, IUS

NOVUM: Amigo del Hogar, Distrito Nacional, 2011.

- WALDRON (J.), Stare Decisis and the Rule of Law: A Layered

Approach, New York University School of Law Public Law & Legal

eory Research Paper Series Working Paper N. º 11-75, 2011.

20.

LA DECISIÓN QUE INADMITE UNA QUERELLA

NO PRODUCE COSA JUZGADA MATERIAL, POR LO QUE SU REVISIÓN

DEBE SER INADMITIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1

Breve resumen de la sentencia TC/0299/22:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión constitucional de decisión ju-

risdiccional, contenido en el expediente número TC-04-2021-0115, interpuesto por Johnny de la

Rosa Hiciano en contra de la sentencia número 502-2020-SSEN-00066, dictada por la Segunda

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiocho (28) de julio

del año dos mil veinte (2020).

Decidimos inadmitir el recurso. Sin embargo, en su argumentación, la mayoría del Pleno

retuvo que la decisión impugnada, en tanto era susceptible de ser recurrida en casación, ca-

recía de cosa juzgada material. Si bien coincidimos con la decisión, tomamos distancia de las

razones esbozadas por la mayoría. Entendimos que, al tratarse de una decisión que resolvía la

inadmisibilidad de una querella, esta no producía cosa juzgada material; aspecto que debía ser

evaluado primero.

Mi posición queda esbozada en los siguientes párrafos:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0299/22, del 16 de septiembre de

2022; la decisión íntegra puede consultarse en el por tal web institucional del

Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente:

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/32493/tc-0299-22-

tc-04-2021-0115_jpck.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

408

Voto salvado:

1. De conformidad con la documentación que reposa en

el expediente y los hechos que alegan las partes, el caso trata

de lo siguiente. El Sr. Johnny de la Rosa Hiciano interpuso

una querella con constitución en actor civil en contra de

varios ciudadanos, incluyendo una empresa y miembros del

Colegio de Abogados, por supuestamente incurrir en hechos

tipiﬁcados y sancionados por los artículos 33, 59, 60, 114,

123, 173, 175, 265 y 266 del Código Penal, relativos a: tramas

o provocaciones atentatorias a la seguridad del Estado; actos

arbitrarios o atentatorios a la libertad individual, a los derechos

políticos de uno o muchos ciudadanos, o a la Constitución;

coalición de funcionarios; destrucción, supresión, sustracción

o hurto, por parte de funcionarios públicos, de actos o títulos

que le hayan sido remitidos, comunicados o conﬁados en

depósito; involucramiento de funcionarios públicos en asuntos

incompatibles con su calidad; y asociación de malhechores.

2. En esencia, la querella penal se sostenía sobre el alegato

de que los querellados habían iniciado un proceso disciplinario

en contra del querellante, quien es abogado, supuestamente

constituyendo una asociación de malhechores para favorecer

los miembros del Colegio de Abogados a los querellantes

disciplinarios. En ese entramado disciplinario se vislumbra que

hubo un conﬂicto complejo entre las partes que abarcó embargos

inmobiliarios, demandas en reparación de daños y perjuicios, y

hasta amparo. Independientemente de ello, la querella penal es

inadmitida por el Ministerio Público. Para decidir aquello, la

ﬁscalía argumentó, en esencia, que los asuntos contenidos en la

querella penal estaban siendo dilucidados y todavía en curso ante

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

409

las autoridades judiciales, de manera que no podía proseguir con

el conocimiento de la instancia.

3. Inconforme, el querellante presentó una objeción en

contra de la decisión del Ministerio Público, que fue conocida y

decidida por el Juzgado de la Instrucción. El tribunal revocó el

dictamen de inadmisibilidad del Ministerio Público y le ordenó

continuar con la investigación. Para decidir de aquella forma, el

tribunal juzgó que las querellas penales y disciplinarias tienen

un objeto y ﬁnes de derecho diferentes, y que el Ministerio

Público no podía comparar su rol en el ámbito penal con el

régimen jurídico ﬁscalizador disciplinario por ante el gremio.

Además, indicó que la decisión del Ministerio Público carecía de

motivación suﬁciente.

4. No satisfechos con esta decisión, los querellados penales

recurrieron en apelación. La Corte de Apelación revocó, a su

vez, la decisión del Juzgado de la Instrucción porque incurrió

en omisión de estatuir. De esa forma, la Corte de Apelación

declaró la inadmisibilidad de la querella al juzgar que el

querellante no cumplió con un relato circunstanciado de

los hechos, pues la querella penal se circunscribía a críticas a

las decisiones disciplinarias, enmarcándose en cuestiones de

carácter jurisdiccional que debían ser atacadas a través de las

vías recursivas puestas a su disposición por la norma. Dijo lo

de juicio no implica, por sí misma, que ello pueda servir de sustento

para un querellamiento penal por los tipos descritos en la querella;

ni siquiera en el caso de que la sentencia en términos jurisdiccionales

hubiera sido mal aplicada. Esto así porque se hace necesario que la

relación circunstancial de los hechos vaya encaminada a establecer, no

la inconformidad con la sentencia, sino cuál es el acto material a través

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

410

del cual se establece la injerencia o el contubernio; cuál es el beneﬁcio

indebido de cualquier naturaleza recibido por el funcionario como

consecuencia de su accionar en el desempeño de sus funciones, lo que no

ha ocurrido en el caso de la especie.

5. Inconforme con la decisión de la Corte de Apelación, el

querellante penal interpuso un recurso de revisión constitucional

por ante el Tribunal Constitucional. La mayoría del Pleno decidió

inadmitir el recurso de revisión por juzgar que la decisión recurrida

“no puso ﬁn al proceso ante la jurisdicción ordinaria”, juzgando

que “el recurso disponible para contrarrestar la resolución

recurrida era el de casación ante la Suprema Corte de Justicia,

y no el de revisión constitucional de decisión jurisdiccional

ante este Tribunal Constitucional”. En esencia, la mayoría del

Pleno retuvo que el recurso era inadmisible por no satisfacer la

exigencia del artículo 53.3.b) de la Ley n.º 137-11.

6. Si bien compartimos la decisión de inadmitir el recurso

de revisión, discrepamos de las razones dadas por la mayoría del

Pleno. A nuestro juicio, independientemente esté la casación

abierta o no, y de cuál órgano jurisdiccional haya sido el que

rindió la decisión, el recurso de revisión constitucional es

inadmisible por otra razón más importante, y es que este tipo

de decisiones no producen cosa juzgada material. Así, el recurso

es inadmisible por no satisfacer primero la exigencia del artículo

277 de la Constitución y de la parte capital del artículo 53 de la

Ley n.º 137-11.

7. Para abordar nuestra postura, veremos algunas

notas breves sobre la distinción entre la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada y el agotamiento de todos los recursos

disponibles (§ 1). Luego, haremos algunas breves precisiones

sobre la inadmisibilidad de la querella (§ 2) para así detenernos

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

411

sobre el caso concreto y la postura que —a nuestro juicio—

debe preponderar en lo adelante para este tipo de casos (§ 3). A

medida que abordemos estos tópicos, querremos responder si el

recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales

está abierto o no para las decisiones que emitan las Cortes de

Apelación pronunciándose sobre la inadmisibilidad de querellas.

1. Diferencia entre autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y el

agotamiento de todos los recursos disponibles

8. El artículo 53 de la Ley n.º 137-11 instauró un

nuevo recurso: el de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales; y, al hacerlo, estableció también los requisitos

para su admisión. Dicho texto establece lo siguiente:

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010,

fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los

siguientes casos:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una

ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno

de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la

vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido

subsanada.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

412

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar

al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal

Constitucional no podrá revisar.2

9. Interesa detenernos en la parte capital para derivar una

primera cuestión: la facultad del Tribunal Constitucional para

revisar decisiones jurisdiccionales es, de entrada, limitada, pues

opera solamente en relación con aquellas que cumplan con tres

requisitos, dos de carácter cualitativo: (1) que sea una decisión

jurisdiccional y (2) que la decisión haya adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada; y otro de carácter temporal:

(3) que la decisión recurrida haya adquirido esta última calidad

con posterioridad al 26 de enero de 2010.

10. En cuanto a este segundo requisito, Tavares explica

extensamente cuándo una decisión adquiere la autoridad de la

cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto a la primera, señala

que “mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías

ordinarias de recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa

juzgada es puramente provisional, y que es suspendida si uno de esos

recursos es ejercitado”3. Posteriormente, precisa que

[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente,

o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la

sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha

“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible

2 LOTCPC, artículo 53, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, pp.

27- 28.

3 Tavares, Froilán. Elementos de derecho procesal civil dominicano, octava edición,

volumen II, p. 444.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

413

de ser impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil

o casación, se dice que la sentencia es “irrevocable”.4

11. A forma de ejemplo, señala que “una sentencia

contradictoria en primera instancia tiene inmediatamente

autoridad de cosa juzgada, pasa en autoridad de cosa juzgada y

llega al mismo tiempo a ser irrevocable si no es objeto de apelación

en el plazo correspondiente”5. Asimismo, dice que una sentencia

“llega a ser irrevocable cuando ya no puede ser impugnada por

ninguna vía extraordinaria, o cuando [e]stas hayan sido ejercidas

infructuosamente”6.

12. De igual forma, pone el ejemplo de una sentencia

dictada en única instancia en defecto y explica que

una sentencia en defecto en única o última instancia tiene de inmediato

autoridad de cosa juzgada, pasa en fuerza de cosa juzgada cuando no

es impugnada por oposición o cuando la oposición es desestimada, y

vendrá a ser irrevocable cuando los recursos extraordinarios hayan sido

desestimados.7

13. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir

que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada adquirida por una sentencia no implica necesariamente

que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia; o bien,

implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la

Suprema Corte de Justicia. De hecho, como se ha dicho, una

sentencia dictada en primera instancia, si no es recurrida dentro

4 Ídem.

5 Ibid., p. 445.

6 Ídem.

7 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

414

de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada. Asimismo, si se interpone uno

de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la

misma y el recurso es desestimado, también la decisión adquiere

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

14. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que

el hecho de que una decisión haya adquirido la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada no implica que se hayan agotado

todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se

trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.

15. En efecto, siempre conforme los términos de la Ley n.º

137-11, el requisito de que se hayan agotado todos los recursos

disponibles en el sistema legal es uno muy particular que solo

aplica para aquellos recursos de revisión que se interpongan en

virtud de la causal establecida en el artículo 53.3 de la Ley, es

decir, en virtud de que se haya producido la violación de un

derecho fundamental; y no aplica para las causales contenidas

en los numerales 1 y 2 del artículo 53, por lo que de ninguna

manera puede establecerse como un requisito de carácter general

para todos los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales.

16. De hecho, este Tribunal Constitucional se pronunció

en la Sentencia TC/0153/17 en cuanto a la distinción entre cosa

juzgada formal y cosa juzgada material, juzgando que “para que

una decisión pueda ser objeto de un recurso de revisión constitucional

decisión jurisdiccional debe tener no solo el carácter de cosa juzgada

formal[,] sino también material”8. En tal precedente indicamos

lo siguiente:

8 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0153/17, del

5 de abril de 2017, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/content/

sentencia-tc015317.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

415

La cosa juzgada formal es el carácter de inimpugnabilidad que en

determinado momento adquiere la resolución judicial, en virtud de que

con la realización de ciertos actos o con el transcurso de los términos

se extingue el derecho que pudiera haberse ejercido para realizar

determinados actos procesales. Formal en el sentido de que la sentencia

puede ser objeto de otra sentencia posterior, en otro juicio, que conﬁrme

o invalide la anterior.

La cosa juzgada material es cuando la resolución judicial, además de

ser inimpugnable, resulta jurídicamente indiscutible en cualquier otro

procedimiento en que se pretenda promover exactamente el mismo litigio.

Se conﬁgura con una sentencia deﬁnitivamente ﬁrme no susceptible de

recurso ordinario o extraordinario, que constituye ley entre las partes en

los límites de esa controversia, y es vinculante para todo proceso futuro.9

17. Además, en TC/0130/13 el tribunal juzgó que este tipo

de recursos de revisión solo proceden

en contra de sentencias […] que pongan a ﬁn a cualquier tipo de acción

judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes […], situación

que solo se puede evidenciar en dos casos particulares: (i) sentencias

que resuelven el fondo del asunto presentado por ante la jurisdicción

correspondiente; y (ii) sentencias incidentales que, en vista de la decisión

tomada, ponen ﬁn deﬁnitivo al procedimiento o establecen que otra

jurisdicción es competente para conocer el caso.10

18. Y es que la no susceptibilidad de que esa decisión sea

recurrible no se da por el hecho de que la legislación no contemplara

más recursos, sino porque esos recursos ya se agotaron, porque

no había más recursos por agotar o porque, habiendo recursos

disponibles, las partes optaron por no agotarlos.

9 Ídem.

10 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0130/13, del 2

de agosto de 2013, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/

secretar%C3%ADa/sentencias/tc013013.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

416

19. En otro orden, el requisito de que la decisión jurisdiccional

haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada

con posterioridad al 26 de enero de 2010 se encuentra contenido

tanto en el artículo 277 de la Constitución como en la parte

capital del artículo 53 de la Ley n.º 137-11.

20. De la lectura de dichos artículos debemos entender

que el requisito consiste en que la decisión haya adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad

al 26 de enero de 2010. Dichos textos, en efecto, no establecen

que la decisión debe haber sido dictada luego de la fecha indicada,

sino que la condición de autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada debe haber sido adquirida con posterioridad a esta fecha.

¿Cuál es la importancia de esta precisión?

21. Efectivamente, tan pronto una decisión deﬁnitiva es

dictada por la Suprema Corte de Justicia, adquiere inmediatamente

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por lo cual, en

ese escenario, el momento en que se dicta la sentencia y en que la

misma adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada

es exactamente el mismo. No obstante, y como explicamos

previamente, una decisión no adquiere la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada únicamente cuando es dictada por la

Suprema Corte de Justicia, pues existen otros escenarios en los

cuales una decisión puede adquirir dicha condición.

22. He ahí la importancia de identiﬁcar y distinguir estos

dos conceptos, garantizando su correcta y justa aplicación.

A forma de ejemplo, analicemos el caso de una decisión de

apelación que haya sido dictada en diciembre de 2009, recurrida

en casación en tiempo hábil y rechazado este recurso en 2013. Si

tomamos como referencia la fecha en que se dictó la decisión de

apelación, entonces esta, que ya adquirió la autoridad de la cosa

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

417

irrevocablemente juzgada, no podría ser revisada por el Tribunal

Constitucional, porque fue dictada antes de enero de 2010.

Sin embargo, si nos suscribimos a la literalidad de los textos

referidos y tomamos en cuenta el momento en que la decisión

de apelación adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada, que fue cuando la Suprema Corte de Justicia rechazó

el recurso de casación —es decir, en el 2013—, entonces vemos

que se trata de una decisión de una Corte de Apelación que

podría ser revisada por el Tribunal Constitucional, siempre que

cumpla con los demás requisitos.

2. La inadmisibilidad de la querella

23. Al tenor del artículo 267, la querella “es el acto por el cual

las personas autorizadas por este código promueven el proceso penal

por acción pública o solicitan intervenir en el proceso ya iniciado

por el ministerio público”11. Así, el artículo 268 establece algunas

reglas que son propias a ese acto. En primer término, se trata

de un acto que se presenta por escrito y por ante el Ministerio

Público, de manera que es un acto promovido por las partes. La

querella debe contener:

(1) los datos generales de identidad del querellante y de su

representante legal, si se trata de una persona jurídica;

(2) el relato circunstanciado del hecho, sus antecedentes

o consecuencias conocidos, si es posible, con la

11 Ley n.º 10-15, del 6 de febrero de 2015, que introduce modiﬁcaciones a la Ley

n.º 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la

República Dominicana, Gaceta Oﬁcial n.º 10791, del 10 de febrero de 2015,

artículo 267, p. 50, [en línea], https://www.consultoria.gov.do/Consulta/Home/

FileManagement?documentId=3372853&managementType=1.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

418

identiﬁcación de los autores, cómplices, perjudicados y

testigos; y

(3) el detalle de los datos o elementos de prueba y la

prueba documental o la indicación del lugar donde se

encuentra.12

24. Luego de presentar la querella, el artículo 269 establece

que el Ministerio Público debe agotar un examen de admisibilidad

en el que analiza las condiciones de forma y de fondo y si “existen

elementos para veriﬁcar la ocurrencia del hecho imputado”13. De

ser así, el Ministerio Público “da inicio a la investigación”14; y si

ya ha sido iniciada, “el querellante se incorpora como parte en el

procedimiento”15. Esta redacción es conforme con la ubicación que

dio el legislador a la querella dentro del Código Procesal Penal

(sección II del capítulo II del título I del libro I de su parte especial):

es un acto inicial del procedimiento común. Asimismo, se contrae

que la querella puede arrojar dos consecuencias: (1) la promoción

del proceso penal por acción pública y/o (2) la intervención del

querellante en el proceso penal, si ya ha sido iniciado.

25. Ahora bien, ¿qué pasa si la querella no reúne estas

condiciones? El artículo 269 indica que el Ministerio Público

debe requerir al querellante que los complete dentro de un plazo

de tres días; y si dentro de aquel plazo no lo hace, la querella

“se tiene por no presentada”16. Esa decisión se materializa, pues,

12 Cfr. Ley n.º 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la

República Dominicana, a rtículo 268, p. 6 3, [en línea], https:/ /www.consultoria.gov.do/

Consulta/Home/FileManagement?documentId=3338081&managementType=1.

13 Ibid., artículo 269, p. 63.

14 Ídem.

15 Ídem.

16 Ídem.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

419

como un dictamen de inadmisibilidad de la querella, emitido

por el Ministerio Público, que, al tenor del mismo artículo 269,

puede objetarse ante un juez, y la resolución que emita este

puede ser, a su vez, apelable17.

26. Hasta ahora, podemos hacer algunas compilaciones:

(1) En la inadmisibilidad de la querella, la decisión del

Ministerio Público debe siempre surgir luego de la

presentación de la querella.

(2) La inadmisibilidad de la querella solo puede afectar

el proceso penal evitando temporalmente su inicio,

pudiendo subsanarse.

(3) Las causales de la inadmisibilidad de la querella

constituyen un examen al escrito contentivo de la

querella.

(4) La decisión del tribunal que acoge la objeción o apelación

en contra de una inadmisibilidad de querella no puede

ser otra que ordenar la continuación de la investigación o

incorporación del querellante al procedimiento.

27. Es decir, se trata de que la inadmisibilidad de la

querella impide que el Ministerio Público inicie la investigación

o que el querellante pueda intervenir en el proceso. Pero este

impedimento puede subsanarse siempre, pues la inadmisibilidad

solo tiene lugar tras el incumplimiento de las condiciones

exigidas por el artículo 268; y, como ya vimos, la sanción no es

otra que entender la querella “por no presentada”. De ahí que

nada impide que pueda presentarse de nuevo.

17 Cfr. Ibid, p. 64.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

420

28. Esto signiﬁca, desde nuestro punto de vista, que

la inadmisibilidad de la querella nunca puede poner ﬁn al

procedimiento propiamente, sino que, en todo caso, impide su inicio.

Dicho de otra manera, la respuesta del Ministerio Público se traduce

en una imposibilidad de poder investigar o de poder involucrar al

querellante en la investigación ya iniciada, simplemente porque la

querella no reúne los requisitos contemplados en el artículo 268.

3. Sobre el caso concreto

29. En su Sentencia 94, del 29 de octubre de 2021 (B. J.

1331), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia expresó

lo siguiente:

la Sala considera que […] hay una limitante para la apelación en

aquellos casos de inadmisibilidades basadas en inobservancia de aspectos

formales propios del acto de acusación y, en general, en causales que no

ocasionan el efecto extintivo de la acción penal, es decir, donde existe la

oportunidad de saneamiento del acto procesal y la parte afectada tiene

la facultad de reintroducirlo subsanando los errores o inadvertencias

que dieron lugar a su inadmisibilidad y ajustando sus pretensiones a

las previsiones legales existentes, esto en razón de que[,] para dictar la

referida decisión[,] no se conoce el fondo del asunto[,] pero tampoco

se pueden considerar como decisiones deﬁnitivas que cierren el acceso

a la jurisdicción penal; por consiguiente, no habría cosa juzgada ni

afectación a ninguna garantía del imputado.

30. Por ese mismo razonamiento, entendemos que,

independientemente esté el recurso de casación abierto o no para

resolver asuntos relativos a la inadmisibilidad de querellas, el

recurso de revisión constitucional contra este tipo de decisiones

deviene siempre en inadmisible, más bien, porque carecen de

cosa juzgada material.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

421

31. Como se advierte, la decisión judicial que versa sobre

la inadmisibilidad de la querella no es una decisión de fondo,

en tanto la querella —como lo ha reconocido implícitamente

la propia Suprema Corte de Justicia en la citada sentencia—

siempre podrá interponerse de nuevo cuantas veces se quiera

(evitando incurrir en abuso de las vías de Derecho) e, incluso,

ser posteriormente admitida, sin que la decisión judicial que

inicialmente la inadmitió sea vinculante al Ministerio Público

o al tribunal que conozca de la objeción o apelación, pues la

parte podrá subsanar los vicios que inicialmente dieron lugar a

su inadmisibilidad.

32. Así, incluso si la Suprema Corte de Justicia conociese de

un recurso de casación en contra de una decisión de una Corte de

Apelación que pronunciase la inadmisibilidad de una querella, y

luego el Tribunal Constitucional decidiese inadmitir o admitir y

rechazar un recurso de revisión constitucional en contra de esa

decisión, las mismas partes podrán siempre acudir nuevamente

al Poder Judicial para intentar una querella por la misma causa y

con el mismo objeto en los términos del artículo 268 del Código

Procesal Penal. Nada lo impide. No hay cosa juzgada material.

De hecho, es tan así que la sanción procesal a la insatisfacción

de los requisitos de admisibilidad, según el artículo 269, es tan

sencilla como entender la querella por “no presentada”.

33. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha inadmitido

sendos recursos de revisión en contra de decisiones de la

Suprema Corte de Justicia que versan sobre referimientos. En

esos casos, el tribunal ha juzgado que no tienen cosa juzgada

material, y, al igual que con la inadmisibilidad de la querella,

nada impedía que las partes acudieran nuevamente por ante

el juez de los referimientos, pues, al igual que esta fase inicial

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

422

del procedimiento en materia penal, no resuelven el fondo del

asunto ni constituyen un desapoderamiento deﬁnitivo del Poder

Judicial sobre esa casuística.

34. En vista de todo lo anterior, concurrimos con que

este recurso debe ser inadmitido. Pero inadmitirlo aplicando

el precedente TC/0080/2118, sobre la base de que el recurso de

casación está disponible, si bien es cierto —al tenor del criterio

de la Suprema Corte de Justicia—, es incorrecto, pues sería

dar por satisfecho que estas decisiones producen cosa juzgada

material; cosa que no sucede. De esa forma, el examen de la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, exigida por la

parte capital del artículo 53 de la Ley n.º 137-11, se antepone a

la exigencia del artículo 53.3.b).

35. En ﬁn, entendemos que este recurso debe ser inadmitido

por no reunir los requisitos exigidos por el artículo 277 de la

Constitución y la parte capital del artículo 53 de la Ley n.º 137-

11, en tanto la decisión judicial atacada, independientemente de

quién la haya emitido, no produce cosa juzgada material.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TAVARES (Froilán), Elementos de derecho procesal civil dominicano, 8.a

ed., vol. II.

18 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0080/21,

del 20 de enero de 2021, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc008021/.

21.

LA OMI SIÓN, POR E L RECURRE NTE, DE LA S FALTAS QUE A FECTAN A

LA DECISIÓN RECURRIDA, DEBE CONLLEVAR LA INADMISIÓN DEL

RECUR SO, POR INCUM PLIR CON EL 54.1 DE LA LOTCPC 1

Breve resumen de la sentencia TC/0340/22:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión constitucional de decisión ju-

risdiccional, contenido en el expediente número TC-04-2022-0027, interpuesto por la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII) en contra de la sentencia número 033-2021-SSEN-00745,

dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tri-

butario de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno

(2021).

Decidimos inadmitir el recurso. Sin embargo, en su argumentación, la mayoría del Pleno

retuvo que esto se debía a que la recurrente omitió señalar en qué consistían las faltas que

atribuía al órgano jurisdiccional; omisión que, a juicio de la mayoría, daba lugar a una insatis-

facción del artículo 53.3.c) de la Ley n.º 137-11. Si bien coincidimos con la decisión, tomamos

distancia de las razones esbozadas por la mayoría. Entendimos que, al omitir hacer esa precisión

la recurrente, la inadmisión recaía, realmente, en una insatisfacción del artículo 54.1, que exige

que el recurso se presente a través de un escrito debidamente motivado.

Mi posición queda esbozada en los siguientes párrafos:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0340/22, del 27 de octubre de

2022; la decisión íntegra puede consultarse en el por tal web institucional del

Tribunal Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente:

https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/31306/tc-0340-22-

tc-04-2022-0027.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

424

Voto salvado:

1. De conformidad con la documentación que reposa en

el expediente y los hechos que alegan las partes, el conﬂicto se

contrae a lo siguiente. El 28 de abril de 2004, Envirogold Las

Lagunas Limited (anteriormente solo Las Lagunas Limited) y

el Estado dominicano suscribieron un contrato especial para

la evaluación, explotación y beneﬁcio de la presa de colas Las

Lagunas. Este contrato, que fue aprobado por el Congreso

Nacional mediante su Resolución 204-04, establece que la

empresa se beneﬁciaría de una exención del 100 % de los

derechos de importación y aranceles aduaneros sobre materias

primas, equipos industriales y de transporte, maquinarias y

cualesquier otros renglones a utilizarse en el proyecto, así como

del impuesto sobre transferencia de bienes industrializados.

Igualmente, el contrato establece que Envirogold Las Lagunas

Limited se beneﬁciaría de una “exención de cualquier otro

tipo de impuestos, tasas, arbitrios, nacionales o municipales,

vigente a la fecha o que se establezca en el futuro durante la

vigencia” del contrato.

2. La empresa presentó las declaraciones juradas del

impuesto sobre la renta del ejercicio ﬁscal de 2014, así como

del impuesto sobre activos correspondiente a los ejercicios

ﬁscales de 2012 y 2014, en las que consideró exenciones

impositivas de acuerdo al contrato suscrito. Sin embargo, la

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) procedió

a rectiﬁcarlas de oﬁcio. Inconforme con aquella decisión, la

empresa recurrió en reconsideración. La DGII lo rechazó

y conﬁrmó su decisión, requiriendo el pago de la suma

presuntamente adeudada.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

425

3. Insatisfecha, la empresa interpuso un recurso contencioso-

administrativo. El Tribunal Superior Administrativo lo conoció

y acogió, revocando las decisiones de la DGII. Esta, entonces,

recurrió en casación; recurso que fue rechazado por la Tercera

Sala de la Suprema Corte de Justicia. Inconforme, la DGII

interpuso, por ante el Tribunal Constitucional, un recurso de

revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Nos pedía

que anuláramos la decisión de la alta corte.

4. Decidimos inadmitir el recurso de revisión. Si bien

concurrimos con esta decisión, diferimos, con el debido respeto,

de la motivación arrojada por la mayoría del Pleno para llegar

a ella. En esencia, la mayoría indicó que, al no especiﬁcar la

recurrente en su escrito en qué consistían las faltas que atribuía a la

Suprema Corte de Justicia, aquello implicaba una insatisfacción

de la exigencia contenida en el artículo 53.3.c) de la Ley n.º 137-

11, que requiere, para poder admitir el recurso, “que la violación

del derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo

a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia

de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se

produjo”2.

5. Entendemos que, al motivar la inadmisibilidad de esa

manera, la mayoría del Pleno incurrió en una confusión. Esto

porque —como veremos más adelante en mayor detalle— las

carencias del recurso de revisión que nos ocupaba solo podían

dar lugar a una inadmisibilidad con base en la exigencia del

artículo 54.1 de la Ley n.º 137-11, que requiere que el escrito

contentivo del recurso esté debidamente motivado.

2 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, p. 27.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

426

6. A ﬁn de exponer los motivos que justiﬁcan nuestro salvamento

(TC/0174/13, TC/0194/13, TC/0202/13, TC/0070/14,

TC/0102/14, TC/0198/14, TC/0209/14 y TC/0306/14, entre

otras tantas de ulterior data), precisamos lo siguiente:

1. Sobre el ar tículo 53 de la Ley 137-11

7. El artículo 53 de la Ley 137-11 instauró un nuevo recurso

en el ordenamiento jurídico: el de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales. Al hacerlo, estableció, también, sus

requisitos para su admisión. Dicho texto reza de la siguiente

manera:

El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones

jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de enero de 2010,

fecha de proclamación y entrada en vigencia de la Constitución, en los

siguientes casos:

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una

ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho

fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno

de los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la

vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido

subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de

modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

427

jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar

al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal

Constitucional no podrá revisar.

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando

este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia

constitucional, el contenido del recurso de revisión justiﬁque un examen

y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá

motivar sus decisiones.3

8. Al hilo de lo anterior, se observa que la parte capital del

artículo 53 precisa que podrán ser objeto del referido recurso

aquellas decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad

al 26 de enero de 2010. El profesor Tavares explica cuándo una

decisión adquiere la autoridad de la cosa juzgada y, asimismo,

cuándo adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada. En cuanto a la primera, señala que “mientras la sentencia

sea susceptible de ser atacada por las vías ordinarias de recurso,

oposición o apelación, su autoridad de cosa juzgada es puramente

provisional, y que es suspendida si uno de esos recursos es ejercitado”4.

Posteriormente, precisa que

[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente,

o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la

sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha

“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible

de ser impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil

o casación, se dice que la sentencia es “irrevocable”.5

3 Ibid., pp. 27- 28.

4 TAVARES (Froilán), Elementos de derecho procesal civil dominicano, volumen II,

octava edición, p. 444.

5 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

428

9. Así, debemos aclarar que la calidad de la autoridad de

la cosa irrevocablemente juzgada adquirida por una sentencia

no implica necesariamente que esta haya sido dada por la

Suprema Corte de Justicia; o bien, implica que una sentencia

puede adquirir la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada,

aunque no haya sido emitida por la Suprema Corte de Justicia.

De hecho, una sentencia dictada en primera instancia, si no es

recurrida dentro de los plazos establecidos por la ley, adquiere

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Asimismo,

si se interpone uno de los recursos extraordinarios que la ley

disponga contra la misma y el recurso es desestimado, también

la decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que

el hecho de que una decisión haya adquirido la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada no implica que se hayan agotado

todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se

trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.

10. Por otro lado, en adición a los ya mencionados requisitos de

admisibilidad indicados en su parte capital, el artículo 53 establece

los casos en los que el Tribunal Constitucional tendrá potestad de

revisar decisiones jurisdiccionales. Estos son independientes entre

sí; constituyen llaves que abren por separado la posibilidad de que

una decisión sea revisada. Son tres:

(1) La primera, 53(1): “Cuando la decisión declare inaplicable

por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución

u ordenanza”;

(2) La segunda, 53(2): “Cuando la decisión viole un precedente

del Tribunal Constitucional”; y

(3) La tercera, 53(3): “Cuando se haya producido una

violación de un derecho fundamental”.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

429

11. Es discutible, ciertamente, que en la fase de admisión

del recurso se proceda a comprobar la existencia de una de las tres

causales enumeradas en el párrafo que antecede. Sin embargo,

consideramos que no basta que la parte recurrente alegue una

de estas causales para superar la etapa de la admisibilidad del

recurso. En todo caso, pensamos que el tribunal tiene siempre

la obligación de, por lo menos, veriﬁcar la existencia de la causal

que se invoque.

12. De ahí que la labor del tribunal, en los numerales 1

y 2 del artículo 53, no está supeditada a la comprobación de

requisito adicional alguno, contrario a lo que sucede en el 53.3,

en cuyo caso debe veriﬁcarse “que concurran y se cumplan todos y

cada uno“ de los requisitos siguientes:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya

tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la

vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido

subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,

con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que

dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no

podrá revisar.

Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este

artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando

este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia

constitucional, el contenido del recurso de revisión justiﬁque un examen

y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá

motivar sus decisiones.6

6 LOTCPC, artículo 53, ob. cit., pp. 27- 28.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

430

13. Como se observa del artículo 53.3, el Tribunal

Constitucional debe admitir el recurso cuando se funde en la

comprobación de las violaciones de derechos fundamentales. En

efecto, el tribunal debe, primero, veriﬁcar la vulneración a un

derecho fundamental y, a partir de esa veriﬁcación, continuar

con la evaluación de los requisitos posteriores. Y es que se trata

de una situación cumplida, concretada. No se trata, pues, de que

la parte recurrente alegue —o fundamente su recurso en— la

violación de un derecho fundamental, sino de que, efectivamente,

“se haya producido una violación de un derecho fundamental”.

14. En este sentido, en todo caso —y especialmente cuando

se requiera el estudio y la ponderación de multiplicidad de

pruebas y documentos— el tribunal tiene la obligación de,

por lo menos, veriﬁcar la existencia de alguna evidencia que

apunte a que hubo una vulneración de un derecho fundamental

o que dicha vulneración sea discutible, siempre conforme a

los términos del artículo 53 respecto de la admisibilidad del

recurso. Lo que en ningún caso puede hacer el tribunal es dar

como válido, para superar el estadio del artículo 53.3, que la

parte recurrente se limite simplemente a “alegar”, “indicar” o

“referir” que se le vulneró un derecho, porque esto haría que el

recurso fuera admisible muchas más veces de las que en realidad

es necesario en la justicia constitucional, retrasando procesos en

los que es ineludible que el tribunal se pronuncie para garantizar

la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos

fundamentales vulnerados.

15. Entonces, solo en el caso en que exista evidencia —

aún mínima— de violación a algún derecho fundamental, se

procederá a la veriﬁcación de los requisitos establecidos en los

literales a), b) y c) del artículo 53.3, así como en el párrafo,

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

431

relativo este a la especial trascendencia. El Tribunal siempre

debe evaluar la concurrencia de estos cuatro requisitos, luego

de que veriﬁque la existencia de una vulneración a un derecho

fundamental.

16. En este sentido, el Tribunal tiene la obligación de

veriﬁcar: (1) si la parte recurrente invocó, durante el proceso,

la violación que hoy pretende subsanar en el momento en que

tuvo conocimiento de esta; (2) si la parte recurrente agotó los

recursos disponibles y si, agotados dichos recursos, la violación

no ha sido subsanada; (3) si el órgano que dictó la decisión

recurrida es el responsable de que se haya producido la violación,

bien sea porque no la subsanó cuando se le presentó, o porque

haya producido la vulneración directamente; y, ﬁnalmente,

reunidos estos requisitos, (4) la especial trascendencia o relevancia

constitucional de la cuestión.

17. Enfatizamos que el recurso de revisión de decisión

jurisdiccional es un recurso excepcional y extraordinario que

debe pasar por un ﬁltro para poder ser admitido. Por tanto, la

evaluación exhaustiva de estos requisitos es imprescindible para

el buen funcionamiento de esta ﬁgura procesal constitucional,

de manera que si, ﬁnalmente, el tribunal aprecia que se ha

producido la violación a un derecho fundamental y que se

cumplen cada uno de los requisitos del artículo 53.3, incluido su

párrafo, procederá, entonces —y solo entonces, vale subrayar—,

a admitir el recurso y, consecuentemente, pronunciarse sobre el

fondo, en cuyo caso deberá acogerlo o rechazarlo.

18. Como consecuencia, cuando el Tribunal Constitucional

se pronuncie sobre el fondo, no podrá revisar los hechos

contenidos en el recurso, conforme se aprecia de la parte in ﬁne

del artículo 53.3.c). Esta imposibilidad de revisar los hechos es

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

432

coherente con la naturaleza del recurso, por cuanto se trata de

un recurso excepcional que “no ha sido instituido para asegurar la

adecuación de las resoluciones judiciales a la realidad de los hechos

o a la idea que acerca de estos tengan las partes”7.

19. No obstante lo antes aﬁrmado, una cosa es mirar los

hechos y otra, sustancialmente diferente, es revisarlos. En este

sentido, el Tribunal Constitucional puede mirar los hechos

y, desde esa mirada, realizar las comprobaciones que sean

pertinentes, entre ellas, con carácter esencial, que se haya

producido una violación de un derecho fundamental.

2. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión de decisiones

jurisdiccionales

20. Como hemos explicado, el artículo 53 consagra “los

presupuestos de admisibilidad”8 del recurso. La admisibilidad de

un recurso o de una acción está directamente relacionada con

el estricto cumplimiento de los requisitos que taxativamente ha

establecido el legislador para interponerlos. De hecho, se trata

de una acción recursiva limitada, por el rigor necesario para su

procedencia.

21. En efecto, la doctrina ha sido enfática al precisar

que el Tribunal Constitucional no es una súper casación de

las resoluciones de los tribunales ordinarios, porque no es

7 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Concordancias y jurisprudencia, Editorial

COLEX, Madrid, segunda edición, 2008, actualizada a la Ley Orgánica 6/2007, de

24 de mayo, p. 231.

8 JORGE PRATS (Eduardo). Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

y de los Procedimientos Constitucionales, IUS NOVUM, Santo Domingo, República

Dominicana, 2011, p. 122.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

433

misión suya revisar la concepción jurídica causal de los fallos

de los tribunales o examinar si se adecuan al derecho ordinario

objetivo, formal o material. Queda entendido que corresponde

al Tribunal Constitucional obligar a todos los poderes públicos a

la más estricta observancia de los preceptos constitucionales y, en

tal virtud, revisar la aplicación o interpretación que los tribunales

ordinarios han realizado de tales normas fundamentales.9

22. En este sentido, el recurso de revisión de decisión

jurisdiccional modula el principio de la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, en la medida en que permite al Tribunal

Constitucional modiﬁcar una decisión que tenga este atributo, a

los ﬁnes de cumplir con su función de salvaguardar los derechos

fundamentales que sean violados en el marco de un proceso

jurisdiccional ordinario. Como hemos visto, esto solo aplica en

casos muy especíﬁcos y excepcionales. Esta es, en efecto, una

posibilidad que no puede estar —y no está— abierta para todos

los casos, sino solo para aquellos que, superados los rigurosos

ﬁltros que la ley impone, puedan acceder a este recurso, ser

admitidos por el Tribunal Constitucional y, consecuentemente,

ser conocidos y decididos por este. Es, pues, lo que ocurre con el

recurso de revisión de decisión jurisdiccional, cuyas condiciones

de admisibilidad son establecidas por el artículo 53 y, por cierto,

conﬁrmadas por el artículo 54 de la misma ley.

23. Dicho artículo 54 establece el procedimiento que rige el

recurso de revisión de decisión jurisdiccional, que incluye aspectos

de admisibilidad que el tribunal tiene que evaluar y respecto de

ellos decidir. El texto establece, incluso, una fase primera para la

9 Cfr. MARTÍNEZ PARDO (Vicente José), El recurso de amparo constitucional:

consideraciones generales, [en línea], www.enj.org.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

434

admisión y una posterior para la decisión del recurso, conforme

los términos del artículo 54, en sus numerales 5, 6, 7 y 8. Sin

embargo, el tribunal decidió tomar ambas en una sola sentencia,

en cuya estructura atiende y resuelve, primero, la admisibilidad

del recurso y, luego, el fondo de este en la sentencia TC/0038/12.

24. Precisamente, el hecho de que el legislador haya

contemplado la necesidad de dos sentencias, una de

admisibilidad y otra de fondo, evidencia la importancia de la

fase de admisibilidad y, consecuentemente, la necesidad de que

el Tribunal pondere y analice a fondo los requisitos o ﬁltros

creados por el legislador para admitir dicho recurso.

3. Sobre el caso concreto

25. Para inadmitir el recurso de revisión, la mayoría del

Pleno indicó que

de la lectura de la instancia de revisión sometida, este colegiado estima

que dicho requisito no se encuentra satisfecho, en razón de que la parte

recurrente fundamenta la supuesta afectación a los principios y derechos

fundamentales en la valoración del contenido del contrato suscrito con

Envirogold Las Lagunas Limited, sin argumentar de manera concreta

cómo el órgano jurisdiccional violó los mismos. […]

[S]i bien la parte recurrente alude a la conculcación de los derechos

fundamentales a la defensa y a la tutela judicial efectiva, así como a los

principios de seguridad jurídica, razonabilidad, equidad y legalidad

tributaria, del contenido del recuso no se inﬁere en qué consisten las

supuestas violaciones o las omisiones constitucionales producidas por el

órgano jurisdiccional[.]

26. Erróneamente, sin embargo, la mayoría se basó en el

artículo 53.3.c) de la Ley n.º 137-11. Más aún, para llegar a tal

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

435

análisis, omitió hacer la constatación que ordena la norma, de

que “se haya producido una violación de un derecho fundamental”10,

quedando contestes con la simple invocación o alusión de ello.

Por tanto, nos apartamos del tratamiento que ha dado el Tribunal

Constitucional a tal requerimiento. Somos de opinión de que

el tribunal no debió dar por satisfecho la exigencia capital del

artículo 53.3 por el simple alegato del recurrente, sino que debió

constatar, antes de adentrarse a veriﬁcar los demás subcriterios

de admisibilidad, si efectivamente hubo una violación de un

derecho fundamental.

27. En adición, sostenemos que la inadmisibilidad no pudo

ser por una insatisfacción del artículo 53.3.c) de la Ley n.º 137-

11, sino, más bien, por un incumplimiento del artículo 54.1,

que especiﬁca que el recurso de revisión se interpone “mediante

escrito motivado”11. La razón detrás de ello es que una ausencia

de motivación por parte del recurrente impide al Tribunal

Constitucional constatar la falta del órgano jurisdiccional y, por

tanto, diﬁculta determinar, de entrada, si hubo o no una violación

de un derecho fundamental. De hecho, en una decisión similar

en la que la mayoría del Pleno incurrió en la misma confusión,

se juzgó que “constituye un deber del impetrante motivar los medios

planteados en los recursos, toda vez que[,] ante la ausencia de este

desarrollo[,] no es posible desconocer los requisitos de admisibilidad

previstos en la ley”12.

10 LOTCPC, artículo 53.3.c), ob. cit., p. 27.

11 LOTCPC, artículo 54.1, ob. cit., p. 28.

12 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0064/17, [en

línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/

sentencias/tc006417.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

436

28. Lo que queremos decir es que una débil o falta de

motivación por parte del recurrente no quiere decir que el

derecho fundamental vulnerado no sea imputable de forma

directa e inmediata al órgano jurisdiccional, pues bien podría

serlo; lo que sucede es que el recurrente no ha colocado al

Tribunal Constitucional en condiciones de determinar si acaso

hubo una violación de un derecho fundamental.

29. El artículo 53.3.c) de la Ley n.º 137-11 lo que exige

es que la violación del derecho fundamental sea atribuible,

de forma instantánea y directa, a alguna acción u omisión del

órgano jurisdiccional. Una cosa es que el derecho fundamental

invocado no pueda atribuirse al órgano jurisdiccional, y otra

cosa es que el recurrente no haya motivado cuál es la falta que le

atribuye al órgano jurisdiccional ni cómo su actuación u omisión

dieron lugar a la supuesta violación de derechos fundamentales.

Es decir, una cosa es veriﬁcar a quién es imputable la violación

del derecho fundamental, y otra cosa muy distinta es que no sea

posible veriﬁcar la falta que el recurrente le endilga al órgano

jurisdiccional. Entonces, ¿cómo puede la mayoría del Pleno

dar por sentado, al analizar el artículo 54.1, que el recurso está

debidamente motivado y después decir que el recurrente no

indicó cuál fue la falta imputable al órgano jurisdiccional?

30. Consecuentemente, una falta de motivación no puede

dar lugar a una insatisfacción del artículo 53.3.c), pues se reﬁeren

a exigencias fundamentalmente distintas. Así, entendemos que

el Pleno debió aplicar la misma lógica que adoptó en la Sentencia

TC/0921/18, en la que juzgó que

la causal o motivo de revisión escogida por el recurrente en revisión debe

constar en un escrito debidamente motivado, cuestión de que el Tribunal

pueda advertir los motivos que fundamentan y justiﬁcan el recurso, en

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

437

aras de determinar si la decisión jurisdiccional es pasible de ser revisada

o no por el Tribunal Constitucional. […] Es decir, que la causal de

revisión debe estar desarrollada en el escrito introductorio del recurso,

de modo que —a partir de lo esbozado en este— sea posible constatar

los supuestos de derecho que —a consideración del recurrente— han

sido violentados por el tribunal a quo al momento de dictar la decisión

jurisdiccional recurrida. […]

Por consiguiente, al estar desprovisto el presente recurso de revisión

de decisión jurisdiccional de argumentos claros y concretos, según los

requerimientos de la ley, que den visos de la supuesta vulneración a

la Constitución en que incurrió [el órgano jurisdiccional] al dictar

la [decisión] impugnada, resulta evidente que el escrito introductorio

del mismo no cumple con un mínimo de motivación en cuanto al

señalamiento de los argumentos que lo justiﬁcan, conforme lo prevé

el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, al exigir que el recurso sea

interpuesto por medio de un escrito motivado. En tal sentido, ha lugar

a declarar inadmisible el presente recurso.13

31. Por todo lo anterior, aunque estamos de acuerdo

con la decisión, insistimos que la inadmisión recaía en una

insatisfacción del artículo 54.1 de la Ley n.º 137-11; y que el

Tribunal Constitucional, en su interpretación de la parte capital

del artículo 53.3 de la Ley n.º 137-11, no podía obviar el

mandato legislativo de comprobar la existencia de una violación

de derechos fundamentales para poder realizar cualquier otro

análisis de derecho.

13 Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0921/18, del

10 de diciembre de 2018, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.gob.do/

consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc092118/.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

438

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- JORGE PRATS (Eduardo), Comentarios a la Ley Orgánica del

Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, IUS

NOVUM, Santo Domingo, República Dominicana, 2011.

- TAVARES (Froilán), Elementos de derecho procesal civil dominicano,

volumen II, octava edición.

- MARTÍNEZ PARDO (Vicente José), El recurso de amparo

constitucional: consideraciones generales, [en línea], www.enj.org.

22.

DISTINCIÓN ENTRE LA AUTORIDAD DE LA COSA IRREVOCABLEMENTE JUZGADA

Y EL AGOTAMIENTO DE TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA VÍA

JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE 1

Breve resumen de la sentencia TC/0340/22:

Esta sentencia fue dictada con ocasión del recurso de revisión constitucional de decisión ju-

risdiccional, contenido en el expediente número TC-04-2022-0027, interpuesto por la Dirección

General de Impuestos Internos (DGII) en contra de la sentencia número 033-2021-SSEN-00745,

dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tri-

butario de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de agosto del año dos mil veintiuno

(2021).

Decidimos inadmitir el recurso. Sin embargo, en su argumentación, la mayoría del Pleno re-

tuvo que esto se debía a que la recurrente omitió señalar en qué consistían las faltas que atribuía

al órgano jurisdiccional; omisión que, a juicio de la mayoría, daba lugar a una insatisfacción del

artículo 53.3.c) de la Ley 137-11. Si bien coincidimos con la decisión, tomamos distancia de las

razones esbozadas por la mayoría. Entendimos que, al omitir hacer esa precisión la recurrente,

la inadmisión recaía, realmente, en una insatisfacción del artículo 54.1, que exige que el recurso

se presente a través de un escrito debidamente motivado.

Mi posición queda esbozada en los siguientes párrafos:

1 Voto salvado asentado en la sentencia TC/0351/22, del 28 de octubre de 2022;

la decisión íntegra puede consultarse en el portal web institucional del Tribunal

Constitucional dominicano, especíﬁcamente en el enlace siguiente: https://

tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/32261/tc-0351-22-tc-04-2022-

0009_%C3%ADntegra.pdf.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

440

Voto salvado:

1. De conformidad con la documentación que reposa en

el expediente y los hechos que alegan las partes, el caso trata

de lo siguiente. Los Sres. Hernán José Lluberes García y Junior

Jiménez Rodríguez se desempeñaban en la Policía Nacional

con el rango de capitán. El 5 de febrero de 2014, mediante

una orden general expedida por la entonces Jefatura de dicha

institución, fueron puestos en retiro forzoso por antigüedad en

el servicio. Inconformes, los referidos señores interpusieron un

recurso contencioso-administrativo. A través de dicha actuación,

procuraban la revocación de la indicada orden general,

que el tribunal ordenara a la Jefatura de la Policía Nacional

reintegrarlos a la institución con el rango que ostentaban, que

se les reconociera el tiempo que estuvieron fuera del servicio

y que se les pagara los salarios dejados de percibir. La Primera

Sala del Tribunal Superior Administrativo conoció del referido

recurso, ordenando el reintegro y el pago de los salarios dejados

de percibir.

2. No satisfecha con esta decisión, la Policía Nacional

interpuso un recurso de revisión por ante el Tribunal

Constitucional. Si bien la recurrente no indicó a través de cuál

de los distintos recursos que recoge la Ley n.º 137-11 canalizaba

sus pretensiones, ni expuso en su escrito motivaciones suﬁcientes

que pudieran advertirlo con certeza, decidimos tratarlo como

un recurso de revisión de decisión jurisdiccional, al tenor del

artículo 53 de la mencionada ley.

3. A pesar de que, en su escrito, la recurrente sostenía que

el recurso contencioso-administrativo debió ser inadmitido

por extemporáneo, por el plazo estipulado por el artículo 70.2

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

441

de la Ley n.º 137-11, sobre la admisibilidad de la acción de

amparo, concurrimos con la decisión de la mayoría del Pleno de

tratarlo como un recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional, al tenor del artículo 53 de la Ley n.º 137-11,

y no como un recurso de revisión de sentencia de amparo,

según los artículos 94 y siguientes de la indicada ley. Esto

—a nuestro juicio— por una aplicación del principio rector

de accesibilidad, favorabilidad, informalidad y oﬁciosidad,

consagrados por el artículo 7, numerales 1, 5, 9 y 11 de la Ley

n.º 137-11, pues era ostensible que la sentencia rendida por el

Tribunal Superior Administrativo fue en materia contencioso-

administrativa y no en amparo. Sin embargo, la mayoría del

Pleno omitió hacer estas puntualizaciones. Salvamos nuestro

voto en ese sentido.

4. Independientemente de lo anterior, decidimos inadmitir

el recurso. Si bien concurrimos con esta decisión, no compartimos

las motivaciones empleadas por la mayoría del Pleno para llegar

a tal conclusión. Para pronunciar la inadmisibilidad, la mayoría

de los jueces sostuvieron lo siguiente:

e) El estudio de la sentencia impugnada y los documentos que

conforman el expediente relativo al presente caso ha permitido a

este órgano constitucional constatar que la sentencia impugnada

carece de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, puesto

que las sentencias dictadas con ocasión de un recurso contencioso-

administrativo —como es el caso de la sentencia […] objeto del

presente recurso de revisión jurisdiccional— son susceptibles del

recurso de casación. […]

h) Lo precedentemente indicado pone de maniﬁesto que el presente

recurso de revisión no satisface las condiciones de admisibilidad previstas

en el artículo 277 de la Constitución y el literal b del artículo 53.3 de

la Ley 137-11, en lo concerniente —como se ha dicho— a la condición

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

442

de que la sentencia recurrida en revisión tenga la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada.2

5. Respetuosamente, discrepamos de tales aﬁrmaciones.

Entendemos que, con tales motivaciones, la mayoría del Pleno

confundió las exigencias del artículo 277 de la Constitución y de

la parte capital del artículo 53 de la Ley n.º 137-11 con la exigencia

del artículo 53.3.b) de dicha ley. Es decir, la mayoría del Pleno

confundió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que

deben revestir las decisiones jurisdiccionales sometidas a revisión

constitucional con la exigencia de que se hayan agotado todos

los recursos disponibles para subsanar la supuesta violación de

derechos fundamentales. De hecho, la confusión es tal que la

mayoría del Pleno parece darle un mismo tratamiento a ambos

requisitos, cuando claramente son exigencias distintas.

6. Nuestra posición es que, contrario a como lo aﬁrmó la

mayoría del Pleno, la decisión recurrida sí que reviste autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, como lo exigen el artículo

277 de la Constitución y la parte capital del artículo 53 de la Ley

n.º 137-11. Sin embargo, entendemos el recurso era igualmente

inadmisible porque la recurrente no agotó todos los recursos que

tenía disponible para procurar la subsanación de los derechos

fundamentales que invocaba, como lo exige el artículo 53.3.b)

de la Ley 137-11, sin perjuicio de que la inadmisibilidad recayera

primero por ausencia de violaciones de derechos fundamentales.

7. Para abordar nuestra postura, veremos algunas

notas breves sobre la distinción entre la autoridad de la cosa

2 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia No. TC/0351/22,

dictada el 28 de octubre de 2022, [en línea], https://www.tribunalconstitucional.

gob.do/content/sentencia-tc035122.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

443

irrevocablemente juzgada y el agotamiento de todos los recursos

disponibles (§ 1) para luego adentrarnos al caso concreto (§ 2).

1. Diferencia entre autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y el

agotamiento de todos los recursos disponibles

8. El artículo 53 de la Ley n.º 137-11 instaura un

nuevo recurso: el de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales; y, al hacerlo, establece también los requisitos

para su admisión. Dicho texto establece lo siguiente:

9. El Tribunal Constitucional tendrá la potestad de revisar

las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al 26 de

enero de 2010, fecha de proclamación y entrada en vigencia de

la Constitución, en los siguientes casos:

(…)

1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley,

decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional.

3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental,

siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes

requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado

formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación

haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la

vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido

subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional,

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

444

con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que

dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no

podrá revisar.

(…).3

10. Interesa detenernos en la parte capital para derivar una

primera cuestión: la facultad del Tribunal Constitucional para

revisar decisiones jurisdiccionales es, de entrada, limitada, pues

opera solamente en relación con aquellas que cumplan con tres

requisitos, dos de carácter cualitativo: (1) que sea una decisión

jurisdiccional y (2) que la decisión haya adquirido la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada; y otro de carácter temporal:

(3) que la decisión recurrida haya adquirido esta última calidad

con posterioridad al 26 de enero de 2010.

11. En cuanto a este segundo requisito, Tavares explica

extensamente cuándo una decisión adquiere la autoridad de la

cosa juzgada y, asimismo, cuándo adquiere la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada. En cuanto a la primera, señala

que “mientras la sentencia sea susceptible de ser atacada por las vías

ordinarias de recurso, oposición o apelación, su autoridad de cosa

juzgada es puramente provisional, y que es suspendida si uno de esos

recursos es ejercitado”4. Posteriormente, precisa que

[c]uando estos recursos ordinarios han sido incoados infructuosamente,

o cuando el plazo para interponerlos ha expirado, se dice que la

sentencia ha “pasado en autoridad de cosa juzgada” o que ha

“adquirido la autoridad de la cosa juzgada”. Cuando no es susceptible

3 LOTCPC, Editora Tele 3, Santo Domingo, segunda edición, 2014, artículo 53, pp.

27- 28.

4 TAVARES (Froilán), Elementos de derecho procesal civil dominicano, octava edición,

volumen II, p. 444.

HEREJÍAS Y OTRAS CERTEZAS CONSTITUCIONALES

445

de ser impugnada por una vía extraordinaria de recurso, revisión civil

o casación, se dice que la sentencia es “irrevocable”.5

12. A forma de ejemplo señala que “una sentencia

contradictoria en primera instancia tiene inmediatamente

autoridad de cosa juzgada, pasa en autoridad de cosa juzgada y

llega al mismo tiempo a ser irrevocable si no es objeto de apelación

en el plazo correspondiente”6. Asimismo, dice que una sentencia

“llega a ser irrevocable cuando ya no puede ser impugnada por

ninguna vía extraordinaria, o cuando éstas hayan sido ejercidas

infructuosamente”7.

13. De igual forma, pone el ejemplo de una sentencia

dictada en única instancia en defecto y explica que

una sentencia en defecto en única o última instancia tiene de inmediato

autoridad de cosa juzgada, pasa en fuerza de cosa juzgada cuando no

es impugnada por oposición o cuando la oposición es desestimada, y

vendrá a ser irrevocable cuando los recursos extraordinarios hayan sido

desestimados.8

14. Tomando en cuenta todo lo anterior, debemos concluir

que la calidad de la autoridad de la cosa irrevocablemente

juzgada adquirida por una sentencia no implica necesariamente

que esta haya sido dada por la Suprema Corte de Justicia; o bien,

implica que una sentencia puede adquirir la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada, aunque no haya sido emitida por la

Suprema Corte de Justicia. De hecho, como se ha dicho, una

sentencia dictada en primera instancia, si no es recurrida dentro

5 Ídem.

6 Ibid., p. 445.

7 Ídem.

8 Ídem.

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY

446

de los plazos establecidos por la ley, adquiere la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada. Asimismo, si se interpone uno

de los recursos extraordinarios que la ley disponga contra la

misma y el recurso es desestimado, también la decisión adquiere

la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

15. En este sentido, es fundamental subrayar, además, que

el hecho de que una decisión haya adquirido la autoridad de la

cosa irrevocablemente juzgada no implica que se hayan agotado

todos los recursos jurisdiccionales disponibles. En realidad, se

trata de dos conceptos distintos y con implicaciones diferentes.

16. En efecto, siempre conforme los términos de la Ley n.º